La política exterior y de seguridad de EE.UU. hacia nuestra América – México como caso de estudio

Introducción

En el proceso de conformación de
EE.UU. como potencia mundial, se fueron delimitando sus intereses
geoestratégicos en América Latina y el Caribe, en
interés de "salvaguardar" su llamada área de
influencia natural.

Durante el siglo XIX los políticos,
diplomáticos e ideólogos de ese país
plasmaron las ideas básicas de su expansión y
control territorial para la consolidación como potencia.
Dentro de esas ideas y doctrinas debe destacarse a la Doctrina
Monroe, la cual fue expuesta por el presidente James Monroe en su
comparecencia anual al Congreso, el 2 de diciembre de 1823. Esta
doctrina declara como máximo interés la
"América para los americanos", o lo que significa lo
mismo, todo el continente bajo el control del gobierno
estadounidense.

Siguiendo las bases del monroísmo se
ha diseñado la política exterior y de seguridad
hacia América Latina y el Caribe, argumentada desde los
postulados del llamado Destino Manifiesto que plantea"(…)
que Estados Unidos era el país escogido por el todo
poderoso para llevar el desarrollo, la civilización y su
sistema político y económico a todos los
países del mundo. A la injerencia económica,
comercial y militar se sumaba ahora la social, cultural y
política." (García Iturbe, 2009)

Bajo esas premisas inició su ascenso
como potencia el país norteño en el siglo XIX. Sin
embrago, los conflictos internos de la unión
estadounidense y la presencia de las Metrópolis europeas
en Latinoamérica, ameritaron una colaboración
antagónica, que permitiera el paulatino protagonismo de
ese país en las Américas.

Por otra parte, el siglo XIX vio el auge de
procesos independentistas en varios países de
América Latina y el Caribe, que limitaron el dominio de
las potencias europeas en la región. Ello condujo a que a
pesar de las contradicciones existentes con las metrópolis
europeas, Estados Unidos mantuviera una determinada
colaboración antagónica, que tenía como
objetivo el aseguramiento del dominio de la región para
sí.

El gobierno de Estados Unidos, favorecido
por el antecedente de colonia británica independizada,
halló mejores condiciones para sus objetivos de trabajo de
influencia y dominación. Las políticas trazadas,
fueron restando protagonismo a España, pues paulatinamente
Estados Unidos comenzó a apoderase de la economía
de las colonias españolas, convirtiéndose la
verdadera Metrópolis, si bien en el plano político,
aún España mantenía algún
dominio.

México fue para EE.UU. la puerta de
entrada en América Latina y el Caribe; el laboratorio
donde se experimentaron las primeras proyecciones imperiales de
la Doctrina Monroe y el llamado Destino Manifiesto del
imperialismo estadounidense, que supone la creencia en que
Estados Unidos de América es una nación destinada a
expandirse desde las costas del Atlántico hasta el
Pacífico.

Este término fue utilizado por
primera vez en el artículo Anexión del
periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic
Review de Nueva York, en el número de julio-agosto de
1845. En él se planteaba: "El cumplimiento de nuestro
destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos
ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran
experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que
tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios
para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que
tiene como destino."

Poniendo en práctica los
presupuestos imperiales, el joven gobierno de EE.UU. logró
apoderarse Texas (1840), California (1845), e invadió
parte importante del territorio mexicano entre 1846 y 1848;
reflejando el expansionismo estadounidense como mecanismo de
dominación.

"Esto proporcionó a Estados Unidos
un territorio que representa más de la mitad de la
nación y amplias reservas minerales. (…). La
invasión de tropas estadounidenses a tierras mexicanas no
tenía justificación alguna y menos el apropiarse de
la región conquistada, de ahí que fabricaron la
justificación y finalmente se adueñaron del
territorio." (García Iturbe N. , Los Estados Unidos en la
época de Bush, 2009)

Como consecuencia de la expansión
territorial, Estados Unidos se apropió de Colorado,
Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming,
Kansas y Oklahoma, lo que suma un total 2 millones 100 mil
kilómetros cuadrados. A cambio de despojar el 55% del
territorio mexicano de entonces, el gobierno estadounidense le
pagó a México la ridícula suma de 15
millones de dólares.

