c) Otros efectos sociales: El tráfico
ilícito de drogas genera otros impactos negativos en la
sociedad. Así, implanta una cultura del miedo y de
inseguridad, pues le impone al ciudadano la disyuntiva de vivir a
favor de él o en contra de él. La ola de
ejecuciones selectivas y ejemplificadoras suele ser una constante
en sociedades donde el narcotráfico tiene una fuerte
presencia. En Colombia, por ejemplo, jueces como Carlos
Valencia
o políticos destacados, como Luis Carlos
Galán, que se enfrentaron al narcotráfico
terminaron siendo asesinados[32]
Por otro lado, el narcotráfico produce una
profunda distorsión en materia de valores, creando una
subcultura de opulencia, arrogancia, riesgo y violencia, que,
finalmente, afecta las posibilidades de desarrollo de una
sociedad.
Asimismo, el narcotráfico contribuye a ahondar
las desuniones familiares, sea por el hecho que alguno de sus
miembros incurre en el vicio de la droga o porque uno de ellos se
incorpora al negocio. Igualmente, en los lugares donde se
desarrolla el narcotráfico, se genera una corriente de
comercio sexual, involucrando a jóvenes y adolescentes en
la promiscuidad y el libertinaje. Con frecuencia, el
narcotráfico también involucra la
explotación de niños, al ser forzados por sus
propias familias a trabajar en alguna de las dimensiones del
negocio de las drogas ilícitas. Esto último va
aparejado de un consumo mayor entre niños y jóvenes
y de un elevado índice de deserción
escolar.
Ejemplos de todo esto los encontramos en realidades
vividas en ciertas regiones del Perú, como San
Martín y Huánuco, entre
otras[33]
1.2.2 En el ámbito político y de la
gobernabilidad
a) Atenta contra el estado de derecho y la
democracia: El narcotráfico atenta contra elementos claves
de una democracia y de un estado de derecho, tales como la
existencia de sistemas judiciales y policiales probos y
eficientes, de instituciones y mecanismos de participación
ciudadana, una prensa libre e independiente, partidos
políticos sólidos, entre otros. Y es que este
delito busca corroer todas las instituciones del Estado y de la
sociedad (políticos, empresarios, periodistas, jueces,
policías) en cuanto las desprestigia
instrumentalizándolas y vaciándolas de contenido,
lo que facilita enormemente su accionar. Por esta misma
razón, las bandas de narcotraficantes se oponen a todo
tipo de organización social, llegando, incluso, al
asesinato de sus líderes a efectos de lograr este
propósito. Esta situación se aprecia tanto en el
Perú como en Colombia, donde, entre 1987 y 1999, fueron
asesinados alrededor de dos mil quinientos dirigentes de
organizaciones de trabajadores, es decir, a un promedio de un
asesinato por cada dos días en el lapso de trece
años.
b) Debilita la soberanía del Estado:
Adicionalmente, el narcotráfico puede llegar a colocar al
Estado donde se desarrolla en una situación de
vulnerabilidad e injerencia externa, con la consecuente
afectación de su autonomía. En efecto, la actividad
del narcotráfico violenta en muchos casos los espacios
bajo soberanía o jurisdicción del Estado no
sólo en el ámbito terrestre, sino también a
nivel marítimo y aéreo. Por lo demás, cuando
la infiltración del narcotráfico en el Estado
alcanza proporciones muy significativas, cabe hablar de un "narco
Estado", el cual representa un peligro para la seguridad y
estabilidad de sus vecinos, los mismos que pueden verse tentados
a intervenir en los asuntos internos de aquél a efectos de
evitar la expansión a sus territorios de las actividades
ilícitas derivadas del narcotráfico.
c) Restringe la plena vigencia de los derechos
humanos: La presencia del narcotráfico en cualquier
país implica necesariamente la violación de los
derechos más esenciales del ser humano, como son la vida,
la libertad personal, la integridad física y
psicológica, entre otros. Prueba de ello es la llamada
"pesca milagrosa" que tiene lugar en Colombia, mediante la cual
los narcotraficantes establecen controles a lo largo de las
carreteras y secuestran a los viajeros al azar, para luego
extorsionar a sus familias, o el uso de los "collares explosivos"
que son colocados a los rehenes para ser exhibidos ante sus
familiares y obtener así un mejor
rescate[34]
1.2.3 En el ámbito
económico
a) Desalienta el crecimiento y el desarrollo
económico: Uno de los principales efectos del
tráfico ilícito de drogas es el desaliento del
crecimiento y el desarrollo económico. Así, en
primer lugar, el narcotráfico inhibe la inversión
en aquellas zonas donde opera, en tanto el clima de violencia en
que se desarrolla ahuyenta a eventuales inversores nacionales y
extranjeros.
En segundo lugar, el narcotráfico incrementa el
gasto público en la prevención y sanción de
este delito, evitando que recursos que podrían ser
utilizados en combatir la pobreza, generar empleo productivo,
brindar mejores servicios de salud y educación, o
incrementar los programas de apoyo social, sean empleados con
estos fines.
En tercer lugar, si bien el narcotráfico puede
generar de manera inicial un bienestar aparente, acaba
incrementando la pobreza, pues, finalmente, son las
cúpulas de las bandas las que se hacen de las ganancias.
Según datos de Naciones Unidas, sólo el 1% de la
industria ilegal de narcóticos queda en manos de los
productores del insumo básico: la hoja de coca; el resto
del dinero va a manos de los cárteles de la droga. En
consecuencia, los campesinos no obtienen riqueza por el cultivo;
por el contrario, terminan expuestos a la exclusión social
y la cárcel.
Por último, el narcotráfico pervierte el
sistema financiero, en cuanto utiliza éste como canal para
el financiamiento de sus actividades y a efectos de operaciones
de lavado de dinero.
b) Crea una economía inestable y supeditada a
los vaivenes del mercado de la droga: En efecto, el ingreso
de dinero sucio a la economía formal de un Estado crea una
economía paralela o "narcoeconomía", lo que puede
llevar a éste a una dependencia peligrosa para la
seguridad y estabilidad de su economía, a la
pérdida de control de la política monetaria por la
inundación de divisas en el mercado, y a alterar la tasa
de cambio; a ello se suma el hecho que, por su volumen y
clandestinidad, la economía de la droga es siempre
inflacionaria. Todo esto genera una economía inestable y
precaria.
1.2.4 En el ámbito ambiental
La actividad del narcotráfico puede llegar a
generar efectos letales en el medio ambiente de un Estado.
Ello dependerá del tipo de droga, así como del
conjunto de acciones empleadas para su
elaboración.
Un dramático ejemplo lo ofrece el Perú
por las consecuencias derivadas del cultivo ilícito de la
hoja de coca y su procesamiento para obtener pasta básica
y cocaína. Entre estas consecuencias, merecen
destacarse las siguientes:
a) La deforestación: Ésta es
provocada por la tala ilegal y la quema de bosques naturales a
efectos de aumentar los espacios destinados al cultivo de la hoja
de coca, así como a construir pistas de aterrizaje,
laboratorios o campamentos para los narcotraficantes.
Según estimaciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, durante las
últimas décadas, la deforestación en el
Perú ha alcanzado 2.5 millones de hectáreas, lo que
equivale a una pérdida aproximada de cuatro mil quinientos
millones de dólares[35]
b) La erosión y desertificación del
suelo: Ocasionada por la tecnología usada en el
cultivo de la hoja de coca, esto es, los deshierbos y labranzas
que se realizan después de cada cosecha (entre tres y seis
al año) y, en algunos casos, la remoción del suelo
hasta quince centímetros de profundidad, lo que despoja a
los terrenos de toda protección ante las lluvias
frecuentes, acelerando el proceso de erosión, y, por ende,
de desertificación. A su vez, los cultivos de hoja de coca
tienen mayor capacidad para extraer los nutrientes del suelo.
Todo esto queda evidenciado en los estudios hechos por la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María,
según los cuales el cultivo de coca genera una
erosión promedio de treinta metros cúbicos por
hectárea al año, lo que arroja durante el
último quinquenio la cantidad de 5.2 millones de metros
cúbicos de suelo
erosionado[36]
c) La contaminación de cursos de agua:
Provocada por la utilización de insumos químicos y
productos contaminantes, como el kerosene, la acetona, el
ácido sulfúrico, el ácido
clorhídrico, entre otros, que, al concluir el proceso de
maceración de la hoja de coca, son vertidos en suelos y
ríos, contaminándolos en forma inmediata,
convirtiendo las aguas en no aptas para el consumo de seres
vivos, y ocasionando un grave perjuicio en la flora y fauna
silvestres. Adicionalmente, los cultivadores de coca en el
Perú emplean gran cantidad de agroquímicos como
fertilizantes foliares, insecticidas y fungicidas, muchos de uso
prohibido, creando un ambiente hostil para las diversas formas de
vida. Se calcula que, en el último quinquenio, han sido
arrojados ciento dieciocho millones de litros de sustancias
altamente contaminantes[37]
d) La pérdida de diversidad
biológica, como consecuencia de los tres efectos que
acaban de mencionarse.
