- INTRODUCCION :
hipótesis,
alcances y objetivos
"The hiatus in democratic rule and the
remergence, however brief, of de facto government make
Perú unique in South America. But the forces that
destroyed democracy in Peru are not
unique to that country".
Stokes, S.
Elegir un objeto de estudio con el fin de
aplicarle una colección de categorías de análisis implica un recorte a priori
del marco de trabajo. Recorte decimos, puesto que en nuestro caso
particular el campo de trabajo es un país, que entendemos
como un proceso
complejo de instituciones,
agentes y relaciones sociales ; y las categorías que
utilizaremos intentan dar cuenta de la dimensión política de esta
constitución. El hecho, además, de
que este país se inserte en el mapa Latinoamericano nos
dispone frente a una serie ineludible de temáticas a
revisar : la legitimidad, la legalidad, la
representación, la crisis y
reorganización del estado, entre
otros.
Como perspectiva de entrada hemos demarcado tres
elementos/procesos que consideramos relevantes en la
recomposición del panorama político del caso
peruano : el papel del
Estado, el tipo de Régimen que en él
se encarna, y el modelo de
Ajuste económico que opera sobre el conjunto del
campo social (en especial interacción con los anteriores
elementos citados).
En este sentido las siguientes líneas
tienen un claro objetivo : trazar un mapa de la
situación política/económica/social del
Perú hoy, a partir de un rastreo histórico y
analítico de los principales ejes de estas tres esferas.
Una vez conformado este mapa (con las claras deficiencias que
posee un relevo cartográfico con respecto a la zona en
sí), nuestro segundo punto de avance será
establecer los pilares de una posible "lógica
de funcionamiento" de esa realidad de la que pretendemos dar
cuenta. Por último (y ya a nivel de las intenciones)
deseamos poder trazar
una serie de posibles líneas de desarrollo
para dicha realidad. Finalmente, como planteamos en el avance, de
los puntos anteriores intentaremos inferir cuál es el
proceso -de
reconstrucción democrática- que está
atravesando Perú actualmente, cuáles son sus
características fundamentales,
cuáles son los papeles que asume (o delega) el Estado en
este contexto y cuáles son las perspectivas de este
modelo de
funcionamiento político.
Pero para la construcción de estos objetivos
generales nos basamos en un supuesto que iremos desarrollando a
lo largo de esta investigación, de manera que adquiera el
estatuto de hipótesis a validar en el momento de las
conclusiones : lo que hace al caso peruano excepcional no es
tanto el autogolpe de Fujimori de abril de 1992 (y el apoyo que
consiguió de parte de la ciudadanía en un
principio) sino el cruce específico, las coordenadas que
adquieren en este proceso los
tres elementos/procesos que
mencionamos ; y la manera especial en que estos pondrán en
funcionamiento una serie de relaciones con un "esquema
común" a toda América
Latina (inestabilidad económica,
reconfiguración estatal, desintegración social,
violencia
política).
Es más, suponemos que este cruce es
específico del momento de desarrollo
político/económico del continente (segunda
transición democrática, agotamiento del modelo
económico vigente) y necesario como respuesta
interna del propio modelo de
acumulación de los países pos industriales en
relación a las economías del Tercer Mundo en el
marco de la
globalización. El caso peruano durante el gobierno de
Fujimori, se presentaría como en ejemplo más llano
y patente del reacomodamiento de las reglas de relación
entre mercado y
democracia ; proceso que se
puede verificar con características similares en todos los
países del Cono Sur, dentro de un esquema más
respetuoso de los "marcos formales" de legalidad institucional,
pero no exentos de las características de lo que O’Donnell
define como zonas marrones.
En lo que respecta al caso específico
peruano, si bien nuestro estudio comprende una etapa anterior al
período inaugurado por Fujimori, nos concentraremos en su
etapa de gobierno. Como el
propio de presidente del Perú lo ha definido
(coincidentemente con la mayoría de los analistas
políticos del país) son tres los problemas que
su gobierno se
propuso enfrentar,
a) la situación
económica,
- la pacificación
nacional, - la
moralización.
En lo que respecta al ítem a), el objetivo de
definió como "sanear" una economía desgastada
que ingresó en un quiebre de la balanza de pagos
y en un proceso
inflacionario desmedido, mediante la reinserción del
país en la economía mundial
(mediante un ajuste estructural que permita el ingreso de
capitales). En cuanto al punto b), el objetivo
planteado fue lograr una derrota estratégica de los
grupos
subversivos (Sendero Luminoso, MRTA) tanto en el campo militar
como político. El objetivo c) se
presentó como una operación de depuración de
los cuadros "corruptos e ineficientes" de todo el sistema
administrativo del Estado (en los
tres poderes). Tenemos entonces tres ejes : economía, política y violencia
social. Si bien a los efectos analíticos en algunas
oportunidades a lo largo de nuestro trabajo los podremos analizar
en forma separada, nuestro segundo supuesto es que actúan
de forma indiferenciable, y que la puesta en funcionamiento de
cualquiera de ellos moviliza a los dos restantes ; por lo
tanto la modificación de uno implica en cambio en los
otros.
Aquí asentamos el segundo aspecto clave de
nuestro trabajo. Sobre la base de la evolución (positiva o negativa) de la
persecución de estos tres objetivos, a
la luz de los tres
conceptos claves (Estado,
Régimen, Ajuste), ubicaremos el entramado social
-relación entre intereses y agentes- en pugna por la
delimitación de un marco de legalidad funcional y la
construcción de un proceso de legitimidad
en la toma de
decisiones. Este binomio (legalidad/legitimidad) lo
pensaremos, por un lado, dentro de la lógica
del poder de
acuerdo al siguiente criterio : es posible definir una
construcción del ejercicio del poder
(simbólico y material) que se ajuste a cierto horizonte de
posibilidades delimitado por un marco jurídico-legal
aceptado por el conjunto de la población, pero también es factible
encontrar modelos en
donde el poder
construye su base de legitimación a raíz de un
nuevo marco de legalidad ; y, por otro, en función de
interpretar las relaciones que establece el binomio -y su posible
conflicto
interno- con respecto al "campo burocrático" como
ordenador privilegiado de la relación entre todos los
campos sociales.
El tercer y último punto que queremos
precisar se relaciona con el producto de
todos los procesos que
mencionamos más arriba : el nuevo ordenamiento que
observamos en los países de América
del Sur ¿debe ser definido desde una aspecto negativo, es
decir desde todas las cualidades que adolece con respecto al
"arreglo clásico" de la democracia
representativa ? ¿O entre sus mismas falencias se
construyen aspectos positivos que le brindan cierto margen de
estabilidad y previsibilidad ? Si la respuesta es sí,
deberemos definir entonces cómo se caracteriza esta nueva
forma de entender esta "zona de poder" dentro
del aparato estatal.
- MARCO PRELIMINAR : acerca de las
categorías, definiciones
operacionales
Apuntamos en la introducción que a nuestro
objeto de estudio lo atravesaríamos con una serie de
categorías que vinimos trabajando a lo largo de la
cursada. A su vez, hemos expuesto que nuestro análisis lo estructuraríamos a
partir de tres elementos/procesos. El objetivo de
este apartado es entonces definir estos conceptos y acotarlos a
los desarrollos de nuestra investigación.
Una de las categorías más
críticas para definir se nos presenta en relación a
la noción de Estado. En principio podemos acordar
una definición básica de este en torno a su
estructura
formal. Debemos pues entender al Estado como
una forma particular de ordenamiento
político/administrativo que surge en Europa a partir
del siglo XIII y se va conformando hasta fines del XIX,
relacionado principalmente con dos
nociones :
– la de soberanía : el estado
deberá reivindicar (y demostrar) que no existe
ningún otro agente con capacidad de control sobre una
población en
cuestión.
– la de territorio : esta capacidad de
control se aplica
sobre un espacio determinado.
A los efectos de sostener esta
relación entre soberanía y territorio el estado
moderno se organiza como un sistema con
determinadas funciones y
prerrogativas : progresiva concentración de poder,
progresiva impersonalidad del mando, institucionalización
de los mecanismos de control y
toma de
decisiones, generación de una identidad
nacional y la capacidad de externalizar su poder. Así
llegamos a la definición clásica de Estado de
Weber :
"…una asociación de tipo institucional
que en el interior de un territorio ha tratado con éxito
de monopolizar la coacción física
legítima como instrumento de dominio".
