Drogas : ¿Excusa para continuación del Imperialismo o un arma para lograr equidad en las relaciones internacionales?
Por Carlos Alberto Marcano Romero (Carnet
93-77916)
INDICE:
Introducción
El Problema
Corrupción
Guerra, violencia y seguridad ciudadana
¿El problema? ¿Sólo uno? O
Drogas y Democracia
Combatir las drogas en forma represiva no
tiene lógica
Desarrollo Alternativo
La Scope
Secuestro de la deuda
Nuestras debilidades ¿Son
nuestras?
Conclusiones
Bibliografía
Al término de la Guerra
Fría ya no quedan excusas para el sostenimiento de
entes creados en ese tiempo.
Así se tiene el caso de la CIA norteamericana, la cual en
un papel de
redefinir sus funciones a
riesgo de
encontrar que ya no tiene sentido, se dedican a labores en
materia de
drogas, siendo
este el escenario para socavar la soberanía de los países donde
actúa cometiendo una serie de prácticas contrarias
al respeto que se
deben los países y contrarias a los derechos humanos.
No existe una lucha contra este problema en los países
consumidores, especialmente EE.UU., siendo lo lucrativo del
consumo lo que
realmente estimula este negocio.
Existen otros organismos que han tenido la idea de
diversificar la actividad, como la ONU, organización que ha creado un mecanismo
donde en la Cumbre [2] se estudió el reemplazo de especie
acultivar para los productores. Esta idea desde el principio fue
infeliz, toda vez que no se destinaron fondos suficientes ni se
previó de dónde obtener los mismos en forma
continuada. Adicionalmente no se tomó en cuenta [8] el
hecho de que muchos químicos y substancias industriales de
transformación, componentes fundamentales de las
sustancias estupefacientes, se producen precisamente en los
países desarrollados.
Existen organismos que juegan a imaginarse el escenario
ideal en que se está siendo efectivo en erradicar la
producción de narcóticos, y teorizan
acerca de que la integración
económica debería ir más allá de
considerarse "complemento" para lograr objetivos. El
SELA afirma [1]: "También en la política exterior, la
integración latinoamericana no ha jugado
hasta uy recientemente un papel
principal. El rescate o mejoramiento de la imagen
internacional de los países, el logro de confianza de
parte de instituciones
e inversionistas extrarregionales, el deslinde de posiciones
respecto a asuntos tales como los derechos humanos, el
tráfico de drogas,
la
administración de justicia, la
corrupción
y la gobernabilidad han sido los principales temas de la agenda
exterior de la mayoría de los países de la
región, mientras que la integración se ha considerado sólo
como un complemento para alcanzar tales objetivos".
Las políticas
antidrogas en su implementación actual, con rasgos
altamente represivos, son para América
Latina más causa de problemas que
fuente de soluciones.
Los daños colaterales que provocan el narcotráfico y la guerra
antidrogas en el continente, se han vuelto factores clave que
impiden la consolidación de los procesos de
democratización. Más aún: en varios
países, aquellos daños han impulsado o fortalecido
contracorrientes que la creación de nuevos
regímenes autoritarios. El problema puede verse desde dos
ángulos: por un lado, la desestabilización
resultante de la propia economía
ilícita; por otro, la penetración transnacional
provocada por la escalada de la lucha antidroga por parte de
Estados
Unidos.
Una iniciativa de desarrollo
alternativo como la plantea la UNDCP [2] está condenada
desde su inicio al fracaso, dado que no se aborda la
problemática de la pobreza, la
sustitución de cultivos por especies lícitas
destinadas a la alimentación tienen
un precio muy por
debajo en el mercado
internacional y con tendencia a seguir o continuar
deteriorándose; y el grueso de los recursos no se
destina a financiar ese eventual cambio de
tecnologías de producción al campesino. Las consecuencias
de la implantación de este programa
serán: a.creación de un nuevo mecanismo de
certificación: si no se limpian tantos acres de cultivos
ilícitos, no se cumplió tal meta, y el país
sufrirá una especie de tacha de infamia. b. El aumento de
los niveles de deuda externa en
los países productores, al haber escogido participar en
estos programas, debe
afrontar la carga de desembolsar 1/3 del costo del mismo,
con prebendas especiales en cuanto a condonación si cumple
con los objetivos, que no se van a cumplir; c. No se
cumplirán porque al no ser realmente soluciones las
opciones del "Desarrollo
Alternativo", los productores volverán a sus
prácticas en esas u otras regiones del país o del
continente.
Aunado a todo lo anterior, se tiene la dimensión
subjetiva del problema: cómo se afectan los individuos y
las sociedades. En
el caso de las sociedades
desarrolladas algo debe andar mal que y origina
insatisfacción en sus habitantes, los cuales buscan en
las drogas
medios de
evasión y de querer sentirse bien, lo que puede significar
que sus respectivos gobiernos debieran tomar esto en cuenta al
diseñar políticas
antidrogas en sus respectivos países.
En cada uno de nuestros países debemos enfocar
este planteamiento: ¿cuáles son nuestras armas para ser
escuchados por el Primer Mundo? Nuestras debilidades. Debe
hacerse entonces, de nuestra problemática nuestras
armas de
negociación, sumiendo una posición
de unidad en este sentido. Si no seadopta una postura de ataque
con lo que se tiene, se reafirmará aún más
la situación en perjuicio de los países
latinoamericanos: el financiamiento
para la ejecución de los programas
antidrogas y de alternativas de desarrollo se hará via
préstamos, esto ocasiona aumento considerable de las
deudas externas; y el no cumplimiento de los objetivos de estos
programas conllevará a una especie de
descertificación que inhabilitaría al país
caído en desgracia en el plano económico y
comercial. El hecho de que países latinoamericanos dejen
pasar esta oportunidad con indiferencia y pasividad como hasta
ahora, dejando la iniciativa a otros, inevitablemente propende a
que grupos o entes no
gubernamentales y calificados como "ilegales" que sí
ejerzan en cierto modo los roles de control
geográfico, soberanía localizada e inclusive
negociaciones informales o secretas, acciones que
les dan más poder,
poder que
puede ser utilizado para intensificar los controles y así
se tendrán organizaciones
fuertes, estables, además que reconocidas de facto
y que entonces pudieran servir de mediadores entre las relaciones
entre "ellos" y "nosotros".
