Gerencia pública y economía informal

Introducción

En el plano económico, y empresarial uno de los efectos más visibles de la globalización es la emergencia de una nueva arquitectura organizativa, asumiendo ciertas características de la tradicional noción de "empresa".

La microempresa constituye hoy en día el centro de la atención oficial, académica y mediática, como expresión de la iniciativa individual, familiar o grupal, frente al replanteamiento de las relaciones de poder entre el capital privado, el estado y la sociedad civil en el terreno del mercado, ha incrementado su presencia a la hora de analizar las nuevas tendencias de desarrollo empresarial.

Por otro lado el tema de la economía informal y el reciente interés de su existencia y expansión en Venezuela, plantea varias interrogantes que excede las barreras de lo meramente económico.

Planteamiento del problema

La gerencia publica es un ámbito de las ciencias de la administración que consiste en dirigir y proponer líneas de trabajo dentro de una empresa, compañía o afín para lograr el máximo rendimiento y calidad total.

Una de las causas de la existencia de la economía informal es la baja capacidad del mercado para absorber toda la oferta de trabajo causada por diferentes variables que obligan a las empresas a no expandir sus operaciones, situación que hace disminuir la demanda por trabajadores. La economía informal que comprende las empresas informales y el empleo informal es un medio económico de subsistencia. Es un sector de baja inversión tanto en capital como en lo intelectual. La crisis económica venezolana, es hoy un lugar común que debe sortear los intentos por profundizar en sus causas, a objeto de lograr un contenido más acabado y científico en lo atinente a su persistencia y complejidad.

Esta crisis es producto del agotamiento de un modelo de desarrollo económico rentístico- petrolero, del complejo replanteamiento de las relaciones de poder entre el Estado, el capital y el resto de los actores sociales, así como a la difícil concreción de la estabilidad política y la independencia institucional que en la dialéctica histórica venezolana, determinan en buena medida la naturaleza, funcionamiento y estructura del Poder Público en Venezuela.

A partir de 1998 con el ascenso al poder del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías y la formación de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación del nuevo texto constitucional (constitución) en 1999, desempeño los grandes indicadores macroeconómicos y microsocilales de la estructura productiva nacional.

Según las cifras obtenidas en el ámbito del Estado Lara poblacionales el sector informal representa el 57,6% del total.

La economía informal, visualizada desde sus múltiples y posibles significados; como espacio socio- productivo objeto de debate político: problema de orden público- urbanístico- ambiental; justificación o escape aparente al desempleo de la fuerza laboral; expresión del mercado global capitalista y de la relación capital- trabajo, o simple respuesta ciudadana a las restricciones, costos y obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la demanda y al ánimo lucrativo de grupos sociales excluidos del sector moderno o formal de la economía.

Sin embargo, la informalización de la economía, con vínculos notables con la formación de un nuevo paradigma organizativo en lo empresarial, plantea precisamente la discusión en torno a los esquemas, formas y modalidades bajo las cuales la población excluida de ese sector formal, o en todo caso imposibilitada de acceder a él.

La aparición del sector informal, o del conjunto de actividades y organizaciones que comparten determinada caracterización y suelen agruparse en la economía informal, tienen estrecha relación con los primeros síntomas de crisis y agotamiento del modelo de desarrollo económico venezolano, alimentando a la renta petrolera y del capitalismo de Estado.

En términos poblacionales la pobreza en Venezuela abarca el 55,4 del total de habitantes, lo que significa que miles de venezolanos viven en situación de pobreza extrema, ya que su ingreso per cápita es inferior al valor de la canasta normativa alimentaria.

Cifras de la crisis:

El Banco Central de Venezuela reporta una contracción del PIB (producto interno bruto) de 16,7% en el cuarto trimestre de 2002, el consumo de electricidad cae 8,5% en enero 2003 respecto al mismo mes del pasado año; la recaudación real del IVA se desploma 48% en enero, la del impuesto al débito bancario sigue la tendencia con un declive de 31% y los préstamos con problemas de pago saltan 12% entre diciembre y febrero. La Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional determina en su último informe que el impacto económico total producto de la huelga general se estima en un 7,6% del PIB, equivalente a 7mil 367 millones de dólares.

