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Desplazamiento forzado en Montes de María entre 1997 a 2003 (Colombia)




  1. Resumen
  2. Introducción
  3. Antecedentes históricos de la violencia en Montes de María
  4. Actores armados que fomentaron la violencia en Montes de María
  5. Consecuencias de la violencia en Montes de María
  6. Consecuencias económicas, políticas y sociales del desplazamiento forzado
  7. Conclusiones
  8. Bibliografía

Resumen

¿El desplazamiento forzado en Montes de María entre los años 1997 a 2003 provoco un impacto negativo a nivel económico, político y social, que aumento el dolor y la impunidad en Colombia? Esta cuestión se responderá a medida que avanza la investigación.

Por otra parte, Montes de María se encuentra ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, aspecto geográfico que le permite tener una posición estratégica en relación a la producción agropecuaria y ganadería Bovina. Por ende, dicha región se ha constituido a través del tiempo en una zona de interés para los grandes terratenientes, ganaderos, empresarios y grupos al margen de la ley, que encuentran en Montes de María una oportunidad de negocios, tráfico ilegal de armas y narcotráfico.

Por lo tanto, para reconocer aquellos fenómenos sociales de tipo histórico se identifican las lógicas y procesos del desarrollo del narco-paramilitarismo en Colombia, además de estudiarse la influencia del capitalismo en el desplazamiento forzado. Con el fin de exponer de manera ordenada el impacto de la violencia, la lucha social de las víctimas, las implicaciones psicosociales que padecen las familias que reclaman justicia social y restitución, como también identificar la responsabilidad política y gubernamental que tiene el Estado colombiano por permitir este tipo de acontecimientos que atentan contra los Derechos Humanos y las garantías constitucionales que se establecieron en la norma de normas de 1991 o más conocida como la carta magna.

Introducción

El desplazamiento forzado es una de las principales causas de violación a los Derechos Humanos, como consecuencia de la guerra y los delitos de lesa humanidad. Además de representar una vulneración directa a las garantías constitucionales, económicas, políticas y sociales que debe garantizar un Estado Social de derecho cuyo régimen pretende ser de carácter democrático.

El costo humano del conflicto interno de tipo armado en Colombia es bastante significativo porque cuenta con más de cuatro décadas de existencia, por ende, constituye una de las etapas más crudas de la historia nacional. Dado que, los ciudadanos son sacados a la fuerza mediante la amenaza, la tortura y la muerte de aquellas familias que habitaron las tierras durante siglos, décadas o años, perdiendo con ello, la estabilidad, la identidad, el trabajo y el bienestar social de los suyos.

Claro está, el desplazamiento forzado a la luz de la historia no es una invención nacional pues tiene su punto de partida en la invasión europea de 1492, siglos después el fenómeno se presentó nuevamente con la guerra de los mil días durante los años 1899 al 1902, en el siglo XX en la década de los cincuenta con el conflicto político que se conoció con el nombre de la violencia, y a partir de los años setenta a través de la lucha entre el Estado, las estructuras paramilitares al servicio de algunos políticos, empresarios, ganaderos, y los grupos al margen de la ley como fue el caso de las guerrillas.

Por estas razones es importante preguntar:

¿El contexto del desplazamiento forzado en Colombia debe ser entendido a partir del afán de las elites que gobiernan el país por lograr el máximo control territorial, político y económico?

Dado que, la concentración ilegal de la riqueza exige que se formen alianzas geoestratégicas para conseguir un mayor dominio sobre los recursos naturales y energéticos, mediante mecanismos de violencia, desaparición forzada y muerte de aquellos que se opongan o sean considerados objetivo militar por sus presuntos nexos con las contrapartes.

Por estas razones es importante estudiar si los grupos al margen son culpables del desplazamiento forzado, también los paramilitares que fueron patrocinados por algunos sectores políticos, empresariales, carteles de la droga, empresas extranjeras y nacionales que han pasado por encima de los Derechos Humanos, como es el caso de Montes de María entre los años 1997 a 2003.

