Los países emergentes hacia la
Globalización en el contexto de una Economía Social de
Mercado
RESUMEN EJECUTIVO
La globalización y liberalización
económica implican que los procesos de
formulación de las políticas
internas y externas ya no pueden atenerse a los patrones ni a los
actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel de
varios instrumentos, ya no hay el mismo nivel de control nacional
sobre decisiones que tienden a ser supranacionales. Por
consiguiente, tanto en lo interno como en lo externo, una
estrategia
«post-ajuste» macroeconómico, basada en los
elementos señalados, implica avanzar hacia un nuevo
modelo de
desarrollo
para los países emergentes cuyos lineamientos apenas se
empiezan a esbozar en términos conceptuales y a medida que
la práctica produce enseñanzas.
La evolución económica y social que se
ha registrado desde principios de la
década parece indicar que conviene definir e instrumentar
una «gobernabilidad económica» para
países emergentes que reuniría dos condiciones
simultáneas: por una parte, responder a los retos internos
y externos planteados por la
globalización; por otra, buscar los «puntos de
anclaje» nacionales y regionales que puedan articularse con
la apertura global, consolidarla y legitimarla.
En el ámbito interno, la gobernabilidad
económica que los países de la región
buscarían definir como marco global para sus estrategias
nacionales de desarrollo
incluiría, en primer lugar, la reducción de
la pobreza y
el desarrollo
social, mediante políticas
sociales de largo plazo y consistentes con las políticas
macroeconómicas.
Otras prioridades indispensables en la visión
global requerida por la gobernabilidad económica
incluirían el desarrollo
institucional (es decir, la capacidad del Estado de
diseñar e instrumentar políticas
adecuadas en todos los campos, mediante una administración
pública profesional, confiable y capacitada), el apoyo
a la competitividad
de las empresas (que
incluye las políticas
de desarrollo
tecnológico) y el desarrollo
sostenible (es decir, la articulación del crecimiento
económico con la equidad social y el uso racional de
los recursos
naturales.
En el ámbito externo, la gobernabilidad
económica debería centrarse en un objetivo
general: una adecuada inserción en la economía mundial como
instrumento del desarrollo
nacional y regional. Esa inserción implica lograr una
apertura económica balanceada entre las presiones del
contexto externo y las necesidades internas, y prepararse a
negociar nuevos temas y nuevas alianzas. Como complemento, los
países emergentes deberían participar activamente
en la gestación de una gobernabilidad del sistema
económico internacional.
Un elemento central que integraría el concepto de
gobernabilidad económica internacional se refiere al buen
manejo e los tres pilares de la economía mundial:
moneda, finanzas y
comercio.
Introducir estabilidad y justicia en
estas tres áreas y considerarlas como un todo,
sería la mayor contribución que puedan realizar los
países para apoyar sus estrategias de
apertura y modernización. En efecto, la
globalización maximiza los efectos de las turbulencias
del sistema
económico mundial. Por consiguiente, pone de relieve la
necesidad de normas e instituciones
que regulen el funcionamiento de dicho sistema, en
beneficio de todas las economías del planeta. En otros
términos, también debería poder generar
gradualmente un consenso en torno a normas de
conducta para
la gestión
de la economía mundial, que tengan en cuenta el
necesario equilibrio
entre los papeles respectivos de los Estados y del libre mercado.
Es evidente que, mientras más rápido se
produce la integración en el proceso de
globalización, mayor es el grado de
vulnerabilidad de las economías en desarrollo frente al
exterior si no han logrado consolidar su capacidad de
adaptación. Por lo expuesto, los objetivos del
desarrollo
económico y social no deberían estar
únicamente centrados en lograr acelerados niveles de
crecimiento, sino más bien en obtener niveles de
crecimiento estable e integral, que puedan mantenerse en el
mediano y largo plazo.
Esto es particularmente importante si se reconoce la
incertidumbre que está implícita en la
globalización económica y si se recuerda que
existe una marcada diferencia entre las condiciones y
posibilidades que tienen los países industrializados y los
países en desarrollo para aprovechar las oportunidades y
manejar los riesgos de
la
globalización. No solamente es inequitativa la
distribución geográfica de los
beneficios atribuidos a la globalización -por razones estructurales-,
sino que es muy variable según las coyunturas.
