Balance de siniestralidad vial en República Dominicana 2010

Enviado por Mario Holguin

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Resúmen

Oficialmente se registraron en el 2010 cerca de 2000 muertes por siniestros viales y más de 3000 heridos. Constituyen cifras frías que sellan la primera década del siglo que a la vez proyectan el decenio siguiente sin acción por la vida. La tasa de mortalidad continúa en alza desde hace varios años. Siendo un indicador que debería ser preocupante para las autoridades estatales. Lo es para algunos organismos internacionales y entidades privadas, pero no lo suficiente para tomar decisiones pertinentes, necesarias y atinadas. Esta hoy día muy por encima de las 20 fatalidades por cada 100,000 habitantes, dato que si llega a ciertos organismos extranjeros declararían al país en emergencia respecto a salud pública. La inseguridad vial es un problema pandémico, que si bien es de salud, también ti ene implicación social y de educación. En nuestro país es hora de tratar la epidemia vial como tal y enfrentarla con firmeza y seriedad. Definir una carta de ruta es la primera regla ante la envergadura de la problemática. Esto quiere decir, que las medidas duras aplicadas a los conductores siempre serán necesarias y las mismas arrojarán resultados positivos siempre y cuando sean permanentes y reajustadas a las circunstancias del momento según avancen en los objetivos. Situación que no es en lo nacional. Pues, ellas reflejan ser provisionales para caer en el inmediatismo. Sin embargo, si observamos las estadísticas de siniestralidad, estas medidas deben acompañar la máxima prioridad que es la educación vial como política de Estado. Modificar la conducta de los usuarios de las vías en la República Dominicana es fundamental, de primer orden. Solo es posible lograrlo a través de un proceso permanente de formación y modelación del comportamiento y la actitud de los ciudadanos. Implementar programas diversos, no solamente a los grupos escolares, sino a todos los niveles de la población seria sin lugar a dudas el compromiso que se debe asumir colectivamente. La formación de formadores escolares y comunitarios sería parte del plan. Obviamente, que este plan contaría con una buena gerencia técnica y administrativa. Con suficiente autoridad para enfrentar los intereses institucionales afectados, además de obligarlos a supeditarse a un nuevo marco legal sin resquebrajar el orden ni el respeto, aunque con carácter participativo y compromisario. La República Dominicana ti ene que avanzar y ponerse a la altura que reclaman los agentes globales de la seguridad en las vías públicas. (En formato PDF)

 


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