La conflictividad política y la conformación de un clima creciente de violencia social, aunado al rompimiento de los canales de comunicación y concertación entre el gobierno de Hugo Chávez y el sector privado y sectores de oposición, desencadenaron un paro cívico nacional en Diciembre de 2002, iniciado por trabajadores de Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA). La gravedad de esta situación provocó la caída de todos los indicadores macroeconómicos, productivos, industriales y sociales.

Según la información estadística dada por el Banco Central de Venezuela, el indicador que mide la capacidad de producción de la industria privada descendió 74% entre febrero del 2002 y febrero de 2003.

La economía popular en la Constitución de 1999:

La constitución aprobada en diciembre de 1999, en su artículo 308, (Capítulo I "del régimen socioeconómico y la función del Estado en la Economía, del Título VI, "del sistema socioeconómico") establece que "el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurar la capacitación, la asistencia y el financiamiento oportuno".

Pese a las reformas legislativas, y a los recursos financieros destinados a la promoción de cooperativas por parte del gobierno nacional a través de sus órganos respectivos, está latente el riesgo que significa concebir al cooperativismo como una fuga moda, o como un utópico y aislado mecanismo para solucionar la aguda situación socioeconómica de la población, como parte de una visión limitada y sesgada que se reduce a preocuparse quizás del número de cooperativas creadas, y no de su sostenibilidad, viabilidad, y adecuación a los deseos, objetivos e interés de quienes eventualmente puedan conformarlas.

La creación del Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, y el establecimiento, vía presidencial, de un Ministro del Estado Lara para la Economía Social, constituyen elementos de un término jurídico, financieros e institucionales, ha materializado un relativo apoyo a las organizaciones e individuos inmersos en este espacio productivo.

Planificación, acción y concepción económica reciente del actual gobierno:

Al evaluar los planes y acciones del gobierno actual en el plano económico, se puede percibir ciertamente la continuidad de una línea de atención hacia la economía social, consagrada ya en la constitución de 1999, y en diversos planes y programas diseñados y aplicados por el Poder Ejecutivo. No obstante, es posible identificar la existencia de debilidades y fallas en la actual planificación económica, que estarían atentando contra la efectividad y solidez de la política pública dirigida al sector económico en general, y al ámbito de la economía social y a las microempresas en particular.

En el apartado destinado al eje económico, se plantea que el propósito es el ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que elimine progresivamente nuestra dependencia del rentismo petrolero. Vamos a diversificar la economía no petrolera y estimular la Economía Social, equilibrando la heterogeneidad de intereses económicos y sociales con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, convergiendo diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y consumo urbano-rural. Se apoya toda esta iniciativa autogestionaria en un sistema de micro finanzas y de asistencia técnica a las comunidades organizadas.

Por otro lado, en una reseña elaborada por el Diario El Universal a un documento del Banco Mundial, se puede de apreciar críticas en relación al manejo de las políticas públicas por parte de la actual gestión gubernamental:

En un documento del Banco Mundial se lee: Desde su comienzo, la administración Chávez dio prioridad a las reformas políticas, incluyendo la introducción de una nueva Constitución. Esto, y la falta de un programa económico amplio completamente implementado, aumentó la incertidumbre, afectando el clima de inversiones y reforzando el clima de desinversión del sector privado aunque Venezuela ha sido beneficiada con una gran riqueza natural, la pobreza es grave y las condiciones sociales se están deteriorando. La deficiente gerencia macroeconómica limita la participación del sector privado y las incertidumbres políticas han aumentado los riesgos de negocios y de país. El desempeño ha sido afectado por debilidades en el marco legal e institucional y una cultura del sector público ineficiente. La burocracia pública ha sido incapaz de diseñar e implementar programas para reducir la pobreza.

Por otra parte, Francisco Rodríguez, director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, expone algunas consideraciones en torno a la política y gestión económica y a la dirección de la Hacienda Pública Nacional.

En un artículo de opinión en relación a la política de endeudamiento de la gestión actual, Rodríguez expresaba que mientras en 1998 el servicio de la deuda pública total representaba apenas 4,7% del PIB, para 2002 llegó a alcanzar 8,7% del PIB. Una de las causas del aumento del saldo y costo de la deuda es el manejo desacertado y poco justificable de la política de endeudamiento de la nación que se comienza a manifestar a partir del año 2002. Esta ha estado marcada por el deterioro progresivo de la transparencia, llevando a operaciones cuyo beneficio para la Nación es cuestionable.

