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Lineamiento para una estrategia macroeconómica




Enviado por Ronald Bedregal



    Los países emergentes hacia la
    Globalización en el contexto de una Economía Social de
    Mercado

    RESUMEN EJECUTIVO

    La globalización y liberalización
    económica implican que los procesos de
    formulación de las políticas
    internas y externas ya no pueden atenerse a los patrones ni a los
    actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel de
    varios instrumentos, ya no hay el mismo nivel de control nacional
    sobre decisiones que tienden a ser supranacionales. Por
    consiguiente, tanto en lo interno como en lo externo, una
    estrategia
    «post-ajuste» macroeconómico, basada en los
    elementos señalados, implica avanzar hacia un nuevo
    modelo de
    desarrollo
    para los países emergentes cuyos lineamientos apenas se
    empiezan a esbozar en términos conceptuales y a medida que
    la práctica produce enseñanzas.

    La evolución económica y social que se
    ha registrado desde principios de la
    década parece indicar que conviene definir e instrumentar
    una «gobernabilidad económica» para
    países emergentes que reuniría dos condiciones
    simultáneas: por una parte, responder a los retos internos
    y externos planteados por la
    globalización; por otra, buscar los «puntos de
    anclaje» nacionales y regionales que puedan articularse con
    la apertura global, consolidarla y legitimarla.

    En el ámbito interno, la gobernabilidad
    económica que los países de la región
    buscarían definir como marco global para sus estrategias
    nacionales de desarrollo
    incluiría, en primer lugar, la reducción de
    la pobreza y
    el desarrollo
    social, mediante políticas
    sociales de largo plazo y consistentes con las políticas
    macroeconómicas.

    Otras prioridades indispensables en la visión
    global requerida por la gobernabilidad económica
    incluirían el desarrollo
    institucional (es decir, la capacidad del Estado de
    diseñar e instrumentar políticas
    adecuadas en todos los campos, mediante una administración
    pública profesional, confiable y capacitada), el apoyo
    a la competitividad
    de las empresas (que
    incluye las políticas
    de desarrollo
    tecnológico) y el desarrollo
    sostenible (es decir, la articulación del crecimiento
    económico con la equidad social y el uso racional de
    los recursos
    naturales.

    En el ámbito externo, la gobernabilidad
    económica debería centrarse en un objetivo
    general: una adecuada inserción en la economía mundial como
    instrumento del desarrollo
    nacional y regional. Esa inserción implica lograr una
    apertura económica balanceada entre las presiones del
    contexto externo y las necesidades internas, y prepararse a
    negociar nuevos temas y nuevas alianzas. Como complemento, los
    países emergentes deberían participar activamente
    en la gestación de una gobernabilidad del sistema
    económico internacional.

    Un elemento central que integraría el concepto de
    gobernabilidad económica internacional se refiere al buen
    manejo e los tres pilares de la economía mundial:
    moneda, finanzas y
    comercio.
    Introducir estabilidad y justicia en
    estas tres áreas y considerarlas como un todo,
    sería la mayor contribución que puedan realizar los
    países para apoyar sus estrategias de
    apertura y modernización. En efecto, la
    globalización maximiza los efectos de las turbulencias
    del sistema
    económico mundial. Por consiguiente, pone de relieve la
    necesidad de normas e instituciones
    que regulen el funcionamiento de dicho sistema, en
    beneficio de todas las economías del planeta. En otros
    términos, también debería poder generar
    gradualmente un consenso en torno a normas de
    conducta para
    la gestión
    de la economía mundial, que tengan en cuenta el
    necesario equilibrio
    entre los papeles respectivos de los Estados y del libre mercado.

    Es evidente que, mientras más rápido se
    produce la integración en el proceso de
    globalización, mayor es el grado de
    vulnerabilidad de las economías en desarrollo frente al
    exterior si no han logrado consolidar su capacidad de
    adaptación. Por lo expuesto, los objetivos del
    desarrollo
    económico y social no deberían estar
    únicamente centrados en lograr acelerados niveles de
    crecimiento, sino más bien en obtener niveles de
    crecimiento estable e integral, que puedan mantenerse en el
    mediano y largo plazo.

    Esto es particularmente importante si se reconoce la
    incertidumbre que está implícita en la
    globalización económica y si se recuerda que
    existe una marcada diferencia entre las condiciones y
    posibilidades que tienen los países industrializados y los
    países en desarrollo para aprovechar las oportunidades y
    manejar los riesgos de
    la
    globalización. No solamente es inequitativa la
    distribución geográfica de los
    beneficios atribuidos a la globalización -por razones estructurales-,
    sino que es muy variable según las coyunturas.

