El valor Justicia

Justicia.

Equidad. Equidad económica o financiera.
Equidad de género

Igualdad. Igualdad social. Igualdad de
sexo o igualdad de género. Igualdad de razas.
Igualdad ante la ley.

La realidad de la justicia en Colombia

Justicia colombiana enlodada

Colombianos héroes por la justicia. Genocidio
de los militantes de la Unión
Patriótica

hasta ahora impune. Magnicidios de los candidatos
presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa hasta
ahora impunes. Magnicidios de los ministros de justicia, Rodrigo
Lara Bonilla y Enrique Low Murtra hasta ahora
impunes.

Justicia, es:

– Dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le
corresponde.

– El conjunto de reglas y normas que establecen un marco
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones,
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones
específicas en la interacción de individuos e
instituciones. Nació de la necesidad de mantener la
armonía entre sus integrantes.

Equidad, es:

La tendencia a juzgar con imparcialidad y
haciendo uso de la razón.

Equidad económica o financiera, es la
distribución justa de la riqueza entre los miembros de
una sociedad, la
moderación en los precios y la justicia en los
términos de un contrato.

Por ejemplo: si una empresa se encuentra en una
situación monopólica, tendrá la capacidad de
fijar los precios de sus productos o servicios a su antojo. El
gobierno, por su parte, deberá establecer las condiciones
necesarias para que la actividad comercial se realice con
equidad.

Equidad de género, es la igualdad del
hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios
de una sociedad. Esto supone que las mujeres deben recibir la
misma remuneración que los hombres por igual tarea.
También implica que ambos sexos deben tener poder para la
toma de decisiones.

Si un hombre y una mujer se desempeñan en cargos
ejecutivos dentro de una empresa, con idénticas
responsabilidad y horas de trabajo, ambos tendrán que
ganar el mismo sueldo para que exista la equidad de
género.

Igualdad, es:

– El trato idéntico que un organismo, estado,
empresa, asociación, grupo o individuo brinda a las
personas sin que medie ningún tipo de
discriminación, o sea, reparo por la raza, sexo, clase
social u otra circunstancia de diferencia.

Igualdad social, es el contexto o
situación donde las personas tienen los
mismos derechos y las mismas
oportunidades.

La desigualdad proviene de la injusticia y arbitrariedad
del sistema político, económico y social. Cuando
propicia la discriminación, explotación y abuso
sobre determinadas personas o grupos de personas,
impidiéndoles ejercer los derechos para los que
están plenamente facultadas por la ley.

Esta es una circunstancia ante la cual se erige, no solo
como un derecho sino como un deber, la lucha política y
social para establecer las condiciones generales que permitan
restituir la dignidad jurídica y moral de la persona y la
ciudadanía.

Igualdad de sexo o igualdad de
género, es estandarizar las oportunidades existentes
de modo tal que puedan repartirse de manera justa entre hombres y
mujeres.

Esto con respecto a las diferencias inherentes a la
propia condición de la persona en lo que concierne a
aspectos biológicos, sociales, laborales, profesionales,
por ejemplo, edad, sexo, trabajo, profesión,
asociación.

Igualdad de razas, es dar los
mismos derechos a todas las
personas y no discriminarlas por sus características
raciales.

La igualdad se refiere a la raza o grupo étnico:
blancos, negros, indios etc. Al sexo: es usual que las
mujeres estén por detrás de los hombres a la hora
de buscar un empleo, pedir una promoción, cargos
directivos, de liderazgos empresariales, de conducción de
grupos humanos, o puestos estratégicos. A la nacionalidad,
o a las minorías: por ejemplo cuando una persona de origen
latino, o de diferente religión se radica en Europa, debe
someterse a ámbitos denigrantes, en el trabajo y en la
educación.

Igualdad ante la ley, es un principio que
reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los
mismos derechos.

Esta desigualdad tiene su origen en las diferencias de
cada persona, en atención a la necesidad que su propia
existencia formula y exige, tal sería el caso de quien
menos tiene y más necesita, frente al del que más
tiene y menos necesita.

