La historia del petróleo en Venezuela (página 2)

El 30 de julio de 1971 el presidente Rafael Caldera
promulga la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las
Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y
eficiencia de la actividad petrolera una vez que venzan las
concesiones vigentes. El 4 de agosto las compañías
petroleras Shell, Creole y Mene Grande introducen demanda de
nulidad de la Ley de Bienes Afectos a Reversión ante la
Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, El Procurador General del
República solicita a la Corte Suprema de Justicia que
declare sin lugar las demandas a la ley de
"reversión".

El 26 de agosto de 1971 el Presidente Rafael Caldera
promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas
Natural, en la que se establece que la explotación del gas
se realizará sólo por intermedio de la CVP, para la
cual se obliga a las concesionarias a entregar a la nación
sin costo alguno el gas no utilizado en sus
operaciones.

En septiembre de 1971 se inicia en Venezuela la
discusión sobre el desmantelamiento y exportación
de equipos petroleros. El 17 de diciembre de 1971 se promulga el
Decreto N° 832, por medio del cual se establece disposiciones
respecto a la exploración de las concesiones vigentes. Por
medio de este decreto las compañías operadoras
quedaban en la obligación de presentar al Ejecutivo
nacional sus programas anuales de inversiones para
exploración, producción, refinación y
ventas.

El 1 de enero de 1972 el presidente Rafael Caldera
denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados
Unidos que estaba vigente desde 1952. En este mismo mes, el
Ministerio de Minas e Hidrocarburos adelanta una
investigación minuciosa sobre los campos que habían
sido cerrados. Igualmente se dicta el Reglamento N° 1 de la
Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesionarias
de Hidrocarburos y en marzo se dicta el Reglamento N° 2. El 7
de marzo de este mismo año, el secretario de Estado de los
Estados Unidos advierte que Venezuela pronto podría dejar
de ser abastecedor seguro del país.

En enero de 1973, comienza la crisis energética
en los Estados Unidos. El 5 de Febrero de 1973, los Estados
Unidos promueve la formación de la Agencia Internacional
de la Energía para contrarrestar a la OPEP.

El 21 de junio de 1973, se promulga la Ley que Reserva
al Estado la Explotación del Mercado Interno de los
Productos Derivados de los Hidrocarburos, por razones de
conveniencia nacional, a la vez que se faculta al Ejecutivo, por
órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a regular
y fijar los precios de los productos derivados y los fletes para
su transporte.

El 16 de marzo de 1974, el partido político
socialista MEP presenta al Congreso un proyecto de ley de
"nacionalización" de la industria petrolera. El 22 de ese
mes, el presidente Carlos Andrés Pérez crea por el
Decreto Nº 10, la comisión para estudiar y analizar
las alternativas para adelantar la reversión de las
concesiones y los bienes a ellas afectos. Sin embargo, el
día 24, el partido político socialcristiano Copei
presenta ante el Congreso Nacional un segundo proyecto de ley de
"nacionalización".

El 16 de mayo de 1974, en el acto de
juramentación de la Comisión Presidencial de la
Reversión, el presidente Carlos Andrés Pérez
anuncia la creación de una casa matriz para operar la
industria nacionalizada. Anuncia que las concesionarias
recibirían compensación basándose en el
valor en libros de sus activos no depreciados. El 18 de octubre,
la Comisión Presidencial de la Reversión aprueba el
proyecto de ley de "nacionalización", conforme al cual se
eliminaba la posibilidad de crear empresas mixtas. Y, el 13 de
diciembre del mismo año, termina en Viena, Austria, la
XLII Conferencia de la OPEP, presidida por Valentín
Hernández Acosta, en la cual, se acuerda establecer un
sistema de precios únicos para el
petróleo.

El 15 de febrero de 1975, el presidente Carlos
Andrés Pérez anuncia que "ha llegado el momento de
la nacionalización del petróleo". En este momento,
comienza un debate nacional que polarizó el país
entre los que estaban de acuerdo y los que no. Juan Pablo
Pérez Alfonso califica de "chucuta" la
nacionalización del hierro y reconoce que respecto a la
del petróleo no sabe ni cuándo será. Por su
parte, en el mes de abril, el partido MEP denuncia que el
Gobierno negociaba en secreto la nacionalización con las
empresas petroleras, lo cual es negado por el Despacho de Minas e
Hidrocarburos, y el 29 de agosto, el presidente pone el
ejecútese a la Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Un día
después, por Decreto Presidencial Nº 1123, se
constituye Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa
encargada de la planificación, la coordinación y la
supervisión de la industria petrolera nacional. El
presidente del Directorio fue Rafael Alfonso Ravard.

Seguidamente, en septiembre se anuncia que las empresas
operadoras nacionales sustitutivas de las concesionarias se
llamarán Lagoven (Creole), Maraven (Shell), Meneven (Mene
Grande), Deltaven (Texaco), Palmaven (Sun), Amoven (Amoco),
Boscanven (Chevron), Vistaven (Mito Juan), LLanoven (Mobil),
Roqueven (Phillips), Guariven (Las Mercedes), Bariven (Sinclair y
Atlantic) y Taloven (Talon).

El 23 de diciembre de 1975, el presidente Carlos
Andrés Pérez ordena que se proceda a la
emisión de bonos de la deuda pública hasta por USD
918 millones, destinados a la indemnización de las
concesionarias y las participantes. Aquí comienza el
proceso histórico de endeudamiento en Venezuela para pagar
deudas, hechos que afectaron el desarrollo económico y
social del país. Para el 31 de diciembre, quedan
canceladas todas las concesiones en virtud de lo dispuesto en la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos. Pero inmediatamente, se comienza a
suscribir convenios de asistencia técnica y de compra y
venta de petróleo y productos con las antiguas
concesionarias y cede beneficios a las filiales que
recibían los servicios o cumplían con las
obligaciones mercantiles.

La Ley de Hidrocarburos de 1943 estuvo vigente en
Venezuela hasta el primero de enero 1976 cuando entra en vigencia
la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos, terminando así con la etapa de "las
concesiones" dando inicio a otra etapa de lucha por el control de
los recursos petroleros nacionales.

A partir de 1976 comienza lo que varios analistas
petroleros denominan "La nacionalización" de la industria
petrolera como un acto de soberanía e independencia
petrolera y lo que otros denominan el proceso de
"desnacionalización", veamoslo.

DEBATE SOBRE LA NACIONALIZACIÓN
PETROLERA DE 1976

Para varios analistas petroleros la
"nacionalización" de la industria petrolera ocurrida el 1
de enero de 1976 fue un acto de soberanía e independencia
petrolera:

La promulgación de la Ley que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la consecuente
nacionalización de la industria petrolera,
constituyó un ejercicio de soberanía y se
realizó dentro de una coyuntura económica y
política altamente favorable (…) A juicio de
distinguidos especialistas, entre ellos los miembros de la
Comisión Presidencial de Reversión… la
nacionalización de la industria y el comercio de
hidrocarburos constituyó un acto de soberanía con
amplia justificación en el terreno político,
ético y jurídico… (Crazut, 2006:
99)[29].

Ciertamente, la llamada "nacionalización", fue
realizada en un contexto de auge sin precedentes en la historia
democrática del país, gracias a los cuantiosos
ingresos fiscales percibidos a raíz del incremento
súbito de las cotizaciones petroleras en el mercado
internacional a partir del año 1973. Sin embargo, otros
analistas opuestos a la forma como se realizó, a la cual
denominan el proceso de "desnacionalización" o el
verdadero proceso de "apertura petrolera", sostienen la
siguiente tesis:

…con el fin de la era concesionaria (1976) no se
pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su
industria petrolera, sino a una nueva modalidad de
relación subordinada: Estado-transnacionales. Más
elástica y sutil, más adaptable a la
evolución de las realidades económicas y
políticas contemporáneas, que manteniendo y
profundizando las características esenciales de la
situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con
el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos
negativos que despertaba el viejo sistema concesionario.
(Mendoza, 2006:196)[30]

De tal suerte que, insistimos, la apertura se inicia en
Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, con los contratos de
Asistencia Técnica y Comercialización, los cuales
constituyen el primer eslabón de esa apertura, que
continúa y profundiza la participación
transnacional en el negocio petrolero venezolano (Mendoza,
2006:200)[31].

Según Silva (2006:120)[32],
surgieron dos posiciones respecto a la necesidad de profundizar o
perfeccionar la nacionalización:

Una, la de quienes sostenemos que la
nacionalización debía primero que todo mirar
hacía las necesidades internas de la nación, para
satisfacerlas mediante el abastecimiento de hidrocarburos, tanto
para el consumo final como para su refinación e
industrialización. Fue lo que denominamos la
internalización petrolera. Condicionada a ese
abastecimiento interno debe quedar la exportación, que,
aunque a la larga suponga la reducción de
exportación de petróleo crudo, mejoraría la
de productos, con las ventajas de mayores ingresos,
generación de empleo y reactivación
económica general, por la agregación interna de
valor.

La otra postura fue la de la
internacionalización, con la cual, se dijo, se aspiraba
reintegrar verticalmente nuestra industria petrolera, a la cual
la Ley de Nacionalización le había cercenado el
mercado internacional y además abrir mercados para
nuestros crudos pesados.

