Un análisis de las consecuencias políticas, económicas y sociales
del Proceso de
Reorganización Nacional de Argentina
- 1.
Introducción - 2. El contexto de la
época
- 2.A. Contexto
Internacional - 2.B. Contexto
Nacional
- 3. Diagnóstico de los hombres del Proceso
- 4. El Proceso
- 4.A. Aspecto
político - 4.B. Aspecto
económico - 4.C. Aspecto
socio-cultural
- 5. Estado del
país al término del PRN - 6. El Gobierno de
Alfonsín - 7. El Gobierno de
Menem - 8. Conclusiones finales
- 9. Bibliografía
Cuando recordamos al Proceso,
pensamos en los desaparecidos, la plata dulce, la guerra de
Malvinas, etc. Lo que mucha gente no sabe, es que estos
hechos y muchos más fueron piezas de un macabro
rompecabezas destinado a reformar, o reorganizar a la
Argentina, para
volver a convertirla en un país agroexportador con
participación política
restringida a una élite. Los hechos destacados
anteriormente son los resultados de las medidas tomadas para
convertir a este país altamente movilizado y con el
ingreso muy distribuido en una granja productora de materias
primas de riqueza concentrada.
Estado Terrorista y modelo
económico neoliberal fueron las dos caras de una misma
moneda: el ejército se encargó de destruir
físicamente las bases de apoyo y resistencia de
los sectores progresistas, sindicatos y
organizaciones
de izquierda, y Martínez de Hoz se ocupó de
acabar con sus fuentes de
alimentación: el Estado
Benefactor y la industria. Y
"si la industria
sobrevivía a su ataque, era probable que lo lograse en
bloques aún más concentrados".
Lo que intentaré demostrar es que
el Estado
terrorista ha pasado, y no hay perspectivas de que vaya a
volver, pero sus consecuencias están entre nosotros:
dependencia, caída del salario
real, desocupación, concentración
económica, desindustrialización,
etc.
Desde la segunda posguerra el mundo vivió
dos décadas de bonanza económica que hicieron
creer que el crecimiento sostenido indefinido era posible. El
consenso keynesiano imperante en el momento permitía una
alta redistribución hacia los sectores de bajos recursos,
necesario para poder
consumir la gran cantidad de productos
generados por el fordismo.
Sobre fines de la década del ‘60 y
principios
del ‘70 se empezó a frenar este ritmo de
crecimiento, y el mundo se sumó en una recesión,
sacudido por crisis
múltiples: energética, de productividad,
del Estado
Benefactor, etc. El capitalismo
debió transformarse para fortalecerse y surgió un
nuevo patrón tecnológico-productivo, que a su vez
provocó una mayor concentración de capitales
necesaria para afrontar estas transformaciones. Es en esta
época en que comienza a agrandarse la brecha entre ricos
y pobres, contrarrestando el efecto de acercamiento de las
décadas pasadas. Los sectores conservadores toman
fuerza
cuestionando la ineficiencia del Estado
distribucionista y así ascienden los gobiernos de
Margaret Tatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en
EEUU.
A mediados de la década del ‘70, el
mundo industrial enfrentaba dos problemas:
la sobreabundancia de petrodólares, producto de
la crisis del
petróleo de 1973, y el exceso de stock
por la recesión mundial. Alguien encontró la
solución: se concederían préstamos a bajo
interés a los países periféricos para que comprasen
mercaderías importadas. Desde 1975 hasta 1981 la
deuda
externa de América
Latina creció un 25% anual, representando en
1982 el 80% del PBI de la
región.
Además de destruir con las importaciones
gran parte de la industria
nativa, el producto de
la deuda externa
fue una mayor dependencia de los países deudores con
respecto a sus acreedores, que cada vez con más poder
pudieron decidir y vetar las políticas económicas
periféricas que no convenían a sus intereses.
También las multinacionales; Jacqes Maisonrouge,
ex-presidente de la IBM, afirma "¿cómo puede un
gobierno
nacional establecer un plan
económico con un mínimo de confianza, si un
Consejo Directivo reunido a ocho mil kilómetros puede
estar modificando la política de
compras o de
producción de un modo que debe afectar
fundamentalmente la vida económica de un
país?".
Desde la muerte de
Perón el
1º de julio de 1974 y la asunción de su esposa
María Estela Martínez bajo la conducción
derechista de López Rega, el país se fue
sacudiendo cada vez más. El frente peronista se
fracturó y la actividad guerrillera se consolidó
y agrandó. Los Montoneros decidieron "volver a la
resistencia" clandestina, abandonando
definitivamente la esfera legal, acercándose cada vez
más al ERP y al
terrorismo
político, cuyas víctimas muchas veces eran
civiles que no integraban el gobierno ni las
fuerzas de seguridad.
A principios de
1976, cada cinco horas se cometía un asesinato
político y cada tres estallaba una bomba. Además
de la violencia
política
reinante, la inquietud obrera se estaba generalizando de nuevo.
A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes
sectores del movimiento
obrero recurrieron a ellas, así como a marchas de
hambre, trabajo a reglamento y manifestaciones callejeras, en
un esfuerzo destinado a cambiar la política
económica del gobierno. Con
una inflación mayor a la de Alemania en
el período 1921-1922, y al borde de la cesación
de pagos internacionales, el gobierno constitucional
había perdido el control de
las variables
claves del manejo económico.
Ante el caos económico, político y
social, las FFAA lideradas por Videla actuaron sagazmente, sin
intervenir hasta que la situación empeoró hasta
tal punto que los civiles fueron a golpear las puertas de los
cuarteles. Así probaron la absoluta falencia del
régimen constitucional y lograron que la opinión
pública apoyase o se resignase nuevamente ante la
opción militar.
