La “guerra contra las drogas” de EE.UU. hacia “Nuestra América” (2013-2021)

Resumen

En el trabajo se determina la prioridad de la "guerra
contra las drogas" en la conformación de la
política exterior y de seguridad de EE.UU. hacia
América Latina y el Caribe entre 2013 y 2021. Para ello se
valoran las continuidades y los principales cambios que introdujo
Barack Obama en la "guerra contra las drogas" respecto a los
emprendidos por sus antecesores, en particular, por los dos
mandatos de George W. Bush (2001-2009). Además se
identifican las principales anticipaciones que ha realizado el
gobierno de EE.UU. en relación a la "guerra contra las
drogas" hacia América Latina y el Caribe en la
conformación de la política exterior y de seguridad
entre 2013 y 2021.

Palabras claves: Estados Unidos,
Latinoamérica y el Caribe, drogas, guerra,
Obama.

Introducción

La Administración de Barack Obama asumió
el gobierno con el reto de cambiar, al menos en términos
de imagen pública, el rostro militarista y unilateralista
de su predecesor, George W. Bush (2001-2009). Para ello, su
gobierno ha aplicado como doctrina de la política exterior
y de seguridad, al "poder inteligente" (smart power)
[1]y las tres D, entendiendo la Diplomacia y el
Desarrollo como complemento de la Defensa.

En tal sentido, el gobierno de Obama ha intentado
complementar los retos de la economía, con las acciones en
los campos diplomáticos y de seguridad. Con ello se
concibe que si bien la economía está en el centro
de la política exterior y de seguridad, se utiliza la
diplomacia y los acuerdos de seguridad para fortalecer la
economía, consolidar la hegemonía y renovar el
liderazgo estadounidense en "Nuestra América".

Manteniendo una lógica entre la teoría y
la práctica político-diplomática y de
seguridad, puede considerarse que el "smart power" contiene la
metodología adecuada para mejorar la capacidad de
diálogo, tanto entre aliados como de adversarios en la
región. En estas relaciones se hace énfasis en el
poder de negociación, a partir de la persuasión y
la atracción de países influyentes y de sectores
claves para favorecer los intereses de dominación de
Estados Unidos.

Desde esa perspectiva, el gobierno de Obama se ha
orientado hacia una política exterior y de seguridad que
atienda los retos fundamentales de ese Estado–Nación en
los próximos años. El nuevo contexto internacional
y regional presenta retos que debe enfrentar EE.UU. en la
economía, y en las políticas domésticas e
internacionales que deberá reajustar, para preservar el
liderazgo internacional.

En la agenda exterior y de seguridad se aprecia un
incremento del interés por el trabajo en la
promoción del desarrollo, los derechos humanos y la
seguridad ciudadana. También se perfilan las acciones
diplomáticas, económicas y de seguridad, mediante
un uso más dinámico y creativo del poderío
informacional y la capacidad de influencia de ese
Estado-Nación como fórmula para captar y hacer
cooperar a un mayor número de países de la
región, en favor de sus intereses
geoestratégicos.

En consecuencia, se afianzan las relaciones
diplomáticas, comerciales y de seguridad con países
como México, Colombia, Perú y Chile, consolidando
el eje del Pacífico. Con ello se pretende el mejoramiento
de la credibilidad internacional y la reducción de los
excesivos gastos militares. No obstante, la reducción de
los gastos de seguridad no se comporta de forma homogénea
en las subregiones de Latinoamérica y el Caribe,
así como en las diferentes partidas del prepuesto del
Departamento de Defensa y el Estado.

Independientemente de los reajustes del presupuesto
nacional, el gobierno estadounidense ha continuado desarrollando
los programas de seguridad, dándole curso al Plan
Colombia, la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Seguridad
Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de
Seguridad para la Cuenca del Caribe (CBSI). En la
continuación de la asistencia de seguridad en la
región ha sido clave la relación establecida entre
Washington y el gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel
Santos; apreciándose a ese gobierno como un "socio
fundamental para la cooperación en seguridad regional", en
el entrenamiento de fuerzas de seguridad de otros países
del área en la lucha contra las drogas. (White House,
2013)

Según el gobierno de Obama, "Colombia ha
evolucionado hasta transformarse en un exportador regional de
preparación especializada en materia de seguridad y
está compartiendo sus conocimientos a fin de ayudar a
desarrollar la capacidad de los demás países para
mejorar la seguridad ciudadana y hacer frente a los efectos del
crimen organizado transnacional, incluido el tráfico de
drogas ilegales." (White House, 2013)

Esa tendencia se corresponde con la visión de
"responsabilidad compartida" que intenta otorgarle Washington a
la securitización de las relaciones con la región.
En esa dinámica, las fuerzas de seguridad trabajan
más en la preparación de los efectivos policiales y
militares a la usanza estadounidense, lo que por una parte
recorta los cotos económicos y disminuye las consecuencias
en términos mediáticos y
político-diplomáticos.