Durante la primera mitad del siglo XX se
consolidaron los mecanismos de dominación
económica, política, militar y sociocultural de los
Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Fue en
este periodo donde Washington practicó la política
del Gran Garrote o Big Stick, proveniente de un proverbio del
África occidental que decía: "habla suavemente y
lleva un gran garrote, así llegaras lejos" y el Corolario
Roosevelt, puestas en práctica por el presidente Theodore
Roosevelt, como actualización del
monroísmo.

La crisis económicas sucedidas en
Latinoamérica, en los primeros años de la
década del 20 y fundamentalmente con el Crack de 1929 a
1933, la región sufriría de una forma sin
precedentes la dependencia estructural a la economía
estadounidense. Esta crisis de la economía mundial se
solaparía con las medidas keynesianas aplicadas por el
presidente Franklin Delano Roosevelt, con la política de
New Deal (Nuevo Trato) y la llamada "buena vecindad" para
Latinoamérica y el Caribe, por la cual se signaron las
relaciones entre 1933 y 1945.

Durante la Guerra Fría la
proyección exterior y de seguridad se centró en
evitar el auge de gobiernos de izquierda con tendencias
socialistas, para lo que Washington apoyó a dictaduras
militares, desplegando planes sangrientos como la
Operación Cóndor.

Entre las posiciones de México en el
contexto interamericano debe destacarse su posición digna
al continuar las relaciones diplomáticas con la
República de Cuba, cuando nuestro país fue
expulsado de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

La política exterior y de
seguridad de EE.UU. hacia la región, del fin de la guerra
fría hasta nuestros días. México como caso
de estudio.

Concluida la política de Guerra
Fría con el derrumbe del llamado campo socialista de
Europa del Este, el presidente George H.W. Bush (1989-1993),
planteó la necesidad de construir un "nuevo orden mundial"
donde se consolidara la hegemonía estadounidense. Para las
relaciones interamericanas, este interés hegemónico
fue proyectado a través de instrumentos
político-jurídicos, económicos, militares,
de seguridad e ideológico-culturales, en interés de
configurar "el nuevo orden panamericano".

En el plano militar y de seguridad, ya se
venían preparando nuevos enemigos que sustituyeran la
"batalla" contra el comunismo, y continuaran alentando el
Complejo de Seguridad Industrial para el enfrentamiento al
llamado narcotráfico. En este sentido, la
Administración de Ronald Reagan (1981-1989) ya
había incentivado la guerra contra el flagelo de las
drogas, con una militarización que ha sido continuada por
los diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese
país.

La necesidad de nuevas guerras por el
control de recursos naturales estratégicos,
adquirió como justificaciones más útiles, la
lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico;
aunque también fueron revalorados los temas de las
migraciones descontroladas, la gobernabilidad, los derechos
humanos, entre otros.

Para ello se reajustó el sistema
interamericano con un nuevo aparato categorial de principios y
valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los
instrumentos político-jurídicos de este periodo se
destaca el Compromiso con la Democracia Representativa y la
Modernización del Sistema Interamericano aprobado en 1991
en la Asamblea General de la OEA. Este adecuaba la
institucionalidad de sistema interamericano con principios y
valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera
desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños;
que resultaran perjudiciales para las pretensiones imperiales.
Ese mismo año fue firmado el Protocolo de Washington, el
cual invalidaba los principios del "pluralismo ideológico
y político" establecido en el Protocolo de San José
en 1975.

