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La Revolución Francesa II




Enviado por latiniando



    Proceso social y político acaecido en Francia entre
    1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el
    derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los
    Borbones, la abolición de la monarquía en Francia y la
    proclamación de la I República, con lo que se pudo
    poner fin al Antiguo Régimen en este país. Aunque
    las causas que generaron la Revolución
    fueron diversas y complejas, éstas son algunas de las
    más influyentes: la incapacidad de las clases gobernantes
    —nobleza, clero y burguesía— para hacer frente
    a los problemas de
    Estado, la
    indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que
    recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los
    trabajadores, la agitación intelectual alentada por el
    Siglo de las Luces y el ejemplo de la guerra de la
    Independencia
    estadounidense. Las teorías
    actuales tienden a minimizar la relevancia de la lucha de clases
    y a poner de relieve los
    factores políticos, culturales e ideológicos que
    intervinieron en el origen y desarrollo de
    este acontecimiento.

    Las razones históricas de la Revolución

    Más de un siglo antes de que Luis XVI ascendiera
    al trono (1774), el Estado
    francés había sufrido periódicas crisis
    económicas motivadas por las largas guerras
    emprendidas durante el reinado de Luis XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en
    el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas que
    acarreó la Guerra
    Francesa e India
    (1754-1763) y el aumento de la deuda generado por los
    préstamos a las colonias británicas de
    Norteamérica durante la guerra de la
    Independencia
    estadounidense (1775-1783). Los defensores de la
    aplicación de reformas fiscales, sociales y políticas
    comenzaron a reclamar con insistencia la satisfacción de
    sus reivindicaciones durante el reinado de Luis XVI. En agosto de
    1774, el rey nombró controlador general de Finanzas a
    Anne Robert Jacques Turgot, un hombre de
    ideas liberales que instituyó una política rigurosa en
    lo referente a los gastos del
    Estado. No
    obstante, la mayor parte de su política restrictiva
    fue abandonada al cabo de dos años y Turgot se vio
    obligado a dimitir por las presiones de los sectores
    reaccionarios de la nobleza y el clero, apoyados por la reina,
    María Antonieta de Austria. Su sucesor, el financiero y
    político Jacques Necker tampoco consiguió realizar
    grandes cambios antes de abandonar su cargo en 1781, debido
    asimismo a la oposición de los grupos
    reaccionarios. Sin embargo, fue aclamado por el pueblo por hacer
    público un extracto de las finanzas
    reales en el que se podía apreciar el gravoso coste que
    suponían para el Estado los
    estamentos privilegiados. La crisis
    empeoró durante los años siguientes. El pueblo
    exigía la convocatoria de los Estados Generales (una
    asamblea formada por representantes del clero, la nobleza y el
    Tercer estado), cuya
    última reunión se había producido en 1614, y
    el rey Luis XVI accedió finalmente a celebrar unas
    elecciones nacionales en 1788. La censura quedó abolida
    durante la campaña y multitud de escritos que
    recogían las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia.
    Necker, a quien el monarca había vuelto a nombrar
    interventor general de Finanzas en
    1788, estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de
    representantes del Tercer estado (el
    pueblo) en los Estados Generales fuera igual al del primer
    estado (el
    clero) y el segundo estado (la nobleza) juntos, pero ninguno de
    los dos llegó a establecer un método de
    votación.

    A pesar de que los tres estados estaban de acuerdo en
    que la estabilidad de la nación requería una
    transformación fundamental de la situación, los
    antagonismos estamentales imposibilitaron la unidad de
    acción en los Estados Generales, que se reunieron en
    Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que
    representaban a los estamentos privilegiados de la sociedad francesa
    se enfrentaron inmediatamente a la cámara rechazando los
    nuevos métodos de
    votación presentados. El objetivo de
    tales propuestas era conseguir el voto por individuo y no por
    estamento, con lo que el tercer estado, que disponía del
    mayor número de representantes, podría controlar
    los Estados Generales. Las discusiones relativas al procedimiento se
    prolongaron durante seis semanas, hasta que el grupo dirigido
    por Emmanuel Joseph Sieyès y el conde de Mirabeau se
    constituyó en Asamblea Nacional el 17 de junio. Este
    abierto desafío al gobierno
    monárquico, que había apoyado al clero y la
    nobleza, fue seguido de la aprobación de una medida que
    otorgaba únicamente a la Asamblea Nacional el poder de
    legislar en materia
    fiscal. Luis
    XVI se apresuró a privar a la Asamblea de su sala de
    reuniones como represalia. Ésta respondió
    realizando el 20 de junio el denominado Juramento del Juego de la
    Pelota, por el que se comprometía a no disolverse hasta
    que se hubiera redactado una constitución para Francia. En
    ese momento, las profundas disensiones existentes en los dos
    estamentos superiores provocaron una ruptura en sus filas, y
    numerosos representantes del bajo clero y algunos nobles
    liberales abandonaron sus respectivos estamentos para integrarse
    en la Asamblea Nacional.