Como complemento de la proyección imperial hacia
la región, se recalcan las amenazas globales sobre las que
la diplomacia debe trabajar desde el Departamento de Estado y la
USAID. En las acciones diplomáticas se aprecia un
creciente uso del sector privado, con el empleo de contratistas y
subcontratistas (civiles y militares). Este fenómeno
privatiza elementos estratégicos de la seguridad y la
economía en los países de la región; reducen
las opciones de los gobiernos nacionales para mitigar la
influencia estadounidense.

En el orden diplomático, se aprecia un trabajo
más dinámico con la sociedad civil (Acanda, 2002),
con un mayor uso de instrumentos diplomáticos,
jurídicos, culturales e informacionales como complemento
de la seguridad; partiendo de la comprensión de las
diferentes culturas y realidades de cada país, para
así poder lograr los intereses estadounidenses.

Ante los difíciles retos económicos que
enfrenta EE.UU.se aboga por una mayor cooperación con
otros gobiernos e instituciones, aunque Washington mantiene su
papel de liderazgo. Ello se corresponde con las necesidades
económicas y con la envergadura de problemas globales como
el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otros
delitos conexos, que ameritan de una atención más
colectiva. Para ello se impulsan los temas relacionados con los
derechos humanos, la seguridad humana y la responsabilidad de
proteger; con una clara inclinación a los intereses
geoestratégicos del gobierno estadounidense. Estas medidas
actualizan la proyección exterior del imperio a las nuevas
circunstancias internacionales

Los temas fundamentales para la región se
concentrarán en: la promoción de oportunidades
socioeconómicas, estrechamente vinculado al trabajo en la
llamada "ayuda al desarrollo", "los derechos humanos", la
"gobernabilidad democrática", la "seguridad ciudadana", y
la "lucha contra el terrorismo y el narcotráfico".
(Valenzuela, 2011)

Las tendencias político-diplomáticas
manifiestan rasgos de continuidad en cuanto a los temas
priorizados hacia el Hemisferio Occidental. Ello está en
concordancia con los criterios que manifestara el ex
Subsecretario[2]de Estado para la región,
Arturo Valenzuela, al considerar: "(…) los conceptos sobre
los que se sustenta el QDDR guiarán también nuestra
estrategia de "participación dinámica", que
pretende impulsar los intereses de Estados Unidos en
colaboración con toda América Latina, y a la vez
reconoce la importancia de adecuarse a diversas necesidades e
intereses." (Valenzuela, 2011)

Siguiendo los objetivos prioritarios para la
consolidación del liderazgo estadounidense; la
política exterior promueve la democracia representativa y
la economía de mercado. En este sentido se reconoce la
necesidad de una "interdependencia compleja", que
perpuetúe el liderazgo estadounidense sobre el
sistema-mundo.

En líneas generales, pudiera caracterizarse la
agenda internacional de la Administración Obama, por la
preservación y consolidación del régimen
imperial, basado en un uso efectivo de los instrumentos del
poderío nacional. Para ese objetivo, se trabaja para que
la diplomacia y la "ayuda al desarrollo" sean efectivos
complementos de los temas de seguridad, otorgándole
credibilidad a través de la promoción del
desarrollo y una relación con Latinoamérica y el
Caribe más ajustada a la realidad de cada subregión
y país.

La guerra contra las
drogas en la geoestrategia de Washington hacia Nuestra
América

Las drogas han evolucionado paralelamente con la
sociedad en esta compleja y cada día más
interconectada "aldea global". Tras años de
enfrentamientos militarizados de Estados Unidos, el agravamiento
de los problemas de producción, trasiego y consumo han
incrementado la criminalidad y la violencia en los países
más afectados de América Latina y el
Caribe.

Por el contrario de los objetivos enunciados, la
permanencia de esta guerra ha limitado las alternativas de
desarrollo, en un clima de debilidad
político-institucional que fractura el Estado de Derecho y
la "gobernabilidad democrática". Ante estas
circunstancias, resulta necesario precisar el término de
"guerra contra las drogas", el cual se entiende en este trabajo
como las políticas y medidas antidrogas de EE.UU. que
tienen una orientación hacia diversos objetivos de
dominación geoestratégica en la región, por
lo que no se limitan al control del trasiego de drogas ilegales
hacia ese país.