En tal sentido, pese a respaldarse en una disposición Constitucional, y en su configuración como objetivo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el lapso 2001-2007, el apoyo a la economía social, y concretamente a las microempresas, PYMES y cooperativas como actores básicos de este ámbito, necesita de un soporte de más alcance, de una estrategia macro o global en materia económica empleada con continuidad e integralidad, que admita armonizar coherentemente los programas financieros, crediticios o de capacitación puntuales o focalizados, con un plan sólido y completo para toda la economía, que principalmente, sea duradero y continuo.

En este orden de ideas, algunas críticas han salido en relación a la concepción que la actual gestión tiene sobre el desarrollo económico, la disposición de un sistema micro financiero, y de los valores que conforman la justificación de las decisiones y políticas que se están empleando actualmente.

Ya en el año 2001, al comienzo de la actual gestión gubernamental, las irregularidades en los organismos de la estructura micro financiera y de asistencia social y crediticia que el Pode Ejecutivo comenzaba a establecer, eran referidas por diarios nacionales.

Bajo una serie de denuncias e irregularidades, y por la inefectividad de su gestión en la atención de sectores populares, William Fariñas tuvo que renunciar al Fondo Único Social, no sin antes expresar para el Diario El Nacional (20-03-2001), lo que a continuación este medio presentó:

El ex presidente del Fondo Único Social, William Fariñas, admitió que durante su gestión cometió errores y tuvo que "saltar talanqueras porque, lamentablemente, son muy engorrosos los trámites en la administración pública para poder cumplir con todas las pautas que se establecen para cualquier transacción."

Con esto queda en evidencia el peso de la estructura burocrática, normativa y gerencial de la Administración Pública en su gestión y eficiencia, cuya lentitud administrativa no pueden justificar nunca la posición asumida por el referido funcionario, y más bien, plantea como propicia reformas y cambios que permitan solventar esa situación.

El Banco del Pueblo tiene aproximadamente 88% de su patrimonio colocado en papeles emitidos por la República dentro del país, mientras 9% de su capital lo ha otorgado en pequeños préstamos a los sectores más necesitados. Al 31 de diciembre del año 2002 el Banco de Pueblo acumuló pérdidas por 7,49 millardos de bolívares después de haber obtenido un saldo negativo entre enero y junio del mismo año que llegó a 4,74 millardos de bolívares.

Estos hechos, llevaron probablemente al Banco Central de Venezuela, a advertir en documento enviado a la Asamblea Nacional contentivo de observaciones del instituto emisor sobre la reforma de la Ley General de Bancos, que instituciones como el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer en realidad no son bancos, entendiendo como bancos a entidades que reciben depósitos y otorgan créditos.

Se señalaba además, que "lo más lógico es modificar esas instituciones en fondos de asistencia crediticia y conservar intacta la norma de que toda entidad debe estar regida por la Ley General de Bancos. Es altamente peligroso que instituciones que potencialmente pueden recibir depósitos del público estén en una especie de limbo regulatorio y de supervisión."

Ello conforma un cuadro en el que se reflejaría la relativa premura o improvisación, por parte del Estado, en la organización jurídico-administrativa del Sistema Micro financiero, con las lógicas consecuencias en la dilapidación o uso poco eficiente de los recursos dirigidos a la asistencia crediticia de sectores populares.

Situación en el Estado Lara:

Trasladándonos al ámbito del estado Lara, y como consecuencia de la coyuntura recesiva que atraviesa la nación, Argenis Manzi, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Lara (CAPMIL) informaba en relación a la entidad que en la actualidad, existen 300 agremiados activos, pero hay otro grupo de pequeños industriales que están técnicamente cerrados desde los últimos 3 años, los cuales no han sido desincorporados del gremio por mantener viva la llama de la esperanza y darles un auxilio con créditos y asistencia técnica. (Diario El Impulso, 13-06-2002).

El agravamiento de la crisis económica, junto a los efectos del paro cívico iniciado en diciembre de 2002, y al control de cambio instaurado por el Poder Ejecutivo, hacen suponer un empeoramiento del nivel de actividad descrito por el referido dirigente gremial larense.