    El inicio de la Revolución

    El rey se vio obligado a ceder ante la continua
    oposición a los decretos reales y la predisposición
    al amotinamiento del propio Ejército real. El 27 de junio
    ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la
    autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI
    cedió a las presiones de la reina María Antonieta y
    del conde de Artois (futuro rey de Francia con el
    nombre de Carlos X) y dio instrucciones para que varios
    regimientos extranjeros leales se concentraran en París y
    Versalles. Al mismo tiempo, Necker
    fue nuevamente destituido. El pueblo de París
    respondió con la insurrección ante estos actos de
    provocación; los disturbios comenzaron el 12 de julio, y
    las multitudes asaltaron y tomaron La Bastilla —una
    prisión real que simbolizaba el despotismo de los
    Borbones— el 14 de julio.

    Antes de que estallara la revolución
    en París, ya se habían producido en muchos lugares
    de Francia esporádicos y violentos disturbios locales y
    revueltas campesinas contra los nobles opresores que alarmaron a
    los burgueses no menos que a los monárquicos. El conde de
    Artois y otros destacados líderes reaccionarios,
    sintiéndose amenazados por estos sucesos, huyeron del
    país, convirtiéndose en el grupo de los
    llamados émigrés. La burguesía
    parisina, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara
    el derrumbamiento del antiguo sistema de
    gobierno y
    recurriera a la acción directa, se apresuró a
    establecer un gobierno
    provisional local y organizó una milicia popular,
    denominada oficialmente Guardia Nacional. El estandarte de los
    Borbones fue sustituido por la escarapela tricolor (azul, blanca
    y roja), símbolo de los revolucionarios que pasó a
    ser la bandera nacional. No tardaron en constituirse en toda
    Francia gobiernos provisionales locales y unidades de la milicia.
    El mando de la Guardia Nacional se le entregó al
    marqués de La Fayette, héroe de la guerra de la
    Independencia
    estadounidense. Luis XVI, incapaz de contener la corriente
    revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse.
    Volvió a solicitar los servicios de
    Necker y legalizó oficialmente las medidas adoptadas por
    la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de las
    provincias.

    La redacción de una constitución

    La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su
    actividad movida por los desórdenes y disturbios que
    estaban produciéndose en las provincias (el periodo del
    'Gran Miedo'). El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus
    privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4
    de agosto de 1789; la Asamblea aprobó una
    legislación por la que quedaba abolido el régimen
    feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque
    se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se
    prohibía la venta de cargos
    públicos y la exención tributaria de los estamentos
    privilegiados.

    A continuación, la Asamblea Nacional
    Constituyente se dispuso a comenzar su principal tarea, la
    redacción de una Constitución. En el preámbulo,
    denominado Declaración de los Derechos del hombre y del
    ciudadano, los delegados formularon los ideales de la Revolución, sintetizados más tarde
    en tres principios,
    "Liberté, Égalité,
    Fraternité" ("Libertad,
    Igualdad,
    Fraternidad"). Mientras la Asamblea deliberaba, la hambrienta
    población de París, irritada por los
    rumores de conspiraciones monárquicas, reclamaba alimentos y
    soluciones. El
    5 y el 6 de octubre, la población parisina, especialmente sus
    mujeres, marchó hacia Versalles y sitió el palacio
    real. Luis XVI y su familia fueron
    rescatados por La Fayette, quien les escoltó hasta
    París a petición del pueblo. Tras este suceso,
    algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente, que
    acompañaron al rey a París, presentaron su
    dimisión. En la capital, la
    presión de los ciudadanos ejercía una influencia
    cada vez mayor en la corte y la Asamblea. El radicalismo se
    apoderó de la cámara, pero el objetivo
    original, la implantación de una monarquía
    constitucional como régimen político, aún se
    mantenía.

    El primer borrador de la Constitución recibió la
    aprobación del monarca francés en unas fastuosas
    ceremonias, a las que acudieron delegados de todos los lugares
    del país, el 14 de julio de 1790. Este documento
    suprimía la división provincial de Francia y
    establecía un sistema
    administrativo cuyas unidades eran los departamentos, que
    dispondrían de organismos locales elegibles. Se
    ilegalizaron los títulos hereditarios, se crearon los
    juicios con jurado en las causas penales y se propuso una
    modificación fundamental de la legislación
    francesa. Con respecto a la institución que
    establecía requisitos de propiedad para
    acceder al voto, la Constitución disponía que el
    electorado quedara limitado a la clases alta y media. El nuevo
    estatuto confería el poder
    legislativo a la Asamblea Nacional, compuesta por 745
    miembros elegidos por un sistema de
    votación indirecto. Aunque el rey seguía ejerciendo
    el poder
    ejecutivo, se le impusieron estrictas limitaciones. Su
    poder de veto
    tenía un carácter meramente suspensivo, y era la
    Asamblea quien tenía el control efectivo
    de la dirección de la política exterior. Se
    impusieron importantes restricciones al poder de la
    Iglesia
    católica mediante una serie de artículos
    denominados Constitución civil del Clero, el más
    importante de los cuales suponía la confiscación de
    los bienes
    eclesiásticos. A fin de aliviar la crisis
    financiera, se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de
    papel moneda,
    los asignados, garantizado por las tierras confiscadas. Asimismo,
    la Constitución estipulaba que los sacerdotes y obispos
    fueran elegidos por los votantes, recibieran una
    remuneración del Estado, prestaran un juramento de lealtad
    al Estado y las órdenes monásticas fueran
    disueltas.

