Cuba-Estados Unidos: politización de la lucha antidroga, o cooperación entre iguales

Resumen

El trabajo aborda el tema de la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas en las relaciones
bilaterales entre Cuba y Estados Unidos de América. Para
ello se aprecian las posibilidades de cooperación entre
ambas naciones sin desconocer las limitantes que existen en la
actualidad, debido a la politización que sufre un tema tan
vital para la seguridad y la prosperidad de todo el continente. A
partir de este entendido, el artículo tiene como objetivo
presentar los retos y perspectivas entre los gobiernos de Cuba y
Estados Unidos de América, en torno a la posible y
necesaria profundización en la cooperación para la
lucha antinarcóticos.

Introducción

La lucha contra el tráfico ilícito de
drogas ha sido uno de los temas donde mayor coincidencia ha
existido entre Cuba y Estados Unidos de América, en cuanto
a la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito
de drogas. Gracias a ello se ha establecido una
coordinación puntual para su enfrentamiento, que ha estado
avalada por la eficiente labor de las autoridades cubanas en el
control e interdicción de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas. A partir de este entendido, el trabajo
tiene como objetivo presentar los retos y perspectivas entre los
gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América, en torno a
la posible y necesaria profundización en la
cooperación para la lucha
antinarcóticos.

El tráfico ilegal de drogas es un negocio que
genera prácticas ilícitas y se asocia a delitos
conexos de criminalidad transnacional como el lavado de dinero,
el tráfico de armas, personas y órganos. Las
disímiles repercusiones de narcotráfico lo
convierten en una de las amenazas más importantes para la
seguridad nacional de los estados-naciones, así como la
seguridad internacional.

El comercio de drogas ilícitas y estupefacientes
tiene un importante trasfondo económico. A través
del negocio ilícito de las drogas genera a nivel
internacional anualmente 320 000 millones de dólares, con
un mercado que sobrepasa los 200 millones de consumidores a nivel
global (ONUDC, de United Nations Office on Drugs and Crime,
2012.). Alrededor de estas realidades se tejen una serie de
intereses económicos, políticos y
diplomáticos. Ello repercute en los niveles de violencia,
criminalidad e inseguridad de la sociedad
internacional.

El papel de los
EE.UU. en el enfrentamiento al tráfico ilícito de
drogas y otros delitos conexos

En la década de 1980, el tráfico de
estupefacientes de América Latina y el Caribe hacia
Estados Unidos comenzó a tomar repercusión en la
seguridad de ese país. Ante esa situación, el
entonces presidente Ronald Reagan promulgó la
declaración de la guerra contra las drogas en febrero de
1982 (Bagley, 1989).

Obviamente Reagan no fue el primer presidente en atender
este flagelo. En 1914 fue aprobada el Acta de Harrison que
ilegalizaba el consumo de la cocaína y de los
opiáceos. El presidente Nixon también
atendió el tema al igual que el demócrata James
Carter. Sin embargo, Ronald Reagan fue el que planteó una
política más fuerte contra este problema que,
además, ya había tomado una mayor importancia en
cuanto a los montos de tráfico y consumo.

La política exterior de Reagan construyó
pretextos para justificar la injerencia de ese gobierno en los
asuntos internos de otros Estados y evaluar la bilateralidad
multi-causal del tema del narcotráfico. Este fue un
aspecto cardinal de la proyección hacia
Centroamérica en el contexto del apoyo a las fuerzas
contrarias a la Revolución Sandinista y a los movimientos
de liberación nacional, particularmente en el
Salvador.

Los conflictos en Centroamérica durante la
década del 80, acrecentaron las diferencias entre Cuba y
Estados Unidos. El gobierno de Reagan incrementó la
agresividad contra la mayor de las Antillas con nuevos planes
desestabilizadores, que eran justificados con una fuerte
campaña mediática y diplomática que
criticaba el apoyo que ofrecía el gobierno cubano a los
movimientos progresistas de la subregión centroamericana.
El Informe de Santa Fe I de mayo de 1980, expresa la resistencia
de Washington a la colaboración brindada por Cuba a los
movimientos de izquierda en Latinoamérica, especialmente
hacia Nicaragua, el Salvador y Guatemala (García,
2008.).