1.2.5 Conexión con otras
amenazas
Existe consenso en la Comunidad Internacional respecto a
la estrecha interrelación entre el narcotráfico y
otros delitos de carácter transnacional, tales como la
trata de seres humanos (especialmente, mujeres y niños),
el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico
ilícito de armas y de precursores químicos, y el
terrorismo. Todos estos crímenes constituyen serias
amenazas a la seguridad de los Estados, aunque tienen la
particularidad de rebasar en sus actividades y alcances las
fronteras de los mismos.
En efecto, diversas resoluciones e instrumentos de las
Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, que se analizarán más adelante,
reconocen esta conexión y señalan la
responsabilidad común y compartida de todos los Estados,
organizaciones y otros actores en la lucha contra las referidas
amenazas. En ese sentido, estos mismos documentos exigen no
sólo esfuerzos nacionales, sino un planteamiento integral
basado en la cooperación internacional.
El problema de esta interconexión es que los
crímenes referidos se retroalimentan entre sí,
constituyéndose en soporte uno del otro.
Ello hace más difícil la lucha contra
estos flagelos, en tanto una acción integral supone
fortaleza institucional, cuantiosos recursos materiales y
humanos, estrategia y decisión política, que muchas
veces no están presentes en nuestros
países.
En el caso particular del Perú, la
interrelación apuntada es evidente en términos de
la conexión del narcotráfico con los remanentes de
la subversión terrorista de Sendero Luminoso en algunas
zonas del país, pero también con la
corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de
armas. Todo ello, si bien dificulta y hace más
compleja la acción del Estado para hacerle frente,
también implica un mayor nivel de compromiso de la
Sociedad y del Estado en su conjunto.
2. Instrumentos y mecanismos internacionales de lucha
contra el narcotráfico
La convicción de que el tráfico
ilícito de drogas constituye una amenaza a la seguridad
internacional ha llevado a los Estados y a diversas
organizaciones internacionales a promover la celebración
de diversos tratados y a la creación de una serie de
mecanismos, en los planos universal, birregional, regional,
subregional y bilateral, destinados a promover la
cooperación en la lucha contra este flagelo y otros
delitos conexos.
En el caso del Perú, debe destacarse su
condición de parte en los referidos instrumentos y
mecanismos internacionales, lo cual conlleva la obligación
de ajustar su comportamiento a tales compromisos.
2.1 En el marco de la Organización de las
Naciones Unidas
2.1.1. Instrumentos
a) Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de
1972[38]En virtud de este tratado, del cual
son parte más de ciento ochenta países, los Estados
miembros se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas
y administrativas necesarias para limitar la producción,
fabricación, exportación, distribución,
comercio, uso y posesión de estupefacientes para fines
médicos y científicos[39]
En ese sentido, los Estados miembros deben erradicar los
cultivos ilícitos de amapola o adormidera, cannabis y hoja
de coca. Sin embargo, conviene llamar la atención que esta
obligación debe contrastarse con lo establecido por la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988 que admite el uso tradicional de la
hoja de coca donde exista evidencia histórica
comprobada.
Por otro lado, los Estados que permitan el cultivo
legal de la hoja de coca deben designar un organismo nacional que
centralice las funciones de otorgamiento de licencias y
establecimiento de zonas donde se permitirá el cultivo
lícito; a su vez, a dicho organismo le
corresponderá de manera exclusiva la importación,
exportación, comercialización (interna e
internacional) y distribución de la totalidad de la
producción con fines
lícitos[40]Esta entidad, en el caso
del Perú, es la Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A.).
De esto se desprende que no resultaría compatible con las
obligaciones internacionales asumidas transferir tal empresa a un
gobierno regional, puesto que las funciones que, con exclusividad
se le atribuyen, excederían el ámbito de
competencia de aquél; ello ha quedado igualmente
consagrado en la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de
septiembre de 2005 a propósito de ordenanzas dictadas por
los gobiernos regionales del Cuzco y Huánuco en
relación a la hoja de coca.[41]
No obstante, merece resaltarse que hay limitaciones para
la comercialización internacional de productos derivados
de la hoja de coca; en efecto, la misma podrá realizarse
en relación a agentes saporíferos, siempre que no
contengan ningún alcaloide[42]
Asimismo, los Estados asumen la obligación de
considerar como delito todas aquellas actividades vinculadas al
cultivo, producción y distribución de
estupefacientes para usos no admitidos por la presente
Convención, debiéndose castigar a los infractores
con penas de privación de la libertad.
Finalmente, un aspecto importante a destacar respecto
a la hoja de coca es su inclusión en la lista 1 de la
Convención relativa a estupefacientes sujetos a
fiscalización internacional, en razón a su
contenido de alcaloide. Sin embargo, recientemente,
países como Bolivia están impulsando el retiro
de la hoja de coca de dicha lista; también en el
Perú se han alzado algunas voces en ese sentido,
provenientes fundamentalmente de líderes del movimiento
cocalero. Este planteamiento resulta sumamente grave por la
distorsión que pretende consagrar; un eventual retiro de
la hoja de coca de la lista 1 de la referida Convención
implicaría negar una realidad, cual es que la hoja de coca
tiene alcaloide, y, por tanto, es una droga, así como que
más del noventa por ciento de su producción en el
Perú se destina al narcotráfico.
b) Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de
1971[43]En virtud del presente Convenio, del
cual son partes alrededor de ciento ochenta países, los
Estados se comprometen a realizar acciones preventivas y
represivas contra el tráfico ilícito de sustancias
psicotrópicas contenidas en las listas anexas a dicho
tratado. En ese sentido, los Estados se obligan a prestarse apoyo
mediante el intercambio de información, cooperación
judicial y lucha coordinada contra el tráfico
ilícito[44]
Específicamente, respecto de las sustancias
contenidas en la lista I, las Partes se comprometen a prohibir
todo uso, excepto el que con fines científicos y
médicos realicen personas debidamente
autorizadas[45]Tratándose de las sustancias
incluidas en las listas II, III y IV, las Partes deberán
exigir que la fabricación, distribución y comercio
de las mismas estén sometidas a un régimen de
licencias y fiscalización, y que solamente puedan ser
suministradas con receta
médica[46]
La Convención sobre Sustancias
Sicotrópicas de1971 amplió las políticas
internacionales de forma que incluyeran sustancias
sintéticas como las anfetaminas, benzodiacepinas,
barbitúricos y psicodélicos o alucinógenos.
El concepto de sustancias "psicotrópicas" fue inventado
como forma de excluir a la amplia gama de fármacos
psicoactivos incluidos en la Convención de 1971 de los
controles más estrictos contenidos en la Convención
Única. En sus comentarios a sus leyes modelo contra las
drogas, el Programa Internacional de las Naciones Unidas para el
Control de Drogas, recomendó no utilizar la
distinción artificial en la legislación nacional,
reconociendo que "la clasificación internacional de drogas
narcóticas y sustancias sicotrópicas de acuerdo a
si la sustancia se rige por la Convención de 1961 o la de
1971, no tiene ninguna base conceptual. La definición
legal de muchas sustancias sicotrópicas es completamente
aplicable a las drogas narcóticas, y en muchos casos, lo
contrario es verdadero."
Unas 235 drogas sicoactivas, tanto provenientes de
plantas como sintéticas (ya sea con efectos
narcóticos, estimulantes o alucinógenos) se
encuentran cubiertas por estos tratados internacionales. La gran
mayoría de gobiernos son signatarios de estos tratados
internacionales para el control de drogas, que establecen la
ilegalidad del uso, venta, tráfico y producción de
drogas como la heroína, cocaína y cannabis, y
también de la metadona, morfina o diazepán para
cualquier finalidad que no tenga propósitos médicos
y científicos. Sin embargo, al firmar, ratificar o acceder
a un acuerdo, un Estado retiene el derecho de firmar con reserva,
la cual busca excluir o modificar el efecto legal de ciertas
cláusulas del tratado en su aplicación ha dicho
Estado[47]
c) Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988[48]En virtud de
la presente Convención, de la cual son partes ciento
ochenta países, los Estados se obligan a promover la
cooperación entre sí para hacer frente al
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas. En el plano interno, cada una de las partes
deberá tipificar como delitos la producción,
distribución y comercialización de la adormidera o
amapola, la hoja de coca, el cannabis y cualquier otro
estupefaciente. Merece resaltarse que este tratado atribuya
también carácter delictivo a la
organización, gestión o financiación de las
actividades antes mencionadas, así como a la
conversión o transferencia de bienes con el objeto de
ocultar o encubrir su origen
ilícito[49]
Merece resaltarse que el Perú formula una
reserva al momento de ratificar la presente Convención, en
el sentido que la calificación como delito del cultivo de
estupefacientes debería estar circunscrito al cultivo para
fines ilícitos. Ello se explica por la presencia en
nuestro país de un consumo tradicional, que, no debe
perderse de perspectiva, reviste proporciones menores en
relación al conjunto de la
población.