    Durante los quince meses que transcurrieron entre la
    aprobación del primer borrador constitucional por parte de
    Luis XVI y la redacción del documento definitivo, las
    relaciones entre las fuerzas de la Francia revolucionaria
    experimentaron profundas transformaciones. Éstas fueron
    motivadas, en primer lugar, por el resentimiento y el descontento
    del grupo de
    ciudadanos que había quedado excluido del electorado. Las
    clases
    sociales que carecían de propiedades deseaban acceder
    al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no
    tardaron en adoptar posiciones radicales. Este proceso, que
    se extendió rápidamente por toda Francia gracias a
    los clubes de los jacobinos, y de los cordeliers,
    adquirió gran impulso cuando se supo que María
    Antonieta estaba en constante comunicación con su hermano Leopoldo II,
    emperador del Sacro Imperio Romano
    Germánico. Al igual que la mayoría de los monarcas
    europeos, Leopoldo había dado refugio a gran número
    de émigrés y no había ocultado su
    oposición a los acontecimientos revolucionarios que se
    habían producido en Francia. El recelo popular con
    respecto a las actividades de la reina y la complicidad de Luis
    XVI quedó confirmado cuando la familia
    real fue detenida mientras intentaba huir de Francia en un
    carruaje con destino a Varennes el 21 de junio.

    Radicalización del gobierno

    El 17 de julio de 1791 los sans-culottes
    (miembros de una tendencia revolucionaria radical que
    exigía la proclamación de la república) se
    reunieron en el Campo de Marte y exigieron que se depusiera al
    monarca. La Guardia Nacional abrió fuego contra los
    manifestantes y los dispersó siguiendo las órdenes
    de La Fayette, vinculado políticamente a los
    feuillants, un grupo formado
    por monárquicos moderados. Estos hechos incrementaron de
    forma irreversible las diferencias existentes entre el sector
    burgués y republicano de la población. El rey fue privado de sus
    poderes durante un breve periodo, pero la mayoría moderada
    de la Asamblea Constituyente, que temía que se
    incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la
    esperanza de frenar el ascenso del radicalismo y evitar una
    intervención de las potencias extranjeras. El 14 de
    septiembre, el rey juró respetar la Constitución
    modificada. Dos semanas después, se disolvió la
    Asamblea Constituyente para dar paso a las elecciones sancionadas
    por la Constitución. Durante este tiempo, Leopoldo
    II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron el 27 de
    agosto una declaración conjunta referente a Francia en la
    que se amenazaba veladamente con una intervención armada.
    La Asamblea Legislativa, que comenzó sus sesiones el 1 de
    octubre de 1791, estaba formada por 750 miembros que no
    tenían experiencia alguna en la vida política, dado que
    los propios integrantes de la Asamblea Constituyente
    habían votado en contra de su elegibilidad como diputados
    de la nueva cámara. Ésta se hallaba dividida en
    facciones divergentes. La más moderada era la de los
    feuillants, partidaria de la monarquía
    constitucional tal como se establecía en la
    Constitución de 1791. El centro de la cámara
    acogía al grupo
    mayoritario, conocido como el Llano, que carecía de
    opiniones políticas
    definidas pero que se oponía unánimemente al sector
    radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto
    principalmente por los girondinos, que defendían la
    transformación de la monarquía constitucional en
    una república federal, un proyecto similar
    al de los montagnards (grupo que por ocupar la parte
    superior de la cámara, recibió el apelativo de La
    Montaña) integrados por los jacobinos y los
    cordeliers, que abogaban por la implantación de una
    república centralizada. Antes de que estas disensiones
    abrieran una profunda brecha en las relaciones entre los
    girondinos y los montagnards, el sector republicano de la
    Asamblea consiguió la aprobación de varios proyectos de
    ley
    importantes, entre los que se incluían severas medidas
    contra los miembros del clero que se negaran a jurar lealtad al
    nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI ejerció su
    derecho a veto sobre estos decretos, provocando así una
    crisis
    parlamentaria que llevó al poder a los
    girondinos. A pesar de la oposición de los más
    destacados montagnards, el gabinete girondino, presidido
    por Jean Marie Roland de la Platière, adoptó una
    actitud
    beligerante hacia Federico Guillermo II y Francisco II, el nuevo
    emperador del Sacro Imperio Romano,
    que había sucedido a su padre, Leopoldo II, el 1 de marzo
    de 1792. Ambos soberanos apoyaban abiertamente las actividades de
    los émigrés y secundaban el rechazo de la
    aristocracia de Alsacia a la legislación revolucionaria.
    El deseo de entablar una guerra se
    extendió rápidamente entre los monárquicos,
    que confiaban en la derrota del gobierno
    revolucionario y en la restauración del Antiguo
    Régimen, y entre los girondinos, que anhelaban un triunfo
    definitivo sobre los sectores reaccionarios tanto en el interior
    como en el exterior. El 20 de abril de 1792 la Asamblea
    Legislativa declaró la guerra al Sacro Imperio
    Romano.

