El Caracazo

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Introducción

El "Caracazo", fue una revuelta popular tuvo lugar en el
año 1.989. Las causas que lo determinaron tenían
que ver con la aplicación de una receta de tendencia
neoliberal, cuya punta de lanza fue precisamente el aumento de la
gasolina. Se debe notar que "ni el gobierno, ni el parlamento, ni
los partidos políticos, tomaron en cuenta el
fenómeno en sus verdaderas magnitudes". Hubo una especie
de modus operandi por parte del establecimiento que
consistió en hacer todo lo necesario por placar en el
menor tiempo posible la revuelta popular.

En todo ello el Estado venezolano, a través del
ejecutivo, tuvo un rol primordial, pues el entonces presidente de
turno Carlos Andrés Pérez desplegó un
desproporcionado poder represivo – militar y policial
– que dejó miles de muertos. No cabe duda que,
contrariamente a cuanto suele pensarse, la fractura no se dio
sólo a nivel del gobierno de la época, sino
más bien y sobre todo en el Estado y la percepción
que los venezolanos tenían del mismo.

El
Caracazo

Fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante
el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que
comenzó el día 27 de febrero y terminó el
día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e
iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas.
El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte
de los hechos, recordando a otro

hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de
1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de
febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía
Metropolitana (PM), Fuerzas Armadas del Ejército y de la
Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la
situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300
muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes
extraoficiales hablan de 3500 personas fallecidas.

Antecedentes

La economía venezolana cayó a partir del
endeudamiento que generó el país después del
"boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento,
comenzó una caída paulatina a medida que el Estado
venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto
causó una devaluación de la moneda en 1983. A
partir de entonces las políticas económicas de los
gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi
no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias,
generando desconfianza en las inversiones y pérdida de
credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las
políticas que emplearon estos gobernantes fueron controles
de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un
control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en
corrupción administrativa y mercados negros de divisas y
bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión
privada, generando una escasez gradual.

En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez
en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52, 91%
de los sufragantes), hasta esa fecha, el mayor número de
votos en términos absolutos y hasta la actualidad el mayor
apoyo a un candidato presidencial respecto al total de votantes
inscritos.

Con este gran respaldo popular el gobierno de
Pérez buscó dar un cambio al liberar la
economía, a través de un programa de ajustes
macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete
Económico", concebido para generar cambios sustanciales en
la economía del país. Se anunciaron medidas de
aplicación inmediata y otras de aplicación gradual
en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre
política cambiaria, deuda externa, comercio exterior,
sistema financiero, política fiscal, servicios
públicos y política social. Sin embargo, la
liberación de precios y la eliminación del control
de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las
personas de menores ingresos.

Las Principales Medidas Anunciadas
Fueron:

• Someterse a un programa bajo supervisión
del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener
aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3
años siguientes.

• Liberación de las tasas de interés
activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope
temporal fijado en alrededor del 30%.

• Unificación cambiaria con la
eliminación de la tasa de cambio preferencial.

• Determinación de la tasa de cambio en el
mercado libre de divisas y realización de todas las
transacciones con el exterior a la nueva tasa
flotante.

• Liberación de los precios de todos los
productos a excepción de 18 renglones de la cesta
básica.

• Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual
de las tarifas de servicios públicos como teléfono,
agua potable, electricidad y gas doméstico.

• Aumento anual en el mercado nacional durante 3
años de los precios de productos derivados del
petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el
precio de la gasolina.

• Aumento inicial de las tarifas del transporte
público en un 30%.

• Aumento de sueldos en la administración
pública central entre el 5 y el 30% e incremento del
salario mínimo.

• Eliminación progresiva de los aranceles a
la importación.

• Reducción del déficit fiscal a no
más del 4% del producto territorial bruto.

• Congelación de cargos en la
administración pública.

A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces
presidente Pérez, se decide poner en práctica de
manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas
económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el
ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de
los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del
transporte público urbano e inter-urbano también en
un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses
siguientes, después de los cuales podrían
aumentarse hasta el 100%.

Las medidas económicas y sociales impuestas por
el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre
y la ola de violencia llamada como el "Caracazo".

Protestas y saqueos

Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a
15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de
1989, también se desatan los saqueos y la violencia en
Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas
populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el
control de las calles. Los canales de televisión
transmitían en vivo los hechos, al principio en los
sectores populares había protestas pacíficas, pero
ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad,
se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada
vez tornándose de forma más violenta.

En horas de la tarde, había problemas en casi
todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios
habían cerrado y el transporte público no prestaba
servicio.

