El gabinete de Vicente Fox

Inmediatamente después de que el congreso de la
Unión aprobó las reformas constitucionales en
materia
indígena, los diversos partidos
políticos se dispusieron para desarrollar su estrategia y
reproducir el sentido de su voto en los congresos de los
estados.

El PRI sesionó el 15 de mayo con sus legisladores
estatales, pero por las dificultades presentadas en la misma
asamblea no hubo "expresión ni recomendación del
CEN" y dejaron que los legisladores votaran libre y "en conciencia".
Algunos diputados federales defendieron su voto en
favor

Armando López Campa de Aguascalientes
señaló que la Ley Cocopa
"atenta contra la integridad nacional", además de que
afecta los intereses de los ciudadanos de Aguascalientes, en
donde "no hay comunidades indígenas"

Aquiles López Sosa, presidente de la Gran
Comisión del Congreso de Oaxaca, adelantó que
votarán en contra de la Ley porque no
cumple con el contenido de los acuerdos de San Andrés
Larráinzar, "representa un retroceso respecto a las
legislaciones locales y ponen en riesgo la
convivencia armónica y la estabilidad social. El
coordinador de la fracción del PRI en sonora, Jesús
Henríquez Burgos, defendió el voto priísta
en el Congreso de la Unión.

El PRD por su parte, en sesión nacional de los
legisladores locales con el CEN acordó votar en contra y
buscar alianzas con otros partidos para lograr el objetivo de
que se regrese la reforma y vuelva a ser discutida en el
Congreso, porque la ahora aprobada tiene notorias insuficiencias,
pues se eliminaron partes importantes de la iniciativa de la
Cocopa, además de que no ha sido aceptada por el EZLN ni
por el Congreso Nacional Indígena.

En este año se llevarán a cabo 15
elecciones locales, y sólo en Oaxaca las comunidades
indígenas tendrán la posibilidad de ejercer su voto
de forma consuetudinaria, respaldadas por un código
electoral local. Las otras entidades son: Yucatán, Baja
California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes,
Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Tlaxcala
y Tabasco.

El PRI tiene mayoría en 23 congresos locales y en
muchos otros su voto es decisivo, por tanto de él depende
el futuro de la reforma constitucional.

Hasta ahora son 18 estados que han aprobado las
reformas, 9 la han rechazado y faltan solo 4. En los 16 estados
donde ha sido aprobada la reforma, a saber, Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y
Querétaro, esta dependió exclusivamente de los
votos del PAN. En los casos de Sonora y Querétaro, la
bancada priísta se dividió, y los pocos votos que
se sumaron al PAN fueron suficientes para lograr la
aprobación, pero bien podrían haber decidido lo
contrario. En los estados de, Coahuila, Colima, Chihuahua,
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, y
Veracruz, los diputados priístas se presentaron en bloque
y sus votos fueron suficientes para aprobar la reforma, Campeche,
Durango y Nayarit tuvieron que sumar sus votos el PRI y el PAN
para aprobarla.

Observamos que la reforma ha sido rechazada porque los
diputados del PRI han votado en contra en 7 estados, como
Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Estado de
México,
Oaxaca y Sinaloa el rechazo se debió a la posición
adoptada por los priístas y fue su responsabilidad, en Guerrero, Baja California Sur
y Morelos, la responsabilidad la comparten junto con el PRD y en
Zacatecas se decidió por el voto perredista.

De los mil 47 diputados locales que hay en el
país (con excepción del Distrito Federal),
aproximadamente, de acuerdo con la información que contamos, 464 han votado a
favor de las reformas constitucionales y 426 en contra, faltando
82 diputados de Baja California, Tamaulipas, y Yucatán.
Además encontramos aproximadamente 75 diputados que se han
abstenido o que no emitieron su voto por diferentes
razones.

