Conflicto armado colombiano: ¿la guerra como negocio y el posconflicto?

Resumen

La guerra en la antigüedad representaba diversos imaginarios colectivos de acuerdo a las concepciones culturales de cada pueblo, sin embargo, contenía ciertos rasgos de similitud o características fundamentales. A saber: La guerra permitía aumentar el poder regional, imponer una cultura específica, controlar los recursos naturales, dominar territorios de índole estratégico para el comercio, fomentar la esclavitud, conocer el tipo de armas empleadas por los enemigos, tácticas de lucha y apropiación de la riqueza de los vencidos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que en la actualidad las cosas no han cambiado de manera tan radical como se cree, puesto que los países que se denominan desarrollados o las superpotencias se encargaron de llevar a cabo la Primera Guerra Mundial como el último intento de apropiación estratégica de los territorios geográficos que les garantizaran riqueza natural y energética, la Segunda Guerra Mundial fue obligatoria, pero sirvió para demostrar el poder bélico de las naciones que lucharon y otros tantos fenómenos políticos e históricos que han sucedido desde entonces. Por ende, la guerra se ha convertido en un negocio lucrativo que enriquece a las corporaciones armamentistas, gobiernos corruptos, asociaciones ilegales, entre otros.

Palabras claves: Conflicto armado colombiano, negocio bélico, posconflicto.

Introducción

Actualmente la guerra cuenta con varios argumentos que la justifican a nivel mundial, como es el caso de la concepción política que se denomina dictadura y democracia, dándose prioridad a la segunda clase de gobierno. Es decir, el uso de las armas es aceptado legalmente cuando se trata de la defensa de la libertad pública, libre expresión, oposición política y el respeto a las garantías constitucionales. Claro está, todo lo anterior es una cuestión que podría ponerse en tela de juicio cuando se analiza el conflicto armado colombiano, sus causas, consecuencias y acontecimientos más representativos.

Por otra parte, el combate bélico es aceptado cuando las superpotencias presuntamente intentan ayudar a otras naciones a enfrentar sus conflictos internos de tipo armado, cooperar en la lucha contra el narcotráfico, lograr la destrucción de redes terroristas, capturar a grupos delincuenciales, judicializar a funcionarios corruptos, defender la soberanía nacional y otros tantos fenómenos que legalizan el uso de las armas, sin que por ello, se perciba el negocio lucrativo que representa para muchos el enfrentamiento bélico y el derramamiento de sangre que se constituye en una violación a los Derechos Humanos según las reglas de la política internacional.

Por estas razones, en Colombia existen algunos sectores que se oponen a las negociaciones de paz que conlleven al posconflicto. Dado que, el narcotráfico, la guerra y la dominación estratégica de diversos territorios geográficos de la nación son un negocio lucrativo, por ejemplo, la güerilla como grupo ilegal comercia con drogas y armas, los paramilitares relacionados con algunos grupos políticos de extrema derecha dominan regiones enteras que muchas veces han colocado a disposición de empresas nacionales y multinacionales, además de un ejército nacional que depende de la guerra para subsistir.

Objetivo general

Analizar el contexto del conflicto armado colombiano y por qué se constituye en un negocio.

Objetivos específicos

• Estudiar porque el negocio de las armas tiene intereses colectivos.

• Examinar porque el posconflicto puede representar un atentado contra los intereses bélicos.

• Identificar la transformación del negocio bélico en un posible posconflicto.

Justificación

¿Por qué? La investigación servirá para analizar él porque es necesario que se logren identificar los ejes problemáticos del conflicto armado que padece Colombia. Puesto en el país las guerras civiles y enfrentamientos entre familias que fomentaron, gestaron y patrocinaron el partido liberal y conservador, ayudaron a crear una cultura de la violencia y la materialización del máxima que expresa: El fin justifica los medios.

Para qué? Para reconocer que el conflicto armado en Colombia tuvo como punto de partida la arbitrariedad del Estado colombiano en contra de la población civil que se encontró sometida al bipartidismo, la persecución y aniquilación física e ideológica de la oposición. Como también, el surgimiento de grupos guerrilleros que al inicio luchaban por defender una concepción distinta de la forma de gobernar y el para que gobernar con mayor equidad y justicia social, pero que al final terminaron aliados al narcotráfico y el terrorismo para sustentar el costo de la guerra.

