Minería y derecho a un medio ambiente sano y protegido en el perú

3252 palabras 14 páginas
MINERÍA Y DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y PROTEGIDO EN EL PERÚ

Las actividades extractivas son aquellas actividades económicas que fundamentalmente se basan en la extracción (de allí extractivas) de recursos naturales de la tierra. La minería, como todos sabemos, es una de ellas. Por estar vinculada directamente con la tierra, es constante la vinculación existente entre minería y medio ambiente.

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan.

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una
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fueron los DECRETOS LEGISLATIVOS 1015 y 1073, creadores, como es sabido, de un conflicto social en la Amazonía.

“Los actores de un conflicto pueden ser diversos; sin embargo, en todos los casos el Estado se constituye como participante, a menudo porque su actuación es cuestionada, pero sobre todo porque la Constitución, en su artículo 44º, le asigna, entre otras, las funciones de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. (…) el conflicto social puede entenderse como una confrontación pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social. Un elemento esencial de esta definición es el carácter público del conflicto. Esto significa, por un lado, que el objeto de divergencia lo constituye cualquiera de los elementos organizadores de la vida colectiva, a saber: las normas, el ejercicio del gobierno y la autoridad, la definición e implementación de políticas públicas, la cultura; las demandas levantadas por los actores sociales se ubican en alguno de estos campos, precisamente aquellos en los que el Estado cumple una función reguladora”.[2]

En el sistema económico actualmente predominante las comunidades minoritarias pueden resultar un estorbo. El lugar jurídico de las comunidades nativas está determinado por la Constitución

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