La internalización no se adoptó como
política general,… mientras que la
internacionalización se puso en práctica mediante
la compra total o parcial de diversas empresas en el exterior,
sobre las base semejantes al modelo extractivo-exportador y
mecanismos de descuentos sobre precios, cuyos resultados,
así como la conveniencia de mantener dichas empresas,
mantienen vivas las dudas que desde el comienzo se manifestaron
sobre ellas.

De acuerdo con lo anterior, la supuesta
nacionalización de la industria petrolera resultó
ser nuevamente una componenda de sectores políticos y
burgueses venezolanos, que emulando las decisiones
apátridas del dictador Juan Vicente Gómez respecto
al aprovechamiento del negocio por parte de los venezolanos,
volviendo a entregárselos a las grandes
compañías petroleras transnacionales para el
beneficio de sus países de origen.

De esa manera, nuevamente unos ciudadanos venezolanos
tomaron decisiones erradas en esa materia, las cuales fueron en
detrimento de los intereses nacionales, dándoles un duro
golpe al sueño histórico de independencia,
soberanía y control sobre los recursos sembrados desde
hace miles de años por la naturaleza en el subsuelo
venezolano. Valga la siguiente especulación:
probablemente, la defensa, explotación, desarrollo
autónomo y directo por parte de los nacionales en las
diferentes fases que se realizan dentro de la industria
petrolera, pudieron haber ayudado a enrumbar al país a la
consecución de mejores indicadores de desarrollo
económico y social que las que hoy se tienen.

Es importante recordar, que para el momento del
ejecútese de la Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, las
concesionarias extranjeras ya habían convenido en aceptar
la oferta de indemnización por parte del Estado
venezolano, sin embargo, de su propio seno, constituyeron las
juntas directivas de las operadoras que los sustituirían,
a partir del 1 de enero de 1976, en la gestión de la
industria. Los que integraron estas juntas directivas fueron
venezolanos que por sus méritos gerenciales y
compenetración con los intereses de las
compañías se habían convertido en hombres de
confianzas para sus casas matrices: Guillermo Rodríguez
Eraso, vicepresidente de Creole Petroleum Corporation; Alberto
Quirós Corradi, presidente de la Compañía
Shell de Venezuela y otros de los niveles subsiguientes, como
Frank Alcock, José Giacoppini Zárraga, Gustavo
Coronel, Wolf Petzall, etc. (Mendoza: 1985: p.
113)[33].

FASE POSTNACIONALIZACIÓN
PETROLERA (1976-1999)

A continuación se realizará un seguimiento
histórico de las acciones más importantes que
realizaron los distintos gobiernos venezolanos en materia de
política petrolera desde 1976 hasta 1999, las cuales han
afectado o favorecido a los actores internacionales determinantes
de la dinámica petrolera nacional: compañías
petroleras internacionales, Estados Unidos, países de
América Latina y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).

A partir del 1 de enero de 1976, Pdvsa asume
efectivamente todas las funciones propias de la industria
petrolera, al adquirir por su valor nominal la totalidad de las
acciones de las 14 empresas que sustituyeron a las
concesionarias. Pero, apenas a tres meses de la entrada en
vigencia de la Ley de Nacionalización, el 3 de marzo de
1976, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia la firma de
varios contratos con compañías internacionales para
el manejo de la explotación y comercialización de
petróleo. En ese caso fueron seis compañías
japonesas las que recibieron los contratos para manejar hasta 5
millones de toneladas de crudos al año (36.650.000
barriles/año).

El 4 de marzo de 1976, por resolución conjunta de
Minas e Hidrocarburos y de Hacienda, se establecen los valores
básicos F.O.B. (Free On Board) para las
exportaciones de petróleo y productos durante el
año en curso.

Dentro de la política petrolera asumida por
Carlos Andrés Pérez se tuvo previsto el registro de
filiales de Pdvsa a nivel internacional a partir del mismo
año 1976. Se registraron filiales en Inglaterra y en
Estados Unidos; y ya para el mes noviembre se contaban con las
oficinas administrativas de Pdvsa (UK) y Pdvsa (USA).
Seguidamente, se firmó en Roma, Italia, un acuerdo sobre
transferencia de tecnología petrolera y en Moscú,
URSS, un convenio para intercambiar crudo entregado a Cuba por
petróleo soviético entregado a clientes europeos de
Pdvsa.

Lo curioso de esta política petrolera es que se
realizó en tiempos en que la economía estaba
recibiendo ingentes cantidades de petrodólares que se
pudieron haber inyectado en la economía venezolana de
distintas formas. Cabe destacar, que el Producto Interno Bruto
(PIB) venezolano entre los años 1973 y 1975 venía
creciendo a una tasa promedio de 6,2% interanual y en el
año 1976 alcanzó su mayor nivel en los
últimos 10 años, ubicándose en 8,8% su
crecimiento. Sin embargo, en 1977 vuelve a crecer por encima del
promedio histórico en los últimos cinco
años, ubicándose en 6,7%. (Ver Gráfico
1). Con unos precios del petróleo en continuo
ascenso, a niveles de los 11 dólares por barril promedio,
que en comparación con el promedio de los últimos
10 años (4,5 US$ / bd), representaban, relativamente, unos
precios elevados que garantizaban un flujo de divisas importantes
para el país (Ver Gráfico 2).

Gráfico 1. Producto
Interno Bruto venezolano desde 1964 a 1983

Gráfico 2. Precio del
petróleo venezolano desde 1964 hasta 1983

A pesar de lo anterior, las reservas internacionales
solamente crecieron en 11,37%, es decir de 6.612 millones de
dólares en 1974 a 7.361 millones de dólares en 1978
(Gráfico 3).

Gráfico 3. Reservas
internacionales de Venezuela desde 1969 hasta 1983

No obstante, el abreboca del programa de
internacionalización de Pdvsa fue financiado gracias al
endeudamiento de todos los venezolanos. No sólo
bastó con que los petrodólares fueron sacados del
país, bajo el disfraz de inversiones venezolanas en el
exterior y a través de la cancelación de contratos
de servicios a los diversificados prestadores de servicios
extranjeros, sino que también se diseñó una
política agresiva de endeudamiento interno y externo para
alcanzar lo que se puede denominar "el financiamiento para el
progreso de nuestros clientes petroleros". La deuda total
venezolana en el primer gobierno de Carlos Andrés
Pérez (un quinquenio) se incrementó en 387,73%; es
decir, se multiplicó casi 5 veces, pasando de 2.341,6
millones de dólares a 11.418,1 millones dólares
(Ver Gráfico 4).

La economía venezolana había recibido
ingentes sumas de petrodólares como para financiar el
crecimiento económico interno sin necesidad de incurrir en
el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que estos
recursos financieros fueron invertidos en otros países,
especialmente en países industrializados y ávidos
de petróleo. Esto se hizo, supuestamente, para poder
garantizar nuevos mercados y poder suministrarles a las grandes
potencias mundiales el tan preciado y codiciado "oro negro", que
actualmente hoy el mundo anhela en su forma original, es decir en
forma cruda. Todo esto a cambio de garantizarles el control de un
planeta repleto de productos terminados etiquetados "Made in
the world".

Cabe destacar que desde el mismo año 1976, la
política petrolera venezolana comienza a dirigirse en
contra de las decisiones que referente a los precios
venían asumiendo colectiva y consensualmente los miembros
de la OPEP. Esto se pone de manifiesto el 17 de diciembre de
1976, en la XLVIII Conferencia de la OPEP celebrada en Doja,
Qatar, donde por primera vez, desde 1960, se acuerda una
resolución no unánime con respecto a los precios.
El 1 de julio de 1977, contrariamente a lo convenido en dicha
Conferencia, el gobierno venezolano decide mantener
inalterablemente los precios de exportación del
petróleo.

Gráfico 4. Niveles de
endeudamiento público por gobiernos venezolanos, 1964
– 1983

Por otra parte, a partir del 20 agosto de 1976, el
gobierno de Carlos Andrés Pérez decide rebajar del
72% al 65,5% la tasa de Impuesto sobre la Renta aplicado a las
operadoras de Pdvsa, comenzando a partir de allí, la etapa
de reducción de cargas impositivas a favor de las
compañías petroleras; es decir, luego de
años de lucha por obtener mayores proporciones de la torta
de beneficios del negocio petrolero para el país a
través de ISLR, regalías y los valores fiscales de
exportación. Es por esto, que se puede decir que el cambio
de la política petrolera vino acompañada de entrega
de beneficios a las compañías petroleras en
detrimento del país.

El 17 de enero de 1977, el Gobierno nacional cancela la
primera cuota a las antiguas concesionarias por la
indemnización convenida y en marzo, se anuncia que Pdvsa
será responsable de todas las operaciones en la Faja
petrolífera del Orinoco.

A partir de aquí comienza el debate nacional
sobre la inconveniencia de los acuerdos secretos de asistencia
tecnológica firmados por Pdvsa, gracias a la denuncia
hecha en mayo de 1977 por un grupo de profesores universitarios y
políticos, quienes, por medio de carta abierta publicada
en el periódico El Nacional, titulada "Con los
convenios tecnológicos las transnacionales siguen
controlando la industria petrolera", dirigida al presidente del
Congreso Nacional y a los presidentes y secretarios generales de
los principales partidos del país, exhortaban denunciaban
la inconstitucionalidad de dichos
acuerdos[34]

Los convenios de asistencia técnica suscritos por
el Gobierno nacional no sólo tienen visos de
inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la
industria petrolera al capital transnacional, precisan de una
fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos
internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo de
Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes
compañías de las leyes nacionales, y en la
práctica, convierten en una falsedad la tan voceada
nacionalización (El Nacional, pág.
D-19).[35]

Esta denuncia obligó a la Comisión
Permanente de la Comisión Nacional de Energía a
discutir sobre la inconveniencia de los acuerdos de asistencia
tecnológica firmado con las casas matrices de las antiguas
concesionarias.