Vale destacar en el estado Lara, la presencia de organizaciones comunitarias, cooperativas y de acción social con una amplia trayectoria en el trabajo social y en la conformación de redes productivas, en el caso de CECOSESOLA y las Ferias de Consumo Familiar, así como otras organizaciones no gubernamentales, que reflejan la existencia de elementos culturales, y de un perfil económico de la entidad, con vocación agroindustrial y especialmente comercial, propicio para la actividad cooperativa, comunitaria y micro empresarial.

Ese ámbito de lo que Moreno Contreras (2002) denomina el "Tercer Sector", el cual adopta formas de organización y participación más allá del Estado y del mercado, tiene una presencia notable en la entidad regional, corroborando lo expresado en torno a la fructífera actividad cooperativa, comunitaria y micro empresarial que en ella se realiza. Muestra de ello, lo constituye el listado de organizaciones, entes e instituciones incluido en el "Directorio de la Alianza Social 2001", editado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venacham) correspondiente estado Lara, el cual da cuenta de 29 organizaciones que bajo la figura de Asociaciones civiles, Fundaciones, Juntas ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, sociedad de amigos, entre otras, realizan una importante labor en áreas de salud, ambiente, rehabilitación, educación, formación, microempresas, planificación familiar y acción social en general.

En este contexto, instituciones como FUNDEME y FUNDAPYME, vinculadas administrativamente a la Gobernación del Estado Lara y dedicadas al apoyo financiero a microempresarios, sin incluir a otras organizaciones no oficiales presentes en la entidad, conforman un escenario institucional propicio para analizar la opinión de gerentes públicos responsables en ésta área de actuación en torno a la economía informal, a objeto de proveer insumos para una reflexión seria y sistemática de las políticas micro empresariales, su diseño, valores e impacto, en el marco de la actual coyuntura nacional.

Ello, en el entendido de que los valores, posturas o juicios reflejados en la opinión de dichos funcionarios referida a la realidad sobre la cual buscan actuar, puede evidenciar una concepción que, eventualmente, se constituiría en un obstáculo o limitante en la eficiente administración de la política microempresaria a su cargo, y al logro cabal de las finalidades generales del organismo oficial respectivo y de los programas desarrollados por el mismo.

Objetivos de la investigación

La finalidad e intención que persigue la siguiente investigación se resume en los siguientes objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre la opinión de gerentes y funcionarios públicos sobre la economía informa, y las políticas de apoyo, estímulo y financiamiento a las microempresas del Estado Lara.

Objetivos Específicos

1) Analizar el marco legal e institucional vigente en materia de apoyo a la Economía Social y a las Microempresas, así como la gestión gubernamental reciente dirigida a dichos sectores.

2) Consultar la opinión de los actores y responsables institucionales oficiales en las áreas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre la economía informal.

3) Determinar el nivel de influencia de los valores, juicios y percepciones reflejadas en la opinión de gerentes públicos sobre la economía informal y las microempresas, en la administración de las políticas dirigidas al sector micro empresarial del Estado Lara.

Justificación

La economía informal y todo lo que ello conlleva, representa una realidad muy palpable en los países en vías de desarrollo, en América Latina y especialmente, Venezuela.

Existen distintos factores que influyen en la existencia de este tipo de economía como son; el los cambios en la tasa de empleo, cuadros recesivos e inflacionarios. Los ciclos de gobiernos ineficientes contribuyen a la insatisfacción de las necesidades más básicas, lo que aumenta la necesidad de satisfacer estas necesidades con la búsqueda de nuevas alternativas de ingreso. Las medidas políticas buscan intervenir en el ámbito económico para así atender las necesidades sociales y resolver el problema del desarrollo económico, cuyo norte debe ser finalmente el desarrollo humano y por ende, social.

Se considera igualmente, que el Estado Lara, por su perfil económico y productivo, por su larga tradición cooperativa, micro empresarial, de organizaciones populares y comunitarias y por la existencia de diversas instituciones, representa un gran objeto de análisis ya que en momentos han surgido dudas y críticas en relación a la gestión económica del actual gobierno y a la orientación que sustentaría buena parte de los programas y acciones destinados al área micro empresarial

Alcances

Puede referirse a:

• Los funcionarios, gerentes y empleados que pertenecen al sector público que esté relacionado con el sector micro empresarial y la economía informal.

