El principio de legalidad y la responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos. Partir del análisis de los Artículos 4 y 6 de la Constitución dominicana.

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El principio de legalidad y la responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos. Partir del análisis de los Artículos 4 y 6 de la Constitución dominicana.

El principio de legalidad es El arranque constitucional de este principio está en el artículo 9.2 de la Constitución y se concreta, para la Administración Pública, en el artículo 103.
En cuanto a los Reglamentos, tienen un carácter subordinado a la ley, y en ningún caso pueden ir contra la ley (será nulo de pleno derecho).
La consecuencia extrema de este principio es la inderogabilidad singular de los Reglamentos (artículo 5.2 de la ley 30/92) Significa que nunca un acto puede ir contra un reglamento, incluso en el caso de que este Reglamento proceda de un órgano
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Entonces podríamos decir Que cualquiera que haya contrariado una regla de derecho o la haya violado debe repararlo.

La responsabilidad civil del la Administración en todos los casos que la Ley lo admite y en que los jueces la pronuncian, se traduce en una condenación a daños y perjuicios.

En Materia Administrativa, los jueces actúan con mucha prudencia en la evaluación de las indemnizaciones.

No existe en nuestro país ninguna legislación y mucho menos una codificación sobre cuales faltas se le imputan a la Administración Pública.

La ley 14-91 crea el servicio a servir y la carrera administrativa. Un excelente instrumento jurídico.

La documentación y la jurisprudencia francesa han establecido que la Responsabilidad de la Administración se fundamenta en una falta.
La administración tiene su existencia física en los agentes o funcionarios públicos y sus faltas son siempre faltas de individuos. Anteriormente, los servidores públicos podían incurrir en responsabilidad civil frente a los administrados. Pero la responsabilidad de estos puede ser también disciplinaria, penal y política. Todos los funcionarios y empleados públicos son responsables e inmediatamente perseguidles cuando cometan cualquier hecho u omisión que la Ley Penal material castigue con penas

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