Respecto a los instrumentos de
dominación económica, en 1990 fueron emitidas una
serie de recetas de esta índole para los países de
Nuestra América, a través del Consenso de
Washington. Este establecía una serie de políticas
económicas que perpetuaban la dependencia estructural a la
economía estadounidense e incrementaban la
explotación de la región. También en este
sentido fueron promovidos acuerdos económicos-comerciales
como el fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y otros más efectivos como el
Tratado de Libre comercio para América del Norte (TLCAN o
NAFTA en inglés) entre Canadá, Estados Unidos y
México.

En septiembre de 2001, fue aprobada la
Carta Democrática Interamericana, que revaloraba la
necesidad de "promover y consolidar la democracia
representativa". Con ello ponderaba la necesidad de consolidar la
democracia y el Estado de derecho en los países
miembros.

Esto ocurre en un complejo escenario
internacional, luego de los ataques terroristas contra las Torres
Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono
de Estados Unidos de América. Estos hechos "validaron" la
Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. de 2002, que dio a
conocer públicamente el presidente G.W. Bush (2001-2009)
la cual ha tenido una incidencia peculiar en el sistema
interamericano. (Véase: Suárez, 2003)

En el orden militar han continuado las
intervenciones estadounidenses, pero se ha perfilado la
diplomacia interamericana, para justificar las incursiones como
humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la
gobernabilidad y la seguridad humana. Entre los ejemplos
más significativos se destacan: la ratificación del
NAFTA por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994,
con las "enmiendas laboral y medio ambiental"; la Iniciativa
Mérida de 2007 y la injerencia de agencias como la USAID,
la NED y la DEA en los asuntos internos de gobiernos progresistas
de la región.

La política
exterior y de seguridad de Estados Unidos hacia
México

La política exterior y de la
seguridad nacional[1]de Estados Unidos hacia
México tiene una dimensión tan abarcadora, que
resulta necesario apreciarla desde una óptica más
profunda que la simple relación bilateral. Los intereses
económico-comerciales y de seguridad consolidados durante
siglos, hacen de México un país prioritario para
los intereses de política exterior y de seguridad
estadounidense, tanto por el hecho de compartir frontera
cómo por las implicaciones para la proyección hacia
América Latina y el Caribe.

Dicha relación debe entenderse desde
las características que asume un Imperio con su vecino
más cercano en el periodo de su expansión
territorial. Ello conllevó al despojo de una gran parte
del territorio mexicano y a un proceso de influencia
política, económica y sociocultural, donde Estados
Unidos proyectó los primeros indicios de lo que hoy se
conoce como los instrumentos de su poderío
nacional.

Con el curso de los años, los
mecanismos de dominación estadounidenses se han
perfeccionado, delineando una política exterior y de
seguridad acorde con cada contexto histórico. Ello parte
de un conocimiento de las necesidades y características
internas del pueblo mexicano, para poder consolidar su
hegemonía.

Para un mayor conocimiento de la cultura
mexicana, el Comando Norte de EE.UU. (NORTHCOM) está
desarrollando un programa "(…) contra México (que)
se denomina "Programa de Análisis sobre la Cultura
Mexicana" (…). Los asesores que forman parte de los
programas del HTS (Human Terrain System) son por lo regular
científicos sociales, donde se encuentran
sociólogos, etnólogos, psicólogos,
teólogos, antropólogos y otros."(García
Iturbe N. , 2013)

Existen elementos geoestratégicos
que hacen de México un foco de atención permanente.
El hecho de compartir fronteras hace de ese país la ruta
principal para los flujos de personas, drogas y armas entre
EE.UU. y Nuestra América. Esta peculiaridad ha conllevado
a una serie de problemáticas económicas,
políticas, culturales y de seguridad, que han influenciado
y en algunos casos, determinado, la historia de
mexicana.

En los últimos años,
México ha presentado graves problemas de seguridad,
violencia y criminalidad, asociados al tráfico
ilícito de drogas y otros delitos conexos, que tienen como
principal aliento, ser la puerta de entrada al primer mercado
global de drogas, y la de salida del mayor mercado de
armas.