Las regulaciones al principio de igualdad tienen un
doble carácter: como compensación y como
límite. En el primer caso, como compensación,
tratan de evitar la injusticia que surge del déficit de
facultades y posibilidades que afecta a la persona que
debería tener derecho a ellas. En el segundo caso, como
límite, trata de evitar los poderes excesivos que
concentra o puede concentrar una persona, en detrimento de los
derechos de los demás.

La falta de igualdad implica en la mayor parte de los
casos una flagrante violación a los derechos humanos
universalmente aceptados, y es característica de
sociedades poco tolerantes, y poco democráticas. La
sociedad, el Estado y el Derecho, han sido creados para atenuar
las desigualdades dando más a quien menos tiene y
más necesita, y menos a quien más tiene y menos
necesita. Cualquier condición discriminatoria ocasiona
desigualdad.

El poder absoluto conduce a la desigualdad y la
injusticia, presenta sus intereses particulares como si fuesen
los intereses generales de la colectividad, impone el bien
individual como si fuese el bien común.

La justicia viene a ser equivalente a equidad, en el
sentido de que cada quien en uso de su libertad, puede luchar por
aquello que considera le corresponde sin afectar los derechos de
los demás.

El Estado y el Derecho deben establecer las condiciones
que permitan al sujeto realizar las acciones necesarias para
alcanzar los fines que se ha propuesto, removiendo de entrada los
obstáculos en sus propósitos, eliminando toda
condición discriminatoria que sería la verdadera
desigualdad.

La igualdad existe como imperativo moral y
jurídico para todos, en el caso de los derechos humanos
fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad, a la
dignidad, y a la justicia.

La desigualdad se presenta, al menos, en tres
situaciones principales.

La realidad de la justicia en
Colombia

En Colombia, al menos 350 municipios, uno de cada tres,
o el 31%, no tienen presencia de jueces, muestra clara de que no
opera en la práctica el Estado Social de
Derecho.

La probabilidad de condena por un delito no supera el
20%. En el caso de homicidio, tal probabilidad gira en torno al
3%.

Según el Foro Económico Mundial 2011-2012,
en el ámbito internacional, el sistema judicial del
país está evaluado como ineficiente: ocupa el
puesto 88 dentro de 142 países el sexto lugar como la
justicia más lenta en el mundo y la tercera más
lenta de América Latina y el Caribe. Un proceso puede
tardar, en promedio, 1.346 días.

En cuanto a la congestión, se estima que de
seguir el ritmo actual, el sistema tardaría al menos diez
años en ponerse al día. Y los altos índices
de impunidad son dramáticos: 98% de impunidad en casos de
violencia sexual. Los recursos económicos, de
infraestructura y de talento humano son insuficientes.

Justicia colombiana
enlodada

Las Cortes lucen distinto hoy: La imagen más
fresca que tenemos de la Corte Suprema de Justicia, para
vergüenza nacional, es la del crucero que hizo por el
Caribe, en permiso remunerado, la presidenta Ruth Mariana
Díaz. En él se colaron como por arte de
birlibirloque, varios magistrados del Tribunal de
Bogotá y uno de Villavicencio, algunos
aspirantes a entrar a la Corte Suprema de Justicia.

Está por un lado el tema de los permisos
remunerados, traducidos en la extravagante cifra de cinco
días hábiles por mes. Pero está lo que se
infiere por el otro lado, las amistades entre los miembros de la
cúpula, los enroques, los favores, los
nombramientos.

El Consejo Superior de la Judicatura es una
máquina de burocracia e ineficiencia.

A la Corte Constitucional, la Supercorte, esa
joya de la corona de las altas esferas judiciales, que tiene en
su haber un giro hacia una tendencia mucho más
conservadora que puede constatar en términos garantistas,
han llegado magistrados bastante cuestionados, como el
recientemente posesionado Alberto Rojas Ríos nominado por
el Consejo de Estado, otro órgano trabado en la
confección de sus providencias.

