INTRODUCCION
Las últimas maniobras de Doe Run son tan desconcertantes como indignantes. Ahora, a pesar del reiterado incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y ambientales en nuestro país, pretende forzar al Estado Peruano a aceptar un proceso de arbitraje en el marco del TLC con Estados Unidos. Es decir, pasaríamos de víctimas a victimarios, lo que es realmente absurdo e injusto, tratándose de una empresa que ha incumplido una y otra vez sus obligaciones con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y ha incrementado de modo exponencialmente peligroso la contaminación en toda la zona de La Oroya. Ahora, tratando de sacar provecho de los instrumentos del TLC con Estados Unidos, Doe Run quiere obligar al Perú a que asuma responsabilidades por el daño ambiental causado en La Oroya desde 1997, cuando asumió las operaciones del complejo metalúrgico.
Según los especialistas, difícilmente la empresa logrará su cometido en cualquiera de las vías arbitrales: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi). Entonces, involucrando a su empresa matriz en Estados Unidos, el grupo Renco, Doe Run solo buscaría, con estas maniobras desesperadas e inescrupulosas, ganar algo de tiempo y presionar al Gobierno Peruano para que le permita flexibilizar sus compromisos ambientales, refinanciar su millonaria deuda o, en última instancia, tentar una millonaria indemnización ante un tribunal internacional.
Se calcula que las obligaciones de Doe Run ya superarían los US$800 millones, de los cuales unos US$600 millones corresponden al Estado (por impuestos, incumplimiento del PAMA y multas) y el resto por deudas a sus proveedores. A ese total habría que añadir las posibles indemnizaciones a raíz de las 11 denuncias por daño ambiental admitidas por un juez de Missouri, en Estados Unidos.
En tal escenario, el Estado Peruano tiene que responder con firmeza haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance, mientras continúa el proceso concursal de la junta de acreedores ante el Indecopi en torno a una empresa como Doe Run, cuyas prácticas irresponsables han causado gravísimo daño al medio ambiente y la salud de miles de personas, lo que no puede quedar impune.
CAPITULO I
ANTECEDENTES.
Desde el punto de vista de la salud pública y el respeto al medio ambiente, los últimos años del Estado peruano a cargo de la planta de fundición de La Oroya no fueron de los más considerados frente a la situación ambiental local. Así como la CPC enfrentó, acaso con desgano y fatiga, los arrestos antiimperialistas de la primera fase del gobierno militar, Centromin Perú debió encarar el clima de tensión generado por la violencia política en los años ochenta y luego, en la década de 1990, los vientos de la globalización, con sus exigencias de reformas estructurales, desregulación y privatización.
La otra empresa minera estatal más grande del país no podía mantenerse mucho tiempo al margen de la ola privatizadora, pues, a diferencia de las décadas anteriores, el nuevo marco ideológico dominante de la economía de mercado determinaba la presencia de un Estado pequeño y plena libertad a la iniciativa privada en las decisiones económicas. Así, en aplicación del Decreto Ley 674, promulgado el 25 de septiembre de 1991, se inicia el proceso de promoción de la inversión privada en Imagen N.01
Centromin Perú S. A., el cual se prolongó hasta 1997.
El proceso de privatización de Centromin puso en evidencia las tremendas debilidades de la gestión ambiental de las empresas estatales del sector minero-metalúrgico. Este dato permite entender, en parte, asuntos que devinieron sumamente complicados tiempo más tarde, una vez terminada la privatización, con la gestión del PAMA. La siguiente referencia da cuenta de dichas dificultades:
La situación ambiental de las empresas privatizadas no era la mejor, por lo que tuvieron que adoptar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pues no cumplían con las normas ambientales ya vigentes pasada la primera mitad de los noventa, a pesar del carácter laxo de muchas de ellas. Esto último es un indicador del desempeño ambiental de las citadas empresas mientras estuvieron en manos del Estado. Sin embargo, el proceso de privatización no estuvo acompañado de un adecuado proceso de generación de capacidades de regulación ambiental, por lo que los débiles objetivos ambientales no contaron con una infraestructura institucional de soporte que asegurara su concreción. El Complejo Metalúrgico de La Oroya es el mejor ejemplo de este proceso. Diez años después de haber sido privatizado no cumple todavía con las metas establecidas en la legislación de los noventa (resaltado nuestro).