Se puede decir que el golpe del 24 de Marzo fue,
a grosso modo, la reacción militar al período
abierto con las grandes movilizaciones populares de fines de la
década del ‘60 (Cordobazo, etc.) ante la
incapacidad de las gestiones peronistas para neutralizarlas. Ya
que la evolución de estas luchas no
pretendía sólo provocar la caída de un
gobierno, sino más bien, y fundamentalmente, transformar
las relaciones socio-económicas del país y
reubicar a la Argentina en el
plano internacional, ésta no fue una intervención
militar como tantas en la historia
argentina contemporánea. Esta vez las FFAA y sus
aliados decidieron que el "problema argentino" era estructural,
por lo que aplicaron soluciones
estructurales.
3.
Diagnóstico de los
hombres del Proceso
Para estos hombres, la historia
argentina del siglo XX se definía como la
confrontación entre dos proyectos
antagónicos de desarrollo
nacional. Por un lado, el modelo
agroexportador, que, inspirado en las ideas liberales de la
Generación del ‘80, había llevado a la
Argentina a ser
el "granero del mundo". Por el otro, el modelo de
industrialización "artificial", basado en un Estado
interventor y benefactor, el cual tenía en el peronismo a su
mayor impulsor y que había creado una industria
ineficiente sobreprotegida de la competencia
externa. Este último proyecto
determinaba la existencia de un empresariado y un proletariado
urbanos que usufructuaban al Estado en su
propio provecho, discriminando al sector agropecuario,
verdadero depositario de las ventajas comparativas
naturales del país. De esta asociación espuria
surgía el populismo y la demagogia de los
políticos profesionales, el campo propicio para el
surgimiento de ideologías
subversivas.
La visión de la política interna
del país como "caótica" y "desordenada"
hacía añorar la época anterior a la
Ley
Sáenz Peña. Había un deseo, por parte de
los golpistas, de recuperar los valores,
instituciones y articulaciones políticas y sociales de la
República restrictiva de Alberdi. Se
quería reinstalar la concepción individualista y
competitiva de la sociedad,
quitándole al Estado el rol de planificador, regulador y
garante de derechos sociales,
poniendo en práctica el Darwinismo social, que
justificaba la eliminación de lo no competitivo e
ineficiente en pos de la evolución del más capacitado y la
purificación de una sociedad
"enferma". Justamente, en el documento Consideraciones sobre
el Proceso de Institucionalización y el Movimiento
de Opinión Nacional, entre las causas que afectan la
legitimidad de un régimen, se encuentran "La
admisión de los estratos culturalmente inferiores (sic)
de la población, como ‘ciudadanos
políticamente completos’, mediante el sufragio
universal", "La admisión de los sectores asalariados en
la ‘ciudadanía económica completa’
mediante el derecho a la concertación de los contratos
colectivos de trabajo" y "La distribución del ingreso
nacional".
Para volver al país a su momento "ideal",
el Estado
Terrorista se justificó sobre la base de la Doctrina
de Seguridad
Nacional, un mecanismo estratégico mediante el cual
todos los sistemas
defensivos del continente americano se subordinan al "supremo
interés defensivo" de EEUU. Al ser un
combate ideológico (Oriente-Occidente), el enemigo puede
atacar no sólo con armas sino
también mediante la infiltración de ideas, por lo
que, mientras EEUU asegura las fronteras geopolíticas de
cada país de América
Latina, las FFAA de estos países deben concentrarse
en combatir al enemigo interior: académicos, docentes,
sindicalistas, etc., mediante el ataque directo, la propaganda y
la penetración cultural.
Enrique Vázquez, en su libro "La
Ultima", afirma que la única ideología genuina
del PRN era la Doctrina de Seguridad
Nacional, y en función de ella se calzaron como un
guante las políticas neoliberales que determinaban
la necesidad de concentrar la producción y el capital,
para sofocar todo intento de resistencia de
las clases populares (que retrocedieron en su nivel de vida) y
de las medianas burguesías locales (que fueron
absorvidas o eliminadas por los monopolios). Luis A. Romero
coincide con él al afirmar que el ministro
Martínez de Hoz "logró ensamblar la
prédica de la lucha antisubversiva con el discurso
contra el Estado, e
incluso contra el industrialismo. Un Estado fuerte y regido
democráticamente resultaba un peligroso instrumento si
estaba, al menos parcialmente, en manos de los sectores
populares (…) pero aun sin ser democrático generaba
inevitablemente relaciones espurias entre grupos de
empresarios y sindicatos,
lo que por otra vía llevaba al mismo
resultado".
La doctrina neoliberal había
resurgido con fuerza en
los años ‘70 en todo el mundo, teniendo en la
Escuela
monetarista de Chicago y en el Premio Nóbel de Economía Milton
Friedman a sus mayores exponentes. La restauración del
mecanismo autorregulador del mercado
mediante la desregulación y el desmantelamiento del
Estado Benefactor (visto como un factor dañino y
entorpecedor del desarrollo
económico) eran sus banderas. Para justificar la
restauración del "país granja" dependiente y
periférico a los "talleres" de los países
centrales, el PRN se inspiró en la Teoría de
las ventajas comparativas, desarrollada en el siglo XVIII
por David
Ricardo. Así se lee en las Pautas de la Junta
Militar al PEN (para el ejercicio de la acción de
gobierno 1979/81): "(EL DESARROLLO
DEL POTENCIAL DEL PAIS implica) priorizar aquellas actividades
económicas para las que, desde una perspectiva mundial,
disponemos de dinámicas ventajas
comparativas".
El objetivo
central era destruir las bases del caos y el desorden: las
identidades políticas del sector popular, sus
sindicatos,
sus servicios
sociales (educación pública, hospitales
públicos), etc. El disciplinamiento de los trabajadores
implicó la creación de una desocupación
estructural, el deterioro de sus ingresos, el
desconocimiento de la legislación laboral y,
obviamente, el ataque físico a los activistas y
delegados. Era imperiosa la reubicación de las fuerzas
sociales en el sistema
político, la destrucción de la capacidad de
organización y acción política y social
de los sectores populares de manera irreversible y la
restitución del mecanismo autorregulador del mercado como
único árbitro de los conflictos
sociales.