Por qué? A medida que se avance en el tema se podrá identificar él porque algunos sectores de la política nacional consideraron la opción de crear grupos de autodefensas y paramilitares para bloquear militarmente las acciones de los distintos frentes guerrilleros. ¿Para qué? Para señalar de qué forma esos grupos armados que luchaban en contra de la guerrilla terminaron creciendo de tal modo que se aliaron al narcotráfico e intervinieron en las acciones políticas del país.

¿Para qué? Para comprender las alianzas entre el ejército nacional de Colombia y los paramilitares. ¿Por qué? Porque se consideró la alianza como un método de guerra para acabar con la guerrilla sin esperar que el resultado final fuera la violación de los Derechos Humanos y la impunidad.

Contexto del conflicto armado colombiano

El conflicto armado en Colombia se remonta a las guerras civiles que provoco el bipartidismo al interior de la nación, la injusta distribución de la tierra como resultado de reformas agrarias de índole impositivo y arbitrario, la justificación de la guerra por parte de la iglesia católica que denunciaba a los opositores del partido conservador como posibles subversivos, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 cuando el país se encontraba en un momento crucial y los asesinatos en masa de opositores al Estado.

Cuando la degradación de la violencia y el sectarismo del Gobierno Conservador de Laureano Gómez habían propagado el caos, las élites partidistas más moderadas optaron por una transición política que permitiera poner fin a la violencia en 1953 con el "golpe de opinión" que permitió el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de la República (1953-1957). Con el mandato de pacificar el país y poner fin a la violencia bipartidista, el gobierno militar de Rojas Pinillas ofreció una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. p. 115)

También es importante afirmar que en aquella época el mundo se encontraba polarizado por la ideología capitalista de los Estados Unidos y el comunismo internacional de Rusia, el primero apoyando las acciones violentas del Estado colombiano y el segundo las sublevaciones guerrilleras en Latinoamérica y Colombia. Dado que, la batalla mundial por el control ideológico del poder político y económico se extendía con rapidez por toda la tierra sin interesar el número de víctimas, genocidios y violaciones a los Derechos Humanos.

Sin embargo, en Colombia persistió un problema que actualmente continua en pleno su vigor, me refiero a la posesión desigual de la tierra mediante vías legales o ilegales.

En ese orden de ideas, es importante aclarar que la lucha ideológica tomo mayor fuerza a través del tiempo al considerarse a cualquier grupo alternativo de oposición política como un conglomerado de guerrilleros con anhelos de llegar al poder para desestabilizar la nación, por ende, los atentados contra la población civil y las masacres cometidas en los territorios de Colombia eran atribuidas a la guerrilla.

Cuestión que era reforzada por los medios masivos de comunicación que se hallaban en manos de las elites que gobernaban el país en materia económica, política, legislativa, ejecutiva y judicial. Escondiendo con tales acciones la figura paramilitar que operaba en distintos lugares del territorio nacional y que era patrocinada por algunos empresarios, ganaderos, políticos, entes territoriales y fuerzas militares del extranjero. Por ejemplo:

La explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio, como sucedió con la organización que les sirvió de fachada en Puerto Boyacá, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio – ACDEGAM; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. p. 143)

Por lo tanto, una vez que este tipo de verdades no se pudieron esconder por más tiempo y salieron a flote a través de diversas maneras, el Estado y las fuerzas militares del país comprendieron que ya no podrían atribuir a la guerrilla en su totalidad las masacres y violaciones a los Derechos Humanos.

Por estas razones, los especialistas y analistas académicos consideran que el conflicto armado en Colombia corresponde a dos factores básicos: Primero, la extrema desigualdad socioeconómica que ha imperado durante el transcurso de la historia nacional, la pobreza o miseria que han padecido con mayor rigor algunas regiones del país, el sectarismo político e ideológico, la injusticia social en materia de propiedad privada, trabajo, educación y salud.

Segundo: La codicia de las elites que han gobernado el país mediante el poder arbitrario, clientelista y hereditario, además de las conexiones administrativas con aquellos poderes económicos y financieros que fomentan la violencia armada con el fin de proteger sus intereses colectivos. Dado que, son varios sectores de la sociedad los que alcanzan el lucro monetario a través de la violencia que genera la guerra. Por otra parte:

Otras teorías se enfocan en factores políticos e institucionales para explicar la aparición y evolución de los conflictos civiles. De nuevo aparecen dos enfoques compitiendo: el primero argumenta que la oposición violenta es el resultado de falta de presencia estatal e insuficiente provisión de bienes públicos. El segundo enfoque plantea que la inclusión política incluyendo número de partidos, competencia electoral, acceso efectivo a las instituciones, etc. (Yaffe, 2011, p. 194)

Es decir, los conflictos armados, civiles y políticos no son factores aislados de la estructura del Estado, si no que en ocasiones reflejan la decadencia de las instituciones públicas y privadas que componen la nación. Puesto que el interés económico prima sobre el interés humano. Ya que el gobierno recibe los recursos suficientes para garantizar un modelo de vida digno para sus ciudadanos pero no logra hacerlo porque la corrupción permea sus entidades gubernamentales que terminan desviando el dinero a otros lugares y fines. Cuestión que repercute en desigualdad social y concentración de la riqueza en manos de unas pocas elites.