En líneas generales sobre este
ordenamiento formal no existen demasiadas discrepancias. Sin
embargo a este acercamiento a las funciones que
monopoliza el estado
debemos sumarle otro aspecto fundamental señalado por
Bourdieu : "el Estado es
una X (a determinar) que reivindica con éxito el monopolio del
uso legítimo de la violencia
física y
simbólica". Al agregar esta dimensión
comenzamos a ingresar al campo del desarrollo
(aplicación) de estas funciones, o
dicho de otra manera se nos plantea el problema de definir la
forma en que el Estado se relacionará con el resto del
campo social. En este sentido ¿cómo entendemos esta
interrelación ? Distinguiremos
esquemáticamente dos formas de pensar la capacidad de
autojustificación y operatividad del aparato estatal. Una
línea trabaja sobre la hipótesis del Estado como arena o
espacio donde se dirimen los conflictos de
clase. Pensado así, este es un espacio que puede ser
disputado y finalmente ganado por intereses que responden a
génesis contradictorias, siendo la clase vencedora la que
subyugue a la vencida. La otra vertiente que presentaremos es la
que considera al Estado con cierta capacidad de
autonomía relativa. Bajo esta concepción -en
la cual nos basaremos- el Estado como institución adquiere
funciones que
lo ubican en un lugar de cruces de intereses (contradictorios)
pero, ya que además es actor con intereses propios
también puede tomar decisiones que lo ubiquen por fuera de
los intereses particulares de una clase o sector social
único. Más que de espacio, este adquiere la forma
de trama en la cual las diferentes construcciones responden a
ciertos tipos de mecanismos de disputa/concertación
previamente definidos. A manera de introducción,
seguiremos la explicación planteada por Bourdieu
según la cual, la construcción del Estado va de la mano de la
constitución del campo de poder
"entendido como el espacio de juego en el
interior del cual los detentores de capital (de
diferentes especies) luchan especialmente por el poder del
Estado". Obtendríamos así la siguiente
configuración : un macro campo social constituido por
subcampos detentores de cierta cantidad de capital
–fuerza
física,
simbólico, económico, informacional- que se
relacionan entre sí confrontándose o
aliándose (procesos que
se verifican también en el interior de cada campo
particular en relación a los agentes que lo componen).
Dentro de campo podemos precisar una "zona de poder" que hace las
veces de elemento organizador de las relaciones del campo hacia
adentro y hacia afuera. En la órbita estatal, esta zona de
poder se identifica con el campo burocrático, cuya
función es mantener la unidad formal y constituir los
mecanismos de estabilización de los conflictos
entre los diferentes campos y la lucha por la
concentración de los diferentes
capitales.
Ahora bien, si definimos a la trama/estado como
proceso de intereses de diversos sectores de la sociedad y
propios de la élite estatal podemos suponer que su
funcionamiento existirán una serie de lógicas de
conflicto. Uno
de ellas es la planteada por Habermas, "todas las sociedades de
clases, puesto que su reproducción se basa en la
apropiación privilegiada de la riqueza producida por la
sociedad,
tienen que resolver el siguiente problema : distribuir el
producto
social de manera desigual y sin embargo legítima".
Entonces ¿Cómo se logra esta unidad formal y estos
procesos de
estabilización ? O mejor dicho ¿por qué
las aciones del aparato estatal tendientes a lograr estos
objetivos
resultan operativas ? Seguimos el planteo de nuestro
autor : "lo solucionan mediante la coacción
estructural, por medio del hecho de que las oportunidades
legítimas de satisfacción de las necesidades se
encuentran fijadas en un sistema de
normas
respetado". Introducimos así otras dos categorías
esenciales para nuestro estudio : legalidad y
legitimidad. Legalidad entendida como un ordenamiento
jurídico formal que actúa a la manera de marco de
posibilidades aceptada para el desarrollo del
ordenamiento funcional de una sociedad y
legitimidad considerada como una serie de procesos de
reaseguro y validación de las normas surgidas
del marco legal. Rápidamente podemos definir que la
legalidad se refiere al título del poder y la legitimidad
al ejercicio del mismo. De esta forma podemos hablar de poder
legítimo o de hecho, o definir una estructura
como de poder legal o arbitrario. De todas formas esto poco nos
dice acerca del motivo de que en una sociedad dada en
un momento determinado el poder sea de una u otra forma. Para
poder procesar este aspecto de nuestra temática debemos
sumar una serie de factores condicionantes. Primero los elementos
preexistentes como condiciones estructurales del país,
territorio, recursos y
cultura.
Segundo considerar que, de la manera en que hemos definido
Estado, las relaciones y acciones de
los agentes/grupos se
desarrollarán dentro del marco de incentivos y
prohibiciones de cada campo en particular, y de las
instituciones que lo compongan.
En función de enlazar las
categorías de Estado, legalidad, legitimidad e
institución debemos presentar nuestro segundo concepto
crítico referente a la noción de
Régimen. Tomaremos la definición propuesta
por O’Donnell : "…el conjunto de pautas,
explícitas o no, que determinan las características de los actores admitidos y
excluidos con respecto a ese acceso y los recursos y
estrategias que
puedan emplear para ganar tal acceso". Para describir esta serie
de recursos y
estrategias (y
los actores que las utilizan) debemos realizar en cada caso una
serie de preguntas a la forma que adquiere el sistema
político. En la democracia de
compromiso (caso que nos ocupa) podemos relevar el siguiente
cuadro de situación :
- ¿Cómo se eligen y cambian los
dirigentes ? Existen competencias
para los cargos públicos elevados mediante elecciones
libres y abiertas. - ¿Quién define los problemas ? La élite política disfruta
de ventajas categóricas en su definición y en la
programación de alternativas aunque los
ciudadanos actuando generalmente de manera indirecta poseen
importantes prerrogativas. - ¿Cuál es el margen de
crítica tolerable ? En general es muy grande,
aplicándose leyes de
regulación de prensa o
censura sólo en situaciones de
emergencia. - ¿Cómo obtienen los ciudadanos la
información política vital ?
A través de un sistema de
flujos entre las distintas ramas del gobierno, los
sectores de información y las instituciones informativas.
Nuevamente hemos expuesto una definición
esquemática, consensuada de régimen
democrático. Pero debemos señalar que la
categoría de Régimen con la que nos interesa
trabajar no solamente debe ajustarse a la descripción de
una serie de rasgos generales, sino también volver sobre
su proceso de puesta en práctica. De esta forma nuestro
esquema se aproxima casi punto por punto a la definición
de poliarquía propuesta por Dahl : autoridades
públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio
universal, libertad de
expresión, libertad de
asociación. Debemos entonces considerar que en realidad,
esta serie de caracteres básicos no impide que nos
hallemos en presencia de un régimen que combine elementos
democráticos y autoritarios. Podemos señalar
aquí un primer cruce entre nuestras nociones de Estado y
de Régimen. Siguiendo el razonamiento de O’Donnell
el Estado abarca tres dimensiones : la del estado como
conjunto de burocracias, la legal y la ideológica. En la
actualidad estas, para el caso Latinoamericano en general,
estarían en crisis ; entendiendo esta como una
muy baja presencia del Estado a nivel territorial (en
extensión), una ineficaz aplicación del marco legal
efectivo, logrando una escasa cohesión de los diferentes
estratos de la nación a un "proyecto
común" . A los países que encuadran en estas
falencias O’Donnell los denominará "zonas marrones".
La relación entre Régimen y crisis de
Estado resulta entonces más que significativa. Tanto es
así que nuestro autor duda de que un régimen
democrático pueda establecerse dentro de un campo de tanta
heterogeneidad. ¿Ante que tipo de régimen nos
encontramos ? O’Donnell lo definirá como
democracias delegativas (D.D.): "no ajenas a la
tradición democráticas, pero sí a la
liberal", su punto de apoyo es el del carácter mayoritario
de la representación, "consiste en producir, por medio de
elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a
convertirse, por un cierto número de años, en la
exclusiva corporización e intérprete de los
más altos intereses de la nación". Así,
gracias a una normativa formalmente democrática, se
rescatan tradiciones fuertemente autoritarias : la
nación como unidad orgánica ausente de discensos,
con un objetivo de desarrollo
emplazado en la figura de un caudillo líder,
que liga sus dones carismáticos a la posesión del
saber/poder, y que ejerce su dominio gracias a
prácticas como el clientelismo, la prebenda o el
particularismo. Estas democracias de nuevo signo adolecen de dos
características básicas de las
democracias representativas. Primero, carecen de casi cualquier
forma de accountability (compromiso) horizontal, entendido como
la distinción entre el intereses público y privado,
logrado gracias a una serie de controles y regulaciones entre las
diferentes agencias estatales entre sí, y de estas con
respecto a asociaciones civiles. Las democracias delegativas (en
el marco de la crisis del
Estado) se insertan en estructuras
estatales erosionadas donde esta retirada de "lo público",
como espacio de concertación de intereses dispares a
través de la vida política, acarrea una serie de
"líneas de inestabilidad" (que se verifican especialmente
en el plano económico) : uno de los ejemplos
más concretos es la pérdida de la distancia entre
regulador y regulado en el tema de las privatizaciones de
servicios
públicos. Segundo, registran una ausencia de
institucionalización, entendidas a las instituciones
como "pautas regularizadas de interacción que son
conocidas, practicadas y regularmente aceptadas (aunque no
necesariamente aprobadas normativamente) por agentes sociales que
mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a reglas y
normas
-formales e informales- que rigen esas pautas". De la
descripción del sistema institucional propuesta por
O’Donnell focalizamos en dos aspectos : las
instituciones
tienden a agregar y estabilizar la agregación de los
niveles de acción y organización de los agentes que
interactúan con ellas, es decir que el
conocimiento de las reglas que establecen estas es utilizado
por los agentes en función de estimar los resultados de
sus acciones a
futuro ; y las instituciones inducen pautas de
representación es decir, permiten la
transformación de muchas voces en unas pocas capaces de
hablar en nombre los que dicen representar. La falta de instituciones
representativas estabilizadas en las democracias delegativas nos
remite al plano de la movilidad, participación y toma de
decisión de los agentes en relación a los
diferentes campos, generando en este caso una ciudadanía
de "baja intensidad". O como señala Flores D’Arcadis
esta situación "embarga" la praxis política tanto
como la cultura y
desemboca -una vez que el ciudadano siente el menosprecio- en un
doble juego de
erosión de lo político, "el
‘ciudadano’ (cada vez más entre comillas)
oscilará entre la apatía (…) y la rabia contra
los políticos" ; y de reducción de lo
político de la participación a la
política y de la política al sufragio. En este
aspecto es donde la dimensión simbólica del Estado
vuelve adquirir un valor
fundamental. Según lo definido acerca de las D.D.,
pareciese que sus mecanismos de funcionamiento sólo
apuntasen a una desagregación progresiva de la esfera de
lo social. Sin embargo el Estado, al ubicarse como un actor
privilegiado en la generación de sentido (y en la
circulación de discurso),
posee una serie de herramientas
que le permiten generar movimientos centrípetos y de
consolidación (al margen de la dispersión que pueda
ocasionar en el sistema su propio funcionamiento). Como apunta
Bourdieu :
"la sumisión al orden establecido es el producto del
acuerdo entre las estructuras
cognitivas que la historia colectiva
(filogénesis) e individual (ontogénesis) ha
inscripto en los cuerpos y las estructuras
objetivas del mundo al cual se aplican : la evidencia de las
injerencias del Estado se impone tan poderosamente porque ha
impuesto las
estructuras
cognitivas según las cuales es percibido"
Estructuras
cognitivas estructuradas (principalmente gracias al aparato
escolar) que se transforman en estructurantes (mediante la
socialización diaria del individuo). Este habitus
que es producto de
condicionamientos sociales ubica a los agentes, aún en
momentos de crisis -al
menos que sea orgánica-, dentro de una gama posible de
acciones
susceptibles de ser ejercidas o recibidas, que se corresponden a
un conjunto sistemático de bienes y
propiedades simbólicas y materiales,
que permite que el aparato Estatal "reprocese" ciertos
desvíos o que le imprima a una situación
anómala un significado nuevo dentro de los límites
tolerables para el sistema.
