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Gobierno abierto en Bolivia



  1. Antecedentes
  2. La alianza para el gobierno abierto
  3. Conceptualización de gobierno abierto
  4. Normativa aplicable
  5. Propuesta de principios para gobierno abierto
  6. Estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas
  7. Como saber si sirve o no la iniciativa
  8. Desafíos
  9. Conclusiones
  10. Bibliografía

Antecedentes

Primero es importante hablar del Gobierno Electrónico, ya que desde fines del siglo XX, numerosos países vienen realizando esfuerzos por entrar al aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En estás se incorporaron conceptos nuevos para la administración pública más eficiente, eficaz y transparente, mediante la información a los ciudadanos en línea. Mecanismos de control de gestión, servicios, trámites y contratación estatal de bienes y servicios a través de las redes digitales, basada en la gestión del conocimiento. El mejoramiento del desempeño del sector público, a través de la adopción del Gobierno Electrónico como la herramienta hacia la modernización y buen gobierno, contempla: información y servicios en línea para la ciudadanía y el fortalecimiento de los elementos participativos, esto ha ocasionado: la formulación de estrategias nacionales y locales, para lograr una administración pública más transparente, eficaz y democrática, adaptando sus servicios a las necesidades de los ciudadanos y las empresas y fortaleciendo las relaciones con éstos.

Lo más importante para ser catalogado como Gobierno Electrónico, es que se tiene que mejorar en la calidad de los servicios o hacer más eficientes las operaciones gubernamentales, que parecen pasos intermedios, pues los objetivos más importantes del Gobierno Electrónico tienen que ver con lograr políticas públicas y programas gubernamentales eficientes que entreguen buenos resultados basados en indicadores de gestión acorde a los objetivos estratégicos de cada institución, fortaleciendo los modelos de gestión que privilegien los resultados por sobre los procedimientos y prioricen la transparencia en la gestión.

El uso de las TIC ha generado el concepto de Gobierno Electrónico, relacionado directamente con la gestión pública, con la participación ciudadana, con la transparencia se ha venido constituyendo como un elemento clave en los procesos de modernización del Estado. A partir del año 2009, los países de todo el mundo han comenzado a incorporar en sus políticas y estrategias de Gobierno y Administración Pública la disposición de entregar a la sociedad, en forma fácilmente accesible, aquellas informaciones y datos de interés público que puedan ser utilizados por terceros para crear nuevos servicios para ciudadanos y empresas. Lo que consiste es abrir la oferta al ciudadano con información, trámites y servicios en línea. Estamos entonces frente a la evolución de lo que por más de una década se ha venido asumiendo como Gobierno Electrónico, al ampliarse la manera de entender el relacionamiento entre la administración y la ciudadanía.

Todo éste mundo surgió por los recursos limitados de los Estados, y de una ciudadanía cada vez más informada, exigente y con necesidades cambiantes y que buscan sean atendidas.

El llamado a la apertura de los gobiernos es inminente, las personas quieren tomar partido en las decisiones y acciones que las involucran, y se requiere canalizar esa intención hacia la construcción, los gobiernos deben "conversar" con las personas y evolucionar desde un gobierno electrónico hacia uno donde la participación, control social y la transparencia sean los ejes centrales en la elaboración de las políticas públicas.

Ahora los gobiernos se deben transformar en plataformas en línea, dando información y datos a los ciudadanos, pensando que más bien son una herramienta para que los procesos de reforma del Estado y modernización de la gestión pública generen un cambio de paradigma en la gestión gubernamental. Es así como este nuevo concepto de gestión involucra la generación de canales de comunicación para trabajar con la sociedad y los individuos, para co-crear tres dimensiones fundamentales: i) la transparencia en la acción, procesos y datos del Gobierno, ii) el Control Social al interior del Gobierno y con las personas, que permita generar nuevas ideas para resolver problemas sociales y la iii) participación que busca implicar de forma activa y real a los ciudadanos en la formulación y ejecución de políticas.

Esta nueva forma de hacer gestión pública promueve por tanto, políticas de transparencia, canales de participación ciudadana para el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones) y mecanismos que estimulen el aprovechamiento de las capacidades, de la experiencia, del conocimiento y del entusiasmo de la sociedad para generar soluciones a todo tipo de problemáticas comunes.