d) Convención Internacional para la
represión del financiamiento del
terrorismo[50]Esta Convención, adoptada a
fines de 1999, resulta particularmente importante para el
Perú debido a las conexiones actualmente existentes entre
los remanentes de la subversión senderista y los
cárteles del narcotráfico. Así, consagra
como delito la acción de proveer o recolectar fondos con
la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que
serán utilizados, para cometer en otro Estado un acto de
terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o
lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que
no participe en las hostilidades en una situación de
conflicto armado[51]
Adicionalmente, dispone la obligación de cada
Estado parte de sancionar estos delitos con penas adecuadas en
las que se tenga en cuenta su carácter
grave[52]
e) Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada
transnacional[53]
f) Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción[54]
2.1.2 Mecanismos
a) Comisión de Estupefacientes
b) Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes
(JIFE): En relación al Perú, la JIFE ha
instado al gobierno peruano a reforzar las medidas en materia de
prevención, tratamiento y rehabilitación,
destacando, de otro lado, la intensificación de las
acciones de fiscalización de precursores (insumos)
químicos[55]No obstante, ha expresado su
preocupación por las iniciativas de algunas autoridades
regionales y locales destinadas a aprobar normas que legalizan
todo cultivo de hoja de coca, sin distinguir el destino o la
finalidad que fuera a dársele. En efecto, los gobiernos
regionales del Cuzco y Huánuco dictaron en 2005 unas
ordenanzas destinadas a legalizar los cultivos de hoja de coca,
sin discriminar el destino de éstos ni importar que los
productores estuvieran incluidos en el Registro que lleva la
Empresa Nacional de la Coca – ENACO S.A. Ello, a todas luces,
resulta manifiestamente inaceptable, pues violenta de manera
flagrante todos los compromisos internacionales asumidos por el
Perú en la materia, donde se establece con meridiana
claridad la obligación de erradicar todo cultivo
ilícito e, incluso, penalizar a quienes participen en el
cultivo ilícito, su procesamiento, comercialización
y demás actividades vinculadas o derivadas de éste.
Afortunadamente, el Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad de tales ordenanzas según consta en
la sentencia anteriormente citada del 27 de septiembre de
2005[56]
c) Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y
el Delito
(ONUDD)
2.2 En otros escenarios
2.2.1. América Latina y el Caribe y la
Unión Europea
En la reunión del Consejo Europeo (integrado por
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea) que
tuvo lugar en Madrid, en diciembre de 1995, se plantea la
creación de un Mecanismo birregional de Cooperación
y Coordinación entre América Latina y el Caribe
(ALC) y la Unión Europea (UE) en materia de Drogas.
Posteriormente, ya creado el Mecanismo, en abril de 1999 y
partiendo del principio de "responsabilidad compartida", se
aprueba el Plan de Acción de Panamá; el mismo
identifica cinco áreas en las que se centraría la
cooperación birregional: (i) reducción de la
demanda; (ii) cooperación judicial, policial y aduanera;
(iii) cooperación marítima; (iv) control de
precursores; y (v) lavado de activos. Al año siguiente, en
Lisboa, se definen cuatro áreas prioritarias: (i)
reducción de la demanda; (ii) desarrollo alternativo;
(iii) lavado de activos; y (iv) cooperación
marítima.
En ese sentido, cada año se celebran reuniones
donde intervienen altos representantes de los Estados de ambas
regiones y de la UE, con vistas a realizar un seguimiento de las
acciones emprendidas conforme al Plan de Panamá y los
criterios aprobados en Lisboa. En lo que al área andina
se refiere, resulta importante resaltar el énfasis
atribuido a la financiación de proyectos de desarrollo
alternativo, integral, sostenible, e, incluso, preventivo, como
el Laboratorio de Paz, en Colombia, y el ejecutado en Pozuzo
Palcazu, en el Perú, por más de veintidós
millones de euros.
2.2.2. Los países andinos y los Estados Unidos
de América
a) ATPDEA: En la perspectiva de una acción
integral contra el tráfico ilícito de drogas, deben
abordarse distintas tareas de manera conjunta: de un lado,
labores de erradicación de cultivos ilícitos y de
sustitución de éstos por otros lícitos, y,
de otro, acceso a nuevos mercados (nacionales e internacionales)
y construcción de infraestructuras que posibiliten hacer
llegar los productos a tales mercados.
En ese sentido, y desde una visión de
"responsabilidad compartida", los Estados Unidos de
América crearon un mecanismo de carácter unilateral
destinado a favorecer el acceso al mercado estadounidense, con
exoneración total de aranceles, de una muy amplia gama de
productos provenientes de los países andinos especialmente
afectados por el problema del narcotráfico (Bolivia,
Colombia, Ecuador y el Perú). Como contraparte, los
Estados beneficiarios deben cumplir los compromisos
internacionales asumidos en la materia, que incluyen la
erradicación de cultivos ilícitos, el control de
precursores e insumos químicos, y la lucha contra el
lavado de activos, entre otros, contenidos en tratados
multilaterales y bilaterales entre los Estados Unidos y los
países beneficiarios.
En el caso de países andinos, como Perú
y Colombia, que han celebrado recientemente acuerdos de libre
comercio con los Estados Unidos, el acceso preferente al mercado
estadounidense estará sometido a las reglas contenidas en
los mismos y no dependerá ya de un mecanismo unilateral,
con duración limitada, como el recogido en la ATPDEA. Sin
embargo, no debe perderse de vista que se mantiene el
condicionamiento de la certificación antinarcóticos
para cualquier ayuda o préstamo de los Estados
Unidos.
b) Los Acuerdos con el Perú: El 23 de julio de
1996, el Perú y los Estados Unidos celebraron un Convenio
para Combatir el Uso Indebido y la Producción y el
Tráfico Ilícitos de Drogas, con vistas a
reforzar la cooperación bilateral en el marco de los
compromisos asumidos conforme a la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Tal
instrumento parte de afirmar el principio de responsabilidad
compartida y la participación de ambos países en la
lucha contra las drogas a nivel internacional en
proporción a sus capacidades económicas. Al mismo
tiempo, este tratado confirma, según viene
sosteniéndose en el presente documento, que la
producción, transformación, comercialización
y consumo indebido de drogas representa "un problema que afecta a
la humanidad en general y a ambos países en particular y
que constituye una amenaza a sus seguridades nacionales, la salud
y la seguridad de sus ciudadanos, y un creciente peligro para su
medio ambiente[57]
3. El Informe de la OEA: "El problema de las Drogas
en las Américas"
Los presidentes latinoamericanos que
respaldan la despenalización de la marihuana ganaron una
gran victoria diplomática cuando la Organización de
Estados Americanos (OEA) dio a conocer un informe pocos
días atrás en el que incluye esa medida como una de
varias opciones para reducir el narcotráfico y la
violencia en la región.
El informe de la OEA, de 400 páginas y titulado
"El problema de la droga en las Américas" había
sido encargado por los países latinoamericanos en la
Cumbre de las Américas del 15 de Abril del 2012, celebrada
en Cartagena. Este informe se debatirá en la Asamblea
General de la OEA que se celebrará en Guatemala en junio
del 2013.[58]
El Secretario General indicó que el informe pide
"mayor flexibilidad" en las políticas anti-drogas, y
señala que "hay tendencias que tienden a la
despenalización o legalización de la
producción, la venta y el uso de la marihuana". Y
agregó que "tarde o temprano, habrá que tomar
decisiones en esta área". Lo que se busca es "mostrar el
problema tal cual es y cómo se manifiesta, de diferentes
maneras, en nuestros diversos países y subregiones;
mostrar el volumen de dinero que mueve y quiénes se
benefician de él; cómo erosiona nuestra
organización social y cómo debilita la salud de
nuestros pueblos, la calidad de nuestros gobiernos y aún
de nuestra democracia".
Explicó que aunque el impacto del fenómeno
de las drogas afecta a los países de manera diversa, "la
preocupación por ellas nos une a todos", porque "la
relación entre drogas y violencia es uno de los
principales factores del temor de nuestros ciudadanos y ha
contribuido a llevar el tema de la seguridad a los primeros
asuntos de preocupación para los ciudadanos de todo el
Hemisferio".
