Crisis etica del abogado

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Es sabido por todos que el abogado es el encargado del manejo del litigio en cuanto a la alegación de los fundamentos de hecho y de derecho. Es el defensor y estratega de una de las partes en la contienda judicial, persiguiendo con habilidad y arte el triunfo de la causa de su cliente. Bajo tal perspectiva, se podría afirmar que el justiciable –sea actor, demandado o tercero– con frecuencia desempeña un rol procesalmente secundario, en comparación con el rol decisivo del abogado patrocinante. Por lo tanto, en grado considerable corresponde al abogado litigante la responsabilidad respecto al debido o indebido ejercicio de las facultades procesales.
Como bien manifiesta Fernando de la Rúa: “El abogado debe estar en condiciones de ilustrar
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Es miembro de ella y no puede sustraerse a su influencia” (8 ).
Apreciado epidérmicamente el asunto, pareciera que el descenso ético de la abogacía no es sino el resultado del incumplimiento de la regla moral que regula el comportamiento privado y profesional del abogado; pero el problema es mucho más profundo y cala en la esencia misma de las relaciones sociales, en la propia naturaleza del derecho y en la moral general de la sociedad.
Exigir una conducta leal y honesta a los abogados que se desenvuelven en una sociedad y en un aparato judicial mayoritariamente carentes de autoridad moral, es sin duda una utopía, una buena intención y nada más. El principio de moralidad procesal no es una fórmula mágica, no es una suerte de recetario ni un catálogo de buenas intenciones que se les enseña a los abogados; tal principio tiene un significado mucho más profundo, pues la moral es un modo de vida, una práctica diaria que lleva ínsito un mínimo respeto a la dignidad del prójimo. En tal sentido, el primer paso para revertir la creciente tendencia inmoral de los abogados debe comenzar en las propias facultades de derecho del país.
El descenso ético de la abogacía tiene múltiples causas, entre las cuales destaca la plétora profesional y la deficiente estructuración de la educación universitaria. En efecto, como bien dice Monroy Gálvez, “la profesión jurídica no está cumpliendo la función social que nuestra comunidad –sumida en una crispación perenne en

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