Violencia simbolica y practicas violentas de los entornos sociales colombianos
Violencia simbólica y
práctica violentas de los entornos sociales colombianos
(dominación y legitimación)
La violencia cuestionada y reproducida por la misma
sociedad es el reflejo de la construcción de un conjunto
de estructuras socio-históricas que han moldeado sentidos
y pensamientos en cada una de los ciudadanos colombianos nacido y
por nacer. Estas estructuras generan circunstancias que limitan
el pleno desarrollo delas personas relegándolas a
conductas funcionalistas que obedecen a objetivos sectarios y a
construir sistemas globales de comportamientos que se dan a
través de políticas económicas y por tanto
sociales cuyo propósito es dominar a través de la
marginación y limitación de los recursos de
subsistencia humana.
Lo antes mencionado es el reflejo del establecimiento
del modelo económico neoliberal de mediados de los
años 60s, a través de la aplicación de un
régimen jurídico económico que permite menor
intervención del Estado, privatización de
instituciones públicas, el fortalecimiento de empresas y
propiedad privada.
Un modelo económico que es promovido por las
elites colombianas tras su formación académica en
el exterior principalmente en Estados Unidos y Europa cuyo
conocimiento e ideologías desarrollistas de pusieron en
práctica a través del ejercicio político en
los diferentes estamentos gubernamentales de la nación
desde la presidencia de la república hasta las diferentes
magistraturas el congreso y la corte suprema de justicia; de esta
forma se ve fuertemente interrelacionada las estructuras
económicas, sociales y políticas del país
que establecen un determinado orden legitimado por toda la
sociedad en general, a través de una legalidad racional de
un derecho positivo y normativo
Por lo tanto el análisis se orienta a la
relación del orden legal racional instituido por la
sociedad colombiana y las profundas acciones violentas que
enmarcan el reflejo de las relaciones sociales colombianas entre
individuos individualizados pero congregados en masa y en grupos
generadores de violencia, una violencia marginal que segmenta
principios morales y relaciones sociales colocando a sus actores
en diferentes posiciones para enfrentarse los unos a los
otros.
El derecho positivista genera las raíces de las
necesidades en las condiciones sociales de las personas, es
así como las políticas de vivienda basadas en el
mercado de los subsidios a la demanda se basa en la
adquisición de créditos bancarios (UPAC 1972, UVR
1999)[1] que no es más que el endeudamiento
hipotecario y la pérdida de capacidad financiera,
limitando el acceso a la vivienda. 1,76 millones de hogares no
tienen vivienda propia y también el 29,6% carecen de
servicios públicos básicos, donde el 36,7% de la
población habita viviendas de
alquiler[2]
Este proceso neoliberal en Colombia inicia en un
contexto donde la economía nacional en su gran parte
agraria sustentada en el café, el tabaco, estaba en
crisis, por otro lado la precariedad de la industria nacional, el
nacimiento del narcotráfico, consolidación de
elites dominantes como la banca privada, iniciarían el
beneficio oligopólico de negocios particulares en todas
las áreas, producción, comercio y servicios. Un
desarrollo del país a partir de incentivar la
inversión del capital privado interno o externo Sobre los
medios de producción esto empezó con la
reducción de las restricciones a las importaciones y de
los aranceles seguido de reformas a las instituciones estatales
como los ministerios de comercio exterior, de hacienda, que a su
vez generaría otra serie de cambios, por ejemplo en los
regímenes laboral, cambiario,
tributario[3]
Con la continua crisis social y política del
Estado colombiano a base de múltiples formas de violencia
como asesinatos en la sociedad civil, candidatos
políticos, sindicalistas, por parte de grupos
narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, asaltos al poder
estatal como la incursión armada a la corte suprema de
justicia por el M19 y su posterior desmovilización; para
1990-1991 se reestructuró un nuevo orden de la vida
política y social de la nación a través de
la reforma constitucional del 1991, situación que
más que nada es aprovechada e influenciada por sectores
liberalistas de derecha posibilitando así el diseño
e implantación legal de reformas, principalmente leyes
estructurales tendientes más que nada a la
liberación económica[4]
En este caso se dio libertad al libre desarrollo de la
producción e inversión dentro del país a los
grupos partidistas que venían consolidándose
económicamente en medio de esta crisis, por lo tanto para
el periodo (2000-2011) se presenta un proceso de
supra-nacionalización de un orden jurídico y
económico[5]que perjudica a la sociedad;
debido a que en perspectiva son políticas neoliberales de
un gobierno impuestas por vía legal a través de
planes nacionales de desarrollo, leyes anuales de presupuesto y
transformación institucional; que progresivamente
según Estrada reduce al Estado a "funciones de
policía administrativa, vigilancia y control que se
complementa con la administración de justicia y el
ejercicio de la fuerza pública"[6], de esta
forma el modelo económico neoliberal ha profundizado
problemas sociales como la insatisfacción de las
necesidades básicas de la población más
vulnerable (2005- NBI nacional 27,78%, Nariño 43,79%,
Pasto 16,20%), por las escasas oportunidades de ingresos
económicos (ingresos por debajo de la línea de
pobreza 1991-52.5% y
2000-57,5%)[7],población que no alcanza a
satisfacer los requerimientos mínimos de
nutrición.
