I.
EL ARTICULO CUARTO DE LA LEY DEL BONOSOL ESTABLECE:
El monto anual del bonosol en la suma de Bolivianos un mil
ochocientos (Bs. 1.800.), para el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007.
II. El monto de los Gastos Funerarios en la suma equivalente al
cincuenta por ciento (50 por ciento) del monto fijado para el bonosol.
III. A partir del 1° de enero del 2008 y cada cinco (5) años, el monto
del bonosol y de los Gastos Funerarios, será fijado por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros mediante
Resolución fundada en un estudio actuarial basado en el valor de los
Fondos de Capitalización Colectiva y la mortalidad de los
beneficiarios
El 18 de julio de 2004, se llevó a cabo un referéndum a
nivel nacional en el que entre otras preguntas se
consultó a la población: "¿Está Ud. de acuerdo en
refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), recuperando la propiedad estatal de las
acciones de los bolivianos en las empresas petroleras
capitalizadas, de manera que esta Empresa Estatal
pueda participar en toda la cadena productiva de los
hidrocarburos?". Esta pregunta no aclaraba el impacto
que se produciría en el pago del bonosol al utilizar su
fuente de financiamiento para la refundación. Ante esta
situación: "SPVS aguarda que el bonosol no sea afectado
por potenciamiento de YPFB existe un contrato de
fideicomiso con las AFPs".
BIOGRAFÍA DEL BONOSOL
1997-2006.
Una breve historia de la aprobación, el primer
pago, la sustitución temporal, la segunda puesta en
vigencia
del
bonosol,
así
como
de
los
acontecimientos relacionados con el pago de esta
renta para los ancianos, comenzando con la Ley de
Capitalización y terminando en la reversión de las
acciones de las empresas petroleras Andina, Chaco
y
Transredes,
durante
el
proceso
de
“nacionalización del gas”
1. El punto de partida
Inicialmente, la idea de
Sánchez de Lozada era
que las acciones fueran
abonadas directamente
a cuentas individuales
en los fondos de
pensiones (lo que se
expresó en la Ley de
Capitalización de
1994). De esa forma,
cada boliviano mayor
de edad tendría una
cantidad de acciones
en “su poder” (claro
que sólo podría
convertirla en dinero
cuando se jubilase).
Algo más de dos años
después, con la Ley de
Pensiones, el concepto
inicial se diluyó.
Un poco por la dificultad técnica
de abrir tres millones de cuentas
individuales, otro poco por el
temor a un incontrolado tráfico
ulterior de las acciones, y en
primer lugar por motivos políticos
(había que entregar beneficios
concretos e inmediatos de la
capitalización a los electores),
esta Ley decidió que tanto los
réditos del fondo de capitalización
colectiva como los resultados de
su venta fueran usados para pagar
un beneficio anual, el Bono de
Solidaridad, como se llamaba
entonces, o bonosol, a toda la
gente que tenía más de 21 años en
1995, y que podía cobrarlo cuando
llegara a tener más de 65 años.
En
medio
de
acusaciones
de
diverso
calibre,
el
Ministerio
de
Capitalización de entonces, dirigido por Alfonso Revollo, terció en la lucha
electoral, usando como argumento el bonosol. Respondió a la ADN, que se
dedicaba a anunciar la cantidad de días que faltaban para el 1º de julio
de 1997, es decir, para el día en el que “los que ya sabemos se vayan”,
anunciando la cantidad de días que faltaban para que comenzara a
repartirse el bonosol, “el cual quiere ser eliminado por los que ya
sabemos”.
2. El primer pago y la primera polémica
El bonosol se pagó sólo una vez, en 1997. Su valor fue de 248 dólares y benefició a 364 mil
ancianos. El total de mayores de 65 años calculado por el INE en 1999 era de 365,709, lo
que quiere decir que el bonosol habría llegado al 99.7 por ciento de ellos. 205 mil eran
pobres y, de estos pobres, el 51.7 por ciento mujeres. El pago desató una fuerte polémica
que se aireó en las elecciones de 1997, la primera de las muchas que tendrían como motivo
al bonosol. Fue acerca de si su concesión era un resultado natural del proceso de
capitalización, y por tanto un resultado real de los esfuerzos del presidente Sánchez de
Lozada durante su primera gestión, o si, en cambio, se trataba de una argucia electoral, de
un instrumento maliciosamente previsto por los estrategas del MNR para “sobornar” a los
electores.
3
3. El bonosol sufre un déficit
El primer pago demandó el doble (alrededor de 90 millones de dólares)
de la cantidad que rentaron por dividendos las acciones depositadas en el
fondo de capitalización colectiva en 1995 y 1996 (alrededor de 45
millones de dólares). Apareció entonces un déficit de aproximadamente
45 millones de dólares, lo que marcó con un sello económico la
controversia.