La privatización de Centromin tuvo su punto culminante en 1997, cuando la compañía norteamericana Doe Run Company adquiere la propiedad del complejo metalúrgico. Vale decir que quien ganó originalmente la subasta pública fue el grupo mexicano Industrias Peñoles, que ofreció 185 millones de dólares, esto es, más del doble del precio base. Sin embargo, al poco tiempo este grupo desistió de la adquisición: según un comunicado del comité encargado de llevar adelante la privatización de Centromin Perú, luego de ganar la subasta, Peñoles pretendió negociar un descuento de aproximadamente 100 millones de dólares mediante la cobranza por un paquete tecnológico (20 millones de dólares), el pago de regalías de las ventas netas por concepto de asistencia técnica y gerencia (3,5 por ciento), así como la distribución del saldo de primas de emisión (57 millones de dólares). Tras esta defección, el segundo postor, Doe Run Company, con una oferta de 126,5 millones de dólares y un compromiso de inversión de 120 millones de dólares es declarado ganador de la buena pro y adopta la licencia de Doe Run Perú. Así, DRP se instala en La Oroya e inicia un nuevo ciclo de relaciones entre actividad metalúrgica, efectos contaminantes y salud pública, en un contexto donde los tópicos ambientales y de la salud pública habían comenzado a despertar interés en las políticas públicas, los medios de comunicación, el mundo de la cooperación internacional, instituciones religiosas y ciertos núcleos académicos. Ramón Pajuelo, en coincidencia con Perla (2011), advierte cómo los clásicos asuntos de interés sindical y laboral son desplazados por los temas de preocupación ambiental:
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En el caso de La Oroya, la dramática transformación de la correlación de fuerzas que componían el escenario local de la conflictividad social hasta la privatización en 1997, derivó en una situación inédita de arrinconamiento del sindicato de trabajadores. En los años posteriores, surgió una disputa completamente nueva, en torno al tema de la contaminación ambiental, que enfrentó a dos sectores decididamente opuestos: un bloque conformado por la empresa minera, el sindicato de trabajadores y el municipio, frente a otro integrado por sectores de la población organizados en el Movimiento por la Salud de la Oroya (Mosao), con el apoyo de algunas ONG y grupos de la Iglesia. Este conflicto revela la profundidad de los cambios ocurridos en la Sierra Central y el drama de la pérdida de centralidad del sindicato de trabajadores mineros y sus clásicas demandas (Resaltado nuestro).
Hasta ese momento nadie advirtió la relevancia de la condición de dependencia económica de La Oroya respecto del complejo metalúrgico, particularidad que iba a continuar con los nuevos administradores de la fundición; como tampoco se previó cómo ese monopolio del poder local dificultaría el cumplimiento de los acuerdos y las regulaciones.
¿Pero quién es el propietario de Doe Run Company? ¿Qué antecedentes tenía en la industria metalúrgica? Tras haber comprado la fundición, DRP se convirtió en subsidiaria de Doe Run Company, la que a su vez forma parte de Renco Group Inc, un conglomerado de más de veinte empresas, sindicada como un holding cuyas actividades industriales han estado asociadas a contaminación ambiental en Estados Unidos. Su principal accionista es Ira Leon Rennert, quien poseía el 97,9 por ciento de las acciones.
La información obtenida acerca de este negociante, quien también incursiona en la actividad de distribución de vehículos, indica antecedentes poco auspiciosos en materia ambiental, de acuerdo con la Administración de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), se trata de un gran contaminador. Sus empresas enfrentaron una dura batalla judicial con la EPA por una planta química en el estado de Utah. La oficina federal norteamericana asegura que esta planta había liberado millones de kilos de sustancias tóxicas en el aire sin ningún control. Además, instalaciones de otra empresa perteneciente al grupo, la WCI Steel, enfrentó serias denuncias por violación de las normas ambientales, en el estado de Ohio.