Antecedentes históricos de la violencia en Montes de María

Montes de María es una región bastante abundante en alimentos, a tal punto que algunos economistas la consideran la provisión del Caribe, pero la contradicción se hace evidente cuando se identifica la pobreza y la falta de oportunidades que padecen la mayor parte de sus habitantes. Entre los cuales se encuentran comunidades campesinas y afrodescendientes que lograron sobrevivir el periodo de liberación en la época de la esclavitud que perduro hasta principios del siglo XIX y que representaba parte de la economía nacional.

Sin embargo, Montes de María se identifica por ser una región con fuerte resistencia social, carácter humanitario y critico frente a su realidad social. La Corporación Asdi (2010) Afirma: "se ha caracterizado por su dignidad y por su convicción de la relevancia que como sector social tienen para la región, desde principios del siglo veinte, se crean organizaciones que reivindican el derecho a la tierra en San Onofre, Colosó y Ovejas. Estas acciones son precursoras de las llamadas "Ligas campesinas" que posteriormente se formalizan entre los años 1930-1940, las cuales son apoyadas por la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC (sindicato de tendencia liberal) y en su dinámica se extienden a municipios como El Carmen de Bolívar y Los Palmitos entre otros". p. 8

Este tipo de acontecimientos y hechos históricos permitieron el planteamiento, la exigencia y la lucha social por la redistribución de la tierra, pues esta última se hallaba en las manos de unos cuantos terratenientes y ganaderos que tenían el derecho sobre miles de hectáreas fértiles que solo generaban riqueza para ellos y pobreza para los campesinos y afrodescendientes. Por ende, las estructuras paramilitares representaban una solución inmediata para silenciar a los líderes de aquellos proyectos que colocaban en aprietos el monopolio familiar de algunos integrantes de las clases altas y sus aliados estratégicos en el gobierno.

Claro está, la violencia no fue la única estrategia para silenciar a los líderes de la lucha social, también lo fue el aspecto económico. Ya que los ganaderos, empresarios y prestamistas se unieron en la década de los años ochenta para ofrecerles a los campesinos el mejoramiento de la semilla, la producción y la rentabilidad de sus tierras mediante el uso de abonos y fertilizantes que no cumplieron con sus expectativas, pero que si los endeudaron a través de intereses que no pudieron pagar monetariamente, solo con sus tierras.

Según la Corporación Asdi (2010) "Esta fue la primera situación que llevó a numerosas familias campesinas a vender su tierra. La llamada "parálisis" de la producción que se presentó en ese momento coincidió con la llegada del primer proyecto de cultivo de palma de aceite para la producción de biocombustibles en Los Montes de María, que se ubicó en el municipio de María La Baja, al nororiente de la región. A algunos campesinos les ofrecieron comprarles sus tierras y emplearlos, propuesta que aceptaron ante las dificultades para producir. A otros les ofrecieron sembrar la palma en sus tierras y les dieron acompañamiento en el proceso". p. 9

Como se puede evidenciar, la región se constituyó en una de las alternativas de negocio más lucrativas para los empresarios, ganaderos y capitalistas que lograran comprar tierras para el cultivo de palma de aceite de la cual se podría obtener altas ganancias. Por ello, como era de esperarse los inversionistas buscaron el camino más fácil para lograr obtener el control sobre los vastos territorios de la región, para ello ofrecieron dinero a los titulares legales que no logro satisfacer las expectativas de algunos dueños, sin embargo muchos vendieron, otros simplemente se resistieron. A estos últimos los sacaron del camino con el empleo de paramilitares que los acusaban de guerrilleros para expulsarlos o asesinarlos, a fin de sembrar el miedo y el terror.

Este tipo de acciones fomentaron el incremento de la cultura de la violencia, la quiebra económica de los campesinos, afrodescendientes y la corrupción de la clase política que buscaba formar alianzas con los grupos paramilitares para evitar represarías o simplemente aumentar la victoria de sus familiares, cómplices y aliados en las elecciones populares para los cargos públicos que ofrecía el Estado.