Es imposible dividir de forma seria los objetivos,
acciones y
efectos logrados por el Proceso, ya que no hay
reorganización económica sin
reorganización política y cambio de
mentalidad cultural, (y viceversa); pero lo he hecho por el
beneficio que al estudio teórico del Proceso trae dicha
segmentación. Por tanto, para una mejor
comprensión teórica y coherencia explicativa,
diferencié los aspectos políticos de los
económicos y de los socio-culturales. Es importante
aclarar que la interrelación que hay entre los tres
aspectos es tal que se hace indispensable comprender
correctamente a los tres para tener una sólida idea de
lo que el Proceso de Reorganización Nacional
significó para el país.
La situación de la Argentina a
mediados de los ‘70 era muy particular: el proletariado
gozaba de una situación económica y
política considerablemente positiva, tomando en cuenta
variables
tales como la participación del salario en
el ingreso nacional (que llegó a su punto más
alto en la historia
argentina en 1973, cuando el salario
participaba de la Renta Nacional en un 45%) y la incidencia de
los sindicatos y
otras agrupaciones obreras en el poder
político. En suma, el país estaba muy movilizado
políticamente; las guerrillas eran sólo la
porción más radicalizada de todo el espectro
social que directa o indirectamente apoyaba cambios en
la estructura
socio-económica de la Argentina.
Las FFAA asumieron el poder con el
objetivo de
"terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo
subversivo". Pero hay que examinar con detención
qué es la "subversión" para estos hombres para
comprender su accionar sobre la sociedad
argentina. Videla dijo alguna vez que "un terrorista
no es sólo el portador de una bomba o una pistola, sino
también el que difunde ideas contrarias a la
civilización cristiana y occidental". Aclarando
más el panorama, el entonces gobernador de la provincia
de Bs. As., general Ibérico Saint Jean, declaró:
"Primero vamos a matar a todos los subversivos,
después a sus colaboradores; después a los
indiferentes y por último a los
tímidos".
El esquema político-institucional que las
FFAA querían aplicar necesitaba de un modelo
político que evitara la
organización y los reclamos sociales y que
desmantelara las estructuras
gremiales, por lo tanto entre las primeras medidas de gobierno
se encontraron la suspensión, por tiempo
indeterminado, de las actividades políticas y gremiales
de todo orden. Se intervino la CGT, la CGE, las 62 organizaciones
y la Cruzada de la Solidaridad.
Luego se eliminó el fuero sindical, se suspendió
el derecho de huelga y se
prohibió, en forma absoluta, la actividad de los
partidos de izquierda, como ser: Comunista Revolucionario,
Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, etc. Se
depuró la administración pública de
agitadores mediante la Ley de
Prescindibilidad y se intervinieron todas las asociaciones
gremiales.
Se comunicó a la población que "será severamente
reprimida toda manifestación callejera; […] que todas
las fuentes de
producción y lugares de trabajo estatales
y privados, a partir de la fecha serán considerados de
interés militar", y que "se
expulsará del territorio nacional a extranjeros que
afecten la paz social" . Por el comunicado Nº 19 se
informó a la población que serían recluidos por
tiempo
indeterminado todos aquellos que "difundieran actos, palabras o
imágenes
de personas o grupos
considerados subversivos o terroristas" . También se
sacó de circulación a la prensa
política: Nuevo Hombre,
Nuestra Palabra, Tribuna Popular, Posición Nacional,
etc. Si no eran cerrados directamente, eran "advertidos" e
insinuados para que discontinúen su trabajo, como fue el
caso de la revista
Sucesos del Partido Intransigente, o de Cuestionario, revista que
por entonces dirigía Rodolfo Terragno.
La noche anterior y el mismo día del
golpe, los militares ocuparon los principales complejos
fabriles con listas negras en las manos. Allí
comenzó la cacería de toda una generación
de dirigentes medios y
activistas de base que fueron secuestrados, torturados y
asesinados en la clandestinidad. Aquí reside una de las
claves del Proceso de Reorganización Nacional: este
conjunto social de individuos movilizados políticamente
tarda décadas en aflorar nuevamente. Si a esto le
sumamos el implante del miedo y el "no te metás", no es
difícil entender la posterior
desmovilización de la sociedad.
Tal como señala Luis Romero, "los
sindicalistas se agruparon, de manera cambiante, en dos
tendencias: los dialoguistas y los combativos". El gobierno
militar supo distinguirlos y actuó en consecuencia.
Según Arturo Fernández, el objetivo fue
"exterminar a la minoría combativa, clasista o
contestataria, cuya influencia era local y radicaba en las
comisiones internas de un cierto número de empresas. En
cambio la
mayor parte de los dirigentes ‘moderados’
nacionales eran implícitamente acusados de corrupción… La prisión de
Lorenzo Miguel fue la quintaescencia de este tipo de
represión preventiva y sutil pero cargada de
advertencias amenazadoras" . Alvaro Avós indica que "el
régimen colocó en la cartera de Trabajo al
general Tomás Liendo, un militar
‘dialoguista’ que, simultáneamente a la
feroz purga de la dirigencia y el activismo sindicales,
ofrecía brumosas perspectivas de una futura normalización a los sindicalistas
dispuestos a ‘hacer buena letra’" . Uniendo el
párrafo anterior con este, no puede dejar de advertirse
que se reprimió sangrientamente a los más duros,
mientras que se dejó la prisión y las amenazas
para los representantes de la dirigencia peronista ortodoxa; de
esta manera se conformó un sindicalismo
burocrático y conformista.
