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Estado, industrialización y planificación en Latinoamérica




Enviado por latiniando




    Soc. josé
    angel velásquez

    Estudios de Impactos
    Sociopolíticos y Teorías
    del Desarrollo

    UDO/Esc.de Ciencias
    Sociales/Dpto. de Sociología

     

    El Estado
    Latinoamericano y la Industrialización.

    Para nosotros, el Estado
    representa la relación fundamental de dominación de
    la sociedad
    capitalista. Tal posición le permite reflejar el sentido
    de las correlaciones de fuerzas sociales principales y
    hegemónicas e imponer al conjunto de la sociedad la
    primacía de los intereses que representa. El Estado es,
    entonces, la expresión, por una parte, de un patrón
    de acumulación, que alude a las características de un modo de producción determinado por la forma de
    participación del Estado en la
    economía;
    y, por la otra, de un patrón de hegemonía, que
    apunta a la relación entre sociedad civil y
    Estado, la
    cual caracteriza las formas de dominación política y de
    legitimidad.

    Considerar al Estado como el
    centro de las decisiones políticas
    y administrativas permite suponer una gran capacidad de
    mediación, de autonomía relativa decisional y de
    instrumentación, características que se modifican en sus
    niveles y magnitud, de acuerdo con las condiciones
    históricas.

    A partir de la década de los cuarenta, en
    los países latinoamericanos comienza un proceso de
    cambio en las
    relaciones entre política y economía, que
    modifica contenidos de la ortodoxia liberal en lo referente al
    papel del
    Estado en la
    economía.
    Cambios que se van adoptando, en forma y temporalidad, de acuerdo
    con las características sociales, económicas
    e históricas particulares de cada espacio nacional
    latinoamericano.

    En concordancia con ese proceso, se
    adopta la industrialización como estrategia del
    modelo de
    desarrollo
    basado en la Sustitución de Importaciones -en
    algunos países como México,
    Brasil y del
    Cono Sur, esta modalidad de desarrollo se
    había implementado para la década de los treinta-,
    donde el Estado se
    convierte en el actor fundamental de la promoción del desarrollo y
    regulador de la distribución. Todo esto como consecuencia
    de la debilidad estructural de la burguesía
    endógena para comandar el proceso de
    acumulación. El Estado se
    ve obligado a asumir el papel que le
    corresponde al sector privado en el capitalismo
    avanzado. Por efecto de las características del proceso de
    industrialización, el Estado es
    conducido a una corporativización de su
    participación empresarial y productiva, lo que le otorga
    nuevas funciones -y al
    mismo tiempo– lo
    conduce a un proceso
    creciente de hipertrofia político-administrativa. De esta
    manera, la política
    económica se va haciendo cada vez más parte de
    la estructura de
    decisión estatal, dándole al Estado una mayor
    autonomía en relación con su entorno social interno
    y con magnitudes variables -de
    acuerdo con su capacidad de recursos
    humanos y de capital
    respecto al contexto externo. Esta situación permite que
    las decisiones públicas se conviertan en objeto de la
    competencia de
    los grupos
    económicos, o dicho en palabras de García Pelayo
    (1985: 112): «…la competencia
    económica se manifiesta inevitablemente en la competencia por
    la influencia política».

    La implantación progresiva del proceso de
    industrialización sustitutiva fue imponiendo la necesidad
    de proyectos
    nacionales que propusiesen modelos de
    desarrollo
    económico de largo alcance, en los cuales el Estado
    fuera el eje central de inversión y decisión, ya que
    aquellos dependerían de recursos
    públicos y de medidas proteccionistas. Por esta vía
    se facilitaba la transferencia de recursos
    públicos a manos privadas, convirtiéndose esta
    característica en el factor principal de la
    acumulación privada. Tal situación queda definida
    en lo que Portantiero (1981) denomina Estado Prebendalista y
    Capitalismo
    Asistido. Siendo así, el desarrollo
    económico se concreta en un proyecto
    político, en el cual el Estado ocupa la dirección central y el punto de
    concentración de los conflictos de
    las fuerzas sociales y de las aspiraciones de los sectores
    hegemónicos. Al respecto Graciarena,
    sostiene:

    «Cualquiera fuese la estrategia y
    sentido del desarrollo
    asumido, de cualquier modo el epicentro estaba siempre ocupado
    por el Estado, porque la posibilidad de este desarrollo
    dependía de una adecuada combinación de políticas promotoras del crecimiento
    productivo con políticas de vanguardia
    de los intereses sociales más fuertes.» (1990:
    51).