Históricamente para la Corporación Asdi (2010) "Los departamentos de Bolívar y Sucre se han caracterizado por contar con clanes familiares que se han anclado en la política y se han apoderado de los Gobiernos locales y regionales. Para esto, han encontrado el respaldo político y financiero de un amplio sector de la clase adinerada, entre ellos los terratenientes. Estos sectores de élite han promovido una política arraigada en el capitalismo y en la defensa de la seguridad y la propiedad privada". p. 14

Es decir, el desplazamiento entre los años 1997 al 2003 fue una consecuencia negativa de la violencia provocada por los grupos al margen de la ley que luchaban por controlar los territorios de la región, como también el resultado de la corrupción de las fuerzas políticas y militares que respaldaban el crecimiento económico y la propiedad privada de los inversionistas por encima de los Derechos Humanos, el derecho al trabajo, la salud, la educación y la vida.

El desplazamiento produjo consecuencias negativas para la región y la nación, para la primera, porque los campesinos y afrodescendientes fueron echados por la fuerza, la tortura y la muerte, además de perder su identidad cultural como pobladores, abandonar sus costumbres y tradiciones para deambular en busca de ayuda o asistencia personalizada por parte del Estado. Para la segunda, ya que la capital y otras instituciones gubernamentales tenían que destinar recursos para el apoyo económico de la población en condición de vulnerabilidad.

No solo esto, la nación se vio enfrentada a su propia realidad social y política, ya que no podía seguir ocultando de forma arbitraria las masacres que se habían cometido en Colombia y la región de Montes de María, como tampoco evadir la responsabilidad investigativa y judicial para dar con los autores materiales e intelectuales de este tipo de hechos que violentan los Derechos Humanos y las garantías constitucionales.

Claro está, la guerrilla colombiana fue uno de los actores principales de la violencia en la región, ya que dichos grupos al margen de la ley como en el caso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Azotaron la paz y la tranquilidad de los habitantes de Montes de María hacia los años ochenta. Ya que buscaban financiar su guerra en contra del Estado colombiano acudiendo a la máxima que expone que el fin justifica los medios. la Corporación Asdi (2010) Escribe: "Entre las acciones desestabilizadoras ejecutadas por la guerrilla en la región se destacan los sabotajes, los secuestros, los contactos armados, los retenes ilegales, los hostigamientos, ataques a instalaciones, emboscadas y acciones de piratería. Todos los municipios de los Montes de María se vieron afectados por la presencia guerrillera. Estos movimientos armados le apostaron también a la formación política de la gente, aunque con escasos resultados, debido a la resistencia promovida por la mayoría de las organizaciones sociales, y a los valores arraigados en la cultura montemariana que no cree en la vía de las armas". p. 15

Evidentemente, los habitantes de Montes de María no le creían a una guerrilla que usaba la fuerza en la población civil por alcanzar sus metas y objetivos. Como tampoco a la voluntad de paz de los ganaderos, empresarios y políticos que financiaban a los grupos paramilitares para proteger sus intereses.

Actores armados que fomentaron la violencia en Montes de María

La población de Montes de María fue víctima de los intereses económicos, políticos y sociales de los grupos armados que luchaban por el poder y el control territorial, a tal punto que los habitantes de la región se habían constituido en objetivo militar por parte de cualquiera de las estructuras militares que operaban allí. Ya que incluso las votaciones de elección popular y quienes fueran elegidos representaban un peligro inminente para su seguridad.

Por ejemplo, Valencia (2012) Explica: "En febrero del 2000, en la región de los Montes de María operaban los frentes guerrilleros 35 y 37 de las FARC, y el Jaime Bateman Cayón del ELN, los primeros operaron en los Montes de María a principios de los años noventa, invadiendo los territorios del Ejército Popular de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estos dos frentes fueron creados en la segunda mitad de los ochenta como divisiones del frente 18 que operaba en el departamento de Córdoba, y finalmente llegaron a los Montes de María desde el sur de Bolívar y el Bajo Cauca principalmente". p. 31

Como se puede evidenciar la población de Montes de María se hallaba inmersa en un conflicto del cual no formaba parte activa, solo pasiva, ya que recibía las amenazas, la tortura y la muerte de los distintos grupos armados. Por ejemplo, si la guerrilla llegaba a sus tierras a pedir alimentos, hospedaje etc. Las personas no se podían negar por temor a las represarías, luego entonces llegaba el Ejército Nacional de Colombia a golpearlos, amenazarlos y en ocasiones los arrestaban y los dejaban en manos de los paramilitares para que les quitaran la vida por una presunta complicidad o simplemente por sospecha.