Este documento intenta ser el inicio para la formulación y elaboración de Planes de Acción para lograr más y mejor democracia, incentivando la Participación y Control Social a las entidades y órganos del gobierno en todos los niveles, y entre éstos y los ciudadanos.

Las TIC nos ofrecen un cambio radical en el paradigma de la cultura organizacional pública que afecta la dinámica de generación y prestación de los servicios públicos.

La alianza para el gobierno abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es un reciente esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el hecho de que los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones. De este modo, la AGA se configura como una iniciativa multilateral cuyos esfuerzos se orientan a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos (Ramírez-Alujas y Dassen, 2012:49).

Para ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la iniciativa: a) Suscribir la Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel. b) Asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más allá de las prácticas actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil. c) Comprometerse a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan de acción, y d) Contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros. Los compromisos definidos por AGA están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos o ejes estratégicos que debe asumir los gobiernos que quieran incorporarse. Estos cinco ejes estratégicos son:

1. Mejoramiento de los servicios públicos: Busca promover la mejora e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos a la población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, entre otros).

2. Incrementar la integridad pública: Implica esfuerzos por avanzar en ética pública, prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, reformas financieras, así como la promoción y afianzamiento de libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

3. Gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos: Comprende el uso adecuado en la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto interno como externo y aprovechamiento y conservación de recursos naturales, etc.

4. Crear comunidades más seguras: Comprende avances en seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil, entre otros.

5. Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector privado: Implica promover la responsabilidad empresarial en temas tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la comunidad y combate contra la corrupción. Por tanto, los países deben priorizar y escoger al menos uno de estos grandes desafíos en términos de concretar compromisos específicos a través de planes de acción que, además, deberán reflejar y estar guiados por cuatro principios centrales de gobierno abierto propuestos por la Alianza para el Gobierno Abierto AGA: (a) transparencia; (b) participación ciudadana; (c) rendición de cuentas; e (d) innovación y tecnología:

a. Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertos, completos, oportunos, gratuitos y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponible en formato bruto, susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.

b. Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

c. Rendición de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.

d. Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen. La convocatoria y el llamado a integrar los principios del gobierno abierto han tenido una sorprendente respuesta a nivel mundial y particularmente, América Latina y el Caribe, constituyen un caso excepcional en la materia. De los 63 países que actualmente integran la AGA en el mundo, 15 pertenecen a la región. De este grupo, 14 países ya cuentan con planes de acción y compromisos asumidos 5, unos en su fase inicial de puesta en marcha y otros culminando; las demás por iniciar un proceso de evaluación independiente.

Conceptualización de gobierno abierto

Antes de empezar a indagar sobre el concepto principal del presente trabajo, es necesario hacer referencia al sistema político en el cual se enmarca, la de-mocracia. El término democracia, etimológicamente, proviene del griego anti- guo d?µ???at?a, pero surgió en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los vocablos d?µ?? (demos, que se podría traducir como "pueblo") y ???t?? (krátos, que se podría traducir como "poder" o "gobierno"), los cuales, unidos, se referirían al "gobierno del pueblo" como democracia.

Gobierno abierto tiene varias definiciones, como transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y la innovación tecnológica. Entonces podemos decir que el Gobierno Abierto significa facilitar el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, transparencia y servicios que el Estado tiene disponibles para ellos, reuniéndolos en un solo lugar.

También se puede aseverar que El Gobierno Abierto es una doctrina política que surge a partir de la adopción de la filosofía del movimiento del software libre a los principios de la democracia. El objetivo principal era reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente al secretismo con el que se actuaba.

Normativa aplicable

En Bolivia se cuenta con la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación nº 164, en la que se habla de Gobierno Electrónico y el uso de TICs para el acercamiento con la ciudadanía, y el Decreto Supremo 214 que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin embargo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información todavía se mantiene como "proyecto" desde el año 2008.

También es importante mencionar la Ley Nº 341 de Participación y Control Social en la que encontramos las obligaciones del Estado, para garantizar el Acceso a la Información, Rendición Pública de Cuentas hasta la evaluación de resultados de gestión.

