La gerencia social desde la institucionalidad del orden mundial capitalista

Del Estado
"benefactor" a los Programas de Ajuste Estructural
(PAE)

En el tiempo del Estado benefactor la política
social era responsabilidad exclusiva del Estado. Éste
mediante sus ministerios y bajo un enfoque centralista
diseñaba, financiaba, ejecutaba y evaluaba los proyectos y
programas sociales, dentro de marcadas diferencias entre nuestros
países en América latina y el Caribe.

Al entrar en crisis el Estado benefactor o interventor,
las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) asumieron,
por cuenta propia, diseñar e instrumentalizar las
políticas y las estrategias en todos los órdenes de
la vida social, económica, política e
ideológica de nuestros pueblos. Impusieron, de este modo,
una nueva concepción para la realización de las
políticas sociales y la prestación de servicios
sociales básicos. Esa nueva concepción tiene como
características esenciales:

• La centralidad empresarial privada

• La toma de decisiones y la asignación de
  recursos por los equipos propios de las instituciones
  financieras instalados en cada país

• La recuperación de costos

• La asignación de subsidios a la demanda a
  través de diversos programas etarios y la entrega
  directa de dinero

• La focalización de beneficiarios

• La evaluación costo-beneficio en lugar de
  costo-impacto social.

Todo esto en el contexto de la imposición del
modelo neoliberal, el crecimiento macro económico y la
"inclusión social".

Contra todo lo que se diga, los propósitos
centrales de este modelo son:

• Regular los programas sociales según el orden
  mercantilista impuesto por las IFIs

• Neutralizar la organización política
  de los más pobres

• Generar una nueva clase media apolítica y
  desinformada

• Orientar los programas sociales en función de
  los intereses de los inversionistas privados
  extranjeros

• Esterilizar las demandas sociales por un orden
  más justo y redistributivo

• Estigmatizar las protestas de grupos organizados por
  sus demandas

• Ocultar las posibles fuentes de producción de
  demandas sociales

• Evitar la toma de conciencia sobre necesidades
  sociales, a través de la ideologización de la
  población con programas educativos de diverso
  tipo.

En América latina, son los gobiernos que
conforman la Alianza del Pacífico

(Perú, Chile, Colombia y México) los que
de manera explícita y agresiva vienen ejecutando los
preceptos neoliberales. Algunos, como Chile y México,
desde la década de los 80", cuando aún no se
había creado ese organismo.

Desde entonces, existe en estos mismos países una
fuerte movilización ciudadana, social y política en
torno a políticas sociales menos excluyentes y
discriminatorias. Igual en Perú y en Colombia.

No obstante, sus gobiernos están empeñados
en llevar hasta sus últimas consecuencias los Programas de
Ajuste Estructural que traducen las exigencias del "Consenso de
Washington" impuestas por FMI y el BM, a fines de los
80".

Esto, ha marcado la polarización de la sociedad y
una mayor desigualdad económica y social entre pobres y
ricos.

Paralelamente, esos gobiernos han impuesto, vía
la represión y el terror, las exigencias del BM, del BID y
de la USAID, para la modernización de la gestión
pública y privada.

Esta modernización supone mecanismos
mercantilistas para la organización y
gestión de servicios sociales. Entre
éstos:

• Su regulación corporativa

• La aplicación de tasas o precios
  públicos por la prestación de
  servicios

• La contratación externa para la
  provisión de bienes y servicios

• La transferencia del poder de compra a los
  consumidores a través de diversos programas
  asistencialistas como "Pensión 65", "Programa Juntos",
  "Beca 18", y otros, en el caso peruano. Igualmente, a
  través de la extensión de ofertas y
  oportunidades de consumo electrónico direccionado en
  poblaciones del área rural y urbano
  marginal.

En la administración pública la nueva
orientación, que ya tiene en el Perú más de
veinte años, impone la adopción de prácticas
y técnicas provenientes del llamado "gerencialismo" con el
objetivo de mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos
estatales:

• Gestión por resultados de los programas y
  proyectos sociales

• Control centralizado por las IFIs y el Ministerio de
  Economía

• Mejoramiento de la calidad total en la
  gestión de políticas sociales.