En la historia de la
industrialización, y más específicamente, en
la historia de
países emergentes en las últimas décadas,
los períodos de crecimiento con equidad y estabilidad han
sido más la excepción que la norma. Mientras tanto,
la globalización se ha acelerado e
intensificado en todas sus manifestaciones, en particular, en
cuanto a tres asimetrías que frenan el desarrollo y que
requieren atención inmediata mediante políticas
nacionales e internacionales eficientes y articuladas entre
sí: (i) la pobreza y la
creciente brecha entre pobres y ricos; (ii) el atraso
tecnológico, informativo y educativo en comparación
con las exigencias de siglo XXI; (iii) el acceso a fuentes de
financiamiento productivas y estables
Para que pueda hablarse del éxito de un sistema
económico, es requisito fundamental que se distribuya las
funciones
entre el Estado y el
sector privado, en forma balanceada y con criterios
convincentes.
De esta manera la interacción de la variable
económica con la social y la ambiental posibilitará
en el marco del Desarrollo
Sostenible y dado el contexto de una Economía Social de
Mercado un
entorno propicio para el diseño
de políticas de carácter global que contribuyan a
la apertura de países emergentes, hacia un contexto
globalizador donde las señales internas a través de
la estabilidad y crecimiento repercutan en el impulso del
desarrollo productivo y sobre todo social.
1. Los problemas
actuales del desarrollo en una economía
global
Los procesos de
globalización y liberalización, que
involucran a la vez la evolución de los Estados y del sistema mundial
en su conjunto, han sido ampliamente comentados y analizados en
todas sus vertientes y consecuencias (financieras, comerciales,
tecnológicas, culturales, etc.). América
Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que más
ha experimentado los efectos de dichos procesos en
los últimos diez años, y que sigue avanzando en los
ajustes internos y externos generados por la
globalización.
A la complejidad de los cambios que se derivan de las
transformaciones del sistema mundial se añaden los cambios
que individualmente llevan a cabo los países
latinoamericanos y caribeños: los procesos
internos y externos se acumulan e interrelacionan, planteando una
serie de ajustes en todos los niveles y sectores
económicos y sociales, así como nuevos retos,
simultáneos, para su gestión
nacional e internacional.
En efecto, la experiencia de la región
está demostrando que los esfuerzos de modernización
y apertura emprendidos unilateralmente necesitan, para traducirse
en beneficios amplios y permanentes, de ajustes paralelos en el
contexto externo, para minimizar el riesgo de
crisis o
inestabilidades exógenas: la apertura comercial de cada
uno de los países de la región requiere consolidar
y, en algunos casos, profundizar los resultados de la Ronda
Uruguay;
asimismo, la apertura de los sistemas
financieros nacionales requiere una mejor gestión
de los flujos de capital a
nivel internacional.
La mayoría de los análisis coincide en señalar que la
incertidumbre y la inestabilidad seguirán caracterizando
los procesos de
globalización y su impacto. Hay también
coincidencia en destacar que la principal consecuencia para los
países emergentes, es la permeabilidad ante la amplitud de
los cambios, la cual, a su vez, puede expresarse -en
términos negativos- en un alto grado de
vulnerabilidad.
Esto significa que el impacto de los cambios puede ser
positivo o negativo, es decir, que la apertura puede traducirse,
por ejemplo, en oportunidades de exportación o inversión, al igual que convertirse en
riesgos, como lo
demuestra la volatilidad de los flujos de capital, en
particular en la experiencia de América
Latina y el Caribe. Es la calidad de los
ajustes -tanto a nivel nacional como internacional- la que
determina la diferencia entre un balance positivo o negativo,
entre el aprovechamiento de la oportunidad o el costo del
riesgo.
Resulta difícil dar una definición
satisfactoria de la globalización y liberalización,
pero se pueden detectar tres tendencias principales que abarcan
el conjunto de los procesos de cambio, y que
inciden directamente sobre cualquier política o estrategia de
desarrollo:
– la multidisciplinaridad e interrelación entre
los temas que conforman la agenda económica y
social;
– la importancia creciente de nuevos actores
-además del Estado y de
los organismos internacionales- y la tendencia a reforzar, a
nivel internacional, las acciones de
tipo supranacional;
– la aceleración de los cambios en todos los
ámbitos de la actividad económica, y por ende la
dificultad de diseñar políticas para el largo
plazo.