    La lucha por la libertad

    Los ejércitos austriacos obtuvieron varias
    victorias en los Países Bajos austriacos gracias a ciertos
    errores del alto mando francés, formado mayoritariamente
    por monárquicos. La posterior invasión de Francia
    provocó importantes desórdenes en París. El
    gabinete de Roland cayó el 13 de junio, y la
    intranquilidad de la población se canalizó en un asalto a
    las Tullerías, la residencia de la familia
    real, una semana después. La Asamblea Legislativa
    declaró el estado de
    excepción el 11 de julio, después de que
    Cerdeña y Prusia se unieran a la guerra contra Francia..
    Se enviaron fuerzas de reserva para aliviar la difícil
    situación en el frente, y se solicitaron voluntarios de
    todo el país en la capital.
    Cuando los refuerzos procedentes de Marsella llegaron a
    París, iban cantando un himno patriótico conocido
    desde entonces como La Marsellesa. El descontento popular
    provocado por la gestión
    de los girondinos, que habían expresado su apoyo a la
    monarquía y habían rechazado la acusación de
    deserción presentada contra La Fayette, hizo aumentar la
    tensión. El malestar social, unido al efecto que
    generó el manifiesto del comandante aliado, Charles
    William de Ferdinand, duque de Brunswick, en el que amenazaba con
    destruir la capital si
    la familia
    real era maltratada, provocó una insurrección en
    París el 10 de agosto. Los insurgentes, dirigidos por
    elementos radicales de la capital y
    voluntarios nacionales que se dirigían al frente,
    asaltaron las Tullerías y asesinaron a la Guardia suiza
    del rey. Luis XVI y su familia se
    refugiaron en la cercana sala de reuniones de la Asamblea
    Legislativa, que no tardó en suspender en sus funciones al
    monarca y ponerle bajo arresto. A su vez, los insurrectos
    derrocaron al consejo de gobierno parisino, que fue reemplazado
    por un nuevo consejo ejecutivo provisional, la denominada Comuna
    de París. Los montagnards, liderados por el abogado
    Georges Jacques Danton, dominaron el nuevo gobierno parisino y
    pronto se hicieron con el control de la
    Asamblea Legislativa. Esta cámara aprobó la
    celebración de elecciones en un breve plazo con vistas a
    la constitución de una nueva Convención Nacional,
    en la que tendrían derecho a voto todos los ciudadanos
    varones. Entre el 2 y el 7 de septiembre, más de mil
    monárquicos y presuntos traidores apresados en diversos
    lugares de Francia, fueron sometidos a juicio y ejecutados. Los
    elementos desencadenantes de las denominadas 'Matanzas de
    Septiembre' fueron el temor de la población al avance de los ejércitos
    aliados contra Francia y los rumores sobre conspiraciones para
    derrocar al gobierno revolucionario. Un ejército
    francés, dirigido por el general Charles François
    Dumouriez, obtuvo una importante victoria en la batalla de Valmy
    frente a las tropas prusianas que avanzaban hacia París el
    20 de septiembre.

    Un día después de la victoria de Valmy se
    reunió en París la Convención Nacional
    recién elegida. La primera decisión oficial
    adoptada por esta cámara fue la abolición de la
    monarquía y la proclamación de la I
    República. El consenso entre los principales grupos
    integrantes de la Convención no fue más allá
    de la aprobación de estas medidas iniciales. Sin embargo,
    ninguna facción se opuso al decreto presentado por los
    girondinos y promulgado el 19 de noviembre, por el cual Francia
    se comprometía a apoyar a todos los pueblos oprimidos de
    Europa. Las
    noticias que llegaban del frente semanalmente eran alentadoras:
    las tropas francesas habían pasado al ataque
    después de la batalla de Valmy y habían conquistado
    Maguncia, Frankfurt del Main, Niza, Saboya y los Países
    Bajos austriacos. Sin embargo, las disensiones se habían
    intensificado seriamente en el seno de la convención,
    donde el Llano dudaba entre conceder su apoyo a los conservadores
    girondinos o a los radicales montagnards. La primera gran
    prueba de fuerza se
    decidió en favor de estos últimos, que solicitaban
    que la Convención juzgara al rey por el cargo de
    traición y consiguieron que su propuesta fuera aprobada
    por mayoría. El monarca fue declarado culpable de la
    acusación imputada con el voto casi unánime de la
    Cámara el 15 de enero de 1793, pero no se produjo el mismo
    acuerdo al día siguiente, cuando había de decidirse
    la pena del acusado. Finalmente el rey fue condenado a muerte por 387
    votos a favor frente a 334 votos en contra. Luis XVI fue
    guillotinado el 21 de enero.