Para concluir se presenta la integración de un
subconjunto de países afectados como el primer paso a
seguir hacia el tomar medidas encaminadas a resolver de verdad
este y otros problemas
existentes con las relaciones entre el Primer Mundo y Latinoamérica, a la vez que se desglosa el
mismo en sus componentes y así asignar responsabilidades a
los países actores.
Para América
Latina esta problemática tiene un significado diferente al
de los países consumidores. Mientras que para éstos
el problema se centra principalmente en el orden público y
como una enfermedad [3], para nuestros países se trata de
grandes grupos
económicos que trastornan la actividad social, crean
problemas de gobernabilidad, se quitan y ponen gobernantes, se
anula el sistema judicial
y legislativo.
Los efectos en cualquier país latinoamericano
donde la actividad económica es importante: desde 1996 el
proyecto
Drogas & Democracia [4]
ha analizado los daños ocasionados por el tráfico
de drogas ilegales y las actuales estrategias para
combatirlo en America Latina. Actualmente participan en el
esfuerzo más de veinte investigadores de 16 países.
El problema de las drogas, tanto
en la influencia del tráfico ilegal como en la forma
represiva en que se suprime, se ha convertido en una de las
preocupaciones clave. Su característico doble filo estimula una
mezcla de ingredientes altamente explosivos: la
criminalización de la economía y la
sociedad en
general; la corrupción
del sistema judicial
y de las fuerzas de seguridad; la
corrupción política, la
ilegitimización del gobierno y la
pérdida de base popular del sistema político; un
ambiente
manchado de violencia
criminal y política; el alimiento de conflictos
armados; violaciones a los derechos humanos
combinados con impunidad endémica; legislación
represiva que afecta los derechos civiles; y la
relegitimización de un rol interno para el aparato
militar.
Como si de un retorno a la guerra
fría se tratase, Colombia, el
país con la peor trayectoria en materia de
derechos humanos hoy en día de todo el hemisferio, recibe
más ayuda militar de los Estados Unidos
que ningún otro país de la región, con un
alto grado de intervención que recuerda la
participación norteamericana en El Salvador a mediados de
la década de los años 80. Las estadísticas hablan por sí solas[5].
Los asesinatos políticos fluctúan entre los 3.000 y
4.000 anuales en Colombia, con
más de un 70% atribuído a los grupos paramilitares
derechistas y sus aliados en el ejército. Otros 300 a 400
colombianos desaparecen cada año. Cerca de un
millón han sido forzados a escapar de sus hogares debido a
la violencia
política. Mientras que la noticia de la masacre de Acteal
en Chiapas (México)
ocupó los titulares internacionales en diciembre
pasado,
prácticamente no hubo cobertura alguna de las 185
masacres por motivos políticos que se cobraron las vidas
de 1.042 víctimas en Colombia solamente en 1997.
¿Por qué un país podría tener tanto
interés
en colocar tan grandes sumas de dinero en
otro? Esta acción debería verse como una estrategia de
penetración, como una excusa para colocar tropas militares
en territorio del país "amigo". Y por amplios precedentes,
es sabido lo difícil que es hacer que estas tropas salgan,
inclusive si cesa la causa de su permanencia.
Si bien Estados Unidos ha proporcionado asistencia a
Colombia durante muchos años con el pretexto de la
"guerra contra
las drogas", los fondos para el ejército colombiano fueron
eliminados en el año fiscal 1994
debido a consideraciones sobre derechos humanos. Sin embargo, a
principios del
año pasado, funcionarios norteamericanos anunciaron su
propósito de renovar dicha ayuda. La cantidad total de
fondos destinados a las fuerzas de seguridad
colombianas se cuadruplicó, y se le prometieron al
ejército embarcaciones y aviones, piezas de recambio para
helicópteros, armas y más entrenamiento. En
total, a la policía antinarcóticos y a las fuerzas
armadas colombianas se les asignaron aproximadamente US$100
millones en asistencia directa de Estados Unidos. Otros US$40
millones canalizados a través de cuentas de
financiamiento
secretas del Pentágono—que han salido a relucir
recientemente—permiten ofrecer armamento y entrenamiento
militar adicional al ya provisto por la ley de ayuda
extranjera cada año.
En el nombre de la lucha contra las drogas, en Colombia,
la CIA financió nuevas redes de inteligencia
militares en 1991[14]. Pero las nuevas redes hicieron poco para
detener a los traficantes de droga. En
cambio, ellos
incorporaron grupos paramilitares ilegales en sus líneas y
formaron escuadras de muerte.
Éstos que las escuadras de muerte mataron
a unionistas mercaderes, líderes campesinos, defensores de
derechos humano, periodistas, y otro "subversivos" sospechoso.
Esta evidencia, incluso los documentos
secretos del ejército colombiano, sugiere que la CIA pueda
estar más interesado luchando contra un movimiento de
resistencia
izquierdista que en combatir las drogas.
Los principales impulsores del proceso de
(trans)militarización en el continente son las agencias
antidrogas estadounidenses, el Congreso y el gobierno de
Estados Unidos, mediante métodos
que incluyen la presión y
el chantaje, dirigidos a involucrar en su guerra a países
"amigos" pero indóciles. La administración de Clinton planea suprimir
este año fiscal los
fondos destinados a actividades alternativas de desarrollo en las
regiones de cultivo de coca en Bolivia y
Perú, con el fin de proveer tres helicópteros
Blackhawks adicionales a Colombia, que se suman a la
asistencia.
Esta presión
genera a menudo fuertes tensiones diplomáticas y a veces
conflictos
abiertos. Existen dudas fundadas sobre los otros, los
"verdaderos" intereses y motivos estadounidenses detrás de
esa política, especialmente la incidencia en la toma de
decisiones de intereses electorales domésticos; la
autodefensa de la burocracia
gigantesca en el área de la lucha antidrogas; los
intereses económicos vinculados al establecimiento del
Area de Libre Comercio de
las Américas (ALCA); y la
legitimación de una política que pretende,
además de estimular la venta de
armamento en el continente, consolidar y aumentar la presencia
militar en América
Latina, manteniendo las actuales bases militares y forzando
nuevos enclaves permanentes.
