La historia del petróleo en Venezuela

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PARA CITAR ESTE
DOCUMENTO:

GIUSSEPE, Andrés R. (2011).
Petrodiplomacía y Economía en Venezuela. Un
análisis retrospectivo y prospectivo de las relaciones
comercio-petroleras venezolanas. Editorial Académica
Española (EAE). ISBN- 978-3-8454-8102-9.
Alemania.

Introducción

Son muchas las interrogantes que en la actualidad se
ciernen sobre el futuro del Sistema petrolero internacional, de
la función de los países poseedores de las mayores
reservas petroleras y los elementos que permiten su
explotación y posterior oferta. Asimismo, mucho se ha
escrito sobre la industria petrolera venezolana y su incidencia
en el mercado petrolero mundial. La mayoría de las veces
son estudiadas desde el plano económico,
específicamente, desde la repercusión de los
ingresos provenientes de las exportaciones petroleras en los
indicadores macroeconómicos y en los niveles de desarrollo
económico de Venezuela.

En ese orden de ideas, la mayoría de los
analistas que opinan públicamente sobre las
potencialidades petroleras de Venezuela, toman en cuenta las
variables reservas, producción y exportaciones desde un
punto de vista comparativo con el total mundial, gracias al apoyo
de las estadísticas suministradas por organismos oficiales
tales como el Ministerio del Poder Popular para la Energía
y Petróleo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), algunas
compañías petroleras transnacionales, la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), la Agencia Internacional de
Energía (AIE) u organismos oficiales
estadounidenses.

Esos análisis son alimentados por distintas
abstracciones teóricas y evidencias empíricas que
terminan ubicándose, tarde o temprano, en una de las dos
líneas ideológicas que han marcado el debate
petrolero venezolano: 1) los que defienden la tesis del
crecimiento del Producto Interno Bruto basado en la
expansión de la producción petrolera y la
colocación de mayores volúmenes de petróleo
en el mercado petrolero mundial, sin considerar o
restándoles importancia, a los niveles de los precios de
la cesta petrolera venezolana; y 2) los que defienden la tesis de
la futura escasez del petróleo y su importancia en el
futuro inmediato, para la cual establecen como condición
la defensa de los precios del petróleo, que
consecuentemente reportan mayores beneficios para los
países productores por cada barril de petróleo, en
forma de crudo o productos, colocados en el mercado.

En esta versión corta del libro
"Petrodiplomacia y Economía en Venezuela" se
analiza el pasado de la política petrolera venezolana por
medio de un relato monográfico de sus antecedentes
históricos desde el año 1918 hasta el 2000, la cual
es soportada con estadísticas del sector petrolero y de la
economía nacional, que de forma cronológica y
comparativa, permiten visualizar su evolución de Gobierno
a Gobierno. Asimismo, se hace una breve descripción del
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de
Hidrocarburos vigente, la cual es considerada en este estudio
como la ley que revolucionó la industria petrolera
venezolana, y también del Plan Siembra Petrolera
2005–2030. Es ver la evolución sistémica del
manejo del negocio petrolero y su importancia para los
venezolanos.

Se tomaron consideraciones teóricas que explican
la dinámica existente en el Sistema petrolero
internacional, de la cual Venezuela es un actor fundamental, de
autores como Aníbal Martínez (1997 y
2000)[1], Efraín Barberii
(1998)[2], Rafel Zanoni (2002)[3],
Emilio Figueroa (2006)[4], Carlos Mendoza
Potellá (2006)[5], Luis España
(2003)[6] y Álvaro Silva Calderón
(2006)[7], entre otros. Asimismo, referencias
teóricas sobre las relaciones internacionales de autores
como Edward Azar (1980)[8] y Solomon Polachek
(2004)[9].

Estas teorías fueron asociadas y analizadas desde
la óptica del comercio de hidrocarburos, partiendo del
principio del desarrollo de relaciones pacíficas entre los
actores internacionales como un mecanismo para promover el
comercio internacional. De ahí que, se consultaron una
serie de bases de datos de carácter cuantitativo y
cualitativo, que sirvieron de fuente primaria, para la
recopilación de información de los eventos de
estudios: política exterior, política petrolera e
indicadores macroeconómicos.

Dr. Andrés R. Giussepe
A.

agiussepe@gmail.com

El
pasado

LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS
PAÍSES PRODUCTORES CONTRA LAS
CONCESIONARIAS

El petróleo es uno de los bienes más
estratégicos de la sociedad moderna. Ha representado un
recurso energético importante para el desarrollo de la
economía mundial. Todos los países requieren de lo
que se conoce como el "oro negro" para poder transportar sus
bienes materiales y animales, así como a sus habitantes en
el interior o hacia afuera de su territorio. También es
utilizado para generar electricidad y para la producción
de miles de productos manufacturados, obtenidos gracias a la
petroquímica.