Entre los objetivos de esta política estaban
impedir la aparición en Centroamérica y el Caribe,
de nuevos estados de corte cubano, que pudiera amenazar la
seguridad de Estados Unidos, convirtiéndose en una
plataforma de actividad subversiva que pusiera en peligro las
vías marítimas vitales para dicha seguridad. En
este sentido, la Administración Reagan (1981-1988) dispuso
como una de las condiciones para restablecer las relaciones con
el Archipiélago, el compromiso por la parte cubana a no
exportar la Revolución (García Iturbe,
2008).

Debido a estas circunstancias y al hábil manejo
del presidente Reagan en los medios de comunicación, la
cruzada contra las drogas obtuvo el apoyo de los sectores
conservadores, que le permitió crear las bases sociales y
políticas para impulsar una legislación contra el
narcotráfico más severa. De esta forma, en 1986 se
aprobó en el Congreso Federal un Acta antidrogas que
solicitaba un papel más activo de las fuerzas armadas en
las fronteras aéreas y marítimas, para la
interdicción de estupefacientes. Con ello se
impulsó a nivel Federal el aumento de los gastos para el
programa de control de narcóticos en los siete años
posteriores de sus dos mandatos, alcanzando 43 billones de
dólares anuales en el año 1988. (Bagley,
1989).

El objetivo central del Acta antidrogas era la
reducción del trasiego proveniente del exterior,
particularmente desde América Latina y el Caribe. La
legislación facilitó el incremento en 1.7 billones
del total de las autorizaciones del presupuesto federal para la
campaña antinarcóticos, que llegó al monto
de 3.9 billones para el año fiscal de 1987 (Bagley,
1989).

En 1988 el Congreso Federal cuestionó las
políticas de Reagan en la guerra antidrogas. En estas
críticas se destacó el posible Secretario del
Departamento de Estado del segundo mandato de Obama, John Kerry,
que por aquel entonces era senador demócrata del Estado de
Massachusetts. Kerry protestó la "pasividad" de las
investigaciones gubernamentales respecto a los Contras que
participaron en el negocio de las drogas, para costear la guerra
contra los Sandinistas en Nicaragua.

La política de Reagan contra las drogas tuvo como
limitante que solo fue aplicada de manera unidireccional. Por
ello, se priorizó el control sobre la oferta de
estupefacientes provenientes de América Latina y el
Caribe, sin atender las consecuencias de este negocio para las
poblaciones de donde provenían las drogas, ni la
desproporción entre la seguridad de la frontera
estadounidense y la de los países emisores, lo que
posibilitó variar las rutas de acceso al mercado
estadounidense, vulnerando su seguridad.

Durante las dos últimas décadas se han
incrementado los programas antidrogas en la región, entre
los que se destacan el Plan Colombia y la Iniciativa
Mérida, a través de los cuales se ha desarrollado
la militarización, con efectos perjudiciales para la
seguridad interna de los países más afectados. La
extensión de las estrategias del gobierno estadounidense
contra el narcotráfico por todo el hemisferio occidental,
muestra que más allá de los logros en
interdicción de estupefaciente y sustancias
psicotrópicas que se suelen reportar, el negocio de la
producción y comercialización de drogas
ilícitas se sigue esparciendo por las Américas, con
un creciente impacto internacional (Perdomo, 2012).

Luego de más de 30 años de la mencionada
declaración de guerra contra las drogas de Reagan, el
narcotráfico continúa afectando la seguridad y la
prosperidad interamericana, ampliando sus cárteles desde
la subregión andina hacia todo el hemisferio, con
particular incidencia en México y Centroamérica.
Esta situación denota fallas en las políticas
aplicadas hasta el momento, que argumentan la necesidad de una
modificación de los instrumentos y vías,
particularmente militares, en la lucha antinarcóticos. Con
ese fin debe impulsarse una cooperación más
coordinada, donde se atiendan las peculiaridades de cada
país y se tomen en cuenta los intereses de ambas
partes.

Hacia un
necesario acuerdo bilateral entre Estados Unidos de
América y la República de Cuba

Desde 1999 se estableció una cooperación
caso a caso para la lucha contra el narcotráfico entre los
gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, a sólo unos meses
del fin del segundo mandato del presidente demócrata
William Clinton. A partir de esta coordinación se dispuso
de un encargado de Guardacostas en la Sección de Intereses
de EE.UU. en La Habana (USINT), para mantener una
comunicación operacional con las autoridades cubanas,
estableciéndose los protocolos para la cooperación
caso a caso entre ambos gobiernos. En las coordinaciones
realizadas por más de una década se ha probado la
factibilidad de esta relación, apreciándose las
potencialidades existentes por ambas partes para una
relación más activa (Beardsworth, 2009).