Para este efecto, el BID, a través de su
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social INDES, con
sede en Washington, elaboró la llamada "Caja de
Herramientas de Gerencia Social". Esta reúne un conjunto
de instrumentos para el diseño, ejecución y
evaluación de proyectos y programas sociales. Son
principalmente:

1. Análisis del entorno

2. Análisis de los involucrados

3. Construcción de escenarios

4. Planificación estratégica con Marco
Lógico

5. Preparación de programas y
proyectos

6. Seguimiento y evaluación

7. Manejo de conflictos

8. Promoción y facilitación de la
participación

9. Diseño y coordinación de redes
interinstitucionales

10. Diseño y gestión de la
descentralización

La Gerencia
Social (GS)

A pesar de la existencia de métodos e
instrumentos de GS, aún subsiste el debate de si se trata
de un modelo de gestión, una técnica de control, o
una manera de formular y evaluar proyectos sociales.

Para la CEPAL, organismo perteneciente a la
institucionalidad del orden mundial capitalista, que
instrumentaliza la ONU, dice:

"La gerencia social puede ser entendida como el conjunto
integrado de principios, prácticas y técnicas que
permiten mediante su aplicación producir cambios
significativos en al menos una condición de bienestar en
la población, mediante el uso efectivo y racional de
recursos".

"Los principios que orientan la GS son: el impacto, la
equidad, la focalización, la articulación, la
flexibilidad y la participación social".

Bernardo Kliksberg, uno de los divulgadores de
la ideología neoliberal y del asistencialismo
institucional con cargo a una mayor deuda externa, dice por su
parte:

"La gerencia social eficiente tiene que ver con
optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales
en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de
la región, y el mejoramiento del funcionamiento y
resultados de la inversión en capital humano y capital
social".

Como es fácil deducir, para las instituciones del
orden mundial capitalista (financieros o de asistencia y
cooperación) como para sus empleados y consuetudinarios
divulgadores, lo que los gobiernos deben asegurar para sus
políticas sociales, es mayor inversión proveniente
de la llamada "ayuda" internacional y que ésta se gaste
eficientemente en todo aquello que garantice la seguridad de la
inversión privada extranjera en nuestros territorios y la
expansión de sus "lucrativos" negocios.

Hacia un cambio de
mentalidad

Desde que los españoles llegaron a interrumpir el
proceso de nuestro desarrollo, el principio judeo-cristiano de la
"caridad" se impuso como parte de nuestro
colonialismo.

El ideario independentista no fue ajeno a ese
principio.

Durante la República, nuestros advenedizos y
obsecuentes gobernantes, cada a uno a su turno, se sumaron a la
impronta de la "caridad", ahora impuesta como "ayuda" por EEUU,
como país hegemónico.

Las políticas asistencialistas
impuestas a nuestros pueblos los EEUU, desde la fundación
de la Naciones Unidas y de su institucionalidad financiera (el
FMI, el BM) y de la OEA y su aparato financiero, el BID,
sólo han servido para empobrecer la tierra y arruinar la
agricultura y ganadería; secar nuestros ríos y
lagunas extinguiendo la pesca de numerosas especies; extraer
nuestros principales recursos naturales forestales, marinos,
mineros, petrolíferos, gasíferos, por los "socios
inversionistas" del BM, del BID y de la USAID pertenecientes a
los países "no prestatarios" (EEUU, Canadá,
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del
Sur, Israel, Nva. Zelanda, China). Como producto de las
políticas y los programas sociales que impone la
institucionalidad financiera internacional y que ejecutan sus
"socios inversionistas" y los propios Estados, hemos aprendido y
seguimos repitiendo que el desarrollo sólo es posible
gracias a la inversión extranjera que impone sus
condiciones y que debemos respetar en nombre de la
Constitución y del Estado de derecho.

Existe el convencimiento de que la inversión
extranjera genera riqueza, brinda oportunidades de empleo, y
"erradica" la pobreza. Esta certeza ha permitido que más
del 65% de nuestro territorio lo ocupen empresas extranjeras
cuyas actividades de extracción y explotación de
nuestros recursos se regulan por leyes internacionales que
manejan la ONU (BM), la OEA (BID) y el Departamento de Estado de
los EEUU (USAID). En el 99% de ese territorio invadido y
neo-colonizado, están los más altos índices
de pobreza extrema.

Cada una de estas instituciones tiene sus propios
planes, programas y proyectos en función de los intereses
de la seguridad norteamericana y de los negocios de sus "socios
inversionistas".

Éstos, a su vez, ejecutan diversos proyectos de
producción y asistencia agrícola, ganadera,
forestal, alimentarios, de salud, educativos, de pequeñas
y micro empresas, sin mayor continuidad y sostenibilidad una vez
que acaba su "inversión".

El único efecto del que dan cuenta todos
los programas y proyectos de los "inversionistas" extranjeros,
socios del BM, del BID o de USAID, en nuestros países, es
la alienación creciente de las poblaciones implicadas, la
desculturización, la des-identificación y el
desarraigo social que genera flujos migratorios masivos con el
consiguiente abandono del campo y el superpoblamiento de las
ciudades.