Hasta inicios de 2000, la Doe Run Company recibía presiones para asumir los costos de limpieza ambiental relacionados con su fundición de plomo en Herculaneum (Missouri), sus minas y lugares de molienda y depósitos de relaves en Saint Francois County y otros emplazamientos en Kansas, Oklahoma y Montana:
En Herculaneum, Missouri, Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo muy reciente entre la EPA y la Doe Run Co., que posee una fundición de plomo con una capacidad productiva de 250.000 toneladas. Se establece que la empresa financiará la reubicación temporal de alrededor 100 familias, mientras las operaciones de limpieza se lleven a cabo; con un gasto de cerca de USD 8,8 millones. En Herculaneum el 24% de niños y niñas menores de seis años resultan envenenados por plomo, según los estándares federales (10 mg/dl). Con estos estándares, según el estudio de la UNES en La Oroya el 77% de los niños resultarían envenenados (Martinez Alier y Russi 2002: 129-130).
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Volviendo a la situación en el Perú, luego de adjudicarse la propiedad del complejo metalúrgico de La Oroya, DRP asumió el compromiso de implementar un PAMA, mecanismo con el que la legislación ambiental obliga a las empresas a realizar las inversiones necesarias para reparar los impactos ambientales dejados por las operaciones pasadas y que continúan afectando El Gráfico presenta las zonas adyacentes que fueron impactadas por las emisiones, así como el nivel de daño infligido.
Las zonas de actividad. Antes que una medida preventiva, se trata de un correctivo ambiental que pretende reparar aquello que ya ha sido dañado. Cuando la empresa adquirió la fundición, accedió a modernizarla y a controlar las emisiones contaminantes para llevarlas a niveles aceptables para 2007. Sin embargo, después de asumir las operaciones, la compañía incrementó la producción y postergó la mayoría de las medidas de limpieza incluida la reducción de emisiones en las chimeneas— hasta el fin del periodo.
De 1997 a 2004, DRP invirtió 33,2 millones de dólares de los 174 millones que asignó para el PAMA, con lo cual «pateó para adelante» el grueso de las inversiones. La empresa ha alegado en diversas ocasiones que son razones de solvencia económica, asociadas a los bajos precios de los minerales entre 1999 y 2002, lo que explicó esa postergación.
Durante 2004, DRP estuvo proponiendo al Estado la posibilidad de ampliar su PAMA hasta 2011, pedido que, al final, fue admitido por el MEM, a pesar de que funcionarios del sector habían negado inicialmente esa posibilidad. Sea como sea, lo concreto es que la empresa amplió su PAMA, pese a los cuestionamientos de expertos, gremios empresariales y medios de comunicación nacionales, lo que incluyó a algunos funcionarios del MEM, aunque institucionalmente este último se comportó de manera muy permisiva.
La pugna de DRP para obtener la ampliación se acompañó del apoyo de importantes sectores de La Oroya, encabezados por su alcalde provincial, Clemente Quincho, quien en diciembre de 2004 movilizó a la población para presionar al Estado a que prolongue el plazo de realización del mencionado PAMA.
Este burgomaestre, quien en otros momentos hubo de mostrarse bastante crítico frente a DRP, en esta oportunidad proyectaba otra actitud, que se puede resumir en su siguiente aseveración: «Nuestro mensaje para el gobierno es que necesitamos a Doe Run, así que si Doe Run necesita más tiempo, nosotros decimos, por favor, que se le dé» (La República 2004: 10).
En el contexto de un débil respaldo popular de la gestión del presidente Alejandro Toledo, con mínimos de hasta 10 por ciento de aprobación ciudadana y con una respetabilidad disminuida, el gobierno cedió frente a las presiones locales, y ante la satisfacción de DRP —que observaba quizá no tan sorprendida cómo la población de La Oroya defendía su fuente de trabajo y de ingresos—, decretó la ampliación del plazo del PAMA.