Sobre este término, se asume la definición
realizada por las académicas Coletta Youngers y Eileen
Rosin, quienes precisaron: "(…) El presunto "enemigo" no
es un ejército organizado que puede identificarse y
vencerse, sino el soporte al tráfico de drogas constituido
por un conjunto de fuerzas socioeconómicas. La mentalidad
de la guerra contra las drogas asegura que los recursos
estadounidenses asignados al control del narcotráfico se
encuentren sesgados a favor de la interdicción de los
esfuerzos realizados por las fuerzas del orden público."
(Youngers & Rosin, 2005, pág. 17)

Tomando en cuenta ese análisis, vale la pena
reconsiderar los fallos y limitantes que han permanecido
década tras década y el porqué, pese al
manifiesto fracaso, el gobierno estadounidense no define cambios
trascendentales hacia una política antidrogas más
viable. Las difíciles realidades que viven hoy las
provincias y regiones más afectadas por el flagelo de las
drogas, reclaman cambios dónde todo nicho de
colaboración resulta necesario. Pero esa
colaboración debe rebasar de una vez los pilares
militaristas; acudiendo hacia aquellas esferas que pueden
combatir de raíz, los incentivos que sostienen y
desarrollan el crimen organizado trasnacional vinculado al
tráfico ilegal de drogas y sus delitos conexos.

Sin embargo, tratar los nuevos problemas que concurren
hoy -como consecuencia del tráfico ilegal de drogas y su
militarizado enfrentamiento- con las viejas fórmulas
resulta más que obtuso, descontextualizado de la realidad
que enfrenta la región. Ante un panorama que registra gran
dinamismo del trasiego de drogas sintéticas y precursores
químicos, con un mapa del consumo regional que ha sufrido
el efecto globo del negocio; esparciendo los cárteles y
adictos hacia toda la región, deben fortalecerse la
colaboración entre los países de la región y
Estados Unidos, desde una óptica que considere las
peculiaridades históricas y culturales de cada país
y subregión.

El llamado efecto globo, al decir de Bruce Bagley
(Bagley, 2011) como el desplazamiento de los grupos criminales de
un lugar a otro debido a los operativos en el lugar donde se
encontraban, ya ha invadido el negocio de las drogas
ilícitas; convirtiéndolo en un fenómeno cuya
producción, trasiego, comercialización y consumo
está globalizado. En esas circunstancias, debe atenderse
el fenómeno de las drogas como un tema de seguridad pero,
también, como un problema de salud; viendo en ambos casos
las múltiples implicaciones que tienen para la sociedad
civil, los gobiernos, las instituciones, el Estado de Derecho,
los derechos humanos y la democracia..

La corrupción política y administrativa
seducida por los grupos de narcotraficantes, han
transnacionalizado el crimen organizado a niveles que hacen
fracasar aquellos enfrentamientos que pretenden partir de una
visión unidireccional, incluso si la misma parte del
gobierno de Estados Unidos. Por tanto, se requiere de una
colaboración dinámica y racional, donde no se
politicen los temas de seguridad y salud pública, al punto
que puedan culminar lacerando paz y el desarrollo.

Uno de los temas de mayor preocupación con el
efecto globo de las drogas en Latinoamérica y el Caribe es
el aumento del consumo en países pobres, con bajos
índices de seguridad como los de Centroamérica. La
extensión de estos problemas hacia ese tipo de
países, perpetúa la violencia y criminalidad.
Paralelamente, se restringen las alternativas de desarrollo y
reproducción de la vida; reduciendo a su vez las
posibilidades de diseñar políticas de
enfrentamiento y seguridad pública viables.

"América Central y el Caribe continúan
siendo las grandes áreas de tránsito para la
cocaína traficada desde América do Sul hacia el
mercado de América del Norte. El tráfico de
cocaína por la sub-región del Caribe está
aumentando, después de presentar una disminución en
los últimos años. El efecto desestabilizador
provocado por el tráfico de drogas en la seguridad
regional aumentó y la región fue afectada por
conexiones entre el tráfico de drogas y la violencia
relacionada a tales sustancias." (JIFE, 2013)

En el acrecentamiento de los problemas derivados del
negocio de las drogas tienen una alta responsabilidad el mercado,
que continúa liderado por Estados Unidos. Esta
situación compromete al gobierno de ese país en el
proceso de enfrentamiento y canalización de fondos para la
promoción de alternativas al desarrollo hacia los
países y subregiones más afectadas. Sin embrago,
esta responsabilidad no sólo debe ser compartida sino
también diferenciada; atendiendo a las peculiaridades de
cada país, cuidando que las asimetrías existentes
no resquebrajen más la institucionalidad, el Estado de
Derecho y la seguridad ciudadana de los pueblos latinoamericanos
y caribeños.

