La guerra antidrogas de EE.UU. en la Madre América ¿Una estrategia imperial?

Resumen

En el trabajo se analiza el impacto de la guerra contra
las drogas del gobierno de EE.UU. en América Latina y el
Caribe. Se identifican las principales amenazas para el
desarrollo, la seguridad y la gobernabilidad de la región.
También se aborda la importancia de las políticas
públicas y el diseño de estrategias que establezcan
una colaboración factible entre Washington y la
región. Finalmente, se valoran los cambios y continuidades
en la lucha antidroga por parte del gobierno estadounidense, en
la segunda Administración Obama (2013-2017), determinando
las implicaciones para la región.

Palabras claves: narco-economía, Estados
Unidos, Latinoamérica, drogas,
militarización

Luego de más de cuatro décadas de
acción militarizada en la Nuestra América por el
gobierno estadounidense, bajo el pretexto del enfrentamiento al
tráfico ilegal de drogas, Washington persiste en
utilizarla guerra contra las drogas como estrategia
imperial.

La cruzada antidroga fue declarada en 1971 por Richard
Nixon y desarrollada por Ronald Reagan para Latinoamérica
y el Caribe, en la década de 1980. Durante la
Administración de Barack Obama (2013-2017), se han
producido cambios importantes que inciden en la forma de encarar
y percibir la lucha contra este flagelo.

Sin embargo, los matices en la forma de desarrollar la
guerra contra las drogas no conllevan necesariamente a una
reforma integral de las políticas antinarcóticos,
que han estado marcadas por la continua militarización.
Por el contrario, estas reformas se orientan a encubrir la
impunidad y la violencia generada por las fuerzas militares,
policiales y privadas, que actúan en los países
más afectados de América Latina y el
Caribe.

Siguiendo la historia de guerrerista contra las drogas
se perciben dos lecturas básicas, la del manifiesto
fracaso en la reducción del narcotráfico y la
penetración político, militar y diplomática
en la región, gracias su mantenimiento. Pero esta guerra
ha presentado algunas modificaciones en los últimos
años, fundamentalmente en la forma en que se proyectan el
binomio del Pentágono y el Departamento de Estado, y sus
más fieles agencias: la Administración de
Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (Droga Enforcement
Administration, DEA) y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (United States Agency for International
Development, USAID).

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA
vienen consolidando sus nexos en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas (TID) desde finales de la
década del 80. En ello se ha acrecentado la
participación de las Unidades de Investigación
Confidencial (SIU)[1], que son "(…) son
grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre
policiales, de la región que son equipados, entrenados y
sometidos a escrutinio por parte de agentes de la DEA. Sus
integrantes deben pasar por indagaciones de antecedentes, y
someterse periódicamente al polígrafo y a pruebas
por consumo de drogas. (…) Las SIU tienen acceso a las
bases de datos de inteligencia de la DEA."(Isacson, Haugaard,
Poe, Kinosian, & Withers, 2013)

A ello se le suman, en franca alianza con sus embajadas
en la región, las acciones desplegadas desde la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur o Meridional
(USSOUTHCOM), en especial del uso que tienen en el segundo
mandato de Obama, las Fuerzas Especiales Inter-Agencias Conjuntas
Sur (JIATF-S), un componente del Comando Sur que opera desde Key
West, Florida y los medios no tripulados (drones).

En esta trasformación de la militarización
en la guerra contra las drogas también se emplean los
Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior
(FAST) por la DEA. "FAST es un programa táctico de
ofensiva que despliega escuadrones de aproximadamente 10 agentes
de la DEA con entrenamiento militar en todo el mundo. Los FAST
han sido destacados al menos en 15 oportunidades en
América Latina, y han estado presentes en cinco
países: Haití, Honduras, República
Dominicana, Guatemala y Belice."(Isacson, Haugaard, Poe,
Kinosian, & Withers, 2013)

El despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales sobre
diversos países reflejan un cambio de forma, mas no de
contenido en cuanto a los propósitos
geoestratégicos de Washington. Por ello continúa la
visión intransigente, respecto a un reforma integral de
las políticas antidrogas, que tomen en cuenta las
características de los países de la región,
los verdaderos niveles y tipos de consumo tanto en
Latinoamérica y el Caribe como en Estados Unidos, y que
profundicen el tratamiento al consumo de narcóticos y
psicotrópicos como un problema de salud.

