Historia de la politica criminal en mexico

2037 palabras 9 páginas
I N T O D U C C I Ó N
Hablar sobre política criminal implica un acercamiento a una disciplina que se vincula con una serie de ciencias, nutridas todas de varios saberes (Sociología, Ciencia Política, Derecho). Se trata de la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal.
La política criminal o criminológica, como se le ha denominado indistintamente, se refiere también a la determinación del contenido y función de la justicia penal bajo un determinado modelo de regulación de ésta y en función de la realización de actividades puntuales con la finalidad de mejorarla. Para otros, es simplemente un conjunto de métodos con los que una sociedad determinada organiza las respuestas al fenómeno criminal.
José Díaz de León Cruz, en su
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Este principio, que es complementado con el principio de bien jurídico, garantiza que únicamente los bienes de mayor valía permitan la aplicación de una norma que tutelará penalmente los intereses sociales contenidos en la misma.

PRINCIPIO DE BIEN JURIDICO
El bien jurídico se refiere a la tutela de un ente protegido por el Estado; cuando el legislador observa que ese “ente” es valioso para el ser humano, aplica una tutela prevista en una norma. Hablamos aquí entonces de un bien jurídicamente tutelado. Cuando ese ente resulta ser de gran valía y de fundamental protección para el creador de la ley, y requiere tutelarlo mediante una norma penal, lo vincula a la descripción típica de una hipótesis legislativa que tutelará desde el ámbito de las leyes penales. Como lo señala Moisés Moreno Hernández:
“El derecho penal se caracteriza por proteger los valores fundamentales del orden social, por ello, debe limitarse al castigo de conductas que violan los más elementales deberes ético-sociales. Elemento fundamental para que sea admisible la tipificación de un delito es que exista una necesidad social digna de protegerse. Esa necesidad social es condición sine qua non para dar intervención al derecho penal. Si no nos encontramos ante un bien jurídico que merezca ser protegido penalmente, se estaría violando el principio de la intervención mínima penal”.
Dentro de este principio, se encuentra un “doble carácter

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