• A los datos estadísticos y cifras que caractericen y cuantifiquen la influencia de la Economía Informal y que aborden el tema

• Se busca conocer la opinión de las personas que están involucradas en las etapas de desarrollo de la Economía Informal.

Antecedentes

Existe un acuerdo generalizado en la literatura considerando la nocion de informalidad por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada por Keith Hart hacia fines de la década de 1960, dirigida a estudiar los mercados laborales urbanos en África.

Hart postuló un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana basada en su mayor pate en la distinción entre empleo y autoempleo. El concepto de informalidad se aplicaba a los autoempleados. Hart también enfatizó el notable dinamismo y la diversidad de estas actividades que, en su opinión, transcendían con mucho a los limpiabotas y los vendedores de fósforos.

Durante los años 50,60 y parte de los 70, diversas teorías y enfoques empezaban a estudiar las características de la estructura económica de los países latinoamericanos de su relación con el sistema capitalista,y de las vías para poder superar la situaciónde atraso o subdesarrollo que defina a buena parte los países de la región.

La tesis de la Comision Económica para América Latina (CEPAL), la teoría de la dependencia y el subdesarrollo, que sustentarían a la larga la política de sustitución de importaciones, o la tesis del desarrollo endógeno , aplicadas por varios gobiernos de la época.

El proceso de industrialización acelerada, las migraciones rural-urbanas, el crecimiento demográfico, físico y económico de las principales ciudades latinoamericanas, fueron sentando las bases paulatinamente, de los problemas de empleo, vivienda y conformación de zonas deprimidas en los márgenes urbanos, con distintas denominaciones(barrios, favelas,villas miseria).

Quijano en 1998 describe acertadamente el panorama de la región latinoamericana de la época:

Aquello ocurre en todo el orden capitalista mundial, pero sobre todo en las áreas donde la heterogeneidad histórico-estructural es más acusada, por el nivel "subdesarrollado"del capital.

El continuo crecimiento de una población sin empleo e ingresos salariales estables, no proviene del pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Es un fenómeno producido por las propias tendencias globales del capital, cuyos efectos sobre la población trabajadora se ejercen en todo el universo capitalista, pero que se agravan en las condiciones de una sociedad "dependiente" donde el rasgo sobresaliente era, y todavía es, el desencuentro permanente entre sus normas y valores "formales" y sus prácticas sociales reales.

Barrantes en 1997 defiende la denominación de "Economía Popular", y afirma que ella define una región específica del conjunto de relaciones de nuestra configuración social múltiplemente inscrita en el venezolano.

Freije en 2001 ha investigado sobre el empleo informal en América Latina y el Caribe con base en los estudios y cifras suministradas por la CEPAL y la OIT para la región, denotan la disparidad de registros y la dificultad para llegar a conclusiones respecto a la tendencia que muestra el tamaño del empleo informal en la zona, pero que en todo caso sugerirían que ningún país latinoamericano ha podido eliminar la informalidad, en el caso de las estadísticas de la OIT.

La conclusión de Freije (2001) en torno al fenómeno de las actividades informales en America Latina y el Caribe es la siguiente:

• 1. El complejo efecto que las regulaciones tienen sobre las actividades informales.

• 2. El impacto que las políticas macroeconómicas han tenido sobre el sector informal en las últimas dos décadas.

• 3. La pobreza, desigualdad y estancamiento social que suelen acompañar al empleo informal.

• 4. La falta de protección social que afecta a los trabajadores informales.

• 5. La baja productividad que muestra la mayor parte de las actividades informales.

Valente y otros (2002) en torno al desempeño del sector informal en Venezuela durante el período 1984-1998, sustentado en el análisis estadístico del empleo por sectores (formal e informal) en el contexto del entorno macroeconómico de Venezuela.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación Económica –ILPES- (1998), al estudiar la evolución del mercado de trabajo en América Latina resaltan cambios ocurridos en la estructura del empleo y el significativo deterioro de su calidad Afirma esta institución que por un lado, disminuye la importancia del sector público y de la gran empresa privada como generadores del empleo y, por otro, aumenta la importancia de las pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Esas dos categorías, sumadas al servicio doméstico, pasan de 40% del total del empleo en 1980 a 52% en 1990 y a 57% en 1996.