2
Colocación privada de acciones.
Las AFP venden los papeles al
mejor postor –nacional o
extranjero–,
sin
tener
que
una bolsa
1
de
inscribirlos en
valores.
Recibos de
depósito. La AFP
entrega acciones a
un banco custodio,
que emite un recibo
de depósito que
puede ser transado
en las bolsas
norteamericanas y
de otros países del
globo.
Inscripción
de
un
“listado
convencional” de acciones en un
bolsa nacional y otra extranjera.
Una operación bursátil común.
4
Reportos. La AFP podía vender acciones,
en bolsas autorizadas o a inversionistas
privados, nacionales o extranjeros, pero
comprometiéndose a re-comprarlas
después de cierto período, a precios de
mercado.
4. Banzer detiene la “privatización diferida”
Las autoridades del nuevo gobierno dirigido por el presidente Banzer
(por ejemplo, Walter Guiteras, presidente del Senado, primero, y
Ministro de Gobierno, después; o Edgar Millares, ministro de
Hacienda) se preguntaron si valía la pena rematar las acciones
acumuladas como ahorro nacional para beneficiar a un grupo de
personas no productivas, y, sobre todo, se opusieron a seguir
hipotecando acciones a los bancos para que las AFP pudieran
incrementar la deuda de 50 millones de dólares que ya tenían, a fin
de pagar el bonosol de 1998. La idea optimista era que estas
acciones, nominalmente valoradas en 1,670 millones de dólares, se
convirtieran en 2,500 millones, o más, en los mercados bursátiles, y
que se canjearan con títulos de una diversidad de negocios
nacionales y extranjeros. Era una oportunidad de traer dinero al país
desde el exterior, en lugar de exportarlo, como Bolivia siempre había
hecho.
incrementaría los impuestos (una
idea que no aplicó durante este
periodo, pero que, probablemente
por presión del FMI
continuó dando vueltas en
las mentes de las
autoridades económicas,
lo que desembocaría en
insospechados
eventos
políticos en febrero de
2003).
5. Comienza el déficit por pensiones
La Ley de Pensiones hizo que los trabajadores activos del país comenzaran a
aportar a cuentas individuales de jubilación, de donde saldrían sus rentas.
Por tanto, el Tesoro tuvo que pagar las pensiones que recibían los 300 mil
jubilados que ya existían en ese momento, pensiones que hasta entonces eran
pagadas por los trabajadores activos. Esta reforma causó un hueco fiscal que
en 1997-1998 se calculaba en alrededor de 200 millones de dólares anuales.
El gobierno de Banzer afirmó que no financiaría el déficit así, porque eso
equivalía a abrir un hueco (la deuda del Tesoro ante el fondo de
capitalización individual) para cerrar otro (el compromiso del Tesoro de pagar
las rentas de los antiguos jubilados).
Es así que dicho gobierno decretó un
“gasolinazo” (aumento de los precios
de los combustibles) y anunció que
6. La Ley de Propiedad y Crédito Popular
El 15 de junio de 1998, por iniciativa del entonces diputado mirista Jorge Torres, el
Parlamento aprobó la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la cual establecía que el 30 por
ciento del fondo de capitalización se destinara a pagar una pensión de menor tamaño,
llamada bolivida (calculada en 400 bolivianos, mientras que, como sabemos, el bonosol de
1997 había sido de 1,300 bolivianos), y el 70 por ciento restante se distribuyera, bajo la
forma de “acciones populares”, directamente a los ciudadanos mayores de edad antes de
1995, como contraparte de micro-préstamos en el sistema financiero.
En 1998, los dividendos de las capitalizadas fueron
superiores a la deuda de 50 millones de dólares que tenía el
fondo de capitalización colectiva con la banca privada, por
lo que ésta se canceló. Ese año no se pagó el bolivida, pero
el siguiente se distribuyó en dos cuotas simultáneas, ambas
financiadas con los dividendos de las empresas. Debido al
tamaño de la renta, fue necesario vender acciones del
fondo de capitalización colectiva..
7. El verdadero problema: la imposibilidad de
vender
Como hemos visto, tanto el plan original como el
diseñado en la Ley de Propiedad y Crédito Popular
chocaron
contra
un
poderoso
obstáculo:
la
dificultad de vender las acciones del fondo de
capitalización colectiva. Aunque se previó que
estas acciones fueran registradas y cotizaran en
bolsas nacionales y extranjeras, lo segundo no
ocurrió. En realidad, la Ley de Propiedad y Crédito
Popular había sido una concesión a la lógica de las
circunstancias, en un momento en el que la prédica
de la capitalización todavía era atractiva para el
país. Pero la verdad era, como se quejó Torres a lo
largo de este periodo, que nadie en el gobierno del
presidente Banzer estaba realmente interesado en
repartir las “acciones populares”.