    En la historia de la
    industrialización, y más específicamente, en
    la historia de
    países emergentes en las últimas décadas,
    los períodos de crecimiento con equidad y estabilidad han
    sido más la excepción que la norma. Mientras tanto,
    la globalización se ha acelerado e
    intensificado en todas sus manifestaciones, en particular, en
    cuanto a tres asimetrías que frenan el desarrollo y que
    requieren atención inmediata mediante políticas
    nacionales e internacionales eficientes y articuladas entre
    sí: (i) la pobreza y la
    creciente brecha entre pobres y ricos; (ii) el atraso
    tecnológico, informativo y educativo en comparación
    con las exigencias de siglo XXI; (iii) el acceso a fuentes de
    financiamiento productivas y estables

    Para que pueda hablarse del éxito de un sistema
    económico, es requisito fundamental que se distribuya las
    funciones
    entre el Estado y el
    sector privado, en forma balanceada y con criterios
    convincentes.

    De esta manera la interacción de la variable
    económica con la social y la ambiental posibilitará
    en el marco del Desarrollo
    Sostenible y dado el contexto de una Economía Social de
    Mercado un
    entorno propicio para el diseño
    de políticas de carácter global que contribuyan a
    la apertura de países emergentes, hacia un contexto
    globalizador donde las señales internas a través de
    la estabilidad y crecimiento repercutan en el impulso del
    desarrollo productivo y sobre todo social.

    1. Los problemas
    actuales del desarrollo en una economía
    global

    Los procesos de
    globalización y liberalización, que
    involucran a la vez la evolución de los Estados y del sistema mundial
    en su conjunto, han sido ampliamente comentados y analizados en
    todas sus vertientes y consecuencias (financieras, comerciales,
    tecnológicas, culturales, etc.). América
    Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que más
    ha experimentado los efectos de dichos procesos en
    los últimos diez años, y que sigue avanzando en los
    ajustes internos y externos generados por la
    globalización.

    A la complejidad de los cambios que se derivan de las
    transformaciones del sistema mundial se añaden los cambios
    que individualmente llevan a cabo los países
    latinoamericanos y caribeños: los procesos
    internos y externos se acumulan e interrelacionan, planteando una
    serie de ajustes en todos los niveles y sectores
    económicos y sociales, así como nuevos retos,
    simultáneos, para su gestión
    nacional e internacional.

    En efecto, la experiencia de la región
    está demostrando que los esfuerzos de modernización
    y apertura emprendidos unilateralmente necesitan, para traducirse
    en beneficios amplios y permanentes, de ajustes paralelos en el
    contexto externo, para minimizar el riesgo de
    crisis o
    inestabilidades exógenas: la apertura comercial de cada
    uno de los países de la región requiere consolidar
    y, en algunos casos, profundizar los resultados de la Ronda
    Uruguay;
    asimismo, la apertura de los sistemas
    financieros nacionales requiere una mejor gestión
    de los flujos de capital a
    nivel internacional.

    La mayoría de los análisis coincide en señalar que la
    incertidumbre y la inestabilidad seguirán caracterizando
    los procesos de
    globalización y su impacto. Hay también
    coincidencia en destacar que la principal consecuencia para los
    países emergentes, es la permeabilidad ante la amplitud de
    los cambios, la cual, a su vez, puede expresarse -en
    términos negativos- en un alto grado de
    vulnerabilidad.

    Esto significa que el impacto de los cambios puede ser
    positivo o negativo, es decir, que la apertura puede traducirse,
    por ejemplo, en oportunidades de exportación o inversión, al igual que convertirse en
    riesgos, como lo
    demuestra la volatilidad de los flujos de capital, en
    particular en la experiencia de América
    Latina y el Caribe. Es la calidad de los
    ajustes -tanto a nivel nacional como internacional- la que
    determina la diferencia entre un balance positivo o negativo,
    entre el aprovechamiento de la oportunidad o el costo del
    riesgo.

    Resulta difícil dar una definición
    satisfactoria de la globalización y liberalización,
    pero se pueden detectar tres tendencias principales que abarcan
    el conjunto de los procesos de cambio, y que
    inciden directamente sobre cualquier política o estrategia de
    desarrollo:

    – la multidisciplinaridad e interrelación entre
    los temas que conforman la agenda económica y
    social;

    – la importancia creciente de nuevos actores
    -además del Estado y de
    los organismos internacionales- y la tendencia a reforzar, a
    nivel internacional, las acciones de
    tipo supranacional;

    – la aceleración de los cambios en todos los
    ámbitos de la actividad económica, y por ende la
    dificultad de diseñar políticas para el largo
    plazo.