A la luz de más de cuatro décadas del que
el presidente Ronald Reagan fijara a la guerra contra las drogas
como prioridad para su proyección hacia la región,
los problemas asociados al tráfico ilícito de
drogas y sus delitos conexos, se han fertilizado. Los
índices de producción, trasiego y consumo que hoy
registra Nuestra América, reflejan el fracaso de la
militarización defendida por Washington. No obstante, el
gobierno de EE.UU. persiste en alentar el Complejo de Seguridad
Industrial a partir de la lucha antidroga.

Cambios y
continuidades de la lucha antidrogas de EE.UU. hacia la
región

La lucha antidroga ha adquirido cambios importantes en
la Administración de Barack Obama (2009-2017), que
incidirán en la forma de encarar y percibir el problema de
las drogas, tanto en el segundo mandato de Obama como en el del
Presidente que lo sustituirá entre 2017 y 2021. Sin
embargo, los matices en la forma de desarrollar esta cruzada no
conllevan necesariamente a una reforma integral de las
políticas "antinarcóticos". Por el contrario, estas
reformas se orientan a encubrir la impunidad y la violencia
generada por las fuerzas militares, policiales y privadas, que
actúan en los países más afectados de
América Latina y el Caribe.

Siguiendo la historia de guerrerista contra las drogas
se perciben como consecuencias más lamentables; el
manifiesto fracaso respecto a la reducción del
"narcotráfico" y la penetración político,
militar y diplomática en la región. Pero esta
guerra ha presentado algunas modificaciones en los últimos
años, fundamentalmente en la forma en que se proyectan el
binomio del Pentágono y el Departamento de Estado, y sus
más fieles agencias: la DEA y la USAID.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la
Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas
(DEA) vienen consolidando sus nexos en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas (TID) en la región
desde finales del segundo mandato de Ronald Reagan (1985-1989).
En ello se ha acrecentado la participación de las Unidades
de Investigación Confidencial (SIU)[3], que
son "(…) son grupos ultra secretos de agentes
élite, casi siempre policiales, de la región que
son equipados, entrenados y sometidos a escrutinio por parte de
agentes de la DEA. Sus integrantes deben pasar por indagaciones
de antecedentes, y someterse periódicamente al
polígrafo y a pruebas por consumo de drogas. (…)
Las SIU tienen acceso a las bases de datos de inteligencia de la
DEA." (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013,
pág. 9)

A ellos se le suman, en franca alianza con sus embajadas
en la región, las acciones desplegadas desde la CIA y el
Comando Sur o Meridional, en el incremento del uso que tienen en
el segundo mandato de Obama (2013-2017), las Fuerzas Especiales
Inter-Agencias Conjuntas Sur (JIATF-S), un componente del Comando
Sur que opera desde Key West, Florida, y los medios no tripulados
(drones). Estas se complementan con las Fuerzas Especiales Bravo,
ubicadas en Honduras; las Fuerzas Navales Sur (también
conocidas como la Cuarta Flota), y las Fuerzas de la Marina Sur,
así como las agencias dependientes del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que incluyen la Guardia
Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
EE.UU.

Estos cambios dan una medida de la trasformación
de la militarización que está ocurriendo en EE.UU.
y que, sin dudas, trascenderán el periodo de Obama sea
republicano o demócrata el presidente de que lo
sucederá el 20 de enero de 2017. Ello tiene su reflejo en
la una securitización de la "guerra contra las drogas" que
cuenta con un personal más capacitado y mejor equipado y,
por tanto, no precisa de un gran número de
efectivos.

En esta dinámica la DEA está empleando a
los Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior
(FAST). "FAST es un programa táctico de ofensiva que
despliega escuadrones de aproximadamente 10 agentes de la DEA con
entrenamiento militar en todo el mundo. Los FAST han sido
destacados al menos en 15 oportunidades en América Latina,
y han estado presentes en cinco países: Haití,
Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice."
(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013,
pág. 9)

El despliegue de las Fuerzas de Operaciones Especiales
sobre diversos países manifiestan un cambio de forma, mas
no de contenido en cuanto a los propósitos
geoestratégicos de Washington. Por el contrario,
continúa la visión intransigente respecto a una
reforma integral de las políticas antidrogas, que tomen en
cuenta las características de los países de la
región así como los verdaderos niveles y tipos de
consumo tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Estados
Unidos.

Paralelamente, el debate por una mayor tolerancia al
consumo de la marihuana gana espacios al interior de Estados
Unidos. "Actualmente, 18 estados y el Distrito de Columbia
permiten el uso de la marihuana como un medicamento. Esta es una
medida mucho más amplia que la simple
despenalización porque incluye que el estado aprueba la
venta para fines medicinales. A la vez, cuatro Estados
(California, Washington, Colorado y Oregón) han
considerado iniciativas para legalizar la marihuana. El 6 de
noviembre de 2012, votantes en dos de ellos, Colorado y
Washington, aprobaron nuevas leyes para regular e imponer
impuestos a esta sustancia." (OEA, 2013, pág.
69)

Evidentemente el tráfico las armas de fuego, la
guerra contra carteles y la diseminación de la violencia y
la criminalidad en la región, valoriza la necesidad de
reformas hacia una mayor tolerancia, ante el obstinado enfoque
unidireccional con que tradicionalmente se ha orientado la
política antidroga estadounidense.