En ese mismo tono, en junio de 1977, se inicia un debate
público sobre la conveniencia de negociar una posible
participación externa en los programas de la Faja
petrolífera del Orinoco; y el partido Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP), solicita ante la Corte Suprema de
Justicia, la anulación de los convenios de asistencia
tecnológica y denuncia al Ejecutivo nacional de estar
firmando contratos leoninos que van en detrimento del
interés nacional. Esto obligó a que el presidente
Pérez, diera una rueda de prensa el día 29 de
agosto de 1977, negando que se hubiera hecho alguna
negociación a favor de las antiguas concesionarias por un
monto aproximado de 5 millardos de bolívares por concepto
de reparos de Impuesto Sobre la Renta. El 21 de octubre de ese
año, el Partido Comunista de Venezuela también
acude ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad
de un contrato de asistencia tecnológica firmado entre el
gobierno venezolano y la compañía transnacional
Exxon.

El debate nacional sobre el manejo doloso de las
negociaciones petroleras con las compañías
petroleras internacionales se intensificó cuando el 11 de
junio de 1978, el ex presidente Rómulo Betancourt, hace
pública su disertación con respecto a la
política petrolera del gobierno de turno, en la cual
planteaba que si bien fue nacionalizada la industria y el
mercadeo del petróleo, reiteraba lo que había dicho
hace cuarenta y dos años atrás: "seguimos siendo
dependientes del petróleo, como nación y como
Estado" (Martínez, 2000: p. 318)[36]. Esto
generó un revuelo nacional y comenzaron una serie de
críticas de alta intensidad política y un arduo
debate sobre la conducción de la política
petrolera.

El cambio
gatopardiano de la política petrolera

Entre los años 1979 y 1983, la economía
venezolana evolucionó desfavorablemente. Era el
período presidencial de Luis Herrera Campins, quien
había recibido un país endeudado y con una
disminución en el Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%, el
cual cerró en el año 1978 en 2,1% con respecto al
año anterior. A pesar de que los precios del
petróleo venezolano alcanzaron los niveles
históricos más altos en el año 1981
(29,71$/b), el PIB tuvo en ese mismo año una caída
del 0,3% con respecto al año anterior que también
fue negativo (Gráficos 1 y 2).

En términos generales la economía a lo
largo de esa gestión gubernamental fue oscura para el
país. Esta dependía de los ingresos petroleros como
históricamente lo había sido. La supuesta
nacionalización no avizoraba ningún tipo de
beneficios extraordinarios para la economía nacional y
mucho menos para la población en general.

Pero en materia de política petrolera
seguía en marcha la política de entrega de
más contratos de servicios para compañías
transnacionales. Lo que significaba una transferencia directa de
divisas para otros países, como si en el país no
pasara nada, como si el petróleo no tuviera nada que ver
con la economía nacional, como que si la política
de endeudamiento para financiar esos contratos de servicios y los
planes de adquisición de activos de Pdvsa, iniciados a
partir del año 1981, en las grandes ciudades de los
países desarrollados, no fueran elementos a considerar a
la hora de planificar el desarrollo interno y el crecimiento
industrial venezolano. A partir de aquí se comienza a
evidenciar el desligamiento que sufre la política
económica de la política petrolera
venezolana.

Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, las
relaciones de Venezuela con los Estados Unidos se caracterizaron
por un deterioro continuo. En la medida que el primero comienza a
enviarles señales al imperio del norte de querer
desarrollar una política petrolera independiente, estas
relaciones se fueron intensificando. Entre los acontecimientos
que corroboran lo antes dicho destaca el ocurrido en julio de
1979, cuando el ministro de Relaciones Exteriores venezolano le
envía al gobierno norteamericano un documento mediante la
cual se insistía y se exigía respeto al derecho
soberano de las naciones de disponer libremente sus recursos
naturales. Esto en respuesta a una demanda que contra la OPEP
fuera introducida por el gobierno de Estados Unidos ante un
juzgado de la ciudad de California. Más aún, el
Gobierno nacional, como nota de protesta, le devuelve al
embajador estadounidense una comunicación sin ser abierta
referente a dicho caso, en la cual se le anexó una nota
oficial donde se insiste que los actos relativos a la
administración y comercio de los hidrocarburos, sobre todo
los relacionados a la fijación de los precios, dependen de
la soberana voluntad del Estado venezolano de conformidad con las
normas constitucionales y de derecho público.

En ese mismo primer año de gobierno de Luis
Herrera, ocurre un hecho que va a mostrar un giro contundente en
la política petrolera venezolana: Estados Unidos le exige
a Venezuela que eleve su producción para que sustituya
parte de las exportaciones del Medio Oriente y le garantice al
Mercado Petrolero Internacional la cantidad de petróleo
que Irán no estaba garantizando, producto de la
situación política y de guerra que estaba viviendo
en ese tiempo. Pero el 14 de noviembre de 1979, Venezuela le
responde no estar dispuesta aceptar esa petición. Hecho
que fue tomado por varios analistas nacionales e internacionales
como un acto de apoyo a Irán y a la OPEP. Aquí se
evidencia la primera manifestación histórica de
distanciamiento entre la política petrolera y la exterior
tradicional venezolana en la era
postnacionalización.

Esos acontecimientos conllevan al Gobierno nacional a
acercarse a los países miembros de la OPEP para revertir
la política llevada a cabo durante el gobierno de Carlos
Andrés Pérez, la cual se materializa con la
celebración de la LV Conferencia de la OPEP en Caracas, el
día 20 de diciembre de 1979, y que fue presidida por
Humberto Calderón Berti, siendo el tema de debate central
el fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación
entre las naciones del tercer mundo.

Posteriormente, el 24 de abril de 1980, el ministro
Humberto Calderón Berti emite declaraciones que
intensifican los niveles de conflictividad existentes entre
Venezuela y los Estados Unidos, al manifestar que no se le
venderá petróleo venezolano para acumular en sus
reservas estratégicas. Un año y medio más
tarde vuelven los enfrentamientos, cuando en septiembre de 1981,
el ministro acusa a la compañía petrolera
estadounidense, Texaco, de no aceptar crudos venezolanos para
procesarlos en su refinería de Managua, Nicaragua, cuya
suspensión duró exactamente un año, hasta
que en septiembre de 1982, Texaco acepta procesarlos
nuevamente.

Inicio de la
política petrolera de capitalización hacia
fuera

A finales del año 1982 se inicia el Programa de
Internacionalización o Capitalización hacia fuera
de la industria petrolera venezolana, que duró hasta el
año 1998, siendo el objetivo principal de Pdvsa la
adquisición de activos fuera del país con sus
propios recursos o a través de asociaciones con
compañías transnacionales, amparados en el
Artículo 5 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. En ese sentido,
la directiva de la empresa estatal, con el apoyo del Ejecutivo
nacional, comienza a hacer inversiones de capitales en grandes
centros de consumo petrolero del mundo, entre ellos Estados
Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Suecia y
Bélgica, a través de la asociación o
adquisición total de refinerías y empresas
comercializadoras en el exterior con capitales 100 % venezolanos,
y en países antillanos como Curazao, Bonaire y Bahamas,
entre otros.

Entre los argumentos de la política de
internacionalización estaba la captación de nuevos
mercados y el incremento de la producción petrolera
nacional. Paralelamente a esto, las inversiones en varios planes
estratégicos dentro del país fueron reducidas. Todo
acontece a través de los siguientes eventos:

El 25 de abril de 1980, Corpoven, Llanoven, Maraven y
Lagoven firman contratos de tecnología con Exxon,
British Petroleum y la Corporación Francesa de
Petróleos, donde los pagos se basaban sólo en
servicios contratados y recibidos. El 3 de agosto de 1980,
Venezuela y México firman en San José de Costa Rica
un convenio para ampliar el Acuerdo de Puerto Ordaz donde se
incrementa el suministro de petróleo crudo bajo
condiciones favorables a países de América Central
y el Caribe.

En mayo de 1982, Pdvsa reduce las inversiones
programadas para la Faja en más de USD 400 millones. El 4
de agosto, Pdvsa y Veba Oel firman un acuerdo preliminar de
carácter comercial y tecnológico. El 4 de
noviembre, el Ejecutivo nacional decide disminuir los valores de
exportación para aumentar la liquidez de Pdvsa y el 31 de
diciembre de este mismo año, los pagos a empresas
extranjeras por asistencia tecnológica se incrementan y
llegan a Bs. 228 millones.

A lo largo del gobierno de Luis Herrera Campins, fue
frecuente escuchar noticias sobre el incumplimiento de los pagos
de los impuestos correspondientes por parte de las
compañías petroleras al fisco nacional, lo que
obligó al Ejecutivo nacional a formar una comisión
conjunta integrada por funcionarios del Ministerio de
Energía y Minas y el de Hacienda. Esta comisión
llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la
situación fiscal del país y los aportes al fisco
nacional que le correspondían pagar a cada una de las
compañías petroleras que prestaban servicios
tecnológicos y operativos en el país a partir del
año 1976. También le recomendó al Ejecutivo
no proseguir las conversaciones con las antiguas concesionarias,
debido a los reclamos hechos por parte del Contralor General de
la República por la morosidad en el pago de impuesto sobre
la renta.