    2. Políticas y estrategias
    para el futuro

    Esas tendencias implican políticas y estrategias de
    desarrollo internas y externas flexibles pero con objetivos
    claros, tanto en el plano microeconómico (es decir, a
    nivel de la gerencia de
    las empresas) como en
    el macroeconómico (cuya responsabilidad le incumbe al gobierno). Los
    elementos claves de dichas políticas y estrategias se
    comentan a continuación:

    2.1. Políticas a nivel
    interno

    La estabilidad macroeconómica es un requisito
    indispensable para el crecimiento
    económico, el desarrollo del sector privado, la
    atracción de la inversión nacional y extranjera, el
    control de la
    inflación, la eficiencia de las
    políticas sociales y la disminución de la pobreza. En
    otros términos, le corresponde al gobierno
    proporcionar el «telón de fondo» estable y
    apropiado para que las acciones
    sectoriales, públicas y privadas, se maximicen en pro de
    un desarrollo integral.

    El Estado tiene
    un nuevo papel, que
    implica asumir plena y eficientemente su responsabilidad, en particular en materia del
    Desarrollo
    Sostenible que contextualiza al crecimiento
    económico la equidad social, la gobernabilidad y
    desarrollo institucional, e indudablemente lo que significa la
    transformación productiva hacia un mejor desarrollo
    tecnológico, según los lineamientos que se comentan
    a continuación:

    2.2. Elementos sustanciales de la Economía
    Social de Mercado

    La Economía Social de Mercado es un
    sistema abierto, en cuanto al resultado económico, al
    surgimiento de nuevos valores, a la
    solución de nuevos problemas,
    abierto en cuanto al horizonte del tiempo. Esta
    apertura del sistema, hace imposible definir
    específicamente "el" papel del
    Estado en este
    contexto y por ende, éste tiene que ser redefinido
    permanentemente.

    Los elementos sustanciales de este sistema
    son:

    Libertad de
    decisión individual para empresarios, trabajadores y
    consumidores; concretamente, ello significa, por ejemplo,
    libertad
    contractual, decisión individual de inversiones
    empresariales, libre elección del lugar y puesto de
    trabajo, del lugar de educación y soberanía del consumidor.

    – El mecanismo de precios y
    competencia,
    como el instrumento sobresaliente para coordinar y dirigir los
    planes y preferencias individuales. Los precios en
    los mercados de
    bienes,
    factores y capital, o
    sea el precio de
    los bienes, los
    salarios,
    intereses, alquileres y arrendamientos, son los indicadores
    primarios para las decisiones de los oferentes y
    demandantes.

    – Una libre formación de los precios en
    los mercados, es
    decir, sin intervenciones del Estado. En
    el caso de la formación de los precios en
    el mercado
    laboral, se
    cuenta con una especial seguridad
    jurídica y la autonomía salarial.

    Propiedad
    privada sobre los bienes de
    consumo e
    inversión, como condición
    necesaria para la
    motivación individual, pero también para
    asumir la responsabilidad por decisiones
    equivocadas.

    – Una política
    monetaria orientada a la estabilidad del nivel de precios, con
    el fin de crear las condiciones necesarias para realizar las
    decisiones a largo plazo de los participante del mercado, en
    especial el caso de las inversiones,
    y reducir las desventajas sociales que ocasiona la
    inflación.

    – Una relación equilibrada entre la eficiencia
    económica de los mercados y
    la redistribución estatal.

    – La política de
    ordenamiento del Estado, con la cual se establece el marco
    general para el accionar individual, empero, sin intervenir en
    el proceso de
    toma de
    decisiones de los individuos.

    2.2.1. Lineamientos
    Macroeconómicos

    Las políticas monetarias, financieras y fiscales
    deberían mantener su orientación a la
    consecución de la estabilidad macroeconómica
    sustentando la inflación dentro de un rango adecuado al
    crecimiento pero a la vez dirigidas a la promoción de la inversión de los sectores productivos y de
    servicios.

    Debería ejecutarse un programa
    macroeconómico de mediano plazo que garantice una
    inflación de un dígito y la tendencia hacia la
    eliminación del déficit del sector público
    no financiero.

    La estabilidad se manifestaría en la
    transformación productiva que reactive a la
    economía con un programa de
    reestructuración y financiamiento
    para lograr una economía sólida en el largo plazo,
    como forma de alcanzar un aumento permanente de los niveles de
    ingreso de los países.