Las políticas de mayor tolerancia son defendidas
por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica y el
Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y
legalización o no del cannabis (marihuana), esta
última subregión a través de la CARICOM.
Para ello se parte de la lógica de legalizar los aspectos
menos nocivos en los países más afectados,
atendiendo a las particularidades de cada país, sus
culturas y situaciones sociopolíticas e institucionales.
Para ello se tienen en cuenta los índices generales del
consumo de la marihuana. Según la UNODC: "El cannabis
sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en
el mundo. Se registró un pequeño aumento de la
prevalencia de consumidores de cannabis (180,6 millones, es
decir, el 3,9% de la población de 15 a 64 años de
edad) en comparación con las anteriores estimaciones en
2009." (UNODC, 2013)

La situación caribeña resultará de
gran atención en los próximos años
(2015-2021) por la reactivación de esa zona como ruta de
trasiego de drogas, lo que ha manipulado a su favor Washington
para incrementar la militarización del área del
Gran Caribe, a partir de la Iniciativa de Seguridad Regional para
América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la
Cuenca del Caribe (CBSI). En tal empeño se ha incrementado
el empleo de drones y Fuerzas de Operaciones Especiales.
Según los datos del Informe del Informe Comando Sur de
2014, en 2013 el flujo de la cocaína destinada a Estados
Unidos a través del corredor del Caribe aumentó a
14 % del flujo total estimada. (US. Southcom, 2014)

En el despliegue estadounidense sobre las costas del
Caribe y el Golfo de México se ha resaltado la
Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se
"justifica" con el creciente trasiego de drogas por la zona. "Los
Estados Unidos estimaban que, en 2012, más del 80 por
ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este
país, transitaba inicialmente a través del corredor
de América Central", señala el Informe de
Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del
Departamento de Estado para 2013" (INCSR , 2013) Esta cifra es
superior según del jefe del Comando Sur, general John
Kelly, quien considera que " (…) un volumen estimado de
92-94 por ciento de la cocaína destinada a los EE.UU.
aún fluye a través de América Central, de
hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la
Operación Martillo interceptó152 toneladas de
cocaína". (Southern Command, 2013)

Para profundizar el cuidado de Centroamérica y el
Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos iniciativas
subregionales: la CARSI y la CBSI. La CARSI cuenta con el apoyo
de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y
Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, del FBI y
respalda las Unidades Transnacionales Anti-Pandillas (equipos
TAG), las cuales son unidades policiales en El Salvador,
Guatemala y Honduras (Triángulo Norte),que comparten
información sobre las actividades de los grupos de
narcotraficantes.

Llama la atención en medio de los recortes
presupuesto militar, se incrementen las partidas de dinero en
asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones
Especiales y las Iniciativas de Seguridad para
Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso
peruano, viene a consolidar el posicionamiento
geoestratégico en la subregión andina, llegando a
establecer en ese país 9 bases militares.

Esta tendencia continúa en el presupuesto
solicitado por Obama para el año fiscal (FY) 2015. En el
Fondo de Apoyo Económico (ESF) de Estados Unidos para
América Latina y el Caribe, de un total de 392 millones
900 mil dólares, se propone para la CARSI 60 millones de
dólares, y 132 millones 900 mil dólares para
Colombia. (Presupuesto Federal para el Departamento de Estado,
2014)

En el caso de los fondos canalizados para el programa de
Control de Narcóticos y Aplicación de Ley (INCLE),
se proponen fondos para programas antinarcóticos y de
seguridad pública en Colombia, 117 millones; para
Perú (37 millones) y para la región
centroamericana, 70 millones. (Presupuesto Federal para el
Departamento de Estado, 2014)

El incremento de la presencia de Fuerzas de Operaciones
Especiales, junto a las acciones del personal de inteligencia y
los contratistas y subcontratistas (civiles y militares), le
otorga una menor trasparencia e impunidad la proyección
exterior de seguridad de Washington en la región.
Entretanto, Colombia se involucra más en el entrenamiento
de militares y policía en el exterior auspiciado por
agencias estadounidenses, que aumentan su influencia sobre los
efectivos de seguridad de varios países latinoamericanos y
caribeños.