Sobre este aspecto realizó declaraciones
positivas el general Barry McCaffrey, quien en su
desempeño como jefe de la Oficina de Control de Drogas de
la Casa Blanca, señaló la conveniencia de una
expanción de la colaboración entre Guardacostas y
Guardafronteras, así como la ampliación de los
contactos y la coordinaciones entre los mandos militares en la
zona de Guantánamo (Alzugaray, abril-septiembre de 2010:
no. 62-63.)

No obstante a este avance, académicos
estaodunideses como Randy Beardsworth, opinan que incuso dentro
de los marcos existentes, Estados Unidos pudieran ampliar las
relaciones bilareales. Sin embrago, el escenrario ideal
sería con la firma de un acuerdo entre ambas naciones que
diera paso a una relación más fructífera en
la lucha contra el narcotráfico.

La posibilidad de la firma de un acuerdo bilateral con
la República de Cuba sería un paso trascendental
del gobierno de Estados Unidos de América, en favor de
conducir una política más profunda en la lucha
antinarcóticos, donde prevalezcan los intereses de
seguridad sobre la politización sufrida en la
relación bilateral.

El gobierno estadounidense ha reconocido la eficiencia
de Cuba en el enfrentamiento al tráfico ilegal de
estupefacientes en los últimos informes anuales del
Departamento de Estado, como se corrobora en el reporte del 7 de
marzo de 2012, titulado "Estrategia para el Control Internacional
de Narcóticos" (INCSR, 2012). Estos documentos reflejan
las oportunidades que existen para el cambio hacia una
política más pragmática, que priorice los
intereses de seguridad nacional sobre los factores
político-ideológicos, influidos por el
lobby cubanoamericano, que impiden la
consolidación de la seguridad de los EE.UU. en el
Caribe.

La coordinación positiva que se ha establecido
entre los especialistas del Ministerio del Interior (MININT) de
Cuba, desde la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) y las
Tropas Guardafronteras (TGF) con el gobierno estadounidense,
mediante el encargado de Guardacostas de la Sección de
Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), demuestra las
potencialidades existentes. Según la USINT entre los
objetivos básicos de su trabajo se encuentra realizar
"(…) los esfuerzos por reducir la amenaza global que
representa el crimen y el narcotráfico" (Sitio oficial de
la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (
USINT), 2012).

El establecimiento de un acuerdo con Cuba,
abriría un abanico de posibilidades para profundizar las
relaciones, sobre la base del respeto y el interés mutuo.
No obstante a que en la actualidad existe una cooperación
caso a caso entre ambos gobiernos, la práctica ha mostrado
que esta cooperación resulta insuficiente.

A pesar de que la propuesta de Cuba para un acuerdo
bilateral con Estados Unidos de América es similar a la
establecida con los otros países con que mantiene
relación, el acuerdo no ha sido respondido por ese
gobierno. Mediante la concertación de un acuerdo
bilateral, Estados Unidos América podría
lograr:

• Una mayor seguridad en sus fronteras aéreas y
  marítimas, con un intercambio de información
  operacional en tiempo real que aumentaría la
  eficiencia y competitividad de las autoridades a
  cargo.

• Podría disminuir la penetración de
  drogas a partir de un intercambio más
  sistemático y no caso a caso entre los especialistas
  de ambos Estados. Ello perfeccionaría los niveles de
  control e interdicción por las autoridades ambos
  países, con el impulso de cursos de
  capacitación técnica-operacional, propicios
  para el intercambio de experiencias.

• Le concedería un mayor pragmatismo en la
  lucha antinarcóticos, al concertar de manera oficial
  con un actor de prestigio y credibilidad en el hemisferio
  occidental para el enfrentamiento a este flagelo.

• Podrían establecerse mecanismos de
  cooperación en la asistencia
  médica-humanitaria. La colaboración
  médica, desarrollaría la prevención y
  los tratamientos de rehabilitación para los
  consumidores no sólo de ambos países, sino
  también para la cooperación con
  terceros.

• Obtendrían una actualización
  más precisa sobre las rutas y los medios que se
  ejecutan en el trasiego de drogas y otros delitos conexos,
  que dinamizaría las vías de información
  e identificación coordinada de grupos criminales,
  embarcaciones, así como las distintas formas en que
  operan para el trasiego de cargas, lo cual permitiría
  hallar las formas más viables para su control y
  captura.