El debate por una mayor tolerancia al consumo de la
marihuana gana espacios al interior de Estados Unidos,
cómo lo reflejan su legalización en Washington y
Colorado. Evidentemente el tráfico las armas de fuego, la
guerra contra carteles y la diseminación de la violencia y
la criminalidad en la región, valoriza la necesidad de
reformas hacia una mayor tolerancia, ante el obstinado enfoque
unidireccional con que tradicionalmente se ha orientado la
política antidroga estadounidense.

A nivel internacional, logra consenso la necesidad de
reformas importantes en las políticas antidrogas. En la
Reunión especial de alto nivel en Viena, celebrada el
pasado26 de junio de 2013, se platearon pautas hacia la necesaria
Revisión sobre Drogas de la ONU en 2016. Al
respecto apuntó Yury Fedotov, El Director Ejecutivo de
Organización de acciones Unidas contra la droga y el
Crimen (UNODC) puntualizó:

"Nos hemos puesto de acuerdo en un camino
para nuestra discusión en curso. Espero que conduzca a una
afirmación de la importancia de las convenciones
internacionales de fiscalización de drogas, así
como un reconocimiento de que las convenciones son humanas, con
enfoque de derechos y flexibles. También debe existir un
firme énfasis en la salud y debemos apoyar y promover
medios de vida alternativos sostenibles. Asimismo, es esencial
que reconozcamos el importante papel que desempeñan los
sistemas de justicia penal en la lucha contra el problema mundial
de las drogas y la necesidad de mejorar el trabajo en materia de
precursores químicos."(ONUDC, 2013)

Las políticas de mayor tolerancia son defendidas
por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica y el
Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y
legalización o no del cannabis (marihuana), esta
última subregión a través de la CARICOM. Se
parte de la lógica de legalizar los aspectos menos nocivos
en los países más afectados, atendiendo a las
particularidades de cada país, sus culturas y situaciones
político-institucionales.

Para el caso caribeño, el cultivo, la venta y el
consumo de marihuana está legalmente prohibido–en
Jamaica lo está desde hace un siglo– pero la
posesión de pequeñas cantidades –para el
consumo personal –hasta 14 gramos— es tolerada por
las autoridades de la mayoría de países.

La situación caribeña resultará de
gran atención en los próximos años por la
reactivación de esa zona como ruta de trasiego de drogas,
lo que ha manipulado a su favor Washington para incrementar la
militarización del área, con el empleo de Drones y
Fuerzas de Operaciones Especiales en tal empeño. Para esos
propósitos y otros menos declarados, fue también
reactivada la IV Flota en el verano de 2008 (1 de
julio).

En el despliegue estadounidense sobre las costas del
Caribe y el Golfo de México se ha resaltado la
Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se
"justifica" con el creciente trasiego de drogas por la zona. "Los
Estados Unidos estimaban que, en 2012, más del 80 por
ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este
país, transitaba inicialmente a través del corredor
de América Central", señala el Informe de
Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del
Departamento de Estado para 2013".(Departamento de Estado,
2013)[2]

Esta cifra es superior según del jefe del Comando
Sur, general John Kelly, quien considera que "un volumen estimado
de 92-94 por ciento de la cocaína destinada a los EE.UU.
aún fluye a través de América Central, de
hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la
Operación Martillo interceptó152 toneladas de
cocaína.(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers,
2013)

Este mismo informe indica: "Los componentes del Comando
Sur que están más involucrados en esta
operación son: JIATF-S; las Fuerzas Especiales Bravo,
ubicadas en Honduras; Fuerzas Navales Sur (también
conocidas como la 4ta Flota), y las Fuerzas de la Marina Sur. Las
agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos incluyen la Guardia Costera y la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP)."
(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers,
2013)

Para profundizar el cuidado de Centroamérica y el
Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos iniciativas
subregionales: la Iniciativa de Seguridad Regional para
América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la
Cuenca del Caribe (CBSI).La CARSI cuenta con el apoyo de la
Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y
Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, del FBI y
respalda las Unidades Transnacionales Anti-Pandillas (equipos
TAG), las cuales son unidades policiales en El Salvador,
Guatemala y Honduras (Triángulo Norte),que comparten
información sobre las actividades de los grupos de
narcotraficantes.

Llama la atención en medio de los recortes
presupuesto militar, se incrementen las partidas de dinero en
asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones
Especiales y las Iniciativas de Seguridad para
Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso
peruano, viene a consolidar el posicionamiento
geoestratégico en la subregión andina, llegando a
establecer en ese país 9 bases militares.