    Las particularidades del desarrollo y de la
    industrialización le otorgan al Estado una doble
    función, las cuales van a depender exclusivamente de los
    recursos
    públicos, de la atención a las necesidades
    sociales, y de la promoción y sostén del crecimiento
    económico, y del desarrollo del capitalismo.
    Ello conduce a un comportamiento
    contradictorio del Estado. Tal comportamiento
    termina por definir unas características impuestas por las
    fuerzas sociales, con mayor poder de
    presión corporativa para insertarse en las estructuras
    decisionales. Lo anterior implica que la incorporación de
    aspiraciones sociales en la decisión pública se
    convierte en una competencia intra
    y extra clases. Afirmación que concuerda con lo planteado
    por Altvater, Elmar:

    «El Estado no puede ser concebido, ni
    como un mero instrumento político ni como una
    institución establecida por el capital,
    sino más bien como una forma especial de cumplimiento de
    la existencia social del capital al
    lado y conjuntamente con la competencia,
    como un momento esencial en el proceso de reproducción
    social del capital».(1986:92).

    Significa esto que la división de los
    sectores dominantes en unidades de capital
    (Altvater, 1986) determina la competencia entre ellos, de acuerdo
    con el origen y el ejercicio reproductivo de la
    acumulación de cada una de esas unidades de capital.
    Así, en un momento determinado, la orientación de
    una estrategia de
    desarrollo convierte en agentes de decisión a los sectores
    del capital -financiero, comercial, industrial, etc.- que
    estén más relacionados con ella. De allí que
    la competencia entre capitalistas en el seno del Estado no se
    deba a razones productivas o de calidad, sino a
    los beneficios derivados de la influencia en la decisión
    pública. Por esto, los grupos
    hegemónicos políticos-administrativos se convierten
    en el factor decisivo de la estructuración,
    transformación y reproducción del
    Estado.

    Las características de las decisiones
    públicas, de la estructura
    económica capitalista y de las particularidades de la
    acumulación privada en Latinoamérica, determinan
    que las relaciones Estado-sociedad civil
    sean de carácter altamente excluyente. Como consecuencia
    de ello, el Estado se transforma en instrumento de
    minorías sociales y la lucha distributiva se concentra en
    los mecanismos de participación política, debido a
    que ellos conforman el instrumento de reparto del producto
    social (López Jorge, 1988: 14). Los mecanismos de
    participación política se
    convierten, en el Estado latinoamericano, en un instrumento
    fundamental para lograr la viabilidad de las decisiones
    públicas.

    Estado Latinoamericano y
    Planificación.

    Tres hitos fundamentales, en la
    bibliografía consultada, señalan la adopción
    de la planificación por el Estado
    latinoamericano: La creación de la Alianza para el
    Progreso, las asesorías y recomendaciones a los gobiernos
    de la región por parte de la Comisión
    Económica para América
    Latina (CEPAL), y la Conferencia de
    Países Latinoamericanos realizada en Punta del Este en
    1961, bajo el patrocinio de la OEA, donde,
    entre otros resultados, se hace pública la Alianza para el
    Progreso. Todas recomendaban la metodología de elaboración,
    disposición y ejecución de planes nacionales para
    abordar el desarrollo
    económico-social y obtener cooperación
    financiera.

    Siguiendo a Carlos A. de Mattos (1987), podemos
    decir que la planificación, en esta época, en
    América
    Latina, estuvo orientada por tres elementos básicos
    que le dieron concreción: El «voluntarismo
    utópico», que significó la formulación
    y construcción de planes con marcada
    inserción de la ideología del planificador y la
    identificación de ésta con planificación del desarrollo, orientada por
    la concepción estructuralista. El planificador era visto
    como agente de transformación y, como consecuencia de
    ello, tenía cierta autonomía para actuar. Esta
    concepción ocultaba la ideología e intereses de los
    sectores dominantes en la elaboración e
    implementación de las estrategias de un
    proyecto
    político o Plan Nacional y,
    por ende, en la orientación misma del proceso de planificación.

    Un segundo elemento se define como
    «reduccionismo economicista», esto es, una
    visión de la planificación, que centraba su
    atención en el análisis y tratamiento de variables
    económicas a través de instrumentos de política
    económica. Sin embargo, se dejan fuera del análisis las particularidades del proceso
    político -relacionado con los conflictos de
    interés
    dentro y fuera de la estructura
    estatal- de los distintos actores socio-políticos, debido
    a las orientaciones y efectos de la toma de
    decisiones públicas. Por último, la
    planificación estará marcada por el
    «formalismo», el cual está referido a los
    procedimientos
    y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso
    de planificación. Tal concepción dio como resultado
    la planificación por etapas, originada en organismos
    centrales de planificación. Organismos que en el tiempo expresaron
    un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas
    públicas, a tal extremo que llegaron a constituir
    «islas» en la compleja estructura
    decisional del Estado.