• Estados Unidos de América consolidaría
  su sistema de seguridad al profundizar el intercambio
  técnico-operativo con un país de alta
  eficiencia en la lucha antinarcóticos.

• Este acuerdo, además, mejoraría la
  imagen internacional de EE.UU. al preponderar sus intereses
  de seguridad nacional sobre el conflicto
  político-ideológico entre ambos
  países.

Un paso diplomático de esta índole,
demostraría la voluntad política del gobierno
estadounidense para avanzar en la regularización de las
relaciones con Cuba, desde una óptica más objetiva,
que tome en cuenta los beneficios que tendría para su
seguridad nacional y respete la soberanía y
autodeterminación del pueblo cubano.

El sistema de
enfrentamiento, prevención y cooperación
internacional de Cuba en la lucha antidroga

El tráfico ilícito de drogas entre
América Latina y el Caribe y EE.UU., influye sensiblemente
en las medidas que debe tomar el Estado cubano para proteger su
territorio y a sus ciudadanos del trasiego y consumo de drogas, a
pesar de que los índices de consumo y trasiego en Cuba no
son significativos respecto a la regularidad en la región.
Ante la posición geoestratégica de Cuba
(Véase Anexo 1 y 2), ubicada en un área donde se
entrecruzan varios corredores (aéreos y marítimos)
del tráfico de estupefacientes hacia y desde Estados
Unidos, el sistema de vigilancia y control del gobierno cubano ha
debido configurarse en función de enfrentar
responsablemente a ese flagelo.

La seguridad cubana establecida para este problema, se
organiza desde el Ministerio del Interior (MININT), en
coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(MINFAR). Para ello cuentan con la Dirección Nacional
Antidrogas (DNA), la Comisión Nacional de Drogas (CND) y
las Tropas Guardafronteras (TGF), que vigilan las aguas
jurisdiccionales, las costas y el espacio aéreo con la
Operación Aché, en sus diferentes ediciones. La
Aduana General de la República se encarga del control en
los aeropuertos, puertos y marinas internacionales. Para
enfrentar el escaso mercado interno existe la Operación
Coraza Popular, iniciada en 2003.

El MINFAR le presta una gran importancia al
enfrentamiento al tráfico de drogas. La Marina de Guerra
revolucionaria (MGR) colabora estrechamente con las Tropas
Guardafronteras (TGF) en la localización e
intercepción de naves sospechosas que penetran las aguas
cubanas. La Fuerza Aérea actúa de forma similar,
ubicando los movimientos de las naves y detectando la posible
existencia de cargas de drogas en los mares que rodean al
archipiélago. El Ejército tiene la tarea de barrer
extensas zonas de playas y pantanos con el objetivo de detectar
recalos de drogas (Keplak, abril-septiembre 2010).

La Dirección Nacional Antidrogas (DNA) es la
dirección rectora del Sistema Ministerial de
Enfrentamiento a las Drogas y por tanto la encargada del
enfrentamiento operativo y estratégico contra el
tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos
como el lavado de dinero. Para ello centraliza la
información relacionada con estos delitos, y desarrolla
los contactos con la INTERPOL y los servicios antidrogas de otros
países. Esta cooperación con otros países e
instituciones, se fundamenta en la firma de acuerdos bilaterales
y regionales de colaboración conjunta en la lucha contra
el narcotráfico.

La Comisión Nacional de Drogas (CND) se encarga
de dirigir el sistema de prevención, en
coordinación con los órganos pertinentes de la
Administración Central del Estado y las diversas
organizaciones políticas y de masas con que cuenta la
nación. Este trabajo tiene un impacto favorable en la
reducción de la demanda de estupefacientes y la
socialización de los programas de
prevención.

El programa nacional de prevención del uso
indebido y control de drogas, es dirigido por la Comisión
Nacional de Drogas (CND), en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las diferentes
organizaciones políticas y de masas, que apoyan el sistema
de prevención y rehabilitación. Este programa se
traza hacia áreas específicas de atención,
como la salud mental y las adicciones, y la labor en el sistema
educacional; con planes de atención que van desde el
trabajo con la niñez, la adolescencia y juventud, hasta
las universidades.

Los objetivos esenciales del sistema de enfrentamiento y
prevención del trafico consumo ilícito de
estupefacientes son la reducción de oferta de drogas (la
cual es insignificante respecto a la norma de la región),
imposibilitando que los narcotraficantes tengan en el
archipiélago una ruta establecida.

