INTRODUCCION

En los últimos años, se ha hecho notorio en América Latina, un enorme crecimiento en cuanto a la población carcelaria se refiere, dado por la tendencia a resolver cualquier delito por medio de la prisión preventiva, la lentitud del proceso penal y la carencia de establecimientos penitenciarios que ha originado la problemática de los hacinamientos.

Una de las grandes limitaciones del sector penitenciario lo constituye su propia estructura organizativa, caracterizada por la indefinición de competencias de las dependencias que lo integran, las inherencias impropias de un Despacho en las competencias de otro y la poca autonomía en la toma de decisiones importantes que inciden en el sistema.

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Al mismo tiempo, resulta imposible clasificar o separar procesados y condenados por falta de espacio.

Muchas han sido las críticas que se le ha hecho a la cárcel como institución de control total, negando la supuesta función resocializadora, reeducativa, rehabilitadora o reinsertiva de la pena privativa de libertad, asignándole por el contrario una función purgatoria, consuntiva de poder, distractora, simbólica y ejecutiva.[1]

Así mismo, los establecimientos penitenciarios en América Latina, enfrentan un grave problema en relación con la selección y formación del personal carcelario. Con frecuencia éstas están en manos de militares retirados y de funcionarios policiales, nombrados por razones políticas, lo cual es un obstáculo crucial para profesionalizar este sector.

En algunos países se observan intentos de crear escuelas de formación para el personal encargado de las actividades cotidianas de la cárcel, pero no es la norma. También es frecuente que los propios guardianes deleguen en determinados reclusos sus obligaciones. Dentro de la cárcel se observa la negligencia, la corrupción y el tráfico