La situación migratoria ha llegado a
tal punto, que la reforma migratoria estadounidense constituye un
punto central en la agenda de política exterior de ambos
países, por lo que implica para la seguridad de ambos
Estados y el impacto que posee a nivel regional.

Si bien la política exterior y de
seguridad de EE.UU. tiene un impacto a nivel global, para
América Latina y el Caribe y en particular, para
México, tiene una repercusión estructural. Para
México resulta inminente la necesidad de cambios en la
proyección de EE.UU. La crueldad de las leyes migratorias
y la militarización de la guerra contra las drogas han
sumergido a ese país en una lamentable situación de
criminalidad, violencia, y corrupción que afecta los
derechos humanos y la institucionalidad de
México.

México se halla ante una encrucijada
entre las complejas relaciones bilaterales con su vecino del
norte y los graves problemas que enfrenta en la política
interna. En ello tiene un gran impacto, la influencia de las
estrategias impulsadas para la lucha antidroga priorizan la
militarización sobre las medidas de beneficio social, lo
que aparta a un segundo plano la generación de empleos y
otros programas de desarrollo social. Desde esta perspectiva,
aumenta su dependencia, generando mayor violencia y criminalidad
para la sociedad.

Entretanto, los cárteles del
narcotráfico incrementan su poder de fuego y perfeccionan
la transportación de las drogas y el lavado de dinero, a
partir de su relación con empresas legales estadounidenses
que desarrollan el negocio de las drogas, consolidándolo
como toda una empresa transnacional, con mecanismos de
regulación de la oferta y la demanda.

Pero la militarización de la guerra
contra las drogas no sólo ha incidido en el aumento de la
violencia y de la inseguridad ciudadana en México, sino
que repercute también en los procesos electorales del
país, en tanto las demandas ciudadanas priorizan los
aspectos de seguridad sobre otras necesidades
sociopolíticas. De igual forma, la corrupción
política e institucional y los nexos existentes entre
altos funcionarios gubernamentales con los cárteles de la
droga, así como con el sector financiero, amplía el
diapasón de análisis, hacia elementos poco
atendidos en el enfrentamiento estadounidense al tráfico
ilícito de drogas, y a delitos conexos como el
tráfico de personas, precursores químicos y el
lavado de dinero.

Estados Unidos, ha logrado de México
no sólo un aliado estratégico, sino un ratón
de laboratorio donde ensaya y, a veces consolida, sus estrategias
de dominación hacia todo el hemisferio occidental. La
Iniciativa Mérida surgió como extensión del
Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina para México
y Centroamérica, producto del llamado efecto globo del
flagelo de las drogas en las últimas tres
décadas.

Uno de los grandes retos tal vez imposible
en la actualidad, lo constituye desnarcotizar la relación
entre Estados Unidos y México. Desde el segundo mandado de
Ronald Reagan (1985-1989) la temática tomó
prioridad en la proyección de Estados Unidos hacia la
región, y México como país fronterizo, se
consolidó como la ruta fundamental del tráfico de
drogas hacia Estados Unidos de América.

Sin embargo, fue durante el gobierno de
Vicente Fox (2000-2006) que la política exterior y de
seguridad estadounidense hacia México adquirió una
mayor recepción en cuanto a la influencia militar, con
asesores militares y civiles que han velado por que el
enfrentamiento a las drogas, el tráfico ilegal de personas
y otros delitos conexos se hicieran a la usanza
estadounidense.