Habiendo definido nuestras dos primeras
categorías y sus relaciones, es momento de introducir
nuestro tercer concepto
crítico, relacionado con la noción de
Ajuste. Si bien no coincidimos con las conclusiones a las
que arriban Haggard y Kaufman sobre los resultados de la
aplicación de las políticas
de ajuste económico en América
Latina, concordamos en su
definición :
"utilizaremos el término ‘ajuste
estructural’ para referirnos a los paquetes de políticas
‘ortodoxas’ que incluyen la estabilización
macroeconómica, con énfasis en la política
monetaria y fiscal, en la
liberalización de los mercados de
bienes y
capital
mediante la desregulación y reducción de barreras y
controles externos y en la privatización del sector de
empresas
estatales [de servicios
públicos]".
Evidentemente este categoría no puede ser
trabajada por separado de nuestra caracterización de
Estado y Régimen. En principio debido a que los planes de
ajuste son inseparables de la movilización de toda una
serie de operaciones por
parte de las agencias estatales, ya que la mayoría de las
reformas orientadas al desarrollo del mercado deben
procesarse por medio las capacidades administrativas estatales
(leyes,
regulaciones, normas). Y en
última instancia ya que "ninguna reforma puede ser
introducida sin algún grado de autonomía en
relación a las presiones de los grupos que viven
de las ganancias financieras [y] tampoco ninguna reforma puede
tener éxito a no ser que ella apele a -o bien cree- una
nueva coalición de beneficiarios". El problema es que en
Latinoamérica la formación de esta coalición
para la conversión hacia el neoliberalismo
ha sido más que problemática. La primera etapa de
este giro hacia el modelo liberal
se ubica en la bisagra del pasaje entre la última etapa de
las dictaduras militares y la transición
democrática en la década del ’80. La vuelta a
la ortodoxia capitalista surge entonces de la mano de un proyecto
autoritario que introducía la noción de apertura
económica a la vez que actuaba como Estado gendarme, y que
no pudo (no quiso) generar un consenso o legitimación en
torno a este
proyecto. Una
vez en democracia, el
ajuste adquirió carácter de urgencia debido al
agotamiento del modelo de "Estado Keynesiano" que
mantenían (cuando menos en líneas generales) la
mayoría de los países del Cono Sur. Este
agotamiento tuvo sus raíces principalmente en dos causas.
La primera -interna- fue un trabajo sistemático de
endeudamiento y vaciamiento de las empresas
estatales y la segunda -externa- fue un reacomodo de la economía mundial en
función de un mercado
globalizado. El inconveniente fue que la reconversión se
dio en medio de una situación de crisis
económica cuyos principales síntomas de eran la
inestabilidad financiera y la hiperinflación, que
prácticamente acabaron con el aparato productivo y el
mercado interno.
Además, en períodos prolongados o agudos de crisis
se produce una suerte de espiral de desconfianza en los
operadores económicos que refuerza los efectos del
colapso. En estas circunstancias, como plantea O’Donnell es
lógico que los agentes actúen en niveles muy
desagregados, con horizontes temporales extremadamente cortos y
seguros de que
los demás harán lo mismo. Los resultados de estas
acciones
repercuten no sólo en los movimientos individuales sino
también en la manera en que el Estado se relaciona con
estos agentes, "la corrupción
es mayor que antes, segundo la misma crisis produce una enorme
fragmentación del aparato estatal o, lo que es
equivalente, una brusca disminución de su
autonomía". Las recetas que se aplicaron en función
de detener la espiral inflacionaria y reestructurar el mercado se
organizaron en "paquetes", que generalmente apuntaron a producir
"shocks" en el sistema económico, para posibilitar el
reposicionamiento de aquellos sectores estratégicos que
debían aportar los capitales para la consolidación
del nuevo modelo.
El error, en medio de la tormenta, fue pensar que
el Estado eficiente (que reclamaban los creadores de los
paquetes) era sinónimo de Estado chico. En realidad la
más de las veces lo que se hizo fue desmantelar la
estructura del
aparato estatal sin más criterio que el recorte
presupuestario en función de lograr cerrar la balanza
fiscal,
encubierto bajo el rótulo de reestructuración y
desregulación (que no es otra cosa que regular por
omisión). Según el planteo de
Evans,
"El agudo contraste entre el carácter
burocrático, patrimonialista, del estado predatorio y la
índole más weberiana de los estados desarrollistas
debería hacer reflexionar a quienes atribuyen la
ineficacia de los Estados del Tercer Mundo a su naturaleza
burocrática. La falta de una auténtica burocracia
estaría más cerca de construir el diagnóstico correcto".
La deconstrucción del Estado en tanto
burocracia
conlleva también a la destrucción "del estado en
tanto ley y su
legitimación ideológica". Y es en esta cadena de
discontinuidades que encontramos la articulación
problemática entre Ajuste, Régimen y Estado de la
que hablamos en la introducción y que nos servirá
de entrada al análisis del Caso
Perú.
- CUADRO DE REFERENCIA :
¿por qué
Perú ?
"Perú necesita de un emperador que lo gobierne
durante diez años, para reorganizarlo. De todas formas, yo
no quiero ser ese emperador."
Declaraciones de Fujimori al diario "El Peruano",
diciembre de 1991
El país (y el período
histórico) que hemos escogido para este trabajo posee una
serie de características comunes a todos los demás
países de América
latina : ha salido de una dictadura militar
en la década del ’80, se encuentra en un proceso de
reconstrucción democrática, inició un
plan de
reconversión económica de corte liberal. A su vez
comparte rasgos específicos con algunos países de
la zona, como la existencia de grupos
guerrilleros de considerable capacidad operativa y una
inserción (aunque no demasiada profunda) de grupos de
narcotraficantes con un ascendente que se refleja en la vida
política
económica del país. Por último,
Perú ha experimentado hechos únicos en la vida
política de esta década en
Latinoamérica : la guerra con el
Ecuador durante
el ’95 por la frontera en la cordillera del Cóndor y
el autogolpe de Estado perpetuado por el presidente Alberto
Fujimori el 5 de abril de 1992. El objetivo de este apartado es
dar mínima cuenta del desarrollo de esta cadena de
recurrencias y particularidades que nos permita ya en el
siguiente capítulo, una entrada más profunda a las
causas y consecuencias de estos hechos desde nuestro marco
analítico.
La primera característica ha tener en
cuenta es que el Perú aparece en América latina como uno de los
países que más se ha transformado en el pasado
reciente. "Tómese como referencia los primeros años
del la década de 1960, cuando el país
parecía prestarse con una docilidad a prueba de guerrillas
al manejo oligárquico (…) o tómese como punto de
comparación 1940, cuando dos tercios de la población era rural, proporción que
respecto a los habitantes de la ciudad se invertiría en
sólo 40 años" . Estos cambios actuaron sobre todos
los estratos y sectores : una economía dinámica, que había organizado un
juego de
postas entre el caucho, el guano, el
petróleo, el cobre y el
algodón, se desplomaba a principios de los
ochenta ; una gestión
política "sin sobresaltos" se veía jaqueada por la
subversión y atenazada por el narcotráfico ; una organización social estática
se sacudía por una nueva identidad
cobriza que comienza a invadir espacios y desacreditar normas. La
mayoría de los autores consultados coinciden en que un
hito fundamental en este proceso de cambios fue el gobierno militar
de Juan Velasco : "la reformas agraria, de la empresa y
educativa aceleraron el proceso de transformación social
que se venía desplegando desde el decenio de los cincuenta
con la crisis del Estado Oligárquico". Es claro que
estamos ante una suerte de modernización del Perú.