    Con el crecimiento del aparato productivo, la estrategia en su
    proceso
    perfectible, aspira a que las economías alcancen un
    crecimiento promedio de por lo menos un 5%, garantizando la
    seguridad
    alimentaria, una disminución continua de la
    desocupación e iniciando la superación de la
    profunda desigualdad en la distribución del ingreso.

    Un tercer componente manifiesta la necesidad de
    introducir cambios en el orden institucional que particularmente
    está referido al impulso que debería darse a
    cambiar el marco institucional en el que se desarrolla la
    actividad económica, fundamentalmente en lo que se
    relaciona con las finanzas
    pública y el sector externo.

    Las reformas en las finanzas
    públicas deberían estar orientadas a consolidar
    un adecuado nivel de ingresos a los
    Gobierno que les
    permitan financiar el programa de
    desarrollo, manteniendo el equilibrio
    fiscal para no
    provocar presiones inflacionarias y que garantice ingresos
    crecientes.

    Asimismo, la modificación de la forma en que se
    elabora y ejecuta el presupuesto
    establecería vínculos mas estrechos entre el
    gasto

    público y las prioridades de desarrollo en cuanto
    inversión pública,
    reestructuración y reactivación de los sectores
    productivos y el gasto en las áreas sociales, garantizando
    transparencias en el uso de los recursos.

    En cuanto al sector externo, este, debería
    conducirse hacia importantes modificaciones en el régimen
    de aduanas, en las
    instituciones
    que se relaciones con la actividad de exportación y en el servicio
    exterior , para ponerlo a disposición de las promoción de las exportaciones en
    el contexto de la globalización.

    El elemento central del contexto económico se
    vería conjuncionado con la articulación de la
    variable social a través de la equidad en el marco que
    establece una economía social de mercado. Los lineamientos
    macro señalan la priorización de la
    asignación de

    recursos para cubrir los servicios que
    se prestan a través de las áreas sociales que como
    educación,
    salud, agua potable,
    alcantarillado y vivienda, entre otros, contribuirían a
    elevar el nivel de vida de la población.

    De lo anterior se deduce que la prioridad de la
    consecución de la Estrategia (o
    Plan),
    sería elevar significativamente la participación
    del gasto social como porcentaje del PIB. Esta
    decisión tiene una importancia estratégica de largo
    plazo, pues

    al incrementar las capacidades humanas y el bienestar
    personal se
    está asegurando un mayor nivel de desarrollo
    futuro.

    2.2.2. Política
    Monetaria y Financiera

    Las políticas monetaria y financiera
    complementarían, no sustituirían, las soluciones
    estructurales, y conducirían hacia la estabilidad
    monetaria y la disminución de las tasas de interés
    para dinamizar la inversión de los sectores productivos y
    los servicios, al
    tiempo que se
    requerirían medidas que incentiven la utilización
    del crédito
    de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias y
    financieras, se buscaría la forma de:

    Disminuir el encaje legal con el objetivo de
    disminuir la tasa de interés.

    Promover y ordenar el mercado de
    capitales, que regule la emisión y comercialización de títulos de
    valores.
    El Estado
    sería el encargado de proveer de toda la normatividad
    jurídica para su expansión.

    Implementar una política de
    inversión productiva estimulando el ahorro interno
    en el país.

    Implementar una política de
    inversión extranjera, en la perspectiva de atraer
    capitales hacia la inversión productiva.

    Comprar y vender la deuda en los mercados
    secundarios.

    Emitir bonos de deuda
    por cuenta del Banco Central
    garantizados por los organismos internacionales.

    Eliminar las distorsiones y las medidas discriminatorias
    hacia las exportaciones
    tradicionales.

    Flexibilizar las normas que rigen
    las instituciones
    financieras de forma tal que los sectores productivos y la
    mediana y pequeña empresa puedan
    acceder a los créditos de la manera comercial.

    Llevar a cabo la reforma institucional del sector
    financiero que implica por un lado, el fortalecimiento de la
    capacidad técnica de las instituciones
    supervisoras, para la eficiencia de su
    función de control del
    sistema bancario; y, por otro, la autonomía e independencia
    del Banco Central de
    las decisiones del Poder
    Ejecutivo.

    2.2.3. Política
    Fiscal

    En los últimos años los países han
    manifestado la necesidad de eliminar o disminuir el
    déficit fiscal,
    partiendo de la contracción de los gastos del
    gobierno hacia
    los servicios
    sociales y del aumento de la deuda interna.

    El equilibrio
    presupuestario se ha logrado no sólo con el aumento de los
    gastos de
    salud, seguridad
    social y educación la
    disminución de las transferencias y la readecuación
    de la administración
    pública; sino manteniendo bajos los niveles
    salariales, en relación con la capacidad adquisitiva de la
    moneda y en todo caso a través del traspaso de las
    empresas del
    Estado al sector privado.