Claro está, el conflicto armado en Colombia es bastante lucrativo para las partes involucradas porque en la nación existe una cultura de la violencia que se ha generalizado de manera pasiva o activa. Por ejemplo, la primera hace referencia a la impotencia de los ciudadanos a través del tiempo al tener padecer o escuchar sobre las masacres y atentados contra la población civil, el aumento de las redes delincuenciales y el incremento del microtrafico de drogas etc. la segunda, connota a los que se trabajan en el negocio de la guerra, la patrocinan y viven cómodamente de ella. A saber:

Fearon y Laitin (2003) argumentan que las medidas de capacidad y fortaleza institucional son robustos pronosticadores de guerra civil. Concluyen que el conflicto violento es engendrado por gobiernos centrales débiles y por condiciones sociales que favorecen la insurgencia. Su argumento central es que los gobiernos que son financiera, organizacional y políticamente débiles hacen que la insurgencia resulte más atractiva y factible, a causa de la corrupción y de la ineptitud de las prácticas contrainsurgentes. (Yaffe, 2011, p. 195)

Como se puede evidenciar, el negocio de las armas es rentable porque al interior de la nación impera una cultura de la violencia que materializa la máxima que expresa: "El fin justifica los medios". Como en el caso de los grandes carteles de la droga de Medellin y Cali que se encargaron de sumir al país en el miedo, el terror y la desesperación.

También es importante aclarar que los gobiernos centrales pueden aliarse a grupos paramilitares o armados de tipo ilegal porque puede evadir con mayor facilidad a los entes de vigilancia y control, en el caso de las entidades gubernamentales descentralizadas la corrupción también es visible, ya que se encuentran ubicados geográficamente es sectores donde impera la ausencia del Estado y la presencia de grupos narcoterroristas. Por lo tanto, el enriquecimiento ilícito resulta más atractivo que el trabajo público y social.

El negocio de las armas y los intereses colectivos

Las armas en todas sus dimensiones cuentan con un carácter legal a nivel mundial, dado que los Estados de la tierra justifican que la soberanía nacional se puede defender a través del poder bélico. Por ende, se diseñan mecanismos jurídicos que legalizan el accionar de la fuerza pública y las instituciones militares acudiendo a la figura de la autoridad gubernamental que permite defender a los ciudadanos, proteger la paz y la seguridad interna de cada país. Por estas razones, algunos especialistas generan un debate sobre la relación que existe entre las armas del fuego y la violencia, puesto que los estudios sociales de tipo cuantitativo y cualitativo demuestran que las armas de fuego a parte de ayudar a los gobiernos a proteger la soberanía nacional, también sirven para proteger los intereses económicos de grupos legales o ilegales.

Es decir, las armas sirven para formar un balance de poderes, equiparar las fuerzas, someter a las poblaciones vulnerables al imperio o mandato de grupos terroristas, disminuir la resistencia social, destruir la moral del enemigo, aumentar el nivel de la violencia en el mundo y las regiones de cada país. Además de servir para obtener la apropiación legal o ilegal de los recursos naturales y energéticos que ofrece la tierra de acuerdo a su ubicación geográfica. Por ejemplo:

En Colombia el uso de las armas no es un uso indiscriminado sino más bien muy "profesional". En Colombia las armas de fuego no hieren, en Colombia las armas de fuego "matan". La baja participación de las armas de fuego en las lesiones personales (3%), en los suicidios (23%) y en los delitos más comunes (26%), así como su alta participación en los homicidios (70%) y masacres (90%), indica que las armas de fuego en Colombia no tienen un uso indiscriminado por parte de la población, sino que más bien su uso se restringe a situaciones muy específicas relativas al ejercicio "profesional" de la violencia. (Naciones Unidas, 2006, p. 16)

Como se puede analizar el uso de las armas no es un fenómeno social que se encuentre asociado a la población civil, aun cuando esta última las use en determinados momentos o situaciones. Por ello, las armas se convierten en una propiedad fundamental de grupos que las emplean con fines mucho más complejos que la defensa personal, es decir; el armamento a grande escala es una prioridad del Estado, la guerrilla, los paramilitares, narcotraficantes, redes delincuenciales con proyección internacional etc.