Decimos suerte, ya que parece no haberse ajustado a los modelos
clásicos de desarrollo (o al menos a sus resultados). No
ha sido una modernización que haya cerrado la brecha a
través de sucesivas etapas entre el subdesarrollo
y el modelo desarrollado (a lo Germani) ; ni tampoco un
proceso con eje en la industrialización y la capacidad del
Estado como motor de un
movimiento de
creciente autonomía para la nación (a lo Cepal).
Más bien se ha producido un alejamiento de la sociedad
tradicional a partir de ciertos lineamientos modernizantes
–escuela, promoción industrial, políticas
nacionales de comunicación-, de los que resultan una
serie de inestabilidades que se plasman en una crisis profunda,
que durante la década del ‘80 se manifiesta
principalmente en la hiperinflación y en la violencia
terrorista. No existe una coincidencia en las explicaciones del
por qué de esta "modernización truncada" entre los
diversos analistas socio políticos del Perú. En lo
que si concuerdan es en la aparición de una galería
de nuevos actores sociales que modifican de plano el panorama
social del país y que ponen en cuestión las viejas
formas de representación del poder político :
asociaciones vecinales, comités Vaso de Leche,
microemprendimientos empresariales -"informales"-, rondas
campesinas, comités de autodefensa, asociaciones
juveniles, comunidades autogestionadas. El resultado aparente de
esta aparición en escena de nuevos actores es un cambio en la
percepción e interpretación de las
relaciones entre los agentes y la esfera
pública.
De esta manera nos encontramos en el año
1980, con un nuevo mapa que cristaliza políticamente en un
sistema tripartidario, de esta forma : la derecha,
Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (AP y PPC)
gana las elecciones presidenciales en 1980, con una
mayoría en la legislatura entre el ‘80-85 y varias
de las elecciones locales para alcaldes e intendentes del mismo
período. El centro, APRA vence en las elecciones
presidenciales del ’85 y controla la legislatura durante su
gobierno así como varias gobernaciones locales. La
izquierda se acomoda como segunda fuerza en la
legislatura durante el período 1985-90 y gana varias
elecciones locales, entre ellas la intendencia de Lima durante
1983-86. Al margen de este esquema de equilibrio de
fuerzas partidarias, el decenio 1980-1990 comienza a mostrar las
fragilidades del sistema político peruano para imprimir un
rumbo específico al país. La primera de ellas es de
orden interno al sistema político : los partidos
tradicionales no poseen una inserción profunda en la vida
social del país, siendo percibidos por la sociedad civil
como electoralistas y nacidos en momentos de crisis, por ende
cortoplacistas. La segunda también refiere al ordenamiento
político : la constitución de 1979 le había
otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo, mediante la
posibilidad de generar leyes por decreto
en una amplia gama de temas. La exacerbación del poder del
Ejecutivo, y la consiguiente reducción de la
función legislativa, aportó a la debilidad de los
partidos
políticos como estructura,
elevando solamente la figura de su líder.
Las otras dos causas son de orden externo al sistema. La primera
es la existencia de grupos guerrilleros, especialmente la de
Sendero Luminoso que no pudo ser controlado ni por el gobierno de
Belaúnde, ni durante la presidencia de García. A
modo de ejemplo -volveremos sobre esto-, el costo en vidas
humanas de la guerrilla y las prácticas de
contrainsurgencia llevadas adelante por el ejército para
el período que nos ocupa fueron de 25.000 vidas, 5.000
desaparecidos, más de 100 fusilamientos extrajudiciales y
alrededor de 8.000 desplazados. Los puntos más
críticos del avance de Sendero los podemos encontrar
durante 1989, con 2802 atentados realizados ; y durante 1990
con 3654 víctimas cobradas. El otro factor externo lo
podemos localizar el la zona del Valle de Alto Hullaga, donde se
concentra la mayor cantidad de producción de hoja de coca y que sirve como
base de operaciones del
narcotráfico.
Debido a la debilidad institucional que hemos
apuntado, y a la incapacidad del arquitecto Fernando
Belaúnde y el doctor Alan García de controlar la
violencia
política y darle una solución a la creciente crisis
económica, las fuerzas armadas del país comenzaron
a cobrar una importancia cada vez mayor en la vida
política y social de Perú, a la vez que las
instituciones democráticas y republicanas caían en
un profundo desprestigio. Esta situación tal vez explique
el vertiginoso ascenso de la propuesta "independiente" de un
ignoto personaje como Alberto Fujimori. De hecho hasta veinte
días antes de las elecciones presidenciales de 1990 el
candidato indiscutido era el del FREDEMO, el escritor Mario Vargas
Llosa, que apuntaba su campaña a una revolución
neoliberal : inmediato ajuste de precios,
eliminación de subsidios, privatización de servicios y
reducción de empleados públicos. Fujimori, como
candidato del nuevo partido Cambio90 aparecía como segundo
en las encuestas a
más de un 15% de distancia. El "independiente" hizo
campaña sobre los mismo ejes que Vargas Llosa
(economía y pacificación) pero con una propuesta
más moderada : contra el paquete shock de su
adversario proponía un ajuste de precios
progresivos, una reducción parcial del aparato estatal, y
una apoyo a las microindustrias, factor clave para el desarrollo
económico. Estas medidas eran apoyadas por el sector
evangelista de la sociedad civil,
representantes del sector informal de la economía y por la
comunidad
japonesa del país.
La estrategia
funcionó : en la primera vuelta,
realizada el 8 de abril, el FREDEMO obtiene el 27,3 % de los
votos mientras que CAMBIO90 se alzaba con el 24,6 %. Esto
obligó a una segunda vuelta (contemplada en la constitución de 1979) en la que la victoria
del Fujimori fue contundente : 56,5 % contra un
33,9%.
Inmediatamente el presidente electo comenzó
a recibir presiones domésticas e internacionales para que
abandone el modelo de estado neo-keynesiano que había
levantado durante la campaña. Dos tempranos viajes a
Estados Unidos
y Japón en junio de 1990, y el rápido alineamiento
con la misión del
Fondo Monetario que llegaba a su país durante julio
marcaron el nuevo rumbo.
"During the first eighteen months, the following
structural reforms were implemented : exchange rate
unification and liberalization, reduction and simplification of
tariffs on imports, elimination of tariffs on exports, capital market
liberalization, reduction of employees in government ministries
and state-owned enterprises, eliminations of job security laws,
and liberalization of labor relations"
A este viraje en sus medidas le siguió un
cambio
sustancial en las fuerzas que lo acompañaban. De un
inicial gabinete multipartidario que reflejaba el apoyo del APRA
y la Izquierda Unida en la segunda vuelta, se pasó a una
rápida sucesión de gabinetes conformados por
independientes de derecha y tecnócratas. Astuto, Fujimori
fue tejiendo relaciones con el sector que más poder
había acumulado en los últimos años :
el Ejército. La alianza con el líder
encubierto del SIN (Servicio de
Inteligencia
Nacional) Vladimiro Montesinos cerró el
círculo.
Luego le siguió una larga campaña de
agravios contra las instituciones fundamentales del país.
La primera recayó sobre la legislatura. Se dio el caso
único en la vida democrática del Perú de que
el presidente electo no contase con mayoría propia en la
legislatura debido a que la composición de las
cámaras se decidió durante la primera vuelta. Sobre
a quién respondían los legisladores existen
opiniones encontradas, lo cierto es que no ofrecieron grandes
resistencias a
los mandatos de Fujimori (los presidentes de ambas cámaras
salieron del riñón de Cambio90). La segunda
campaña de agresión tuvo su blanco en el Poder Judicial,
altamente desprestigiado ante la sociedad civil.
Ambas campañas tuvieron el mismo eje : la inutilidad
de estas instituciones para resolver los problemas
básicos del país.
Inmediatamente después tuvo lugar el
golpe de
estado del 5 de abril de 1992, luego de un conflicto
entre el Congreso y el presidente por los alcances del poder del
Ejecutivo en materia de
lucha contra el terrorismo y
medidas económicas. En noviembre de 1991 gracias a la
ley 25.327 que
delegaba poderes del Parlamento al Ejecutivo, Fujimori
lanzó un paquete de 126 decretos/leyes que
limitaban la libertad de
prensa,
sumían en estado de emergencia a casi el 80 % del
territorio nacional y extendían los poderes militares en
la áreas críticas (libre acceso a universidades,
ocultamiento de identidad
durante el servicio,
transferencia de causas de violaciones de derechos humanos
al fuero militar), que dieron como resultado en palabras del
General Cisneros Vizquerra "una militarización de la
sociedad civil
mientras se politizaban las fuerzas armadas". La
implementación de estos decretos quiso ser detenida por el
Congreso mediante la objeción del Consejo de Ministros que
formó el presidente. La salida al choque de poderes
elegida por el presidente fue la que venía tramando con
los mando militares : el autogolpe. Al instante, y en nombre
de un "gobierno de emergencia para la reconstrucción
nacional" fue disuelto el Congreso, se arrestó
domiciliariamente a referentes partidarios y periodistas, se
apresó algunos miembros de la administración de García, se
interrumpieron las funciones
judiciales (poniéndose en disponibilidad a 135
magistrados) y se censuraron los principales medios de
comunicación. El golpe fue de todas maneras avalado
por los mandos militares, el sector medio de la economía y
el conjunto de la sociedad civil
-al día siguiente del mismo el nivel de popularidad del
presidente era del 80 %- . Estos elementos paralizaron el frente
interno -partidos de oposición- dándole más
capacidad de maniobra a la jugada del presidente. La
reacción más dura se originó en la
opinión pública internacional : "la
reacción al golpe fue principista y democrática,
con las serias advertencias de la administración estadounidense y la
suspensión de su cooperación, o el rompimiento de
la relaciones diplomáticas por Venezuela y
Panamá,
como la colectiva suspensión de la cooperación por
la Comunidad
Económica Europea, así como la reacción
colectiva de la
Organización de Estados Americanos que condena el
golpe, amenaza con sanciones y envía una comisión
de observación y negociación al país". Por su parte,
tanto el BID como el FMI envían
ambiguas señales hacia la administración golpista. Sin el mismo
aire
político, Fujimori acuerda un plan de retorno a
la democracia
compuesto por tres etapas : las elecciones de noviembre de
1992 para delegados del Congreso Constituyente (que
formarán el CCD encargado de la redacción de la nueva Constitución) ; las elecciones
municipales de junio del ’93 y la votación del
referéndum constitucional.