    La influencia de los girondinos en la Convención
    Nacional disminuyó enormemente tras la ejecución
    del rey. La falta de unidad mostrada por el grupo durante el
    juicio había dañado irreparablemente su prestigio
    nacional, bastante mermado desde hacía tiempo entre la
    población de París, más favorable a las
    tendencias jacobinas. Otro factor que determinó la
    caída girondina fueron las derrotas sufridas por los
    ejércitos franceses tras declarar la guerra a Gran
    Bretaña, las Provincias Unidas (actuales Países
    Bajos) el 1 de febrero de 1793, y a España el
    7 de marzo, que se habían unido a la Primera
    Coalición contra Francia. Las propuestas de los jacobinos
    para fortalecer al gobierno ante las cruciales luchas a las que
    Francia debería enfrentarse desde ese momento fueron
    firmemente rechazadas por los girondinos. No obstante, a
    comienzos de marzo, la Convención votó a favor del
    reclutamiento
    de 300.000 hombres y envió comisionados especiales a
    varios departamentos para organizar la leva. Los sectores
    clericales y monárquicos enemigos de la Revolución
    incitaron a la rebelión a los campesinos de La
    Vendée, contrarios a tal medida. La guerra civil no
    tardó en extenderse a los departamentos vecinos. Los
    austriacos derrotaron al ejército de Dumouriez en
    Neerwinden el 18 de marzo, y éste desertó al
    enemigo. La huida del jefe del ejército, la guerra civil y
    el avance de las fuerzas enemigas a través de las
    fronteras de Francia provocó en la Convención una
    crisis entre
    los girondinos y los montagnards, en la que estos
    últimos pusieron de relieve la
    necesidad de emprender una acción contundente en defensa
    de la Revolución.

    El Reinado del Terror

    El 6 de abril, la Convención creó el
    Comité de Salvación Pública, que
    habría de ser el órgano ejecutivo de la
    República, y reestructuró el Comité de
    Seguridad General
    y el Tribunal Revolucionario. Se enviaron representantes a los
    departamentos para supervisar el cumplimiento de las leyes, el
    reclutamiento
    y la requisa de municiones. La rivalidad existente entre los
    girondinos y los montagnards se había agudizado
    durante este periodo. La rebelión parisina, organizada por
    el periodista radical Jacques Hébert, obligó a la
    Convención a ordenar el 2 de junio la detención de
    veintinueve delegados girondinos y de los ministros de este
    grupo, Pierre Henri Hélène Marie Lebrun-Tondu y
    Étienne Clavière. A partir de ese momento, la
    facción jacobina radical que asumió el control del
    gobierno desempeñó un papel decisivo
    en el posterior desarrollo de
    la Revolución. La Convención promulgó una
    nueva Constitución el 24 de junio en la que se ampliaba el
    carácter democrático de la República. Sin
    embargo, este estatuto nunca llegó a entrar en vigor. El
    10 de julio, la presidencia del Comité de Salvación
    Pública fue transferida a los jacobinos, que reorganizaron
    completamente las funciones de este
    nuevo organismo. Tres días después, el
    político radical Jean-Paul Marat, destacado líder
    de los jacobinos, fue asesinado por Charlotte de Corday,
    simpatizante de los girondinos. La indignación
    pública ante este crimen hizo aumentar considerablemente
    la influencia de los jacobinos en todo el país. El
    dirigente jacobino Maximilien de Robespierre pasó a ser
    miembro del Comité de Salvación Pública el
    27 de julio y se convirtió en su figura más
    destacada en poco tiempo.
    Robespierre, apoyado por Louis Saint-Just, Lazare Carnot, Georges
    Couthon y otros significados jacobinos, implantó medidas
    policiales extremas para impedir cualquier acción
    contrarrevolucionaria. Los poderes del Comité fueron
    renovados mensualmente por la Convención Nacional desde
    abril de 1793 hasta julio de 1794, un periodo que pasó a
    denominarse Reinado del Terror.

    Desde el punto de vista militar, la situación era
    extremadamente peligrosa para la República. Las potencias
    enemigas habían reanudado la ofensiva en todos los
    frentes. Los prusianos habían recuperado Maguncia,
    Condé-Sur-L'Escaut y Valenciennes, y los británicos
    mantenían sitiado Tolón. Los insurgentes
    monárquicos y católicos controlaban gran parte de
    La Vendée y Bretaña. Caen, Lyon, Marsella, Burdeos
    y otras importantes localidades se hallaban bajo el poder de los
    girondinos. El 23 de agosto se emitió un nuevo decreto de
    reclutamiento
    para toda la población masculina de Francia en buen estado
    de salud. Se
    formaron en poco tiempo catorce
    nuevos ejércitos —alrededor de 750.000
    hombres—, que fueron equipados y enviados al frente
    rápidamente. Además de estas medidas, el
    Comité reprimió violentamente la oposición
    interna.