La Iniciativa Mérida, pactada entre
los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y George W.
Bush en 2008, ha conducido a un mar de sangre donde Estados
Unidos pone las armas y las "técnicas" y México los
muertos. "En los últimos cinco años, más de
60,000 personas han sido asesinadas en la lucha contra el
narcotráfico en México. Y muchas de las armas que
alimentan esta violencia son contrabandeadas de Estados Unidos a
través de la frontera." (Petición Binacional le
pide a Obama Endurecer Ley Contra el Tráfico de Armas a
México, 2013)

Estos datos reflejan el fracaso de la
llamada guerra contra las drogas y permiten reconocer la misma,
como parte fundamental de la política exterior y de
seguridad concebida para México. La falta de voluntad
política de Washington para asumir de manera integral la
responsabilidad compartida y diferenciada contra el flagelo de
las drogas, puede argumentarse por la oportunidad que le brinda
para incrementar su poder militar y su influencia
político-diplomática e institucional en
México. La vulnerabilidad de las fronteras mexicanas con
Estados Unidos y, sobre todo, con Guatemala, extiende el
tráfico de ilícitos, alentando la tendencia
militarista del problema y la violencia con que operan
cárteles como el de los Zeta[2]

No es de despreciar los efectos negativos
que la pobreza, la violencia y los delitos conexos al
tráfico ilícito de drogas, con un enorme impacto
económico-social, lo que afecta las inversiones
extranjeras y el turismo; hallando una mayor cobertura para
criminalizar la protesta social. Asimismo se incrementa la
privatización de la seguridad pública, con el alza
de los precios de protección, rescate y servicio de
guardaespaldas, con la preocupante intervención de
empresas privadas de servicios de defensa y seguridad
(contratistas).

La crisis político-institucional se
ve estimulada por las suntuosas sumas de capitales de la
narco-economía, corrompiendo más el sistema
político y de defensa nacional, lo que lesiona la
convivencia democrática de ese país y su
gobernabilidad, con un lamentable costo para su
soberanía.

Asimismo, la equívoca funcionalidad
de la Iniciativa Mérida posibilita un paulatino aumento de
la violencia en el mercado de las drogas de México, en
tanto le resulte conveniente a la industria armamentista de
Estados Unidos y a sus intereses geopolíticos y
geoeconómicos

La impunidad con que actúan agencias
estadounidenses como la Agencia Antidroga (DEA) y los
contratistas al servicio de Washington en el territorio mexicano;
ha llevado a la realización de operaciones ilegales de
entrega de armas de fuego a los carteles de la droga como la
Operación Rápido y Furioso. "Un reporte de
Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), plantea
que el 70% de las armas incautadas en los últimos tres
años en México procedían de Estados Unidos."
(Petición Binacional le pide a Obama endurecer Ley Contra
el Tráfico de Armas a México, WOLA,
2013)

Ante esa situación, el gobierno del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) liderado por Enrique
Peña Nieto, deberá acometer reformas importantes en
la recuperación de la credibilidad del Estado mexicano.
Los problemas anteriormente mencionados, aumentan las presiones
para que este gobierno oriente las políticas
públicas en un sentido revitalizador de los derechos
ciudadanos y la gobernabilidad democrática.

La carencia de programas sociales que
desestimulen el crimen organizado trasnacional en México,
y la abismal desigualdad de entre ricos y pobres ha fomentado la
criminalidad. Esta situación vulnera las capacidades del
Estado mexicano para acometer acciones autónomas en el
plano de la seguridad. Por otra parte, la responsabilidad
compartida y diferenciada del gobierno de EE.UU. con el flagelo
de las drogas y varios de los problemas estructurales de la
economía mexicana, hacen improbable una solución
donde no se cuente con el concurso de las fuerzas y los fondos
del gobierno estadounidense.

Ha sido justamente la influencia de la
política exterior y de seguridad de Estados Unidos, junto
a la dependencia estructural de la economía mexicana, lo
que ha sometido a ese país en una seria crisis
sociopolítica, que demanda de cambios, que mejoren su
credibilidad y eleven los niveles de seguridad ciudadana que
presenta ese país en la actualidad.

