Amparo Contra Normas Generales

1682 palabras 7 páginas
Contra un precepto constitucional

La misma fracción I del artículo 103 constitucional, comentada en el párrafo que precede, habla de la impugnación de leyes y actos que vulneren las garantías individuales, de tal manera que la reforma busca que se adopte un concepto de mayor amplitud, que es precisamente el de los derechos humanos, y además dejar claro que éstos están previstos y tutelados no solamente en la propia Constitución sino, además, en los tratados internacionales, lo que todavía al día de hoy causa problemas en los tribunales para determinar su tutela efectiva, por lo que es un avance y un logro que se incorpore tal expresión en el texto constitucional.

El juicio de amparo ya no será únicamente un medio de control de
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El único control de constitucionalidad que se había aplicado a la Ley de Amparo había sido de oficio y en ocasiones excepcionales, lo que generalmente supeditó este control a la voluntad de la Suprema Corte.
Ante este panorama, y retomando precedentes de la Primera Sala[4], la mayoría de los ministros expresaron que, dado que la Ley de Amparo no tiene rango constitucional, es necesario que las partes de los juicios de amparo puedan hacer valer la inconstitucionalidad de los artículos de dicha ley. Lo anterior para evitar que se violen el derecho a la defensa y el principio de tutela judicial efectiva y para cumplir con la obligación de proteger y garantizar el goce de los derechos fundamentales, consagrada en el segundo párrafo del artículo 1° constitucional. Además, si bien es cierto que los recursos no son la forma idónea para establecer este análisis de constitucionalidad, porque implicaría una reconfiguración de la litis del juicio, tratándose de la Ley de Amparo debe aceptarse dicha impugnación. Ante la ausencia de una medida legislativa que prevea un control de regularidad constitucional para la Ley de Amparo que sea accesible a los gobernados, ésta resulta la opción menos gravosa desde un punto de vista de política judicial que permite la protección de los derechos fundamentales frente a los actos del legislador ordinario.

Violaciones indirectas a la constitución

En un principio la Suprema Corte de Justicia

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