Los países sin reservas petroleras o aquellos
cuya producción petrolera no les alcanza para satisfacer
sus necesidades internas, tienen que diseñar
políticas geoestratégicas que les garantice el
suministro permanente para poder impulsar sus sectores
productivos. En la actualidad, tanto los distintos gobiernos como
las compañías transnacionales están
conscientes de lo indispensable que es este recurso natural no
renovable, y sus estrategias geopolíticas giran en torno a
los países productores con excedentes para la
exportación.

A inicios del siglo XX los principales focos de
producción petrolera del mundo eran los siguientes:
Estados Unidos, México, Medio Oriente, Venezuela e
Indonesia. El petróleo de Venezuela, Medio Oriente e
Indonesia era explotado mayoritariamente por dos
compañías europeas: la British Petroleum y la Royal
Dutch Shell. Estas dos compañías junto a las
estadounidenses Standard Oil de Nueva Jersey (Esso), la Standard
Oil de Nueva York (Socony-Mobil) y la Standard Oil de California
(Socal-Chevron), la Texaco y la Gulf Oil conformaron el
Cártel Internacional del Petróleo en 1928, conocido
popularmente como las Siete Hermanas.

Estas siete compañías establecieron un
acuerdo que les garantizaba el reparto de la industria y la
comercialización mundial del petróleo. Este acuerdo
de intereses incluía el respeto por los mercados mutuos,
una política secreta de precios, denominada Gulf
Plus[10]y la solidaridad frente a exigencias
o nacionalizaciones, reaccionando inmediatamente conforme a las
circunstancias y en función de sus intereses financiando
boicots[11]e incluso con la injerencia
política[12]

El cártel internacional hasta 1949 llegó a
controlar gran parte del mercado petrolero mundial, el 92% de las
reservas petroleras mundiales entonces estimadas, el 88% de la
producción mundial, el 77% de la capacidad de
refinación, 2/3 de las flotas de buques petroleros y la
totalidad de los oleoductos (Martínez y Vidal,
2001:165)[13].

Fue una lucha ardua que se libró entre los
países productores de petróleo y el Cártel
internacional por el aprovechamiento de los beneficios que se
generan de la explotación y comercialización del
petróleo y por la retribución por concepto de
regalías e impuestos sobre la renta que debían
pagar las compañías a los estados-nación por
llevarla a cabo. En esos tiempos, la violencia, el pacto a
oscuras y las negociaciones leoninas eran los elementos que
marcaban la agenda entre esos dos actores del sistema petrolero
internacional.

LA LUCHA VENEZOLANA POR EL CONTROL DE SU
INDUSTRIA PETROLERA

Desde el principio del siglo XX las grandes potencias y
sus compañías transnacionales al enterarse de las
potencialidades energéticas de Venezuela, sobre todo en
materia de hidrocarburos, comenzaron a incursionar y explotarlos,
aprovechando las debilidades de la economía y los niveles
de atraso educativo y tecnológico. Esto les
permitió a los extranjeros apropiarse y controlar gran
parte de las actividades que se desarrollan en la industria
petrolera nacional hasta finales del año 2001.

Fue una ardua lucha que libraron Venezuela y las
compañías petroleras por el aprovechamiento de los
beneficios que genera la explotación y
comercialización del "oro negro"; donde la violencia, el
pacto y las negociaciones fueron elementos que marcaron la agenda
del último actor. De hecho, Venezuela al no contar con los
recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios
para encargarse de las distintas actividades de la industria
petrolera, se hizo cada vez más dependiente de los grandes
consorcios transnacionales para su funcionamiento. Para
España y Manzano (2003: 23)[14],

El interés progresivo del país por extraer
mayor beneficio de la actividad petrolera choca con los intereses
de las compañías de mantener niveles de renta bajos
y estables, de manera que las leyes de hidrocarburos representan
en este período (inicios del siglo XX) una suerte de
acuerdo entre las partes, significando cada nueva ley el ajuste a
un nuevo equilibrio entre los intereses opuestos de cada
uno.

En este sentido, fue a partir de la promulgación
de la Ley de Minas del 27 de junio de 1918, que la lucha entre el
Estado y las compañías por el control de la
industria petrolera nacional se centró en la
metodología de reparto y el monto de la regalía y
el impuesto sobre la renta a pagar por las últimas. En
esta Ley se dejó establecido que el otorgamiento de una
concesión no confiere la propiedad de los depósitos
que se descubrieran, sino solamente el derecho de explotar las
sustancias. También se establece que la duración de
los títulos será por treinta años, las
rentas superficiales varían de acuerdo con los
volúmenes de producción y la regalía se fija
entre 8% y 15%, de acuerdo con las distancias entre los
depósitos petrolíferos y los terminales. Las
áreas que no se encuentren bajo desarrollo deben
regresarse al ejecutivo antes de los tres años.