    La política
    fiscal debería orientar a:

    Mantener el equilibrio
    fiscal.

    Aumentar los ingresos fiscales
    mediante una gestión
    diáfana y pulcra en el manejo de los recursos.

    Evitar las evasiones fiscales, considerando que el
    impuesto es el
    instrumento redistributivo por excelencia, si se emplea
    juiciosamente.

    Modificar la composición de los ingresos y
    gastos dentro del
    Presupuesto de la
    Nación y evitar el manejo discrecional que actualmente le
    permite ésta al Poder
    Ejecutivo en especial la gestión
    de los gastos
    reservados.

    Reorientar el gasto público, hacia las
    áreas sociales de salud, seguridad
    social, educación,
    focalizando los servicios
    hacia los sectores sociales más vulnerables de la población, con lo cual se reducirán
    los niveles de pobreza de la
    población.

    Instaurar la disciplina
    fiscal,
    mediante una administración eficiente de las
    recaudaciones y la reestructuración del gasto
    público.

    Aplicar una firme política de austeridad y
    prudencia en el manejo de las finanzas del
    gobierno
    central.

    Elaborar ajustes para hacer de la política
    tributaria el instrumento idóneo para desmotivar el
    consumo, e
    incentivar la inversión.

    Implementar una política
    fiscal con criterio no solamente recaudador, sino de distribución del ingreso.

    Compatibilizar la carga tributaria con la
    atención a los servicios que demandan los distintos
    grupos
    sociales.

    Eliminar los regímenes impositivos de privilegio
    para que las ventajas competitivas no se sesguen en favor de
    ciertas actividades económicas y en desmedro de otras,
    cuando técnica ni económicamente así se
    justifiquen.

    Deberán ser liberadas del pago de impuestos
    directos, las personas que se encuentren en niveles de pobreza.

    2.2.4. Política de Inversión
    Extranjera

    La falta de reglas claras, la burocracia
    estatal, la corrupción
    administrativa, están determinando un ambiente poco
    confiable para la inversión extranjera, por lo que es
    necesario entonces definir una política clara y precisa
    que estimule este tipo de inversión, por lo que se
    debería propugnar:

    Incentivar la inversión extranjera, mediante la
    aplicación de la Leyes de
    Inversión Extranjera y garantizar reglas claras en cuanto
    a los derechos y
    obligaciones
    de los inversionistas en el país.

    Estimular la inversión extranjera asociada a la
    transferencia de tecnología, la
    diversificación de la producción, la creación de nuevas
    fuentes de
    trabajo, la generación de divisas, la expansión y
    diversificación del mercado y salarios
    adecuados en el contexto del desarrollo
    sostenible.

    Garantizar que la inversión extranjera sea
    compatible con las Leyes o
    reglamentos sobre el Medio
    Ambiente.

    Requerir la información necesaria para el uso de
    financiamiento
    externo para fines de registro,
    control y
    seguimiento, independientemente de las condiciones del mercado
    financiero del país en el que se haya contratado el
    crédito.

    Evitar la fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento
    de tasas de interés
    ligeramente superiores a la tasa de interés
    externa nominal.

    Evitar la incertidumbre de inestabilidad
    macroeconómica o perspectivas de depreciación en el tipo de
    cambio, con una política
    monetaria y fiscal
    coherente.

    Evitar medidas económicas que puedan disminuir la
    tasa de retorno de sus activos
    financieros en el país.

    Prohibir inversiones
    extranjeras en desechos tóxicos o sustancias radioactivas
    no producidas en el país, así como en actividades
    que afecten la salud, el agotamiento de los
    recursos
    naturales, el equilibrio
    ecológico y, en general, del medio ambiente
    y la calidad de
    vida.

    2.2.5. Política de Fomento y
    Diversificación de las Exportaciones

    A finales del siglo XX la globalización y las
    nuevas condiciones de producción masiva exigen una renovada y
    flexible división internacional del trabajo.

    La competencia
    basada en la productividad del
    trabajo no sólo significa "saber cómo hacer", en el
    plano productivo, sino "cómo vender lo que se produce" en
    el mercado mundial y, sobre todo, "cómo buscar y conservar
    un mercado".

    Los países emergentes están en la
    obligación de lograr un crecimiento significativo de sus
    exportaciones de
    bienes y
    servicios de forma tal que pueda financiar sus compras en el
    extranjero y lograr una mejor distribución del ingresos para los
    cual se propone:

    Garantizar una política macroeconómica,
    que asegure estabilidad a la inversión de los sectores
    económicos nacionales.