"El 14 de enero de 2013 WOLA (la Oficina de
Washington para Estudios Latinoamericanos) entregó una
petición binacional a la Casa Blanca pidiendo a la
Administración Obama endurecer las leyes para frenar el
tráfico de armas a México, ya que en ese
país la violencia se ha convertido en una realidad
aterradora cotidiana para muchas comunidades. (Petición
Binacional le pide a Obama Endurecer Ley Contra el Tráfico
de Armas a México, 2013)

Ciertamente la situación que vive
México hoy no se explica sin la proyección exterior
y de seguridad de Estados Unidos, contrastándola con los
antecedentes históricos de dependencia y
dominación, en lo cual tiene un importante rol, los
acuerdos establecidos en materia económica-comercial y
financiera."Dentro de los mecanismos de dominación
utilizados por Estados Unidos, es importante tomar en cuenta el
comercio, fundamentado en el intercambio desigual y preferencial
en lo que respecta a la nueva metrópoli." (García
Iturbe N. , Los Estados Unidos en la época de Bush,
2009)

En el plano económico, durante la
primera mitad del siglo XX, México registró un
importante crecimiento que lo ubicó como un referente para
Latinoamérica y el Caribe. Ello ha sido utilizado por
Washington para canalizar buena parte de sus intereses de
dominación en la región a través de este
país.

La dependencia en temas de seguridad
complementa los acuerdos tomados en materia
económico-comercial y financiera, con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus
siglas en inglés) yla llamada Alianza para la Prosperidad
y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) mediante lo
cual se ha consolidado el sistema de dominación
estadounidense en México, desde el fin de la guerra
fría hasta la actualidad.

El TLCAN prohíbe la exigencia de
requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a los
inversionistas extranjeros, lo que da una mayor cobertura a los
empresarios estadounidenses para actuar sin controles exigentes.
Por otra parte, las empresas exportadoras no están
obligadas a someter a concurso sus compras como sí lo
están el Estado y las empresas públicas, de manera
que mientras existen controles para el Estado mexicano, el ramo
empresarial trasnacional cuenta con grandes libertades para su
desarrollo.

La asimetría existente entre ambas
economías, ha conllevado a una seria reducción de
laparticipación del capital mexicano en producciones y
exportaciones (2,75%). A estos tratados se suma la
incorporación de México a la Alianza del
Pacífico, junto a aliados estratégicos de EE.UU.
como Colombia, Panamá y Chile, para una alianza comercial,
impulsada por Washington en aras de amedrentar los esfuerzos
integracionistas de países como Venezuela (ALBA) y Brasil
(MERCOSUR y UNASUR).

La crisis global, ha conllevado a serias
limitantes para la economía estadounidense, la que ha
tenido serios problemas en el empleo y que posee un impacto
directo en los inmigrantes mexicanos, que constituye la principal
comunidad de latinos en ese país y ello a su vez tiene un
impacto electoral. La reelección de Obama con el apoyo de
la mayoría de este sector, evidencia la importancia del
voto latino como principal minoría de ese país, que
ya cuenta con"(…) 50,5 millones de personas de origen
latino que representan el 16% de la población y casi el
12% del electorado. Se convirtieron en la principal
minoría del país y son mayoría en 28
ciudades, con un crecimiento de casi la mitad (43 %) en la
última década." (Los retos de Obama en su segundo
mandato (2013-2017), 2012)

Estas transformaciones demográficas
permiten comprender la ascendencia de los latinos en la
política estadounidense, con figuras como Joaquín
Castro, que calan en la opinión pública
estadounidense, con efectos socioculturales de imprescindible
valoración para un diagnóstico sobre la
relación con la región y, en particular, con
México. Sobre este elemento el académico Immanuel
Wallerstein consideró:

"El antagonismo hacia México debido
a los migrantes indocumentados ha llegado a jugar un papel
importante en la política estadunidense y ha estado
socavando los supuestos lazos económicos cercanos con
México. Y en cuanto al resto de América Latina, el
crecimiento de su postura geopolítica independiente es
fuente de frustración para el gobierno estadunidense y de
impaciencia para el público en ese país."
(Wallerstein, 2012)

Ello se traduce también en una
reducción de los montos de remesas que recibe
México, que registran un importante monto de 24 000 MMUSD,
lo que lo convierte en el primer receptor de remesas de
América Latina y el Caribe y el tercero a nivel global.
Entretanto, la deuda externa mexicana se incrementó de 119
084 MMUSD en 2006 a 210 252 MMUSD en 2012, registrando un
crecimiento del 83 %.