Hasta hace poco era uno de los requisitos para participar de la plataforma AGA (Alianza para el Gobierno Abierto) de Estados para el Gobierno Abierto, hoy ya no es un requisito. Paraguay es uno de los últimos países que, no teniendo una Ley de acceso a la información pública, ha podido ser parte de esta plataforma.

En este sentido, más allá de la creación y aprobación de normativas, se requiere un fuerte componente de voluntad política y exigencia desde la ciudadanía para que la gestión estatal en Bolivia sea transparente y que se incluya a la población para una fiscalización real a través de los Gobiernos Abiertos.

Propuesta de principios para gobierno abierto

PRINCIPIO

DESCRIPCIÓN

1. PARTICIPACIÓN EFECTIVA

Se promueve la participación e incluye informar, consultar, involucrar y capacitar a los ciudadanos y las organizaciones sociales.

2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Los gobiernos deben rendir cuentas de forma activa para todos sus actos y asumir la responsabilidad pública de sus acciones y decisiones.

3. DATOS ABIERTOS

Deben ser publicados datos abiertos completos, primarios, desglosados, actuales, con permiso para usar y de conformidad con las normas internacionales para la publicación de datos web.

4. APERTURA Y LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La información pública debe fluir para alcanzar su pleno potencial. Con prioridad al uso de licencias libres que permiten la reutilización de la información.

5. ACCESO Y SENCILLEZ

Siempre que sea posible, utilizar lenguaje simple y fácil de entender.

6. CONTROL SOCIAL

Prácticas y políticas deben ser diseñadas para fomentar el Control Social en todas las etapas del proceso.

7. INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Hay atención a la diversidad y la inclusión. Las mujeres, los discapacitados, las minorías y / o vulnerables están incluidos. La atención incluye el uso de idiomas, tecnologías y metodologías apropiadas para incluir a las minorías.

 

Estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas

Estándares de transparencia

1. Derecho a Saber: Que los gobiernos reconozcan el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información, con excepciones limitadas, y que faciliten información en respuesta a las solicitudes y de manera proactiva.

2. Toda la información, de todos los organismos públicos: Que el derecho de acceso a la información sea aplicado a toda la información en poder de organismos nacionales y supranacionales, incluidos todos los órganos que desempeñan funciones públicas y que operan con fondos públicos.

3. El acceso es la regla – El secreto es la excepción: La información puede ser retenida sólo si su divulgación podría causar un daño demostrable a intereses legítimos de lo permitido por el derecho internacional, y sólo después de considerar el interés público en dicha divulgación. Estos intereses deben ser protegidos de manera clara y específicamente definidos en la legislación nacional, y debe aplicarse sobre una base de caso por caso. Las mismas excepciones para mantener la información divulgada en respuesta a las solicitudes de acceso a la información y que se describe de forma proactiva, incluso bajo las políticas de datos abiertos.

4. Publicación proactiva: Que las entidades públicas deban publicar de manera proactiva información de interés público, haciendo los esfuerzos necesarios para asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha información.

5. De carácter gratuito y libre para su reutilización: Que la información se haga pública sin cargo y sin límites en reutilización, incluyendo los impuestos por las licencias u otras restricciones; el derecho a la reutilización de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión.

6. Formatos Abiertos: La información almacenada electrónicamente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto. La información publicada proactivamente siempre debe estar disponible en formatos abiertos a todo evento.

7. Recopilación de información: que los organismos públicos y las entidades privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información deban recopilar la información necesaria para la participación pública y la rendición de cuentas. Deben asegurarse de que esta información se compila en una manera oportuna, actualizada periódicamente, y que es clara, completa y comprensible.

8. Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente: Que el derecho de acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente que revise su cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de oficio, recibir y decidir sobre denuncias de los ciudadanos, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento y la imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen.

Estándares para la participación

1. Apertura: Promover consultas públicas ampliamente, incluso por Internet, listas de correo, anuncios públicos y medios de comunicación, animando a todos a participar y en particular, a los grupos de interés comprometidos.

2. Plazos claros y razonables: Que los procesos participativos estén estructurados de manera de asegurar el tiempo suficiente para permitir que las partes interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales, preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados.

3. Información completa, clara y comprensible: Que los materiales de apoyo disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de toma de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; que los principales datos y su análisis deban ser presentados en una forma que sea accesible y comprensible para el público.