2. Políticas y estrategias
para el futuro
Esas tendencias implican políticas y estrategias de
desarrollo internas y externas flexibles pero con objetivos
claros, tanto en el plano microeconómico (es decir, a
nivel de la gerencia de
las empresas) como en
el macroeconómico (cuya responsabilidad le incumbe al gobierno). Los
elementos claves de dichas políticas y estrategias se
comentan a continuación:
2.1. Políticas a nivel
interno
La estabilidad macroeconómica es un requisito
indispensable para el crecimiento
económico, el desarrollo del sector privado, la
atracción de la inversión nacional y extranjera, el
control de la
inflación, la eficiencia de las
políticas sociales y la disminución de la pobreza. En
otros términos, le corresponde al gobierno
proporcionar el «telón de fondo» estable y
apropiado para que las acciones
sectoriales, públicas y privadas, se maximicen en pro de
un desarrollo integral.
El Estado tiene
un nuevo papel, que
implica asumir plena y eficientemente su responsabilidad, en particular en materia del
Desarrollo
Sostenible que contextualiza al crecimiento
económico la equidad social, la gobernabilidad y
desarrollo institucional, e indudablemente lo que significa la
transformación productiva hacia un mejor desarrollo
tecnológico, según los lineamientos que se comentan
a continuación:
2.2. Elementos sustanciales de la Economía
Social de Mercado
La Economía Social de Mercado es un
sistema abierto, en cuanto al resultado económico, al
surgimiento de nuevos valores, a la
solución de nuevos problemas,
abierto en cuanto al horizonte del tiempo. Esta
apertura del sistema, hace imposible definir
específicamente "el" papel del
Estado en este
contexto y por ende, éste tiene que ser redefinido
permanentemente.
Los elementos sustanciales de este sistema
son:
– Libertad de
decisión individual para empresarios, trabajadores y
consumidores; concretamente, ello significa, por ejemplo,
libertad
contractual, decisión individual de inversiones
empresariales, libre elección del lugar y puesto de
trabajo, del lugar de educación y soberanía del consumidor.
– El mecanismo de precios y
competencia,
como el instrumento sobresaliente para coordinar y dirigir los
planes y preferencias individuales. Los precios en
los mercados de
bienes,
factores y capital, o
sea el precio de
los bienes, los
salarios,
intereses, alquileres y arrendamientos, son los indicadores
primarios para las decisiones de los oferentes y
demandantes.
– Una libre formación de los precios en
los mercados, es
decir, sin intervenciones del Estado. En
el caso de la formación de los precios en
el mercado
laboral, se
cuenta con una especial seguridad
jurídica y la autonomía salarial.
– Propiedad
privada sobre los bienes de
consumo e
inversión, como condición
necesaria para la
motivación individual, pero también para
asumir la responsabilidad por decisiones
equivocadas.
– Una política
monetaria orientada a la estabilidad del nivel de precios, con
el fin de crear las condiciones necesarias para realizar las
decisiones a largo plazo de los participante del mercado, en
especial el caso de las inversiones,
y reducir las desventajas sociales que ocasiona la
inflación.
– Una relación equilibrada entre la eficiencia
económica de los mercados y
la redistribución estatal.
– La política de
ordenamiento del Estado, con la cual se establece el marco
general para el accionar individual, empero, sin intervenir en
el proceso de
toma de
decisiones de los individuos.
2.2.1. Lineamientos
Macroeconómicos
Las políticas monetarias, financieras y fiscales
deberían mantener su orientación a la
consecución de la estabilidad macroeconómica
sustentando la inflación dentro de un rango adecuado al
crecimiento pero a la vez dirigidas a la promoción de la inversión de los sectores productivos y de
servicios.
Debería ejecutarse un programa
macroeconómico de mediano plazo que garantice una
inflación de un dígito y la tendencia hacia la
eliminación del déficit del sector público
no financiero.
La estabilidad se manifestaría en la
transformación productiva que reactive a la
economía con un programa de
reestructuración y financiamiento
para lograr una economía sólida en el largo plazo,
como forma de alcanzar un aumento permanente de los niveles de
ingreso de los países.