Lo anterior, conllevó al Gobierno a reactivar 217
de las 778 demandas existentes contra las antiguas
concesionarias, en junio de 1980. Lo que pone en evidencia, una
vez más, que las políticas de inversión de
las transnacionales y las políticas de desarrollo de la
industria petrolera venezolana siempre han estado en total
disonancia con los intereses nacionales, ratificanodo que el
interés que mueve a las primeras es la ganancia por encima
del desarrollo de los países poseedores y explotadores del
petróleo.

Política
de defensa de los precios a través de la
OPEP

En el período gubernamental de Jaime Lusinchi
(1984–1988), la política petrolera estuvo
direccionada a la defensa de la política de precios
acordadas por la OPEP y al mantenimiento de la política de
internacionalización por parte de Pdvsa. De hecho, los dos
primeros años de gobierno los precios del crudo venezolano
se cotizaban por encima de los 25 dólares por barril
(Gráfico 5), lo que representaba unos ingresos
fiscales cuantiosos para una economía en recesión
que les permitían cubrir el presupuesto
nacional.

Un hecho resaltante e histórico del mercado
petrolero mundial ocurre cuando los precios del petróleo
comienzan a descender producto de la política de precios
llevada a cabo por Arabia Saudita, como un mecanismo de protesta
contra la guerra entre Irak e Irán, las cuales
supuestamente los estaban afectando. Los precios internacionales
del petróleo llegaron a su mínimo nivel desde 1978,
promediando en 12,5 dólares por barril en el año
1986.

Gráfico 5. Precio
cesta petrolera venezolana desde 1979 hasta 1993

Por su parte, la política económica estuvo
dirigida a financiar el presupuesto nacional y las inversiones
por medio del endeudamiento de la economía, que
incrementaron la deuda nacional en 12.504 millones de
dólares (71,38%), la cual se ubicó en 29.973,5
millones de dólares (Gráfico 7), y las reservas
internacionales mermaron en más de la mitad de lo que las
recibió el gobierno de Lusinchi en 1984, ubicándose
para el año 1988 en 7.068 millones de dólares
(Gráfico 8).

Grafico 6. Producto Interno
Bruto venezolano desde 1979 hasta 1993

Grafico 7. Nivel de
endeudamiento público por gobierno
(1979–1993)

En términos generales, la política
petrolera del gobierno de Jaime Lusinchi tuvo como finalidad la
defensa de los precios del petróleo, sobre la base de los
acuerdos de la OPEP. La misma comienza a aplicarse a partir de
enero de 1985, cuando el ministro Arturo Hernández
Grisanti denuncia una campaña internacional contra la
política de precios de la OPEP, promovida desde
Washington, Estados Unidos. Luego y en el mismo tono, el 8 de
mayo de 1985, acusa a la Unión Soviética y al Reino
Unido de negociar grandes cantidades de petróleo crudo en
el mercado ocasional, con el propósito de interferir con
el trabajo del grupo de países exportadores de
petróleo.

Gráfico 8. Reservas
internacionales de Venezuela desde 1979 hasta 1993

En ese tono, Venezuela participa el 22 de septiembre de
1986, en la LXXIX Conferencia Extraordinaria de la OPEP,
celebrada en Ginebra, Suiza, donde se acordó reiniciar la
metodología de fijación de cuotas de
producción para todos sus países miembros; y en el
mes de diciembre de ese año, se celebra en la misma ciudad
la LXXX Conferencia de la OPEP que tuvo una duración de
nueve días, en donde se acuerda fijar el precio
internacional del petróleo con base en una cesta de siete
petróleos crudos, escogidos entre las segregaciones que
venden los miembros, las cuales es conocido hoy como la cesta
petrolera de la OPEP.

Dos años más tarde, en la LXXXIII
Conferencia de la OPEP, reunida en Viena, Austria, el 14 de junio
de 1988, los países miembros comienzan a analizar el
problema del incumplimiento de las cuotas de producción
por parte de algunos de ellos entre los que se encontraba
Venezuela.

Maximización de la
internacionalización de PDVSA

A partir de septiembre de 1986, el gobierno de Jaime
Lusinchi le da continuidad al Programa de
Internacionalización petrolera iniciada a finales del
año 1982, materializándose con la
autorización por parte del Ejecutivo nacional a Pdvsa de
la adquisición de la mitad (50%) de Citgo, la cual es una
importante compañía refinadora y distribuidora de
productos del sureste de los Estados Unidos, con sede en Tulsa
OK, y luego el 30 de enero de 1990, adquiere la totalidad de sus
acciones. A continuación se describen otros eventos que
demuestran como se fue maximizando el proceso de
internacionalización de la petrolera estatal, tomados de
Martínez (2000):

El 1 de enero de 1987, Pdvsa adquiere la mitad (50%) de
Champlin, compañía refinadora y comercializadora en
el sureste de los Estados Unidos y luego en enero de 1989
adquiere su totalidad. Entre marzo de 1987 y septiembre de 1988,
Pdvsa compra la totalidad de las acciones de la
compañía refinadora Champlin Petroleum ubicada en
Corpus Christi TX – EUA

El 7 de julio de 1987, el ministro Arturo
Hernández Grisanti firma en Beijíng, China, un
convenio sobre investigación conjunta y proyectos de
desarrollo en petroquímica con el presidente de la
Corporación Petroquímica de China. El 12 de agosto
de 1987, Pdvsa y Elf Aquitaine de Francia, firman convenio de
cooperación en investigación y servicios
técnicos. Y, El 01 de diciembre de 1988, Pdvsa y
Unión Oil, California, (Unocal) convienen constituir por
igual una empresa mixta, que incluye la refinería de
Lemont, cerca de Chicago, EUA.

El regreso de
Carlos Andrés Pérez

El 4 de febrero de 1989 se inicia el segundo mandato de
Carlos Andrés Pérez en el país y recibe una
economía con cuatro años continuos de crecimiento
de su PIB, promediando una tasa de crecimiento interanual del 4%,
con unos precios del petróleo ubicados por el orden de los
13 dólares por barril, con las reservas internacionales
más bajas desde 1973, 7.068 millones de dólares y
con una deuda pública que rondaba los 29.793 millones de
dólares.

Este Gobierno toma la decisión de aplicar lo que
se denominó "el viraje económico", que era la
aplicación de las políticas neoliberales
recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en forma de
recetas para la reactivación de las economías de
los países subdesarrollados. La aplicación de estas
medidas en el primer año del gobierno de Carlos
Andrés Pérez provocó una reacción
social y política inmediata en el país que
afectó directamente a la economía. El PIB para el
año 1989 presentó una caída del 8,6% con
respecto al año anterior.

Posteriormente, la creciente economía mundial y
la guerra entre Irak y Kuwait, ambos países petroleros,
ayudó al fortalecimiento de los precios del
petróleo y a la salida de temporal de esa crisis
económica en el país.

El regreso del
engaño: la apertura petrolera

En cuanto a la política petrolera llevada a cabo
por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se le dio
continuidad al programa de internacionalización de Pdvsa,
sin embargo, a partir de 1992, se toma la decisión de
volver a abrirles las puertas a la entrada de las
compañías transnacionales y sus grandes capitales
en el negocio petrolero venezolano, para que nuevamente, como en
los tiempos de las concesiones, llevaran a cabo la
explotación y desarrollo de grandes lotes de terreno en el
país.

A través de una fuerte campaña
mediática gubernamental, pagada con recursos del Estado y
con el argumento de que la industria petrolera requería
urgentemente de capital privado, tanto nacional como
internacional, para incorporarlos a las inversiones petroleras de
Pdvsa, se recibieron bajo un ambiente de festividad, a las
más grandes corporaciones petroleras del mundo para que se
encargaran, mediante diversas modalidades de negocios, en
importantes operaciones de desarrollo y explotación de
crudos a lo largo del territorio nacional. Entre estas
modalidades se destacaron los convenios operativos, asociaciones
estratégicas para la producción de crudos,
convenios de asociación para la exploración y
outsourcing[37]para actividades de
servicio. A esta estrategia de negocio se le denominó
Proceso de la Apertura Petrolera.

Por su parte, Mendoza (2006: 200) insiste que ese
proceso de apertura ya se había iniciado en Venezuela con
la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los
Hidrocarburos: "…y justamente, con los contratos de
Asistencia Técnica y Comercialización, las cuales
constituyen el primer eslabón de esa apertura, que
continúa y profundiza la participación
transnacional en el negocio petrolero venezolano".

Esta política comienza a ejecutarse a partir del
28 de diciembre de 1990, cuando en la segunda asamblea anual de
Pdvsa se aprueba el presupuesto del año 1991 y se acuerda
aumentar la capacidad de producción de petróleo
crudo a 3,1 millones b/d para el año 1993 y 3,3 millones
para el 1995, reforzar los programas de la orimulsión y
prever inversiones que permitan incrementar la flota nacional
para poder cargar el 40% del total transportado. Cabe
señalar, que de acuerdo con el BCV para el 31 de diciembre
de 1990, la participación del ingreso petrolero en el
ingreso fiscal total alcanzaba el 81,6%.