En el detalle de cómo se estructura el documento
que, a través del Presidente Santos, entrega a todos los
mandatarios de la región, el Secretario General Insulza
puntualizó que el Informe, se compone de dos partes:
el Informe Analítico, que explica las
razones que inducen a la sociedad a preocuparse por el consumo de
drogas y la llevan a tratar de controlar sus efectos en la salud
humana; y el Informe de Escenarios, que es un
examen de los caminos que podría seguir el fenómeno
en los próximos años en el
continente.[59]
Legalización de las Drogas
según diferentes paísesDefinición de conceptos en
materia de políticas sobre drogas
• Despenalización: Alude a
la eliminación de las sanciones penales por el consumo y
posesión no autorizada de sustancias controladas,
usualmente en cantidades lo suficientemente reducidas como para
que califiquen únicamente como dosis personal. En un
régimen con despenalización del consumo y de la
posesión, ya no hay lugar a sanciones penales como el
encarcelamiento, aunque en algunas jurisdicciones pueden
dictaminarse sanciones administrativas como multas, servicio
comunitario o citaciones de comparecencia ante las respectivas
autoridades.
• Despenalización de hecho (a
veces denominada como legalización de hecho): Se
refiere a la no aplicación en toda su extensión de
las leyes que penalizan la producción, distribución
o consumo de una sustancia. Ocurre cuando el sistema de
justicia penal omite la aplicación de la sanción,
por acción o por omisión, sin haber perdido
formalmente el poder para hacerlo. Usualmente es una consecuencia
de la evolución de las costumbres en una sociedad, en la
que algunos hábitos comienzan a ser aceptados socialmente
a pesar de que legalmente aún sigan prohibidos.
También se puede deber a la sobrecarga del sistema de
justicia penal, que lleva a que no haya una intervención
en delitos menores debido a la necesidad de darle prioridad a
conductas criminales más graves.
• Legalización: Hace
referencia al proceso de eliminación de las prohibiciones
legales sobre la producción, la distribución y el
consumo de sustancias controladas para otros propósitos
diferentes a los medicinales o los científicos,
generalmente a través de la sustitución con un
mercado regulado. Es un término que se asocia a menudo con
la "liberalización" o con algunos regímenes en los
que ha cesado la prohibición de ciertas drogas sin que se
hayan impuesto necesariamente controles estatales estrictos.
También se asocia en algunos casos a los regímenes
en los que se ha impuesto una regulación para controlar el
comercio de la producción y la distribución. El
término, por ende, se usa en este contexto para que
haya mayor claridad en nociones como las de "legalización
y regulación" o "legalización de mercados
libres".
Se hace necesario aclarar que aunque los términos
«legalización» y
«despenalización» son empleados con frecuencia
como sinónimos, no lo son. Así, las drogas
ilícitas son ilegales por razón de una norma
jurídica; las penas se aplican a las personas y a sus
actos cuando éstos son punibles. No se puede, pues,
«despenalizar las drogas» ni «legalizar a las
personas» (aunque sí a ciertos actos que las
personas realizan). Lo propio es referirse entonces, a la posible
legalización de las drogas y a la
legalización de las acciones relacionadas con ellas: la
producción, el transporte, la posesión y el
consumo. Se acepta, por supuesto, que la sola legalización
modificaría lo demás, aunque tendría que
existir, de cualquier modo, una reglamentación —o
regulación— del consumo que considerara la edad, el
lugar, la cantidad, entre otros.
Descriminalización: Es donde un
país conserva sus leyes sobre ofensas por drogas pero,
ya sea a través de un acuerdo en un cambio de la
política, o a través de una nueva
orientación a ser llevada a cabo por las autoridades,
decide reaccionar contra algunas de estas ofensas a
través de procesos administrativos más que por
el sistema de justicia penal. Algunos países
vienen tratando hace tiempo una serie de ofensas a
través de sanciones administrativas, y tienen un
amplio tratamiento de las ofensas por drogas en este sentido.
Para otros países (tal como fue el caso de Portugal),
esto sería un cambio significativo para haberlo
establecido en la práctica. Podría
señalarse que, en muchos casos, las penas
administrativas para las ofensas por drogas han sido
actualmente más severas que las sanciones penales,
entonces la descriminalización no siempre debe
ser vista como una vía menos punitiva para el uso de
drogas.
• Regulación: Es un concepto
que engloba un amplio rango de marcos regulatorios que permiten
que las drogas controladas estén disponibles legalmente
para otros propósitos diferentes a los medicinales o los
científicos pero siempre bajo control estatal, cuyos
parámetros difieren según los riesgos a la salud
que se deriven del consumo de cada sustancia. Los
instrumentos de control administrativo previstos en cada marco
regulatorio pueden incluir la prescripción y el despacho
en farmacias, licencias condicionadas para la producción y
la distribución, políticas fiscales para mantener
el nivel de precios que se considere adecuado, restricciones
según la edad y diversos estándares de calidad,
entre otros.
• Consumo dependiente de drogas: Es
el consumo que puede catalogarse como habitual y compulsivo a
pesar de sus efectos negativos a nivel social y
sanitario.
• Consumo problemático de
drogas: Es el consumo que empieza a tener consecuencias
negativas en la salud y que causa efectos perjudiciales tanto en
todos los aspectos de la vida de la persona como en otros
aspectos relacionados con los individuos, las familias, los
amigos y la sociedad.
• Drogas ilícitas: En general, se
puede afirmar que no hay sustancias que per se sean
ilegales pero que sí pueden ser producidas o distribuidas
ilegalmente en mercados ilegales. Por eso, un
término más preciso puede ser el de sustancias
controladas, en el que se contemplan los usos y los mercados
lícitos e ilícitos. Es un término
distinto al de drogas controladas, que se limitan esencialmente a
las que tienen usos médicos y científicos.
También es distinto al de sustancias reguladas, como el
tabaco y el alcohol.
Hoy en día la democracia respecto al problema del
TID, juega un papel importante y protagónico para hacer
frente al Narcotráfico.
Dentro de la Unión Europea, España,
Italia, Portugal y Luxemburgo no consideran que la tenencia de
drogas para consumo personal sea un delito punible. La tenencia
para uso personal sigue siendo ilegal en los Países Bajos,
Alemania y la República Checa, pero se establecieron
directrices para que la policía, los fiscales y los
tribunales no impongan pena alguna, ni siquiera multas, hasta
cierta cantidad. Otros países imponen sanciones
administrativas y solo unos pocos, como Suecia, Letonia y Chipre,
contemplan sentencias de prisión por la tenencia de
pequeñas cantidades.
A continuación, trataremos
brevemente sobre la legislación comparada, respecto de su
tratamiento de las drogas:
Argentina: En agosto de 2009, la Corte
Suprema argentina declaró en un fallo histórico
(el "fallo Arriola) inconstitucional enjuiciar a los
ciudadanos por utilizar medicamentos para su uso
personal.Brasil: Cambios legislativos en 2002 y 2006
resultaron en una legalización parcial de la
posesión para uso personal. Las penas de
prisión ya no se aplican y fueron sustituidas por
medidas educativas y servicios comunitarios. Una
investigación realizada en 2009 sobre procesos
criminales por tráfico de drogas, en Rio de Janeiro y
Brasilia, demostró que el sistema penal es selectivo,
y que los que venden pequeñas cantidades de drogas,
constituyen 60% de los condenados.Canadá: El cultivo de Cannabis es
actualmente ilegal en Canadá excepto para uso
médico. En cualquier caso, el uso del cannabis por
parte del público general está tolerado hasta
cierto grado y varía en función del lugar y la
jurisdicción, existiendo una vigorosa campaña
para la legalización.
En 2001, el periódico Globe and Mail
ofrecía una encuesta con datos del año 2000
según la cual el 47% de los canadienses estaban de acuerdo
con la frase "El uso de la marihuana debería estar
legalizado", frente al 26% que opinaba lo mismo en 1945.Una
encuesta más reciente mostraba como más de la mitad
de los canadienses apoyaban la legalización.
México: En abril de 2009 el Congreso
adoptó el "Decreto del Narcomenudeo", eliminando todas
las sanciones por cantidades para uso personal: 5 gramos de
Cannabis, 2 gramos de Opio, 0,5 gramos de Cocaína, 50
miligramos de Heroína o 40 miligramos de
Metanfetamina. Los adictos serán sometidos a
tratamiento obligatorio solamente después del tercer
arresto. El decreto entró en vigor en agosto de
2009.
La ley define estrictamente la dosis personal y
establece umbrales de cantidades muy bajas. Por ello, esto
podría conllevar a fuertes condenas de cárcel para
los que sean agarrados con cantidades mayores a las que permite
la ley, porque se asumirá que son pequeños
traficantes incluso si no hay otras indicaciones de que la
cantidad poseída estaba destinada a la venta.