Consideramos la práctica de la
certificación unilateral por parte del gobierno de Estados
Unidos en el terreno de la lucha antidrogas, como altamente
contraproducente en términos de una búsqueda
común de la mejor solución para un problema cuyo
responsabilidad es compartida. En general, el
comportamiento
de los gobiernos e instituciones
en el campo de la lucha antidrogas no debería ser un
criterio de condicionamiento de la ayuda económica externa
de Estados Unidos, porque tal ayuda se convierte, una vez
más, en un instrumento de presión y de injerencia
en asuntos internos..
La "guerra contra las drogas" está profundamente
ideologizada, llegando en Estados Unidos a niveles que se
asemejan a la histeria de la "amenaza comunista" durante la
época de McCarthy. Consideramos falsa la base de esa
ideologización y muy preocupante el nivel de
concertación mundial que recibe. Esta situación
hace casi imposible una discusión racional sobre la eficaz
de las estrategias
aplicadas y los daños colaterales que provoca; obstaculiza
la búsqueda de, y la experimentación con, posibles
escenarios alternativos.
El problema en realidad es más simple: cualquier
excusa que afecte la gobernabilidad, la democracia o
donde se requiera "cooperación" servirá de pie para
que el país amigo venga a prestar ayuda, es decir, a
realizar prácticas imperialistas con atención a sus intereses.
El problema visto hacia adentro en un país,
contempla varios aspectos: se tratarán a
continuación el de la corrupción y la violencia
interna.
Para disminuir la influencia corruptora y
distorsionadora que ejerce el dinero
proveniente del narcotráfico ,y de otras actividades
mafiosas, en los ámbitos de la economía, la
justicia y la
política, es necesaria la aprobación de sistemas que
controlen públicamente los ingresos de los
partidos
políticos y el financiamiento de las campañas
electorales. Además es necesario implementar mecanismos de
protección de ciertos sectores económicos
estratégicos contra las inversiones de
naturaleza
dudosa. La investigación de la procedencia de fondos
exige una modificación drástica del mecanismo del
secreto bancario.
La impunidad de funcionarios estatales que violan
sistemáticamente las leyes nacionales
y los derechos humanos, así como la permisividad hacia los
grupos paraestatales, permite que se perpetúen los
mecanismos de poder que obstruyen el funcionamiento de la
democracia. Es necesario instrumentar, desde la sociedad civil,
mecanismos eficaces para controlar los operativos antidrogas y el
funcionamiento del sistema judicial.
Guerra, violencia y
seguridad ciudadana
El narcotráfico aumenta los niveles de violencia
criminal y política, e intoxica y prolonga los conflictos
armados. En Colombia, paramilitares en primer lugar y grupos
guerrilleros en segundo, se alimentan con ingresos de la
economía ilícita de drogas, llevando el conflicto a
niveles más altos de violencia. En pa íses que
viven en una fase de reconstrucción posguerra, grupos de
desmovilizados y elementos depurados de los antiguos cuerpos de
seguridad, se mezclan fácilmente con estructuras
criminales, aportando sus armas, su experiencia en la
conducción de la guerra sucia y su sistema de impunidad.
La creciente marginalidad,
desempleo e
inequidad social estimula la integración de la
economí a informal a la economía ilícita, y
consecuentemente instala un proceso de
criminalización de los sectores sociales involucrados. La
mezcla de todos esos fenómenos genera una situación
alarmante de inseguridad
ciudadana, que parece estar empeorando en todo el
continente.
Otras situaciones muestran problemas colaterales, pero
por no tocar sensibilidades más allá de lo local,
las soluciones son aplicables. Uno de estos casos es el del
daño que causan los químicos usados en la
fumigación [6]: "Defensoría del Pueblo: las
fumigaciones de cultivos ilícitos en las ecosistemas
tan importantes como la Amazonia y la Orinoquia han traído
la devastación de por lo menos 50.000 hectáreas de
bosques". Sin embargo, en este sentido se tienen investigaciones
promisorias [7]: "Mientras crece la polémica sobre la
fumigación parece surgir una alternativa: el control
biológico de los cultivos de coca".
¿El problema?
¿Sólo uno? O Drogas y Democracia
No se trata de proponer una alianza a propósito
de un tratado comercial o un beneficio económico, sino de
ver el problema en su totalidad. Drogas es: producción,
elaboración, distribución y consumo. Una
vez dividido este problema, se puede determinar a quién o
quienes les corresponde tomar medidas más efectivas en una
parte del problema, y se pueden definir los mecanismos
correctivos, preventivos o a que haya lugar.
Las políticas antidrogas tienen su primer origen
en el deseo de proteger al bienestar humano: la comunidad
internacional, preocupada por los impactos de las drogas en la
salud
pública, comenzó a prohibir un conjunto de
sustancias y definir una serie de medidas para suprimir su
producción, distribucion y abuso. Desde entonces, la
economía de las drogas ilícitas ha conocido un
crecimiento explosivo y la estrategia para
combatirla una escalada hacia la guerra total.
Martin Jesma en su libro
"Democracias Bajo Fuego" [8] quiere demostrar que las
políticas antidrogas en su forma actual, con rasgos
altamente represivos, son para América
Latina causa de más problemas que soluciones. En
términos políticos y sociales, los daños
colaterales que provocan el narcotráfico y la guerra
antidrogas en el continente, se han vuelto factores claves en el
impedimiento de la consolidación de los procesos de
democratización. En varios paises incluso ellos han
impulsado o fortalecido contracorrientes que buscan la
creación de nuevos regimenes autoritarios. Es decir: en
nombre de la defensa de la salud se están
violando los principios
básicos de la atención en este mismo campo, que se
reflejan en la apertura del juramento de Hipócrates:
"Primum non nocere…"
El citado libro de Jesma
divide la influencia del factor "drogas" sobre los procesos de
democratización y desmilitarización en
América Latina, desde dos ángulos: por un lado la
desestabilización resultante de la propia economía
ilícita, por otro lado la remilitarización
provocada por la escalada de la lucha antidroga. Nos imaginamos
inicialmente a un fragil estado
democrático entre estos dos fuegos cruzados, que
dificultan la consolidación de los procesos de
transición democrática.