Con el crecimiento del aparato productivo, la estrategia en su
proceso
perfectible, aspira a que las economías alcancen un
crecimiento promedio de por lo menos un 5%, garantizando la
seguridad
alimentaria, una disminución continua de la
desocupación e iniciando la superación de la
profunda desigualdad en la distribución del ingreso.
Un tercer componente manifiesta la necesidad de
introducir cambios en el orden institucional que particularmente
está referido al impulso que debería darse a
cambiar el marco institucional en el que se desarrolla la
actividad económica, fundamentalmente en lo que se
relaciona con las finanzas
pública y el sector externo.
Las reformas en las finanzas
públicas deberían estar orientadas a consolidar
un adecuado nivel de ingresos a los
Gobierno que les
permitan financiar el programa de
desarrollo, manteniendo el equilibrio
fiscal para no
provocar presiones inflacionarias y que garantice ingresos
crecientes.
Asimismo, la modificación de la forma en que se
elabora y ejecuta el presupuesto
establecería vínculos mas estrechos entre el
gasto
público y las prioridades de desarrollo en cuanto
inversión pública,
reestructuración y reactivación de los sectores
productivos y el gasto en las áreas sociales, garantizando
transparencias en el uso de los recursos.
En cuanto al sector externo, este, debería
conducirse hacia importantes modificaciones en el régimen
de aduanas, en las
instituciones
que se relaciones con la actividad de exportación y en el servicio
exterior , para ponerlo a disposición de las promoción de las exportaciones en
el contexto de la globalización.
El elemento central del contexto económico se
vería conjuncionado con la articulación de la
variable social a través de la equidad en el marco que
establece una economía social de mercado. Los lineamientos
macro señalan la priorización de la
asignación de
recursos para cubrir los servicios que
se prestan a través de las áreas sociales que como
educación,
salud, agua potable,
alcantarillado y vivienda, entre otros, contribuirían a
elevar el nivel de vida de la población.
De lo anterior se deduce que la prioridad de la
consecución de la Estrategia (o
Plan),
sería elevar significativamente la participación
del gasto social como porcentaje del PIB. Esta
decisión tiene una importancia estratégica de largo
plazo, pues
al incrementar las capacidades humanas y el bienestar
personal se
está asegurando un mayor nivel de desarrollo
futuro.
2.2.2. Política
Monetaria y Financiera
Las políticas monetaria y financiera
complementarían, no sustituirían, las soluciones
estructurales, y conducirían hacia la estabilidad
monetaria y la disminución de las tasas de interés
para dinamizar la inversión de los sectores productivos y
los servicios, al
tiempo que se
requerirían medidas que incentiven la utilización
del crédito
de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias y
financieras, se buscaría la forma de:
Disminuir el encaje legal con el objetivo de
disminuir la tasa de interés.
Promover y ordenar el mercado de
capitales, que regule la emisión y comercialización de títulos de
valores.
El Estado
sería el encargado de proveer de toda la normatividad
jurídica para su expansión.
Implementar una política de
inversión productiva estimulando el ahorro interno
en el país.
Implementar una política de
inversión extranjera, en la perspectiva de atraer
capitales hacia la inversión productiva.
Comprar y vender la deuda en los mercados
secundarios.
Emitir bonos de deuda
por cuenta del Banco Central
garantizados por los organismos internacionales.
Eliminar las distorsiones y las medidas discriminatorias
hacia las exportaciones
tradicionales.
Flexibilizar las normas que rigen
las instituciones
financieras de forma tal que los sectores productivos y la
mediana y pequeña empresa puedan
acceder a los créditos de la manera comercial.
Llevar a cabo la reforma institucional del sector
financiero que implica por un lado, el fortalecimiento de la
capacidad técnica de las instituciones
supervisoras, para la eficiencia de su
función de control del
sistema bancario; y, por otro, la autonomía e independencia
del Banco Central de
las decisiones del Poder
Ejecutivo.
2.2.3. Política
Fiscal
En los últimos años los países han
manifestado la necesidad de eliminar o disminuir el
déficit fiscal,
partiendo de la contracción de los gastos del
gobierno hacia
los servicios
sociales y del aumento de la deuda interna.