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Pero el PAMA no era el único asunto que DRP debía enfrentar. Otro tema problemático lo conforman los pasivos ambientales heredados de Centromin Perú, cuyos efectos nocivos en la salud pública agravaban el problema socioambiental en La Oroya. Tras la privatización, Centromin Perú continuó funcionando como una empresa pública que debía sanear un conjunto de rubros y compromisos pendientes de remediación ambiental, como su deuda ambiental, la cual —según fuentes del MEM— ascendía a 140 millones de dólares.
En octubre de 2006, mediante el Decreto Supremo 058-2006-EM, el Estado encargó a Activos Mineros S. A. C. conducir la ejecución de los proyectos de remediación ambiental concernientes a Centromin Perú, correspondiéndole desplegar las acciones necesarias para la remediación de los suelos afectados por los pasivos ambientales. Cabe aclarar que esta responsabilidad se debería enfrentar colectivamente, pues de poco valdría si, por ejemplo, Activos Mineros iniciaba la remediación de los suelos y pavimentos mientras el complejo continuaba arrojando emisiones contaminantes.
Otra decisión que terminó por oscurecer el panorama de la salud ambiental en La Oroya fue la determinación de DRP de ir aplazando la construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico del circuito de cobre (la más cara e importante de las tres plantas previstas), compromiso cuya culminación estaba prevista para 2006, de acuerdo con el PAMA. Así, en febrero de 2009, DRP paralizó sine die la construcción de los proyectos de modernización del circuito de cobre y de la planta de ácido sulfúrico. Los ejecutivos de la empresa alegaron insistentemente que razones de orden económico habían imposibilitado el cumplimiento de la mencionada obligación, cuya implementación permitiría recuperar el azufre emitido y tratarlo para extraer ácido sulfúrico.
Lo real es que los cada vez más agudos problemas financieros obligaron a DRP a detener buena parte de las operaciones del complejo metalúrgico desde mediados de 2009, con lo que sus emisiones disminuían. Para sorpresa de muchos, esta inédita situación fue creando un clima de recuperación «artificial» de las condiciones ambientales locales. Sin embargo, permanecen pendientes los temas laborales, sindicales y empresariales.
CAPITULO II
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
1. EL CONTEXTO LOCAL La ciudad de La Oroya pertenece al distrito del mismo nombre. Es capital de la provincia de Yauli y se ubica en la región Junín, a 175 kilómetros al este de la ciudad de Lima y a 3.750 metros de altitud, desperdigada en la parte alta de la cuenca del río Mantaro.
La Oroya constituye el punto de convergencia de las cuatro vías de comunicación que articulan el centro del país: una hacia la costa (Lima); otra hacia el sudeste (Huancayo, Huancavelica y Ayacucho); la tercera ruta hacia el noreste (Tarma, Pasco y el Valle de Chanchamayo); y la cuarta hacia Huánuco, Tingo María, hasta Pucallpa. El entorno físico de la ciudad es agreste, delimitado por un valle angosto y rodeado de elevaciones de fuerte pendiente.
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Según el Censo de Población 2007, a nivel distrital la población de La Oroya es de 18.606 habitantes, mientras que a escala provincial la población asciende a 49.838 habitantes (PNUD 2009). La población se dedica a actividades económicas diversas, pero principalmente al sector comercio y servicios.
De acuerdo al porcentaje de la PEA las actividades económicas más resaltantes es el comercio con un 17,5 % según censo 2007 y en segundo lugar con un 8,9 % la construcción.
La distribución espacial de La Oroya es más bien alargada, definida a partir de sus dos nudos barriales: La Oroya antigua y La Oroya nueva. La Oroya antigua es la zona de mayor riesgo ambiental; su topografía es muy accidentada donde son evidentes los problemas de erosión, quebradas y fallas geológicas, inapropiados para el desarrollo de una población.