En los días siguientes, los medios de
comunicación mostraron imágenes que permitieron ver
la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se
discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en
Venezuela.

Protestas violentas también se originaron en
otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto,
Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró
el toque de queda, militarizó las ciudades principales y
aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la
ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el
cual confería al Ejército la custodia de la ciudad,
habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento
de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de
fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes
de policías y militares fueron incomparables con las
muertes de civiles.

Hay un número de muertos, calculado según
las fuentes, entre 73 y 100 muertos, enormes pérdidas
materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales
señalaron que el número de muertos fueron de 400.
La represión fue especialmente dura en los barrios pobres
de la capital.

El poder ejecutivo suspendió las garantías
constitucionales. Durante varios días la ciudad
vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de
alimentos, la militarización, los allanamientos, la
persecución política y el asesinato de personas
inocentes.

Consecuencias

La consecuencia evidente del Caracazo fue la
inestabilidad política. El programa de gobierno fue
modificado durante el mismo año tras los hechos. El 7 de
marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el
proceso de descentralización con la primera
elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en
diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de
estado, uno en febrero y otro en noviembre.

La creciente desaprobación de la gestión
del Presidente Pérez, la ruptura con el partido
Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos,
tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en
forma atenuada fuera rechazado. En marzo de 1993 el Presidente
Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción
y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por
decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional)
Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael
Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo
Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona
golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la
rebelión militar, siendo encarcelado y luego
Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual
gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó la actuación del gobierno. El Estado se
comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho
cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas
víctimas representadas por la organización de
derechos humanos Cofavic.3 Sin embargo, a finales de 2006 el
gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del
Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos
para indemnizar también a las víctimas que no
tuvieron acceso a la Corte Interamericana.4

En 2005 se estrenó en los cines venezolanos "El
Caracazo", una película dirigida por Román
Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del
mismo.

Cifras

Muertes: Según la cifra oficial emanada por el
gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron
un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios
desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin
embargo, estos números de víctimas quedaron
desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes
como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde
aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista
oficial. "Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos
en estos sucesos", según se cita en el portal del
Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de
los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros
días de marzo de 1989.

En esta organización no gubernamental sólo
se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras
tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la
cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días
posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de
entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces
ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más
de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores,
Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan
que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero
alcanzan proporciones que las acercan al más brutal
genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años
después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó
al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas
asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por
Cofavic.

Todavía no se conoce el número exacto de
muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y
marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su
mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez
reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el
año 2006, a través de su Ministerio de Interior y
Justicia, anunció mecanismos para indemnizar
también a las víctimas que no tuvieron acceso a la
Corte Interamericana.

Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en
Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas:
Se estiman más de 3 mil millones de
Bolívares.

Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos,
95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de
Mercancía en General.

Incendios en Caracas: 154

Personajes

Carlos Andrés Pérez, Presidente de
Venezuela por Acción Democrática (febrero de
1989 – mayo de 1993), Comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, gobernante durante los hechos.
Gral. de División (Ej) Italo del Valle
Alliegro, Ministro de la Defensa. Citado en calidad de
Imputado por el Ministerio público para el 22 de junio
de 2009.
Gral. de División (Ej) José
María Troconis Peraza Comandante del Ejército
(junio de 1988 – junio de 1989)
Alejandro Izaguirre Angeli,, Ministro de Relaciones
Interiores
Virgilio Ávila Vivas, Gobernador del Distrito
Federal (2 de febrero de 1989 – enero de 1992) designado por
el presidente Pérez.
Gral. Manuel Antonio Gil, Comando Estratégico
del Ejército
Gral. Manuel Heinz Azpúrua, para el momento
de los hechos, era Jefe del Comando Estratégico del
Ejército, posteriormente fue Director de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (Disip). Imputado por el Ministerio
Público el mes de junio de 2009.
Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, Comandante del
Regional 5 de la Guardia Nacional.
Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de la
Secretaría de la Presidencia.
Gral. Oscar González Beltrán, jefe de
la Casa Militar.
Miguel Rodríguez Fandeo, Ministro de
Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y
Planificación de la Presidencia), responsable de la
planificación económica.

Conclusión

En cuanto al "Caracazo" fue producto del incumplimiento
de las promesas electorales, la corrupción, deterioro de
condiciones de vida de los sectores populares al implantar una
serie de medidas económicas sin tomar en
consideración la realidad de estos, sino simplemente
realizar un gobierno con prácticas neoliberales tales como
en el segundo mandato de ese entonces el presidente Carlos
Andrés Pérez, esta práctica condujo a la
frustración en varios sectores de la
población.