El plan
económico de Martínez de Hoz puede sintetizarse
en los siguientes puntos:
- Rebaja de un 40% en los salarios,
comparados con el quinquenio anterior. - Reformas a la Ley de
Contrato de
Trabajo y eliminación de las convenciones
colectivas. - Establecimiento de una creciente regresividad
en el sistema
impositivo, mediante el aumento de los impuestos
indirectos (IVA, etc.)
y la disminución de los indirectos (ganancias,
riqueza). - Eliminación de las retenciones a las
exportaciones agropecuarias y de los subsidios
a las exportaciones no
tradicionales. - Progresiva reducción de los aranceles
a la importación. - Apertura total a los capitales extranjeros:
igual trato al capital
nacional que al extranjero y reducción de los plazos
de entrada y salida de dichos capitales. - Liberación de los mercados
de cambio y
financiero. - Reducción del gasto público a
través de la racionalización del empleo y
la privatización de empresas
nacionales. - Presupuesto Nacional: Aumento en Defensa y
Seguridad
y reducción en Educación, Salud y
Vivienda. - Política de transferencias del Estado
hacia los grupos
económicos, mediante los mecanismos de
estatización de la deuda privada, la Ley de
Promoción industrial y las
políticas de compra del Estado.
Aunque de orientación neoliberal
("el Estado
perturba el desarrollo
económico y es responsable de la inflación"),
el Proceso utilizó al Estado para imponer sus reglas de
juego,
gracias a que era un "gobierno autoritario y terrorista, que
contaba con pleno poder
estatal, con partidos
políticos disueltos y sindicatos
intervenidos". De este modo, aplicó una
"intervención pervertida", poniendo al Estado como
garantía de especulación y negocios de
las fracciones más concentradas de las clases
dirigentes.
Las FFAA, tradicionalmente estatistas, pusieron
algunas condiciones al plan neoliberal
de Martínez de Hoz: Por cuestiones de seguridad
interna, el descabezamiento del sector popular y la
reducción de sus ingresos
debía conjugarse con el mantenimiento del pleno empleo. En
las palabras de David Rock "El
gobierno se mostraba reacio a provocar un desempleo
abierto, por miedo a que las guerrillas ganasen nuevos
adeptos". Si bien la desocupación no aumentó
significativamente, sí cayó el empleo
industrial, lo que puede expicarse mediante el aumento del
cuentapropismo, que también tiene un efecto
de-socializante.
El sistema
financiero tuvo un rol fundamental en la ubicación y
reasignación de recursos en
contra de los asalariados y a favor del sector más
concentrado del capital. "La
reforma financiera acabó con una de las herramientas
del Estado para la transferencia de recursos entre
sectores: la regulación de la tasa de interés,
la existencia de crédito a tasas negativas y la distribución de este subsidio
según normas y
prioridades fijadas por las autoridades". Las altas tasas de
interés superaban por mucho a las de
ganancia (por producir), por lo que "ninguna actividad era
rentable ni podía competir contra la
especulación".
Una de las consecuencias más características del PRN fue la
concentración de capital, la
cual se estimuló a través de la
estatización de la deuda privada, la
implementación de las leyes de promoción industrial y la
política de compras del
Estado:
Estatización de la deuda privada:
La situación imperante en el mundo y principalmente la
política
económica del gobierno militar favorecieron el
endeudamiento privado y la fuga de capitales al exterior. La
vigencia de la "tablita" cambiaria y la eliminación de
los plazos mínimos que obligaban a los capitales a
permanecer en el país fueron los responsables de que la
deuda privada creciera vertiginosamente de 4.139 millones de
US$ en 1973 a 12.703 millones en 1980. En 1981, en medio del
agotamiento del financiamiento externo y de una profunda
crisis
económica, el gobierno se hizo cargo de la deuda
exterior de las empresas
privadas que él mismo había estimulado a crear,
transfiriendo una enorme masa de recursos al
sector privado. Esto produjo el acrecentamiento de la deuda
estatal con el exterior y la "depuración" de los
sectores dominantes, que desde ahora estarán más
concentrados y diversificados. "Los sectores que más se
favorecieron con esta operación fueron un conjunto de
empresas
nacionales, los grupos
económicos y ciertas empresas
extranjeras".
Promoción industrial: Este
mecanismo, que fue concebido originariamente para promocionar
ciertas áreas geográficas y de producción y para fomentar el desarrollo
de la pequeña y mediana empresa
industrial bajo el último gobierno peronista, fue
utilizado por el Proceso para favorecer la concentración
industrial en manos de unos pocos propietarios con fuerte
posición fiscal:
"Muchas plantas y
pocas empresas". Sólo el 7,2% de los 692 proyectos
promocionados acaparó el 70,1% de la inversión. Los regímenes de
promoción industrial "posibilitaban
importantes reducciones impositivas, avales para
créditos baratos, seguros de
cambio para
los créditos en dólares, monopolización
del mercado
interno […] o suministro de energía a bajo costo
[…]". La Promoción Industrial ocupó el 2%
del PBI, que se pagó con más impuestos
indirectos y una reducción del gasto social y la
inversión
pública.
Algunos grupos
económicos favorecidos por la Promoción Industrial fueron Celulosa,
Alpargatas, Acindar, Bridas, Loma Negra, etc. Las empresas
extranjeras utilizaron poco y nada la Promoción
Industrial, lo que ocasionará una división entre
la alta burguesía local (Grupo de los
Ocho) y los capitales extranjeros (representados en el FMI y en el
Banco
Mundial). Esta división estará fundada en el
reclamo de los organismos internacionales, bancos
acreedores y multinacionales por la filtración de
recursos en la
Promoción Industrial que afectan al cumplimiento de los
pagos de la Deuda
Externa.