    María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre, y
    21 destacados girondinos murieron guillotinados el 31 del mismo
    mes. Tras estas represalias iniciales, miles de
    monárquicos, sacerdotes, girondinos y otros sectores
    acusados de realizar actividades contrarrevolucionarias o de
    simpatizar con esta causa fueron juzgados por los tribunales
    revolucionarios, declarados culpables y condenados a morir en la
    guillotina. El número de personas condenadas a muerte en
    París ascendió a 2.639, más de la mitad de
    las cuales (1.515) perecieron durante los meses de junio y julio
    de 1794. Las penas infligidas a los traidores o presuntos
    insurgentes fueron más severas en muchos departamentos
    periféricos, especialmente en los
    principales centros de la insurrección monárquica.
    El tribunal de Nantes, presidido por Jean-Baptiste Carrier, el
    más severo con los cómplices de los rebeldes de La
    Vendée, ordenó la ejecución de más de
    8.000 personas en un periodo de tres meses. Los tribunales y los
    comités revolucionarios fueron responsables de la
    ejecución de casi 17 mil ciudadanos en toda Francia. El
    número total de víctimas durante el Reinado del
    Terror llegó a 40.000. Entre los condenados por los
    tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el
    6% eran miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase
    media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de eludir
    el reclutamiento,
    de deserción, acaparamiento, rebelión u otros
    delitos. Fue el
    clero católico el que sufrió proporcionalmente las
    mayores pérdidas entre todos estos grupos
    sociales. El odio anticlerical se puso de manifiesto
    también en la abolición del calendario juliano en
    octubre de 1793, que fue reemplazado por el calendario
    republicano. El Comité de Salvación Pública,
    presidido por Robespierre, intentó reformar Francia
    basándose de forma fanática en sus propios
    conceptos de humanitarismo, idealismo
    social y patriotismo. El Comité, movido por el deseo de
    establecer una República de la Virtud, alentó la
    devoción por la república y la victoria y
    adoptó medidas contra la corrupción
    y el acaparamiento. Asimismo, el 23 de noviembre de 1793, la
    Comuna de París ordenó cerrar todas las iglesias de
    la ciudad —esta decisión fue seguida posteriormente
    por las autoridades locales de toda Francia— y
    comenzó a promover la religión
    revolucionaria, conocida como el Culto a la Razón. Esta
    actitud,
    auspiciada por el jacobino Pierre Gaspard Chaumette y sus
    seguidores extremistas (entre ellos Hébert),
    acentuó las diferencias entre los jacobinos centristas,
    liderados por Robespierre, y los fanáticos seguidores de
    Hébert, una fuerza
    poderosa en la Convención y en la Comuna de
    París.

    Durante este tiempo, el signo de la guerra se
    había vuelto favorable para Francia. El general Jean
    Baptiste Jourdan derrotó a los austriacos el 16 de octubre
    de 1793, iniciándose así una serie de importantes
    victorias francesas. A finales de ese año, se había
    iniciado la ofensiva contra las fuerzas de invasión del
    Este en el Rin, y Tolón había sido liberado.
    También era de gran relevancia el hecho de que el
    Comité de Salvación Pública hubiera
    aplastado la mayor parte de las insurrecciones de los
    monárquicos y girondinos.

    La lucha por el poder

    La disputa entre el Comité de Salvación
    Pública y el grupo extremista liderado por Hébert,
    concluyó con la ejecución de éste y sus
    principales acólitos el 24 de marzo de 1794. Dos semanas
    después, Robespierre emprendió acciones
    contra los seguidores de Danton, que habían comenzado a
    solicitar la paz y el fin del reinado del Terror. Georges-Jacques
    Danton y sus principales correligionarios fueron decapitados el 6
    de abril. Robespierre perdió el apoyo de muchos miembros
    importantes del grupo de los jacobinos —especialmente de
    aquéllos que temían por sus propias vidas— a
    causa de estas represalias masivas contra los partidarios de
    ambas facciones. Las victorias de los ejércitos franceses,
    entre las que cabe destacar la batalla de Fleurus
    (Bélgica) del 26 de junio, que facilitó la
    reconquista de los Países Bajos austriacos,
    incrementó la confianza del pueblo en el triunfo final.
    Por este motivo, comenzó a extenderse el rechazo a las
    medidas de seguridad
    impuestas por Robespierre. El descontento general con el líder
    del Comité de Salvación Pública no
    tardó en transformarse en una auténtica
    conspiración. Robespierre, Saint-Just, Couthon y 98 de sus
    seguidores fueron apresados el 27 de julio de 1794 (el 9 de
    termidor del año III según el calendario
    republicano) y decapitados al día siguiente. Se considera
    que el 9 de termidor fue el día en el que se puso fin a la
    República de la Virtud.

    La Convención Nacional estuvo controlada hasta
    finales de 1794 por el 'grupo termidoriano' que derrocó a
    Robespierre y puso fin al Reinado del Terror. Se clausuraron los
    clubes jacobinos de toda Francia, fueron abolidos los tribunales
    revolucionarios y revocados varios decretos de carácter
    extremista, incluido aquél por el cual el Estado
    fijaba los salarios y
    precios de los
    productos.
    Después de que la Convención volviera a estar
    dominada por los girondinos, el conservadurismo termidoriano se
    transformó en un fuerte movimiento
    reaccionario. Durante la primavera de 1795, se produjeron en
    París varios tumultos, en los que el pueblo reclamaba
    alimentos, y
    manifestaciones de protesta que se extendieron a otros lugares de
    Francia. Estas rebeliones fueron sofocadas y se adoptaron severas
    represalias contra los jacobinos y sans-culottes que los
    protagonizaron.