Superar la tara de la mendicidad, que supone que la
"ayuda" externa de los organismos internacionales es una
oportunidad para salir de la situación de miseria y
exclusión, es responsabilidad de la Gerencia
Social.

Ésta debe ser entendida como posibilidad para
"empoderar" a los actores sociales implicados, de un sentido y
significado político de la "ayuda" que reciben.

Esto equivale a otorgarles capacidad
movilizadora a los proyectos de "responsabilidad social" que
llevan a cabo los "inversionistas" extranjeros en nuestro
territorio.

Deben servir para desarrollar "capital social" desde el
convencimiento de que no sólo es importante lo que
recibes, sino de quién lo recibes.

Esto, marca la necesaria e ineludible diferencia que hay
que establecer entre la noción de "capital social" que
pretenden las IFIs, y sus "socios inversionistas", orientado a
lograr la adhesión y colaboración de los pobres
para empobrecerlos más y la noción que propongo de
que no existe posibilidad alguna de conciliar los intereses
contrapuestos de los que vienen a llevarse nuestras riquezas y de
los que nos quedamos sin recursos ni posibilidades futuras de
vida y de crecimiento.

No es posible conciliar intereses entre quienes vienen a
hacer "sustentables" sus empresas y quienes debemos asegurar la
"sostenibilidad" de nuestros recursos para nuestras futuras
generaciones.

Asumir este reto implica no sólo un
desafío conceptual y metodológico para el
tratamiento de los instrumentos y la metodología de la
Gerencia Social, sino claridad política e
ideológica.

Implica, igualmente, riesgos que un gerente, un
trabajador social, un economista, un médico, un educador,
un sociólogo, un administrador de empresa, debe asumir
cuando opta por una ocupación laboral en las empresas
depredadoras que operan en nuestro medio.

No es fácil asumir una tarea así de
comprometedora, cuando está de por medio mi carrera, mi
salario, mi status. Estas son, sin lugar a dudas, las variables
que una situación de neocolonialismo y de servilismo,
aceptada por nuestros gobernantes, ha permeabilizado, poniendo a
nuestros profesionales a merced del canibalismo laboral de
empresas y ONGs que viven para el mercantilismo del
lucro.

Esta es una situación que no se puede eludir,
pero sí contribuir a revertir desde una posición
clara de trabajo social con sentido liberador y para la
movilización social. Esto es, para generar
institucionalidad alternativa.

No podemos sustraernos a la inversión privada,
pero nada autoriza a ésta a depredar nuestros recursos, a
enajenar a nuestros hombres y mujeres, a adiestrarnos a vivir con
la amenaza permanente de que si nos oponemos al saqueo y la
muerte por inanición y sed, somos terroristas.

La inversión extranjera no es una fatalidad que
hay que aceptar. No es inmanente. Sirve para enfrentar nuestras
carencias de capital monetario, de tecnología, de algunos
insumos.

Pero la única posibilidad del desarrollo de
nuestros pueblos, empieza donde termina la injerencia
política e ideológica del capital. Por eso los
países que marcan la avanzada del desarrollo independiente
de sus economías y de sus pueblos, tratan de una manera
diferente al capital extranjero.

Fijan su presencia desde una posición de
autonomía y de preservación del entorno y del medio
ambiente natural y social; establecen plazos que aseguren la
sostenibilidad de los recursos y la transferencia
tecnológica y el empoderamiento; exigen el pago
conveniente de los impuestos y regalías implicados;
enmarcan los diferendos o posibles litigios dentro de las leyes y
el orden judicial nacional.

Entregar lo que es ejercicio propio de la
soberanía de un pueblo a instituciones pseudo
representativas, como la ONU, la OEA, la OMC, que sirven a los
intereses de las grandes corporaciones internacionales y al
imperio norteamericano, evidencia la decrepitud y decadencia de
nuestros gobernantes.

Nuestra pertenencia a esas instituciones responde a las
condiciones de sometimiento y de dictaduras militares en las que
se encontraban nuestras sociedades al término de la
Segunda Guerra Mundial cuando EEUU, como único vencedor de
una contienda que alimentó con armas a uno y otro bando,
se erigió como único gendarme del mundo.