De la aventura del régimen de facto,
Fujimori llevará para su molino una serie de
artículos constitucionales modificados a su
medida:
– Artículo 134, que permite al presidente
disolver el Congreso : "El Presidente de la República
está facultado para disolver el Congreso si este ha
censurado o negado su confianza a dos Consejos de
Ministros".
– Artículo 137, que permite declarar estado
de excepción : "El presidente de la República,
con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo
determinado, en todo el territorio nacional o en parte de
él (…) los estados de excepción que en este
artículo se contemplan :
- Estado de emergencia, en caso de
perturbación de la paz o el orden interno. En esta
eventualidad pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de
los derechos
constitucionales relativos a la libertad y
las seguridades personales. - Estado de sitio, en caso de guerra
exterior, invasión o guerra
civil".
– Artículo 118, que deja en manos del
presidente la promoción de los cargos militares sin
intervención del Congreso : "Corresponde al
Presidente de la República presidir el Sistema de Defensa
Nacional ; organizar, distribuir y disponer el empleo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional".
– Artículo 112, que permite la
reelección presidencial : "El mandato presidencial es
de cinco años. El presidente puede ser reelegido de
inmediato para un período adicional".
– Artículo 140, que introduce la pena de
muerte : "La pena de muerte
sólo puede aplicarse por delito de
traición a la patria en caso de guerra y el de
terrorismo".
– Artículo 28, que modifica las pautas de
legislación en el sector de seguridad
social y permite su posterior
eliminación.
De esta manera Fujimori queda en condición
de gobernar con un marco jurídico más autoritario
en lo político y más liberal en lo económico
del que poseían sus predecesores. La mano de cal producto del
autogolpe fue una sensible disminución en el apoyo
recibido por parte de la ciudadanía : el
referéndum constitucional arrojó un 52 % por el
Sí (aprobación de la constitución) y un 48 %
por el No. Una sociedad fraccionada en dos partes casi iguales,
en el momento en que el gobierno parecía estar dando
claras señales de haber acabado con Sendero Luminoso y
haber encaminado el desarrollo
económico.
- CAMPOS : construyendo el objeto,
casos testigos
Nadie hubiera podido acusar a Rosie Ruiz de
ser una caída del plato. Su plan de carrera
resultó diferente al de los corredores tradicionales, pero
no se puede negar su eficacia.
Mientras los otros sudaban las agonías aeróbicas de
la larga ruta, Rosie Ruiz se metió a la pista en un sector
vacío cercano a la meta, y
emprendió a tranco vigoroso su carrera a la victoria. La
investigación duró algunos
días, durante los cuales Rosie Ruiz vivió el
exaltado status de triunfadora y atleta superdotada. En el estado
de Illinois, un grupo de
aficionados impresionados por la corredora, instauró la
maratón Rosie Ruiz. Las reglas, como podía
esperarse, resultaron flexibles : todos o casi todos,
partían iguales, pero cada cual llegaba desde donde
podía y quería. Lo importante era cruzar la meta. En el
Perú, el equivalente político de Rosie Ruiz,
Alberto Fujimori, se prepara para ganar las elecciones generales
del próximo año.
Transcribimos esta introducción con
ánimos de reflejar la situación política del
Perú dos años después del autogolpe, tal
como la sentían ese 48% que había votado por el No
en el referéndum. Es verdad que desde el inicio del
"fujimorato" muchos cambios acontecieron en la vida
política del país y, si nos remitiésemos a
las problemáticas que el gobierno se había
planteado resolver (la administración del Estado
-moralización- , la reforma económica y el control de la
subversión) es posible plantear que al menos dos de ellas
habían sido llevadas a "buen puerto". Pero ¿a costa
de qué ? O dicho de otra manera ¿gracias a
qué medios ?
En nuestro marco
teórico planteábamos la importancia de pensar
la relación entre legitimidad y legalidad en la construcción de las prácticas de
poder. Ahora nos vemos en la necesidad de agregar a este binomio
la categoría de eficacia que parece arrojar nueva
luz a la
relación. Paradoja sutil en Perú, Fujimori
gobernó hasta el golpe con un apoyo casi total de la
sociedad civil mientras transigía sistemáticamente
todo el ordenamiento jurídico vigente para esa misma
sociedad ; pero después del golpe y una vez que la
reglas del juego se
ordenaron según su parecer, la sociedad no le
respondió de la misma manera. En líneas generales,
podemos afirmar que Fujimori pudo gobernar durante este primer
período que va desde su elección hasta el golpe,
por fuera (o por encima) del marco legal vigente, mientras que
luego del golpe pudo crear una serie de nuevas condiciones
legales (¿legítimas ?) de gobierno. Cosecho
una derrota política, aunque ganó
formalmente.
Un segundo momento abarca desde el autogolpe hasta
la finalización del proceso de redemocratización.
Es cierto que las condiciones para el desarrollo de la vida
política e institucional del Perú no son las mismas
en el momento del coup d’etat que luego de fines del
’93. A manera de ejemplo : la constitución
fue sometida a referéndum, el CCD adquirió
funciones legislativas conforme a la división de poderes,
el Poder Judicial
salió de la situación de mantener el gran
porcentaje de sus magistrados en condición provisional (ya
que la mayoría de los jueces fueron vueltos a nombrar por
el Tribunal de Honor), la oposición volvió a actuar
de manera libre y muchas veces frontalmente contra el gobierno.
Entonces luego del golpe ¿Perú volvió a un
Régimen democrático, representativo y
republicano ? ; ¿el Estado perdió su
cariz autoritario y el Ajuste se realizó por acuerdo de
fuerzas ? Difícil responder que sí. Sobre todo
teniendo en cuenta que el proceso de reinstauración
institucional (y sus reglas) fue producto de una
imposición.
El tercer período se inicia con el conflicto en
puertas con el Ecuador y una
nueva victoria en las urnas, esta vez frente a Peréz de
Cuellar. Este nuevo voto de confianza ¿no inaugura una
etapa de legalidad/legitimidad indiscutida ? Quizá
sea esta la pregunta más ríspida de contestar. En
principio, la respuesta debería ser afirmativa. Pero
veremos en nuestra exposición que el uso de la autoridad
delegada en esta elección tampoco se ajusta a las normas
que el propio presidente forjó, creando una nueva crisis
de representación.
Intentaremos ahora dar cuenta de estos tres
períodos tomando una serie de ejemplos
concretos.
a) El referéndum
constitucional : lo primero a tener en cuenta con
respecto a este caso es que la reforma de la Constitución
fue la salida política que encontró el
Régimen ante la presión de la comunidad
internacional. En verdad la modificación de la Carta Magna
por medio de un Congreso Constituyente, y su convalidación
por medio de una consulta popular fue producto de la ingeniería política del entorno
presidencial. El proyecto de
país que impulsaba Fujimori se veía aprisionado por
dos elementos,
– el primero es producto del propio camino del
presidente : "Fujimori, como fenómeno electoral
emergente que llega al poder sin pactos ni acuerdos
políticos, cuenta con la autonomía suficiente para
gobernar sin tener que comparte la administración del Estado con ningún
otro partido o frente político, lo cual es su ventaja de
poder, pero como carece de una aparato partidario orgánico
que lo provea de los cuadros necesarios para dirigir la administración
pública, y como tampoco cuenta con funcionarios
profesionales en la dirección de la burocracia
estatal, esta situación se convierte en una grave
desventaja para su gestión
pública (…) para subsanar lo anterior, el Presidente ha
tenido que cooptar a individuos que sólo responden a la
lealtad personal". De
esta forma para llevar adelante la reforma político
administrativa del Estado necesitaba de una serie de funciones
extraordinarias y de un poder de decisión sin contrapesos.
Como mencionamos, el Congreso quiso asumir ese papel de
control, lo que
terminó provocando la crisis de poderes que
desembocó en el golpe, primera parte de la estrategia,
– el segundo obstáculo es producto del
desarrollo político del país. La reforma
económica necesitaba de una serie de herramientas
legales que al Constitución de 1979 vedaba. La segunda
parte de la estrategia fue
entonces modificar estos puntos.
Como decíamos, en realidad no era
necesario contar con un nuevo texto y
ratificarlo por referéndum, bastaba con efectuar las
reformas parciales a la Carta del
’79 de acuerdo con los mismos mecanismos que esta
establece. De ahí que podemos sostener que la
intención fue política más que
jurídica, y que la alternativa fue impuesta más que
propuesta. De todas maneras, ante el hecho consumado
¿qué características debió adquirir
este proceso para entenderlo como
legítimo ?