4. Colaboración activa: Que los organismos públicos sean proactivos en sus interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener información (por ejemplo, consultas en línea, audiencias públicas, grupos focales), garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar, y que el debate en torno a un problema pueda evolucionar y madurar con el tiempo.

5. Procedimientos de trabajo claros: Que las reglas sobre la forma de participar en las consultas sea clara, junto con la definición de plazos y cómo deben ser suministrados los comentarios que deberán enviarse a la autoridad pública, así como los lugares y fechas de las audiencias públicas y la manera de obtener invitaciones para asistir y participar.

6. Empoderamiento: Que los procesos participativos tengan por objeto colocar la decisión final en manos del público. Todos los comentarios recibidos deben ser cuidadosamente revisados y las perspectivas presentadas deben incorporarse en la documentación sobre la decisión final. Una justificación detallada debe ser entregada sobre el por qué y el cómo se han tenido en cuenta las opiniones del público.

7. Transparencia y rendición de cuentas: Informes sobre las respuestas recibidas, y sobre quienes participaron con comunicaciones escritas o en audiencias públicas, junto con las principales observaciones presentadas, y el razonamiento por escrito explicando cómo los comentarios recibidos se tuvieron en cuenta debiendo estar todo ello disponible en un lugar de fácil acceso para que cualquier miembro del público pueda encontrarlo y consultarlo.

Estándares para la rendición de cuentas

1. Códigos de conducta: Normas claras de comportamiento: Que existen normas y reglas de conducta en la vida pública, como un código de conducta. Esto debe ser aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos electos y no electos sobre sus actos y decisiones, asegurando el evitar la participación en las decisiones o sentencias afectadas por sus intereses privados. Los funcionarios públicos también deben ser obligados por códigos de buena conducta administrativa para mantener un registro veraz y completo de sus acciones, definiendo un registro de todo proceso de toma de decisiones y los procesos legislativos, y la captura de todas las entradas en este tipo de procesos, lo que debería quedar reflejado en actas de las reuniones con cabilderos y representantes de grupos de interés.

2. Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses: Que los posibles conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones se puedan evitar a través de un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados.

3. Publicidad de los Bienes (Declaración de Patrimonio): Un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes) crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.

4. Transparencia y Regulación del Lobby (Cabildeo): Que las acciones de lobby (o cabildeo) estén sujetas a controles normativos (o marcos adecuados de regulación) acompañados de la suficiente transparencia para garantizar que el público tenga la supervisión sobre la influencia de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones públicas.

5. Mecanismos de Denuncias y protección para denunciantes: Que existan canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de recursos públicos dentro del gobierno, y que existan mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones). También debería haber sanciones por no informar irregularidades.

6. Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones: Que exista una total transparencia en los procesos de contratación pública, con el objetivo de reducir las oportunidades de corrupción y garantizar el gasto efectivo de los fondos públicos, así como la creación de unas condiciones de igualdad de oportunidades de negocio.

7. Organismos de supervisión/vigilancia independientes: Que existan organismos independientes que supervisen el ejercicio del poder público, que pueden ir desde las instituciones de Ombudsman (Defensor del Pueblo) para la supervisión de los servicios públicos y el gasto público (oficinas de auditoría) a la fiscalización de los poderes legislativo y judicial. Si bien, esta propuesta de estándares no constituye de manera formal una plataforma de base sobre la cual construir una agenda en materia de gobierno abierto ya que ello depende de cada país y contexto institucional particular, define de manera concisa y coherente las fronteras y alcances que deben ser considerados al momento de emprender el desafío de consolidar y promover reformas en el ámbito del gobierno abierto, aplicable a diversas realidades y reconociendo la existencia de estándares mínimos en algunos ámbitos, trabajados previamente, en los ámbitos de transparencia, participación y rendición de cuentas10.

Como saber si sirve o no la iniciativa

Por las características que significa este proceso es un error pensar en las dimensiones clásicas para evaluar los programas públicos como: la eficiencia, la eficacia, la calidad y la economía, ya que el valor público se producirá como consecuencia de la relación de los diversos y múltiples involucrados. De acuerdo con Michelle Harrison el valor público puede ser descrito en términos de 6 dimensiones que intentan capturar el rango de posibles resultados de la acción del gobierno:

  • 1.  Financiero: Impacto actual o futuro de ingresos, valor de activos, pasivos o cualquier otro aspecto relacionado con la riqueza y el riesgo.