Desde entonces, todo cuanto "piensan" y hacen nuestros
gobernantes lo leen en los manuales del BM, del BID, de
USAID, sobre políticas, estrategias, ayuda, negocios,
crecimiento, gestión, gerencia, gobernabilidad,
inclusión social, planificación,
focalización, capital social, capital humano,
participación, educación, salud, vivienda,
producción, infraestructura, medio ambiente. TODO,
absolutamente TODO, lo que necesitan para manipular al pueblo y
permanecer como guardianes de un poder que no tienen ni pueden
ejercer.

Bueno es recordar, en este sentido, que en los
"Documentos de Santa Fé" que produce la Agencia Central de
Inteligencia (CIA), se precisa claramente que lo que garantiza el
orden mundial capitalista y la hegemonía norteamericana
sobre los pueblos que constituyen su "patio trasero" en
América latina y el Caribe, es el financiamiento y control
de las instituciones fundamentales de un Estado: sus cuatro
poderes (legislativo, ejecutivo, judicial y electoral) con todos
sus órganos de administración y funcionamiento; sus
fuerzas armadas, sus instituciones básicas (familia,
escuela, universidad, iglesia), sus ONGs. Lo que en la jerga de
esa agencia del terror y la muerte, se llama "el régimen
permanente". Tal, en última instancia, el sentido y
significado de la "ayuda" internacional. Desde esta perspectiva,
la Gerencia Social, sirve para hacerla viable, eficaz y
eficiente.

Retomando la idea
de capital social

Entender la Gerencia Social como posibilidad para el
desarrollo de capital social obliga a un replanteamiento
conceptual y metodológico.

Desde la visión del inversionista extranjero que
hace "negocios lucrativos" en nuestro medio, como desde el Estado
paternal y asistencialista, la GS debe asegurar servicios
orientados a suplir las carencias de las personas. Esta
perspectiva privilegia la oferta, vale decir, el mercantilismo;
no el mercado.

Al centrar la acción gerencial en sus carencias,
se enfatiza los satisfactores que los sujetos no poseen buscando
la reacción mecánica del adiestramiento como cuando
se amaestra un perro o un elefante en un circo. Tras el bocado,
éste responderá a la orden. Tras la "ayuda" todos
los que la reciban estarán, no sólo dispuestos,
sino que responderán negativamente frente a cualquier otra
posibilidad que les signifique algún esfuerzo distinto de
acción o de reflexión.

La inmediatez de los satisfactores a carencias sentidas
inhabilita la condición humana, la inteligencia, las
potencialidades, el conocimiento, la acción.

La GS orientada al desarrollo de capital social
debe estar orientada a producir efectos en el pensar del
actor social, en su mente, su entendimiento, su
comprensión de la realidad y los problemas que vive
cotidianamente.

Debe procurar, igualmente, impactos: cambios
que el actor social pueda realizar consigo mismo, en su entorno
inmediato, en su hábitat, en sus interacciones, gracias a
un mejor entendimiento de su realidad y sus problemas.

Si el actor social no desarrolla una forma distinta de
relacionarse consigo mismo, con sus pares, con su empleador, con
su medio, la GS no está alcanzando el propósito de
procurar capital social.

La medida de su logro está en el rol
protagónico que el actor social asuma en sus interacciones
para procurarse los satisfactores a sus necesidades; en la
producción de los bienes y servicios pertinentes; en su
capacidad y derecho a opinar y a elegir sobre la calidad de los
satisfactores; en saber negociar la prestación de su
fuerza de trabajo; en establecer los límites a una oferta
impuesta que homogeniza carencias y distorsiona
necesidades.

La racionalidad instrumental de la GS que imponen las
instituciones financieras y sus "socios inversionistas" genera
resistencias a la participación comprometida y
movilizadora de los sujetos.

Busca la pasividad y el acomodamiento; la obediencia y
el conformismo; la inercia antes que el movimiento.

Los sujetos tienden a obtener ventajas a costa de sus
pares desvirtuando los vínculos de solidaridad y de ayuda
mutua. El egoísmo y la competencia se sitúan por
encima de la reciprocidad. El individualismo, por encima del
colectivismo.

La GS como posibilidad generadora de capital
social se opone a la de "capital humano", usualmente puesta
de manifiesto por las instituciones financieras para referirse al
hombre, como factor de producción, que genere
rentabilidad. Esto es, productividad con el menor
salario.

Una empresa es rentable cuanto mayor "capital humano"
sobreexplotado tiene. Asegurar "capital humano" implica poner la
fuerza de trabajo del hombre a la par del trabajo que puede hacer
una maquina movida por una computadora. Dada su imposibilidad, lo
que resta es la sobreexplotación de la fuerza de
trabajo.