Esta estrategia de crecimiento la diseña el
Gobierno nacional tomando en consideración las principales
fortalezas de Pdvsa para ese entonces (1992) que según las
estadísticas de la compañía petrolera
British Petroleum (2009) contaban con unas reservas probadas de
hidrocarburos por el orden de los 63,3 mil millones de barriles
de petróleo y en 3,69 trillones de metros de
cúbicos de gas.

En ese orden de ideas, la política petrolera del
segundo gobierno de Pérez no cambió en nada de
fondo de la aplicada en su primer gobierno, se volvió a
entregar el negocio petrolero venezolano a los capitales
transnacionales, representada en este caso por las grandes
corporaciones petroleras, para que estas, ávidas de las
ganancias y de los petrodólares que se transan diariamente
en el mercado petrolero internacional, se instalen en el
país y comiencen lentamente como lo hicieron por
más de cien años, a apoderarse del corazón
de la industria petrolera venezolana.

En esta oportunidad el engaño en materia
petrolera, vino acompañado de argumentos técnicos
diseñados y planificados por gerentes de Pdvsa, quienes a
finales de 1990 le insistían al país que se
había identificado una estratégica oportunidad de
negocios para expandir su capacidad productiva, a objeto de
atender y satisfacer una demanda energética creciente a
nivel mundial.

Entre los argumentos técnico-económicos
presentados al país por parte de la directiva de Pdvsa,
pronosticaban que la demanda mundial de energía
crecería a un ritmo del 2% anual, producto de la
expansión económica de los países
desarrollados y emergentes, a un crecimiento demográfico
moderado, a los avances tecnológicos y a una mayor
eficiencia en el uso de energía. Estos escenarios
implicarían un aumento interanual de la demanda petrolera
de 1,5%, que situaría el consumo mundial en 81 millones de
barriles diarios para el año 2005.

De acuerdo con esa coyuntura, los técnicos de
Pdvsa estimaron que para el año 2005, Venezuela
podría satisfacer una demanda cercana a los 5,2 millones
de barriles diarios entre crudo y derivados, y que para poder
satisfacer y apoderarse de una parte de ese mercado creciente y
sin dueños, debería hacer crecer la capacidad de
producción nacional. Pero como Pdvsa no contaba con los
recursos financieros suficientes para realizar las inversiones
que se requerían, tomaron la decisión de abrir
nuevamente el negocio petrolero a los capitales internacionales.
De igual modo argumentaban que uno de los factores relevantes era
la alta capacidad de negociación de Pdvsa con otras
empresas del sector petrolero internacional, la cual se apoyaba
en la experiencia adquirida y continuada en el proceso de
internacionalización iniciada en el año
1982.

La
orimulsión como una estrategia de mercadeo de la faja
petrolífera del Orinoco

A partir del año 1985, Lagoven comienza las
pruebas a escala piloto para el transporte por tuberías de
un nuevo combustible de fabricación venezolana conocido
con el nombre de Orimulsión, que es una emulsión en
agua del petróleo ubicado en el campo Faja del Orinoco, en
Morichal, Estado Anzoátegui, que debido a su
composición química fue denominado por
técnicos venezolanos, empleados públicos de la
industria petrolera nacional, como bitumen natural. La estrategia
comercial de Pdvsa se centró en la colocación de
este combustible para la generación de electricidad en el
mercado energético mundial, específicamente, para
competir con el carbón como insumo para alimentar las
plantas termoeléctricas. Un año después, en
agosto de 1986, Lagoven y New Brunswick Power de Canadá
comienzan un programa piloto para generación
eléctrica usando este combustible.

Sucesivamente, varios países y
compañías transnacionales manifestaron su voluntad
de apoyar e invertir recursos para el desarrollo de la
orimulsión en el país, ente ellos la Unión
Soviética y Japón. El 20 de agosto, Pdvsa
diseña y organiza Bitúmenes del Orinoco (Bitor),
filial que se encargará de la comercialización de
la Orimulsión. Y finalmente el 22 de diciembre de ese
1988, Petróleos de Venezuela y British Petroleum
constituyen BP-Bitor para promover y mercadear la
Orimulsión.

El gobierno de
transición

En 1992 es depuesto Carlos Andrés Pérez y
asume como presidente provisional Ramón J.
Velásquez hasta el año 1994. La política
petrolera nacional diseñada y dirigida directamente por la
directiva de Pdvsa en ese Gobierno, dio continuidad a los
programas de internacionalización y a los planes de
apertura de la industria petrolera nacional. Entre los eventos
más importantes de la época se identifican los
siguientes:

El 25 de marzo de 1993, Lagoven se asocia con Exxon,
Mitsubishi y Shell para realizar el proyecto "Cristóbal
Colón", para comercializar el gas natural de los campos
gigantescos del grupo Patao, con una inversión inicial de
USD 5,6 millardos (Cuenca de Margarita).

El 30 de abril de 1993, Citgo Asphalt and Refining
adquiere la refinería de Savannah GA-EUA, lo cual
fortalece significativamente la posición de Citgo en el
mercado de asfalto de refinería en la Costa Este de los
Estados Unidos.

En mayo de 1993, la revista Fortune de los
Estados Unidos ubica a Citgo en el puesto 53 entre las
corporaciones industriales de los EUA. Asimismo, Citgo concreta
negociaciones para adquirir de Amoco Oil una unidad de negocios
de asfalto de refinería de 4000 toneladas diarias de
capacidad y crear la compañía Lyondell –
Citgo, a fin de expandir su producción en la
refinería ubicada cerca de Houston TX-EUA a 35.000 metros
cúbicos diarios de petróleo crudo
pesado.

El 26 de agosto de 1993, se toma una decisión que
vulneró los intereses del país a favor de las
compañías transnacionales, el presidente por Ley
Habilitante, sanciona la Ley de Reforma Parcial del Impuesto
sobre la Renta, donde se excluyen a los contratistas con Pdvsa
bajo convenios de asociación, del pago de impuesto sobre
la renta por todos los enriquecimientos obtenidos en la
explotación de hidrocarburos o de actividades conexas de
refinación y transporte.

Restricciones de
Estados Unidos a la gasolina venezolana

A partir del año 1992, nuevamente se suscitan
enfrentamientos diplomáticos entre los gobiernos de los
Estados Unidos y Venezuela en materia de comercialización
del petróleo. En este caso los Estados Unidos comienzan a
poner restricciones a la importación de gasolina
reformulada venezolana argumentando que no cumplen con las normas
ambientales exigidas por el primero. En junio de 1992, Citgo
informa a Pdvsa la nueva versión discriminatoria del
reglamento sobre las gasolinas que los Estados Unidos
importarán desde el país a partir del año
1995. En enero de 1993, Pdvsa hace un nuevo petitorio a la
Agencia para la Protección Ambiental de los Estados
Unidos, con relación a que considere las exigencias que
hace sobre la gasolina reformulada que se exportará a ese
país a partir del año 1995 (Martínez,
2000)[38].

A esta problemática, el 1 de Octubre de 1993 se
incorpora las compañías transnacionales, quienes
comienzan a presionar a la Agencia para la Protección
Ambiental de los Estados Unidos para que prohíba la
importación de gasolina reformulada venezolana por exceso
de contaminantes. Entre otras compañías se
mencionan Sun y Mobil. Esto obligó al ministro Alirio
Parra a viajar a Washington DC., EUA, el 24 de octubre de 1993
para reunirse con la secretaria de Energía de los Estados
Unidos, reafirmándoles que la gasolina venezolana no es
más contaminante que las producidas por los refinadores
estadounidenses, al tiempo que les demostró las
inversiones por más de USD 1,2 millardos que hacen Pdvsa y
sus filiales para adecuar sus productos a las nuevas normas
ambientales en ese país.

Antes estos inconvenientes el 20 de diciembre del mismo
año, el embajador Alfredo Tarre Murzi denunció en
Ginebra, Suiza, en la reunión del Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT), la restricción
discriminatoria impuesta a la importación de gasolina
reformulada venezolana por la Agencia para la Protección
Ambiental de los Estados Unidos.

El 23 de marzo de 1994, la Agencia para la
Protección Ambiental de los Estados Unidos anuncia un
acuerdo con Venezuela, con relación a la
importación de gasolina reformulada. Luego, el 25 de
marzo, miembros del Congreso de los Estados Unidos denuncian un
acuerdo a puertas cerradas que permitiría la
importación de gasolina reformulada. Y el 12 de diciembre
de ese mismo año, Venezuela decide no mantener su
controversia con los Estados Unidos en el GATT respecto a la
importación de gasolina reformulada y acogerse a las
nuevas reglamentaciones dentro de la Organización Mundial
de Comercio.

El 23 de enero de 1995, Venezuela solicita formalmente a
los Estados Unidos iniciar consultas con relación a la
importación de gasolina reformulada, conforme a los
reglamentos del GATT. El 24 de febrero de 1995, Venezuela
presenta a los Estados Unidos su reclamo con relación a la
importación de gasolina reformulada, sin recibir
justificación. El 20 de marzo de 1995, durante la semana,
Venezuela y los Estados Unidos intercambian preguntas y
respuestas por el caso de la discriminación a la gasolina
reformulada, para concluir el período de sesenta
días antes de solicitar a la Organización Mundial
de Comercio el establecimiento de un grupo especial para dirimir
la controversia.