República Checa: El 14 de diciembre de
2009, la República Checa adopta una nueva ley que
tiene efecto el 1 de enero de 2010 y permite a una persona la
posesión de hasta 15 gramos de marihuana o 1,5 gramos
de heroína sin cargos penales. Estas cantidades son
mucho mayores que en otros países de la Unión
Europea, haciendo de la República Checa el
país más tolerante del mundo en esta
materiaPaíses Bajos: La revisión de la
Ley del Opio de 1976 introdujo la descriminalización
legal del cannabis. El consumo dejó de ser un delito y
la tenencia de hasta 30 gramos se convirtió en un
delito menor, mientras que la tenencia de más de 30
gramos siguió siendo un delito penal. Desde entonces,
los cafés (coffee shops) holandeses, donde los
consumidores pueden comprar una cantidad limitada de
cannabis, ocupan un lugar altamente simbólico como
paradigma de políticas liberales en materia de
cannabis.
Contra lo que habitualmente se piensa, la tenencia de
cannabis en los Países Bajos – no el consumo – está
tipificada como delito. La política holandesa es una
descriminalización de facto de la tenencia, la compra y la
venta de cantidades para el consumo personal de cannabis, aunque
de iure estas actividades no estén permitidas. Esta
política está basada sobre el «principio de
conveniencia», una opción discrecional dentro del
derecho penal holandés que les permite a las autoridades
abstenerse de interponer acciones penales. También se
admite el cultivo de hasta cinco plantas por persona para consumo
personal.
El régimen se rige por las directrices nacionales
oficiales emitidas por la fiscalía: se tolera la venta
minorista de cannabis siempre que cumplan con los criterios: nada
de publicidad manifiesta, nada de drogas duras, nada de
disturbios o alteraciones del orden público, nada de venta
a menores y nada de ventas en grandes cantidades. La
fiscalía asignó la «prioridad judicial
más baja» a las investigaciones y acciones contra la
tenencia para consumo personal y otorgó una amplia
discrecionalidad a los municipios
Así, los Países Bajos pasaron de la
«tolerancia cero» a la legalización de
facto, al menos en la «puerta principal», es
decir, los cafés en los que se vende cannabis. Los
problemas continúan en la «puerta de
atrás»: los propietarios de los cafés deben
comprar el cannabis en un mercado que sigue siendo ilegal. Los
proveedores todavía pueden ser procesados por transportar
cannabis a los cafés y es posible detener a los
propietarios de los establecimientos por adquirirlo, a pesar de
que tienen permitido venderlo
En 1996 el gobierno decidió endurecer las
directrices de modo de conservar la esencia del modelo. La venta
se redujo de hasta 30 gramos a 5 gramos por transacción, y
se estableció un límite de 500 gramos de cannabis
de tenencia in situ. Además, la edad mínima de
admisión en los cafés pasó de 16 a 18
años. El gobierno habilitó nuevos instrumentos
legales para que los municipios pudieran reducir la cantidad de
cafés, entre ellos la opción de
prohibirlos.
Portugal: Hasta el primero de Julio del 2001,
las penas por el uso, posesión y compra de
pequeñas cantidades de droga en Portugal eran
castigadas con hasta tres meses de prisión o una
multa. Las cantidades que exceden el abastecimiento para tres
días eran sancionadas con hasta un año de
prisión o una multa. El abordaje Portugués a
las drogas ilícitas estaba, entonces, oficialmente
caracterizado por un modelo prohibicionista, visto por los
expertos portugueses destacados como inefectivo.
El primero de julio de 2001, Portugal se
convierte en el primer país de la Unión Europea en
abolir los castigos penales por posesión de droga a nivel
personal. Además, los usuarios deben cumplir con
terapias en lugar de sentencias que provoquen
prisión.
Investigaciones del Cato Institute dirigidas por
Glenn Greenwald, encontraron que cinco años después
del comienzo de la descriminalización, el uso de drogas
ilegales por parte de los jóvenes ha decrecido,
la ratio de infecciones de VIH entre usuarios ha caído y
las muertes por heroína y drogas similares ha sido
reducida a más de la mitad, duplicando, a la vez, el
número de persona que buscan tratamiento por
adicción.
En Portugal se legalizó la marihuana
-droga blanda- hace muchos años sin que haya
traído consigo el aumento de consumo de las drogas
fuertes, que es lo que suelen alegar que ocurrirá los
opositores[60]
Uruguay: Es uno de los pocos países
que nunca ha criminalizado la posesión de drogas para
uso personal. Desde 1974, la ley no establece límites
de cantidad dejando a la discreción de los jueces la
determinación sobre si la intención era el uso
personal.
VARGAS LLOSA sobre el reciente proyecto de Ley del
Uruguay para legalizar la Marihuana (2012), señala que
"poco a poco, la batalla por la legalización de las drogas
va abriéndose camino y haciendo retroceder a quienes,
contra la evidencia misma de los hechos, creen que la
represión de la producción y consumo es la mejor
manera de combatir el uso de estupefacientes y las
cataclísmicas consecuencias que tiene el
narcotráfico en la vida de las naciones. Alguien tiene que
ser el primero -dice refiriéndose al Presidente uruguayo
José Mujica propulsor del proyecto-, porque estamos
perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen; que el
Ministro de Defensa de este país, señala como
razón central de este paso audaz, "que la
prohibición de ciertas drogas le está generando al
país más problemas que la droga
misma".
Ecuador: La legislación ecuatoriana en
materia de sustancias controladas es una de las más
duras de Latinoamérica. Con el fin de acogerse a la
normativa internacional y bajo la fuerte presión
política de Estados Unidos, durante los años
ochenta y principios de los noventa, los países
andinos en particular, consolidaron subsistemas penales
inconsistentes con la legislación interna y los
principios fundamentales del derecho penal. Esta normativa no
incluía una sensitividad cultural, ni un
reconocimiento de las profundas desigualdades sociales, ni la
salvaguardia al respeto a los Derechos Humanos.
La norma ecuatoriana – la Ley 108 (1990) – se centra en
la criminalización indiferenciada de consumidores,
transportistas de pequeñas cantidades conocidos como
mulas, pequeños expendedores, y grandes redes de
traficantes. No es excepcional encontrar personas en la
cárcel condenadas a 15 años de prisión por
transportar cantidades pequeñas de pasta de
cocaína, o por vender la misma en las calles.
El espacio físico que el Estado tiene a su
disposición para albergar los presos es formalmente de
alrededor de 8.000 plazas, produciéndose un hacinamiento
extremo. Aunque la tasa de encarcelamiento en Ecuador es
más bien una de las más bajas en América
Latina, el grado de hacinamiento se encuentra entre los
más elevados de la región, cercano al de Brasil y
Perú, aunque más bajo que, por ejemplo, Bolivia y
Surinam.
En enero de 2009, la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social señaló que se obtuvo
la liberación de 6.600 personas al agilizarse los
procedimientos legales y por el otorgamiento del indulto a
quienes padecían de enfermedades terminales y por
micro-trafico de narcóticos. El número de
indultados para esta última categoría ha sido de
alrededor 1.500 personas.
El fundamento de la idea de sacar de las
cárceles a la gente detenida por traficar o transportar
droga está enmarcado en lo que el Gobierno de Ecuador
llama la "humanización del sistema de
rehabilitación social" y el "cumplimiento de los deberes
fundamentales como es respetar y hacer respetar los Derechos
Humanos".
Asimismo hay suficiente indicación de que en la
nueva ley, o la ley reformada, se tomará en cuenta el
enfoque que parte del principio retenido en la misma
Constitución: que el consumo problemático de drogas
es un tema de salud pública, y en cuanto a los usuarios
"en ningún caso se permitirá su
criminalización ni se vulneran sus derechos
constitucionales".
EEUU:
Colorado se convirtió el miércoles 29
de mayo del 2013 en el primer estado de Estados
Unidos en regular la venta, la producción y
los impuestos sobre la marihuana para uso
recreativo después de que su gobernador,
John Hickenlooper, firmara un paquete legislativo sin
precedentes.
La nueva legislación
contempla cómo debe procederse al cultivo y el
envasado, el límite de compra para los que visiten el
estado y un nuevo límite de marihuana para la
conducción, como los establecidos para la cantidad de
alcohol en sangre.
Los ciudadanos de Colorado y
Washington[61]votaron el año pasado a
favor de una enmienda en la Constitución estatal
para aprobar el uso recreativo de la marihuana. El estado permite
a los adultos mayores de 21 años poseer hasta una onza de
esta droga (unos 28 gramos), o comprar en las tiendas
autorizadas que se espera abran a partir del próximo
enero. Los visitantes mayores de 21 años no podrán
comprar más de un cuarto de onza (7 gramos) en una
sola transacción comercial, a pesar de que
podrán poseer legalmente la onza completa. La ley
también especifica que las tiendas que la
comercialicen no deberán tener la marihuana
expuesta al público, sino tras los
mostradores.
Hickenlooper, que antes se mostró en
contra de la legalización de la hierba,
consideró tras la firma que se trata de una medida de
"sentido común", aunque dijo creer que el Gobierno federal
puede argumentar que la legislación va en contra de las
leyes federales sobre drogas.