Disgregando más la información, con la mayoría de
datos de los
estados, tenemos que de los diputados locales del PRI son
mayoría los que votaron rechazando la reforma, por lo que
es posible suponer que existe una base social indígena y
campesina importante que determina los votos de estos diputados.
Han votado 44.32% de los diputados locales a favor de la reforma
constitucional y 40.64 en contra. Del total de los mil 047
diputados, 22.92 % son de panistas que votaron a favor, 21.01 de
priístas a favor y 0.29 de otros que votaron a favor;
19.77% de priístas que votaron en contra, 14.42% de
perredistas, todos ellos en contra, 1.81 del PT, 0.76 del PVEM,
2.87% de diputados de otros partidos y finalmente, corresponden
7.83% a los diputados de los estados que no han tomado una
decisión y 7.16% a quienes se abstuvieron o no asistieron
a las sesiones.

Como puede observarse, el PAN, el PRD y el PT votaron en
bloque y la diferencia entre los priístas que votaron en
contra de la reforma y los que lo hicieron a favor, es muy
pequeña, correspondiendo esto con los estados con mayor
población indígena.

Los estados que rechazaron la reforma constitucional en
términos de la población nacional indígena, suman
5,619,557, es decir, el 53 por ciento y que son Guerrero
(548,001, 0.42%), Hidalgo (607,042, 5.73%), San Luis
Potosí (336,206, 4.58%), Baja California Sur (4,107,
0.04%), Chiapas (1,375,976, 12.98%), México
(589,787, 5.42%), Oaxaca (1,938,867, 18.30%), Sinaloa (104,095,
0.98%), Zacatecas (1,317, 0.01%) y Morelos (114,159, 1.08%).
 ,  

La observación principal que hacemos es que si
bien la reforma dependió de la mayoría
priísta en los congresos locales, esta se dividió y
provocó a su vez una división del país en
dos grandes bloques provocando una gran fisura en el PRI, en las
legislaturas locales y en todo el país, especialmente a
dos grandes instituciones:
los poderes legislativos estatales y El Congreso de la
Unión.

Una vez expresada la aprobación de 18
legislaturas estatales, es decir, de la mayoría necesaria
para iniciar el proceso de
declaración de aprobación de las reformas
constitucionales en materia indígena que el Senado y la
cámara de Diputados aprobaron con la mayoría
calificada, toca ahora hacer un balance e iniciar la
discusión sobre el tema.

En primer lugar las reformas mencionadas –aunque
se diga lo contrario- no satisfacen la demanda de las
organizaciones
indias de otorgarles la autonomía y el reconocimiento
legal a las comunidades, municipios y regiones indígenas.
Podrán ajustarse o no, a los acuerdos de San
Andrés, como en su momento lo interpretó Ernesto
Zedillo y ahora lo insisten Bartlett y Fernández de
Cevallos. Lo cierto es que nadie quedó satisfecho y este
debate
provocó una seria división en el país, en
las legislatura locales y sobre todo entre los legisladores
priístas, quienes votaron mayoritariamente en contra de
las reformas constitucionales. Insistir, como lo hace Bartlett,
que "la reforma ya se aprobó", no tiene mas que el claro
tiente autoritario del ex secretario de educación, de
gobernación y ex gobernador del estado de
Puebla. Es evidente, por las expresiones y situaciones que se
presentaron en los estados, que la reforma debe reconsiderarse,
reformularse e incluir las demandas de los pueblos
indios.

Lo que está en debate no es
si se ha aprobado o no, o si los estados cumplieron con la Ley al
aprobarlas solo con la mayoría simple y no con la
calificada, como insisten otros. Esos menesteres pueden ser
ciertos, pero lo más grave es que se legisló, clara
y concientemente en contra de las organizaciones
indígenas, de una importante movilización de la
sociedad civil
mexicana, de una opinión internacional adversa y
desechando el estado de
Guerra
declarado por el EZLN.

Lo aprobado por el Senado y que fue principalmente
elaborado por Bartlett y Fernández de Cevallos fue una
defensa del Estado Nacional Mexicano, capitalista, clasista, que
ratifica el etnocidio que por 500 años han practicado los
criollos y los mestizos, con una política
integracionista que hasta la fecha solo ha demostrado su absoluto
fracaso.

Esta política
integracionista que impulsaron los gobiernos de la Revolución
durante más de ochenta años y que bien y en toda la
línea representa Manuel Bartlett, solo tiene como
resultado que los municipios de más alta marginalidad que
existen en México coincidan con aquellos donde la
población india es
mayoritaria.