Podemos pensar en al menos tres : una
referida al nivel fáctico, al de las realidades, en
la que entendemos que un referéndum es valioso cuando es
consentido. En este aspecto la falta de un "clima
constituyente" y el escaso margen por el cual ganó el
Sí parecen mellar el consenso de la votación. Un
ausentismo del 30,93 % y una diferencia de votos entre ambas
opciones de solamente 347.429 votos no resultan base suficiente
para lograr "el objetivo de obtener el mayor y más intenso
consenso político social de los ciudadanos para asegurar
la permanencia y, por ende la estabilidad y regularidad del
Estado de
Derecho". La segunda característica se ubica en el
ámbito normativo, y se refiere a la legalidad del mismo en
cuanto se desarrolle con la normativa vigente. Ya apuntamos que
el mecanismo no estaba contemplado en el ordenamiento legal
vigente, aunque de todas manera debemos considerar que el proceso
de reforma tuvo lugar durante un régimen de facto. Por lo
tanto, este aspecto queda bajo la decisión política
generada por los diferentes frentes políticos que
consensuaron la formación del CCD, y su validez queda
fuertemente ligada al tercer rasgo de nuestra evaluación : el ámbito
axiológico. En este campo lo que se pone en juego es el
valor
(justicia) de
la consulta, en le que debemos diferenciar varios aspectos :
la legitimidad de la tramitación en la consulta (la
"limpieza" con la que el referéndum ha sido elaborado), la
información que se brinda a los grupos que
intervengan en la contienda, la formulación honesta de las
cuestiones sometidas a votación y un régimen
electoral sano que refleje fielmente los resultados. De estos
aspecto varios fueron puestos en cuestión durante el
proceso. Mencionamos simplemente dos : a) el tono de la
campaña a favor del Sí que le imprimió el
presidente, quién llegó a declarar que si ganaba el
No renunciaría, transformando el comicio en un voto de
aprobación o castigo a su gestión, es decir en un plebiscito ;
b) las razones del voto miembro del Jurado Nacional de Elecciones
para declarar la nulidad del comicio, Juan Chávez Molina,
"la mayor irregularidad que vicia este proceso, con nulidad
absoluta e insalvable, el la intimidación y la inducción autoritaria de quienes ejercen
funciones políticas
en distintos niveles (…) que es desinformar hacer comprender
que el Perú fracasará si se aprueba el No ;
que utiliza lemas con violación expresa de las
disposiciones de la legislación electoral, con emblemas
patrios y la denominación Perú (…) como si estos
fueran patrimonio de
los que están por una opción".
La última salvedad se refiere al hecho de
que, aún sancionada el nuevo ordenamiento, se han alzado
voces de protesta por el contenido de la nueva Carta. A
diferencia del axioma de Luhmann acerca de que la
legitimación se deriva de la legalidad, el jurista Javier
Valle-Riestra planteaba en diciembre del ’93 : "con
esas premisas la Constitución aún nota es legal (se
adecúa a sus leyes y ha ganado
por puntos) pero es ilegítima porque es retrógrada
en materia de
derechos
humanos, no es antigolpista, restringe la gratuidad de la
enseñanza, reintroduce la pena de
muerte, militariza la justicia en
casos políticos-sociales (…) como recuerda la doctrina,
una Constitución no es legítima por la regularidad
de su aprobación sino por el respeto a
los valores
consagrados en la Constitución positiva (el texto
pre-existente) y por la Constitución social (las creencias
y sentimientos nacionales).
b) El caso La Cantuta : durante la
noche del 18 de julio de 1992 se llevaba a cabo un operativo en
la Universidad
Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como
La Cantuta. Un grupo de los
efectivos que montaban guardia en el mismo predio ingresaban al
pabellón de los estudiantes portando armas largas.
Rápidamente despertaron a todos los estudiantes, los
obligaron a levantarse y a ponerse en fila, mientras separaban
ocho de ellos de acuerdo con las indicaciones de una lista. Unos
minutos después los efectivos ingresaban en las
instalaciones reservadas a las alumnas llevándose a
Bertelita Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y a Norma Espinoza.
Hacia la una de la madrugada entraban a la casa del profesor Hugo
Muñoz Sánchez, último de la lista.
Completado el operativo abandonaban las instalaciones en dos
camionetas militares.
La maña siguiente fue de conmoción
en la Universidad.
Profesores y estudiantes acudían a las autoridades
solicitando el paradero de las víctimas. El 24 de julio el
rectorado presenta un recurso de hábeas corpus ante el
Juzgado Penal de Lima número 11. Dos meses más
tarde el presidente Fujimori visitaba la Universidad
cargado de regalos. Un grupo de
estudiantes se animó a preguntarle ¿dónde
están los desaparecidos ? El presidente
respondió : "si es un estudiante que se alineo con
Sendero, debe estar en una cárcel de seguridad del
Estado".
Es que dos meses antes del secuestro se
habían producido los atentados más efectivos
perpretados por la
organización. Uno fue la explosión de dos
vehículos con quinientos kilos de "anfo" -dinamita y
nitrato de amonio- en Tarata, "pleno centro del
mesocrático distrito de Miraflores". Resultado :
veintidós muertos, casi cien heridos y más de
doscientas viviendas dañadas. El segundo atentado era el
realizado contra Canal 2, cuando 600 kilos de dinamita volaban
todo el frente de su planta transmisora. Sin embargo los
integrantes de la lista no estaban sindicados con el terrorismo, ni
se alojaban encontrados en cárceles de seguridad.
En agosto del mismo año la quinta sala
Penal de la Corte Superior rechazaba el pedido de hábeas
corpus. Otros pedidos presentados en el mismo sentido fueron
sistemáticamente rechazados en la instancia de los
tribunales superiores. Mientras tanto el Comando Conjunto
declaraba que ese día no existió ningún
operativo en la Universidad, y el
Comandante General del Ejército, General Hermosa
Ríos afirmaba que tampoco hubo detenidos y que no
informaba la identidad del
personal que
ese día se encontraba en el lugar por "razones de seguridad".
Cuando parecía que ante la negativa militar y judicial de
proseguir las investigaciones
llevaban a un callejón sin salida, el congresista Henry
Pease del Movimiento
Democrático de Izquierda informaba a sus compañeros
del CCD (en la sesión del 2 de abril de 1993) que a sus
manos había llegado un sobre con información precisa de como se había
realizado el operativo del 18 de julio. El documento estaba
firmado por COMACA -Comandantes, Mayores y Capitanes- , movimiento
clandestino del Ejército opositor al grupo "La
Colina", liderado por altos mandos militares. La versión
del documento indicaba que el comandante Manuel Guzmán y
el mayor Martín Rivas habían estado a cargo del
operativo. Después de tomar prisioneros a los estudiantes
se retiraron con los detenidos en vehículos del Servicio de
Inteligencia
del Ejército. El grupo
tomó dirección hacia Lima, por la Carretera
Central, pero en el camino (por orden de Rivas) se ejecutó
a los secuestrados. En principio los homicidas pensaron
enterrarlos en un "lugar seguro" pero como
estaba amaneciendo se los sepultó en Huachipa. Ante los
datos que
aportaba el documento se ordenó la apertura en el Congreso
de una Comisión Investigadora. Una de las primeras medidas
del cuerpo (encabezado por Róger Cáceres
-presidente de la comisión de DDHH del CCD) fue citar al
ministro de Defensa, al comandante general del Ejército y
al presidente del Comando Conjunto. Hermoza Ríos se
presentó ante la comisión el 20 de abril.
Allí leyó un
documento en el que afirmaba que ningún efectivo de su
fuerza tuvo
participación en los hechos que la comisión
investigaba, y que la Inspectoría de su fuerza ya
había realizado las investigaciones
internas del caso, llegando a la misma conclusión.
Asimismo sostuvo que el documento del COMACA era apócrifo
y que la denuncia fue hecha "con ánimo de lesionar la
imagen del
Ejército". En este mismo sentido se pronunciaron todos los
integrantes de la fuerza, "al
día siguiente los transeúntes de la capital
contemplaron el paseo de tanques, sacados a la calle por la II
Región Militar con el pretexto de un acto de respaldo al
general Hermoza. El propósito no era otro que presionar al
CCD para que no prosiguiera con al investigación. Los rumores de golpe de estado
comenzaban a cobrar fuerza". Mientras tanto las declaraciones de
la fuerza seguían subiendo de tono,
"el burdo intento de incriminar al Ejército
Peruano en una supuesta violación a los derechos humanos
por un pequeño grupo opositor no constituye un hecho
aislado, sino que forma parte de una campaña con el oscuro
propósito de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, limitar
su capacidad operativa contra el terrorismo y
generar desconfianza en la ciudadanía (…) ante los
hechos inaceptables el Ejército manifiesta que no
tolerará que se pretenda agraviar al comandante general y
lesionar la imagen de nuestro
instituto" -manifiesto leído el día de la marcha de
los tanques por Lima-
Los incidentes dieron lugar a un comunicado del
Departamento de Estado Norteamericano deplorando los hechos. EL
22 de abril el Secretario para asuntos Interamericanos, Bernard
Aronson, se comunicó con Fujimori para comunicarle que su
gobierno consideraba inaceptable el intento de
intimidación por parte del Ejército al CCD.