    La moral de los
    ejércitos franceses permaneció inalterable ante los
    acontecimientos ocurridos en el interior. Durante el invierno de
    1794-1795, las fuerzas francesas dirigidas por el general Charles
    Pichegru invadieron los Países Bajos austriacos, ocuparon
    las Provincias Unidas instituyendo la República
    Bátava y vencieron a las tropas aliadas del Rin. Esta
    sucesión de derrotas provocó la
    desintegración de la coalición antifrancesa. Prusia
    y varios estados alemanes firmaron la paz con el gobierno
    francés en el Tratado de Basilea el 5 de abril de 1795;
    España
    también se retiró de la guerra el 22 de julio, con
    lo que las únicas naciones que seguían en lucha con
    Francia eran Gran Bretaña, Cerdeña y Austria. Sin
    embargo, no se produjo ningún cambio en los
    frentes bélicos durante casi un año. La siguiente
    fase de este conflicto se
    inició con las Guerras
    Napoleónicas.

    Se restableció la paz en las fronteras, y un
    ejército invasor formado por émigrés
    fue derrotado en Bretaña en el mes de julio. La
    Convención Nacional finalizó la redacción de una nueva Constitución,
    que se aprobó oficialmente el 22 de agosto de 1795. La
    nueva legislación confería el poder
    ejecutivo a un Directorio, formado por cinco miembros
    llamados directores. El poder
    legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral,
    compuesta por el Consejo de Ancianos (250 miembros) y el Consejo
    de los Quinientos. El mandato de un director y de un tercio de la
    asamblea se renovaría anualmente a partir de mayo de 1797,
    y el derecho al sufragio quedaba limitado a los contribuyentes
    que pudieran acreditar un año de residencia en su distrito
    electoral. La nueva Constitución incluía otras
    disposiciones que demostraban el distanciamiento de la democracia
    defendida por los jacobinos. Este régimen no
    consiguió establecer un medio para impedir que el
    órgano ejecutivo entorpeciera el gobierno del ejecutivo y
    viceversa, lo que provocó constantes luchas por el poder
    entre los miembros del gobierno, sucesivos golpes de Estado y fue
    la causa de la ineficacia en la dirección de los asuntos del país.
    Sin embargo, la Convención Nacional, que seguía
    siendo anticlerical y antimonárquica a pesar de su
    oposición a los jacobinos, tomó precauciones para
    evitar la restauración de la monarquía.
    Promulgó un decreto especial que establecía que los
    primeros directores y dos tercios del cuerpo legislativo
    habían de ser elegidos entre los miembros de la
    Convención. Los monárquicos parisinos reaccionaron
    violentamente contra este decreto y organizaron una
    insurrección el 5 de octubre de 1795. Este levantamiento
    fue reprimido con rapidez por las tropas mandadas por el general
    Napoleón Bonaparte, jefe militar de los ejércitos
    revolucionarios de escaso renombre, que más tarde
    sería emperador de Francia con el nombre de
    Napoleón I Bonaparte. El régimen de la
    Convención concluyó el 26 de octubre y el nuevo
    gobierno formado de acuerdo con la Constitución
    entró en funciones el 2 de
    noviembre.

    Desde sus primeros momentos, el Directorio
    tropezó con diversas dificultades, a pesar de la gran
    labor que realizaron políticos como Charles Maurice de
    Talleyrand-Perigord y Joseph Fouché. Muchos de estos
    problemas
    surgieron a causa de los defectos estructurales inherentes al
    aparato de gobierno; otros, por la confusión
    económica y política generada por
    el triunfo del conservadurismo. El Directorio heredó una
    grave crisis financiera, que se vio agravada por la depreciación de los asignados (casi en un
    99% de su valor). Aunque
    la mayoría de los líderes jacobinos habían
    fallecido, se encontraban en el extranjero u ocultos, su
    espíritu pervivía aún entre las clases
    bajas. En los círculos de la alta sociedad, muchos
    de sus miembros hacían campaña abiertamente en
    favor de la restauración monárquica. Las
    agrupaciones políticas
    burguesas, decididas a conservar su situación de
    predominio en Francia, por la que tanto habían luchado, no
    tardaron en apreciar las ventajas que representaba reconducir la
    energía desatada por la población durante la
    Revolución hacia fines militares. Existían
    aún asuntos pendientes que resolver con el Sacro Imperio Romano.
    Además, el absolutismo,
    que por naturaleza
    representaba una amenaza para la Revolución, continuaba
    dominando la mayor parte de Europa.