Este organismo pronuncia que de mantenerse la tendencia, se puede prever la influencia de tales procesos en la estructura del empleo.

A pesar de las diferencias que existen en la estructura laboral, económica y socio-productiva de cada país, estas cifras permiten constatar como punto en común el peso y la presencia de la economía informal en América Latina.

En el caso venezolano vale mencionar, el trabajo de Valente y otros (2002) en torno al desempeño del sector informal en el estado Zulia durante el período 1984-1998, apoyado en el análisis estadístico del empleo por sectores (formal e informal) en el contexto del entorno macroeconómico de Venezuela, y su manifestación en el mercado laboral.

En esta orientación, el documento del PNUD "Desarrollo sin Pobreza" citado por Iranzo (1995), ofrece, desde la perspectiva de la economía popular: Una descripción global de la economía popular urbana debe considerar los siguientes elementos:

• a) Sus agentes son familias pobres.

• b) Desde el punto de vista empresarial se caracterizan por la precariedad de su gestión administrativa.

• c) La lógica familiar, busca la generación de un ingreso suficiente para sus necesidades como objetivo central del proceso productivo.

• d) La débil acumulación del capital inicial y la falta de información tecnológica.

• e) Encuentra una casi insalvable dificultad para incorporarse al "sistema institucional".

• f) Ha sido, hasta hace poco, ignorada en los programas de desarrollo,

• g) No obstante todo lo anterior, la empresa popular compite con la empresa "formal".

• h) Es fundamental entender que lo pequeño y lo popular no se identifican con la ineficiencia.

Márquez y Gómez (2001) analizan la modalidad microempresarial de organización, desde la óptica metodológica de los estudios de casos de éxito emprendedor.

Base teorica

Es evidente la diversidad conceptual y la heterogeneidad de posturas y enfoques que intentan indagar en dichos constructos teóricos, esto es debido al carácter no tan novedoso de la informalidad y la actividad microempresarial en el ámbito latinoamericano. En la opinión de Barrantes (1997) el Sector Informal Urbano (SIU) fue definido no por lo que es y tiene, sino, por lo que no es: lo no estructurado, lo no formal, lo no rentable, lo no estético, lo no legal, lo no legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón, organización, educación y, antes de El Otro Sendero (De Soto, 1987), espíritu neolibreempresarial.

El debate actual sobre el desarrollo económico, la Tercera Vía, y la edificación de modelos de crecimiento socio-productivos que superen las deficiencias, exclusiones y efectos perniciosos ocasionados por la aplicación de las políticas de "shock" de corte neoliberal propugnadas por el FMI y el BM en América Latina en años recientes, ha incorporado como tema de la agenda pública la emergencia del denominado Tercer Sector, ámbito nebuloso que agrupa a las organizaciones que no pertenecen al espacio del mercado, pero que tampoco encajan en las dimensiones y lógica de funcionamiento de la acción estatal.

En una línea argumental distinta a la de Barrantes (1997), Bombarolo (2001) alude a la problemática de homogeneizar desde una concepción sectorial, a las expresiones organizativas, variadas por naturaleza, para agruparlas en el mencionado Tercer Sector, y plantea críticas al mito del conflicto Estado, Mercado y Tercer Sector.

Según Bombarolo (2001)

Es necesario poner en duda la tan difundida disputa o distancia sectorial entre Estado, Mercado y Tercer Sector. Para descubrir el sentido de las argumentaciones que sostienen aquella diferenciación, sería necesario revisar cuál es el rol que se le asigna al Estado en los procesos de construcción social, cuál al sentido de democracia y cuál al sentido de lucro.

Enfoques sobre la informalidad

Piñate y Vivas (1995), al postular la variedad de enfoques sobre la Economía Popular, cada uno con implicaciones teóricas y prácticas distintas ante el aspecto de la realidad que cada una enfatiza, plantean la existencia de al menos cuatro enfoques: el enfoque del Excedente Laboral, asumido por la OIT-PREALC (incapacidad del sector moderno de crear nuevos empleos); el enfoque Neomarxista (desigualdades del sistema económico internacional y variante de la relación capital-trabajo); el enfoque Neoliberal, del cual De Soto es figura emblemática (las condiciones legales y el Estado como obstáculos y costos a la operatividad del sector formal); y el enfoque de la Economía Popular, asumido por la ONU-PNUD (estrategias de sobrevivencia aplicadas por los pobres para autogenerar empleo e ingresos).