En cuanto al clima, la temperatura oscila de -5 ºC a 25 ºC, aproximadamente. Debido a su topografía, la ciudad está expuesta a inversiones de temperatura que facilitan que la contaminación atmosférica cubra la ciudad y se mantenga por largos periodos de tiempo.
Debido al fenómeno de inversión térmica, las emisiones del complejo metalúrgico DRP tienden a permanecer suspendidas en el aire, sin posibilidades de dispersarse. Se trata de un factor climático que agudiza la situación de riesgo ambiental que envuelve a esta ciudad alto andina. Estas provienen de una chimenea principal de 167.5 metros de altura, la que, aparte emite gases y material particulado sedimentable.
Los problemas socioambientales resultan de un proceso de construcción social por el cual determinada realidad empírica se convierte en un objeto de interés público cuando la sociedad desarrolla la sensibilidad y conciencia de que está enfrentando una amenaza, un riesgo o un hecho anómalo, por lo que se obliga a implementar estrategias encaminadas a evaluar y responder a esa situación:
Desde la perspectiva del constructivismo social, el interés de la sociología por los problemas relacionados con el ambiente se centra, por un lado, en cómo las cuestiones ambientales son convertidas en problemas, y, por otro, en la autoridad y legitimidad social de las diferentes demandas sobre el medio» Esta perspectiva propone que los problemas ambientales no emergen a la escena pública en función de la amenaza real que representan o en razón de su gravedad objetiva, física o biológicamente verificable. Son las sociedades las que en su evolución desarrollan sensibilidades e intereses que le permiten en un momento determinado evaluar como problemático un evento presente, una situación heredada, que en el pasado no recibió semejante valoración.
Presencia de niños en los pavimentos de calles y pasajes impactados por plomo y arsénico, dada la pequeñez de las viviendas (de 50 a 80 metros cuadrados), lo que prácticamente expulsa a los niños a buscar diversión y espacio en las inmediaciones de la puerta de su domicilio, esto es en la calle o en el callejón. Los niños menores de 3 años muestran mayores niveles de plomo en la sangre por estar más expuestos a la contaminación del suelo, dado que las actividades propias de la primera infancia, como el gateo, el «chuparse los dedos», el contacto con objetos del suelo hacia la boca, juguetes, mascotas, e ingesta de tierra, facilitan en ellos el ingreso del plomo.
El envenenamiento con plomo parece ser más frecuente en los niños, debido a su mayor capacidad para absorber plomo y a su tendencia durante los primeros años a chupar las cunas y los juguetes, los cuales pudieron haber sido pintados con pintura a base de plomo antes de que se prohibiera para estos usos».
2. LOS IMPACTOS EN LA SALUD AMBIENTAL Los estudios independientes revisados constatan que la principal y más importante fuente de contaminación es tanto el material acumulado por las emisiones históricas del complejo metalúrgico (pasivos ambientales) es aquel que se sigue arrojando a la atmósfera, pese a las mejoras técnicas introducidas en sus procesos productivos. Se considera que las emisiones del parque automotor circulante en La Or oya también tienen fuertes efectos contaminantes; ya que esta ciudad es atravesada por la Carretera Central, lo que la convierte en paso obligado y punto de acceso a la sierra y la selva central.
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Desde el inicio de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, con la puesta en operación del circuito de cobre, y posteriormente la fundición de plomo, las emisiones de polvo y gases históricamente producidas impactaron a grandes distancias, abarcando en 1940 un espacio de 800 mil hectáreas alrededor del complejo. En 1941 se instalaron precipitadores electrostáticos en la planta de Cottrell Central, que permitieron reducir el área impactada a 14.190 hectáreas. Gracias a posteriores innovaciones, en 1971 el área afectada disminuyó a 4.170 hectáreas. Grafico N.02
2.1. CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS De acuerdo a la revisión de los estudios de evaluación del aire, suelos y aguas de La Oroya realizados por el Consorcio UNES entre 1999 y 2004, tanto los ríos Yauli y Mantaro contienen altas concentraciones de plomo, arsénico, cobre y cadmio. Por el lado del agua para consumo doméstico, también se hallaron importantes trazas de dichos elementos en piletas públicas. Para cubrir los años posteriores, se accedió a data proveniente de la misma empresa DRP.