  • 2. Político: Impacto en una persona o un grupo de influencia o partidos políticos como producto de la acción del gobierno o su política.

  • 3. Social: Impacto en las relaciones con la comunidad o familias, en la movilidad social, estatus o identidad.

  • 4. Estratégico: Impacto en personas o grupos económicos relevantes en sus objetivos y recursos para la innovación o el planeamiento.

  • 5. Ideológico: Impacto en las creencias, en la moral o en los compromisos éticos y en el alineamiento de las acciones de gobierno en sus resultados de la política social por las nuevas posiciones morales o éticas.

  • 6. Legitimidad y Respeto: Impacto en la visión de los personeros de gobierno en el cuidado de valores en términos de creación de confianza, integridad y legitimidad de las instituciones públicas. Adicionalmente, este modelo incorpora un conjunto de generadores de valor que consisten en:

  • a. Eficiencia: Obtener mayores resultados con los mismos recursos u obtener los mismos resultados con un consumo menor de recursos.

  • b. Efectividad: Incrementar la calidad de los resultados deseados.

  • c. Mejoramiento intrínseco: Cambia el ambiente y las circunstancias a los involucrados de una manera que es considerada por ellos como un valor.

  • d. Transparencia: Acceso a información sobre las acciones de los personeros de gobierno o la operación de los programas que incremente la rendición de cuentas o la influencia sobre el gobierno.

  • e. Participación: La frecuencia e intensidad del involucramiento directo en la toma de decisiones en la operación de programas o en la selección de acciones de la autoridad.

  • f. Colaboración: Duración de actividades en las cuales más de un conjunto de involucrados comparte responsabilidades o autoridad en las decisiones de operación, política u otras acciones del gobierno.

Desafíos

Cuando hablamos de Gobierno Abierto el concepto va más allá de la oferta de servicios en línea, se habla fundamentalmente de valores, de repensar administraciones y gobiernos, sus procedimientos y sus dogmas.

Gobierno Abierto es colocar el resultado por delante del procedimiento, abandonar las tautologías administrativas, propiciar la democracia deliberativa en todos los puntos de las administraciones y abandonar el concepto administrado por el de ciudadano. En resumen, los cambios a realizar por un gobierno para integrarse en la idea de Gobierno Abierto son:

a. Cambio cultural: Es imprescindible entender cuál es el objetivo de la administración y de todos los que trabajan en ella, que es servir a los ciudadanos y el ciudadano debe estar en el centro de la gestión. Conseguir esto en la Administración Pública significa una revolución cultural en la forma de hacer las cosas y en las actitudes de los trabajadores de lo público.

b. Cambio en los procesos: Los procesos en la administración pública no han sido diseñados para servir a los ciudadanos, no son cómodos para el ciudadano o no le ayudan, y por lo tanto hay que re-ingeniarlos para conseguir que así sea, hay que eliminarlos o cambiarlos.

c. Cambio en la organización: Las organizaciones públicas están diseñadas bajo modelos jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible reorganizar las administraciones, las plantillas y la definición de los puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orient6 tado a proyectos y a la consecución de resultados.

d. Cambio en las formas de relación: Del mostrador a la mesa redonda, del correo certificado a la comunicación en línea, de la obligación a la presencia física a las facilidades de relación, entre otras.

Conclusiones

Las políticas de transparencia que se están impulsando en América Latina, gracias a las legislaciones que han ido aprobando los Estados, son un fuerte impulso para este enfoque de apertura y constituyen una genuina oportunidad para fortalecer la democracia. Sin embargo, la transparencia y el uso de las tecnologías de la información no bastan: es preciso prevenir los riesgos que se apuntan en este trabajo y, en especial, afrontar el reto de reformar la Administración Pública para adecuarla a las exigencias de una democracia participativa.