Caraballo y Jiménez (1996) elaboran una descripción de los distintos enfoques sobre el sector informal, que a continuación se presenta en algunos de sus rasgos fundamentales.

Enfoque Neoliberal: Identifica a Hernando de Soto como su máximo exponente. Esta corriente entiende a la Economía Informal como una serie de actividades de producción extralegal pero lícita, que se deben a la excesiva carga de regulaciones impuestas por el Estado, además a su ineficiencia, por no proveer los recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas.

Enfoque Neomarxista: Según este enfoque, las grandes industrias con la finalidad de disminuir sus costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. Considera que el Sector Informal, al estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene posibilidad alguna de desarrollo autónomo.

Enfoque del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC): Este programa que depende de la OIT, define al sector informal como excedente de fuerza de trabajo producto de la incapacidad de absorción de mano de obra por parte del sector formal, haciendo referencia a la incapacidad estructural de la economía capitalista moderna de nuestros países de generar los ingresos monetarios que las personas requieren, y el tipo de desarrollo tecnológico que privilegia las técnicas intensivas de capital, por lo que surge la economía informal como respuesta a las necesidades de un grueso sector de la población que por obligación o por voluntad se autogenera empleo, para su subsistencia y la de su familia, asumiendo la renuncia a los beneficios económicos del sistema de seguridad social, ofrecido por el sector formal.

Enfoque Alternativo o de Economía Popular: Este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y hace mención a las diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para autogenerarse empleo e ingresos, realizando para ello actividades económicas de pequeña escala que sirven para satisfacer sus necesidades ante la inflación y las altas tasas de desempleo. Su principal exponente, Luis Razeto Negliaro, indica que de esta forma los sectores populares constituyen formas alternativas de empresas creando un modo especial de hacer economía dentro del sistema económico global, a la cual se puede denominar Economía Popular.

DECRETO CON FUERZA DE LEY DE CREACIÓN, PROMOCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA MICROFINANCIERO

Conocido como "Ley de Microfinanzas" plantea en su exposición de motivos, que el mismo tiene como objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarlas en las dinámicas económicas y sociales del país.

Al analizar más brevemente el objeto del referido instrumento legislativo, en el artículo 1 se plantea que "el presente Decreto Ley tiene por objeto crear, estimular, promocionar y desarrollar el sistema microfinanciero para atender la economía popular (denominación ya presente en la anterior Constitución de 1961) y alternativa, a los fines de su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social.

Artículo 2: A los efectos del presente Decreto Ley se entiende por:

Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales, sean autoempleada, desempleadas y microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas.

Microempresario: Persona natural o jurídica, que bajo cualquier forma de organización o gestión productiva, desarrolle o tenga iniciativas para realizar actividades de comercialización, prestación de servicios, transformación y producción industrial, agrícola o artesanal de bienes.

Unidad Asociativa: Dos (2) o más personas naturales bajo cualquier forma de organización con la finalidad de acceder a los servicios financieros y no financieros, para gestionar la iniciativa económica común

Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros prestados por los entes u organizaciones públicos o privados para facilitar y promover el desarrollo de los usuarios del sistema microfinanciero.

Servicios No Financieros: programas, proyectos, instrumentos y acciones para el adiestramiento capacitación, asistencia tecnológica, productiva y otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o privados a los usuarios del sistema microfinanciero.

Microcrédito: crédito concedido a los usuarios del sistema microfinanciero con o sin intereses, destinado a financiar actividades de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades.

El artículo 6 describe los lineamientos, que regirán la acción y las decisiones del Poder Ejecutivo en la conformación del sistema microfinanciero y en el fomento a la denominada economía popular y alternativa, entre ellos:

1.- Promoción de programas y mecanismos que estimulen la productividad y competitividad del sistema microfinanciero.

3.- Promoción de la iniciativa e inversión pública o privada nacional e internacional, en la provisión de servicios de fomento y desarrollo para las microfinanzas, auspiciando la competencia, sana y leal en el mercado.