Acá estamos hablando de una verdadera crisis que
aqueja a esta rama del poder público…Ahí
están los nombramientos, los carruseles, los
amiguísimos políticos, el miedo al procurador
Alejandro Ordóñez y, en últimas, lo que
más importa: las sentencias.

Colombianos
héroes por la justicia

Genocidio de los militantes de la Unión
Patriótica hasta ahora impune.

Dos candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y
Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13

Diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus
militantes fueron asesinados por grupos paramilitares,
elementos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y
narcotraficantes.
Algunos de los sobrevivientes al extermino abandonaron el
país. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
afirma que más de 4 000 miembros de dicha
organización política murieron en las dos
décadas siguientes.

La Unión Patriótica (UP) fue un partido
político de Colombia, fundado en
1985 como parte
de una propuesta política legal de varios actores
sociales, entre ellos las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que es el
grupo guerrillero más antiguo y numeroso del país
(reconocido por la Unión Europea como terrorista). Con el
tiempo, el partido se constituyó como ajeno a la lucha
armada de este grupo alzado en armas. El Partido
Comunista Colombiano (PCC) también participó en
la formación y organización de la UP.

La UP nació en un proceso de paz que
adelantó la guerrilla de las FARC con el gobierno de
Belisario
Betancur. En 1986 su candidato Jaime Pardo
Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación,
alcanzando el tercer lugar en las elecciones
presidenciales.

El narcotraficante Gonzalo
Rodríguez Gacha inició una guerra particular en
contra de las FARC, con la cual impulsó el asesinato
sistemático de los miembros de la Unión
Patriótica, al considerarlos la parte política del
grupo guerrillero.

En ese exterminio no sólo participó
Rodríguez Gacha, sino que también lo hicieron los
nacientes grupos paramilitares de la extrema derecha, que en la
próxima década se aglutinarían en las
Autodefensas
Unidas de Colombia, en algunas ocasiones en
coordinación, inclusión y colaboración con
miembros de seguridad del Estado. Se desconoce la cifra total de
militantes o simpatizantes de la UP que fueron
asesinados.

La gran mayoría de estos homicidios no cuentan
con condenas. En algunos casos puntuales se condenó a
autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en
la impunidad. Las víctimas sobrevivientes y sus familiares
han aportado testimonios y pruebas de la participación de
miembros de las fuerzas de seguridad del estado colombiano en
varios de los hechos criminales.

Un abogado defensor de las víctimas de la
Unión Patriótica, Eduardo
Umaña Mendoza, fue asesinado en los años 90 en
su propia oficina de Bogotá.

En 1993
se interpuso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una
demanda contra el estado colombiano por su responsabilidad y
participación en los crímenes contra la
UP.

Magnicidios de los
candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo
Ossa hasta ahora impunes

Jaime Pardo Leal

Bernardo Jaramillo Ossa

Jaime Pardo Leal. Fue abogado y
político colombiano por
el partido de la
Unión Patriótica.

1941. Nació en Ubaque, Cundinamarca,
Colombia, el
28 de
marzo .

1987. Fue asesinado en la Mesa, Cundinamarca, el 11 de
octubre.

Biografía.

– Realizó sus estudios superiores en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional de Colombia. Durante esta etapa fue un activo
dirigente estudiantil y de la JUCO (Juventud Comunista
Colombiana).

– Fue juez, magistrado del Tribunal Superior de
Cundinamarca y candidato a la Corte Suprema de
Justicia.

– Fundador de la Asociación Nacional de Empleados
de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización
sindical de la que fue su primer presidente.

- Como miembro del Comité Central
del Partido
Comunista Colombiano fue impulsor de la Unión
Patriótica (U.P.), de la cual fue su primer candidato
presidencial para las elecciones de 1986, logrando
320.000 votos, cifra récord para la izquierda colombiana
de la época.

– Denunció alianzas de la clase política
con el narcotráfico y
el paramilitarismo.
Su asesinato es parte del genocidio político que se
desató contra los integrantes de la Unión
Patriótica que en ese momento contabilizaba 471
de sus miembros asesinados desde 1985.