El 29 de mayo de 1995, Venezuela entrega sus alegatos al
Grupo Especial de la Organización Mundial de Comercio que
estudiará el reclamo contra los Estados Unidos por
discriminación a la importación de gasolina
reformulada. El 31 de julio, el Ejecutivo nacional solicita a la
Organización Mundial de Comercio que ordene a los Estados
Unidos aceptar la importación de gasolina reformulada de
Venezuela.

El 29 de abril de 1996, el Órgano de
Apelación de la Organización Mundial de Comercio
sentencia que ciertas normas ambientales de los Estados Unidos
obstaculizan la importación de gasolina reformulada de
Venezuela. El 22 de Mayo de 1996, la Organización Mundial
de Comercio, al término del primer litigio internacional
entres sus países miembro, condena las medidas
discriminatorias de los Estados Unidos contra las importaciones
de gasolina reformulada de Venezuela. El día 23 del mismo
mes de Mayo, una misión del Gobierno de los Estados
Unidos, de visita en Caracas, sugiere que en beneficio de las
buenas relaciones entre los dos países, Venezuela ignore
la decisión de la Organización Mundial de Comercio
contra la discriminación a la gasolina
reformulada.

El 19 de Junio de 1996, los Estados Unidos acepta el
fallo de la Organización Mundial de Comercio que reconoce
la discriminación a las importaciones de gasolina
reformulada desde Venezuela. El 21 de Junio de 1996, la Oficina
de Relaciones Comerciales Internacionales de la Casa Blanca
advierte que los Estados Unidos requieren más tiempo para
decidir la forma de implementar la decisión favorable a
Venezuela, en el caso de las importaciones de gasolina
reformulada.

El 7 de Mayo de 1997, los Estados Unidos propone a la
Organización Mundial de Comercio la enmienda de la
decisión favorable a Venezuela para terminar el trato
discriminatorio a la gasolina reformulada.

El enfrentamiento continuo entre el gobierno de los
Estados Unidos y Venezuela, que duró aproximadamente cinco
años, quedó cerrado el 13 de octubre de 1997,
cuando el Secretario del Departamento de Energía
estadounidense, Federico F. Peña, y el ministro de
Energía y Minas venezolano, Edwin Arrieta, firmaron un
Acuerdo de Cooperación Energética, cuyo objetivo
principal fue "desarrollar actividades conjuntas en
función del interés mutuo para promover el
desarrollo y uso racional de la energía convencionales
(especialmente de combustibles fósiles), eficiencia
energética y energías renovables, y otros
tópicos que las partes
consideren"[39].

Dicho acuerdo contemplaba la ejecución de una
serie proyectos: asociaciones para explotación de
petróleo crudo, procesos de recuperación
secundarias, entrenamiento de ingenieros petroleros en el sitio,
intercambio de personal técnico, transferencia
tecnológica y de información para la
recuperación petrolera, inversiones en recursos
energéticos ecológicos y en la petroquímica,
y tecnología de perforación.

Intensificación del proceso de la
entrega petrolera de los ´90

Con Rafael Caldera como presidente, se acentúa el
proceso denominado por Pdvsa como la apertura petrolera, que como
muy bien su eslogan lo describe fue un proceso donde se les
vuelve a entregar parte del negocio de la explotación del
negocio de los hidrocarburos a las compañías
transnacionales, incluso, bajo mejores condiciones que en
épocas de las concesiones petroleras. No sólo se
entregó las áreas para explotar el petróleo
crudo sino parte del negocio del gas natural cuya demanda mundial
venía mostrando tendencias hacia el crecimiento. Por citar
algunos casos recogidos de la cronología de
Martínez (2000)[40], el 25 de enero de
1994, Lagoven, Shell, Exxon y Mitsubishi firman el convenio de
asociación del proyecto "Cristóbal Colón",
para constituir la empresa Sucre Gas, que desarrollaría el
gas natural de la cuenca de Margarita.

El presidente Caldera, también le da continuidad
a la política de internacionalización de Pdvsa y al
desarrollo del comercio internacional de la Orimulsión. En
los meses de abril y mayo de 1994 arranca con fuerza la Apertura
Petrolera, para la cual Pdvsa desarrolla el programa de apertura
de nuevas áreas para exploración y
explotación con terceros.

El 24, 26 y 28 de julio de 1995, Pdvsa presenta en
Houston, Nueva York y Londres el programa de Convenios de
Asociación para Exploración a Riesgo y
Producción Compartida. El 1 de agosto de 1995, Lagoven,
Exxon, Shell y Mitsubishi anuncian el redimensionamiento del
proyecto Cristóbal Colón, por causa de los bajos
precios del gas natural. Las inversiones totales se redujeron a
US$ 4,2 millardos, sin embargo, los estudios sísmicos ya
habían confirmado reservas probadas por el orden de los
300 millardos de metros cúbicos.

El 22 de septiembre de 1995, Pdvsa notifica a 75
empresas haber sido debidamente preseleccionadas para intervenir
en el programa de la licitación pública de 10
bloques para exploración y producción de
hidrocarburos. El 20 de noviembre de 1995, Maraven, Total de
Francia y Norsk Hydro y Statoil de Noruega constituyen la
asociación estratégica Sincor, para explotar el
petróleo crudo pesado del campo Faja del
Orinoco.

El 19 de mayo de 1996, Pdvsa y Exxon firman acuerdo de
intención para el quinto proyecto de asociación
estratégico en el campo Faja del Orinoco (área
principal de producción Cerro Negro). El 10 de julio de
1996, la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)
firma convenios de asociación para la exploración a
riesgo y ganancias compartidas con Mobil, Veba Oel y Nippon Oil
para el área La Ceiba; con Elf Aquitaine y Conoco para el
área Guanare; con Conoco para el área Golfo de
Paria Oeste; con Enron e Inelectra para el área Golfo de
Paria Este; con Pérez Companc para el área San
Carlos; con British Petroleum, Amoco y Maxus para el área
Guarapiche; con Amoco para el área Punta Pescador; y, con
Luisana Land, Benton y normen para el área Delta
Centro.

En diciembre de 1996, Coastal de los Estados Unidos
negocia con Maraven una sexta asociación
estratégica en el Campo de Faja del Orinoco. El 2 de
Diciembre de 1996, Lagoven y sus eventuales socios Shell, Exxon y
Mitsubishi, luego de cuatro años de estudios y
análisis, suspenden el proyecto "Cristóbal
Colón", con el cual hubiera comenzado la
explotación a gran escala de los campos gigantescos de gas
natural en el cuenca de Margarita.

El 31 de enero de 1997, Pdvsa, por intermedio de la
filial Citgo, que para entonces manejaba 15.200 estaciones de
servicio, toma el primer lugar en ventas de gasolina automotriz
en los Estados Unidos.

El 13 de junio de 1997, la Fundación para la
Defensa del Patrimonio Nacional (Fundapatria) plantea
públicamente la necesidad de debatir con amplitud la
apertura petrolera, los posibles sobornos y otros hechos de
corrupción en las subastas realizadas por el Gobierno
nacional.

El 29 de julio de 1997, Corpoven, Lagoven y Maraven
firman 16 convenios correspondientes a las áreas licitadas
en la Tercera Ronda de Convenios Operativos.

El 11 de agosto de 1997, Fundapatria denuncia el aviso
comercial de ocho páginas inserto en la revista
estadounidense Time, sobre la inevitabilidad de la
privatización de Pdvsa, mediante venta de
acciones.

El 8 de septiembre de 1997, CVP adjudica el campo Mata,
en el Estado Anzoátegui, como parte de la Tercera Ronda de
Convenios Operativos al consorcio Jantesa y Pérez Companc,
quienes habían quedado como segundos ofertantes en el
segundo proceso licitatorio.

El 28 de octubre de 1997, Pdvsa, Mobil y Veba Oel firman
un convenio de asociación estratégica en el
área productora principal Cerro Negro, ubicado en el Campo
Faja del Orinoco, para procesar 6 millones de toneladas anuales
de petróleo crudo extrapesado, con US$ 2,5 millardos
inversión estimada. En el mismo acto, Pdvsa adquiere el
50% de las acciones de la refinería de Mobil en Chalmette,
LA–Estados Unidos.

El 18 de mayo de 1998, los legisladores de las Islas
Vírgenes (EUA) aprueban la venta a Pdvsa del 50% de la
firma local Hess Oil, que opera una refinería en St
Croix.

Por otra parte, en consideración con la
situación que atravesaba la economía mundial, que
incidía directamente en el mercado internacional y por
ende se refleja en los precios internacionales del
petróleo y consecuentemente en los niveles de ingresos de
divisas en la economía de los países miembros de la
OPEP, el 22 de marzo de 1998, Arabia Saudí, México
y Venezuela, acuerdan en Riyadh, reducir su producción en
100.000 metros cúbicos diarios.

Debido a la crisis económica que tuvo un alto
impacto en la economía venezolana, el presidente Rafael
Caldera, el 4 de noviembre de 1998, dicta el Decreto con Fuerza y
Rango de Ley que crea el Fondo de Inversión para la
Estabilización Macroeconómica (FIEM), cuyo objetivo
era procurar que las fluctuaciones del ingreso petrolero no
afecten el equilibrio fiscal, cambiario y monetario del
país.

Sirva a manera de ilustración de la
situación precaria que vivía la economía
venezolana, que para el 27 de noviembre de 1998, el precio de la
cesta petrolera venezolana alcanzó el nivel
histórico más bajo desde 1973, al ubicarse en USD
7,98 / barril.