6.- Evaluación de los resultados e impactos de los programas, proyectos, instrumentos y servicios de promoción y desarrollo, a los efectos de mejorar la planificación y ejecución de sus objetivos.

8.- Promoción y articulación de programas y proyectos tendientes a desarrollar una cultura productiva y de calidad de servicios, que facilite la sostenibilidad y sustentabilidad del sector. (Subrayados del autor).

Cabe predominar que existen ciertos criterios que plantean la verificación o la constatación del cumplimiento de dicha norma. Como por ejemplo la flexibilización de los requisitos y la facilitación de los trámites administrativos que pauta el numeral 2 del artículo 15, las debilidades en el seguimiento, y el contraste quizá con lo que es la realidad en las instituciones que atienden financieramente al sector microempresarial en cuanto a su gestión cotidiana.

Microempresa, pequeña y mediana empresa

¿AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL?

Las ¨microempresas¨ y ¨pequeña y mediana empresa¨ (PYME) caracterizan modalidades particulares de distribución empresarial, definidas por su reducido tamaño, escala de producción, flexibilidad estructural y escaso capital, de lo que se ha catalogado como economía informal o economía popular.

Pese a la variedad terminológica y poco consensual, representarían precisamente la concreción en el terreno empresarial, económico y organizativo, de las transformaciones impuestas por la Globalización.

¿Qué significa el término competitividad para una PYME que debe rivalizar tanto con grandes empresas nacionales y multinacionales como con las microempresas y las empresas informales, dentro de una economía altamente perturbada por la intervención –a veces inexorable- del estado?

Son aquellas que aluden a una misma realidad: la de pequeñas unidades productivas que, en la mayoría de los casos, surgen bien como la respuesta popular al desempleo, como expresión concreta del ánimo emprendedor, como reconfiguración de una gran empresa formal o como única vía de subsistencia para un sector mayoritario de la población.

En el fondo, refieren a la reestructuración de los mercados capitalistas en el escenario global y competitivo, en la búsqueda de mejores niveles de vida.

CRITERIOS DE DEFINICION DE LAS MICRO Y PYMES

En Venezuela, según estudios y criterios aportados por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), una microempresa es que tiene menos de 5 trabajadores, una pequeña entre 5 y 20, una mediana entre 21 y 100 trabajadores y una grande tiene más de 100, El IESA empleó como criterio de cuantificación cifras del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), con base en datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), es decir, empresas que cotizan ante este instituto..

La falta de uniformidad al momento de categorizar a una organización como PYME, queda igualmente reflejada en el decreto presidencial Nº 963,del 27 de agosto de 2000 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 12-09-2000), de exoneración de impuesto sobre la renta a la PYME, en el cual se establece, en su artículo 2, que ¨se entenderá por PYME manufacturera aquella empresa cuya nómina no supere a los ciento cincuenta (150) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.), y por PYME comercial o de servicios aquella empresa cuya nómina sea inferior a cincuenta (50) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.).¨

El referido autor, además de afirmar la debilidad o inadecuación formal del termino ¨microempresa¨ en su conexión con lo informal, sugiere la categoría de ¨polo marginal¨ como: El conjunto de ocupaciones o actividades establecidas en torno al uso de recursos residuales de producción; que se estructuran como relaciones sociales de modo precario e inestable; que generan ingresos reducidos, inestables y de incompleta configuración respecto del ¨salario¨ o de la ¨ganancia¨; que producen bienes y/o servicios para un mercado constituido por la propia población de trabajadores marginalizados.

PREMISAS SOBRE ECONOMIA INFORMAL Y LAS MICROEMPRESAS.

En esta dirección, se considera conveniente puntualizar lo siguiente:

1) La informalidad es una realidad altamente estructurada y compleja. El crecimiento de la denominada economía informal en el país, no se agota en la alusión al ¨buhonerismo¨ o a los vendedores informales en las calles y avenidas de las principales ciudades de venezuela, sino que tiene que ver quizá con la tendencia a la ¨informalización¨ de la estructura empresarial nacional, producto de le dinámica global y los cambios que ella ocasiona, así como de le imposibilidad de asumir los costos de la ¨formalidad¨.