La reducción de las emisiones de polvo permitió que en las zonas alejadas la vegetación se recupere en forma paulatina y natural. Sin embargo, ello no significó necesariamente la eliminación de los materiales contaminantes en los suelos, los que aún pueden permanecer en la superficie. Además, las zonas cercanas al complejo metalúrgico continuaron siendo afectadas.
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Según esta información, podría pensarse que se habría resuelto el problema de los impactos en la cuenca del Mantaro. Pero según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009, la cuenca del río Mantaro se encuentra en situación crítica por la gran presión combinada que recibe de diversos agentes, entre ellos la minería.
Tabla N.02
2.2. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Las fuentes consultadas coinciden en diagnosticar que los suelos de la ciudad se encuentran fuertemente impactados por los metales y el material particulado sedimentable emitidos por la fundición, tras 88 años de operaciones. Parte del problema lo conforman los pasivos ambientales depositados y dispersos en los suelos de la ciudad y de su entorno: pavimentos, veredas, techos y demás superficies expuestas de las zonas urbanizadas contienen elementos contaminantes; lo mismo ocurre con los suelos aún no recubiertos por la tecno estructura local.
El consorcio UNES, en relación con la presencia de material peligroso en los pavimentos y superficies de las escuelas de La Oroya, señala: Los suelos de diferentes centros educativos de La Oroya antigua y de La Oroya Nueva contienen arsénico, cobre, plomo y zinc en valores que sobrepasan el criterio de protección de suelos para área residencial, recreacional e institucional del gobierno de Quebec-Canadá. Otro estudio confirma que persisten excesivos niveles de plomo y que muchos niños se encuentran expuestos a significativas cantidades de ese pesado elemento dentro de sus viviendas:
· El 88 % de los resultados de muestras interiores de pisos de casas en toda La Oroya sobrepasa el estándar HUD/EPA.
· El 100 % de los pisos interiores de las casas muestreadas en La Oroya antigua sobrepasa el estándar.
Un estudio posterior, encargado por Activos Mineros, menciona cifras preocupantes acerca de la superficie impactada: Las emisiones de plomo, cadmio y arsénico ocasionadas por la fundición de La Oroya durante sus 87 años de vida productiva han afectado alrededor de 2.300 kilómetros cuadrados de suelos en la región central, reveló un estudio realizado por las consultoras Ground Water International, Science Integrity y Knight Piesold Consulting (El Comercio 2009). Y para confirmar el riesgo que enfrenta el sector La Oroya antigua, dicho informe añade: La zona más impactada se localiza a dos kilómetros al sur del complejo metalúrgico, que comprende parte del área urbana conocida como La Oroya antigua.
2.3. CONTAMINACIÓN DEL AIRE Las condiciones climáticas que caracterizan a La Oroya (fenómeno de la inversión térmica) facilitan que las emisiones de la fundición se asienten en la atmósfera de la ciudad, con lo que el aire circundante se deteriora y afecta a la población. Como para el caso del agua y los suelos, los estudios, las mediciones y los informes coinciden en advertir que las condiciones del aire local son poco propicias para garantizar mínimas condiciones de salud. En el ya citado informe del consorcio UNES.