    El ascenso de Napoleón al poder

    No habían pasado aún cinco meses desde que
    el Directorio asumiera el poder, cuando comenzó la primera
    fase (de marzo de 1796 a octubre de 1797) de las Guerras
    Napoleónicas. Los tres golpes de Estado que se produjeron
    durante este periodo —el 4 de septiembre de 1797 (18 de
    fructidor), el 11 de mayo de 1798 (22 de floreal) y el 18 de
    junio de 1799 (30 de pradial)—, reflejaban simplemente el
    reagrupamiento de las facciones políticas
    burguesas. Las derrotas militares sufridas por los
    ejércitos franceses en el verano de 1799, las dificultades
    económicas y los desórdenes sociales pusieron en
    peligro la supremacía política burguesa en Francia.
    Los ataques de la izquierda culminaron en una conspiración
    iniciada por el reformista agrario radical François
    Nöel Babeuf, que defendía una distribución equitativa de las tierras y
    los ingresos. Esta
    insurrección, que recibió el nombre de
    'Conspiración de los Iguales', no llegó a
    producirse debido a que Babeuf fue traicionado por uno de sus
    compañeros y ejecutado el 28 de mayo de 1797 (8 de
    pradial). Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los
    Quinientos; Fouché, ministro de Policía;
    Sieyès, miembro del Directorio y Talleyrand-Perigord
    consideraban que esta crisis sólo podría superarse
    mediante una acción drástica. El golpe de Estado
    que tuvo lugar el 9 y 10 de noviembre (18 y 19 de brumario)
    derrocó al Directorio. El general Napoleón
    Bonaparte, en aquellos momentos héroe de las
    últimas campañas, fue la figura central del golpe y
    de los acontecimientos que se produjeron posteriormente y que
    desembocaron en la Constitución del 24 de diciembre de
    1799 que estableció el Consulado. Bonaparte, investido con
    poderes dictatoriales, utilizó el entusiasmo y el idealismo
    revolucionario de Francia para satisfacer sus propios intereses.
    Sin embargo, la involución parcial de la
    transformación del país se vio compensada por el
    hecho de que la Revolución se extendió a casi todos
    los rincones de Europa durante el
    periodo de las conquistas napoleónicas.

    Las transformaciones producidas por la
    Revolución

    Una consecuencia directa de la Revolución fue la
    abolición de la monarquía absoluta en Francia.
    Asimismo, este proceso puso
    fin a los privilegios de la aristocracia y el clero. La
    servidumbre, los derechos feudales y los
    diezmos fueron eliminados; las propiedades se disgregaron y se
    introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de
    impuestos.
    Gracias a la redistribución de la riqueza y de la propiedad de
    la tierra,
    Francia pasó a ser el país europeo con mayor
    proporción de pequeños propietarios independientes.
    Otras de las transformaciones sociales y económicas
    iniciadas durante este periodo fueron la supresión de la
    pena de prisión por deudas, la introducción del
    sistema
    métrico y la abolición del carácter
    prevaleciente de la primogenitura en la herencia de la
    propiedad
    territorial.

    Napoleón instituyó durante el Consulado
    una serie de reformas que ya habían comenzado a aplicarse
    en el periodo revolucionario. Fundó el Banco de Francia,
    que en la actualidad continúa desempeñando
    prácticamente la misma función: banco nacional
    casi independiente y representante del Estado francés en
    lo referente a la política
    monetaria, empréstitos y depósitos de fondos
    públicos. La implantación del sistema educativo
    —secular y muy centralizado—, que se halla en vigor
    en Francia en estos momentos, comenzó durante el Reinado
    del Terror y concluyó durante el gobierno de
    Napoleón; la Universidad de
    Francia y el Institut de France fueron creados
    también en este periodo. Todos los ciudadanos,
    independientemente de su origen o fortuna, podían acceder
    a un puesto en la enseñanza, cuya consecución
    dependía de exámenes de concurso. La reforma y
    codificación de las diversas legislaciones provinciales y
    locales, que quedó plasmada en el Código
    Napoleónico, ponía de manifiesto muchos de los
    principios y
    cambios propugnados por la Revolución: la igualdad ante
    la ley, el derecho
    de habeas corpus y disposiciones para la
    celebración de juicios justos. El procedimiento
    judicial establecía la existencia de un tribunal de jueces
    y un jurado en las causas penales, se respetaba la
    presunción de inocencia del acusado y éste
    recibía asistencia letrada.

    La Revolución también
    desempeñó un importante papel en el
    campo de la religión. Los
    principios de
    la libertad de
    culto y la libertad de
    expresión tal y como fueron enunciados en la
    Declaración de Derechos del hombre y del
    ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo
    revolucionario, condujeron a la concesión de la libertad de
    conciencia y de
    derechos civiles
    para los protestantes y los judíos. La Revolución
    inició el camino hacia la separación de la Iglesia y
    el
    Estado.

    Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la
    plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el
    siglo XIX, así como sirvieron de motor
    ideológico a las naciones latinoamericanas independizadas
    en ese mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves de
    la democracia. No
    obstante, los historiadores revisionistas atribuyen a la
    Revolución unos resultados menos encomiables, tales como
    la aparición del Estado centralizado (en ocasiones
    totalitario) y los conflictos
    violentos que desencadenó.

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