Es decir, el negocio de las armas representa un conjunto de intereses nacionales e internacionales por los beneficios que ofrecen a quienes las poseen, ya que con estas últimas se puede obtener mayor capacidad de alcance en relación a los fines y metas que se propongan, en el caso colombiano el interés general es el aumento de la riqueza para poder comprar conciencias, instituciones públicas, fronteras, silencio, lealtad y complicidad. Por estas razones:

De acuerdo con los organismos de inteligencia e investigación del Estado, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Los que históricamente han adquirido la mayor cantidad de armamento por vías ilegales y en esa medida representan la mayor parte de la demanda de este material bélico en Colombia. Se estima que el 80% de las armas que entran al país ilegalmente se destinan a estos grupos, mientras que el 20% llegarían a manos de la delincuencia común y organizada. (Naciones Unidas, 2006, p. 26)

Por ende, el negocio de las armas representa un negocio con altos intereses económicos, además de generar que unos se manchen de sangre las manos mientras otros pagan para quedar limpios de los crímenes contra la población civil del país. Como es el caso de algunas multinacionales que les pagan dinero a grupos al margen de la ley para obtener territorios o protección de bienes.

Siguiendo la línea de pensamiento trazada hasta el momento, es importante indicar que las alianzas del ejército nacional de Colombia, algunos sectores oficiales del gobierno y las empresas con grupos paramilitares es uno de los fenómenos más denunciados en la actualidad. Dado que, ya no se puede ocultar esa relación como se hacía décadas atrás, pues la Fiscalía, la Procuraduría, ONGs gubernamentales y no gubernamentales, defensores de Derechos Humanos, académicos e intelectuales, han sacado a la luz el pasado oscuro del negocio de las armas para proteger los intereses de las empresas multinacionales, millonarios, hacendados, políticos del país etc. Por ejemplo:

La explotación petrolera de la transnacional REPSOL: empresa que ha sido relacionada en crímenes de lesa humanidad al financiar compañías mercenarias y financiar unidades militares relacionadas con la violación de los derechos humanos, entre ellas la Brigada XVII del ejército nacional. Es importante destacar que en el campo "Capachos" donde Repsol desarrolla sus actividades después de 2005, aumentó la presencia paramilitar en la zona justo después de la iniciación de labores de extracción petrolífera. No obstante, la violencia desarrollada por estos grupos ha golpeado exclusivamente a la población civil sin afectar a la empresa. (Mantilla, 2010, p. 4)

Es decir, el negocio de las armas tiene intereses colectivos en Colombia porque sirven como un mecanismo eficaz de intimidación, desplazamiento forzado, apropiación de recursos naturales, energéticos, control de zonas, regiones, entidades gubernamentales etc. Además de brindar protección a los grandes imperios económicos antes que a la población civil que ha padecido el destierro por varias décadas ante la indiferencia del Estado y la fuerzas militares.

Aun mayor perversidad revela el caso más reciente, en el cual, el Incoder, con el aval del Ministro Arias, le asignó a familias desplazadas tierras en territorio indígena (comunidad de Poblazón), pretendiendo usar a los desplazados para enfrentarlos contra los indígenas. (Mantilla, 2010, p. 9)

El posconflicto un posible atentado contra los intereses bélicos

Los intereses bélicos corresponden a las proyecciones guerreristas de un Estado, asociaciones armadas que se encuentran al margen de la ley como es el caso de las guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otros tantos que dependan de las armas para conservar una posición económica, social y política.

En ese orden de ideas, es importante aclarar que en Colombia existen intereses bélicos de diversa índole que se niegan a pensar en la posibilidad del posconflicto, por ello, elaboran discursos desde la política, la economía y la academia. A fin de proteger los intereses financieros que ofrece la guerra.

Por ende, quienes consideran que la guerra es el único camino que conduce a la derrota del enemigo después de cincuenta años de no haberse logrado someter a los insurgentes; buscan inculcar el temor en las fuerzas militares de la nación argumentando que en el posconflicto no tendrán los mismos beneficios, ascensos, garantías económicas y sociales. Ya que el Estado entregara el país en manos de las guerrillas.