Política de compras del
Estado: Los regímenes de "Compre argentino y
contrate nacional", concebidos originalmente para desarrollar
la industria
nacional, fueron utilizados como fuente de supervivencia y
reproducción sin inversión por los grupos
económicos. Los contratos a
través del Estado fueron la "principal fuente de
obtención de ganancias (de los grupos
económicos), llegando éstos a crear empresas
únicamente para satisfacer la demanda
estatal". (Gracias a las políticas de transferencias a
los grupos económicos), "estos grupos pudieron crecer
sin riesgos, al
amparo del
Estado, y en un contexto general de estancamiento. Acumularon
una fuerza tal,
que en el futuro resultaría muy difícil revertir
las condiciones en que actuaban, y junto con los acreedores
extranjeros se convirtieron en los nuevos tutores del
Estado".
Los resultados de estas políticas
fueron:
- Aumento de la especulación en
detrimento de la producción - Desindustrialización
- Deuda externa
- Concentración
económica - Institucionalización de la
inflación - Caída del salario
real - Deterioro de los servicios
públicos - Incremento en los niveles de
pobreza
Con respecto al segundo punto, a mediados de la
década del ‘70, las exportaciones de manufacturas habían
alcanzado por primera vez en la historia económica
nacional el 50% de las ventas
totales del país, pero la industria no pudo superar la
pérdida de su protección, la competencia de
las importaciones,
el encarecimiento del crédito, la supresión (o
"reubicación") de los mecanismos de promoción
industrial y la reducción del nivel adquisitivo de la
población. El nivel industrial
cayó un 20% en los primeros cinco
años.
Para marzo de 1981 "existía una
férrea concentración industrial, una fuerte
capitalización del campo, la comercialización de los granos estaba en
manos de grandes empresas cerealeras y el Estado argentino
estaba endeudado en más de 17.000 millones de
dólares, a los que se sumaba un endeudamiento
‘privado’ -por parte de las empresas residentes en
el país- de casi 12.5000 millones de dólares. En
total, una deuda bruta, al 31 de marzo de 1981, de 29.587
millones de dólares." Queda claro que la apertura
económica de Martínez de Hoz significó
abrir el mercado
interno a la competencia
exterior, y no expandir la producción local con destino al mercado
externo.
La brecha tecnológica que en los veinte
años anteriores se había reducido, volvió
a ensancharse de manera irreversible. "Al final de la
transformación que condujo Martínez de Hoz, el
poder económico se concentró de tal modo en un
conjunto de grupos empresarios, trasnacionales y nacionales,
que la puja corporativa y la negociación ya no fueron siquiera
posibles"
El objetivo de
la acción antisubversiva de los militares era clara: no
sólo se debía exterminar a los guerrilleros, sino
que se debía acallar a la sociedad toda,
mediante un bombardeo psicológico destinado a romper los
lazos de solidaridad que
unían a la sociedad para instalar el individualismo y el
"sálvese quien pueda". Esto se logró mediante
diversas acciones:
- Desaparecidos: Mientras que la dictadura
chilena tiraba al río a las víctimas del Estado
terrorista para que todos los vieran, el proceso militar
argentino inventó una nueva figura jurídica. La
"desaparición" de una persona
llevaba a sus familiares y amigos a una situación de
incertidumbre, inacción y temor por lo que sus
propias acciones
pudieran causarle al detenido-desaparecido, en caso de que
éste estuviese con vida. O sea, había temor a
que la denuncia, la búsqueda y la movilización
de sus seres queridos causaran daño al desaparecido,
si este se encontraba con vida. - Programa económico de
especulación y desindustrialización:
Buscó romper con la tásita alianza de las
clases medias con las bajas. - Represión cultural: Censura y
promoción de la autocensura, quema de libros,
violencia
contra profesionales de relevancia social (periodistas,
párrocos populares, psicólogos, abogados,
educadores, escritores, actores, etc.)
El sistema
educativo fue reformado para que encajara con el régimen
y su programa:
Listas de antecedentes en los ingresos a las
facultades, represión en los establecimientos,
modificación del sistema
pedagógico, etc. Se prevenían "futuros
subversivos" retrasando el aprendizaje
de la lectoescritura hasta tercer grado (sólo
"podían" aprender 13 letras por año) y
prohibiendo la enseñanza de la teoría de los conjuntos en
matemáticas. A los universitarios,
demasiado grandes para reformarse, se los reprimía y
exterminaba.
La inserción de "terror" es comentada por
Victor de Gennaro en un debate
organizado por el diario Página/12 con motivo del
vigésimo aniversario del golpe militar: "[…] Hubo un
proyecto
sistemático de meternos el terror en cada célula, en cada hueso, para que no nos
acordemos de lo fundamental que significa querer ser, con
autodeterminación, defensores de un proyecto
nacional y popular. Querían quebrarnos esa capacidad de
construir lo nuestro, ese derecho que tenemos a ser poder en
nuestro propio país. Había que quebrar esa
capacidad, había que imponer un modelo
económico, social y cultural del sálvese quien
pueda. Para sobrevivir había que mentir, había
que desconocer la identidad,
el de al lado era un peligro, era alguien que
comprometía, había que pensar nada más que
en uno, como si esa fuera la opción."
No fue sólo miedo lo que provocó
el individualismo, aunque este fue su ingrediente fundamental.
La censura y la autocensura (se emitían avisos
televisivos con la frase "El silencio es salud" como consigna) se
combinaron con la nueva doctrina liberal impuesta desde el
Estado. La ideología del "sálvese quien pueda" se
acreditaba en el dinero
fácil que las actividades especulativas proveían.