Con ese objetivo, en "(…) 2013, esta asistencia
en el ámbito de la seguridad incluyó 39 actividades
para el desarrollo de capacidades en cuatro países
centroamericanos que se centraron en áreas tales como la
confiscación de bienes, las investigaciones, los
exámenes poligráficos y las interdicciones. Estados
Unidos y Colombia anunciaron el Plan de acción
correspondiente al año 2014, que pretende aumentar la
asistencia a 152 actividades para el desarrollo de capacidades en
seis países de América Central y el Caribe." (White
House, 2013)

Estas circunstancias denotan un difícil panorama
de inestabilidad en los países más afectados, lo
que limita su capacidad para proyectar líneas
políticas coherentes de manera unilateral, por lo que hace
insoslayable la búsqueda de consensos a nivel regional, y
la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. El
mayor reto en esa dirección, radica en cómo ajustar
esa colaboración para que no se comprometa la
soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los
países que más sufren por este flagelo. A esas
complejidades se suman las contradicciones entre las
políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para
contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas
internas de los Estados latinoamericanos.

Ese problema limita la promoción de
políticas antidrogas coherentes con cada país y
región, donde se incite la inclusión ciudadana en
los programas sociales y políticos. Ello tiene como
trasfondo el mantenimiento de una visión unidireccional
que prepondera la seguridad en las fronteras estadounidenses,
incrementando los costos humanos para la región lo que, a
la larga, resulta perjudicial también para
EE.UU.

No obstante, los mayores afectados con la sostenida
militarización de la guerra contra las drogas siguen
siendo los países de la región, que con el curso de
los años no sólo amplían sus vínculos
en el mercado de estupefacientes estadounidense, sino que
generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la
región. La extensión de tráfico ilegal de
drogas en la mayoría de los países de la
región, ha conllevado a una serie de ajustes en la
proyección exterior y de seguridad de EE.UU. Ello ha
tenido implicaciones para la forma en que se realiza la
militarización en la región y para los programas
diplomáticos, económicos y de inteligencia que se
encausan hacia los países de mayor interés en las
Américas.

Valorando esas realidades, se reducen los grandes
despliegues militares, siendo sustituidas por un mayor uso las
Fuerzas de Operaciones Especiales en correspondencia con la
concepción de la "Huella Ligera" (light
footprint) y la "Guerra de Cuarta
Generación".[4] En ese contexto, varios
países latinoamericanos aumentan las presiones tanto a
nivel gubernamental como por parte de la sociedad civil para
lograr, de forma paulatina, la despenalización y
legalización del consumo de algunas drogas,
particularmente la marihuana y algunos estupefacientes de origen
sintético y semi-sintético. Según siga
creciendo la demanda de drogas ilegales (DI) en los países
se hace más difícil contener la oferta.

Entretanto, las multimillonarias ganancias del trasiego
ilegal de drogas continúan incrementado la
corrupción, el blanqueo de capitales y el fomento de
paraísos fiscales y centros offshore; favoreciendo los
fondos de los bancos y empresas transnacionales que participan o
se benefician, de alguna manera, en las diferentes fases de este
negocio.

Esa realidad amerita considerar el impacto
económico de los flujos ilícitos transnacionales.
El tráfico ilícito de cocaína genera
anualmente montos superiores a los 85 mil millones de
dólares. (UNODC, 2012) "Al año, el crimen
organizado mundial mueve unos 870 mil millones de dólares.
De esa cantidad, el narcotráfico maneja 320 mil millones
de U$; 32 mil millones se movilizan por "trata de personas";
siete mil millones en torno al tráfico ilegal de
migrantes; casi 80 mil millones por negocios delictivos
relacionados con la madera y especies animales; 140 mil millones
por juego de apuestas ilegales." (Rambaldi, 2012)

Estas cifras dan una medida de la situación de
los intereses y los vínculos con empresarios y
políticos que tiene el crimen organizado trasnacional. Esa
interconexión dificulta su enfrentamiento, dado el amplio
abanico de oportunidades que se abren, ante las vulnerabilidades
en la seguridad y la asistencia social que presentan los
Estados-nacionales.

Los derroteros del crimen organizado transnacional,
recrudecen los problemas socioeconómicos y
políticos que padece Nuestra América, con un gran
impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno
y la proyección exterior de los líderes de la
región. Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano
de Defensa (CSD), resulta una opción para el
enfrentamiento, al menos de forma más autónoma,
contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada
como respuesta de la región, bajo la impronta del ex
presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la
UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas
más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad
latinoamericana.

Fortalecer los enfoques desde el sur al enfrentamiento
antidroga es una necesidad existencial, ante las proyecciones del
Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades militares
del hegemón en la región; la cual combinan con un
paquete de cooperación en materia de asesoría
jurídica, policial y "apoyo institucional", que
acentúan sus intereses sobre la región.