El equilibrio
presupuestario se ha logrado no sólo con el aumento de los
gastos de
salud, seguridad
social y educación la
disminución de las transferencias y la readecuación
de la administración
pública; sino manteniendo bajos los niveles
salariales, en relación con la capacidad adquisitiva de la
moneda y en todo caso a través del traspaso de las
empresas del
Estado al sector privado.
La política
fiscal debería orientar a:
Mantener el equilibrio
fiscal.
Aumentar los ingresos fiscales
mediante una gestión
diáfana y pulcra en el manejo de los recursos.
Evitar las evasiones fiscales, considerando que el
impuesto es el
instrumento redistributivo por excelencia, si se emplea
juiciosamente.
Modificar la composición de los ingresos y
gastos dentro del
Presupuesto de la
Nación y evitar el manejo discrecional que actualmente le
permite ésta al Poder
Ejecutivo en especial la gestión
de los gastos
reservados.
Reorientar el gasto público, hacia las
áreas sociales de salud, seguridad
social, educación,
focalizando los servicios
hacia los sectores sociales más vulnerables de la población, con lo cual se reducirán
los niveles de pobreza de la
población.
Instaurar la disciplina
fiscal,
mediante una administración eficiente de las
recaudaciones y la reestructuración del gasto
público.
Aplicar una firme política de austeridad y
prudencia en el manejo de las finanzas del
gobierno
central.
Elaborar ajustes para hacer de la política
tributaria el instrumento idóneo para desmotivar el
consumo, e
incentivar la inversión.
Implementar una política
fiscal con criterio no solamente recaudador, sino de distribución del ingreso.
Compatibilizar la carga tributaria con la
atención a los servicios que demandan los distintos
grupos
sociales.
Eliminar los regímenes impositivos de privilegio
para que las ventajas competitivas no se sesguen en favor de
ciertas actividades económicas y en desmedro de otras,
cuando técnica ni económicamente así se
justifiquen.
Deberán ser liberadas del pago de impuestos
directos, las personas que se encuentren en niveles de pobreza.
2.2.4. Política de Inversión
Extranjera
La falta de reglas claras, la burocracia
estatal, la corrupción
administrativa, están determinando un ambiente poco
confiable para la inversión extranjera, por lo que es
necesario entonces definir una política clara y precisa
que estimule este tipo de inversión, por lo que se
debería propugnar:
Incentivar la inversión extranjera, mediante la
aplicación de la Leyes de
Inversión Extranjera y garantizar reglas claras en cuanto
a los derechos y
obligaciones
de los inversionistas en el país.
Estimular la inversión extranjera asociada a la
transferencia de tecnología, la
diversificación de la producción, la creación de nuevas
fuentes de
trabajo, la generación de divisas, la expansión y
diversificación del mercado y salarios
adecuados en el contexto del desarrollo
sostenible.
Garantizar que la inversión extranjera sea
compatible con las Leyes o
reglamentos sobre el Medio
Ambiente.
Requerir la información necesaria para el uso de
financiamiento
externo para fines de registro,
control y
seguimiento, independientemente de las condiciones del mercado
financiero del país en el que se haya contratado el
crédito.
Evitar la fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento
de tasas de interés
ligeramente superiores a la tasa de interés
externa nominal.
Evitar la incertidumbre de inestabilidad
macroeconómica o perspectivas de depreciación en el tipo de
cambio, con una política
monetaria y fiscal
coherente.
Evitar medidas económicas que puedan disminuir la
tasa de retorno de sus activos
financieros en el país.
Prohibir inversiones
extranjeras en desechos tóxicos o sustancias radioactivas
no producidas en el país, así como en actividades
que afecten la salud, el agotamiento de los
recursos
naturales, el equilibrio
ecológico y, en general, del medio ambiente
y la calidad de
vida.
2.2.5. Política de Fomento y
Diversificación de las Exportaciones
A finales del siglo XX la globalización y las
nuevas condiciones de producción masiva exigen una renovada y
flexible división internacional del trabajo.
La competencia
basada en la productividad del
trabajo no sólo significa "saber cómo hacer", en el
plano productivo, sino "cómo vender lo que se produce" en
el mercado mundial y, sobre todo, "cómo buscar y conservar
un mercado".
Los países emergentes están en la
obligación de lograr un crecimiento significativo de sus
exportaciones de
bienes y
servicios de forma tal que pueda financiar sus compras en el
extranjero y lograr una mejor distribución del ingresos para los
cual se propone:
Garantizar una política macroeconómica,
que asegure estabilidad a la inversión de los sectores
económicos nacionales.