Posteriormente, fueron muchas las leyes que se
corrigieron y se redactaron en Venezuela, donde la
obtención de mayores ganancias por parte de las
transnacionales contra un mayor ingreso en forma de rentas e
impuestos por parte del Estado, marcó la pauta de las
discusiones hasta 1976. En términos concretos, durante
más de 70 años los enfrentamientos, las acusaciones
y la violencia mostraron poco a poco, las señales de una
lucha histórica que cuerpo a cuerpo vivieron los
venezolanos en los intentos por el control de su industria
petrolera.

Veamos algunos acontecimientos importantes que
ocurrieron a lo largo del período pre y
postnacionalización petrolera, tomando en
consideración, entre varias referencias, la
compilación de Martínez (2000)[15]
denominada "Cronología del petróleo venezolana
hasta 1999", la cual consideramos una de las
cronologías más completas que se haya realizado
sobre los acontecimientos de la industria petrolera
venezolana.

El 2 de junio de 1921, el Congreso de los Estados Unidos
de Venezuela promulga una segunda Ley sobre Hidrocarburos y
demás Minerales Combustibles. El presidente Gómez,
cediendo a las presiones, permite que representantes de las
compañías petroleras ayuden en la redacción
de la Ley. Se elimina la concesión de permisos de
exploración a los dueños de las tierras. Se
cuadruplica el área permitida para lotes de
explotación, pero las regalías se mantienen en un
15 por 100 pudiendo pagarse en efectivo o especie.

El 9 de junio de 1922 se sanciona una tercera Ley de
Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. El
documento, simple y práctico, intenta resolver las
ambigüedades de la Ley de 1921. Se aumenta el tamaño
de las parcelas de explotación y se extiende su
duración a cuarenta años. Las regalías deben
pagarse basándose en el valor de mercado del crudo puesto
en los terminales de embarque. Todos los títulos recibidos
por compañías americanas se convierten a esta Ley
bastante liberal que, con pequeñas modificaciones,
regulará las actividades de la industria por más de
dos décadas.

En los años 1925, 1928, 1935 y 1936 se
promulgaron una cuarta, quinta, sexta y séptima Ley sobre
Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles donde las
variaciones no eran significativas.

A partir del año 1926 el petróleo pasa a
ser el principal producto de exportación de Venezuela:
3.836.475 toneladas métricas, y la entrada de recursos
fiscales reportan por un valor de Bs. 192 millones, sobrepasando
los ingresos que tradicionalmente se obtenía de la
actividad agrícola, y pasa a ser el motor fundamental de
la economía venezolana.

Es importante destacar, que según España
(2003)[16], para finales de los treinta la
totalidad de las concesiones venezolanas estaban repartidas en
manos de tan sólo tres grandes compañías:
Creole 50%; Royal Dutch Shell 35% y Mene Grande – Gulf Oil
Co. 15 %, lo que evidencia lo monopolizado que se encontraba la
actividad petrolera.

El 13 de julio de 1938, después de dos meses de
violentos debates, el Congreso Nacional sancionó una nueva
Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles,
notablemente diferente de las anteriores. Por primera vez se
establece que el Estado podrá desarrollar actividades
petroleras. Esta Ley impone regalías de hasta el 16 por
100 a las reservas nacionales, un aumento de 400 veces a los
impuestos de exploración y un incremento de cuatro veces
en el impuesto inicial de explotación. El gas natural debe
conservarse y se formula un nuevo método para determinar
el valor de mercadeo de los crudos venezolanos. Dos años
después se promulga el reglamento de esta nueva Ley y el
ministro de Fomento, Manuel Egaña, declara que dicho
reglamento se aplicará por igual a todos los
concesionarios.

A partir de 1939, las relaciones de Venezuela con los
Estados Unidos, su principal mercado exterior, estarían
enmarcadas en el Tratado de Reciprocidad Comercial. En este
Tratado, mientras que a Venezuela se le garantiza condiciones
para la entrada del petróleo a los Estados Unidos, este
último tenía la oportunidad de exportar hacia
nuestro país todos los productos que quisiera sin mayores
restricciones legales ni comerciales. Este Tratado viene a
representar unos de los más leoninos y desventajosos que
atentó contra el progreso económico y social de
Venezuela en los últimos 100 años, por ser
perjudicial a los intereses nacionales y por ser uno de los
determinantes de los niveles de dependencia por las importaciones
de bienes y servicios. Afectaba directamente al empleo nacional,
y por ende, al desarrollo de una industria manufacturera fuerte y
sostenible en el tiempo, que como consecuencia dio inicio al
proceso acumulativo de la pobreza en Venezuela hasta la
actualidad.

En el marco de esta sincronización comercial de
la política exterior venezolana con la norteamericana, en
1950, el primero rompe relaciones con la URSS y Checoslovaquia
(Rodríguez, s/f)[17]. El Tratado de
Reciprocidad Comercial fue prorrogado en 1952 por el gobierno de
Marcos Pérez Jiménez y luego fue denunciado en 1972
por el gobierno de Rafael Caldera.