Si los ciudadanos de Colorado lo aceptan el
próximo otoño mediante votación, la
marihuana tendría un impuesto especial del
15%, cuya recaudación estaría destinada a la
construcción de escuelas o bien un 10% añadido a
los impuestos locales y estatales para las ventas. En este caso,
la recaudación se invertiría en la
regulación de la marihuana y nuevos esfuerzos
educativos para concienciar a los niños de que no
la consuman[62]
CAPÍTULO III:
Hacia la
legalización de la marihuana en el Perú:
Discusión Político-Criminal en torno al
Tráfico Ilícito de Drogas
1. Antecedentes Legales
Existieron tres etapas muy relevantes para la
legislación peruana, con respecto al tráfico
ilícito de drogas:
La primera a partir de 1920, que
controló, supervisó y mejoró la
producción y el comercio dentro del mercado
formal;La segunda iniciada a fines de los
40, en la cual se asegurara que el Estado pretendía
encarar la existencia en el desarrollo de las organizaciones
destinadas al comercio ilícito de drogas y, por tanto,
se conoció por primera vez la respuesta
político-criminal. Esta se limitó a lo
represivo;La tercera empieza a fines de los
60, poniendo como muestra que el asunto de las drogas origina
un problema social y que por consiguiente, generan un caos y
disturbio emocional en la sociedad.
Nuestro país a lo largo de los tres periodos que
hemos registrado, ha tomado las concepciones y el modelo de las
legislaciones extranjeras. En consecuencia no se ha elaborado un
modelo propio de legislación para abarcar todos los
problemas de las drogas.
El Perú es parte de la Convención
Única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por el
Protocolo de 1962, Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas de 1961 y la Convención de Viena de
1988. Conforme a la primera Convención, el CULTIVO DE COCA
sólo está permitido con fines de preparación
como agente soporífero que no contenga alcaloide y por
tanto, cualquier cultivo con la finalidad diferente es
prohibido.
2. Venta e Incautación de Drogas en el
Perú
2.1.Ventas de droga
La frontera que tiene el Perú con Bolivia es el
lugar preferido de los narcotraficantes para transitar
cargamentos de cocaína en busca de grandes mercados, los
cuales son posteriormente enviados a Europa y EE.UU.
El lago Titicaca se ha convertido en otra ruta preferida
para llevar droga a Bolivia y luego a Brasil, Chile y
Argentina.
Otra ruta para trasladar mayores volúmenes de
drogas a EE.UU. y Europa es desde el mar lambayecano,
específicamente, la isla de Lobos de Tierra límite
de embarque donde llegan toneladas de clorhidrato de
cocaína para su posterior embarcación rumbo a alta
mar en bolicheras, para finalmente ser transportadas en buques de
mayor capacidad.
Incautación de drogas
Para hablar de incautación debemos primero
referirnos a los decomisos. En su totalidad los decomisos no se
cumplen, debido a que si bien estos insumos son objeto de
control, sólo lo son en algunos lugares, donde se viene
dando la actividad cocalera, pero no en otras zonas donde impera
el libre comercio, en donde estos insumos son trasladados hacia
los centros de producción de estupefacientes. Siendo uno
de estos insumos químicos decomisados, como el kerosene y
el óxido de calcio.
La política de decomiso de drogas ilegales en
nuestro país no ha alcanzado resultados positivos
fundamentalmente por las siguientes razones: a. Altos niveles de
corrupción de algunas autoridades involucradas en el
decomiso de drogas; b. La falta de asignación de recursos
económicos suficientes por parte del Estado peruano para
realizar mayores operativos policiales y aplicar una estrategia
de decomiso eficaz y permanente; c. Al igual que la
erradicación, se ha confiado el financiamiento de la tarea
de interdicción[63]casi exclusivamente a la
cooperación internacional (particularmente la
estadounidense), la misma que se incrementó en el 2010,
pasando de US$.11.5 millones en el 2008 a US$20.0 millones en
aquel año[64]
Incautación es la toma de
posesión por un tribunal u otra autoridad competente, de
dinero o bienes de otra clase[65]privar a alguien
de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación
de estos con un delito, falta o infracción
administrativa.
Crítica a políticas antidrogas del
PerúEl comportamiento que tiene y que presenta el estado
peruano al ejercer una política soberana con respecto
al tema, es objetable en cuanto los programas de cultivo
alternativo no se encuentran a cargo del Ministerio de
Agricultura sino por un conjunto de ONGs privadas financiadas
por parte del gobierno norteamericano.En cuanto a la industrialización de la
Hoja de coca sería una buena alternativa, pero
tendría que empezar en poca escala debido a la
situación actual en que vivimos, en que el
narcotráfico es su mayor contendor para que no se
pueda hacer realidad la Industrialización de la hoja
de Coca.Los organismos especializados, que podían
hacer frente ante el narcotráfico, como el caso de
DEVIDA (no es un órgano autónomo), se
convierten en un impedimento más que en ayuda, por lo
cual se debe buscar en corto plazo reformar este ente rector.
Pero, ¿existen realmente instituciones Antidrogas?
¿Cumplen sus funciones DEVIDA, ONGs? Como lo
señala RICARDO SOBERÓN GARRIDO, el Perú
ya es un Narco-estado tanto por los contactos que ha venido
teniendo el país con Estados Unidos, personalidades
cuestionadas y controvertidas; la presencia del lavado de
activos con relación a nuestro país; el ingreso
de insumos químicos mediante contrabando a la vista y
paciencia de las autoridades.Sin embargo, una crítica a favor de nuestro
ordenamiento es la Ley N°29988, publicada el 18 de
enero de 2013, que estableció medidas extraordinarias
para el personal docente y administrativo de instituciones
educativas públicas y privadas, implicado en delitos
de terrorismo, apología del terrorismo,
violación de libertad sexual y tráfico
ilícito de drogas. Esta ley ha adoptado dos
tipos de medidas: administrativas como
separación y destitución de condenados y
procesados; y penales como la
inhabilitación perpetua. Se establece que son
destinatarios de la norma los condenados con sentencia
consentida o ejecutoriada por los delitos de
terrorismo, apología de terrorismo , violación
sexual o trafico ilícito de drogas a
dichas personas se les separa o destituye, así como se
les inhabilita a perpetuidad. Dichas entidades de las que es
destituido e inhabilitado para ingresar o reingresar son:
Instituciones de educación básica, Institutos o
escuelas de educación superior, Escuelas de las
fuerzas armadas o de la policía nacional del
Perú, Ministerio de educación o en sus
organismos públicos descentralizados, Ministerio de
educación, capacitación, formación,
resocialización o rehabilitación. La Ley
N°29988 dispone que es el Ministerio de Educación
la entidad estatal que debe supervisar anualmente,
dentro de los primeros treinta días de iniciadas las
clases, que ninguna institución e educación
básica ni instituto o escuela de educación
superior, ni academias de preparación preuniversitaria
creados por iniciativa privada posean en su plana docente o
administrativa, personal condenado con sentencia consentida o
ejecutoriada por cualquiera de los delitos
señalados[66]
Política
criminal
Desde una perspectiva roxiniana sobre la Política
Criminal, lo que se intenta es desarrollar una estrategia
decidida de lucha contra el delito, es por ello que en las
líneas siguientes explicaremos nuestra posición
sobre la solución de combatir eficazmente el
Tráfico Ilícito de Drogas así como los
delitos que van de la mano junto a este.
Hemos llegado a la conclusión que la guerra
contra las Drogas no funciona sino que hay que
legalizarla, como sugieren los ex presidentes Henrique
Cardoso, Ernesto Zedillo, César Gaviria, Felipe
Gonzáles, y los intelectuales Mario Vargas Llosa, Noam
Chomsky, Milton Friedman, entre otros. Creen que con la
represión, no se está disminuyendo el daño,
sino aumentándolo, pues, es una cuestión
cultural.
En el mundo existen países que tienen una
noción de libertad individual muy fuerte, como
Holanda, allí se acepta que el que quiere drogarse, se
drogue. Disuadir al consumidor para quebrar la cadena es lo
fundamental. Invertir tanto en combatir la producción
no conduce a nada. Fijémonos en el caso de
Afganistán, donde el cultivo del opio no hace
más que expandirse"[67].
4.1. Tesis de los partidarios de la
legalización de las drogas
El punto de vista de los defensores de la
legalización, caracterizada por su rasgo testimonial,
expresa la opinión mayoritaria de un sector partidario del
cambio radical en la política criminal contra el
narcotráfico. En términos generales, esta postura
se caracteriza por ser más cercana a la tutela de las
libertades fundamentales, que al resguardo decisivo de la salud
pública; más consciente y tolerante del respeto
hacia aspectos simbólicos y culturales, y en otros casos
apegada a criterios que buscan reducir el alto costo
económico y social que representa la práctica de
una política prohibicionista.