La economía de México ha
mostrado varios indicadores positivos en los últimos
años que pueden tender a confundirse, pues muchos de los
índices de mejoría se deben a las inversiones de
empresas trasnacionales cuyo capital mayoritario proviene de
EE.UU. De hecho los lazos comerciales bilaterales
continúan creciendo, aunque el mercado chino aumenta la
competencia para los productos mexicanos.

Según afirmó el Secretario
Adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales de EE.UU.
José W. Fernández, entre Estados Unidos y
México hay "(…) 500,000 millones de dólares
en comercio, ya sea en mercancía o en servicios, todos los
años… (El) comercio se ha cuadruplicado desde la
firma del TLC. Todos los días hay más de 1000
millones de dólares que van de un lado al otro de la
frontera."(Fernández, Sitio Oficial de la Emabajada de
EE.UU. en México, 2013).

En el plano
político-diplomático México se halla ante el
reto de recuperar su otrora liderazgo regional. Esta postura
también es alentada en cierta medida, por el gobierno
estadounidense, en aras de disminuir el influjo de Brasil en el
Gran Caribe y en particular, en Centroamérica.

Estas circunstancias permiten apreciar el
grado de interdependencia entre ambos países, lo cual
acentúa los intereses y las prioridades de la
política exterior y de seguridad de EE.UU. hacia
México. El flujo ilícito de personas, drogas y
armas entre ambos países, hace de sus problemas comunes
una poderosa razón para la cooperación bilateral;
sólo que esta continúa siendo guiada desde la
visión unidireccional del imperio
estadounidense.

El viaje de Obama, a México y a
Costa Rica para la reunión del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA), era una deuda del
primer mandato presidencial de Obama, respecto a la
proyección hacia América Latina y el Caribe. En
este viaje se actualizó la política bilateral hacia
México, fundamentalmente en los tópicos de
seguridad, donde resultaba necesaria una puntualización
entre el gobierno de Obama y el de Enrique Peña
Nieto.

El nuevo gobierno del PRI, ha debido tomar
algunas medidas que reflejen cambios respecto a la
política de Calderón y ello tiene una
expresión directa en la relación bilateral con
EE.UU. sin bien se mantienen los lazos de dependencia y
dominación estructurales respecto al vecino del
norte.

Las discusiones en el marco de la OEA sobre
el tema de las drogas y el papel de México en ese
tópico, fortalecen las protestas respecto a la necesidad
de un cambio de política que contenga la violencia y la
criminalidad que afecta a gran parte de la región. Entre
los debates más importantes se destaca la
despenalización y la legalización de algunas
drogas. Este aspecto enfatiza las discusiones que se sostuvieron
en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena de
Indias.

En la actualidad, el gobierno de EE.UU. ha
recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la
utilización de aviones no tripulados (Drones), para su
utilización en la persecución de narcotraficantes e
inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la Frontera de
EE.UU. con México. Ello refuta la errónea
estrategia antidroga que persigue Estados Unidos, la cual
reinvierte en el pilar militar, dejando a un lado el importante
control del consumo en su país y el impulso a programas de
asistencia social, que contrarresten en alguna medida, las
marcadas diferencias sociales, que repercuten a su vez en la
falta de empleos y la crisis económica, e incentiva la
inserción en actividades ilícitas.