También el bolivida había sido una salida de
compromiso frente a la demanda de los
ancianos, que luego de recibir un bonosol se
sentían con derecho a esta pensión anual. A
finales de los noventa aún no era posible volver
completamente atrás, hasta lograr que el fondo
de capitalización colectiva se convirtiera
nuevamente de propiedad estatal, pero ya se
comenzaba a pensar que había que conservar
las acciones (el “capital”) y usar solamente la
renta, los dividendos, en el pago de los mayores
de 65 años.
8. Un breve retorno
La Ley del bonosol fue promulgada por Sánchez de Lozada el 28 de noviembre de 2002,
poco después de que asumiera por segunda vez la Presidencia. Se publicitó como la
reposición de este beneficio tal como había sido pagado en 1997, pero era mucho más
que eso. Se trataba de un retorno al diseño original de la capitalización. Primero,
implicaba una nueva puesta en marcha de la privatización del fondo de capitalización
colectiva, una privatización que se había detenido por: a) el bajo monto del bolivida,
cuyo pago no hacía necesaria la venta de acciones; b) la no participación de las
empresas capitalizadas en las bolsas y la consiguiente falta de un precio de venta para
las acciones. La Ley del bonosol respondía a ambas cuestiones. Establecía un bonosol de
248 dólares o 1,800 bolivianos, por lo menos hasta diciembre de 2007, y un pago por
gastos funerarios por la mitad de esa suma.
9. La capitalización en reversa
El 18 de julio de 2004 fue convocado el segundo referéndum de la historia de Bolivia y
al primero del periodo democrático moderno. Se consultó a la población sobre
importantes y en algunos casos intrincados asuntos de la política energética del país. De
las cinco preguntas que se formularon, la relacionada con el bonosol era la tercera:
“¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
recuperando la propiedad estatal de las bolivianas y los bolivianos en las empresas
petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena de los
hidrocarburos?” En la expresión “la propiedad estatal de las bolivianas y los bolivianos”
puede observarse la confusión prevaleciente, entonces como siempre, respecto a la
condición de las acciones del fondo de capitalización colectiva. El lector queda
intrigado respecto a quién es finalmente el dueño esta propiedad: si el Estado o los
bolivianos.
El bonosol marca un cambio
sustancial en los ingresos de los
hogares
pobres
que
tienen
un
miembro de la tercera edad
En esta investigación se estiman
los efectos del bonosol sobre el consumo
de esos hogares. Los datos muestran que
los hogares pobres en áreas rurales
incrementan
el
consumo
de
bienes,
principalmente alimentos, mientras que los
urbanos incrementan el consumo no-
alimentario.
Existe una amplia literatura que analiza el
efecto de las transferencias de dinero sobre el
comportamiento de los hogares. Aun así, la
literatura sobre pensiones no contributivas es
relativamente escasa.
La
principal
sub-muestra
de
análisis excluye a 717 hogares con dos o
más miembros elegibles para recibir una
pensión, pues esto permite diferenciar
entre el efecto multiplicador del bonosol y
los efectos en el ingreso de hogares que
pueden recibir más de una pensión.
Las inversiones agrícolas están presentadas
como gastos en insumos para la producción animal y
cosechas, tales como alimentos para animales,
semillas,
fertilizantes,
pesticidas
y
alquiler
de
maquinaria agrícola.
Los resultados presentados en
este capítulo demuestran que el bonosol
generó un incremento importante en el
consumo de alimentos en los hogares
rurales, equivalente a dos veces el valor
del bonosol, y aparentemente provenientes
de
los
efectos
multiplicadores
de
la
inversión
realizada
en
actividades
agrícolas con los recursos transferidos.
El bonosol consiste en un único pago
anual y cubre exclusivamente la
contingencia de supervivencia,
independientemente de que los
beneficiarios hayan trabajado o no, y
hayan aportado o no a algún sistema
de seguridad social.
Es importante señalar que el pago del
bonosol a partir del año 2003 fue
efectuado durante todo el año, donde se
determinó que los beneficiarios cobren
el mismo a partir de la fecha de su
nacimiento y que el pago se realice a
través de bancos, fondos financieros
privados, cooperativas y mutuales, con
más de 200 puntos de pago en el país.
En 1997 solo se efectuaron dos
preguntas que permiten estimar el
destino que pudo haber tenido el
monto del bonosol y el estado de
satisfacción de los bonosolistas.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |