gestion de la documentacion juridica y empresarial

705 palabras 3 páginas
ACTIVIDADES FINALES: COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

Identificar España como Estado social y democrático de derecho.
1. Cuando se dice que la Constitución Española es una superlegalidad material y formal, ¿a qué está haciendo referencia?
La Constitución Española del año 1.978 es una Constitución jurídica desarrollada sobre la base de Derecho.
Se trata de una ley superior, soberana.
En cuanto a la superlegalidad formal podemos decir que la Constitución es una norma rígida difícil de reformar, al menos por medios comunes, ya que se requiere un gran consenso entre los grupos parlamentarios que representan al pueblo.
Si nos centramos en la superlegalidad material podemos decir que todas las normas jurídicas que se rigen deben adecuarse a lo
…ver más…
En caso de que fuera obligatoria su celebración, se ha de producir la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, ya que cuando se trate de una reforma agravada, es decir, las que sí afectan al título preliminar, a los derechos fundamentales o al título II, sí que es obligatorio la celebración de un referéndum, así como la disolución de las cortes generales y la convocatoria de elecciones. Las nuevas Cortes deberán proceder al estudio del nuevo texto constitucional y aprobarlo por mayoría de dos tercios de ambas cámaras.

4. ¿Qué significa el concepto de potestad? En el ámbito de los poderes del Estado, ¿qué significa potestad legislativa y potestad reglamentaria? ¿Quién tiene la potestad de establecer tributos?
La potestad es el dominio, poder o facultad que se muestra sobre alguien o una cosa.
Se trata de un término de fuerte presencia en el ámbito jurídico y que al mismo tiempo engloba cuestiones como el poder, el derecho y la obligación.

La potestad legislativa es ejercida por las Cortes Generales, reguladas en el Título III de la Constitución. Además su regulación interna se establece en sus respectivos reglamentos.
La potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o instrucciones.

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

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