Pero no explican que lo que tratan de proteger es la posesión legal o ilegal de la tierra al interior de la nación, a saber:

La estructura de la propiedad rural en el país se ha caracterizado por la prevalencia del latifundio y una alta concentración que, durante las últimas décadas, no ha hecho más que agudizarse. Entre el 2001 y el 2010, el índice de Gini de la concentración de la tierra pasó de 0,80 a 0,86 (Ibáñez y Muñoz, 2010, p. 1), uno de los más altos del mundo. Factores como el dominio hacendatario durante la Colonia, los procesos de colonización, las políticas a favor de los grandes propietarios, el conflicto armado y el narcotráfico han configurado la estructura agraria actual. (Garcia y Coscione, 2013, p. 10)

Como se puede evidenciar, quienes se niegan al proceso de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano lo hacen porque intentan proteger los beneficios que ofrece la guerra al interior del país, ya sea que lo hagan de manera consciente o inconsciente. Pues finalmente se trata de un conflicto de intereses que tiene el poder suficiente para usar marionetas en la política, en las fuerzas militares, sectores económicos, sociales y empresariales, que logren defender el uso de las armas para seguir alimentando la guerra, la posesión de los recursos naturales y energéticos, además de la posición socioeconómica de las elites que han gobernado al país desde siempre. Así lo demuestra la realidad histórica de Colombia que algunos académicos, intelectuales y políticos buscan esconder o negar rotundamente, a saber:

Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) enfocó su política agraria en la industrialización del sector, la liberalización del comercio y su inserción en los mercados internacionales. Privilegió totalmente el latifundio y favoreció la inversión extranjera, sin importar los derechos de las víctimas despojadas de sus tierras o la redistribución equitativa de la propiedad rural. Por ejemplo, el Programa Agro Ingreso Seguro mediante la Ley 1133 de 2007 consistía en el otorgamiento de créditos reembolsables para proyectos productivos y obras de adecuación de tierras. Los beneficios fueron otorgados preferencialmente a grandes empresarios del sector, sin considerar las circunstancias bajo las cuales habían sido adquiridos dichos predios, también en zonas dominadas y controladas por el paramilitarismo. (Garcia y Coscione, 2013, p. 11)

Es decir, la guerra en Colombia ha servido como una excusa que usa el Estado para proteger la inversión extranjera en el país, la rentabilidad de los sectores productivos y el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), para no tener en cuenta la violación de los Derechos Humanos al interior de la nación, de hacerlo se puede culpar con facilidad a las guerrillas o grupos paramilitares para evitar asumir su responsabilidad.

Transformación del negocio bélico en un posible posconflicto

El tema es bastante interesante porque permite cuestionar los intereses bélicos de los guerreristas. Dado que, no les interesa un posible posconflicto mediante la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Ya que esto podría generar la desmovilización de otras estructuras guerrilleras, afectando con ello el modus operandi de los grupos paramilitares que se encuentra aliados con el narcotráfico, algunos sectores empresariales y movimientos políticos del país.

Es decir, si las guerrillas se desmovilizan de forma masiva no se podrá seguir culpando de la misma manera a estos grupos por los desplazamientos forzados que sigan ocurriendo en las distintas periferias o regiones del país, entonces quedaría al descubierto que aun cuando la guerrilla tiene vínculos con el narcotráfico y el desplazamiento no es la único actor armado que lo hace. Cuestión que haría que las investigaciones apunten en otra dirección.

Por lo tanto, las estructuras paramilitares al quedarse con la mayor parte del negocio podrían transformar de forma consciente su indumentaria, su ideología de extrema derecha etc. Alegando que son una nueva expresión nacional de tipo guerrillero y que poseen fundamentos políticos de izquierda que defenderán con la guerra porque no están de acuerdo con algunos puntos pactados en el acuerdo de paz, además de tener que luchar porque el modelo neoliberal sigue generando pobreza extrema y desigualdad social.

Por otra parte, el negocio bélico se transformara del algún modo, por ejemplo:

La llegada del así llamado postconflicto significa un giro radical de la vocación tradicional de las fuerzas militares y de policía, atávicamente dedicadas a la guerra, al conflicto interno, al concepto de "enemigo". (Maldonado, 2013, p. 1)

Entonces el negocio bélico tendrá que buscar otras estrategias operativas.