El gigante suramericano, Brasil, se haya rodeado por 25
bases militares estadounidenses (23 en tierra), con posiciones
estratégicas respecto a PRESAL[3]y a la
Amazonía. Por otra parte, la vulnerabilidad de la frontera
entre Paraguay y Brasil, y los intereses estadounidenses sobre la
Tripe Frontera, aumentan las amenazas para los proyectos
integracionistas de la región.

El incremento de la presencia de Fuerzas de Operaciones
Especiales, junto a las acciones del personal de inteligencia y
los llamados contratistas, le otorga una menor trasparencia e
impunidad la proyección exterior de seguridad de
Washington en la región. Entretanto, Colombia se involucra
en el entrenamiento de militares y policía en el exterior
auspiciado por agencias estadounidenses, que aumentan su
influencia sobre los efectivos de seguridad de varios
países latinoamericanos y caribeños.

Análisis
de las tendencias de la guerra contra las drogas de EE.UU. en
América Latina y el Caribe

El tráfico ilícito de drogas es un
problema de dimensión global. El impacto de este flagelo
sobre la humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la
calidad de vida de la sociedad, la estabilidad política,
la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la convivencia
democrática, por lo cual se ven seriamente afectados los
países de la región.

Para una valoración más integral de la
situación actual de Latinoamérica se deben
considerarse las tendencias de la producción y consumo de
las drogas ilegales, contrastándolas con las
políticas que asume el gobierno de Estados Unidos para su
enfrentamiento en la región. Los problemas de
corrupción, vulnerabilidad institucional y una violencia
generalizada por la guerra entre los carteles y de estos con las
fuerzas antidrogas, genera un clima de violencia y criminalidad
que perjudica a todos los sectores de la sociedad.

Estas circunstancias denotan un difícil panorama
de inestabilidad en los países más afectados, lo
que limita su capacidad para proyectar líneas
políticas coherentes de manera unilateral, por lo que hace
insoslayable la búsqueda de consensos a nivel regional y
la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. El
mayor reto en esta dirección, radica en cómo
ajustar esa colaboración para que no se comprometa la
soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los
países que más sufren por este flagelo. A estas
complejidades se suman las contradicciones y carencias entre las
políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para
contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas
internas de los Estados latinoamericanos.

En la actualidad EE.UU., se mantiene como el principal
mercado de drogas y el primer productor de armas a nivel global.
Además, es el líder indiscutible de las fallidas
estrategias que delinean y definen las políticas
antidrogas en todas las regiones del mundo. La ineficacia de
políticas como el Plan Colombia (1999), la fenecida
Iniciativa Regional Andina (IRA, 2001) la Iniciativa
Mérida (2007), la Iniciativa de Seguridad Regional para
América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la
Cuenca del Caribe (CBSI), reflejan las limitantes de una
estrategia antidroga que no se ha planteado un enfoque integral
al fenómeno del tráfico ilegal de drogas (TID).
Ello ha imposibilitado la proyección de políticas
que ataquen los incentivos de este flagelo, desde la esencia que
lo promueve.

Este problema básico impide la promoción
de políticas antidrogas coherentes con cada país y
región, donde se incite la inclusión ciudadana en
los programas sociales y políticos. Ello tiene como
trasfondo el mantenimiento de una visión unidireccional
que prepondera tanto la seguridad para las fronteras y los
intereses estadounidenses, que termina por ser ineficientes tanto
para la región de América Latina y el Caribe como
en el propio territorio estadounidense.

No obstante, los mayores afectados con la sostenida
militarización de la guerra contra las drogas siguen
siendo los países de la región, que con el curso de
los años no sólo amplían sus vínculos
en el mercado de estupefacientes estadounidense sino que
generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la
región; con efectos devastadores para la seguridad
ciudadana, la criminalidad, los derechos humanos, la
corrupción y la estabilidad política de los
países más afectados.

La extensión de narcotráfico en la
mayoría de los países de la región en un
contexto donde continúan padeciéndose los problemas
de la crisis económica mundial, ha conllevado a una serie
de ajustes en la proyección exterior y de seguridad de
EE.UU. Ello ha tenido implicaciones para la forma en que se
realiza la militarización en la región y para los
programas diplomáticos, económicos y de
inteligencia que se encausan hacia los países de mayor
interés en las Américas.