Según el último Reporte del Comando Sur,
correspondiente al año 2014, se definen como 4 prioridades
para las operaciones del comando: Detención "humana y
digna" estadounidenses en: 1) Fuerza de Tarea Conjunta de
Guantánamo, 2) Lucha contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (CTOC). 3) La creación de capacidad de los
asociados, inter-operatividad, alianzas inter-institucionales,
socios inter-agencias y 4) La planificación de
contingencias. (US. Southcom, 2014)

Conforme a las prioridades se trabaja en el incremento
de la seguridad pública, la estabilidad política,
el estado de derecho, el fortalecimiento institucional, la
eficiencia de los programas antidrogas y contra el trasiego
ilegal de armas de fuego. En relación al problema de la
corrupción se aprecia la corrupción en la
región como amenaza a los intereses de seguridad nacional
de EE.UU.

En consecuencia con la reducción del presupuesto,
se mantiene la tendencia en los próximos diez años,
a la reducción de los despliegues de personal, barcos y
aviones producto de las limitaciones fiscales. Ello repercute en
un menor poder de despliegue de ejercicios y actividades de
participación una desproporción, pero esta
tendencia se complementa con la mayor utilización de las
Fuerzas de Operaciones Especiales (Huella Ligera).

Esta limitación de fuerzas reduce el poder de
influencia en el plano de seguridad pero puede incrementar la
influencia diplomática y la efectividad de las Fuerzas de
Operaciones Especiales, que requerirán cada vez más
de menor personal en el terreno de operaciones. Además, se
reconoce la expansión sin precedentes de las redes
criminales y pandillas violentas está afectando a la
seguridad ciudadana y la estabilidad en la región. En ello
tiene una importante relación con el efecto globo de la
producción y trasiego ilegal de las drogas por toda la
región, a partir de las estrategias fallidas en el control
e interdicción de drogas lideradas por el gobierno
estadounidense.

Respecto al trasiego de drogas, el citado informe
refleja que la mayor parte de la heroína que se vende en
los Estados Unidos proviene de Colombia o México, con un
aumento en las sobredosis relacionadas con la heroína y
muertes en EEUU. En consecuencia, el tráfico de
cocaína sigue siendo la actividad más rentable y el
reto de la seguridad predominante en toda la región, con
un estimado de 84 mil millones en ventas anuales. (US. Southcom,
2014)

Por su parte, el Informe sobre la Estrategia
Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de 2014, de
la Oficina de Narcóticos y Aplicación de la ley
Asuntos Internacionales, refiere que la cooperación
bilateral pasó de la entrega de equipo a gran escala, al
entrenamiento y construcción institucional, así
como a la expansión de programas a nivel Estatal y
Municipal, más que Federal. (INCSR, Control Strategy
Report, 2014) Ello se corresponde con las tácticas de
seguridad más ajustadas a la realidad de cada territorio,
que además reducen los gastos con el entrenamiento de
fuerzas de seguridad en la región, y la utilización
de terceros países como Colombia para ese fin.

Paralelamente, se trabaja en el fortalecimiento
institucional a partir del sector judicial, encaminado a la
reducción de la demanda de drogas y las iniciativas de una
cultura de legalidad, las cuales tendrán mayor prioridad.
En la lucha antidroga, continúan como temas centrales el
trabajo en el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho
y la lucha contra el lavado de dinero fortaleciendo las leyes y
las técnicas de interdicción. (INCSR, Control
Strategy Report, 2014)

A pesar de que los delitos de blanqueo de capitales,
corrupción, trasiego de armas de fuego y precursores
químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que
apoya y reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos
atacados que la esfera de la producción de
estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente
geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la
ubicación de facilidades militares en zonas de alto
interés geopolítico y geo-económico para la
élite del poder de EE.UU. Ello explica la continua
penetración político-diplomática y de
seguridad en regiones claves de la región, entre las que
resaltan la Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar la
importancia para su seguridad nacional de México y, en un
segundo orden, los países más afectados de
Centroamérica y del área
caribeña.

La prioridad de México se evidencia
también en el presupuesto solicitados por el gobierno de
Obama para 2015. En el caso del Fondo de Apoyo Económico
(ESF), se solicitaron 35 millones de dólares para
México. Respecto al Control de Narcóticos y
Aplicación de Ley (INCLE), se propone un gasto de 80
millones para ese país, con el objeto de dar continuidad a
la Iniciativa Mérida y, en particular, al mejoramiento del
estado de derecho y la institucionalidad. (Presupuesto Federal
para el Departamento de Estado, 2014)

La militarización de la región se ha
intentado justificar durante décadas porque una de las
drogas ilegales (DI) consideradas más perjudiciales, la
cocaína, registra sus mayores producciones en
países de Latinoamérica, lo que ha servido de
pretexto para profundizar el pilar militarista de las
políticas antidrogas, a pesar de su manifiesto fracaso.
Sin embargo, en las trasformaciones ocurridas en la última
décadas, se aprecia una mayor producción y consumo
de drogas sintéticas. Los países que
tradicionalmente eran productores y/o rutas han incrementado sus
índices de consumo. La expansión de este problema
de la subregión andina hacia toda Nuestra América,
con sus particulares efectos en México y
Centroamérica, evidencian el doble rasero del
enfrentamiento de las políticas antidrogas de
EE.UU.