El que producía, quebraba, el que "invertía" en
la bicicleta financiera se salvaba. Al crecimiento
industrializado colectivo, en el cual todos los sectores
recogen los frutos del progreso, se oponía un nuevo
modelo de "quita de ganancias" individualista, en el cual el
progreso era personal y a
costa de los demás. La "economía
imaginaria" de la plata dulce y el "deme dos" sumado a la
represión en todos los ámbitos de la vida civil,
lograron romper muchos lazos de solidaridad que
había en la comunidad.
"Aunque los salarios y
los beneficios de los industriales eran muy bajos, la prensa se
hallaba amordazada y los sindicatos acobardados, gran parte de
la población encontraba solaz en la
especulación y la compra de artículos importados
baratos". Si no, ¿cómo se explican las
tristemente célebres frases "algo habrá hecho",
"por algo será" y "no te metás" en una sociedad
que no muchos años antes veía con algo de
simpatía y mucho de esperanza las acciones
guerrilleras que, al menos en sus prédicas,
querían "cambiar el mundo"?
5. Estado del
país al término del PRN
El estado del país al entregar Bygnone el
gobierno demostró que la política
económica y terrorista del Proceso había dado
sus frutos. El PBI industrial de 1983 apenas alcanzó el
85 % del de 1974. La cantidad de obreros ocupados en la
industria se redujo en un 34,3 %. El salario real
cayó un 50 %, y el costo
salarial de los productos
industriales disminuyó un 20 %. Si en 1974 la
participación del salario en el PBI era mayor al 45 %,
en 1983 esa cifra se había reducido al 32
%.
El Proceso implicó la subida de un
grupo social
dominante más concentrado y diversificado y una
mayor marginación social y desmembramiento en los
sectores subordinados. "La dictadura
militar logró revertir un proceso histórico
caracterizado por tener una estructura
social homogénea por debajo, y heterogénea por
arriba". La diversificación y la
internacionalización formaron el perfil que tomó
la búsqueda de rápidos beneficios en un contexto
altamente especulativo, y dio génesis a los grandes
conglomerados empresariales. Sólo sobrevivieron los que
establecieron una relación ventajosa en torno al
Estado; como consecuencia de esto, el Estado se vinculó
más estrechamente con la dinámica de acumulación de los
grupos económicos. Algunas características de estos grupos
son:
- Mayor importancia de los especulativo
sobre lo productivo en la reproducción de sus
capitales: Según J. Sábato y Shvartzer,
esta ha sido una característica constante de la
burguesía argentina desde su formación a fines
del siglo pasado. - Internacionalización de las
decisiones de inversión: Esto viene a
colación de lo anterior: si era más rentable se
invertía en el exterior. Esto explica una de las
razones principales por las que la gran burguesía
argentina impulsó el neoliberalismo: la necesidad de poder extraer
sus capitales del circuito local, bajo la excusa de que en la
Argentina no habían excedentes para invertir. La
verdad es que excedentes había, pero no se
invertían en actividades
productivas. - Diversificación en diferentes
rubros del sistema
económico: Industria, comercio,
finanzas,
actividades agropecuarias, etc, para poder soportar crisis y/o
diversificar los riesgos.
El Proceso también dejó un aparato
estatal elefantiásico, con sobreocupación, lento,
ineficiente y poco transparente en sus prácticas, lo que
contribuyó luego a la avanzada privatista que
destruyó la capacidad operativa del Estado. Esto tuvo
dos objetivos
fundamentales: Por el lado económico, la
reducción de la acción estatal implica la
ampliación del campo de actividades de los grupos
económicos privados. Y por el lado político, el
desmantelamiento del Estado está relacionado con la
precaución ante la posibilidad de que un grupo
opositor asuma el control del
mismo: sería poco lo que podría hacer con un
Estado desprovisto de herramientas.
Alfonsín asumió en 1983 con un
gran apoyo popular, pero no contó con la
situación externa con la que contó el Proceso,
que gracias al bloqueo cerealero a la URSS había
obtenido excelente precios para
los excedentes agrarios. Por otro lado, las tasas de
interés se habían disparado en 1981, cuando EEUU
subió las tasas de interés al 16% (en 1976 eran
del orden del 6%), causando una reducción de la liquidez
disponible. Esto, sumado a la recesión mundial y a la
caída de los precios de
los productos
primarios, había ocasionado la reducción de los
ingresos por
exportaciones y la imposibilidad de América
Latina de afrontar los pagos de la deuda, causando la
situación que se conoce como la "Crisis de la
Deuda Externa"
y que fue uno de los factores que minó el apoyo al
Proceso.
El gobierno radical no comprendió de
inmediato que la estructura
socioeconómica de la Argentina había cambiado. El
ministro de economía Bernardo
Grinspun aplicó una política redistributiva, y
endureció la posición argentina frente a la
Deuda Externa.
Los grupos económicos consolidados en el Proceso
decidieron mostrar al gobierno quién tenía la
"manija" de la situación y provocaron una escalada
inflacionaria, gracias a su posesión del monopolio de
los mercados.
Con el Plan Austral de
junio de 1985, el gobierno radical reconoce la situación
y empieza a virar de la preocupación por la distribución a la acumulación de
capitales. Sourrouille diseña un plan de
modernización económica que comprende los grupos
económicos como la fracción más dinámica de la burguesía: los
Capitanes de la Industria. Por el lado político, busca
un espacio de negociación con el nuevo bloque de poder
y diseña programas
conjuntos,
asumiendo los costos de esta
relación y apostando a la iniciativa inversora de estos
grupos. En este marco se dan las primeras privatizaciones, Plan
Houston (inversiones
privadas en el área petrolera, que era casi monopolizada
por YPF), integración con Brasil, todas
dentro del esquema liberal que pasaba a ser el "oficial" desde
entonces. Es así que comienza a plantearse la necesidad
de una reforma del Estado. "Lo esencial era asociar a los
grupos económicos a un proyecto de
crecimiento industrial en democracia".