En este libro se subrayan serias dudas sobre la
existencia real de los procesos de democratización y
desmilitarización en el continente, y de dos fuegos
distinguibles. Se inició una transición que puso
fin a la época de las dictaduras militares, en un largo
proceso que comenzó con las elecciones presidenciales de
Argentina en 1983
y culminó con el golpe de estado
que derrocó a Alfredo Stroessner en Paraguay en 1989.
Ese mismo año presenció nuevas negociaciones de paz
en Centroamérica, que dieron la espalda al conflicto
armado en la región, asimismo la caída del muro de
Berlin, marcando simbólicamente el fin de Guerra
Fría, lo que permitió a América Latina
consolidar –por lo menos a nivel ideológico—la
mencionada transición. Estos cambios representan pasos
significativos, especialmente en el area de los derechos humanos,
las libertades civiles y la concertación política.
Sin embargo, cuestionamos las altas espectativas despertadas por
todo ello, y sus posibilidades de verse materializadas en la
década de los noventa.
Las fuerzas contrarias a la transición
democrática tienen varias raices. Algunas de ellas, como
señala en su capitulo Adriana Rossi, en referencia a la
época de las dictaduras: "emergen de un pasado que se
resiste a morir, mostrando la vitalidad de viejas estructuras y
sus vinculaciones con el nuevo poder". Rossi incluso llega a la
conclusión que: "El Estado de Derecho
se está trasformando en un cascarón vacío,
donde las funciones y las
instituciones garantes de la democracia siguen existiendo como
estructura,
pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se
ponen al servicio de
intereses que nada tienen que ver con una sociedad
democrática, borrando cualquier garantía
constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia
civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento de los
principios democráticos. (…) Si hace dos décadas,
en América Latina, la destrucción de la democracia
pasaba por la implantación violenta de gobiernos de facto,
actualmente parece pasar por el vaciamiento de sus
órganos".
Nuevos modelos de
autoritarismo surgen en el continente, en confluencia con una
serie de procesos y factores. Los intereses económicos
ilegales se han enquistado en el poder, impulsando en varios
paises la formación de elementos de un estado
paralelo que vacían las instancias democráticas.
Las reformas del estado que buscan una mayor eficiencia en el
contexto de los programas de ajuste estructural llevan en la
práctica a una concentración de poderes. La
definición del narcotráfico como una amenaza a la
seguridad nacional relegitima un papel doméstico de las
Fuerzas Armadas. El clamor popular por medidas drásticas
en respuesta a la inseguridad
ciudadana, facilita la introducción de leyes y
actuaciones represivas. En palabras de Mario
Maldonado (Capítulo 3, [8]): "Mientras los
intelectuales buscan los principios de la democracia entre las
ruinas provocadas por el derrumbe de la historia reciente, los
guatemaltecos comunes enfrentan el surgimiento de Narcolandia,
el Estado
dentro del Estado".
Combatir las
drogas en forma represiva no tiene lógica
Considerando las gigantescas inversiones
que sigue exigiendo la guerra antidrogas, los graves daños
colaterales en materia de derechos humanos y democracia, y sus
efectos contraproducentes en términos de su influencia
sobre la fuerza de la
economía de las drogas y sus agentes, no parece haber
lógica
en lo que Bertram y Sharpe [9] llaman: "la persistencia de
políticas no viables enfrentadas con evidencias
incontrovertibles de su fracaso (…) Aparentemente es un
razonamiento en el que el uso de la fuerza no
había funcionado por haber sido insuficientemente aplicado
y que la respuesta lógica al fracaso, como consecuencia,
era incrementar los esfuerzos en vez de reevaluarlos."
Por un lado, la ausencia de lógica se explica por
otros intereses detrás de la Guerra antidrogas. Se
Señala la visible crisis
misional de las Fuerzas Armadas tanto en América Latina
como en Washington, que conlleva a la necesidad de redefinir el
enemigo y los escenarios de la guerra, capaces de justificar la
mera existencia, los presupuestos,
los programas de asistencia y entrenamiento, las compras de
armamento, y la permanencia de bases militares, como es el caso
de algunas de las bases estadounidenses en Panamá y
su prevista transformación en un 'Centro Multilateral
Antidrogas'. La redefinición de misiones con mayor
énfasis en las tareas antidrogas, es especialmente
controvertida en el caso de la CIA, que a lo largo de su historia ha conocido
escándalos por sus alianzas con connotados
narcotraficantes. La contribución de Frank Smyth ofrece un
cuestionamiento serio a la integridad del actual programa
antidrogas de la CIA, que se encuentra en
extensión.
La ausencia de lógica en la Guerra antidrogas,
con tristes perspectivas, no sólo para los quienes sufren
las consecuencias de la remilitarización de América
Latina, sino también para todos quienes buscan verdaderas
soluciones para los problemas relacionados con el abuso de
drogas: "Las dinámicas políticas que dan forma a
las estrategias antidrogas de Estados Unidos hacen improbable, si
acaso no imposible, un giro hacia na aproximación
más realista al control del tráfico de drogas.
Dominados por el temor a ser calificados como ‘blandos en
relación con las drogas', la
Administración y el Congreso estadounidenses han
abondonado el sistema constitucional de verificaciones y balances
diseñado para evitar la promulgación de
políticas descaminadas, en favor de la competencia
partidaria por demostrar quién es el más duro en
relación con las drogas; esta batalla se vuelve más
fiera a medida que se acercan las elecciones." "Hasta que otra
criatura en la selva política adquiera la capacidad y el
valor para
desafiarlo, el complejo de las agencias antidrogas seguirá
exprimiendo al Congreso sumas cada vez más grandes de
dinero,
estrangulado el debate sobre
políticas antidrogas alternativas, y aplastando bajo su
propiopeso todos los efuerzos por mejorar el desempeño real medido en un uso decreciente
de drogas ‘duras' y de violencia relacionada con las
drogas."
En conclusión, no parece ser realista la
imágen de la democracia latinoamericana amenazada por 'dos
fuegos', el narcotráfico y la Guerra antidrogas. Los
diferentes capítulos de este libro demuestran que ambos
fuegos están íntimamente interrelacionados. En
primer lugar por el carácter
'endógeno' del desarrollo del 'crimen organizado' y la
relación con los grupos de poder que encuentran en la
nueva guerra un espacio para atender otros intereses. En segundo
lugar por las nuevas leyes antidrogas que permiten la
sobrevivencia y reproducción de sistemas de
impunidad en la cual se afianza la vinculación entre
estado e ilegalidad.