Caso contrario si los paramilitares usaban la zona para cualquier labor de contrainteligencia, la guerrilla actuaba en contra de ellos de la misma manera.

Sim embargo, una de las masacres más crueles y sanguinarias del siglo XXI cometida por los paramilitares ocurrió en el Salado y Montes de María, ante la mirada y la resignación imponente de los habitantes que veían a sus verdugos usar cuchillos, palos, objetos cortantes y otros elementos para matarlos y atormentarlos por el resto de sus vidas. Valencia (2012) cuenta: "La masacre de El Salado ilustra las estrategias de exhibición de la violencia, pues no sólo expone los cuerpos en los espacios públicos sino que los convierte en marcadores de unas rutas de terror, en una huella; las torturas fueron ejecutadas en lugares públicos, delante de la gente, contrayendo el tiempo y expandiendo el espacio de representación para que la magnitud, al igual que la sistematicidad de la violencia sea más impactante. Pues entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, las Auto Defensas Unidas De Colombia AUC se tomaron esta parte del territorio colombiano, crimen planeado en la finca El Avión, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena". p. 44

Es decir, en la pretendida era de la racionalidad, la modernidad y la aparente civilización, en Colombia a un se cometían de forma arbitraria y con la mirada indiferente del Estado los crímenes más atroces y sanguinarios en contra de poblaciones vulnerables. Porque semejante a la época de la inquisición se quitaba la vida bajo la figura del dolor, la tortura, la desesperación y el trauma psicológico para someter a las víctimas a la obediencia servil.

Acontecimientos que empeoraban la condición económica, política y social de los habitantes de Montes de María, además de señalar de forma reiterativa la total indiferencia del Estado colombiano frente a crímenes de lesa humanidad y la violación a los Derechos Humanos, cuando priman los intereses económicos de las clases altas del país y sus políticas capitalistas para favorecer a empresarios extranjeros y nacionales en la adquisición de tierras.

Consecuencias de la violencia en Montes de María

La impotencia, la persecución, la tortura y la muerte, fueron el diario vivir de la población entre los años 1997 al 2003. Ya que las masacres fueron permanentes en dichos periodos de tiempo, a tal punto que la pretendida civilización nacional desapareció en algunos territorios del país para dar vía libre a la barbarie, el terror y el posible canibalismo militar.

Por ejemplo, haciendo referencia a los paramilitares:

Verdad Abierta (2014) dice: "La violencia que dejó 56 masacres, cientos de miles de desplazados, ruina económica y una gran tristeza entre los cultos y luchadores campesinos de esta región entre Sucre y Bolívar tiene raíces más hondas que la defensa contra la barbarie guerrillera". p. 1

Por estas razones, los defensores de los Derechos Humanos en Colombia, algunos historiadores, sociólogos y filósofos, le reclaman al Estado su ausencia, indiferencia y posible complicidad. Dado que, las radiocomunicaciones del Ejército Nacional de Colombia demuestran que algunas brigadas fueron cómplices de los paramilitares. Pues un gobierno democrático que permite 56 masacres se vuelve bastante cuestionable.

El horro fue tal, que una señora cabeza de hogar narra cosas como estas: "Al día siguiente cuando ya todo había pasado fuimos a recoger con el ejército los cadáveres de mi familia y para mi sorpresa los muertos eran un total de más de 100 personas no sé yo, entre hombres, mujeres embarazadas, ancianos y niños. Ese día me toco recoger el cadáver de mi esposo, mis tres hijos, mi papa y mis tres hermanos, todos murieron en la mañana del día anterior. Y los pocos que quedaron vivos huyeron y no he sabido más de ellos". (Garcia. 2014, p. 7)

Tragedia que destruyo cualquier garantía económica, política y social.