Tratándose de la GS como función de
política social la noción de "capital humano", en
tanto recurso productivo y rentable para beneficio ajeno, debe
ser revisado.

A las IFIs y sus "socios inversionistas" les interesa el
"capital social" como población del entorno de los
proyectos, o de involucrados, a los que hay que inmovilizar a
través del asistencialismo y/o de las actividades de
responsabilidad social.

Lograr su adhesión al proyecto, su
aceptación y colaboracionismo, es lo que le da sentido a
sus políticas y estrategias. Así, la
denominación de "beneficiario", "usuario" e incluso
"cliente", es el que mejor se ajusta a este
propósito.

ONGs y Gerencia
Social

Las relaciones de las ONG con la institucionalidad del
orden mundial capitalista no se limita a los beneficios que les
reporta medrar de la "ayuda" externa proveniente del BM, del BID
o de USAID, o de servir de soporte a la acción depredadora
y enajenante de los "socios inversionistas" de estas
instituciones y/o de sus subsidiarias.

Lo cuestionable es la influencia que ejercen con sus
prácticas gerenciales sobre el pensamiento de las
poblaciones implicadas en su acción, perennizando
políticas de manipulación y de
ideologización.

Las ONG realizan, antes que una adaptación o
contextualización de los instrumentos y metodología
de la GS, su aplicación mecánica y
oportunista.

Esto no sólo ha provocado frustración y
mayores niveles de descomposición social en el campo y en
áreas urbano-marginales, sino un enorme despilfarro de
recursos y capacidades y el enriquecimiento de sus promotores o
socios fundadores.

En general, cuando se habla de ONGs se alude a tres o
más personas que son las que constituyen su núcleo
originario y directos beneficiarios de los financiamientos a los
que acceden gracias a los contactos previamente establecidos con
funcionarios de las instituciones anteriormente citadas que se
encargan de "calificarlos".

Se trata de ex-funcionarios del Estado o de consultores
o empleados de las instituciones financieras que deciden
"independizarse" para "servir mejor" a la causa del desarrollo,
los derechos humanos, el medio ambiente, la
ciudadanía.

Huérfanos de formación y
calificación para las funciones con las que crean sus ONG,
sus promotores encuentran fácilmente el personal que se
encargue de concretar sus tareas y objetivos.

La exigencia básica es fidelidad y obsecuencia.
No importa cuán bien se haga el trabajo mientras se
asegure mantener a las poblaciones implicadas en la
inacción que supone el asistencialismo conservador y
reaccionario.

Últimamente, el crecimiento y
diversificación de las ONG ha cobrado un ímpetu
inesperado gracias a la acción que desarrollan diferentes
organismos vinculados al orden mundial de la sedición y el
terror y que operan en nuestro medio bajo el paraguas de la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo, y a favor de los
derechos humanos, la seguridad ciudadana, la protección
del medio ambiente, la gestión de recursos, la
asesoría y consultoría especializadas, la
gobernabilidad, la reforma del Estado, la prevención de
conflictos, la participación política y la
educación cívica, la ciudadanía, la
educación y capacitación.

Se habla incluso de la creación de consorcios y
uniones entre universidades, mineras, bancos, ministerios,
gobiernos regionales, municipios supermercados y ONGs, para
atender los requerimientos de poblaciones vulnerables en la lucha
contra el crimen organizado, la violencia callejera, la
contaminación ambiental, la violencia de género, la
prostitución infantil, el bullyng.

Cómo entender la GS en estos campos de
acción, es tema que no les preocupa mayormente a los
emprendedores generadores de ONGs en todo el país y en
general en toda América latina y el Caribe. Tampoco parece
importarles que detrás de los ensayos corporativistas, que
se regulan por el lucro, se incuban los regímenes
fascistas.

Aquí dejaré planteada la cuestión
con el único señalamiento de que la GS no puede
confundirse con las prescripciones legales desfasadas de la
realidad y de la historia (no tan reciente) de la
migración, la marginación, la desocupación,
el abandono, el hacinamiento, el hambre, la violencia
institucionalizada del Estado, el terror.

*Sociólogo y educador peruano. Consultor
internacional de proyectos de desarrollo. Ejerce la docencia de
postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Lima-Perú. Ha publicado, entre otros, libros y
artículos sobre temas de gestión empresarial,
fortalecimiento organizacional, reingeniería de procesos,
formulación y evaluación de proyectos,
planificación estratégica, gestión y
gerencia social. Es post-doctorado en Filosofía,
Política e Historia de las Ideas en América Latina
por la Universidad del Zulia de Venezuela.

Autor:

Rubèn Ramos*