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De hecho, se han generado evaluaciones poco científicas y escasamente ponderadas sobre los impactos contaminantes, lo que ha contribuido a mucha desinformación y a la circulación de datos y apreciaciones poco sustentadas. Un caso llamativo fue la calificación de La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo en 2006 y 2007 por parte del Blacksmith Institute, una ONG norteamericana orientada a buscar mejores condiciones ambientales para la población infantil. Esta noticia tuvo amplia repercusión mediática en el Perú, lo que forzó a DRP al envío de cartas rectificatorias, así como a la invitación de expertos de esta ONG para visita La Oroya y evaluar las condiciones reales de contaminación y los programas que la empresa desarrollaba con miras a la mejora ambiental local. Así entonces, Esta rectificación del Blacksmith Institute no ha impedido que, más allá de cualquier ranking, La Oroya permanezca como una ciudad con significativa exposición al plomo, arsénico, cadmio y material particulado, provenientes de la actividad metalúrgica.
2.4. RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA LOCAL La literatura científica señala que el plomo, cadmio y arsénico son elementos tóxicos para el ser humano, así como el dióxido de azufre, que es otro de los productos resultantes de los procesos metalúrgicos de la planta DRP.
Para el caso del plomo, la comunidad científica mundial reconoce sus efectos tóxicos en altas dosis desde hace por lo menos un siglo, lo que no es materia de discusión. Una vez en el cuerpo humano, este pesado elemento actúa como un tóxico de efecto acumulativo que afecta severamente el sistema nervioso. Tal como sostiene la DIGESA, considerando fuentes autorizadas, el plomo interfiere en el funcionamiento del organismo, el desarrollo cerebral y las capacidades intelectuales. Entre los síntomas que los estudios le atribuyen, se señalan cansancio, irritabilidad, falta de la capacidad de atención y concentración, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, problemas gastrointestinales, debilidad muscular, agresividad, disminución del cociente intelectual, cambios en los estados de ánimo, neuropatía periférica, pérdida de la capacidad de funcionamiento de los riñones y presión alta.
"Aunque la mayor parte del plomo que se ingiere se excreta, y el 60 por ciento del inhalado se exhala, el plomo se acumula poco a poco en el cuerpo. Los síntomas iniciales de envenenamiento son dolor estomacal y debilidad física". El siguiente gráfico ilustra los riesgos que para el ser humano implica este pesado metal.
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El cadmio, por su parte, puede dañar severamente los pulmones y puede causar la muerte; ingerir alimentos o beber agua con altos contenidos de este elemento irrita severamente el estómago y causa vómitos y diarrea. La exposición por largos periodos de tiempo al aire contaminado con cadmio causa enfermedades en los riñones por su acumulación. También puede afectar a los huesos.
En cuanto al arsénico, en numerosos estudios se ha demostrado su asociación con efectos cancerígenos en humanos expuestos a su inhalación e ingestión. Por ello, algunos compuestos de arsénico han sido catalogados por instituciones de diversos países como compuestos cancerígenos.
El dióxido de azufre es un gas cuya exposición en altos niveles representa un riesgo para la vida. La exposición a 100 partes de dióxido de azufre por un millón de partes de aire (100 ppm) se considera altamente peligrosa para la vida y la salud (CEAS s/f): irrita las mucosas de la nariz y garganta, causa dificultades para respirar; genera severas obstrucciones de las vías respiratorias en mineros que respiran el dióxido de azufre en los complejos metalúrgicos. Por supuesto que existe certeza científica sobre los efectos de dicho contaminante aéreo en el cuerpo humano: En estudios epidemiológicos se ha demostrado que la exposición a altos niveles de SO2 produce broncoconstricción en asmáticos.
Para el caso en estudio, las mayores concentraciones de anhídrido sulfuroso en el Perú se dan en La Oroya, y son resultado de los procesos de fundición que se dan en la zona. En esta zona se sobrepasan los límites de concentración recomendados por el Banco Mundial.
Aunque el plomo no es el único riesgo, los tres estudios ya mencionados (UNES, DIGESA, DRP) confirman la consistente presencia de este pesado elemento en la sangre de los habitantes de La Oroya, especialmente ubicada en La Oroya antigua, y de este sector, en los niños, el grupo etario más sensible.