Los argumentos de quienes están a favor de la
legalización de sustancias prohibidas se centran en una
crítica profunda a la percepción actual que tienen
los gobiernos – especialmente los occidentales – sobre el consumo
de droga y sus efectos, porque consideran que la postura
gubernamental no parece comprender la esencia de estas
sustancias.
Los defensores de la liberación de drogas
tóxicas sostienen entre otros, los siguientes
argumentos:
a. El uso de las drogas —con distintos
fines— ha estado presente en todas las sociedades sin
representar un peligro social, su peligrosidad no proviene
de la drogas en sí mismas, sino de la relación que
el hombre establece con éstas. La droga es un
problema hoy en día, no tanto por sus peculiaridades o
características propias, sino más bien, por el
furor de su consumo, que olvida aspectos de purificación y
renuncia que fueron los que caracterizaron al consumo religioso y
social que se ejecutó durante siglos en las sociedades
más antiguas.
Ciencias como la etnología, la
antropología cultural o la historia, entre otras,
evidencian que el colapso social de la convivencia
pacífica entre sociedad y droga nace del auge del
activismo y del delirio comercial de los europeos y no de
cualidades intrínsecas de las drogas.
b. Son prohibidas las sustancias que no
están incluidas dentro de la esfera social (el
hachís y la marihuana, por ejemplo) y se fomenta el uso y
abuso de otras que sí se encuentran dentro del modelo
cultural y que por lo mismo gozan de permisividad -el alcohol y
el tabaco- aun cuando impliquen iguales o mayores peligros para
la salud que las sustancias prohibidas.
Si se recuerda la ley seca que prohibió la venta
de alcohol en EE.UU. Esta no impidió su venta ni el
alcoholismo, pero tuvo consecuencias desastrosas. Las mafias
dedicadas al tráfico ilícito del alcohol
adquirieron gran poder, corrompieron autoridades y causaron
más muertes, pero cuando se legalizó el alcohol,
siguió causando daño, pero los recursos, que no
habían alcanzado para combatir el crimen, se dedicaron a
fines útiles. La criminalidad descendió, se
inició el tratamiento de los alcohólicos y
desapareció una fuente importante de
corrupción.
c. La incriminación del tráfico de
drogas en el ámbito de actividades ilícitas, tiene
finalidades políticas, pero no
político-criminales. La tipificación de
las conductas propias del tráfico de drogas responde a
finalidades ulteriores, como las de: (i) Mantener el estereotipo
de que es necesario combatir el consumo y la producción de
droga; justificando con esto la existencia de un Estado
bienhechor, indispensable para enfrentar a tan peligroso
«enemigo público[68](ii) Utilizar
esta actividad como un estigma que actúe de cortina de
humo en situaciones críticas; como el hecho de que los
fundamentos de la autoridad se debiliten[69]o se
presente una situación económica insostenible o un
escándalo político; (iii) Servir como chivo
expiatorio para atribuir culpas y descargar la represión,
ya sea desviando la atención de las contrariedades
más graves o canalizando las preocupaciones y ansias
subversivas de la población; (iv) Justificar la
propaganda pro-estatal encubierta, utilizando los medios de
comunicación para generar admiración y respeto por
las personas e instituciones del sentido de solidaridad con sus
instituciones y gobernantes; (v) Ser el antifaz que
disfrace los valores políticamente aceptados y oculte
otros que son perjudiciales, como la corrupción
pública y en determinados casos; (vi) Ser un instrumento
de presión política.
d. En la actualidad está plenamente demostrada la
ineficacia de la estrategia represiva como forma de enfrentar el
problema de los narcóticos. Lo único que se
consigue con esto es un efecto mediato o inmediato totalmente
opuesto al pretendido; es decir, no se evita que la droga
continúe a disposición de quien quiera obtenerla,
sino que se eleva el costo de las sustancias tóxicas
(debido a la ausencia de control oficial) favoreciendo la
aparición de poderosas organizaciones de traficantes y
contribuyendo al establecimiento de un lucrativo mercado
negro. En ciertas circunstancias, lo anterior obliga a
delinquir a una parte considerable de consumidores que no poseen
recursos suficientes para costear sus dosis. Esto agrava la
percepción social que se tiene de los adictos
relegándolos a espacios de marginación. Son varios
los argumentos a favor de la legalización de las drogas.
La lucha contra el narcotráfico -al menos hasta ahora-
parece condenada al fracaso. Las propias autoridades
encargadas de combatir el tráfico de droga admiten que
solo detienen un pequeño porcentaje, y el esfuerzo por
detener el narcotráfico es en cierto sentido
autodestructivo, pues al subir los precios beneficia a los
narcotraficantes.
e. El tráfico internacional de
estupefacientes, el lavado de dinero, el asecho a los circuitos
bancarios, la corrupción y el soborno a funcionarios,
entre otros aspectos; dejarían de ser un problema si
hubiera una política criminal permisiva y no represiva
(como la que existe hoy). Los gobiernos deberían tutelar
el tráfico de estas sustancias como un negocio
lícito y aceptar la droga en sí, como una
mercancía más. Si los gobiernos tutelaran el
tráfico de sustancias psicoactivas como un negocio
lícito, se reduciría en gran medida el enorme costo
social y económico que se deriva de las legislaciones
prohibicionistas y de su ejecución.
f. Los sistemas represivos se limitan a practicar
una política asistencial concentrada únicamente en
los consumidores que se encuentran en las condiciones de
adicción más extremas, no están orientados a
mejorar las circunstancias personales y sociales de los adictos y
generan incertidumbre acerca del carácter real de su
actividad; pues es difícil determinar con certeza, si
realizan un trabajo de asistencia social o en realidad ejercen un
control social con consecuencias manifiestamente
insanas.
Según un sector de científicos
-médicos y biólogos-, la drogadicción debe
tratarse como un mal epidémico. Sostienen que, si se
invirtiera una pequeña parte del dinero gastado en
combatir el narcotráfico en la investigación de
antídotos, educación de jóvenes y
tratamiento de drogadictos, se obtendrían resultados
incomparablemente mejores. Tal vez lo más importante:
desaparecería el interés de los traficantes por
conseguir nuevos clientes. Desaparecería el adicto que,
para obtener droga, es reclutado como vendedor y se convierte en
criminal.
Una de las drogas más adictivas y dañinas
es la pasta básica de cocaína. Esta droga,
además de inutilizar al adicto para funcionar en la
sociedad, es responsable de gran parte de los asaltos y robos
registrados en las zonas metropolitanas de Estados Unidos. Uno
de los argumentos para la legalización de la droga es la
desaparición de la pasta. Por ser un subproducto del
proceso de refinación, la pasta dejaría de existir
al desaparecer las cocinas de cocaína. El fabricar pasta
sola no es negocio.
La legalización de determinadas drogas,
como la marihuana, traería como consecuencia la necesidad
de clasificar, legislar y administrar estupefacientes en forma
permanente.
Somos conscientes que las drogas dejan de ser un
problema no sólo de salud, sino que evolucionan en un
problema social-familiar, por lo que es determinante a nivel
interno la orientación y el diálogo constante de
padres e hijos y viceversa y no quedarse con una mera charla
informativa que se pueda recibir en una Institución
Educativa. Recordemos que la mayor causa que conlleva a consumir
drogas es el abandono familiar, luego le sigue el excesivo
autoritarismo y la falta de autoridad.
Se podría demostrar con muchos ejemplos el
problema evidente de las drogas y la culpa de la sociedad como
conductor y originador de consumistas, hasta el punto de decir
que debido al problema de la violencia y mala
educación en nuestra sociedad nuestros niños y
adolescentes se convertirán en unos drogadictos sobre todo
en zonas en las cuales no llega una buena educación o
donde no hay compromiso de parte de las autoridades de dichas
comunidades. Así, uno de los ejemplos claros para
saber cuanto de culpa tiene una sociedad debido a sus problemas
naturales y originales serían las teorías de la
ecología social, que interpretan la ciudad como un
marco ecológico en el que la lucha por el espacio acarrea
conflictos sociales y un cierto nivel de desorganización
social, el consumo de drogas se inserta en aquellas zonas urbanas
donde la desorganización social es predominante y tiene la
característica de una conducta aprendida.
Si por el contrario, tuviéramos una sociedad, con
ciudadanos bien educados, autoridades bien pagadas y respeto a
los valores morales, tal vez se pudiera ganar la guerra al
narcotráfico. Gastar enormes sumas de dinero en una
batalla fútil es un cargo de conciencia. En nuestra
opinión, la legalización es el menor de los males y
al parecer, la solución[70]
g. Si en lugar de reprimir estas conductas, se
les quitara su carácter criminal, el tráfico y las
muertes por consumo de drogas ilícitas adulteradas
disminuiría. El mayor peligro de estas drogas se encuentra
en el hecho de que circulen en el mercado clandestino; ya que
este carece de control oficial. Quien compra droga no
tiene ninguna garantía sobre la calidad de la sustancia
que está adquiriendo, por esto, el libre comercio de
drogas en el que el gobierno se limitara a garantizar la pureza
de la sustancia y la presencia de la etiqueta,
constituirían una mejor opción. Con ello se
lograría reducir la cantidad de muertes accidentales por
sobredosis de drogas prohibidas.
