La “guerra contra las drogas” de EE.UU. hacia “Nuestra América” (2013-2021) (página 2)

El subsecretario general de la ONU y director de la
división para América Latina del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el chileno Heraldo
Muñoz, argumentó ante una que: " (…) ni el
PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero nos
parece legítimo que se empiece a discutir, como han
propuesto algunas personalidades, regularizar o legalizar algunas
drogas (…) el narcotráfico acabará minando
la democracia en América Latina si no se aborda desde el
lado de los países consumidores" (El País,
2011)

Los efectos que pudiera conllevar a mediano y largo
plazo un escenario de legalización y
despenalización de las drogas, principalmente de las
drogas marihuana, sin descartar el de otras sustancias de origen
sintético, conllevaría a importantes modificaciones
en las políticas antidrogas de Estados Unidos. La
rígida posición de EE.UU. ante las presiones de
movimientos y gobiernos parece desmontarse en el tiempo. Por otra
parte, luego de la legalización en Washington y Colorado
del consumo de marihuana, el tema a debate no sólo cobra
importancia en la conformación de la política
exterior y de seguridad de EE.UU. hacia el Hemisferio Occidental
sino también en el orden interno. Los históricos
problemas del consumo de estupefacientes y psicotrópicos
en ese país obligan a una reevaluación sobre la
visión y posibles acciones del gobierno en ambas
direcciones.

En la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en
la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en abril del 2012,
se evidenció la voluntad de algunos gobiernos
latinoamericanos de estudiar los beneficios que podría
producir para sus correspondientes países, una
política de mayor tolerancia legal hacia el consumo de
algunas drogas.

Para un análisis más holístico
respecto a los flujos ilícitos trasnacionales, resulta
pertinente interrelacionar el tráfico de drogas ilegales y
su enfrentamiento con el trasiego de armas de fuego a la
región, donde existen escandalosos precedentes que
implican al gobierno estadounidense como la Operación
Rápido y Furioso.

La relación de negocio de las drogas con otros
delitos como la trata y contrabando, el lavado de dinero y el
tráfico de precursores químicos, conllevan a una
valoración más integral respecto a los flujos
ilícitos transnacionales. El trasiego de precursores
químicos, acelera el dinamismo del consumo de sustancias
sintéticas. Ello tiene implicaciones prácticas en
la modificación de las rutas y en su enfrentamiento,
debido a las facilidades de su producción, puesto que no
se requieren de territorios específicos.

Por otra parte, la ausencia de una colaboración
multidimensional, limita el papel de las políticas
públicas, ya que no se aprecia la importancia de la
participación ciudadana en la credibilidad y la eficiencia
de las políticas antidrogas. Para ello se necesita de una
verdadera colaboración, que tome en consideración
la visión de todas las partes y las características
culturales, políticas y socioeconómicas de cada
país y subregión; de manera que se diseñen
estrategias que viabilicen la cooperación al desarrollo.
Para lograr esos objetivos, es preciso que la colaboración
abra un abanico de acciones hacia temas no militares, que
incentiven la seguridad ciudadana, el desarrollo de la
economía, la protección del medio ambiente y la
seguridad ciudadana.

La persistencia de fórmulas militaristas y la
continua politización de la lucha antidroga, denota el
doble rasero de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en
la conformación de la política exterior y de
seguridad hacia Nuestra América. Ante esa realidad, se
necesita de la articulación de fuerzas políticas y
actores diversos, que pugnen por una verdadera cooperación
al desarrollo. Ello viabilizaría cambios trascendentales,
donde se parta de un enfoque crítico, interdisciplinario y
regional, sobre los diversos problemas asociados con los flujos
ilícitos entre América Latina, el Caribe y EE.UU.
En ello deben estar incluidos los actores estatales y no
gubernamentales, regionales y trasnacionales, en aras de proveer
alternativas de políticas cooperativas, que tengan en
cuenta el carácter transfronterizo y trans-regional de ese
flagelo.