    La concepción de la planificación
    -basada en los aspectos anteriores- se relacionaba con la del
    Estado, difundida, fundamentalmente, por la CEPAL. Al Estado se
    le atribuía el papel
    protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien
    formulaba y llevaba a la práctica la racionalidad mediante
    un plan de
    desarrollo. A partir de esa visión, el Estado
    contenía los siguientes rasgos: Unidad y coherencia
    interna, autonomía frente a otros agentes, poder
    político y económico, capacidad
    técnico-administrativa y control de las
    relaciones externas.

    De igual manera la concepción de la
    planificación sería el reflejo de las
    características de la economía
    latinoamericana. La existencia en la región de una
    economía
    mixta, que se caracterizaba por la presencia de un sector
    público gerente de
    grandes empresas y un
    sector privado heterogéneo y con medianas y
    pequeñas empresas. Pero,
    en definitiva sería el Estado el actor principal que
    asumiría la necesidad de coordinar la desigual
    conformación de esa economía, y el que
    impulsaría su desarrollo, a través de planes que
    dieran orden a la dinámica del espacio económico y del
    proceso productivo -patrón de acumulación-.
    Además, el Estado tendría que regular las
    relaciones con la sociedad,
    mediante un proceso en el cual se determinaría la
    dominación política y la legitimidad de la
    acción estatal y del sistema en su
    conjunto -patrón de hegemonía-. En este marco, que
    caracteriza las relaciones Sociedad-Estado
    en Latinoamérica, se inserta la planificación como
    un instrumento político de intervención del Estado
    en la economía y en la sociedad. Es
    aquí donde se produce un proceso de influencias
    recíprocas entre la planificación y el contexto
    socio-político.

    Hasta épocas recientes y de acuerdo a la
    evolución y desarrollo particular de la
    participación en las estructuras de
    decisión estatal, la planificación se
    concentró en la elaboración de planes
    cortoplacistas, que daban soluciones
    técnicas a problemas
    coyunturales de balanza de pagos,
    y de planes de mediano y largo plazo, que resolverían
    desequilibrios sociales -referidos a la producción y distribución-, con la intención de
    lograr «desarrollo con bienestar» (Graciarena, 1990).
    De esta manera, la práctica de la planificación en
    Latinoamérica estaría orientada por el «deber
    ser», por la «norma» ante el cálculo
    predictivo para poner énfasis en la velocidad del
    crecimiento
    económico y -posteriormente- sobre problemas
    estructurales que lo obstaculizaban.

    Esa concepción de la actividad se concreta
    en la Planificación Normativa, la cual fue ampliamente
    difundida e inducida por la CEPAL a los gobiernos de la
    región y desarrollada por muchos organismos de
    planificación hasta la década pasada. Sin embargo,
    los objetivos del
    «crecimiento normativo» -que evadía el proceso
    social para el cual se proponía- pronto quedarían
    como decorado para los discursos y
    programas de
    gobierno del
    populismo
    latinoamericano. Tales propuestas, de carácter meramente
    demagógico, no debilitaban el entramado de relaciones
    establecidas por los actores como factores de poder que
    orientaban y dirigían las decisiones públicas, pero
    influirían de manera opuesta en la viabilidad social y
    política del proyecto de
    desarrollo propuesto. Al respecto Graciarena
    apunta:

    «… el enfoque del desarrollo
    contenía elementos utópicos cargados de
    ideología, aspiraciones voluntarias y
    tecnocráticas adscritas a una serie de objetivos
    ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a
    menos que fuese favorecida por condiciones históricas
    sobre las que actuase una resuelta voluntad
    política». (1990: 55).

    Como resultado de esa situación, el Estado
    desarrollista y sus órganos de planificación se
    convertirían en mecanismos facilitadores de privilegios y
    proteccionismo a una producción industrial que se
    transnacionalizaba por medio de los vínculos establecidos
    entre los sectores económicos nacionales con los externos.
    Estos últimos fueron quienes mayormente se aprovecharon de
    las ventajas otorgadas a la industria
    nacional, ya que estaban respaldados debido al supuesto de que
    satisfacían la demanda
    nacional y sustituían importaciones.
    Estas características de la industria
    «nacional» imposibilitarían la viabilidad
    política de cualquier propuesta autónoma que
    intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones de
    capital, reducir desequilibrios sociales originados por
    éstas, y legitimados por la orientación de las
    políticas públicas, lo que en
    palabras de Graciarena, sería:

    «… un cepalismo "asociado" que
    vinculaba cada vez más estrechamente a importantes
    sectores del capital nacional con las corporaciones
    multinacionales esfumaba la posibilidad de una respuesta
    política efectiva» (1990: 60).