Consecuencias económicas, políticas y sociales del desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado en Colombia genera consecuencias desastrosas a nivel económico para las poblaciones vulnerables de la nación, puesto que los grandes capitalistas no padecen el fenómeno de la pobreza y la miseria porque cuentan con el respaldo del Estado, los recursos financieros, la protección pública y privada.

Para Pizarro (2008) "La historia de Colombia ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de las poblaciones indígenas, negras y campesinas. Esto parece ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que se disputan por el poder".

p. 16

Es decir, el desplazamiento forzado genera miseria, pobreza y legitimación de la violencia para despojar a las comunidades ancestrales y étnicas del derecho que tienen a ser dueños de sus propias tierras. Sin embargo, las consecuencias negativas son para las poblaciones civiles y vulnerables, las positivas para los capitalistas que se quedan con todos los recursos naturales y energéticos.

A nivel social para Álvarez (2006) "Las familias de Adescop, en todos los casos han reportado cambios significativos en la estructura familiar a partir de los hechos violentos que les obligaron a desplazarse, así como consecuencia de enfrentar difíciles e inestables condiciones de vida en Bogotá con las cuales aún permanecen sobreviviendo". p. 7

Como se puede evidenciar, el desplazamiento genera dolor y malestar social, ya que las familias quedan incompletas como resultado de la muerte de sus seres queridos por manos de grupos sanguinarios.

Además de llegar tener que llegar a la capital de Colombia a deambular, a sobrevivir en una ciudad bastante inhumana, individualista, y desconfiada, porque el común denominador piensa que son vividores que piden para vicios o simplemente para subsistir de la mendicidad. Sin embargo, se deja de lado que las familias desplazadas no llegan con títulos académicos como es el caso de maestrías, especializaciones, posgrados, doctorados etc. Ingresan a la ciudad porque les toca, porque el contexto histórico de la nación fue propicio para sus propias tragedias. Por otra parte, las personas desplazadas tienen que luchar contra la ineficiencia de la justicia, contra la corrupción política, la indiferencia y la impunidad social. Dado que, su condición socioeconómica no les garantiza justicia, reivindicación y reconocimiento público. Tampoco, el respeto al género femenino, pues las niñas y mujeres violentadas sexualmente tienen que enfrentar el daño psicológico, la pobreza y la miseria que las vuelve vulnerables frente a las ofertas de las redes criminales de trata de personas y prostitución.

Álvarez (2006) Explica: "Las mujeres que ahora son cabeza de familia por haber presenciado la muerte de su compañero o esposo, además de implicarle un cambio de rol, les obliga a invisibilizar su propia situación emocional: el proyecto vital familiar cambia, muchas veces reduciéndose a la supervivencia con lo cual se debilitan las dinámicas familiares y las mujeres quedan más expuestas a la violencia". p. 8

A nivel político, López (2006) explica: "Al momento de escribir este balance, la prensa nacional reporta que 34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%. Esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico". p. 1

Es decir, tres años después de las masacres que cometieron los paramilitares en Montes de María, el Senado de la república y la Cámara habían incluido en sus listas a políticos que habían tenido nexos con el narcoparamilitarismo. Cuestión que aparte de afectar el desarrollo político y económico del país, genera presión social en las ciudades que reciben a los ciudadanos desplazados por la violencia.

Por ejemplo, la ciudad que recibe el mayor número de los desplazados por el conflicto armado es Bogotá, Salcedo (2011) explica: "las zonas de recepción urbana de desplazados internos se caracterizan, desde el punto de vista urbanístico, por altas concentración de asentamientos y densidad población, que en su mayoría son de origen informal e ilegal formadas en lo que se conoce como urbanización pirata. (Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadanaceacs, 2007). Los residentes antiguos se consideran poseedores de las viviendas en las que habitan, muchos de los cuales han accedido a la regularización de sus títulos de propiedad". p. 9