Entretanto, las "(…) estimaciones de la cantidad
de cocaína fabricada, oscilaron de 776 a 1.051 toneladas
en 2011, cifra igual en gran medida a la del año anterior.
Las mayores incautaciones de cocaína del mundo (sin
ajustar la pureza) se siguen notificando en Colombia (200
toneladas) y los Estados Unidos (94 toneladas). El consumo de
cocaína sigue disminuyendo en los EE.UU., el mayor mercado
de cocaína del mundo. Por el contrario, un aumento
significativo de las incautaciones se ha observado en Asia,
Oceanía, América Central y del Sur y el Caribe en
2011." (UNODC, 2013)

Los cambios de patrones de consumo en los principales
mercados de la droga a nivel mundial (el estadounidense y el
europeo) unido a los éxitos que han conllevado
políticas antidrogas de mayor tolerancia y
valoración a las culturas y las situaciones
específicas de cada país y región,
descolocan la intransigencia del gobierno estadounidense en la
guerra contra las drogas. En estos cambios de los patrones de
consumo, resalta el auge del trasiego de precursores
químicos y el incremento del consumo de las drogas
sintéticas. "Comercializadas como "drogas legales" y
"drogas de diseño", (…) están proliferando a
un ritmo sin precedentes y presentan desafíos imprevistos
en el área de la salud pública. (…)."
(ONUDC, 2013)

El dinamismo de la producción de drogas
sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de
comercialización, desmonta las vías tradicionales
de control e interdicción. Para que se tenga una idea,
"(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total
de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa
un récord en los últimos años, ya que en
promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…)
entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690 el número de
páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes
producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de
diseño", bajo nombres como "Legal Highs" o "Herbal
Highs"." (Notimex, 2013)

A pesar de estos cambios, Washington prosigue con la
llamada política de mano dura contra las drogas hacia
Latinoamérica; "justificándose" en la necesidad de
interdicción de cocaína, cuando los estudios
internacionales más avanzados revelan transformaciones en
el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La
rigidez de esta política puede explicarse por los
intereses colaterales que encierra para la política
exterior y de seguridad de Washington en la
región.

Independientemente de los cambios burocráticos
que se realicen en los Departamentos de Estado y de Seguridad, en
Latinoamérica y el Caribe continuará
politizándose la lucha antidrogas. Para ello se
perfecciona constantemente el poderío militar,
político, diplomático e informacional destinado
hacia la región, tanto con la penetración de
fuerzas militares del gobierno como de contratistas y
subcontratistas a su servicio. Las cuotas de control y poder que
confiere la guerra contra las drogas a los intereses
geoestratégicos de ese gobierno en la región, hacen
factible realizar los cambios y matices necesarios, para
prolongar el combate armado contra los grupos de
narcotraficantes, cuánto sea posible y
necesario.

Analizando la evolución y las tendencias de la
lucha antidrogas en la política exterior y de seguridad de
EE.UU. puede puntualizarse una mayor importancia de las
políticas antidrogas estadounidense en las
dinámicas político-diplomáticas y
económicas entre Estados Unidos y América Latina y
el Caribe; donde crecen las implicaciones del capital
trasnacional estadounidense en el blanqueo de
capitales.

Además, se aprecia el auge de la tendencia a la
despenalización y legalización del consumo de
marihuana y algunas drogas de origen sintético, con
disímiles consecuencias sociopolíticas y
culturales. Ello tiene implicaciones para la relación
norte-sur y para el sostenimiento de la errada guerra contra las
drogas de Washington. Ese fenómeno cuenta con el impulso
de los gobiernos de la región, donde se destacan los casos
de Uruguay y Guatemala, con sus peculiaridades internas, que
tienen como precedente las experiencias de países de
Europa Occidental como Portugal y Países Bajos, donde se
han registrado resultados favorables respecto a la
reducción de la violencia y la inseguridad.

La legalización de las drogas blandas ha cobrado
fuerza en la región, con el apoyo de figuras
políticas como el ex presidente mexicano Vicente Fox, que
el 19 de octubre de 2011 impartió una conferencia en el
Cato Institute de Washington, abogando sobre la
legalización de las drogas. Juan Manuel Santos se
sumó a Fox en la no contención de la
política impulsada para la legalización de las
drogas.