Uno de los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas
para combatir las drogas es el programa de la UNGASS. El evento
fue bautizado en Viena durante la reunión de la
Comisión de Estupefacientes, que se efectuó del 16
al 20 de marzo, actuando como Organo Preparatorio de la
Sesión Especial de junio de 1998. Pino Arlacchi, Director
Ejecutivo del UNDCP, abrió la sesión de una semana
de duración con un discurso en el
cual presentó el lema: "Un mundo libre de drogas:
¡Podemos lograrlo!" Arlacchi trató de convencer a
las delegaciones de los estados miembros para que adopten SCOPE
destinada a acabar con el cultivo de la mata de coca y la
adormidera en un periodo de 10 años. El propósito
del UNDCP es haber eliminado el problema de raíz para el
año 2008.
El proceso total de la Sesión Especial con
respecto al desarrollo alternativo (el cual, según la
ONU debe estar
siempre acompañado de la erradicación de cultivos
ilícitos) se asemeja a un edificio de tres pisos. En el
primero está la base se fundamenta en la
Declaración política que define las inquietudes, la
voluntad e intenciones de la comunidad
internacional y que hace un llamado para tomar acciones
específicas en todos los aspectos; En el segundo
está el Plan de
acción de cooperación internacional para la
erradicación de cultivos ilícitos de drogas y para
el desarrollo alternativo que establece las pautas a este
respecto; y en el tercero, está la Estrategia
internacional para la eliminación de la coca y la
adormidera (SCOPE), con miras a suministrar la
implementación práctica.
El Plan de
acción define el Desarrollo Alternativo como "un proceso
para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que
contienen drogas narcóticas y sustancias
sicotrópicas, a través de medidas de desarrollo
rural especialmente diseñadas en el contexto del crecimiento
económico nacional sostenido y los esfuerzos de
desarrollo
sostenible en los países que están emprendiendo
acciones contra las drogas, reconociendo las características socioculturales
particulares de las comunidades y grupos que constituyen el
objetivo de
trabajo, dentro del marco de una solución amplia y
permanente para el problema de las drogas".
Aunque el Desarrollo Alternativo todavía
está limitado a la erradicación de cultivos
ilícitos, ahora se ha ampliado al desarrollo rural,
cambiando la sustitución de cultivos a programas de
desarrollo más integrados, (que incluyen infraestructura,
salud y educación) en las
regiones para combatir la pobreza. Bajo el
título Enfoques innovadores y mejorados para el Desarrollo
Alternativo, se describe dicho desarrollo como "un componente
importante de una estrategia equilibrada e integral para el
control de las drogas cuyo objetivo es
crear un ambiente de
apoyo para la implementación de dicha estrategia. Su meta
es promover opciones socioeconómicas legales y sostenibles
para las comunidades y grupos de población que han recurrido al cultivo
ilícito como su único medio viable de sustento, lo
cual contribuye en una forma integral a la erradicación de
la
pobreza".
En el capítulo titulado Fortalecimiento de la
cooperación internacional para el Desarrollo Alternativo,
se hace incluso alusión a las aspiraciones mundiales en
cuanto la "promoción de un mayor acceso a los mercados
nacionales e internacionales para los productos de
Desarrollo Alternativo con miras a solucionar los problemas
relacionados con los precios y el
mercadeo que
surgen a raíz de la sustitución de los cultivos
ilícitos por cultivos lícitos comerciales". Pero en
ninguna parte se estipula cómo se deberá llevar
esto a cabo en una economía globalizante que cambia hacia
una mayor liberalización y que conduce a precios
reducidos e inestables en el mercado mundial
para los posibles productos
viables alternativos.
Los acuerdos de libre comercio
podrían generar un mayor acceso a los productos
alternativos en los mercados de
Estados Unidos y Europa, pero no
garantizan precios que puedan competir con los de los cultivos
ilícitos. Por el contrario, los instrumentos legales de
1980 referentes a precios del mercado mundial más altos y
estables para los posibles productos alternativos colapsaron
debido a la presión de las doctrinas del libre comercio,
ocasionando así un incremento en la dependencia de los
cultivos ilícitos. En 1985 se desintegró el Consejo
Internacional del Estaño ocasionando una caída
virtual de la economía boliviana que produjo la migración
de miles de mineros desempleados hacia la región
subtropical de Chapare donde iniciaron el cultivo de coca para
subsistir.
La caída de los precios del café
por el colapso del Acuerdo Internacional Cafetero en 1989 no
solamente hizo que los campesinos optaran por el cultivo de la
coca, sino que también interrumpió bruscamente los
proyectos de
Desarrollo Alternativo que intentaban persuadir a los
cultivadores de coca para cambiarse al cultivo de café
[10]. Hoy en día, la baja repentina en los precios del
café de US$ 267 por quintal (100 kg.) en 1997 a US$187 y
la disminución esperada a casi US$110 en 1999 plantea un
serio problema para los programas antidrogas en Perú,
puesto que esto disminuye el atractivo de uno de los cultivos
seleccionados como sustituto del cultivo de la coca.
Este tipo de instrumentos regulatorios,
independientemente de sus deficiencias, puede proporcionar
precios competitivos de mercadeo para
cultivos no ilícitos, pero va en contravía de la
actual ideología de libre comercio. No
se ha hecho ningún intento de iniciar una "estrategia
innovadora" respecto al comercio justo para contrarrestar el
cultivo ilícito y, al parecer, no hay probabilidades de
que se haga.
En cuanto a los precursores químicos, la
controversia tradicional productor-consumidor ha
dado un giro de 180 grados: los países productores de
drogas ilícitas son "grandes consumidores" de precursores
que a su vez le son suministrados por los países
consumidores de estupefacientes. Durante la sesión la
PrepCom se generaron acalorados debates por la proposición
de países productores de estupefacientes para que se
apliquen estrictos controles a la importación y exportación de los precursores
químicos. En la producción de cocaína y
heroína los precursores químicos son tan necesarios
como las hojas de coca y la adormidera que son ingredientes
primarios. En el caso de estimulantes tipo anfetamínico,
la única materia prima
necesaria son productos químicos. Los Estados Unidos,
Japón y
Europa se
opusieron a estas propuestas, temiendo una interferencia con los
preciosos principios del libre comercio. El precio de la
lucha contra las drogas a toda costa era demasiado alto en este
caso.