Valorando esas realidades, se reducen los grandes
despliegues militares, siendo sustituidas por un mayor uso las
Fuerzas de Operaciones Especiales (huella ligera) y la llamada
"guerra de cuarta generación."[4]Para ello
se emplea un mayor uso de las tecnología de la
informática y las telecomunicaciones (TICs), de los medios
no tripulados (drones) para labores de monitoreo y enfrentamiento
a los a los flujos ilícitos trasnacionales.

En este contexto, varios países latinoamericanos
aumentan las presiones tanto a nivel gubernamental como por parte
de la sociedad civil para lograr, de forma paulatina, la
despenalización y legalización del consumo de
algunas drogas, particularmente la marihuana y algunos
estupefacientes de origen sintético y
semi-sintético.

En la medida que siga creciendo la demanda de drogas
ilegales (DI) en los países se hace más
difícil contener la oferta. Entretanto, las
multimillonarias ganancias del trasiego ilegal de drogas,
continúan incrementado la corrupción, el blanqueo
de capitales y el fomento de paraísos fiscales y centros
offshore; favoreciendo los fondos de los bancos y empresas
transnacionales que participan o se benefician, de alguna manera,
en las diferentes fases de este negocio.

A pesar de que los delitos de blanqueo de capitales,
corrupción, trasiego de armas de fuego y precursores
químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que
apoya y reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos
atacados que la esfera de la producción de
estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente
geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la
ubicación de facilidades militares en zonas de alto
interés geopolítico y geo-económico para la
élite del poder de EE.UU.

Ello explica la continua penetración
político-diplomática y de seguridad en regiones
claves de la región, entre las que resaltan la
Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia
para su seguridad nacional de México, y en un segundo
orden, los países más afectados de
Centroamérica y del área
caribeña.

La militarización de la región se ha
intentado justificar durante las últimas décadas
por que una de las drogas ilegales (DI) consideradas más
perjudiciales, la cocaína, registra sus mayores
producciones en países de Latinoamérica, lo que ha
servido de pretexto para profundizar el pilar militarista de las
políticas antidrogas, a pesar de su manifiesto
fracaso.

Sin embargo, los cambios de patrones de consumo en los
principales mercados de esa droga a nivel mundial (el
estadounidense y el europeo) unido a los éxitos que han
conllevado políticas antidrogas de mayor tolerancia y
valoración a las culturas y las situaciones
específicas de cada país y región,
descolocan la intransigencia del gobierno estadounidense en la
guerra contra las drogas. En estos cambios de consumo de drogas,
resalta el auge del trasiego de precursores químicos y el
incremento del consumo de las drogas
sintéticas.

El dinamismo de la producción de drogas
sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de
comercialización, desmonta las vías tradicionales
de control e interdicción. Para que se tenga una idea,
"(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total
de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa
un récord en los últimos años, ya que en
promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…)
entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690 el número de
páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes
producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de
diseño", bajo nombres como "Legal Highs" o "Herbal
Highs".(Notimex, 2013)

A pesar de estos cambios, Washington prosigue con la
llamada política de mano dura contra las drogas, hacia
Latinoamérica "justificándose" por la necesidad de
interdicción de cocaína cuando los estudios
internacionales más avanzados revelan transformaciones en
el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La
rigidez de esta política puede explicarse por los
intereses colaterales que encierra para la conformación de
la política exterior y de seguridad de Washington en la
región.

En la actualidad se realiza una revisión en el
Departamento de Defensa de EE.UU. que valora el reajuste de los
comandos de defensa estadounidenses, lo que pudiera tener
interesantes implicaciones, por el lugar que se le
otorgará a la guerra antidroga, así como en la
delimitación de funciones que se le precisen a las
diferentes estructuras de seguridad destinadas hacia la
región.

Independientemente a los cambios burocráticos que
se realicen en los Departamentos de Estado y de Seguridad, en
Latinoamérica y el Caribe continuará
politizándose la guerra contra las drogas. Para ello se
perfecciona constantemente el poderío militar,
político, diplomático e informacional destinado
hacia la región, tanto con la penetración de
fuerzas militares del gobierno como de contratistas y
subcontratistas a su servicio. Las cuotas de control y poder que
confiere la guerra contra las drogas a los intereses
geoestratégicos de ese gobierno en la región, hacen
factible realizar los cambios y matices necesarios, para
prolongar el combate armado contra los grupos de
narcotraficantes, cuánto sea posible y
necesario.

Analizando la evolución y las tendencias de la
guerra contra las drogas en la conformación de la
política exterior y de seguridad de EE.UU. puede
puntualizarse una mayor importancia de las políticas
antidrogas estadounidense en las dinámicas
político-diplomáticas y económicas entre
Estados Unidos y América Latina y el Caribe, donde crecen
las implicaciones del capital trasnacional estadounidense en el
blanqueo de capitales.