En la familia de don Fernando pintor de
profesión, son seis personas, por diferentes circunstancia
los que tienen a cargo la manutención del hogar en la
mayor parte del tiempo es Fernando, y cuando no tiene trabajo la
esposa tiene que sostener el hogar "cuando no consigo trabajo
por uno o tres meses mi mujer trabaja como cocinera, haciendo
aseos, consigue para la comida…", Martha
Delgado:
"mi marido está haciendo el bachillerato es
electricista, tiene 37 años, al mes gana casi el
mínimo, trabaja de 7 a 6, con eso lo primero que hay que
sacar es para el arriendo que son dos piezas el baño y la
cocina y para los servicios, luego hacer la remesa que toca
comprar lo principal arroz, aceite, azúcar, café,
huevos, sal, el bultico de papas, y algunas cosas de aseo, con
eso nos mantenemos mi marido, mi hijo de 10 años y
yo"[8]
Permanente situación de necesidad generada por
diferentes causas, tal vez por la carga tributaria que asumen
sobre todo las personas con escasez de todo recurso
(económico, educativo, laboral), como el impuesto al valor
agregado IVA, que impone sobrecostos en los artículos de
consumo de primera necesidad; esto y otras políticas de
Estado son recursos que se imponen legalmente a través de
leyes jurídicas "del Derecho", por tanto un
recurso económico-jurídico arbitrario que como el
mismo impuesto, margina indirectamente a los más
necesitados de la sociedad[9]Para el año
2010 la ONU reporto un nivel de pobreza del 45,5% del total de la
población colombiana y pobreza extrema el
16,4%[10]. "son 29 millones que viven en pobreza y
que conforman los niveles del SISBEN 1y2 de los cuales 9 millones
son indigentes, no tienen garantizados los derechos al trabajo
digno, vivienda y educación alimentación,
recreación y seguridad
social"[11]
Con la implantación de un sistema laboral
inestable donde el mercado de la oferta y la demanda de mano de
obra regula la estabilidad laboral y los niveles salariales, como
la ley 50 de 1990 que produjo, la temporalidad laboral, salarios
bajos que no tienen un incremento anual superior del 3%, la ley
789 de 2002 redujo los costos laborales con la
prolongación de la jornada laboral. Por otro lado, "las
políticas agrarias se orientan a la reducción en la
producción de alimentos locales e impulsa acuerdos con
otros países para importar productos
agrícolas"[12] haciendo que la
producción agrícola sea más costosa y que la
importación de los mismos sean a bajos costos; esto con el
fin de ampliar las zonas agrarias en pocas manos con monocultivos
a escala industrial que generan mayor rentabilidad al gran
capital como los cultivos de palma y de caña para producir
alcohol carburante producto establecido por la ley exento de todo
impuesto[13]Además el elevado costo de los
insumos agrícolas hace que el campesino opte por otras
actividades laborales como la construcción, y el comercio
informal en los sectores urbanos y en muchos casos migrando a las
periferias de la ciudad.
Estas políticas neoliberales progresivamente
orientan a la limitación del papel del Estado
únicamente a la función de control del orden
público y la defensa de la propiedad privada, y la
prevención de la sublevación social ha dicho
régimen económico y político impuesto por
vía legal en lo que Bourdieu denomina violencia
simbólica; es un cálculo racional de la
maximización de los beneficios que el sistema capitalista
confiere y que además estructura en los pensamientos de
los individuos, sentidos de competencia, de inversión, de
cálculo y de rentabilidad por lo tanto este conjunto de
perspectivas económicas adentra en los individuos en
procesos de competencia (eficiencia, capacidad, logros) lo cual
dependiendo del grado de éxito le genera a nivel personal
gratificaciones o frustraciones
(inclusión/exclusión) y con ello también
sanciones positivas o negativas en lo que tiene que ver con su
bienestar social (salud, vivienda, educación,
esparcimiento), son situaciones que dependen en cierta medida de
las mismas estructuras y función del "capital
económico, social y educativo adquirido socialmente y que
la persona posea y que pueda poner en
juego"[14].