La reputación del UNDCP en estos aspectos no deja
de ser cuestionada. Los programas de Desarrollo Alternativo
aplicados en el pasado para la sustitución de cultivos
simplemente han fracasado. En muchos países productores de
drogas ilícitas se ha presentado una completa
pérdida de confianza entre los buenos oficios del UNDCP,
por una parte, y las organizaciones de
campesinos en conjunto con las ONGs, por la otra. Muchas de las
quejas tienen que ver con los siguientes aspectos: falta de
participación en la identificación,
preparación, implementación y evaluación
de proyectos; los salarios
frecuentemente excesivos para el personal del
UNDCP; conocimiento
insuficiente de circunstancias locales en las áreas de
cultivos ilícitos; la aquiescencia de medidas violentas
para hacer cumplir la ley y serias
violaciones de los derechos humanos que
frecuentemente acompañan las operaciones
antinarcóticos en estas áreas; y la estrecha
cooperación con regímenes controvertidos, como el
caso del convenio hecho con el Talibán en
Afganistán el año pasado y, recientemente, con la
dictadura militar
en Burma.
El objetivo de la SCOPE para eliminar los cultivos en un
plazo de 10 años aumentará considerablemente la
presión para que se efectúe el giro hacia la
represión y la erradicación forzosa de cultivos, ya
que es muy improbable que con el Desarollo Alternativo logre
la meta de
eliminación en dicho plazo.
El objetivo principal de la SCOPE es la
eliminación mundial del cultivo ilícito del arbusto
de coca y de la adormidera hacia el año 2008. La
estrategia pide un "enfoque equilibrado" entre la
aplicación de la ley, el Desarollo Alternativo y la
reducción en la demanda, a fin
de librar al mundo del 'flagelo de la heroína y la
cocaína'. Se espera que el rubro para el Desarollo
Alternativo reciba el grueso del presupuesto de
cerca de US$4 mil millones, es decir, el 74%, mientras al rubro
de aplicación de la ley le corresponde el 20% y a la
reducción de la demanda el 2%.
El UNDCP mismo no cuenta con fondos propios, por lo cual hizo un
llamado a la comunidad internacional para que preste su apoyo a
la SCOPE y suministre los fondos necesarios.
El plan está enfocado hacia ocho países
claves en tres regiones. La agencia declara: "luego de tres
décadas de experiencia, la comunidad internacional
está ahora equipada con métodos
comprobados y el
conocimiento tecnológico necesario para enfrentar el
problema en las áreas productoras. El fortalecimiento de
los mecanismos de control de narcóticos en las regiones en
cuestión ha abierto el camino para intervenciones a gran
escala y la
mayoría de países productores han adoptado
estrategias nacionales y planes de acción bien definidos
que se encuentran listos para ser implementados." "Al mismo
tiempo",
continúa el resumen del plan, "es posible monitorear las
áreas bajo riesgo a fin de
impedir que el 'efecto globo' anule el impacto mundial de los
programas de eliminación."
Otra "condición ideal" para la aplicación
de la SCOPE, promoción de un ambiente económico
nacional e internacional que permita facilitar la presencia de
las fuerzas que hacen menos atractivo los cultivos
ilícitos en el mercado, es algo que está mucho
más allá del alcance del UNDCP. La agencia no
está en capacidad de garantizar precios altos y estables
en el mercado para productos alternativos que puedan competir con
los de los cultivos de drogas ilícitas. La comunidad
internacional más bien recurre a la "ampliación de
los programas de cumplimiento de la ley que afectan la productividad de
los cultivos ilícitos y, al hacer esto, genera fuentes
alternativas de ingreso legal más competitivas y
atractivas", según se estipula en el Proyecto de Plan
de acción de cooperación internacional para la
erradicación de cultivos Ilícitos de drogas y para
el Desarollo Alternativo. Eso se traduce en luchar contra la
pobreza
reduciendo las ganancias. A final de cuentas, las
políticas de control de drogas ilícitas no
están diseñadas para luchar contra la miseria sino
para eliminar la producción y consumo de drogas
ilícitas a cualquier costo.
La SCOPE también hace un llamado a la inversión por parte del sector privado en
el Desarrollo Alternativo: "El sector privado tendrá un
papel importante en cuanto a inversiones productivas en el
área de producción", el cual ha de verse estimulado
con medidas gubernamentales, como reducción de impuestos y
programas de inversión pública complementarios al
igual que acuerdos preferenciales de comercio a nivel
internacional. Esto podría ser contraproducente. En
Bolivia, por
ejemplo, el líder
cocalero Evo Morales advierte que la tierra
desalojada en Chapare por la reubicación de alrededor de
15.000 cultivadores de coca en otras regiones, será
dedicada a la producción de cultivos de exportación a mediana y gran escala por parte
de grandes y medianas
compañías del sector privado sin que los
campesinos participen en ello.
El Plan Bánzer procura hacer progresar la
agroindustria competitiva según las pautas promovidas por
la SCOPE. La mayoría de los productos de Desarollo
Alternativo son comerciables, según se afirma en el plan,
y deberán competir de acuerdo con las regulaciones
especificadas por la economía globalizante. "Esto (…)
obliga la implementación de iniciativas agroindustriales
de mediana a gran escala", continúa el plan, por medio de
compañías que posean el
conocimiento tecnológico adecuado y que estén
en capacidad de comercializar en el mercado internacional. Con
tal propósito, se propone la implementación de una
serie de medidas de exención para estimular empresas a gran
escala, entre los cuales se encuentra una nueva Ley de Incentivos
Tributarios. En el plazo de cinco años, la
producción agrícola y ganadera habrá
aumentado por lo
menos el 70%, según se prevé en el
plan.