"La estrategia de
políticas acordadas con el gran capital, le
demostraba al gobierno que entablar relaciones con el poder
económico, sin hacerlo desde una posición de
fuerza
importante -sustentada en una base social movilizada y en una
decisión política fuerte-, no podía
terminar de otra manera que no fuera la subordinación.
[…] La política de concesión tras
concesión al bloque dominante a la espera de que
asumiera el liderazgo de
una nueva era de crecimiento, fue debilitando al partido
gobernante, hasta dejarlo preso de su propia estrategia."
"Pensar en una solución populista
resultaba prácticamente insostenible en las actuales
circunstancias: las condiciones que imponía la crisis
económica mundial, sumado al ordenamiento
económico interno heredado de la dictadura
militar, eliminaban la posibilidad de combinar, durante un
plazo prudencial, crecimiento
económico con justicia
social."
El fracaso del intento de abrir el camino
político a los grandes empresarios conteniéndolos
dentro de un régimen político con apoyo social,
llevó al gobierno a colocarse en una posición
más favorable a los acreedores externos, propiciando la
apertura económica como forma de limitar la capacidad de
los grupos para fijar los precios. Al
mismo tiempo, la
imagen del
gobierno se deterioraba, soportando derrotas electorales como
la de 1987, que reflejaba el reclamo popular por cambios en la
economía, frente a los contínuos
ajustes que los grupos de poder, nacionales y extranjeros,
demandaban por su apoyo.
En agosto de 1988, en una situación muy
delicada económicamente y con el oficialismo en una
crisis de apoyo político, se lanzó el Plan
Primavera, el cual apostaba todas sus fichas a la
exportación, los créditos externos
y a la apertura económica. La intención de acabar
con algunos privilegios de los holdings locales, mediante la
competencia
exterior, la progresiva sobrevaluación del Austral, las
modificaciones a los regímenes de compre nacional y de
promoción industrial, fue poniendo a estos grupos
empresarios en la vereda de enfrente del
gobierno.
En febrero de 1989 el Plan Primavera se
derrumbó, dando comienzo a una nueva etapa marcada por
el agotamiento definitivo de cualquier política
económica futura y la sumisión ante el poder
económico. Hiperinflación, estallidos sociales,
pánico financiero, pérdida del gobierno de todo
apoyo popular y la renuncia inevitable de las autoridades
nacionales.
El empresario Julio Ramos fue el primero en
decir, en 1989, que sólo un presidente peronista
podría lograr la legitimidad política necesaria
para un plan de ajuste económico neoliberal .
Mariano Plotkin agrega: "Pareciera que un gobierno peronista
por el hecho de serlo adquiere una legitimidad inercial
que le permite hacer cosas que otros gobiernos aún con
una base electoral mayor no pudieron realizar (tampoco los
militares, para el caso)". Si a eso le sumamos la
dramática situación socio-económica en que
Menem
asumió su mandato, se explica la fuerza y el
campo de maniobras que tuvo su gobierno para imponer dichas
políticas.
Después de dos años de
erráticas medidas económicas (que produjeron otro
brote hiperinflacionario en el verano de 1991), la silla del
ministerio clave fue tomada por Domingo Cavallo, quien
lanzó ciertas medidas, como la Ley de
Convertibilidad, que lograron aplacar la inflación,
permanente problema que sufría la Argentina. La
"estabilidad" encendió la llama del consumo (que
recuerda a la "plata dulce", por su magnitud y por la catarata
de importados) y dio pie para una lenta pero incesante
transformación de las estructuras
socioeconómicas argentinas.
Las privatizaciones envueltas en casos de
corrupción (como todo el gobierno de
Menem), el
achicamiento del Estado a la par del crecimiento del gasto
público, la flexibilización laboral
(pérdida de derechos adquiridos por
los trabajadores, como la jornada de ocho horas), la
desregulación del sistema económico, la
subordinación a los intereses de Estados Unidos
(relaciones carnales, según el ministro de RREE
Guillermo Di Tella), la regresividad total del sistema
tributario (que basa dos tercios de la recaudación en
impuestos al
consumo) y
el espíritu especulativo que se esparce desde el
gobierno, son algunas de las muestras del avance de las
políticas neoliberales. Como para que no quedase ninguna
duda, el 17 de marzo de 1996 José Alfredo
Martínez de Hoz declaró al diario La Capital de
Rosario que se sentía "reivindicado" por la política
económica de Carlos Menem e
implementada por Cavallo, que según él retomaba
"las ideas centrales" de su programa. Pero
hay una diferencia: mientras que la política
económica monetarista de Martinez de Hoz se vio un poco
atemperada por la postura tradicionalmente estatista de las
Fuerzas Armadas, los ministros de Carlos Menem, en otro
escenario, no tuvieron tal problema.
Con el objeto de alejar a las Fuerzas Armadas de
la función de control
social que tradicionalmente ostentaban, se las inscribió
en un proceso de profesionalización (eliminación
del servicio
militar obligatorio, misiones de paz de las Naciones
Unidas) y disminución del presupuesto
militar, lo que será analizado más
adelante.
Desde el punto de vista político y
social, la relación de Menem con el Proceso fue ambigua:
mientras que reflotó las teorías económicas en boga en la
época, no suscribió oficialmente a los métodos
terroristas con que se aplicaron. A pesar de ello,
indultó a los jefes de las Juntas Militares y
utilizó constantemente la amenaza del terror como
desmoralizador de la población (amenaza constante de
aplicación de la pena de
muerte, comparación de manifestantes contra el
modelo con futuros desaparecidos, utilización del miedo
a la inflación y al desempleo,
etc.)
Los resultados pueden verse en el pico del 18,6
% de desocupación, en el deshilachamiento del sistema
productivo nacional, en la concentración
económica, en el vertiginoso aumento de la deuda
externa, en la destrucción de las economías
regionales, en la pérdida de poder adquisitivo de las
clases bajas y medias, etc.