Como se puede evidenciar, la población que ha sido desplazada llega a ciudades en las que deben competir con el mercado agresivo de la demanda y la oferta laboral, por ello, para poder subsistir se apropian de zonas de alto riesgo que se constituyen en su hogar, pero que por falta de servicios públicos, acceso alimentario y garantías sociales se convierten en focos de violencia, venta de estupefacientes, delincuencia y malestar social que empeora la situación de los desplazados y de las ciudades que los reciben. Por otra parte para Salcedo (2011) "Uno de los problemas centrales de las zonas de asentamiento de desplazados en entornos urbanos es la generación de ingresos permanentes, lo cual afecta a toda la población de las localidades pero con mayor rigor a la población desplazada". p. 23. En conclusión, el desplazamiento es un fenómeno social que afecta tanto a unos como otros, por estas razones no podemos hacernos ajenos a una realidad que debe cambiar para el beneficio de todos.

Conclusiones

El desplazamiento forzado en Montes de María es una de las causas que más tragedias y consecuencias negativas ha generado en el país a nivel económico, político y social. Ya que las poblaciones vulnerables del país se encuentran encerradas en medio del fuego cruzado, el negocio del narcotráfico, los intereses nacionales y multinacionales. Además del marco institucional que permite que este tipo de acontecimientos sucedan y violenten los Derechos Humanos y las garantías constitucionales de los pueblos que reclaman el poder ejercer su soberanía, su cultura e identidad territorial como parte integral de la diversidad.

Las investigaciones sobre los acontecimientos y sucesos que sucedieron en Montes de María entre los años 1997 a 2003, deben representar la memoria histórica del país, a fin de reivindicar a la región que fue víctima de la violencia, el dolor y la muerte a finales del siglo XX y principios del XXI. A fin de que este tipo de fenómenos sociales no se repitan en el pretendido Estado Social de derecho que debe garantizar el respeto por los Derechos Humanos y constitucionales que se establecieron en la norma de normas de 1991.

Por ello, este tipo de indagaciones son bastante importantes, no para acusar y si para develar las tragedias históricas que ha padecido la nación como consecuencia de la corrupción política que heredo la cultura de la violencia en el país, además de haber llevado a la practica la máxima que manifiesta "el fin justifica los medios".

Finalmente, es necesario que el país forme mesas nacionales de dialogo y debate con el acompañamiento de entidades gubernamentales, a fin de registrar los hechos y acontecimientos que no se hayan estudiado a fondo. Como también, que se depure el sistema ejecutivo, legislativo y judicial de la nación para lograr consolidar la transparencia, la honestidad y la justicia social.

Bibliografía

Asdi. (2010). Los Montes de María: Análisis de la conflictividad. Área de paz, desarrollo y reconciliación. PNUD. Colombia.

Manuela Valencia Medellin. (2012). Memoria y conflicto: el impacto de la violencia en las víctimas de la masacre del Salado, Montes de maría - Bolívar.

Verdad Abierta. (2014). Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? – Colombia.

Yadira Esther García G. (2014). Violencia y desplazamiento en la costa: víctima de los grupos armados en Colombia. (Montes de María).

Noelia Pizarro. (2008). El desplazamiento humano en Colombia: ¿Disminuye o aumenta? - Universitat de Barcelona. España.

Liliana Álvarez Woo. (2006). Lectura de las implicaciones psicosociales derivadas del desplazamiento en las familias pertenecientes a la organización ADESCOP en el marco del proceso de restitución del derecho a la vivienda. Mesa de trabajo de Bogotá sobre desplazamiento interno. Colombia.

Claudia López. (2006). Balance político de la parapolítica. Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. Colombia.

Jorge Salcedo. Efectos del desplazamiento interno en las comunidades de las zonas de recepción. Estudio de caso en Bogotá, D.C. Colombia, en las localidades de Suba y Ciudad Bolívar.

ASESOR INTELECTUAL EN COLOMBIA - JOSE ORLANDO MELO NARANJO INVESTIGADOR EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y PENSAMIENTO UNIVERSAL EDITORIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA E INDEPENDIENTE DE MEXICO (UNAD) FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA - 2014

MONOGRAFIA DE HISTORIA

2015

 

 

 

Autor:

Daniel Moreno Raimondi.


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