Si se logra que las ganancias de la agroindustria y el
supuesto estímulo de la economía nacional en este
tipo de esquemas de desarrollo lleguen paulatinamente a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad (aquellos que
después de todo constituyen la raíz del problema
puesto que han recurrido al cultivo de coca para subsistir), este
proceso queda en manos del mítico mecanismo de la
economía globalizada de libre comercio.
Los recursos
financieros necesarios para la implementación de la SCOPE
provendrán de los gobiernos de los países
involucrados, donantes bilaterales y organizaciones
internacionales. Aproximadamente una tercera parte podría
cubrirse con recursos gubernamentales de los países
involucrados y las otras dos terceras partes serían
cubiertas por la comunidad internacional. Aproximadamente dos
tercios del aporte de la comunidad internacional
provendrían de países donantes por medio de
acuerdos bilaterales y una tercera parte de organizaciones
multinacionales. La asistencia internacional podría tomar
la forma de donaciones y préstamos.
Se están considerando dos opciones para
complementar los fondos gubernamentales, los fondos bilaterales y
multilaterales provenientes de donaciones. Una opción es
establecer mecanismos especiales de préstamo para planes
de control anti-drogas y particularmente programas de Desarollo
Alternativo. La otra opción involucra la
renegociación y conversión de las deudas de los
países productores involucrados. El suministro de fondos
para los programas de apoyo nacional podrían entonces
incluir cuatro componentes principales: préstamos,
conversión de deudas, concesiones y recursos
estatales.
Uno de los posibles mecanismos para establecer
préstamos especiales involucraría, además
del UNDCP, a instituciones financieras internacionales,
particularmente el Banco Mundial
y bancos de
desarrollo regional. "Las condiciones de reembolso se
determinarían de acuerdo al criterio de rendimiento,
siendo el más obvio y principal, la cesación del
cultivo ilícito en el país" según lo
establece la SCOPE. "Un país que tenga éxito
en la eliminación de la producción de drogas
ilícitas, tendría su deuda total o parcialmente
cancelada; el resto se reembolsaría bajo condiciones
favorables en el caso de una restitución parcial". La
labor administrativa de financiación y préstamo se
confiaría a los bancos y el UNDCP
suministraría el conocimiento
experto para las
evaluaciones de casos y, bajo solicitud expresa, la
implementación del programa y monitoreo del progreso del
mismo.
Algunos de los países subdesarrollados más
pobres deben desembolsar con dificultad una tercera parte de los
requerimientos financieros para la SCOPE, mientras que los
países ricos altamente desarrollados, donde se encuentra
el mercado del consumidor y la
mayor parte de la rentabilidad
por drogas ilícitas llega a punto muerto, contribuyen con
dos terceras partes. Si se calcula en porcentajes del PIB de los
países productores y el PIB de la
comunidad internacional se observaría una devastadora
inequidad en la que los países productores
llevarían la peor parte. A esto se reduciría la
denominada "responsabilidad compartida".
Aún más, los países productores se
verían virtualmente secuestrados por nuevas deudas a la
comunidad internacional, con el UNDCP como controlador general.
Para financiar su parte del trato, los países ya
endeudados hasta el tope tendrían que hacer
préstamos considerables. El UNDCP ayudaría a
establecer préstamos con tasas de
interés y plazos de pago preferenciales o, en otras
instancias, a ofrecer contratos
aún más favorables (cancelación de las
deudas o conversión de las mismas), pero los países
productores dependerían totalmente de la monitoría que haga el UNDCP de su
"rendimiento", es decir, el número de acres de cultivo
eliminado. Los países que no cumplan con el criterio de
rendimiento del UNDCP serán "castigados" con deudas
extras.
Después de todo, el UNDCP no ha sido creado para
eliminar la pobreza del mundo sino las drogas ilícitas. El
principal objetivo de la SCOPE es: la eliminación mundial
para el año 2008 del cultivo ilícito de la mata de
coca y de amapola, así como de la producción
ilícita de derivados opiáceos y derivados de la
coca. La cuestión ahora es ¿quién
pagará los costos?. En
términos reales, los sufragará el pequeño
productor, el cocalero de Chapare o el cultivador de amapola en
Afganistán.
Nuestras
debilidades ¿Son nuestras?
La problemática de latinoamérica parece importar más a
otros entes y en otras esferas. Las conferencias internacionales
auspiciadas por la
Organización de las Naciones Unidas
han respondido a los grandes temas de la agenda mundial actual,
que principalmente son [11]: comercio, inversión ,
finanzas,
deuda, medio
ambiente, tráfico de drogas, migraciones, enfermedades transmisibles,
incremento de la población, pobreza, gobernabilidad,
terrorismo,
refugiados y control de armamentos. Ya se estudió la
diferencia de significados que el problema puede tener,
dependiendo desde dónde se aborde el problema.
¿Y qué ocurre cuando dos de estos temas se
combinan para actuar como una unidad? Se han presentado casos
donde ocurren migraciones para mover la industria de
la producción de drogas [12]. Hechos como éste
pudieran ser causa de integraciones regionales en ámbitos
diferentes al comercial. Pero no solamente en el aspecto de
cobinarse para actuar, sino que una debilidad es sustituible por
otra: si se desea combatir las drogas, endéudate e
implementa un plan. Así puede leerse entre líneas
sobre el programa de la UNDCP [2], donde el costo a sufragar por
parte de los productores representa una carga mayor en
términos de participación del PIB que en los
países consumidores.
Todo este interés en
ofrecer ayuda para anular los centros de producción y
estimular acuerdos y tratados en
materias de extradición, penal, de cooperación,
nobles aspiraciones para erradicación (o
"disminución significativa") de cultivos de tales
especies… Debieran ser vistos con recelo. La insistencia en
presentar al problema como eminentemente causado por los
países productores latinoamericanos (En EE.UU. se cultivan
ciertas especies) pudiera deberse a que hay una nación
industrializada que ha visto en la distribución y consumo una gran fuente de
movimientos de capitales, y por tanto, propugna la
hegemonía de participación. Lo que quizás no
pueda ser tolerado sea el que entes o grupos no norteamericanos
participen mayoritariamente en el juego. Si esta
hipótesis es cierta, como los indicios y
movimientos políticos y legales indican, en poco tiempo
los mercados ofrecerán "drogas permitidas" con controles
sanitarios y permisos.Esto no es descabellado, es el caso del
cigarrillo y el alcohol
actualmente, que en otros tiempos fue monopolio de
la corona británica.