El 17 de julio de 1942, el presidente Isaías
Medina Angarita recibe poderes extraordinarios por parte del
Congreso Nacional, para asegurar un mejor aprovechamiento de las
actividades de la industria petrolera nacional. Un día
después el Presidente anuncia que la legislación
petrolera se está revisando en función de
asegurarle al Estado una mayor y más justa
participación en las riquezas del subsuelo. Ese mismo 17
de julio se estableció la primera Ley de Impuesto Sobre la
Renta en Venezuela, la cual se haría efectiva a partir del
primero de enero de 1943, en la cual las compañías
petroleras tendrían que pagar impuesto
"cedular"[18] del 2½ % más un
impuesto progresivo según el monto de sus beneficios
líquidos.

En el año 1943, se promulgó una nueva Ley
de Hidrocarburos[19]de corte nacionalista, la cual
logró unificar todos los instrumentos legales que
existieron en Venezuela desde el Primer Código de Minas en
1854[20]Entre los aspectos más importantes
de esta Ley se consideran el incremento de la
participación del Estado en las ganancias a través
de los impuestos y la regalía que se ubicó en 16
2/3%; el estímulo a la refinación de
petróleo en el país; mayor control técnico
de las operaciones por parte del gobierno; posibilidad de
otorgamiento de nuevas concesiones. De igual manera, esta ley
estableció que las compañías petroleras
debían compartir sus ganancias con el Estado venezolano, a
través del fifty-fifty, es decir, debían
quedarse sólo con 50% y el otro 50% era para el fisco
nacional. Esta política fue retomada años
después por otros gobernantes.

Todo lo anterior a cambio de asegurar a las
compañías petroleras extensión de las
concesiones por cuarenta años más, a cuyo
término, en 1983, todas las propiedades pasarían a
manos del Estado. Este último aspecto es lo que se conoce
como reversión petrolera. El 27 de agosto de 1943 se
promulga el reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo,
según el experto petrolero Mendoza (1995), el gobierno de
Isaías Medina Angarita institucionalizó
definitivamente en 1943, el régimen concesionario al
extender las concesiones por cuarenta años
más.

Cuando el presidente Medina presentó la Ley de
Hidrocarburos de 1943, ya insistía en el hecho de que
Venezuela tenía que "dejar de ser un país que
vive principalmente del cambio de divisas petroleras por
artículos importados".

El 26 de septiembre de 1945 se cierra el ciclo de
otorgamiento de concesiones prometido junto con la
promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Para ese
entonces se habían entregado 6,5 millones de
hectáreas, representando una superficie mayor a la que
tenían las compañías antes de la
aprobación de la Ley en 1943.

Mediante un movimiento cívico militar fue
derrocado el presidente Medina, instalándose en el poder
una Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo
Betancourt, quién rigió los destinos del
país desde el 18 de octubre de 1945, hasta el 15 de
febrero de 1948, fecha en la cual asumió la Presidencia de
la República el escritor Rómulo Gallegos, electo
por voto universal, directo y secreto.

Entre los logros de la Junta Revolucionaria de Gobierno
se destacan la reforma petrolera de 1945, que a través de
su primer decreto, el Decreto Número 112 del 31 de
diciembre de 1945, se modificaban los porcentajes a pagar por
concepto de Impuesto Sobre La Renta[21]aplicando
el "50-50" contemplado en la Ley de Hidrocarburos de
1943 pero que no se estaba aplicando efectivamente. Por el
contrario, existía una disparidad porcentual de 43/57 a
favor de las compañías petroleras observada para el
año de 1944. Entre los argumentos para aplicar este
decreto, los cuales están recogidos entre los
considerandos, se destacan la inexistencia en el régimen
fiscal venezolano de una Ley sobre exceso de utilidades que le
permitiera al Estado percibir la participación equitativa
de esas ganancias extraordinarias.

Se reproduce el Artículo 1 del Decreto N°
112, el cual planteaba lo siguiente:

Artículo 1º Los contribuyentes cuya renta
neta global, calculada de acuerdo con lo que establece la Ley de
Impuesto sobre la Renta asciende a más de ochocientos mil
bolívares (Bs.800.000) pagarán sobre dichas
ganancias del presente año, además de los impuestos
previstos en la referida Ley, la siguiente contribución
extraordinaria: El 6 por ciento sobre la fracción de renta
entre Bs. 800.000 y Bs. 1.000.000. El 10 por ciento sobre la
fracción de renta entre Bs. 1.000.000 y Bs. 1.400.000. El
15 por ciento sobre la fracción de renta entre Bs.
1.400.000 y Bs. 2.000.000. El 20 por ciento sobre la
fracción de renta desde Bs. 2.000.000 en
adelante.