La legislación cubana ha mantenido una
política estricta en la prevención y
penalización del tráfico ilícito de
estupefacientes y otros delitos conexos. En el Código
Penal cubano, máxima ley sustantiva penal, en el
título tercero del capítulo V de la sección
cuarta, en el artículo 190.1 y siguientes, el legislador
cubano ofrece una protección amplia a tales delitos, pues
tipifica las conductas de: "Producción, Venta, Demanda,
Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitos de
Drogas, Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras
de Efectos Similares."

La denominación de esta sección fue
modificada por el artículo tercero del Decreto-Ley
número 150 del 6 de junio de 1994 (Gaceta Oficial de la
República de Cuba).

También han sido implementadas otras medidas
sancionadoras de índole administrativa entre las que se
destacan: el Decreto 277 de 1995 y el Decreto Ley 232 del 21 de
enero del 2003, para la confiscación de tierras y bienes
por cultivo de marihuana. El decreto Ley 232 dispone en su
artículo número uno: "la confiscación o, en
su caso la pérdida del respectivo derecho de las viviendas
o locales, en los que: a) se produzca, trafique, adquiera,
guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen
hechos que, directa o indirectamente, se hallen relacionados con
las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas u otras de efectos similares" (Gaceta
Oficial de la República de Cuba). También se
perfeccionó la tipificación contra el delito de
lavado de dinero y la aplicación de la confiscación
de bienes y productos obtenidos a través del negocio de
las drogas. En el título XIV en el capítulo
segundo, artículo 346.1 regula: " El que adquiera,
convierta o transfiera recursos, bienes o derechos a ellos
relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento
o debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión
o circunstancias de la operación, que proceden directa o
indirectamente de actos relacionados con el tráfico
ilícito de drogas, el tráfico ilícito de
armas o de personas, o relacionados con el crimen organizado,
incurre en sanción de privación de libertad de
cinco a doce años" (Gaceta Oficial de la República
de Cuba).

En el enfrentamiento al blanqueo de capitales, el Banco
Central de Cuba emitió la Resolución número
66 de 1998, en materia de secreto bancario y la Resolución
número 91 de 1997, referida a la metodología para
la detección de dinero ilícito. Para la
prevención del uso de drogas ilegales se han realizado
importantes modificaciones como las recogidas en Ley 41 de 1983;
la Resolución número 67 de 1996, que regula el
Control de los Precursores y Sustancias Químicas
Esenciales y la Resolución número 37 de 1998 del
Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Gracias a este sistema de enfrentamiento y
prevención, la República de Cuba ha mantenido un
riguroso control que registra entre sus últimas cifras, la
ocupación de 1,44 toneladas de narcóticos en los
primeros cinco meses del año 2012, la mayoría de
estos relacionados con los recalos (Sitio Oficial del MINREX,
2012). El trabajo de las autoridades cubanas en el enfrentamiento
a este flagelo le ha posibilitado una alta eficiencia, logrando
sus mayores cifras en 2011. "En total se enfrentaron 399 hechos
de recalos (291 más que en el 2010), en los que se
incautaron 8 508 kg de drogas, la mayoría marihuana (8 418
kg), 81.7 kg de cocaína y 7.42 kg de hachís"
(Fernández, 2012).

En el ámbito internacional Cuba ha demostrado
seriedad en el cumplimiento de sus responsabilidades como
país signatario de las Convenciones de la ONU, relativas a
la lucha antidroga como la Convención Única de la
ONU de 1961, ratificada por Cuba el 30 de agosto de 1962 y su
Protocolo enmendado en 1972, al cual se adhiere La Habana el 14
de diciembre de 1989; el Convenio sobre Sustancias
Psicotrópicas de la ONU de 1971, ratificado por la Isla el
26 de abril de 1976; la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por Cuba el 5
de junio de 1996; la Convención de la ONU contra la
Corrupción de 1988; la Convención de ONU contra la
Delincuencia Transnacional Organizada y de su Protocolo contra la
Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego.

La República de Cuba es Estado Miembro de la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas desde
1996, de las reuniones de Jefes de Organismos Encargados de
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) de
la ONU para América Latina y el Caribe, del Plan de
Acción de Barbados para la Cooperación en el Caribe
sobre Drogas, desde su creación en 1996 y del mecanismo de
Coordinación y Cooperación de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe, también desde
su fundación en el año 1999.