Fujimori se comprometió a respaldar la independencia
de la Asamblea Constituyente, sin embargo quedó claramente
demostrado la inexistencia en el "equilibrio de
fuerzas" : la Cámara había sido amenazada el y
responsable de la fuerza no recibía siquiera un
apercibimiento. De todas maneras parecía que la investigación estaba destinada a entrar en
un período de invernación cuando el general Rodolfo
Robles manifiesta haber sido informado del operativo, afirmaba
que el móvil fue la venganza del atentado de Tarata y
sostenía que el autor intelectual del crimen era Vladimiro
Montesinos (jefe del SIN) en conjunto con Hermoza Ríos.
Las declaraciones de Fujimori al respecto fueron tajantes "[la
denuncia] es anecdótica, personal y
dañina para el país", mientras ratificaba su
confianza en Hermoza y Montesinos, a los que atribuía los
logros de la guerra contra
la subversión.
A partir de estas denuncias la comisión
investigadoras recibió un impedimento tras otro. Se le
negó la posibilidad de tomar declaraciones a los mandos
del Ejército y al jefe del SIN (ya que estaban a
disposición del fuero militar), y se le negó el
acceso a la información referente a los movimientos de
personal
militar de ese día (por "razones de seguridad"). De
todas manera logró plasmar sus conclusiones en un informe (el
"informe
Cáceres") emitido el día 24 de junio de 1993. En el
documento se señala que se puedo establecer la existencia
de los desaparecidos así como se logró verificar la
existencia de un operativo militar el 18 de julio, que
culminó en el secuestro de las
víctimas. El informe
puntualizaba que lo ocurrido constituía el delito de
desaparición forzada de personas, tipificado en el
código Penal, y que por lo tanto debía ser juzgado
por el fuero común. El contrainforme lo elaboraron los
oficialistas Gilberto Siura y Jaime Freundt, quienes
sostenían cuatro hipótesis : los secuestró un
grupo paramilitar, los secuestraron grupos subversivos, los
secuestró algún grupo indeterminado por ajuste de
cuentas, o se
autosecuestraron (pasaron a ala clandestinidad). Sostenían
que no habían podido discernir quiénes participaron
el la desaparición de los estudiantes, así que se
inclinaban por la última hipótesis. En ninguna se involucraba
directamente las Fuerzas Armadas. Un mes después otro
anónimo, un mapa indicando el lugar del entierro de las
víctimas, llegado a la redacción de la revista
Sí, vendría a desmentir la hipótesis de Siura. Se descubrieron las
Tumbas de Cienaguilla, donde se encontraron en principio los
restos de tres personas que, por haber sido incineradas no
pudieron identificarse de inmediato. Pero la incertidumbre no
duró mucho. Cuando la fiscalía ordenaba la realización de
una prueba de ADN, se
encontró en la fosa un manojo de llaves entre los restos
de un pantalón. Estas llaves pertenecían al cuarto
de la Universidad, a un
candado y a la puerta principal de la casa de Juan Mariños
Figueroa. Mientras la Americas Watch señalaba
que
"el gobierno de Fujimori ha encubierto la verdad
acerca de las desapariciones de la Cantuta ; tal
encubrimiento incluye la incineración y entierro
clandestino de los cuerpos, las amenazas públicas
de ; general Hermoza contra los congresistas, intento de la
bancada oficialista del CCD de descarrilar la
investigación, abdicación de los fiscales
públicos de sus responsabilidad en la investigación de los
crímenes…"
se iniciaba una larga gestión
de competencia entre
los fueros militar y civil para determinar quién
debía instruir en la causa. El gobierno trató de
llevar las aguas a su nivel normal y acallar los pedidos de
justicia. De
un comienzo del ’93 altamente positivo la imagen del
gobierno se comenzaba a erosionar al compás del caso. La
contienda fue dirimida por la "Ley Cantuta",
presentada por un independiente pero redactada por el
oficialismo, que establecía que "salvo los casos de
narcotráfico, las contiendas de competencia se
resolverían por mayoría simple de votos,
disponiendo la aplicación de la misma para todos los casos
que estuvieran pendientes de resolución en la Corte
Suprema". En único caso pendiente en la corte era el de La
Cantuta. La explicación de la aprobación (que
orquestó el bloque oficialista) de esta ley claramente
violatoria del principio de autonomía de poderes fue que
se hizo para salvaguardar la democracia, ya que los militares
habían amenazado con el golpe si el caso pasaba al fuero
común.
Dos años más tarde, en medio de la
euforia por el nuevo triunfo electoral, el 13 de junio de 1995 a
las tres de la mañana se aprobaba una ley de
amnistía para todo personal civil,
militar o policial que hubiese incurrido en violaciones de
derechos
humanos en los últimos 15 años, quedando sin
antecedentes y sin posibilidad de ser juzgados en el futuro.
Quedaban libre de culpa y cargo, entre otros, los militares
vinculados al golpe de abril y los integrantes del grupo Colina,
responsables de la matanza de La Cantuta. El argumento del
Presidente fue el siguiente : "el mejor homenaje a los
caídos en la lucha contra el terrorismo, a
los miembros de las fuerzas del orden, a los civiles, a los
campesinos y también a los jóvenes equivocados que
se alzaron en arma contra el Estado, consiste en sentar las
bases, ciertamente dolorosas, de una verdadera
reconciliación. Esta vez el cálculo le
falló. Al día siguiente un 87% de la población se manifestó en desacuerdo
con la medida.
c) Sendero Luminoso : en 1980 Sendero
Luminoso hacía su aparición en la vida social y
política del Perú, realizando 219 atentados con un
saldo de 11 víctimas. Diez años más tarde,
cuando la contienda electoral comenzaba a volcarse a favor de
Alberto Fujimori, su capacidad operativa había llegado a
2113 atentados y ya tenía "en su haber" más de 10
mil muertes. Para ese entonces, festejaba su aniversario :
"ha llegado el momento de decir que se acabó el crimen por
el crimen, el culto a la
personalidad y el fundamentalismo ideológico ;
hagamos nuestra propia Guerra Popular para evitar su
congelamiento. No buscamos el aceleramiento del próximo
paso, es decir el Equilibrio
Estratégico para la toma del poder, para instaurar la
República Popular de la Nueva Democracia, porque no
queremos genocidios en masa, sino ganar el apoyo de las masas
campesinas y del proletariado (…) mientras tanto denunciamos y
condenamos los asesinatos, desapariciones y torturas de nuestro
pueblo, efectuado por el gobierno genocida de García y los
asesinos de las Fuerzas Armadas y miserables Policías,
hechos que no quedarán impunes". Para este momento el
Equilibrio
Estratégico parecía no estar muy lejano y mientras
un matutino publicaba una crónica sobre los atentados del
último mes con el título "Cuando el Terror sabe lo
que quiere" otro diario publicaba las nuevas medidas
antiterroristas bajo el título "Sin
Brújula".
Sendero había complicado a los anteriores
gobiernos porque adoptó la forma clásica del grupo
guerrillero a la perfección : se organizó como
un movimiento con
una organización política y una aparato
militar clandestino, que despliega sus operaciones al
interior del mismo territorio (sociedad e instituciones)
controlado por su enemigo -personificado en el Estado-. En
líneas generales la efectividad del grupo guerrillero se
mide según su capacidad de aprovechar su superioridad
táctica (ellos son lo indeterminado) y utilizar las zonas
en las que las fuerzas del orden tengan menor presencia.
Así, Sendero Luminoso construyó una estrategia de
asentamiento en las comunidades rurales (principalmente en
Ayacucho y en el Alto Hullaga), donde la presencia del Estado es
mínima y las condiciones sociales y económicas son
propicias para cultivar resentimientos hacia la
administración central.
Pero el nuevo presidente sabía de la
urgencia de resolver el tema de la "violencia política".
Su convicción más profunda parecía ser la
necesidad de actuar con dureza, cueste lo que cueste. Sus
primeras medidas apuntaron a transformar la batalla
política en una batalla puramente militar. Para ello
debía crear una serie de mecanismos que permitieran al
Ejército y al Servicio de
Inteligencia
operar sin restricciones en las zonas de conflicto,
pero sin transformar la contienda en una guerra civil. En este
sentido se encaminaron los anuncios de la necesidad de modificar
la Constitución en pos de generar una serie de herramientas
en la lucha antisubversiva,
– los Tribunales Militares : la
creación de un fuero especial para el juzgamiento de casos
de terrorismo. En palabras del ministro del Interior, "en la
actualidad muchos jueces no juzgan adecuadamente a los sediciosos
y los sueltan, quizá por temor. La intención es que
los procesos se hagan lo más rápido
posible".
– Decreto Supremo 171-90-pcm : que considera
que las fuerzas del orden están de servicio
durante las 24 horas del día en las zonas de emergencia,
por lo tanto sus acciones
están sujetas al Fuero Militar. Además "dada la
naturaleza y
características de las acciones contrasubersivas, y para
proteger a las fuerzas del orden que en ellas intervienen, las
identidades de dicho personal pasan a tener carácter
reservado".
– Decreto Supremo 024-90-jus : que reglamenta
la Ley de Amparo y
Hábeas Corpus, recortando su aplicación y
beneficios.
Todas estas medidas tendientes a generar una
política de "manos libres" para las fuerzas militares,
acompañadas de un proceso turbio de nombramientos y
rotaciones en la cúpula militar con el fin de generar un
núcleo cerrado y oficialista generó la pronta
reacción de la oposición. Su mayor
manifestación fue el proyecto de ley
aprobado en marzo de 1991 que dejó sin efecto el decreto
171. Poco después de esta afrenta llegaría el
autogolpe.