Garantizar una política cambiaria que permita un
mercado de tipos de cambio
fluctuantes en el que el Banco Central
intervenga periódicamente para evitar o prevenir
oscilaciones desmedidas del tipo de
cambio.
Aumentar y diversificar las exportaciones de
bienes y
servicios, mejorando los niveles de productividad y
eficiencia.
Incorporar nuevos referentes tecnológicos tanto
al proceso
productivo como al proceso de
comercialización, tomando en cuenta no
sólo la demanda
interna como sobre todo la externa, para evitar la
disminución de los precios internacionales.
Afrontar la competencia
internacional, estimulando el incremento de la productividad.
Definir un marco jurídico e institucional, que
garantice seguridad y
confianza a los inversionistas.
Aprobar Leyes o
reglamentos de promoción de exportaciones, en
los cuáles se revisen los mecanismos de importación
vigentes, los trámites aduanales y portuarios.
Impulsar la aprobación de un leyes o normas en contra
de las prácticas desleales del comercio en el
comercio
internacional
Establecer Fondos de financiamiento
a la actividad exportadora.
Establecer un Seguro de
Crédito
a las exportaciones.
Establecer un régimen de exención temporal
de los impuestos
aduanales para la importación de materias primas, productos
semielaborados, insumos y partes.
Implementar un esquema de reembolso tributario, para
compensar las distorsiones que en el orden de los precios
relativos introduce el régimen tributario y algunas
medidas para-arancelarias que surten el efecto de impuestos que
gravan a la actividad exportadora, socavando su competitividad.
Buscar fondos y canalizarlos hacia los sectores
productivos.
Elevar la capacidad negociadora de los diferentes entes
económicos y mantener un adecuado nivel de
protección arancelaria, compatible con la necesidad de
propiciar la inserción en los diferentes esquemas de
integración.
2.2.6. Instrumentos Macroecónomicos para la
Política Ambiental
Desde la perspectiva del sistema económico, los
problemas
ambientales se pueden interpretar convenientemente como
resultado de fallas en los mercados,
carencia de información, diseños institucionales
y de política, que se traducen en la transferencia de
costos de quienes
los provocan hacia otros sectores de la sociedad o
incluso, a las generaciones futuras. Dicho de otra forma, los
problemas
ambientales son externalidades que deben
corregirse.
La corrección de estas externalidades equivale a
lograr que quienes generan costos a
daños ambientales los asuman, lo cual puede lograrse a
través de diferentes medios, como
el establecimiento de regulaciones y su aplicación
coercitiva, el convencimiento y la cooperación, o bien, a
través de instrumentos económicos, o una
combinación adecuada de ellos.
La promoción de la internalización de
costos
ambientales por medio de instrumentos económicos, tiene
como propósito que los agentes reciban señales
adecuadas desde el sistema de precios e incorporen entre sus
objetivos o
funciones de
bienestar, motivaciones permanentes para hacer un manejo
sustentable de los recursos
naturales y para reducir la generación de
contaminantes y residuos y con ello, los efectos ambientales
negativos inherentes. El logro de ese propósito implica
diseñar e instrumentar un mecanismo automático de
corrección que puede operar con una intervención
mínima de parte de la administración
pública o de la autoridad
reguladora.
Los instrumentos económicos pueden requerir, para
su plena eficacia y
eficiencia,
valuar costos
ambientales como premisa para la internalización, o bien,
pueden operar a partir de umbrales, arrojando como resultado
precios que incorporen plenamente costos sociales.
De ahí, la importancia de adoptar y aplicar
metodologías de evaluación
económica para el ambiente, que
han sido utilizadas con cierto éxito en otros
países, así como desarrollar otras
nuevas.
Los instrumentos económicos presentan ventajas
que los hacen atractivos e indispensables en la confección
de políticas públicas en materia
ambiental.