Otro pilar fundamental de este nuevo modelo, es la gestión de la información en formatos abiertos, comúnmente llamado "datos abiertos", el cual consiste en el acceso y uso de la información pública por parte de terceros para entregar nuevos servicios a los ciudadanos. Se trata de poner a disposición de la sociedad, de manera libre, gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito de la Administración Pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con dinero público. El objetivo de "abrirlos" a la sociedad es que ésta pueda sacar provecho de ellos ya que las organizaciones que los ofrecen no pueden, no quieren o simplemente no tienen la capacidad de analizarlos o de procesarlos. Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona u organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos, conocimientos o incluso servicios. Se trata entonces, de abrir una puerta a la innovación y al conocimiento así como ofrecer nuevas oportunidades de negocio, pues aprovecha la gran riqueza de información que se encuentra en manos de la administración pública.

Las distintas reparticiones públicas poseen gran cantidad de fuentes de información que utilizadas de manera creativa y combinándolas adecuadamente con otras fuentes permiten crear aplicaciones de valor añadido.

Las iniciativas de datos abiertos que se están implementando en el mundo, ponen de manifiesto que la apertura de datos no sólo facilita la distribución de servicios a los ciudadanos, sino también el control que éstos pueden ejercer sobre su calidad.

Se está demostrando que el desarrollo económico puede venir dado por el retorno producido de la creación y venta de nuevas aplicaciones o servicios, o también por el ahorro que puede suponer producir servicios innovadores reutilizando, con un mínimo costo, información que proviene del sector público la realidad ha cambiado y sigue cambiando aceleradamente.

Cada día aumenta en los países tanto la penetración de la banda ancha como el número de personas conectadas y el tiempo de conexión independientemente de la edad del usuario, desafortunadamente a la cola de los países desarrollados pero en continuo crecimiento.

La humanidad se encuentra en un nuevo periodo, la sociedad-red, un nuevo espacio que cada día es menos abstracto y más tangible. Son todos ellos ciber-ciudadanos, en nuevo mundo.

Los gobiernos están aplicando reglas de la sociedad analógica, produciéndose en esta dialéctica externalidades que comienzan a generar, primero frustración, y posteriormente descontento.

Si los Estados no lo asumen, adaptándose creativamente para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren, se perderá una valiosa posibilidad para mejorar la calidad de las instituciones públicas, permitir que los ciudadanos sean verdaderos protagonistas de su destino y construir una sociedad con menos desigualdad.

Bibliografía

1.- Oscar Oszlak, 2013. Gobierno Abierto: Hacia un nuevo paradigma de gestión pública.
2. Andrés Hofmann, Alvaro Ramírezy José Antonio Bojórquez, 2012. La promesa del Gobierno Abierto
3. César Calderón y Sebastián Lorenzo, Open Government – Gobierno Abierto

4. OECD, Gobierno Abierto en América Latina

5. Gastón Concha y Alejandra Naser, El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad
6. Goberna, 2013. América Latina, El Gobierno Abierto y los desafíos tecnológicos en latinoamérica
7. Álvaro Ramírez-Alujas y Nicolás Dassen, Vientos de cambio – El Avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe
8. Juan Felipe López Egaña, 2014. ¿Pueden los estados seguir gobernando nuevas ciudadanías bajo viejos paradigmas? – Los desafíos políticos del Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe
9. Fundación Telefónica, Las TIC en el Gobierno abierto: Transparencia, participación y colaboración
10. Universidad Externado de Colombia, Guía de buenas prácticas en Gobierno Abierto

Jorge Raúl Costas Arze

GOBIERNO ABIERTO: LOS PILARES

PARTICIPACION.- Que los ciudadanos puedan participar directamente en el análisis de las opciones de política pública y en las decisiones del gobierno, y contribuyan con ideas y evidencia que oriente las políticas, leyes y decisiones que mejor sirvan a la sociedad y a los amplios intereses democráticos.

CONTROL SOCIAL.- Que los ciudadanos puedan controlar las acciones y decisiones públicas y del Gobierno, para garantizar la transparencia y el buen uso de la cosa pública.

TRANSPARENCIA.- Que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización.

RENDICION DE CUENTAS.- Que existan normas, reglamentos y mecanismos que orienten el comportamiento de las autoridades electas y funcionarios en el ejercicio del poder público y el gasto de los recursos fiscales.

 

 

Autor:

Jorge Raúl Costas Arze

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