    El rol asumido por el Estado en
    Latinoamérica define un contexto socio-político que
    hace posible la formulación y adopción
    de proyectos
    políticos de los sectores hegemónicos. En
    consecuencia, el Estilo de Desarrollo Nacional sólo recoge
    los intereses de un sector de la sociedad y la relación
    entre planificación y contexto socio-político se
    convierte en uniactoral y, como consecuencia, la
    planificación y el Plan de
    Desarrollo se traducen en instrumento de los intereses
    predominantes, portadores de suficientes recursos de
    poder para
    imponerlos en una dinámica histórica concreta. Por
    esta vía el Estado legítima el consenso en torno a las
    concepciones y proyectos
    asociados a determinados intereses de clase. Igualmente otorga
    una relativa viabilidad política y física, que
    entrará en contradicción con las aspiraciones y
    necesidades de las mayorías excluidas -la viabilidad
    social-.

    Algunos Condicionantes de la
    Viabilidad de los Planes de Desarrollo en
    Latinoamérica.

    El grupo de
    países capitalistas dependientes, en el cual se inscribe
    los latinoaméricanos, podría indicarnos una primera
    limitante para la ejecución de planes de desarrollo. La
    racionalidad de la acumulación capitalista condiciona la
    toma de
    decisiones nacional cuando ésta no representa una
    garantía para mantener la lógica
    del capital, independientemente de las particularidades de cada
    país. En torno a este
    plantamiento, Carlos A. de Mattos afirma:

    «…en definitiva, se trata de procesos
    conformados por secuencias de decisiones y acciones
    moldeadas y enmarcadas por las reglas del juego que
    corresponden a dicha racionalidad dominante.» (1987:
    129).

    Siendo así, el «límite de lo
    posible» para las propuestas y proyectos de
    desarrollo en Latinoamérica tiene una condicionante
    exógena posiblemente más difícil de
    modificar, que cualquier limitante de naturaleza
    endógena. Por lo que el cálculo de
    la viabilidad del desarrollo tiene que incluir factores externos
    que no dependen de la voluntad y recursos
    internos.

    Desde el punto de vista interno, la
    conformación heterogénea de la estructura del
    Estado en Latinoamérica y las marcadas divergencias en los
    intereses de los actores y sectores políticos que
    participan en la toma de
    decisiones, representa para la planificación una
    restricción que se vincula con la puesta en
    práctica de cualquier proyecto o
    plan. Si en el
    proceso de elaboración de los planes de desarrollo se
    omiten las repercusiones en el Estado, de las contradicciones y
    crisis de los
    sectores hegemónicos, éstos tendrán una
    viabilidad relativa sustentada en pactos de élites que
    generan un equilibrio
    inestable y están determinados por circunstancias
    político-económicas favorables en un momento
    determinado. De esta manera, los planes de desarrollo nacional en
    Latinoamérica no han reflejado la existencia de oponentes
    potenciales dentro y fuera de la estructura de decisión
    estatal, y tampoco la heterogeneidad de los sectores dominantes.
    Por esta razón, la viabilidad socio-política de los
    planes ha quedado limitada al corto espacio temporal de
    implementación y al reducido apoyo social a las estrategias de
    desarrollo socio-económico propuestas por el Estado en
    América
    Latina.

    En lo que respecta a la teoría,
    la concepción de los planes nacionales no ha tenido un
    basamento teórico que resalte las limitaciones que la
    realidad impone a las acciones y
    estrategias de
    ellos, y muestre la viabilidad o inviabilidad de los proyectos
    políticos que dieron origen a dichos planes. Al respecto
    Rey (1989: 83-85), plantea cuatro problemas de
    las Ciencias
    Sociales: La dificultad que tiene la predicción
    científica para impedir que los resultados sean predichos
    por las expectativas de los hombres. Las diferencias entre
    posibilidad de fundamentar -con hipótesis– los juicios acerca de la
    imposibilidad de algo y la inexistencia de elementos
    verificadores de dichos juicios. Las leyes naturales y
    las convenciones, en el ámbito de las Ciencias
    Sociales, que se consideran fijas o dadas, y que implican una
    limitante para quien necesite removerlas. Y, por último,
    la formulación de las leyes de las
    Ciencias
    Sociales, en términos probabilísticos, que
    sólo se traducen en enunciados de la baja probabilidad de
    una acción determinada, pero no en cuanto a su
    imposibilidad.