Además, se aprecia un auge de la tendencia a la
despenalización y legalización del consumo de
marihuana y algunas drogas de origen sintético, con
disímiles consecuencias sociopolíticas y
culturales; que tienen implicaciones para la relación
norte-sur y para el sostenimiento de la errada guerra contra las
drogas de Washington. Este fenómeno cuenta con el impulso
de los gobiernos de Uruguay, viendo también la propuesta
del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así
como los casos de Portugal, España y Países Bajos,
que ya tienen un mayor tiempo en la liberación del consumo
de drogas.

Los efectos que pudiera conllevar a mediano y largo
plazo un escenario donde legalización y
despenalización del consumo de drogas, principalmente de
las drogas blandas, sin descartar el de otras sustancias de
origen sintético, conllevaría a importantes
modificaciones en las políticas antidrogas de Estados
Unidos.

La rígida posición de ese gobierno ante
las presiones de movimientos y gobiernos de la región por
la legalización y despenalización de algunas drogas
consideradas menos nocivas para la salud humana, parece
desmontarse en el tiempo. Por otra parte, luego de la
legalización en Washington y Colorado del consumo de
marihuana, el tema a debate no sólo cobra importancia en
la conformación de la política exterior y de
seguridad de EE.UU., sino también en el orden interno. Los
históricos problemas del consumo de estupefacientes en ese
país obligan a una reevaluación sobre la
visión y posibles acciones del gobierno en ambas
direcciones.

En la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en
la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en abril del 2012,
se evidenció la voluntad de algunos gobiernos
latinoamericanos de estudiar los beneficios que podría
producir para sus correspondientes países la eventual
despenalización y legalización de la
producción, la comercialización y el consumo de
algunas de la drogas de origen natural que se producen, se
consumen y se "exportan" desde América Latina y el Caribe
hacia el mercado estadounidense y el europeo.

Para un análisis más holístico
respecto a los flujos ilícitos trasnacionales, resulta
pertinente interrelacionar el tema del tráfico de drogas
ilegales y su enfrentamiento con el trasiego de armas de fuego a
la región, donde existen escandalosos precedentes que
implican al gobierno estadounidense como las Operación
Rápido y Furioso y la Naufragio.

La relación de negocio de las drogas con delitos
como la trata y tráfico de personas, el trasiego ilegal de
armas, el lavado de dinero y el tráfico de precursores
químicos, conllevan a una valoración más
integral respecto a los flujos ilícitos transnacionales.
El trasiego de precursores químicos se acelera el
dinamismo del consumo de sustancias sintéticas. Ello tiene
implicaciones prácticas en la modificación de las
rutas y en su enfrentamiento, debido a las facilidades de su
producción, puesto que no se requieren de territorios
específicos.

En este contexto el gobierno de EE.UU incrementa el uso
de las Tecnologías de la Informática y las
Comunicaciones (TICs) y de medios de transporte marítimos
y aéreos más modernos, las Fuerzas de Operaciones
Especiales y la intervención de contratistas y
subcontratistas en la guerra contra las drogas, lo que le pudiera
posibilitar una militarización más efectiva y, por
tanto, menos numerosa, que pudiera conllevar a confundir y
reducir las "presiones" en el plano político-
diplomático.

Entretanto, se mantiene la carencia de políticas
públicas concretas contra el tráfico ilegal de
drogas y sus disímiles consecuencias para la sociedad y la
estabilidad política internacional. Por otra parte, no se
delimita de forma adecuada el tratamiento antidroga como problema
de salud y en sus afectaciones a la seguridad y la estabilidad de
los países más afectados tanto por su
producción, trasiego y consumo.

La necesidad de profundizar más la
atención a la salud pública en el problema de los
drogas continúa ocupando un segundo plano. Sin embargo,
"(…) aunque las drogas sean lícitas.
Comercializadas abiertamente, incluso a través de internet
(…) pueden ser mucho más peligrosas que las drogas
tradicionales. Los nombres por los que son conocidas en las
calles, como "especias" ("spice"), "miau-miau" y "sales de
baño" inducen al error a los jóvenes que creen que
se trata de diversión de bajo riesgo."(ONUDC,
2013)

Estas deficiencias limitan el papel de las
políticas públicas, ya que no se aprecia la
importancia de la participación ciudadana para la
credibilidad y la eficiencia de las políticas antidrogas.
Para ello se necesita de una verdadera colaboración, que
tome en consideración la visión de ambas partes y
las características culturales, políticas y
socioeconómicas de cada región, de manera que se
proyecten políticas de seguridad públicas que
viabilicen la cooperación al desarrollo.