De esta forma se lograba una mas adecuada
participación del fisco en los beneficios generados por la
industria petrolera hasta alcanzar el cincuenta por ciento de los
mismos, por lo que se denominó al resultado de esa
política, el régimen del 50-50
(fifty-fifty) en materia petrolera. Sin embargo, en el
Artículo 2 del Decreto se limitaba su aplicación a
tan sólo un año:

Artículo 2. El susodicho impuesto será
exigido solamente por el presente año, y afectará
la renta neta global sin deducción de lo que al
contribuyente corresponda pagar por concepto de los impuestos
cedular y complementario normales establecidos en dicha
Ley.

El sentido de ese decreto quedó aclarado en una
nota en el cual se planteaba que el incremento en la
participación del valor de producción petrolera fue
resultado de una clara y definida política de defensa de
esta riqueza natural no renovable, desarrollado en los tres
años de gobierno 1945-1948. Asumida la
administración en 1945, en diciembre de ese mismo
año se decretó un impuesto extraordinario (el
Decreto reproducido) que rescató casi Bs. 100 millones del
petróleo explotado en ese año. Después, se
aplicaron sucesivos ajustes que permitieron alcanzar la
participación de 50-50, que con el volumen de
producción de esos años, el nivel de empleo y las
inversiones de la industria petrolera, se consideraba justo y
adecuado para el país, dueño de esta riqueza
natural, al mismo tiempo que dejaba para las empresas interesadas
un razonable margen de ganancias como incentivo a sus
actividades.[22]

El 30 de diciembre de 1947 se modifica la Ley de
Impuesto sobre la Renta donde se fija en 26% el nivel
máximo del impuesto progresivo. Cabe destacar, que a
partir de este año Estados Unidos comienza a ser un
país importador de petróleo crudo.

A pesar de que para 1948 las compañías
transnacionales controlaban el 80% de las reservas petroleras y
el 70% de la producción nacional, estas presionaban para
que se les siguieran entregando el resto de las actividades y
nuevas concesiones petroleras. Pero el Gobierno nacional,
presidido por el escritor Rómulo Gallegos y teniendo como
Ministro de Fomento al experto petrolero Juan Pablo Pérez
Alfonzo[23]cuyo despacho correspondía
entonces todo lo relacionado con minas e hidrocarburos, comienza
una lucha por defender la política de no más
concesiones, el establecimiento de una compañía
estatal y la venta pública y directa del
petróleo.

En su corta gestión como ministro, Juan Pablo
Pérez Alfonzo estableció las bases de la
política denominada "No más concesiones
petroleras" y fue autor principal de la reforma legal de la
Ley de Impuesto Sobre la Renta, adoptada el 12 de noviembre de
1948, añadiendo ciertos artículos adicionales entre
los cuales destaca el número 31 del capítulo XI,
denominado "Del impuesto adicional", la cual era un reajuste
dirigido al sector petróleo que tenía como
finalidad, establecer que en ningún caso la industria
petrolera podría percibir mayores ganancias que las
correspondientes al Estado venezolano, y que la suma de los
impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad
de las ganancias de las mismas. En tal sentido, Pérez
Alfonso reinstituyó nuevamente el 50-50 contemplado en la
Ley de Hidrocarburos de 1943 por el presidente Medina Angarita,
que era un impuesto adicional del 50% que debían pagar las
compañías petroleras cuando los beneficios netos
excedan la participación fiscal.

Después de derrocado Rómulo Gallegos el 24
de noviembre de 1948, apenas a 12 días de haberse aprobado
el 50-50, el gobierno de los Estados Unidos comienza a
preocuparse por la seguridad de los campos petroleros y las
instalaciones de la industria petrolera nacional, debido a la
serie de protestas que realizan los sindicatos de trabajadores
petroleros y que puso en "jaque" a la Junta Militar de
Gobierno. En retaliación a las amenazas de huelga
indefinida, la Junta Militar disolvió a la fuerza la
Confederación de Trabajadores de Venezuela y ordenó
la realización de nuevas elecciones en los sindicatos,
asociaciones y ligas que pertenezcan a ella.

El 50-50 generó un revuelo tal que las
transnacionales y los grandes consorcios financieros de los
Estados Unidos comenzaban a presionar y a solicitar la
eliminación de ese mecanismo impositivo. De hecho, J. E.
Pogue, vicepresidente del Chase Manhattan National Bank en un
informe publicado en el Boletín de la Asociación
Venezolana de Geología, Minería y Petróleo,
critica el régimen del 50-50 y sugiere que se elimine. Al
mismo tiempo, aprovecha el informe para exhortar al gobierno
venezolano acerca del cumplimiento del deseo de las subsidiarias
de las compañías petroleras sobre el otorgamiento
de nuevas concesiones, rechaza el intento de aumentar el volumen
de petróleo crudo que se refina en el país y no
aceptar nuevas mejoras sociales o económicas para los
trabajadores petroleros.