    Garantizar una política cambiaria que permita un
    mercado de tipos de cambio
    fluctuantes en el que el Banco Central
    intervenga periódicamente para evitar o prevenir
    oscilaciones desmedidas del tipo de
    cambio.

    Aumentar y diversificar las exportaciones de
    bienes y
    servicios, mejorando los niveles de productividad y
    eficiencia.

    Incorporar nuevos referentes tecnológicos tanto
    al proceso
    productivo como al proceso de
    comercialización, tomando en cuenta no
    sólo la demanda
    interna como sobre todo la externa, para evitar la
    disminución de los precios internacionales.

    Afrontar la competencia
    internacional, estimulando el incremento de la productividad.

    Definir un marco jurídico e institucional, que
    garantice seguridad y
    confianza a los inversionistas.

    Aprobar Leyes o
    reglamentos de promoción de exportaciones, en
    los cuáles se revisen los mecanismos de importación
    vigentes, los trámites aduanales y portuarios.

    Impulsar la aprobación de un leyes o normas en contra
    de las prácticas desleales del comercio en el
    comercio
    internacional

    Establecer Fondos de financiamiento
    a la actividad exportadora.

    Establecer un Seguro de
    Crédito
    a las exportaciones.

    Establecer un régimen de exención temporal
    de los impuestos
    aduanales para la importación de materias primas, productos
    semielaborados, insumos y partes.

    Implementar un esquema de reembolso tributario, para
    compensar las distorsiones que en el orden de los precios
    relativos introduce el régimen tributario y algunas
    medidas para-arancelarias que surten el efecto de impuestos que
    gravan a la actividad exportadora, socavando su competitividad.

    Buscar fondos y canalizarlos hacia los sectores
    productivos.

    Elevar la capacidad negociadora de los diferentes entes
    económicos y mantener un adecuado nivel de
    protección arancelaria, compatible con la necesidad de
    propiciar la inserción en los diferentes esquemas de
    integración.

    2.2.6. Instrumentos Macroecónomicos para la
    Política Ambiental

    Desde la perspectiva del sistema económico, los
    problemas
    ambientales se pueden interpretar convenientemente como
    resultado de fallas en los mercados,
    carencia de información, diseños institucionales
    y de política, que se traducen en la transferencia de
    costos de quienes
    los provocan hacia otros sectores de la sociedad o
    incluso, a las generaciones futuras. Dicho de otra forma, los
    problemas
    ambientales son externalidades que deben

    corregirse.

    La corrección de estas externalidades equivale a
    lograr que quienes generan costos a
    daños ambientales los asuman, lo cual puede lograrse a
    través de diferentes medios, como
    el establecimiento de regulaciones y su aplicación
    coercitiva, el convencimiento y la cooperación, o bien, a
    través de instrumentos económicos, o una
    combinación adecuada de ellos.

    La promoción de la internalización de
    costos
    ambientales por medio de instrumentos económicos, tiene
    como propósito que los agentes reciban señales
    adecuadas desde el sistema de precios e incorporen entre sus
    objetivos o
    funciones de
    bienestar, motivaciones permanentes para hacer un manejo
    sustentable de los recursos
    naturales y para reducir la generación de
    contaminantes y residuos y con ello, los efectos ambientales
    negativos inherentes. El logro de ese propósito implica
    diseñar e instrumentar un mecanismo automático de
    corrección que puede operar con una intervención
    mínima de parte de la administración
    pública o de la autoridad
    reguladora.

    Los instrumentos económicos pueden requerir, para
    su plena eficacia y
    eficiencia,
    valuar costos
    ambientales como premisa para la internalización, o bien,
    pueden operar a partir de umbrales, arrojando como resultado
    precios que incorporen plenamente costos sociales.
    De ahí, la importancia de adoptar y aplicar
    metodologías de evaluación
    económica para el ambiente, que
    han sido utilizadas con cierto éxito en otros
    países, así como desarrollar otras
    nuevas.

    Los instrumentos económicos presentan ventajas
    que los hacen atractivos e indispensables en la confección
    de políticas públicas en materia
    ambiental.