Conclusiones

El tráfico ilícito de drogas es un
problema de dimensión global. El impacto de este flagelo
sobre la humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la
calidad de vida de la sociedad, la estabilidad política,
la seguridad ciudadana y la gobernabilidad, por lo cual se ven
seriamente afectados los países de la región. Estas
circunstancias denotan un difícil panorama de
inestabilidad en los países más afectados, lo que
limita su capacidad para proyectar líneas políticas
coherentes de manera unilateral, por lo que resulta insoslayable
la búsqueda de consensos a nivel regional y la no por
contradictoria menos necesaria, colaboración con el
gobierno de Estados Unidos.

El mayor reto en esa dirección, radica en
cómo ajustar esa colaboración para que no se
comprometa la soberanía, la integridad territorial y la
seguridad de los países de la región. A estas
complejidades se suman las contradicciones entre las
políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para
contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas de
mayor tolerancia que promueven varios gobiernos
latinoamericanos.

Los mayores afectados con la sostenida
militarización de la guerra contra las drogas siguen
siendo los países de la región, que con el curso de
los años no sólo amplían sus vínculos
en el mercado de estupefacientes estadounidense sino que
generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la
región. La extensión del tráfico y consumo
de drogas en la mayoría de los países de la
región, amerita de nuevos re-ajustes en la
proyección exterior y de seguridad de EE.UU. Sin embargo,
ello pude conllevar a nuevas amenazas para la región, si
bien existen mayores oportunidades para colaborar y plantear
alternativas más autónomas en la lucha contra el
flagelo de las drogas.

Valorando esas realidades, se reducen los grandes
despliegues militares, siendo sustituidos por un mayor uso las
Fuerzas de Operaciones Especiales (Huella Ligera) y la "Guerra de
Cuarta Generación" con un mayor uso de las TICs para
labores de monitoreo y enfrentamiento a los a los flujos
ilícitos trasnacionales. Ello posibilita una
militarización más efectiva y menos numerosa, que
pudiera conllevar a confundir y reducir las "presiones" en el
plano político- diplomático.

A pesar de que los delitos de blanqueo de capitales,
corrupción, trasiego de armas de fuego y precursores
químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que
apoya y reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos
atacados que la producción de estupefacientes. Ello tiene
una razón eminentemente geoestratégica, puesto que
su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades
militares en zonas de alto interés como la Amazonía
y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia para su
seguridad nacional de México, y en un segundo orden, los
países más afectados de Centroamérica y del
área del Gran Caribe.

En consecuencia, América Central, el Caribe y
Perú se mantienen como prioridades y área de mayor
dinamismo en asistencia de seguridad y se acoge Colombia como
modelo y principal aliado geoestratégico. El mantenimiento
de la militarización de la guerra antidroga por los
sucesivos gobiernos estadounidenses de Reagan al presente,
demuestra la prioridad que le otorga la élite del poder
del Estado–Nación-Imperio, a la guerra contra las drogas
en la política exterior y de seguridad hacia "Nuestra
América" para el periodo 2015-2021.

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Biblos.

Autor:

Alejandro L. Perdomo Aguilera

[1] El “smart power” es un
concepto ideado por Suzanne Nossel, quien lo
acuñó en un artículo del año 2004,
publicado en la revista Foreign Affairs donde “(…)
proponía la política del Internacionalismo
Liberal y sugería al gobierno estadounidense utilizar el
poder militar y otras formas de poder blando ("soft power") de
forma alternativa y según las circunstancias.(Nossel,
2004)

[2] En la actualidad Roberta Jacobson se
desempeña como Subsecretaria de Estado para el
Hemisferio Occidental.

[3] En la actualidad Estados Unidos apoyan 11
programas SIU en todo el mundo. En el Hemisferio Occidental, se
sabe que operan en Belice, Panamá, Guatemala,
México, Colombia, Ecuador, Perú y
República Dominicana. (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian,
& Withers, 2013, pág. 9)

[4] Guerra de IV Generación
originó en 1989 cuando William Lind y cuatro oficiales
del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina
de los Estados Unidos, titularon un documento: "El rostro
cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación". Ese
año, el documento se publicó en la edición
de octubre del MilitaryReview y la Marine Corps Gazette. En
1991 Martín Van Creveld publicó La
Transformación de la Guerra obra que le daría
cuerpo intelectual a la Guerra de IV Generación.