Leyes Autoaplicativas y Heteroaplicativas

5989 palabras 24 páginas
INTRODUCCIÓN

El principio de Supremacía Constitucional alude al carácter de la Constitución como norma jurídica superior, que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. Con lo anterior podemos sostener que cualquier ley secundaria, reglamento o tratado internacional debe encontrar su fundamento de validez en su conformidad con la constitución, es decir, toda norma debe subordinarse al principio de Supremacía Constitucional. Esta supremacía la encontramos fundamentada en el artículo 133 de nuestra ley suprema que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
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La segunda oportunidad la tenemos cuando surge el primer acto concreto de aplicación de dicha ley; en este caso el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la ley reglamentaria establece un plazo legal de 15 días para combatirla. Por último en el supuesto de que contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal, se puede optar por interponerlo o en su defecto recurrir de manera directa al Juicio de Garantías. En caso de optar por interponer otro medio de defensa distinto al amparo, después de recibir la notificación de la resolución recaída en dicho recurso, se podrá promover el Juicio de Garantías en el plazo legal de 15 días hábiles.

Se concluye que el gobernado que se ve afectado por un ley autoaplicativa puede impugnarla en el término de 30 días hábiles a partir de su vigencia, o bien, dentro del plazo legal de 15 días constados desde que surte efectos el primer acto concreto de aplicación, o en el mismo lapso, a partir de la fecha en que se notifica la resolución pronunciada con motivo del recurso que optativamente hizo valer contra el primer acto de aplicación.

Oportunidad para promover el amparo contra una ley heteroaplicativa.

Una vez que se ha llevado a cabo el primer acto concreto de aplicación de una ley de tal carácter, el gobernado que se considera afectado con la misma, debe interponer el juicio de amparo en el plazo legal de 15 días, como lo prevé el artículo 21 de la

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