    • Permiten cumplir con objetivos
      ambientales a un costo social
      mínimo.
    • Dan flexibilidad a los agentes económicos en
      la toma de
      decisiones.
    • Reconocen y aprovechan las diferentes estructuras
      de costos incrementales que enfrentan distintas empresas,
      procesos y tecnologías.
    • Promueven la innovación tecnológica y la
      minimización de impactos ambientales.
    • Pueden significar un mecanismo automático para
      el financiamiento de la infraestructura,
      operación de sistemas y
      manejo de recursos
      comunes ambientales.
    • Pueden generar ingresos fiscales que apoyen programas de
      protección ambiental.
    • Generalmente implican bajos costos administrativos o
      de transacción, aprovechando las instituciones existentes sin necesidad de crear
      nuevas burocracias.
    • Permiten compatibilizar objetivos de
      política
      económica con objetivos de política
      ambiental.
    • Pueden ser un mecanismo indispensable para llevar a
      cabo un manejo eficiente de recursos
      comunes ambientales.

    En un marco de estrecha colaboración con
    instituciones públicas y privadas se buscará
    promover el diseño
    de instrumentos económicos que apoyen y complementen la
    regulación ambiental, tales como:

    • Impuestos y derechos
      ambientales.
    • Mercados de derechos
      transferibles.
    • Sobreprecios para generar fondos en fideicomiso.
    • Sistemas de depósito-reembolso.
    • Fianzas y seguros.
    • Derechos de uso de recursos e
      infraestructura.
    • Contratos privados.
    • Licitaciones en el sector público.
    • Derechos de propiedad.
    • Concesiones.

    Obviamente, ningún instrumento económico
    es útil en todo tiempo, proceso y
    lugar. Cada uno requiere ser utilizado de manera ponderada en
    diferentes etapas, mercados y sistemas de
    manejo, considerándolos siempre de manera complementaria o
    vinculada a un esquema regulatorio y normativo consecuente. La
    pertinencia en la aplicación de cada uno de los
    instrumentos va a depender de los costos administrativos, del
    monitoreo y control, de los
    objetivos específicos de política, del
    número de actores involucrados en cada proceso, la
    escala y el
    volumen de las
    operaciones, y
    de las condiciones biofísicas de los procesos.

    2.3. Equidad Social y Crecimiento
    Económico

    La alarmante brecha entre pobres y ricos, la creciente
    inequidad en la distribución del ingreso y la marginalidad de
    amplios sectores en los países emergentes, deben
    constituir la primera preocupación en el marco de una
    adecuada administración gubernamental, no
    sólo porque es parte de su razón de ser
    intrínseca, sino porque la calidad del
    capital humano
    es la que determina, en última instancia, tanto el
    desarrollo interno como la posición de un país en
    el escenario económico mundial.

    Es indispensable la intervención estatal mediante
    políticas sociales adecuadas, tanto para corregir las
    asimetrías derivadas del
    funcionamiento del mercado, como para compensar las rigideces
    estructurales económicas y sociales.

    Por eso es imperativo dinamizar el crecimiento
    económico mediante avances sustanciales en materia de
    productividad
    y competitividad. Esto significa que la equidad
    social ha de convertirse en un componente inseparable del proceso
    productivo mismo, pues el logro de la calidad del
    producto que
    se requiere para elevar los niveles de competitividad
    supone la integración de criterios sociales a la
    gestión microeconómica.

    Las políticas sociales de largo plazo que se
    requieren en la fase «post-ajuste»
    macroeconómico (reformas de segunda generación) en
    particular, mediante la articulación entre
    políticas económicas y sociales requieren,
    además del apoyo técnico y financiero externo,
    recursos internos estables provenientes de medidas tributarias
    equitativas y de la reasignación de los recursos
    públicos liberados por los procesos privatizadores. En
    efecto, al definir el papel del
    Estado en la conducción de la política social para
    el largo plazo, es importante reorientar hacia sectores tales
    como educación y salud los recursos
    financieros.

    El logro de un desarrollo integrador, con equidad
    social, único capaz de asegurar la gobernabilidad, un
    crecimiento
    económico sostenible y niveles crecientes de competitividad
    para una inserción creativa en la economía global,
    implica el diseño
    de políticas específicamente dirigidas a superar el
    grave rezago social del país.

    2.4. Articulación de la política
    económica y la política social

    La articulación de políticas
    económicas y sociales es necesaria tanto en la fase de
    diseño
    como en la de ejecución y evaluación. Esta articulación de
    políticas requiere, por otra parte, la incidencia
    creciente de grupos
    organizados de las poblaciones-objetivo a
    través de canales de participación que vayan
    convirtiéndolas en actores soberanos, condición sin
    la cual es impensable la superación de la
    pobreza.