Rechazo de
Estados Unidos al proyecto de la
orimulsión

A pesar de que varios países del mundo estaban
interesados e invirtiendo en el desarrollo tecnológico y
comercial de la Orimulsión, producto 100% venezolano, el
gobierno de los Estados Unidos, en fecha 23 de abril de 1996,
rechazó un proyecto de conversión de una planta de
generación eléctrica para que utilice
Orimulsión cerca de Tampa, FL-EUA, representando un nuevo
impasse en materia comercio-energética entre ambos
países.

Sin embargo, el 3 de mayo de 1996, el ministro de
Relaciones Exteriores venezolano aclaró que la negativa
del gobierno del estado de Florida de usar orimulsión para
generación eléctrica no impedía su entrada
en los otros 49 estados de los Estados Unidos.

En contraste con lo anterior, en ese mismo año,
específicamente el 6 de mayo de 1996, en una visita
oficial del presidente de la Corporación Nacional de
Petróleo de China conjuntamente con el de Bitor, firman un
memorando de entendimiento para el suministro de 500.000
toneladas de orimulsión a título experimental, que
podría extenderse a 5,2 millones de toneladas por
año. Estos acuerdos se comienzan a ejecutar a partir del
19 de agosto de 1996, cuando se realiza el primer envío de
orimulsión a la Corporación Nacional China. De
igual forma entre los planes del gobierno venezolano estaba la
concreción de diversos acuerdos con países
bálticos.

DEPENDENCIA VENEZOLANA POR EL MERCADO
PETROLERO ESTADOUNIDENSE

Estados Unidos e Inglaterra son los únicos
países del mundo que el negocio petrolero no está
en manos del Gobierno nacional. Los procesos que se desarrollan
en la industria petrolera desde la exploración hasta la
comercialización son llevados a cabo por empresas
privadas, en su mayoría transnacionales, incluso, el
terreno y el subsuelo donde están depositados los
hidrocarburos son de propiedad privada. El gobierno de los
Estados Unidos no compra ni vende directamente petróleo
con fines comerciales. A través del Departamento de
Energía el Gobierno compra petróleo sólo con
fines estratégicos: compras de crudo dedicadas a llenar su
reserva estratégica. Tampoco es propietario de
infraestructura de producción, refinación o
comercio petrolero. Sólo administran las reservas
estratégicas de crudo, es decir, los particulares son los
dueños del terreno y de las riquezas del subsuelo, que
constituidos como compañías petroleras, desarrollan
el negocio petrolero en el mercado norteamericano.

La consideración anterior se hace para poder
comprender el tipo de relaciones comerciales que Venezuela
mantiene en materia petrolera con los Estados Unidos, que como
hemos visto, es su principal cliente. Esta relación se
podría caracterizar por ser una relación comercial
Estado–Compañías Petroleras y no una
relación Estado–Estado como ocurre con el resto de
los países con las cuales Venezuela mantiene relaciones
comerciales petroleras. En este caso la comercialización
con los Estados Unidos es realizada directamente por las
compañías petroleras privadas.

La dependencia de la economía venezolana por el
desempeño de la estadounidense, siempre ha preocupado a
sus gobiernos y a los agentes económicos, debido a la
vulnerabilidad que esto representa. La actividad exportadora
petrolera nacional se encuentra muy atada a ella. A pesar del
clima de incertidumbre y los enfrentamientos diplomáticos
que se han desarrollado entre ambos países a partir del
año 2001, el comercio petrolero entre Venezuela y el
gigante del norte ha fluido sin mayores tropiezos. De hecho, al
primer país se le presenta una disyuntiva a la hora de
materializar de manera injustificada cualquier tipo de recorte
petrolero.

La vulnerabilidad viene dada por una serie de elementos
geoestratégicos y estructurales de su sistema petrolero,
dentro de las cuales están la cantidad de contratos
suscritos a corto, mediano y a largo plazo directamente con las
compañías petroleras, quienes son las garantes de
la seguridad energética de los Estados Unidos. De igual
forma, debido al tipo de refinerías especializadas para
procesar la mayor cantidad de las reservas del crudo venezolano
las cuales poseen ciertas características peculiares
(ácido y pesado), que dificultan la colocación en
otros mercados del petróleo que se deje de exportar a
Estado Unidos. Y finalmente, debido a que no habría
argumentos jurídicos para dejar de cumplir con las
demandas legales por incumplimiento de los contratos suscritos
previamente con las compañías petroleras, y tomando
en cuenta la capacidad financiera de Pdvsa para cancelar las
deudas que se vayan acordando de la liquidación de los
contratos.

El
presente

TOMA EL PODER LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA

En febrero de 1999 asciende al poder el presidente Hugo
Rafael Chávez Frías, quien recibe un país
con una economía nacional e internacional deprimida, el
precio del petróleo venezolano promediando los 10
dólares por barril, una caída del PIB de
aproximadamente 6,37% a finales del año 1998, la cual
ubicó la tasa de crecimiento económico en apenas
0,3%, con reservas internacionales por el orden de los 14.849
millones de dólares y con una deuda total de
aproximadamente 26.746 millones de dólares. Más
adelante se describen con mayor profundidad el comportamiento
económico del país durante este período
gubernamental hasta el año 2006.

En cuanto a la política petrolera del gobierno de
Hugo Chávez, no es hasta el 01 de enero del 2002 con la
puesta en marcha el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de
Hidrocarburos, que se le da un vuelco contundente a la estrategia
continuada de Pdvsa de internacionalización o
capitalización hacia afuera, al proceso de apertura
petrolera, al programa de desarrollo y comercialización de
la orimulsión, a la política de desconocimiento de
la OPEP como organismo fundamental para la defensa de los
precios, a la estrategia expansionista de la producción, a
la entrada masiva de las compañías transnacionales
por medio de contratos de servicios que afectaban al
interés nacional, entre otros.

A continuación se describen algunos eventos
importantes que se desarrollaron en la industria petrolera
venezolana en el año 1999 las cuales fueron
diseñadas y ejecutadas directamente por los gerentes de
Pdvsa.

El 15 de enero de 1999, Pdvsa anuncia que el presupuesto
de inversiones acordado en la asamblea celebrada en diciembre de
1998, disminuirá en 15% y se ubicará en Bs. 3
billones 873 millardos. De igual forma, el presupuesto de gastos
y costos disminuiría en 20% y se ubicaría en 3
billones 304 millardos, por causa de la baja en el precio del
petróleo.

El 19 de febrero de 1999, el precio promedio del
petróleo crudo venezolano en el mercado internacional es
Bs. 4.590 / tonelada (USD 8,02 / barril).

El 7 de marzo de 1999, Statoil compra a la
Corporación Nacional de Petróleo de China
(contratada por Pdvsa) la mitad de su participación en el
área Intercampo Norte del campo Costanero de
Bolívar, estado Zulia.

El 11 de marzo de 1999, los ministros de
Petróleos de Venezuela, México y Arabia
Saudí convienen en la Haya, Holanda, disminuir la
producción para fortalecer el precio internacional del
petróleo. A partir de esta fecha el gobierno da un nuevo
giro a la política petrolera venezolana: comienza la
búsqueda del fortalecimiento de los precios del
petróleo.

El 29 de marzo de 1999, la asamblea de accionistas de
Pdvsa, por primera vez celebrada en el Palacio de Miraflores,
presenta los resultados operacionales y financieros del
año 1998 y la nueva orientación del negocio
petrolero venezolano. El presupuesto de inversiones se rebaja en
un 12% adicional al acordado en el mes de enero, alcanzando un
monto total de Bs. 3 billones 404 millardos. De igual forma, se
rebajó el presupuesto de gasto en 22%, ubicándose
en Bs. 2 billones 577 millardos.

El 31 de marzo de 1999, el precio del petróleo
crudo venezolano en el mercado internacional se recupera 70% en
el término de mes y medio, ubicándose en US$ 13,41
por barril. El 23 de junio de 1999, un grupo de petroleros
independientes de los Estados Unidos acusa a Venezuela ante la
Secretaría de Comercio de Dumping y venta de
petróleo subsidiado, por lo cual solicita se le aplique
una tasa arancelaria por el orden del 177,52%.

El 29 de junio de 1999, los presidentes de Venezuela y
Brasil firman en Río de Janeiro una declaración que
incluye la creación de Petroamérica, empresa mixta
de Pdvsa y Petrobras, para actuar en el área de su
competencia en todo el mundo.

En julio de 1999, Venezuela invita a la
celebración de la II Cumbre de Soberanos y Jefes de Estado
y de Gobierno de los Países Miembros de la OPEP, prevista
para febrero de 2000 en Caracas.

El 1 de agosto de 1999, el presupuesto de Pdvsa sufre un
recorte adicional del 10%, es decir, de Bs. 400 millardos en
inversiones, lo cual vendría a representar una
disminución del 32% con relación al monto fijado en
la asamblea de diciembre de 1998.

El 5 de agosto de 1999, Venezuela y México
renuevan sin cambios el Acuerdo de San José, Programa de
Cooperación Energética para Países de Centro
América y el Caribe. El 16 de agosto de 1999, Pdvsa
presenta una declaración sustitutiva del impuesto sobre la
renta, sobre la base del precio convenido con el Ejecutivo de US$
11,88 por barril, que genera ingresos adicionales al país
por el orden de US$ 2 millardos.

