La objecion de conciencia en los funcionarios publicos

2708 palabras 11 páginas
LA OBJECION DE CONCIENCIA EN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Se establecerá, si los funcionarios públicos que ejercen funciones de administración de justicia pueden ampararse en la figura de objeción de conciencia, bien sea para apartarse de una decisión o inaplicar una ley. El desarrollo del análisis anterior seguirá los siguientes lineamientos; en primer lugar, ver que dice la jurisprudencia acerca del tema y estudiar los argumentos de quienes no los comparten. En segundo lugar, definir que es la objeción, tanto objetiva como subjetiva y objetiva, para luego en ultimo termino, sentar una posición respecto de la discusión y verificar los efectos de aplicar o no el derecho de objeción de conciencia en los funcionarios públicos de
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Al respecto dijo la corte:
“Ha insistido la Corte Constitucional y lo reiteró en las consideraciones de la presente sentencia, en que las autoridades judiciales no pueden alegar la objeción de conciencia para abstenerse de autorizar solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer gestante se halla en los supuestos permitidos por la sentencia C-355 de 2006. Por demás, no existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano una disposición que permita a las autoridades judiciales declararse impedidas – como inicialmente alegó el a quo – para abstenerse de tramitar y de fallar tutelas en esas eventualidades. De una parte, y por los motivos indicados en las consideraciones de la presente sentencia, las funcionarias y los funcionarios judiciales emiten sus sentencias en derecho y no en conciencia. De otra, las causales de impedimento en el caso de las autoridades judiciales son taxativas – no prevén la objeción de conciencia – y son de interpretación restrictiva pues su ejercicio, como se explicó, significa un obstáculo al acceso a la administración de justicia y, con ello, una denegación injustificada de justicia y ausencia de protección de los derechos constitucionales fundamentales en contravía con lo dispuesto por la Constitución Nacional (Arts. 2º y 6º C. N.).” (Corte constitucional t-388 2006).
Esto es en rasgos generales, las consideraciones por las cuales la corte considera que el funcionario público con facultades de administración de

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