- Permiten cumplir con objetivos
ambientales a un costo social
mínimo. - Dan flexibilidad a los agentes económicos en
la toma de
decisiones. - Reconocen y aprovechan las diferentes estructuras
de costos incrementales que enfrentan distintas empresas,
procesos y tecnologías. - Promueven la innovación tecnológica y la
minimización de impactos ambientales. - Pueden significar un mecanismo automático para
el financiamiento de la infraestructura,
operación de sistemas y
manejo de recursos
comunes ambientales. - Pueden generar ingresos fiscales que apoyen programas de
protección ambiental. - Generalmente implican bajos costos administrativos o
de transacción, aprovechando las instituciones existentes sin necesidad de crear
nuevas burocracias. - Permiten compatibilizar objetivos de
política
económica con objetivos de política
ambiental. - Pueden ser un mecanismo indispensable para llevar a
cabo un manejo eficiente de recursos
comunes ambientales.
En un marco de estrecha colaboración con
instituciones públicas y privadas se buscará
promover el diseño
de instrumentos económicos que apoyen y complementen la
regulación ambiental, tales como:
- Impuestos y derechos
ambientales. - Mercados de derechos
transferibles. - Sobreprecios para generar fondos en fideicomiso.
- Sistemas de depósito-reembolso.
- Fianzas y seguros.
- Derechos de uso de recursos e
infraestructura. - Contratos privados.
- Licitaciones en el sector público.
- Derechos de propiedad.
- Concesiones.
Obviamente, ningún instrumento económico
es útil en todo tiempo, proceso y
lugar. Cada uno requiere ser utilizado de manera ponderada en
diferentes etapas, mercados y sistemas de
manejo, considerándolos siempre de manera complementaria o
vinculada a un esquema regulatorio y normativo consecuente. La
pertinencia en la aplicación de cada uno de los
instrumentos va a depender de los costos administrativos, del
monitoreo y control, de los
objetivos específicos de política, del
número de actores involucrados en cada proceso, la
escala y el
volumen de las
operaciones, y
de las condiciones biofísicas de los procesos.
2.3. Equidad Social y Crecimiento
Económico
La alarmante brecha entre pobres y ricos, la creciente
inequidad en la distribución del ingreso y la marginalidad de
amplios sectores en los países emergentes, deben
constituir la primera preocupación en el marco de una
adecuada administración gubernamental, no
sólo porque es parte de su razón de ser
intrínseca, sino porque la calidad del
capital humano
es la que determina, en última instancia, tanto el
desarrollo interno como la posición de un país en
el escenario económico mundial.
Es indispensable la intervención estatal mediante
políticas sociales adecuadas, tanto para corregir las
asimetrías derivadas del
funcionamiento del mercado, como para compensar las rigideces
estructurales económicas y sociales.
Por eso es imperativo dinamizar el crecimiento
económico mediante avances sustanciales en materia de
productividad
y competitividad. Esto significa que la equidad
social ha de convertirse en un componente inseparable del proceso
productivo mismo, pues el logro de la calidad del
producto que
se requiere para elevar los niveles de competitividad
supone la integración de criterios sociales a la
gestión microeconómica.
Las políticas sociales de largo plazo que se
requieren en la fase «post-ajuste»
macroeconómico (reformas de segunda generación) en
particular, mediante la articulación entre
políticas económicas y sociales requieren,
además del apoyo técnico y financiero externo,
recursos internos estables provenientes de medidas tributarias
equitativas y de la reasignación de los recursos
públicos liberados por los procesos privatizadores. En
efecto, al definir el papel del
Estado en la conducción de la política social para
el largo plazo, es importante reorientar hacia sectores tales
como educación y salud los recursos
financieros.
El logro de un desarrollo integrador, con equidad
social, único capaz de asegurar la gobernabilidad, un
crecimiento
económico sostenible y niveles crecientes de competitividad
para una inserción creativa en la economía global,
implica el diseño
de políticas específicamente dirigidas a superar el
grave rezago social del país.
2.4. Articulación de la política
económica y la política social
La articulación de políticas
económicas y sociales es necesaria tanto en la fase de
diseño
como en la de ejecución y evaluación. Esta articulación de
políticas requiere, por otra parte, la incidencia
creciente de grupos
organizados de las poblaciones-objetivo a
través de canales de participación que vayan
convirtiéndolas en actores soberanos, condición sin
la cual es impensable la superación de la
pobreza.