Tesis de los defensores de la prohibición
de las drogas
Quienes están en contra de la
despenalización de la droga, argumentan que las razones en
favor de la legalización son superficiales, y aunque
aceptan que algunas de las explicaciones de las tesis liberadoras
pueden contener aspectos asumibles, coinciden también, en
que estas no parecen tener un sustento científico, ni una
base empírica.
Este sector, tiene la idea de que la propuesta de
legalización responde más a la desesperación
y frustración de un grupo de penalistas que carecen de
imaginación y compromiso con la ciencia y la sociedad, que
a un reparo importante al sentido común. En general, sus
objeciones expresan las siguientes críticas y
observaciones:
a. Opinan que la prohibición debe seguir
estándolo, puesto que se trata de dos utopías
opuestas: la utopía de un mundo sin drogas, y la
utopía de un mundo sin
narcotráfico. Sobre la primera,
la ambición es la estrategia que adoptó la
ONU/1998, para constatar luego en el 2008, el fracaso del
modelo de la represión ante una sociedad que consume
más, ante mafias que se valen de nuevas vías y
nuevos mercados (los cárteles de Colombia y
México son los que controlan el negocio internacional
de la droga. Perú ha pasado a ser un simple
productor-acopiador). Y el opio procedente de
Afganistán va dejando un reguero de adictos en
Pakistán, Irán, Turquía y otros
países de paso, antes de llegar al mercado mayoritario
europeo.
Y ahí es donde llega la segunda
utopía, ya que eliminar la drogodependencia es
imposible (lucha contra deseo natural de los jóvenes y
mayores que, incluso, desafían los límites de las
dosis): legalicémoslas! Nuestra opinión es que
mejor es que asumamos que la droga existe, está ahí
y démosle un marco legal, que evite los infames productos
letales que llegan al mercado. Y sobre todo cerremos las patas
del trono en el que se sientan los capos de la droga. Que esto
provoque un aumento esporádico del consumo, no debe
frenarnos ante una ambición superior, que es la de evitar
las miles de muertes que la droga deja en el camino.
b. Lo único que se lograría
liberando la oferta y eliminando las barreras actuales que
impiden la circulación de las sustancias prohibidas,
sería la disminución del costo de tales
productos. Sin embargo, esto no evitaría que el
negocio de la droga siguiera siendo rentable; sólo
haría que pasara de las manos de los traficantes a las
de los dueños de los oligopolios multinacionales y
nacionales (legales), quienes comerciarían las
sustancias de acuerdo con el esquema del libre
mercado.c. La legalización de ciertas
drogas (como la marihuana) ocasionaría una nueva ola
de problemas político-criminales, tanto en la
población adulta, como en la juvenil. Resulta
muy equivocado pensar que el hecho de facilitar el acceso a
las drogas implique la reducción de su consumo. Lo
único que se lograría con esto, sería
incrementar la cantidad de consumidores de sustancias
tóxicas.d. La idea de que la liberación de las
drogas frenaría el desarrollo de la mayor parte de las
bandas de delincuencia organizada que operan actualmente, es
tan equivocada como afirmar (como se hace comúnmente)
que el prohibicionismo contribuye gravemente al avance de la
delincuencia organizada y que por el contrario, la
legalización la haría desaparecer. Estos
criterios parecen desconocer que las grandes estructuras del
crimen organizado tienen: (i) Una considerable capacidad de
transformación; (ii) Una gran habilidad para tolerar
la presencia de otras organizaciones ilegales en el mercado o
para expulsarlas cuando se convierten en un obstáculo;
(iii) La facilidad de abrir su mercado a menores e incapaces
que permanecen tutelados por las leyes contra las drogas;
(iv) La sagacidad para crear un mercado paralelo a las
sustancias legalizadas similar al que ocurre con el tabaco,
entre otros aspectos.
En síntesis, la legalización de la droga,
si se le puede llamar así, agudizaría varios
problemas: a) aumentaría la violencia y los actos
criminales; b) agravaría el daño a la salud
individual y colectiva; c) incrementaría el costo social;
d) disminuiría la productividad; e) atentaría
contra la cohesión familiar y social; f) lesionaría
el derecho de terceros a la salud y a la seguridad; y g) no
acabaría con el narcotráfico ni con los delitos que
genera.
Ventajas de la Legalización de la
marihuana en el Perú
Hoy en día la democracia respecto al problema del
TID, juega un papel importante y protagónico para hacer
frente al Narcotráfico, la legalización se puede
dar en nuestro País, pero en forma paulatina.
De impulsar una política tolerante en
nuestro país respecto a las drogas, se estará
pensando principalmente en el de marihuana, una droga que tiene
efectos menos perjudiciales en comparación con otras
sustancias prohibidas. Sin duda alguna, cualquier tipo
de droga, tanto legal como ilegal, tiene un efecto perjudicial
para la salud, háblese de tabaco, alcohol, café o
Cannabis. Es necesario apoyarse de la ciencia para conocer
los efectos nocivos de cada una de las drogas, en especial la
marihuana. Una de las experiencias internacionales en
esta materia sería el caso de Holanda, país en el
cual desde los años 70 implementó una
política tolerante hacia el consumo de marihuana y
actualmente discute la posibilidad de permitir el consumo de
otras sustancias como la cocaína y el
éxtasis.
¿Cuál es la sustancia que más se
consume en nuestro país? A saber, según datos de la
Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la marihuana es la
droga más consumida en nuestro país, que
además ha reportado un aumento en su consumo respecto a
los años anteriores. No obstante, este panorama no es
exclusivo de Perú puesto que según datos del
Informe Mundial Sobre las Drogas 2009 (IMSD2009) la
marihuana y el cannabis son la droga más consumida en todo
el mundo, por lo cual constituye el mayor mercado de
drogas ilícitas; casi el 90% de países y
territorios la producen, se encuentra estimada entre un total de
13.300 toneladas métricas y 66.100 toneladas
métricas. Según Datos del IMSD2009 la
mayoría de las incautaciones de marihuana en el mundo
durante el 2007 fueron en Perú (39%) y junto con
Estados Unidos conformaron el 65% del total incautado, lo que los
sitúa en los dos países con mayor mercado de
marihuana en la tierra.
Investigaciones recientes han demostrado que el
consumo de marihuana, considerado como un problema de
salud en comparación con otras drogas permitidas, por
ejemplo el alcohol y la nicotina, no es tan
preocupante, pues hasta el momento, se han registrado
mayores efectos nocivos por su consumo que por el de Marihuana.
En una nota publicada por el New York Times, se argumenta que el
Dr. Jack E. Henningfield del Instituto Nacional sobre Abuso de
Drogas (NIDA) y el Dr. Neal L. Benowitz de la Universidad de
California en San Francisco construyeron cinco indicadores
(Retiro, Refuerzo, Tolerancia, Dependencia e Intoxicación)
con los que se puede medir bajo una escala de 1 a 6 la
problemática de la adicción, donde 1 es más
grave y 6 menos grave. Para ello tomaron como punto de referencia
6 sustancias (Marihuana, Heroína, Cocaína, Alcohol,
Cafeína y Nicotina) dentro de las cuales la
marihuana fue calificada como una de las menos
perjudiciales.
Conclusiones
1. Al no estar legalizada la producción,
venta y consumo de las drogas en nuestro ordenamiento
jurídico, podemos concluir que el narcotráfico
atenta contra la soberanía, la democracia y el estado
de derecho, además de violentar los derechos
más elementales del ser humano, repercutiendo de
manera muy negativa en el ámbito
económico.2. En el contexto de la legislación
comparada, el Tráfico Ilícito de Drogas
constituye una amenaza a la seguridad, en el que concurren
tanto la intención de perjudicar al Estado y la
capacidad de afectarlo.3. En nuestra opinión, por ahora, la
legalización de todas las drogas en nuestro
país no es lo más recomendable, pero
legalizar la producción, venta y consumo de
marihuana podría ser un paso conveniente para
empezar a combatir la criminalidad del narcotráfico,
poniendo fin a los cárteles y otras actividades
delictivas como el terrorismo, tráfico de armas, trata
de personas, corrupción de funcionarios; de tal manera
que el dinero que se invierte en la represión sirva
para prevenir y rehabilitar, brindado la asistencia
médica y terapéutica a quien lo requiera,
determinando, asimismo, el expendio comercial de drogas en
farmacias, hospitales, sanatorios, clínicas,
ambulancias y servicios especializados, entre otros, que sea
realizado por personal idóneo y con la debida asepsia,
para lo cual se deberá organizar la asignación
y administración estatal de los impuestos, ayudas y
subsidios necesarios.
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