Considerando en planteamiento anterior se puede afirmar que las fuerzas militares pueden diseñar planes de acción estratégica que no sea precisamente la destrucción del enemigo militar o político. Si no que también es factible que las distintas instituciones armadas del Estado hagan uso de posición de legal y democrática para ofrecer servicios tales como capacitaciones de combate, lucha contra el narcotráfico, inteligencia y contrainteligencia, además del diseño de armamento militar con proyección en los negocios internacionales. Porqué:

Las fuerzas militares y de policía colombianas no solamente son el objeto de consultas permanentes y de aprendizaje por parte de numerosas otras fuerzas similares de otros países. Adicionalmente, desde ya varios años se viene hablando de la posibilidad de producir armamentos y tecnología con calidad de exportación internacional. Asimismo, es notable el hecho de que hay un creciente el número de oficiales que definen su vida no ya única y principalmente en términos de la institucionalidad en el sentido habitual de la palabra, sino, más bien, incursionan, y en muchos casos con éxito, en maestrías y en doctorados Ph.D.

(Maldonado, 2013, p. 1)

Es decir, las fuerzas militares de Colombia tendrán que seguir combatiendo el narcotráfico, las redes delincuenciales, el microtrafico de drogas, persiguiendo grupos armados y narcoterroristas y otros tantos fenómenos no desaparecerán por la firma de un acuerdo de paz entre él Estado colombiano y las FARC. Creer lo contrario, es caer en ingenuas esperanzas de que todo se transformara de un día para otro.

También se puede aclarar que las instituciones armadas de la nación están en la plena capacidad de ofrecerle a la sociedad colombiana aportes tecnológicos, sociales, económicos, culturales, políticos e intelectuales, a través de la formación de sus integrantes en diversas ramas y disciplinas del conocimiento y la ciencia. Evitando así, que sigan trabajando solo para los intereses bélicos.

Conclusiones

Es importante señalar que el conflicto armado tiene otras dimensiones que no han sido abordadas en el presente trabajo de investigación, puesto que fue necesario limitar los temas a un contenido específico que ayudara a comprender de manera sencilla el fenómeno de las guerras civiles, los enfrentamientos violentos que avivaron las elites del bipartidismo, el sectarismo político, el surgimiento de las guerrillas, su decadencia como resultado de las alianzas con el narcotráfico, el accionar paramilitar y Estatal, la persecución histórica en contra de la oposición, el costo humano de la guerra, la violación a los Derechos Humanos, y ante todo los intereses bélicos que la guerra representa para diversos sectores de la sociedad que se lucran a nivel financiero como consecuencia desplazamiento forzado, la persecución y la muerte de aquellos civiles que geográficamente nacieron para ser víctimas de la injusticia social y la indiferencia del Estado.

También se concluye, que los medios masivos de comunicación tienen una deuda histórica con la sociedad colombiana, pues al hallarse inmersos en las ideologías bancarias y políticas de las elites que buscaban aniquilar la oposición a través del desprestigio y el escarnio público; mostraron por décadas una sola cara de la moneda o de la realidad histórica. Generando con ello, falsas opiniones, encubrimiento de las violaciones a los Derechos Humanos, garantías democráticas y constitucionales, además de una aparente protección de los intereses bélicos de aquellos que viven de la guerra desde el accionar del poder público y la clandestinidad de grupos armados que no se hallan formados al azar, si no que existen por una razón de ser o una finalidad ideológica y económica que depende de las armas para mantener el control y el poder sobre los recursos naturales y energéticos que ofrece la tierra.

Bibliografía

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Informe General. Bogotá – Colombia.

Lilian Yaffe. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. EE.UU. Universidad de Miami.

Naciones Unidas. (2006). Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. Suecia. Bélgica y Colombia.

Alejandro Mantilla Quijano. (2010). La política agraria en Colombia, desigualdad y despojo. Equipo de Tierras y Territorios CEDINS. Colombia.

Viviana García Pinzón y Marco Coscione. (2013). La cuestión agraria en el proceso de paz en Colombia. Universidad Nacional de Colombia y Revista Encrucijada Americana. Chile.

Carlos Eduardo Maldonado. (2013). Sobre la transformación en curso de las fuerzas militares en Colombia a raíz del postconflicto. Colombia. Facultad de Ciencia Política y Gobierno Universidad del Rosario.

ASESOR ESPECIALISTA JOSE ORLANDO MELO NARANJO

EDITA: UNIVERSIDAD AUTONOMA E INDEPENDIENTE DE MEXICO

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: ¿LA GUERRA COMO NEGOCIO Y EL POSCONFLICTO COMO UN ATENTADO CONTRA LOS INTERESES BÉLICOS?

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS

2015.

Autora:

Katherine Cruz.