    La descentralización administrativa en el
    diseño
    y ejecución de políticas, dotada de los recursos
    necesarios, es otro instrumento fundamental para la
    articulación entre los objetivos macroeconómicos y
    las necesidades sociales: es importante tomar en cuenta y
    conciliar la tensión entre la indispensable continuidad de
    las políticas y el valor del
    enfoque de conjunto, propios de la gestión centralizada, y
    la riqueza de la diversidad, de la participación y
    el
    conocimiento inmediato de los problemas,
    propios de la gestión descentralizada.

    Asimismo, las políticas internas deberían
    consolidar la apertura económica y comercial mediante la
    modernización de los sistemas
    financieros: el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que
    brinda la globalización y la apertura implica disponer e
    sistemas
    financieros nacionales adecuados.

    El objetivo de
    todos los procesos de reforma de los sistemas financieros es
    garantizar que los sistemas financieros nacionales alcancen el
    mayor grado de eficiencia posible. El sector financiero, con sus
    políticas e instituciones públicas y privadas,
    debería adaptarse al ritmo de apertura de la
    economía en su conjunto, constituirse en una herramienta
    de las políticas macroeconómicas y sectoriales y
    asumir su función de movilizador confiable de capitales
    dentro y fuera del país.

    La experiencia de América
    Latina y el Caribe ha demostrado que la modernización
    de los sistemas financieros implica conciliar la apertura y la
    desregulación con la definición de normas y el
    establecimiento de eficientes mecanismos de supervisión para paliar los efectos
    negativos de la volatilidad de los flujos de capital.

    En efecto, a la luz de los
    resultados en distintas latitudes, la primera lección
    «universal» de los procesos de apertura financiera se
    refiere a la necesidad de un contexto macroeconómico
    estable: es indispensable controlar los déficit fiscales y
    la tasa de inflación antes de proceder a la apertura de
    los mercados de capital.

    La segunda lección fundamental se refiere a la
    calidad de los
    mecanismos de supervisión del sector financiero en el
    contexto de una liberalización. Si bien la
    modernización del sistema
    financiero generalmente implica atracción de capital
    foráneo, hay que tomar en cuenta el revés de la
    medalla: la apertura puede también ser fuente de una mayor
    deuda externa
    privada, al facilitar el acceso directo a las fuentes de
    financiamiento externo en divisas, y sobre todo, fuente de
    capitales especulativos de corto plazo que no generan inversiones
    productivas para los países emergentes.

    El manejo de las transacciones especulativas y el
    fomento del ahorro interno
    y de la inversión productiva (nacional y extranjera) de
    largo plazo, son temas aún poco considerados en los
    programas de
    cooperación multilateral o bilateral, donde
    deberían formar parte integrante del apoyo a la
    modernización del sector financiero y al desarrollo de los
    mercados de capital nacionales.

    En este marco, una política que se ha convertido
    en la columna vertebral de cualquier proceso de apertura y
    modernización se refiere a fomentar el ahorro interno
    y la inversión extranjera directa como fuentes
    fundamentales del desarrollo: América
    Latina y el Caribe sigue teniendo tasas de ahorro interno
    muy bajas y flujos de inversión extranjera directa
    relativamente reducidos, en comparación con los flujos de
    capital «golondrina».

    El concurso de mayores recursos, tanto nacionales como
    extranjeros, específicamente vinculados a los procesos
    productivos, reduciría la vulnerabilidad de la
    economía ante la globalización, las turbulencias de
    los mercados de capital y la disminución de los flujos de
    origen multilateral y bilateral. Además de medidas
    puntuales e incentivos tanto
    para el ahorro interno
    como la inversión directa, nuevamente cabe reconocer el
    papel del
    marco macroeconómico estable como primer requisito
    general.

    Asimismo, el fomento del ahorro interno requiere un
    cambio en la
    mentalidad de los consumidores y los demás agentes
    económicos. Como se ha señalado anteriormente, el
    fomento del ahorro interno debería ser incluido, como un
    complemento indispensable, en los procesos de
    modernización de los sistemas financieros y de desarrollo
    de los mercados nacionales de capital.

     

     

    Autor:

    E-mail:

    Profesión: Economista

    Edad: 34 años

    Ocupación: Servidor
    Público del Ministerio de Desarrollo
    Sostenible y Planificación de Bolivia.
    Cooordinador del área de políticas
    macroeconómicas en la Unidad de Estrategias

    Profesor de Macroeconomía en la Universidad
    Católica Boliviana

    Profesor de Economía Latinoamericana en la
    Universidad
    Nuestra Señora de La Paz

    Experiencia como consultor en varios organismos
    internacionales (NN.UU., GTZ, BID)

    Título del Trabajo: Lineamientos para una
    Estrategia Macroeconómica

    Categoría del Trabajo:
    Economía

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