Pero existe otro estudio que se aventuró en conocer qué ocurría con los recién nacidos en La Oroya. Los médicos Godofredo Pebe, Hugo Villa, Luis Escate y Gonzalo Cervantes se propusieron determinar los niveles de plomo en sangre de los recién nacidos de menos de 12 horas de vida, en la ciudad de La Oroya. Para ello realizaron un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, de junio de 2004 a junio de 2005, en los recién nacidos del Hospital Alberto Hurtado Abadía de EsSalud, en La Oroya. Estos investigadores concluyeron que uno de cada cuatro recién nacidos evaluados tenía niveles de plomo en sangre por encima del índice biológico de exposición establecido (10 g/dL). Pero si se toman en cuenta las recomendaciones de expertos que mencionan que los niveles de plomo deben ser menores de 5 _g/dL, ninguno de los casos evaluados cumplía con dicha recomendación, por lo que se infiere que los recién nacidos de La Oroya se encuentran en serio riesgo de sufrir efectos dañinos a su salud debido a la exposición prenatal.
Ya hay estudios que se han hecho, inclusive la propia DIGESA, que lo ha hecho en La Oroya, hay un porcentaje nada despreciable de niños que ha sido evaluados con tests psicológicos, tests psicométricos, que le llaman, donde se ve una merma del cociente intelectual comparado eso con niños de otras zonas del país.
Debido al nivel de desinformación y confusión, respecto de la real situación ambiental en La Oroya, en 2005 y 2006 se hicieron públicos dos estudios que dieron cuenta de las condiciones de la salud local. El primero de ellos fue un censo hemático efectuado por la DIGESA (gracias al convenio vigente MINSA-DRP) y el segundo fue el estudio promovido por el Arzobispado de Huancayo, que tantas resistencias generó en los sectores de La Oroya que apostaban por la continuidad de las operaciones metalúrgicas, aun cuando se conocía el riesgo a la salud de tales actividades.
Respecto del censo hemático, este se efectuó de noviembre de 2004 a enero de 2005, con 788 niños (entre 6 meses y 6 años de edad) y en 17 madres gestantes. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla N° 03 Cifras elocuentes, estos dígitos no hacen sino ratificar los temores y las advertencias de muchos actores locales, esto es, que la presencia del plomo persistía en la población infantil de La Oroya antigua, pese a los esfuerzos, las campañas preventivas, de higiene y cualquiera de las medidas que se venían proponiendo: el 99,9 por ciento de los niños muestra niveles superiores al convencionalmente aceptado 10 ug/dL, que de por sí tampoco garantiza mayor inmunidad a los efectos del plomo; mientras que el 82 por ciento del total se ubica en el rango de 20 a 44.9 ug/dL, estrato de alto riesgo. Tales resultados obligaron a las autoridades del MINSA a implementar acciones urgentes para los niños que se ubican en los grados IV y V, las que consistieron en el traslado físico a otro emplazamiento lejano de La Oroya antigua (Casaracra) y tratamiento médico inmediato, medidas que han sido muy cuestionadas por solamente atacar aspectos colaterales del problema socioambiental.
En cuanto al estudio que el Arzobispado de Huancayo encargó a la Universidad de St. Louis, de Missouri, este se propuso comparar la presencia de plomo, cadmio, arsénico y otros elementos contaminantes en los hogares de La Oroya con sus pares de Concepción, ciudad ubicada a más de 70 kilómetros al sudeste de La Oroya. La metodología de estudio comparativo permitió observar significativas diferencias entre La Oroya como población de estudio y Concepción como población de control, las que confirman la hipótesis inicial de que los niveles de metales pesados y otros elementos tóxicos serían mayores en La Oroya que en Concepción.
Grafico N° 05
Los investigadores de la Universidad de St. Louis se sorprendieron del hallazgo registrado en Concepción, ciudad a la que consideraban virtualmente libre de contaminación (más aún cuando el Gobierno Regional de Junín la promociona como la ?ciudad ecológica? del valle del Mantaro): Pese a los resultados de los mencionados estudios, y tal vez por algunos avances registrados desde 2007 (otro es el temperamento con que algunos juzgan la situación de La Oroya.
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