Ya para 1950 el equilibrio petrolero del mundo comenzaba
a cambiar. Las tendencias liberales dentro de los Estados Unidos
y Europa comienzan a exigir participación en la industria
petrolera. Las tendencias nacionalistas comienzan a ser
promovidas en los países petroleros incluso por las
grandes potencias en contra del dominio casi absoluto del mercado
petrolero internacional que tenían las grandes
petroleras.

El doctor Mohamed Mossadeq de Irán fue el segundo
gobernante del mundo que se atrevió a hacer frente a las
compañías petroleras en 1951 reclamando la
nacionalización, y en 1953 se nacionalizó el
petróleo. Esta acción nacionalista podría
ser considerada uno de los más duros golpes que hayan
recibido las petroleras debido al potencial y la importancia que
Irán representaba en el mercado petrolero mundial de ese
entonces. Pero en agosto del mismo año Mossadeq fue
derrocado por un golpe de Estado liderado por el Sha Reza Palevi,
apoyado por los servicios de inteligencia de Gran Bretaña
y Estados Unidos, ambos interesados en las reservas petroleras
del país.

A partir de aquí comienza una nueva etapa de
lucha por la protección, dominio y garantía del
suministro petrolero desde los países productores hasta
los grandes centros de consumo ubicados en las grandes potencias
mundiales, pero se involucran nuevos actores: las grandes
potencias como Estado-Nación en contra de la
hegemonía de las transnacionales petroleras. Estados
Unidos promovió la creación de nuevas
compañías independientes que competirán con
el Cártel Internacional en todos los procesos de la
industria petrolera mundial, aprovechando el aumento de la
producción en Medio Oriente, y al mismo tiempo el
Departamento de Estado comienza una serie de investigaciones en
contra del cártel petrolero internacional que
posteriormente llevaría a sanciones legales y
económicas (España:
2003)[24].

Un hecho importante que demuestra esta lucha
Estado-Nación versus las compañías
petroleras ocurre el 30 de junio de 1950, cuando la Embajada de
los Estados Unidos en Venezuela le propone al Departamento de
Estado que se debe tratar de convencer al gobierno venezolano que
permita la participación del sector privado norteamericano
en la industria petrolera, a la vez, critica un presunto intento
de Gran Bretaña de buscar favores para Shell a expensas de
las concesionarias norteamericana.

En septiembre de 1952, Venezuela y los Estados Unidos
firman un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial. Aquí se
establece que no habrá más cuotas ni para los
crudos de peso específico 900Kg/m3 o mayor, ni para los
productos que se exporten a los Estados Unidos, reduciendo de
nuevo a la mitad las tarifas de importación para los
crudos de peso específico por debajo de 900 Kg./m3. En
diciembre de 1952 inversionistas de los Estados Unidos adquieren
una de las compañías más vieja de la
industria petrolera venezolana, la British Controlled
Oilfields.

En el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, en
los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a
las compañías petroleras
internacionales[25]de acuerdo con lo establecido
en la originaria Ley de Hidrocarburos de 1943. Un total de
821.091 hectáreas para ser exploradas y explotadas fueron
otorgadas, resultando las del lago de Maracaibo las más
productivas. Todo esto ocurre a pesar de que expertos venezolanos
en la materia petrolera, entre ellos Juan Pablo Pérez
Alfonzo, advertían las inconveniencias de otorgar nuevas
concesiones petroleras.

El 19 de diciembre de 1958, el presidente provisional de
Venezuela, Edgar Sanabria establece el Decreto N° 476, el
cual introduce nuevos cambios en la Ley de Impuesto sobre la
Renta, considerados radicales, que beneficiaban directamente al
país, incrementándose el impuesto sobre beneficios
netos al 46%, además del impuesto cedular del 1,5%. Estos
impuestos sumados a los de la regalías y otros impuestos
aumentan la proporción de la participación del
Estado en las utilidades de la industria al menos al
66:34.

La reacción de las compañías
petroleras no se hizo esperar. La Creole emitió una carta
de protesta dirigida al ministro de Energía y Minas
exhortando sobre una enmienda de la Ley de Impuesto sobre la
Renta. Por otra parte la Shell comienza una política de
reducción de los precios de cotización de sus
crudos venezolanos para que los ingresos por conceptos de pago de
impuesto fueran menores ante el fisco nacional. Meses
después las demás compañías tomaron
la misma decisión.

Este tipo de actuaciones, en las que las
compañías petroleras coordinan y organizan complots
y boicots en contra de decisiones soberanos de los gobiernos
petroleros no sólo en Venezuela sino en otros
países peroleros, denotan el grado de dominación
que tenían en ese contexto dentro del sistema petrolero
internacional. Ante estas acciones conspirativas, en abril de
1959, el gobierno de Edgar Sanabria se vio en la
obligación de emitir las la Resolución N° 557
del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, donde se
estableció la creación de una Comisión
Coordinadora para la Conservación y el Comercio de los
Hidrocarburos, que tenía como objetivo estudiar y hacer
recomendaciones al Ejecutivo nacional en materia de comercio
petrolero internacional tomando en cuenta la coyuntura de
enfrentamientos.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos comenzó a
aplicar medidas discriminatorias contra Venezuela al no
favorecerla en los Programas Obligatorios de Importaciones que
estaba llevando a cabo para los países de América
Latina. El Gobierno nacional preocupado por la caída de
los precios, por medio de los ministros de Minas e Hidrocarburos
y el de Política Exterior, le envían una carta al
embajador de los Estados Unidos planteando la necesidad de
defender los precios de petróleo venezolano en el mercado
internacional, tomando en cuenta el programa obligatorio de
importaciones que estaba llevando el país del
norte.