Cuba participa sistemáticamente en conferencias
internacionales de lucha contra el narcotráfico, como la
reunión de Jefes de las Naciones Unidas de los Organismos
Nacionales Encargados de Hacer Cumplir la Ley (HONLEA),
presentando las estadísticas trimestrales sobre las
interdicciones de drogas a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas
(JIFE), según afirma el informe de la Oficina de Asuntos
Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley,
del Departamento de Estado en el INCSR del 7 de marzo 2012.
(Departamento de Estado en el INCSP) Las autoridades cubanas
mantienen también una coordinación
fructífera con la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) confirma su compromiso a colaborar en la lucha
internacional contra este flagelo. Con ese objetivo, el gobierno
cubano ha fomentado su cooperación con diversos
países y ha ratificado acuerdos con la Federación
Rusa, y con Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña
(RUGB) ha llegado a memorandos de entendimiento. Estos memorandos
de entendimiento en la práctica resultan acuerdos
bilaterales, como el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados
Unidos por el tema migratorio.

Un ejemplo de la factibilidad de estas colaboraciones se
aprecia en la establecida con el Reino Unido de Gran
Bretaña (RUGB) desde 1994. Esta relación ha
permitido la concertación de un amplio programa de
entrenamiento actualizado para los oficiales cubanos y el
suministro de equipos de alta tecnología al MININT,
destinados a la lucha contra las drogas, lo que muestra el
respeto y consideración de ese país por la rigurosa
política antidroga que establece Cuba (Keplak,
2010).

Según el jefe de la Dirección Nacional
Antidrogas (DNA), el Coronel Domingo Ibáñez: "Cuba
tiene suscritos acuerdos bilaterales en ese esfuerzo con 35
naciones, entre estas Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile,
Chipre, Colombia, Ecuador, Francia, Haití, Italia,
Jamaica, Líbano, Mongolia y Venezuela" (DNA, 2012). A
partir de estas colaboraciones, las autoridades cubanas han
profundizado los intercambios informativos en tiempo real,
así como otros contactos de trabajo con los servicios
antidrogas de varias naciones, con el propósito de
fortalecer la cooperación operacional, en la lucha contra
ese flagelo.

Perspectivas de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para la lucha contra
el tráfico de estupefacientes y otros delitos
conexos

Las acciones de la República de Cuba a nivel
nacional e internacional para la lucha antinarcóticos,
reflejan una práctica eficiente y solidaria, que validan
la posibilidad de un acuerdo bilateral de cooperación con
Estados Unidos. Los índices de tráfico de la
región en los últimos años, según a
las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y
el Crimen (ONUDC); la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en las
Américas, así como los datos que reporta el
Departamento de Estado, reconocen la generalización del
trasiego drogas por todo el hemisferio occidental. En estas
circunstancias, la colaboración entre ambos países
resulta un tema de suma importancia geoestratégica donde
el gobierno estadounidense tiene una alta
responsabilidad.

La reelección Barack Obama para un segundo
período, alienta las expectativas hacia un mejoramiento de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El presidente
demócrata, sin las presiones de otra elección y
favorecido por el comportamiento del voto cubanoamericano del
Estado de la Florida, pudiera favorecer una relación con
la República de Cuba, donde se potencien los aspectos de
interés mutuo.

En el plano internacional existe un consenso sobre la
necesidad de ese camino. La votación en la Asamblea
General de Naciones Unidas, en Nueva york, el 13 de noviembre de
2012, a la Resolución: "Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por Estados
Unidos de América contra Cuba", fue aprobada con 188 votos
a favor, tres en contra y dos abstenciones, lo que refleja el
consenso internacional para la abrogación de esa
política.

La intervención del canciller cubano Bruno
Rodríguez Parrilla, en el marco de esas votaciones,
confirmó la voluntad de Cuba para la realización de
un acuerdo bilateral en la lucha antidroga, al expresar
"(…) el ofrecimiento al gobierno de Estados Unidos de
negociar acuerdos de cooperación en áreas del mayor
interés mutuo, como el enfrentamiento al
narcotráfico, al terrorismo, al tráfico de personas
y para la completa regularización de las relaciones
migratorias, así como para la prevención y la
mitigación de desastres naturales y la protección
del medio ambiente y de los mares comunes" (Rodríguez,
2012).