Carlos "Chacho" Alvarez, en un debate
organizado por el diario Página/12 con motivo del
vigésimo aniversario del golpe militar,
manifestó: "[…] el presidente Menem empezó a
plantear una línea argumental similar a las
argumentaciones de los hombres del proceso. Empezó a
argumentar en la misma lógica que los asesinos y los terroristas
de Estado. Quizá no haya más 24 de marzo del
‘76. Pero la degradación institucional, la
obstinación por mantener un proyecto de
exclusión social y el monopolio
del manejo de la economía, en el
mismo pensamiento
de los hombres que sirvieron a las dictaduras militares,
está volviendo a generar condiciones de debilitamiento
de la democracia
argentina."
Enrique Vázquez plantea: "El modelo que
emergió del Proceso no es compatible con la democracia"
. Depende de lo que entendamos por democracia,
pero al menos la democracia
formal demostró que puede convivir con el modelo: Chacho
Alvarez continúa: "[…] Yo creo que hoy tenemos un
problema, y es que Menem fue elegido democráticamente
para hacer muchas cosas parecidas en el campo económico
que lo que hizo Martínez de Hoz. Y que lo votó el
50 por ciento de la gente. Ese es el problema: la
política se ha ido rindiendo lentamente al poder
económico concentrado, al poder financiero internacional
y al poder económico local. ¿Lo que se percibe
qué es? Un vaciamiento de la democracia, o un
debilitamiento de la democracia, […] la política no
puede modificar las relaciones de fuerza en la
Argentina."
Los cambios que el Proceso quería operar
en la sociedad y que ya han sido explicados, requerían
de la permanencia de un modelo económico neoliberal
durante un tiempo
suficientemente prolongado para poder causar transformaciones
irreversibles. El Estado terrorista fue el sostén de
dicho plan. Una vez retornada la democracia, el mecanismo
disciplinador de la política económica fue
ejercido por:
- Los acreedores externos, que desde entonces
han impuesto
condiciones a la política económica
local. - Los monopolios con poder para manejar el
mercado a su antojo (como disparar la inflación para
desestabilizar al gobierno por una política
económica opuesta a sus intereses).
Por otro lado, el hecho de que a fines del siglo
XX no haya perspectivas para un golpe de Estado
en la Argentina puede relacionarse con varios
factores:
- Se ha logrado una concientización del
pueblo argentino sobre el valor de
la democracia, entendida ésta al menos como un escudo
contra el terrorismo
institucional. - Las FFAA están desmantelándose
en un proceso de profesionalización y alejamiento de
la vida política, que también se relaciona con
la disminución de su presupuesto y de su plantel
activo. - La situación mundial actual es
distinta de la de mediados de los setenta; el Primer Mundo
ahora requiere e impone el sistema democrático para el
mundo globalizado al haberse acabado la guerra
fría y no haber peligro de revoluciones de
izquierda en América
Latina. - Y por último, y tal vez lo más
importante, las clases dominantes locales ya no necesitan de
una tosca y anticuada intervención militar: los nuevos
métodos de manipulación son
mucho más sutiles.
Como dijo Horacio Verbitsky: "[…] a partir del
gobierno radical y del gobierno menemista […] las clases
dominantes que tradicionalmente habían recurrido al
golpe militar, consiguen la cooptación de los partidos
populares, que son quienes con matices llevan adelante, no la
defensa de los intereses de aquellos que los llevaron al
gobierno con su voto, sino la de los sectores
tradicionales."
Los párrafos que siguen a
continuación, referidos a la actualidad del momento en
que se finalizó este trabajo, pueden llegar a parecer
desengachados del tema central. Lo cierto es que no lo
están, ya que lo único a lo que hacen referencia
es a cómo evolucionó la situación
político-económica que dejó el Proceso. Y
además, ¿de qué sirve el análisis del pasado si no ayuda a
comprender el presente y el futuro?
Desde mediados de 1996 puede observarse en el
país cierta "dureza" en la recepción de las
recetas neoliberales. Si bien no podemos concluir que la
variante populista-conservadora-neoliberal del menemismo haya
perdido su base electoral, no puede obviarse la masiva
adhesión a los paros nacionales del 8 de agosto y 26 de
septiembre y al "apagón" opositor del 12 de septiembre,
el relegamiento al cuarto lugar del oficialismo en las
elecciones del 30 de junio en la Capital Federal, las fracturas
dentro del mismo gobierno, etc. La "gente" ya no parece confiar
ciegamente en el gobierno menemista.
También algunos factores de poder
están sufriendo transformaciones, como ser el ascenso
dentro de la CGT de los grupos disidentes del MTA y el recambio
de la cúpula de la Iglesia, que
presumiblemente estará más ligada a los reclamos
sociales que su precursora. Las FFAA, mientras tanto,
están lejos de ser la "variante" de poder que fueron
anteriormente ante situaciones de inquietud como la actual.
Estas pueden ser variables
interesantes en el momento en que la situación
evolucione.
Este escenario de descontento y falta de
alternativas es la clave del asunto. El malhumor social existe,
pero aún no ha sido canalizado hacia otras opciones al
modelo actual. La tarea de generar un nuevo consenso alrededor
de ideas diferentes corresponde al elenco político que,
para bien o mal, actúa en nuestro sistema. Pienso que
nos encontramos en uno de esos momentos de transición en
la historia que
retrospectivamente se señalan como "el origen de tal o
cual nuevo orden". Es en momentos como éste en que,
aunque en la coyuntura no pueda percibirse, aquel que acierte
con el mensaje correcto se quedará con todo. Aunque
claro, como siempre, sólo el tiempo
dirá.
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Revista
Noticias del 24 de marzo de 1996
Trabajo realizado
por:
Hugo
Glagovsky