La fallida guerra contra las drogas ya va
generalizando consenso en cuanto a su fracaso manifiesto. En el
Informe de Human Rights Watch sobre la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se
reconoce, a consideración del director de esta
Institución para "las Américas", José Miguel
Vivanco:

"En vez de reducir la violencia, la "guerra
contra el narcotráfico" de México ha provocado un
incremento dramático de la cantidad de asesinatos,
torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de
seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de
descontrol y temor que predomina en muchas partes del
país."(Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones,
desapariciones y tortura en la "guerra contra el
narcotráfico" de México", 2013)

Si se hace retrospectiva hacia desde hace
sólo una década, puede apreciarse la
agudización de estas problemáticas, con serias
afectaciones a la institucionalidad, el Estado de derecho y la
seguridad ciudadana; lo que hace pertinente reconsiderar las
consecuencias que posee para la región, y en especial para
la nación mexicana, la política exterior y de
seguridad estadounidense.

Conclusiones

Las sucesivas administraciones del gobierno
estadounidense, incluso de la Obama (2009-2017), han reflejado
una continuidad en las estrategias de dominación hacia la
región, con independencia de los cambios y matices
ajustados al contexto histórico e internacional, a las
condicionantes internas de ese Estado-Nación y las
características de cada presidente.

La política exterior y de seguridad
de Estados Unidos hacia México se ha comportado de manera
estable, en cuanto a sus intereses de dominación. Para
ello se ha consolidado la dependencia de México hacia ese
país, estrechando todos aquellos pilares que comprometen
las políticas del Estado mexicano a los designios de
EE.UU.

De manera general, el crimen organizado
transnacional vinculado fundamentalmente, al tráfico
ilícito de drogas influye, cada día más en
la estabilidad mexicana, con un impacto en el sector social,
económico y el político, del cual no son ajenos los
procesos electorales existentes en esa nación.

Con la Iniciativa Mérida, se han
consolidado los nexos de dependencia, que aumentan las presiones
y las justificaciones para la penetración de personal de
seguridad y otros asesores (contratistas) en territorio mexicano.
Todo ello permite afirmar que la política antidroga de
Washington para ese país ha resultado un
fracaso.

La política exterior y de seguridad
de EE.UU. afronta la necesidad de transformar la visión de
ese país ante el mundo. Para el caso latinoamericano,
acoge un complejo contexto, con una correlación de fuerzas
que resulta contestataria a los intereses imperiales en los foros
regionales.

En ese panorama, el gobierno estadounidense
ha debido perfeccionar la proyección
político-diplomática, mediante el poder inteligente
(smart power) y la diplomacia y el desarrollo como complemento de
la defensa (las tres D). Desde estos presupuestos, se
perfeccionan las bases esenciales de la proyección
exterior de Estados Unidos, para el efectivo cumplimiento de los
objetivos estratégicos en la esfera
internacional.

Ante el impacto de la crisis
económica, EE.UU. ha reconocido la necesidad de realizar
cambios a nivel doctrinal, para el ejercicio de una
política exterior más efectiva. En este sentido, ya
no basta con la recuperación económica y la
demostración de la supremacía militar, sino que
para la consolidación hegemónica es también
necesaria la preservación de su liderazgo en el orden
político, diplomático, ideológico, cultural
e informacional.

Desde estos presupuestos, se desarrolla una
diplomacia en correspondencia con la necesidad de recuperar
credibilidad y adecuar la agenda internacional a los nuevos
tiempos. Para ello, los Departamentos y Agencias del gobierno
estadounidense han llevado a cabo varias reformas, donde se
destacan las implementadas por el Departamento de Estado y la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).

En este escenario, el gobierno
estadounidense re-articula los instrumentos del poderío
nacional para perfeccionar la penetración imperial. Para
ello, se validan conceptos como la responsabilidad de proteger,
para temas sensibles como la seguridad humana, la gobernabilidad,
la convivencia democrática, el Estado de derecho, la
violencia y la criminalidad; que faciliten el trabajo de
influencia y dominación de la política exterior y
de seguridad de EE.UU. hacia México.

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