    Sin embargo, para Rey las posibilidades de
    aplicación de una teoría
    y la capacidad de producción de tecnologías sociales,
    no puden verse como efectos de las deficiencias del desarrollo
    teórico. Ello debido a que tiene que ver, por una parte,
    con la naturaleza misma
    de las variables
    utilizadas, ya que éstas son relevantes para la
    explicación o predicción pero no para su
    manipulación; y, por otra, con la dificultad de conocer y
    controlar el conjunto de variables
    relevantes y condiciones iniciales que intervienen en un proceso
    real complejo (1989: 85).

    En relación con los enfoques de
    planificación, aplicados en América
    Latina, la viabilidad de los planes de desarrollo ha estado
    limitada por no considerar el rol –objetivo o
    real- del Estado y el tipo de crisis al cual
    se ha visto sometido. Como sabemos, estos factores son
    importantes para la viabilidad del método de
    planificación y de sus propuestas de intervención
    socio-económica. Ello implica que, en contradicción
    con las condiciones necesarias para la viabilidad de la
    planificación y los Planes, se ha omitido el análisis de las relaciones entre
    Estado-planificación pero se ha homogeneizado, en el
    conjunto de Latinoamérica, el rol del Estado y la
    instrumentación metodológica de la
    planificación, obviando las características
    particulares del comportamiento
    del Estado y sus relaciones con la sociedad, de acuerdo con las
    especificidades de una determinada formación
    económico-social y sus relaciones externas. Contraria a
    esa concepción y refiriéndose a la necesidad de un
    enfoque histórico para la planificación, Giordani
    plantea:

    « La estructura económica como una
    referencia para analizar la relación entre poder -de
    los partidos
    políticos por su capacidad de presentar una
    propuesta global para la sociedad y los grupos
    económicos que expresan sus intereses a través de
    presiones específicas- y planificación y entre la
    naturaleza
    del Estado y las características de la
    planificación.» (1986: 50).

    Otra condicionante de la viabilidad de los
    proyectos políticos lo constituye el origen y contenido de
    los mismos. Siendo los planes de desarrollo la expresión
    de los sectores sociales hegemónicos en un momento
    histórico determinado, así mismo, han de contener
    los patrones del desarrollo que ellos aspiran, en concordancia
    con sus intereses y su preservación en el tiempo. Ello no
    implica que la estructura y contenido de dichos planes no sea
    susceptible de modificaciones derivadas de las
    contradicciones y lucha de intereses en la sociedad capitalista,
    pero los cambios de que puedan ser objeto no van más
    allá de reformas para sobrepasar las situaciones de
    incertidumbre y mantener el statu-quo. En este sentido, cabe
    señalar las apreciaciones de Solari, referidas por Mattos
    (1987: 130):

    «…si el sistema
    político opera por la vía de continuas y
    sucesivas negociaciones entre diversos sectores sociales, el
    proyecto
    político prevaleciente queda expuesto a cambios de
    rumbos de variable trascendencia, aunque es probable que en
    tales condiciones no exista una base u orientación
    más o menos inamovible en torno de la
    cual se producen ajustes de distinta naturaleza.»

    En este caso, la viabilidad de los planes
    está sujeta a la capacidad real, de los sectores
    dominantes, de ejercer y sostener la hegemonía sobre el
    resto de la sociedad, profundizando, si fuera necesario, el
    ejercicio del consenso y de la coacción. En palabras de
    Gurrieri, esto no sería otra cosa que la «capacidad
    de gobernar», que deben tener todos aquellos que ejerzan
    funciones de
    gobierno.

    Los planteamientos antes expuestos no significan,
    en modo alguno, un marco rígido de impedimentos
    permanentes para el logro de la viabilidad de los planes de
    desarrollo en América
    Latina. Son, más bien, señalamientos que no
    pueden ser desdeñados a la hora de proponer y establecer
    parámetros y variables para
    el cálculo
    de viabilidad en cualquiera de sus dimensiones -física,
    institucional, social, económica o política-. Sin
    embargo, serán las condiciones particulares de la dinámica de los sistemas sociales
    y las circunstancias concretas del desarrollo histórico de
    la sociedad latinoamericana, las que podrán determinar las
    características y orientaciones necesarias que
    habrán de asumir el cálculo y
    la búsqueda de viabilidad de los planes nacionales de
    desarrollo.

    Referencias

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    . IDEA,Caracas.

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