Bernardo Jaramillo Ossa. También abogado y
político colombiano por
el partido de la
Unión Patriótica.

1955. Nació en  Manizales
el 2
de septiembre.

1990. Fue asesinado en  Bogotá el
 22 de
marzo, en el terminal aéreo cuando esperaba un vuelo
con destino a Santa
Marta donde tomaría vacaciones.

Biografía.

– Fundó un restaurante popular cuando estaba en
secundaria. Ingresó a las filas de la Juventud Comunista
donde alcanzó posiciones de liderato.

– Se graduó como abogado en la Universidad de
Caldas en junio de 1981.

– Se unió a la UP una vez fundada
en 1985 .
Más tarde en las elecciones de 1988 ocupó el
escaño de Senador de la
República. Después del asesinato de Jaime Pardo
Leal asumió la presidencia de la UP y fue miembro
del Senado de la República.

– Exigía el fin de los grupos paramilitares quienes
ya habían asesinado para esa época a más de
300 militantes del movimiento.

– Después de la muerte del candidato del partido
liberal Luis Carlos
Galán, fue elegido candidato presidencial para el
periodo 1990-1994 y obtuvo una
inmensa popularidad por sus constantes llamados a la paz, sus
denuncias de impunidad y tolerancia oficial con el
paramilitarismo y las alianzas de este con el
narcotráfico.

Magnicidios de los ministros de
justicia, Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra hasta ahora
impunes.

Rodrigo Lara Bonilla

Enrique Low Murtra

Rodrigo Lara Bonilla. El 30 de abril de 1984 fue
asesinado en Bogotá el ministro de Justicia Rodrigo Lara
Bonilla. Su muerte constituyó la declaratoria de guerra
del cartel de Medellín al Estado y la sociedad colombiana.
Desde entonces, el país vive un enfrentamiento inconcluso
contra el narcotráfico. Este primer magnicidio
partió en dos la historia contemporánea de
Colombia, y desde entonces imperan los vacíos que dejan el
lastre de la impunidad.

Enrique Low Murtra. Igualmente un 30 de abril,
pero de 1991, también fue asesinado en Bogotá el
ministro de Justicia Enrique Low Murtra. Como Lara Bonilla,
murió acribillado por los sicarios del cartel de
Medellín, a quienes enfrentó promoviendo su
extradición o persiguiendo sus capitales
ilícitos.

Entre los dos magnicidios ocurridos el último
día de abril, Colombia vivió una época
tormentosa. Decenas de asesinatos políticos, de
crímenes de policías en estado de
indefensión, de carros bombas que segaron la vida de
centenares de inocentes ciudadanos. Una sangrienta
cronología de violencia orientada por el cartel de
Medellín, o su fachada política de los
extraditables, que dejó inadvertidas secuelas y enlaces en
el mundo del narcotráfico.

Dos décadas después, seguía Pablo
Escobar Gaviria siendo protagonista en el mundo clandestino de la
droga. Pero un día de diciembre de 1993 fue abatido en la
capital antioqueña. Como si no fuera necesario seguir
investigando a su organización delictiva, la justicia
optó por concentrarse en otros carteles de la droga. Vino
el escándalo del 8.000, después el desorbitado auge
del paramilitarismo o de la guerrilla, pero nunca quedó
una conclusión procesal y para la historia de
quiénes hicieron parte de esa máquina del terror
que se llamó el cartel de Medellín y que no eran
únicamente el capo de capos y sus secuaces.

Fuentes: http://definicion.de/equidad/

http://www.laprensa.com.ni/2011/07/17/opinion/66946-igualdad-justicia-equidad

http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php#ixzz2RVN0QYztDefinición
de igualdad – Qué es, Significado y
Concepto http://definicion.de/igualdad/#ixzz2RVNRZtsb

El Espectador, Redacción Política: 18 Julio
2012, 29 de Abril de 2009, 15 de junio de 2013.

http://www.Wikipedia.com

Autor:

Rafael Bolívar
Grimaldos