La descentralización administrativa en el
diseño
y ejecución de políticas, dotada de los recursos
necesarios, es otro instrumento fundamental para la
articulación entre los objetivos macroeconómicos y
las necesidades sociales: es importante tomar en cuenta y
conciliar la tensión entre la indispensable continuidad de
las políticas y el valor del
enfoque de conjunto, propios de la gestión centralizada, y
la riqueza de la diversidad, de la participación y
el
conocimiento inmediato de los problemas,
propios de la gestión descentralizada.
Asimismo, las políticas internas deberían
consolidar la apertura económica y comercial mediante la
modernización de los sistemas
financieros: el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que
brinda la globalización y la apertura implica disponer e
sistemas
financieros nacionales adecuados.
El objetivo de
todos los procesos de reforma de los sistemas financieros es
garantizar que los sistemas financieros nacionales alcancen el
mayor grado de eficiencia posible. El sector financiero, con sus
políticas e instituciones públicas y privadas,
debería adaptarse al ritmo de apertura de la
economía en su conjunto, constituirse en una herramienta
de las políticas macroeconómicas y sectoriales y
asumir su función de movilizador confiable de capitales
dentro y fuera del país.
La experiencia de América
Latina y el Caribe ha demostrado que la modernización
de los sistemas financieros implica conciliar la apertura y la
desregulación con la definición de normas y el
establecimiento de eficientes mecanismos de supervisión para paliar los efectos
negativos de la volatilidad de los flujos de capital.
En efecto, a la luz de los
resultados en distintas latitudes, la primera lección
«universal» de los procesos de apertura financiera se
refiere a la necesidad de un contexto macroeconómico
estable: es indispensable controlar los déficit fiscales y
la tasa de inflación antes de proceder a la apertura de
los mercados de capital.
La segunda lección fundamental se refiere a la
calidad de los
mecanismos de supervisión del sector financiero en el
contexto de una liberalización. Si bien la
modernización del sistema
financiero generalmente implica atracción de capital
foráneo, hay que tomar en cuenta el revés de la
medalla: la apertura puede también ser fuente de una mayor
deuda externa
privada, al facilitar el acceso directo a las fuentes de
financiamiento externo en divisas, y sobre todo, fuente de
capitales especulativos de corto plazo que no generan inversiones
productivas para los países emergentes.
El manejo de las transacciones especulativas y el
fomento del ahorro interno
y de la inversión productiva (nacional y extranjera) de
largo plazo, son temas aún poco considerados en los
programas de
cooperación multilateral o bilateral, donde
deberían formar parte integrante del apoyo a la
modernización del sector financiero y al desarrollo de los
mercados de capital nacionales.
En este marco, una política que se ha convertido
en la columna vertebral de cualquier proceso de apertura y
modernización se refiere a fomentar el ahorro interno
y la inversión extranjera directa como fuentes
fundamentales del desarrollo: América
Latina y el Caribe sigue teniendo tasas de ahorro interno
muy bajas y flujos de inversión extranjera directa
relativamente reducidos, en comparación con los flujos de
capital «golondrina».
El concurso de mayores recursos, tanto nacionales como
extranjeros, específicamente vinculados a los procesos
productivos, reduciría la vulnerabilidad de la
economía ante la globalización, las turbulencias de
los mercados de capital y la disminución de los flujos de
origen multilateral y bilateral. Además de medidas
puntuales e incentivos tanto
para el ahorro interno
como la inversión directa, nuevamente cabe reconocer el
papel del
marco macroeconómico estable como primer requisito
general.
Asimismo, el fomento del ahorro interno requiere un
cambio en la
mentalidad de los consumidores y los demás agentes
económicos. Como se ha señalado anteriormente, el
fomento del ahorro interno debería ser incluido, como un
complemento indispensable, en los procesos de
modernización de los sistemas financieros y de desarrollo
de los mercados nacionales de capital.
Autor:
E-mail:
Profesión: Economista
Edad: 34 años
Ocupación: Servidor
Público del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación de Bolivia.
Cooordinador del área de políticas
macroeconómicas en la Unidad de Estrategias
Profesor de Macroeconomía en la Universidad
Católica Boliviana
Profesor de Economía Latinoamericana en la
Universidad
Nuestra Señora de La Paz
Experiencia como consultor en varios organismos
internacionales (NN.UU., GTZ, BID)
Título del Trabajo: Lineamientos para una
Estrategia Macroeconómica
Categoría del Trabajo:
Economía