En el año 1959 se suspendieron nuevamente las
entregas de concesiones, pero ya más del 95% de las
áreas explotables y por explotar estaban en manos de las
transnacionales. Cabe señalar, que para este año
Estados Unidos dependía en 69% de las importaciones
petroleras para satisfacer su consumo petrolero, siendo Venezuela
y Canadá los principales proveedores.

El 19 de abril de 1960 por decreto presidencial se
establece la compañía petrolera estatal
Corporación Venezolana del Petróleo
CVP[26]para desarrollar y administrar todos los
procesos de la industria petrolera venezolana, pero que se
dedicó principalmente al mercado domestico de productos
derivados del petróleo y a la distribución de gas
en la zona metropolitana, ocupándose en reducida escala de
la exploración y del comercio internacional. La CVP va a
significar la primera incursión del Estado venezolano en
el negocio petrolero para la cual comienza a recibir a partir de
1961 una serie de activos y hectáreas para la
explotación del petróleo y gas.

Debido a la preocupación por la caída de
los precios del petróleo a nivel mundial llevada a cabo
por las compañías petroleras y que estaba afectando
directamente a los países productores, los ministros de
Hidrocarburos de los gobiernos de Irák, Irán,
Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se reúnen en Bagdad,
Irák, el 10 de septiembre de 1960, para discutir y aplicar
una política común para detener y estabilizar la
estructura mundial de los precios.

Hasta aquí hemos visto como, a partir de 1949, el
cártel petrolero internacional comienza a perder fuerza en
el mercado petrolero mundial producto del aumento de la
producción en Medio Oriente que estimuló la
aparición de nuevas compañías independientes
que competirían en todos los procesos propios de la
industria. Las nacionalizaciones también representaron un
duro golpe. Pero la batalla que se da entre los países
consumidores contra los productores por menores precios y entre
los países productores y las compañías
transnacionales petroleras provocaron la caída en los
precios del petróleo, obligando a varios productores
importantes a conformar, el 14 de septiembre de 1960, una
organización de propietarios de petróleo: la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP)[27], un organismo de
consulta regular entre sus miembros con el fin de defender los
precios y mayor participación en la renta petrolera por
los países productores (España, 2003). El
nacimiento de la OPEP va a representar el fin del dominio del
cártel de las Siete Hermanas.

Las relaciones entre el gobierno venezolano y
compañías se agravan a partir de enero de 1964
cuando el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia que no se
autorizará a las compañías petroleras
privadas a construir nuevas estaciones de servicios en el
país.

En el primer discurso oficial de presidente electo
Raúl Leoni reafirma el respeto a las concesiones en vigor
y anuncia que a partir de allí los Contratos de Servicios
serán la base del desarrollo futuro de la
industria.

A partir del año 1966 comienza con mucha fuerza
el auge nacionalista en todos los espacios de la vida
política y común del venezolano. El 25 de mayo de
ese año las Cámaras de Diputados y Senado del
Congreso Nacional aprueban apoyar la política petrolera
nacional, en particular la defensa de los precios en el mercado
petrolero, así como los reclamos de pagos atrasados al
impuesto sobre la renta. Luego, en el mes de septiembre aprueban
una recomendación en la cual piden se aumenten los
impuestos a las empresas privadas y que se dé a la CVP la
totalidad del mercado doméstico de gasolina.

El 16 de diciembre de 1966 se aprueba una nueva Ley del
Impuesto sobre la Renta, eliminándose el impuesto cedular
y estableciéndose una rata del 52% sobre los beneficios
netos de más de BS. 28 millones. Al mismo tiempo, se
introducen los precios de referencia, de acuerdo a
fórmulas fijas que permiten un gradual incremento en los
ingresos durante los cinco años del acuerdo.

El 7 de agosto de 1967 se sanciona la última
reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que se
limita, exclusivamente, a modificar el artículo 3° de
la ley de 1943, donde por primera vez se deja establecido que el
Ministerio de Minas e Hidrocarburos o la CVP podría
negociar contratos de servicios, en los términos que
resulten más favorables a la nación que las
concesiones existentes. Se estableció que la
duración de contratos de exploración es de cinco
años y la de contratos de desarrollo de veinte
años.