Lo que propone Bartlett y Cevallos es continuar con esta
política integracionista, que implica, necesariamente,
desconocer los derechos indígenas,
no consultar a las comunidades y municipios con población
mayoritaria india para la
aplicación de planes y programas de
desarrollo en
sus territorios y continuar con la política asistencial de
los sedesoles, dif, progresa procampo y muchos otros, que solo
mediatizan las protestas y que bien sirven para la
manipulación y el corporativismo electoral.

El movimiento
nacional indigenista, -pero más precisamente la
autonomía de las comunidades indígenas,
según estos ideólogos- significa un estorbo para el
desarrollo
nacional, en particular para la puesta en práctica del los
planes Nacional de Desarrollo y Puebla-Panamá.

Manuel Bartlett y Fernández de Ceballos, es
decir, el sector más conservador del PRI y el ala dura del
PAN, han coincidido y caminan juntos, para impulsar el neoliberalismo, el FOBAPROA y las reformas
constitucionales en materia indígena. Su propuesta es
defender la estructura
actual del Estado Nacional Mexicano. En eso coinciden. No
están dispuestos a que además de los municipios y
entidades federativas, existan comunidades y regiones
indígenas autónomas. Coinciden -y al parecer
promueven- una estrategia
nacional de desarrollo y defensa del Estado Nacional Neo liberal,
que impulsa el desarrollo
económico con el mercado como
regulador y la libertad
individual como doctrina.

Es una alianza que se hace histórica entre el PRI
y el PAN por mantener un estado clasista en beneficio del
capital
financiero y las transnacionales y su reciente actitud el
pasado 18 de julio en la comisión Permanente del congreso
de la Unión que realizó el conteo de los congresos
y que dio por aprobada la reforma Constitucional, anuncia nada
menos que la decisión de ambos grupos
parlamentarios de aprobar todo aquello en lo que estén de
acuerdo juntos, sin que medie el concenso o la aprobación
de las otras fracciones parlamentarios. Están dispuestos a
legislar, como lo han hecho en los últimos 20 años,
en contra del pueblos, a pesar de las movilizaciones y del
rechazo internacional. Este maridaje provocó el desprecio
electoral del PRI y como lo fue en su momento, estuvieron
dispuestos a correr el riesgo. Ahora lo
hacen juntos y seguramente el electorado se los cobrará.
La diferencia es que esperamos que ahora también la mitad
del PRI se los va a cobrar.

La actitud
autoritaria de Bartlett y Fernández de Ceballos, al
parecer cortado por la misma tijera de Salinas de Gortari, no
permiten discusiones, ni siquiera de la encargada de los asuntos
indígenas de la Presidencia, de los académicos
más prestigiados y especialistas en la materia, del Papa,
de la Iglesia y del
movimiento
nacional de la sociedad Civil.
Su propuesta ha avanzado, con una diferencia mínima, que
ha provocado una ruptura nacional seria, pero que para ellos no
es importante.

Pretenden encumbrarse como los líderes del nuevo
estado nacional Neo Liberal Mexicano sin indios, solo con
mestizos.

Toca ahora a quienes todavía tienen
vergüenza de hacer oir su palabra y emprender un esfuerzo
mayor, de unir a todos aquellos que sin haber participado en las
movilizaciones y en el apoyo directo en la protesta nacional
indígena, manifestaron su aprobación a este
esfuerzo y rechazaron las reformas de estos nuevos dirigentes de
la derecha neoliberal mexicana.

Jueves, 19 de julio de 2001

CUADRO DE VOTACIONES DE LOS CONGRESOS ESTATALES SOBRE
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA
INDÍGENA.

Datos aproximados

Población indígena de
congresos locales que votaron las reformas constitucionales en
materia indígena

% de Población Indígena de
entidades que votaron la Reforma Constitucional

Votos de diputados locales en la reforma
constitucional en materia indígena

Votos de diputados locales en la reforma
constitucional en materia indígena

Autor:

Luis Ortega
luisom[arroba]prdleg.diputados.gob.mx