Si bien los discursos que hablan sobre las diferentes
transformaciones del Estado y de sus instituciones
burocráticas en los diferentes periodos gubernamentales
con el propósito de hacer posible un proyecto de
construcción de nación incluyente; en la realidad
solamente han significado la diversidad con exclusión,
acentuando la discriminación regional, centro-periferia,
de clase y étnica, principalmente con la
consolidación de un Estado jurídico-político
centralista y homogenizante investido y reconocido como una
autoridad jurídica que pone como principio de todo orden
la norma como derecho[15]universal, según
Bourdieu concebida, planificada, reconocida y legitimada por
grupos dominantes y por la población en general como
"forma por excelencia de la violencia simbólica,
legítima cuyo monopolio pertenece al Estado, y que puede
servirse del ejercicio de la fuerza
física"[16], y con ello la emergencia de
múltiples conflictos, como en la concentración de
tierra en pocas manos, los monocultivos, cultivos
ilícitos, el monopolio comercial y productivo;
principalmente con las reformas agrarias, reformas
constitucionales, legislativas, políticas, para poner en
juego modelos económicos como el liberal y tratados
internacionales como el tratado del libre comercio (TLC) con
Estados Unidos y otros países.
Por tanto cuando se institucionaliza un sistema
normativo como forma de derecho universal, dentro de este proceso
se genera un reconocimiento social y por consiguiente de la
aceptación y legitimación de un orden (social,
económico, político). En consecuencia al
institucionalizar formas legales ,que en apariencia, de orden en
derecho (normas jurídicas asociadas a sanciones) estas se
interiorizan en los agentes sociales y se exteriorizan como
"doxa" que en menor o mayor grado funcionan como reguladores de
un orden institucional simbólico que objetivado y
codificado en leyes bajo un sistema institucional facilita las
orientaciones al hacer más fácil y rápida la
toma de decisiones en la acción, un sentido que en
palabras de Weber para la mayoría en general "existe
interés en seguir las reglas, por cuanto el interés
en obedecerla está por encima del interés en
desobedecerla"[17] pero para los casos en que
las necesidades son más primordiales que todo orden
impuesto la orientaciones sociales como la de los agentes
sociales marginados, se ven forzadas a adquirir un conjunto de
estrategias diferentes a las normalizadas por el derecho
estatal.
Los ciudadanos obedecen al derecho en cuanto significado
incorporado de signos judicatarios que le atribuyen cualidades y
garantías "ganancias" sociales,
económicas, respeto, dignidad, trabajo, reconocimiento y
atribución de funciones cuyo sistema instituido
simbólicamente se legitima ante la práctica del
respeto y reconocimiento a una autoridad "magistratura".
Por lo tanto
"la dominación es el efecto indirecto de un
conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de
coacciones "donde el derecho "como fantasía social que
rodeado de prestigio y misterio, esconden bajo estrategias de
universalización, las relaciones de dominación que
traducen en formas jurídicas"[18] donde el
poder es mantenido a través de la legitimación de
dicho orden con la creencia en su legalidad: la obediencia a
preceptos jurídicos positivos" aparentemente "estatuidos
según el procedimiento usual y formalmente
correctos"[19]
Tanto así que la violencia deviene de un contexto
legitimado tanto por grupos como por personas, impregnado de
poder y es ejercida verticalmente desde las macroesferas
institucionales (Estado) hasta sus microesferas (la escuela), y
es en esta legitimación, donde se le da al Estado la
facultad de ser el único que puede ejercer la violencia,
con el fin de conservar el orden social establecido o como lo
expresa Weber "Estado es aquella comunidad humana que, dentro
de un determinado territorio (el territorio es el elemento
distintivo), reclama (con éxito) para sí el
monopolio de la violencia física
legítima"[20]. Lo específico de
nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e
individuos sólo se les concede el derecho a la violencia
física en la medida que el Estado lo
permite.
Bibliografía
(UPAC. Unidad de poder adquisitivo
constante, UVR. Unidad de valor real constante) financiamiento
con sobrecostos a partir de intereses a la tasa y sobre tasa
valores sujetos a la inflación del país aplicados a
créditos de vivienda.
plataforma colombiana de derechos humanos,
democracia, y desarrollo y secretaria técnica
corporación cactus: informe alterno al quinto informe del
estado colombiano ante el comité (DESC) 2010
www.plataforma-colombiana.org
juan Manuel tejedor Estupiñan ( citado estrada
2006). el modelo económico y su relación con los
derechos humanos en Colombia. Una aproximación.