Según Vallenilla (1988)[28], la
reforma de 1967 introduce profundas modificaciones en nuestro
derecho petrolero, específicamente en los siguientes
aspectos:

a) Incorpora los institutos autónomos y las
empresas estatales, en el cuerpo de la Ley, como los organismos a
través de los cuales el Estado debe acometer y desarrollar
la explotación directa de los hidrocarburos;

b) Establece e instrumenta el régimen legal
aplicable a la explotación ejercida por el Estado,
diferente al de las concesiones, regulando asimismo las funciones
que deben cumplir los institutos autónomos o empresas
estatales; esto es, crea los órganos y dicta las normas
que éstos deben seguir; c) Conserva, en el texto de la
Ley, el sistema de la explotación por medio de los
concesionarios.

La Ley anterior (1943) no mencionaba cómo el
Ejecutivo nacional debía emprender la explotación
directa de los hidrocarburos. En cambio, la reforma comentada,
dispone que esa explotación se haga a través de
institutos autónomos y empresas propiedad del Estado, los
cuales podrán, para la realización de sus fines,
promover empresas mixtas y celebrar convenios.

Otro elemento importante es la creación de las
llamadas "asignaciones". Estas son las áreas que sirven de
asiento a la exploración y explotación que deben
realizar esos institutos autónomos y empresas del
Estado.

Además, la posibilidad de crear empresas mixtas y
de celebrar convenios es otro aporte del legislador de 1967,
porque estas alternativas constituyen, por así decirlo, el
aspecto operativo de esos organismos estatales.

Podríamos decir que una vez que el régimen
de concesiones estaba agotado, el Gobierno nacional
comenzó a entregarle, nuevamente, los recursos petroleros
a las compañías transnacionales, es decir, a los
capitales extranjeros, a cambio del cobro de una renta y unos
impuestos, reforzando la característica principal de
nuestro país: rentista. La materialización de ese
hecho comienza en septiembre de 1967, cuando la CVP anuncia
ofertas públicas bajo la figura de contratos de servicios
para explotar y desarrollar el área aguas adentro del sur
del lago de Maracaibo, Estado Zulia. Habría que
preguntarse si es a partir de aquí que comienza nuevamente
la entrega, es decir, la expatriación de los recursos
petroleros, y en 1976 como se verá más
adelante.

El 11 de marzo de 1969, el presidente Rafael Caldera
anuncia que patrocinará un debate nacional sobre la
política petrolera. En el mes de abril el ministro de
Minas e Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, visita
Washington para debatir sobre el programa de importaciones
petroleras de los Estados Unidos. Luego el 11 de junio, el
Congreso Nacional aprueba respaldar todas las medidas del
Ejecutivo nacional tendientes a la eliminación de
cualquier trato discriminatorio del petróleo venezolano
por parte de los Estados Unidos. Y, el 7 de noviembre, concluye
en Caracas una nueva reunión a nivel técnico entre
Venezuela y los Estados Unidos sobre el programa de importaciones
petroleras.

El 1 de octubre de 1970 el presidente Rafael Caldera
insiste en que lo importante no es tener una mayor cuota en el
programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos sino
que se pueda obtener una redistribución más
justa.

El 11 de noviembre de 1970 los Ministros de Hacienda y
Minas e Hidrocarburos declaran ante la Comisión del Senado
encargada para esta materia, que el Gobierno viene exigiendo a
las petroleras aumentar los precios de los crudos venezolanos
debido a la existencia de manipulación para rebajar sus
obligaciones fiscales. Una semana después, el ministro de
Minas e Hidrocarburos amenaza a las compañías
privadas con prohibir las ventas donde no se refleje los aumentos
de precio. El 26 de noviembre el Senado acuerda estudiar la
posibilidad del modificar el artículo 41 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, a efecto de autorizar al Ejecutivo
nacional a fijar unilateralmente los precios de los crudos y
productos derivados venezolanos. El 3 de diciembre las
compañías rechazaron públicamente las
acusaciones hechas por el ministro.

El 17 de diciembre de 1970 el Congreso Nacional promulga
la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta,
donde se le otorga al Ejecutivo nacional la facultad para fijar
por períodos de hasta tres años los valores de
exportación de los crudos y productos venezolanos. El 8 de
marzo de 1971 se fijan por primera vez en Venezuela los valores
de exportación para fines fiscales de los crudos y
productos venezolanos. El valor de exportación de los
crudos aumenta en promedio de Bs. 16 por metro cúbico
sobre los precios de referencia. Al mismo tiempo, se introduce un
complemento variable por concepto de fletes y una prima para los
petróleos pesados. El 18 de marzo entran en vigencia los
valores de exportación fijados por el Gobierno para fines
fiscales de los crudos y productos.

En abril de 1971 el Ministerio de Minas e Hidrocarburos
decide cambiarle el nombre de la Faja del Orinoco ubicada en la
cuenca de Maturín, estado Monagas, de "Bituminosa" a
"Petrolífera"