La unificación de posturas entre algunos
países latinoamericanos afectados y un desempeño continuado y exitoso en poco
tiempo, hará que otros países se adhieran. De no
ocurrir así, se seguirán fortaleciendo los grupos
llamados paramilitares, quienes seguirán consolidando su
posición e inclusive pudieran consolidarse y hasta
negociar condiciones justas para nuestros pueblos.
No se trata de proponer una alianza a propósito
de un tratado comercial o un beneficio económico, sino de
ver el problema en su totalidad. Drogas es: producción,
elaboración, distribución y consumo. Una vez
dividido este problema, se puede determinar a quién o
quienes les corresponde tomar medidas más efectivas en una
parte del problema, y se pueden definir los mecanismos
correctivos, preventivos o a que haya lugar.
El problema en realidad es más simple: cualquier
excusa que afecte la gobernabilidad, la democracia o donde se
requiera "cooperación" servirá de pie para que el
país amigo venga a prestar ayuda, es decir, a realizar
prácticas imperialistas con atención a sus
intereses.
El proceso de transnacionalización de la lucha
antidroga, al establecer estructuras de cooperación fuera
del control o conocimiento de las instituciones
democráticas nacionales, pone en peligro la
soberanía y el funcionamiento democrático de los
países. Cualquier tratado o convenio, formal o informal,
de cooperación internacional militar, policial o judicial,
a nivel operativo o de inteligencia,
debe sujetarse previamente a una discusión y
decisión parlamentaria abierta.
Los pobres éxitos de las grandes inversiones en
operaciones de
interdicción a la producción y el tráfico de
drogas, y de erradicación de cultivos ilícitos,
descalifican el mantenimiento
de un elevado presupuesto con
esos objetivos, dineros no vistos por los afectados y
protagonistas: los productores. Además, la práctica
de la fumigación de los cultivos con herbicidas[13]
debería prohibirse de inmediato, por sus efectos nefastos
para la población y el medio
ambiente.
Es poco probable que el Desarollo Alternativo mismo
genere alternativas tan atractivas como el cultivo de drogas
ilícitas, ni siquiera considerando su más amplio
concepto,
denominado desarrollo rural. Consecuentemente, una estrategia
integrada contra las drogas ilícitas como la SCOPE incluye
la prohibición y erradicación para que el riesgo de
cultivar amapola o coca sea mayor tanto a nivel económico
como social. No obstante, políticamente, el Desarollo
Alternativo suministra legitimidad para el uso de crudos
métodos forzosos de erradicación, al fin y al cabo,
pretextos para formas directas de intervención armada. Tal
desarrollo suministra una red de seguridad
importante en términos socioeconómicos para el
cultivador de drogas ilícitas, así como para la
reputación de quien hace cumplir la legislación
antidrogas, quien realmente no puede usar la imagen del
campesino indigente a quien se le ha despojado de sus medios de
subsistencia.
La lucha antidrogas puede verse como un esfuerzo (por
parte de los más interesados) de lograr el control
hegemónico sobre esta "industria".
Está en la formulación de las distintas
políticas exteriores de los países latinoamericanos
el incluír esta arista al interpretar el problema y tratar
de sacar ventaja de ello al momento de exigir ser tomados en
cuenta para efectos de las relaciones Norte-Sur como un todo. Si
se lograra embeber el concepto drogas
con el concepto pobreza, los organismos multinacionales (en
alguna medida estamos representados en ellos) deberían
apuntalar a tomar medidas "de verdad" que generarar resultados
ciertos, estables y justos en este sentido. El que realmente a
futuro disminuya o no la problemática drogas no debe ser
nuestro objetivo primario: es la estrategia que deberíamos
usar para sincerar nuestra posición como países y
lograr equidad en las relaciones económicas.
[1]. Tendencias y opciones en la integración de
América Latina y el Caribe SP/CL/XXIII.O/Di No. 8 II.
Caracterización de la etapa actual del SELA.
[2]. ONU INFORMES Y
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE
CONTROL DE DROGAS DE LAS NACIONES UNIDAS .
[3]. Enrique Solís. Caracteres y efectos de las drogas y
sustancias estupefacientes.
http://www.compuserve.com.ar/resistencia/ichi/drog1.htm
[4]. Transactional Institute. Proyecto Drogas &
Democracia http://www.worldcom.nl/tni/drogas/index.htm
[5]. Youngers, Coletta. "Continúa la intervención
de los Estados Unidos en Colombia" www.nacla.org
[6]. "Olor a desierto en la Amazonia y Orinoquia". El Espectador
(Bogotá, Colombia), 16 septiembre de 1998
[7] . "Plaga contra la coca". Revista Semana
(Bogotá, Colombia), 14 septiembre de 1998
[8]. Martin Jelsma / Theo Roncken (coordinadores) Transnational
Institute / Acción Andina DEMOCRACIAS BAJO FUEGO. DROGAS Y
PODER EN AMERICA LATINA
[9]. Bertram y Sharpe. Drug War Politics: The Price of Denial
1996.
[10]. ESTRATEGIA MUNDIAL ANTIDROGAS: BARNIZ DE UN COLAPSO.
Blickman Tom. Traducido por Yaneth Camargo A.. Acción
Andina sobre desarrollo alternativo, No. 2 – Año 2, junio
de 1998
[11].- Agenda Mundial de la ONU. http://www.un.org.mx/snu/coordina/mensaje/s3100b.html
[12]. Colonización en Amazonas. Ecuatorianos y peruanos
ingresan de manera ilegal a Colombia para convertirse en mano de
obra para cultivos ilícitos. El Espectador (Bogotá,
Colombia), 16 septiembre de 1998
[13]. http://www.worldcom.nl/tni/drugs/links/bwarfare.htm
El apoyo del PNUFID al análisis y desarrollo de herbicidas
biologicas para controlar el cultivo de drogas, está
documentado en: Biological Warfare in the War on Drugs.
[14]. Smyth, Frank "Still seeing red: the CIA fosters death
squads in Colombia".THE PROGRESSIVE , June 1998. http://www.prairienet.org/csncu/progressive.html
Autor:
José Pedro Barrán
barran[arroba]seciu.edu.uy