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia,
finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046,
VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.
Ley 7 de 1991integración internacional, libre
importación y desmonte arancelario, Ley 49 1991, libre
inversión de capital extranjero,
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1991/ley_0007_1991.html
Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo
económico y su relación con los derechos humanos en
Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica
y tecnológica de Colombia, finanzas y política
económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO,
2012, PP.55-82. Citado estrada 2006
ley 20.631-1990.IVA,impuesto indirecto, tasa anual del
10-16% sobre la canasta familiar
http://es.scribd.com/doc/31125898/Impuesto-Al-Valor-Agregado-IVA-Colombia
Citado, alta comisionada de las naciones
unidas para los derechos humanos, ONU. asamblea general2010
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2010
Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales.
2ª edición editorial DECLEE DE BROUWER, S.A. 2000
Bilbao España.
El orden como derecho, "cuando está garantizado
externamente por la probabilidad de la coacción
(física o psíquica) ejercida por un cuadro de
individuos instituidos con la misión de obligar a la
observancia de ese orden o de castigar su transgresión"
Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura
económica España 2002.
Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura
económica España 2002.
WEBER, Max. El político y el
científico. Madrid. Editorial Alianza, El libro de
Bolsillo, Ciencia política, 1998.
Autor:
Johnny Figueroa
[1] (UPAC. Unidad de poder adquisitivo
constante, UVR. Unidad de valor real constante) financiamiento
con sobrecostos a partir de intereses a la tasa y sobre tasa
valores sujetos a la inflación del país aplicados
a créditos de vivienda.
[2] plataforma colombiana de derechos
humanos, democracia, y desarrollo y secretaria técnica
corporación cactus: informe alterno al quinto informe
del estado colombiano ante el comité (DESC) 2010
www.plataforma-colombiana.org
[3] juan Manuel tejedor Estupiñan (
citado estrada 2006). el modelo económico y su
relación con los derechos humanos en Colombia. Una
aproximación. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia, finanzas y política
económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO,
2012, PP.55-82.
[4] Ley 7 de 1991integración
internacional, libre importación y desmonte arancelario,
Ley 49 1991, libre inversión de capital extranjero,
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1991/ley_0007_1991.html
[5] Juan miguel tejedor estupiñan, el
modelo económico y su relación con los derechos
humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad
pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y
política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No.
1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82. Citado estrada 2006
[6] Juan miguel tejedor estupiñan, el
modelo económico y su relación con los derechos
humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad
pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y
política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No.
1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.
[7]
http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_30_Jun_2011.pdf
[8] Entrevistas padres de familia habitantes
de los barrios rosario y Emilio botero 2013.
[9] ley 20.631-1990.IVA,impuesto indirecto,
tasa anual del 10-16% sobre la canasta familiar
http://es.scribd.com/doc/31125898/Impuesto-Al-Valor-Agregado-IVA-Colombia
[10] Citado, alta comisionada de las naciones
unidas para los derechos humanos, ONU. asamblea general2010
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2010
[11] Citado sarmiento. Juan miguel tejedor
estupiñan, el modelo económico y su
relación con los derechos humanos en Colombia. Una
aproximación. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia, finanzas y política
económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO,
2012, PP.55-82.
[12] Juan miguel tejedor estupiñan, el
modelo económico y su relación con los derechos
humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad
pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y
política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No.
1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.
[13] la reforma tributaria, LEY 788/2002 –
art 31: excluyo del IVA al alcohol carburante, monopolio del
grupo ingenio del cauca S:A. Y el artículo 88: lo
exoneró del impuesto global y de la sobretasa
[14] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases
sociales. 2ª edición editorial DECLEE DE BROUWER,
S.A. 2000 Bilbao España.
[15] El orden como derecho, “cuando
está garantizado externamente por la probabilidad de la
coacción (física o psíquica) ejercida por
un cuadro de individuos instituidos con la misión de
obligar a la observancia de ese orden o de castigar su
transgresión” Max weber. Economía y
sociedad. Fondo de cultura económica España
2002.
[16] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases
sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª
edición Bilbao España 2001.
[17] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases
sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª
edición Bilbao España 2001.
[18] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases
sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª
edición Bilbao España 2001. Págs. 21,
39
[19] Max weber. Economía y sociedad.
Fondo de cultura económica España 2002.
[20] WEBER, Max. El político y el
científico. Madrid. Editorial Alianza, El libro de
Bolsillo, Ciencia política, 1998.