El 28 de agosto de 1999, los ministros de
Petróleo de Venezuela, Arabia Saudí y México
acuerdan en Caracas extender los recortes de la producción
hasta marzo del año 2000.

El 3 de septiembre de 1999, la Oficina del Comisario de
Pdvsa anuncia que ha detectado diversas irregularidades en una
docena de contratos de las rondas de reactivación de
campos marginales, las cuales forman parte del proceso de
apertura petrolera llevado a cabo en el país.

El 10 de octubre de 1999, la Comisión
Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente propone un
articulado donde se prohíbe la venta de las acciones de
Pdvsa, que son de la Nación, lo que suscita violento
debate público. 13 de octubre de 1999, Pdvsa, Shell, Exxon
y Mitsubishi cancelan definitivamente el proyecto
"Cristóbal Colón", para la exportación de
gas natural licuado de los campos de la Cuenca de
Margarita.

El 7 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional
Constituyente aprueba la reserva al Estado de todas las
actividades relativas a hidrocarburos, excepto el gas natural, y
una disposición constitucional que prohibiría la
venta de acciones de Pdvsa.

El 20 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional
Constituyente proclama la nueva Constitución, la cual, en
su artículo 12, establece que los yacimientos de
hidrocarburos son bienes del dominio público inalienables
e imprescriptibles. Asimismo, en el Artículo 302 se
declara reservada la actividad petrolera en manos del Estado y,
en el Artículo 303 se establece que la Nación
conservará la totalidad de las acciones de
Pdvsa.

El 30 de diciembre de 1999, el precio promedio del
petróleo crudo venezolano en el mercado internacional, que
se venía recuperando incesantemente desde febrero, se
ubicó en US$ 21,55 / barril.

La ley que
revolucionó la industria petrolera
venezolana

En el marco de las leyes habilitantes del año
2001[41]el Ejecutivo nacional aprueba el Decreto
con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos por medio de
la Gaceta Oficial Nº 37.323 del 13 de noviembre de 2001, la
cual entró en vigencia el 1 de enero de 2002. Por primera
vez en el país desde 1878, año en que se
comenzó a explotar el petróleo en Venezuela con
fines comerciales, una ley establece el aprovechamiento integral
de las reservas de hidrocarburos, sea petróleo o gas, como
base fundamental para el desarrollo nacional, donde el concepto
de Seguridad Nacional es el elemento fundamental y cuyas
competencias y responsabilidad recaen sobre el Estado
venezolano.

En esta ley se regulan los recursos de hidrocarburos con
miras a optimizar la industria petrolera venezolana. En su
Artículo1º establece lo siguiente:

Todo lo relativo a la exploración,
explotación, refinación, industrialización,
transporte, almacenamiento, comercialización,
conservación de los hidrocarburos, así como lo
referente a los productos refinados y a las obras que la
realización de estas actividades requiera, se rige por el
presente Decreto Ley.

La industria petrolera sigue estando administrada por la
corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. en
todos los procesos: exploración, producción,
manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos en el
país, pero ahora se le presenta al país y al mundo
como una nueva empresa, totalmente subordinada al Estado y por
consiguiente está en pleno control de la sociedad
venezolana tanto las reservas petroleras como todo los procesos
que se desarrollan en ella.

Uno de los hechos más importantes contenidos en
este Decreto Ley, es que la participación fiscal nacional
en todas las actividades que se desarrollan en la industria
petrolera se aumentaron considerablemente tanto por concepto de
regalías, impuestos y dividendos. En el caso de la
regalía, que es la parte que le corresponde al Estado por
ser propietario del recurso, quedó establecida en 30%,
reemplazando el histórico 16,6% que estaba establecido
desde los tiempos del presidente Isaias Medina Angarita. El
carácter impositivo de la Ley, viene dado por la potestad
del Estado para fijar los impuestos relativos a la
realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el
impuesto sobre la renta, la cual pasó del 34% al 50%. Y
finalmente, en su condición de empresario petrolero, le
corresponde al Estado las utilidades sobre el negocio, las cuales
toman la forma de dividendos.

Plan Siembra
Petrolera

En agosto del 2005, Petróleos de Venezuela le
ofrece al país el desarrollo del "Plan de la Nueva Pdvsa:
el Plan Siembra Petrolera 2005 – 2030", como una
expresión del desarrollo de una política
soberana, popular y revolucionaria dentro de la industria
petrolera y bajo la concepción de que Venezuela es un
país clave para resolver la crisis energética
mundial si se consideran las cuantiosas reservas de crudo
probadas y probables (Ramírez,
2005)[42].

Este plan fue propuesto como el eje vertical del Plan de
Desarrollo de la Nación con miras a contribuir a la
desconcentración territorial, a fortalecer el sector
industrial y los demás sectores productivos y sociales,
con una visión a largo plazo, que busca la
participación directa de Pdvsa en la construcción
de un nuevo orden económico nacional y donde esta sea un
instrumento al servicio de todo el país.

Cuando en el año 2005 se presentó este
plan, se dividió en dos fases: una primera que iba desde
el año 2006 al 2012, y otro que iba desde el 2012 hasta el
2030. En ambas fases se establecieron metas a alcanzar. Sin
embargo, en el año 2011, la Junta Directiva de
Petróleos de Venezuela, S.A. decidió cambiar las
fases y sus metas, extendiendo la primera hasta el año
2018, como consecuencia de la difícil situación
económica que se les presentó a los países
industrializados desde el año 2007 y que se
expandió a escala mundial, con secuelas que se continuaron
sintiendo en el año 2011.

Los lineamientos generales del primer Plan Siembra
Petrolera (2006-2012) eran los siguientes:

En el ámbito internacional, se promueve la
Integración energética regional, a través
del suministro de productos y la construcción y
remodelación de refinerías, las cuales están
enmarcadas dentro de la propuesta de Petroamérica,
Petrocaribe, Petroandina y Petrosur; se trabaja por el
fortalecimiento de los mercados tradicionales; por diversificar
los mercados; y apuntalar la OPEP.

En el ámbito nacional, se plentea alinear las
estrategias de inversiones en hidrocarburos al Plan de Desarrollo
Nacional; democratizar el capital para alcanzar equidad social;
apoyar las políticas públicas; y expandir la
actividad petrolera aguas abajos.

El Plan Siembra Petrolera fue planificado para la puesta
en marcha de seis grandes proyectos de desarrollo
diseñados en dos etapas: una a ejecutarse entre el
período 2005-2012 y otra en la etapa comprendida entre
2012 y 2030 (Pdvsa, 2005).

Los seis ejes fundamentales de este plan son los
siguientes:

1.- Magna Reserva: Tiene como finalidad la
cuantificación y certificación de las reservas
probables de petróleo crudo que posee Venezuela en la Faja
petrolífera del Orinoco, estimadas en ese momento en 235
mil millones de barriles.

2.- Proyecto Orinoco: Busca el desarrollo de la
Faja petrolífera del Orinoco, para la cual se
dividió esa vasta zona en 27 bloques para ser explotadas
con esfuerzo propio y asociaciones con otras empresas privadas.
Este proceso va acompañado del desarrollo social de zonas
aledañas a la Faja.

3.- Proyecto Delta-Caribe: Este proyecto busca
desarrollar el gas costa afuera en las áreas de la
Plataforma Deltaza, en la fachada atlántica venezolana, en
las aguas ubicadas al norte del estado Sucre, al oriente de
Venezuela; así como las inmediaciones de la
Península de Paraguaná, al noroccidente del
país.

4.- Refinación: Se planteaba aumentar la
capacidad de refinación en Venezuela en aproximadamente
700.000 barriles diarios en el mediano plazo, para la cual se
tiene contemplado la creación de los siguientes centros
refinadores: Cabruta (con capacidad de 400.000 barriles diarios
de crudos extrapesados), batalla de Santa Inés (50.000
barriles diarios) y Caripito (50.000 barriles diarios destinados
a la producción de asfalto).

5.- Infraestructura: Se había estimado
construir más llenaderos y poliductos para garantizar a
todo el territorio nacional el suministro de combustibles. De
igual forma se tiene previsto desarrollar la construcción
de gasoductos con fines de exportación.

6.- Integración: Para darle cumplimiento a
la proyección internacional de Venezuela como una potencia
energética, se preveia desarrollar una serie de
inversiones en varios países latinoamericanos, para
así consolidar el proceso de integración regional
en materia energética que ha venido, impulsando el
gobierno de Hugo Chávez Frías desde el año
2000, para la cual se tiene planificado suplir de forma directa
volúmenes de crudo y productos a países del Caribe,
por medio de lo acordado en Petrocaribe, y con la
ampliación de la capacidad de refinación en esa
zona. De igual forma, con lo suscrito en Petrosur y con la
concreción de la firma de varios acuerdos con los
gobiernos del Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia,
Nicaragua y Cuba, para el desarrollo de asociaciones
estratégicas en materia petrolera.

Con el Plan Siembra Petrolera el Gobierno nacional
estimaba crear las condiciones favorables para estimular la
entrada de nuevos capitales nacionales y extranjeros, de tal
forma que permita modernizar la industria, desarrollar campos
activos y marginales, y fundamentalmente, diversificar la oferta
exportadora de hidrocarburos, en atención a los
requerimientos del mercado petrolero mundial.