Con una capacidad de maniobra sin límites
Fujimori volvió a su preocupación primera :
arrasar militarmente las bases de Sendero Luminoso. Dejó a
cargo de la operación al comandante del Ejército,
general Hermosa Ríos, al departamento antiterrorista de la
Policía Nacional, la DINCOTE y al Servicio de Inteligencia
del Estado. De estos tres organismos el más controvertido
es el SIN. Creado por el Decreto Ley 25.635, sus funciones quedan
establecidas dentro del marco del desarrollo de inteligencia
en los campos político, económico, social y
militar. A pesar de sus amplias funciones, el decreto no
establece ningún tipo de organismo o forma de control
sobre el servicio, haciendo referencia solamente a que "depende
directamente del Presidente de la República". Curiosamente
quién es sindicado como jefe del SIN, Vladimiro
Montesinos, es también considerado parte de la "trinidad
del poder" (junto a Fujimori y Hermoza
Ríos).
Habiendo logrado el despeje del camino el
Ejército y el SIN se dedicaban a realizar "batallas
finales" en el campo mientras la DINCOTE se encargaba de la
inteligencia en las ciudades. El trabajo
acertado lo realizaba esta última. Tanto es así que
sobre fines del ’92, con la caída del "Presidente
Gonzalo" -Abimael Guzmán, líder
de SL- en su lista de logros Fujimori definió su nueva
estrategia :
"es muy simple, se basa en rondas en el campo y inteligencia en
las ciudades".
Es que el trabajo de
inteligencia permitió conocer la estructura
interna de funcionamiento del grupo guerrillero, para luego poder
apresar a su cúpula dirigente (para fines del 1993, el
único dirigente del Comité Central de Sendero que
no estaba en la cárcel -o muerto- era "Feliciano"). El
caso más contundente fue la captura de Guzmán, con
el que se inició una serie de negociaciones conocidas como
"las Cartas". Misivas
escritas por el líder y
dirigida a todos los cuadros de la
organización en las que proponía el cese al
fuego, "tomar una nueva y gran decisión ; y como ayer
bregamos por iniciar la guerra popular, hoy con igual firmeza y
resolución se debe luchar por un acuerod de
Paz".
La otra pata de la nueva estrategia fueron las
rondas populares. Una de las preguntas que nos surgieron cuando
describíamos el funcionamiento de las democracias
delegativas era si la desintegración de las dimensiones
del Estado se condecía con un proceso de
degeneración de la sociedad civil. En este caso la
respuesta parece ser negativa. Las rondas surgieron como parte de
una estrategia de defensa de los propios campesinos. Surgidas
tanto del rechazo de las comunidades rurales a los métodos de
Sendero Luminosos como a manera de reacción desesperada
ante la incapacidad del Estado de darle protección. Es que
desde el ingreso del Ejército a las zonas rurales en el
’82, Sendero se vio obligado a militarizar su
accionar ; en lugar de integración ahora necesitaba el
aislamiento, que se expresó en la presión, el
chantaje y el terror hacia las comunidades. La respuesta
doble : por un lado el abandono de comunidades, por otro
la
organización delos comités de autodefensa.
Cuando Sendero perdió su conducción en el avance
sobre Lima y quiso volver al campo, ya no tuvo espacio para
hacerlo.
Sin embargo el saldo dejado por la "estrategia
del Chino" no fue menor : se calculan alrededor de 200
muertes perpetradas por los grupos comando del SIN y el
Ejército, y unas 60.000 familias desplazadas por el curso
de las acciones militares en las zonas de emergencia, y alrededor
de 2.000 personas encarceladas injustamente bajo
presunción de terrorismo. Por otra parte, si bien el
accionar de los grupos subversivos parece haber sido controlado
totalmente (pero no hay que olvidar tampoco la toma de la
Embajada del Japón por el MRTA), los rasgos que han sido
propicios para la inserción de los grupos guerrilleros (y
que lo siguen siendo para los grupos de narcos) no han sido
eliminados : la extrema pobreza, la
inexistente institucionalidad estatal y la carencia de canales de
comunicación participación para la
comunidad.
- CIERRE PROVISORIO : la
desagregación y la nueva
institucionalidad
En la introducción del trabajo
planteábamos que a manera de hipótesis
íbamos a intentar pensar el caso Perú como un
espacio donde nuestras categorías -Estado, Régimen,
Ajuste- adquirían unas coordenadas específicas (ya
lo podemos decir, de matriz
autoritaria) que suponían un cruce necesario para el
momento socio/político/económico actual de los
países de América
del Sur. A pesar de todo lo expuesto (y lo que sirvió de
sustento de esta monografía
pero no ha sido incluido) no podemos afirmar
categóricamente que el modelo del "fujimorato" se pueda
trasladar al resto de América
latina, por dos razones : primero porque se
necesitaría de una análisis comparado de envergadura, segundo
porque el mismo modelo peruano contiene una serie de
mecánicas (y contradicciones) que surgen del propio
desarrollo histórico del país. Lo que si podemos
sostener al menos en primera instancia es que el modelo que
combinó un Estado autoritario, con un Régimen
autocrático y con un Ajuste neoliberal, funcionó.
Es decir, el proceso iniciado por Fujimori se trazó una
serie de objetivos que
pudo cumplir en los plazos estipulados, sin importar a que o a
quién se violentaba en el medio. Eficacia que le
permitió renovar sucesivamente la confianza del electorado
(el ciudadano en cuanto voto) mientras gozaba del resquemor de
gran parte de la sociedad civil (el individuo en cuanto parte de
la sociedad civil). Eficiencia que le
permitió asimilar todas las presiones políticas
de la opinión pública internacional, a la vez que
recibía generosamente los fondos internacionales
necesarios para sanear la economía del país. Como
ya apuntamos, la lógica
de gobierno giró en torno a articular
las condiciones necesarias para ganar el apoyo de la población aún por fuera del orden
legal, hasta concentrar el poder necesario para generar un nuevo
ordenamiento jurídico que le permitiese seguir con las
líneas de acción aún por encima del consenso
de la ciudadanía.
Las condiciones para que este juego sea posible
son muchas, pero se resumen en la ya gastada palabra
crisis, que para nuestro caso no es otra cosa que una
inestabilidad tal (económica y política) que admite
y reclama imperativamente un orden (casi de cualquier
signo).
El elemento Mercado, más precisamente
la
globalización de la economía, arrastra una
serie de cambios fundamentales en las relaciones de los
individuos entre sí, y de estos con sus representantes.
Los problemas de
exclusión social -los pobres estructurales-, de
dislocamiento y fragmentación de los diferentes actores,
repercuten sobre las percepciones y representaciones de los
individuos y sus formas de relacionarse con la política.
La mala conjunción de la crisis de representación
con la impotentización de la política precariza el
sistema, los partidos y finalmente la estructura misma de la
democracia.
"Si predomina el mercado sobre el estado, si los
partidos históricos están obligados a redefinirse
drásticamente es natural que ocurra una crisis de
representación. El problema más grave en este punto
son sus resultados : política espectáculo,
clientelismo, escepticismo, discrecionalidad de los
gobernantes"
Más que ante una crisis de
representación, 1990 en el Perú planteaba una
crisis de representabilidad. El conjunto de transformaciones
sociales asociadas a la inmigración, a los cambios productos de
la masividad escolar, a los movimientos desestabilizadores
producto del ingreso a una modernidad
tardía, generaron una situación especial, en la que
un vasta cantidad de habitantes se encontraron ante la
imposibilidad de canalizar sus demandas (por ausencia real de
medios, por
desconfianza o apatía). Sus necesidades se encontraron a
un nivel irrepresentable, por eso fue tan propicia la figura de
un independiente, dispuesto a asumir esas demandas (aún
sin escucharlas).
De todas maneras sería ingenuo premiar a
Fujimori por original. Las raíces de este tipo de
arrogancia provienen de una larga tradición de la
filosofía política, que ha dividido el ejercicio
del poder en una matriz
libertaria por una lado, y en una autoritaria por el otro. La
primera reconocible ya en Pericles : "si bien unos pocos
pueden dar origen a una política, todos nosotros somos
capaces de juzgarla. No consideramos la discusión como un
obstáculo sino como un preliminar indispensable para
actuar prudentemente". La segunda rastreable en la
concepción de Estado platónica, que unificaba en la
figura del Filósofo Rey la identificación del saber
con el poder : "no debe acostumbrase al espíritu de
nadie a permitirse obrar siguiendo su propia iniciativa (…) en
una palabra, deberá enseñarle a su alma, por medio
del hábito largamente practicado, a no soñar nunca
a actuar con independencia
de las leyes ordenadas por el Estado"
Los tiempos han modificado los métodos,
pero no las alternativas :
"una política realmente democrática
se encuentra ubicada frente a la forma moderna de una muy vieja
alternativa, la del filósofo rey (o el déspota
esclarecido) y del demagogo, es decir, la alternativa de la
soberbia tecnocrática que pretende ofrecer el bienestar a
los hombres sin ellos a o pesar de ellos, y la dimisión
demagógica que acepta tal cual la sanción de la
demanda que se
manifiesta a través de las encuestas de
mercado, los escores de la audiencia o las tasas de popularidad
(sin contar los casos en los que, como se ha visto aun
recientemente, los gobernantes se alternan, por inconstancia o
por cinismo, hacia las dos vertientes de la
alternativa).
Autor:
Luis Sotomayor
lsotomayor[arroba]arnet.com.ar