Entretanto, muchas de las críticas realizadas por
el gobierno estadounidense al cubano, han quedado descolocadas en
el tiempo, debido a las transformaciones que la República
de Cuba ha realizado en los últimos años, como
parte de un proceso autónomo y necesario para la
prosperidad del pueblo cubano.

Las posibilidades de cooperación que presenta la
mayor de las Antillas en tres temas de especial prioridad en la
región, como la preparación y el enfrentamiento a
los desastres naturales, la lucha antinarcóticos y la
asistencia médica, resultan muy factibles ya no
sólo para el intercambio bilateral sino también
para la cooperación con otros países del
hemisferio.

Un ejemplo del gran potencial de Cuba en este sentido,
lo constituyó la relación concertada luego la
catástrofe ambiental en Haití, donde nuestro
país mostró cómo se puede concertar una
relación bilateral fructífera para la ayuda a
terceros. Sin embargo, estas posibilidades resultan mediatizadas,
desconociendo realidades que lejos de toda lógica
política, responden a los intereses de la
humanidad.

Conclusiones

La República de Cuba reconoce la importancia de
una cooperación constructiva con Estados Unidos en la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros
delitos conexos. Las consecuencias de este flagelo para la
seguridad ciudadana, los derechos humanos y la convivencia
democrática de los estado-nacionales lo
ameritan.

Sin embargo, la responsabilidad común y
compartida entre ambos países en el enfrentamiento al
narcotráfico, no se asume de manera integral por Estados
Unidos. Las limitantes establecidas por Washington para la
cooperación con la República de Cuba, a pesar de
los niveles de seguridad que mantiene el archipiélago, y
su disposición para firmar un acuerdo de
cooperación bilateral, son una prueba de ello.

El gobierno de Estados Unidos de América tiene
una inmensa capacidad para asistir a Cuba en la
realización de una tarea aún mejor, en las
áreas de mayor preocupación para los organismos de
seguridad norteamericanos; mientras que la mayor de las Antillas
posee los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo. Si
bien el país norteño cuenta con su poderío
económico, tecnológico y militar, el
archipiélago tiene el personal médico, la
experiencia y voluntad política, patentizada en su gran
prestigio internacional.

No obstante, ante la ausencia de un acuerdo bilateral,
la República de Cuba continúa desarrollando su
sistema de seguridad y prevención contra el tráfico
ilícito de drogas y otros delitos conexos, con una actitud
cooperativa y responsable en las relaciones que se mantienen caso
a caso con Estados Unidos. El gobierno cubano, consciente de la
pertinencia de este acuerdo, realiza una cooperación
puntual, donde refleja el respeto al ordenamiento jurídico
y a las competencias de cada parte.

Independientemente de lo que reflejen los grandes medios
de comunicación, el pueblo cubano mantiene abierta su
solidaridad y cooperación, bajo los marcos del respeto a
los principios internacionales de los pueblos, pues la
politización que sufren temas tan vitales para la
prosperidad y la seguridad de ambos países, deberá
de cambiar algún día.

Las potencialidades existentes en ambas naciones para el
intercambio de información operacional, de una forma
sistemática, que contribuya al mejoramiento de la
seguridad, la salud y el bienestar social de ambos pueblos,
ameritan la continuidad de los esfuerzos
político-diplomáticos, para la realización
de un acuerdo bilateral.

Con ese acuerdo, Cuba pudiera brindar mecanismos
más dinámicos de cooperación, así
como una mayor coordinación para la asistencia a otros
países de la región. Se tendría la
oportunidad histórica, de concertar políticas para
enfrentar el tráfico de estupefacientes y otros delitos
conexos, de una forma más transparente y
participativa.

La importancia de la mayor de las Antillas desde el
orden geoestratégico en el Gran Caribe y su legitimidad en
el enfrentamiento a estos delitos, indicaría un camino
más expedito en la relación de EE.UU. con el
hemisferio occidental. Desde una colaboración más
integral y responsable, Washington pudiera mejorar las
consecuencias del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida,
para la violencia, la criminalidad y la convivencia
democrática de los países más
afectados.

Los niveles de seguridad que garantiza el Estado cubano
en el enfrentamiento al narcotráfico, permitirán
ampliar sus relaciones de cooperación
político-diplomáticas y militares con otros
países y organismos internacionales, donde el alcance de
un acuerdo bilateral con EE.UU. es un paso inminente, para la paz
y la seguridad interamericana.

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