Las fallidas consecuencias de la guerra contra las
drogas de EE.UU. merecen la inclusión de múltiples
temas no militares, que permitan reconocer otras aristas del
enfrentamiento a los flujos ilícitos trasnacionales,
orientadas hacia factores político-diplomáticos y
socio-culturales. Estos tienen una estrecha relación con
las políticas públicas, los proyectos de
inclusión ciudadana, reducción de las brechas
socioeconómicas y de los índices de violencia y
criminalidad que hoy afectan a la región. Ello no se
resume a los temas estrictamente militares, sino que tienen un
abanico de impactos hacia la seguridad ciudadana, la
economía, el medio ambiente y la sociedad en general, que
ameritan mayores esfuerzos.

En las trasformaciones ocurridas en la última
décadas, se aprecia una mayor producción y consumo
de drogas sintéticas. Los países que
tradicionalmente eran productores y/o rutas han incrementado sus
índices de consumo. La expansión de este problema
de la subregión andina hacia toda Nuestra América,
con sus particulares efectos en México y
Centroamérica, evidencian el doble rasero de la guerra
contra las drogas de EE.UU.

Entretanto, la producción de cocaína
continúa disminuyendo. "Las estimaciones de la cantidad de
cocaína fabricada, oscilaron de 776 a 1.051 toneladas en
2011, cifra igual en gran medida a la del año anterior.
Las mayores incautaciones de cocaína del mundo (sin
ajustar la pureza) se siguen notificando en Colombia (200
toneladas) y los Estados Unidos (94 toneladas). El consumo de
cocaína sigue disminuyendo en los EE.UU., el mayor mercado
de cocaína del mundo. Por el contrario, un aumento
significativo de las incautaciones se ha observado en Asia,
Oceanía, América Central y del Sur y el Caribe en
2011."(ONUDC, 2013)

El reforzamiento de las rutas del Caribe en el trasiego
ilegal estupefacientes, conlleva a un necesario incremento del
control de esta área, donde resulta estratégico, el
progreso en la cooperación bilateral entre el gobierno
estadounidense y la República de Cuba, entre otras
acciones bilaterales que debiera acelerar el gobierno
estadounidense en la región.

La persistencia en fórmulas militaristas y la
continua politización de la lucha antidroga denota el
doble rasero de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en
el proceso de conformación de la política exterior
y de seguridad hacia Nuestra América. Ante esta realidad,
se necesita de una articulación de fuerzas política
y actores diversos, que pugnen por una verdadera
cooperación al desarrollo. Ello viabilizaría
cambios trascendentales, donde se parta de un enfoque
crítico, interdisciplinario y regional, sobre los diversos
problemas asociados con los flujos ilícitos entre
América Latina, el Caribe y EE.UU., así como los
actores estatales y no gubernamentales, regionales y
trasnacionales, en aras de proveer alternativas de
políticas cooperativas, que tengan en cuenta el
carácter transfronterizo y trans-regional de este
flagelo.

Nuestra
América ante la guerra contra las drogas de
Washington

El tráfico ilícito de drogas a nivel
internacional genera dividendos que superan los 320 000 millones
de dólares anuales. Se estima que el trasiego de
cocaína mueve anualmente montos de 85 mil millones de
dólares.(ONUDC, 2012)

"Al año, el crimen organizado mundial mueve unos
870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el
narcotráfico maneja 320 mil millones de U$; 32 mil
millones se movilizan por "trata de personas"; siete mil millones
en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil
millones por negocios delictivos relacionados con la madera y
especies animales; 140 mil millones por juego de apuestas
ilegales."(Rambaldi, 2012)

No obstante, otras fuentes registran datos superiores
como los confirmados por el Secretario de la OEA, José
miguel Insulza durante su participación en el Foro
Económico Mundial para América Latina 2013 al
plantear: "Las drogas son un negocio que mueve al año
84,000 millones de dólares en el mundo, por lo que es
importante adoptar políticas para enfrentar ese flagelo de
forma integral, sostuvo hoy el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA)"(El negocio de
las drogas mueve al año 84,000 millones de dólares,
2013)

Esta situación acrecienta su impacto para la paz
y la seguridad internacionales. La interconexión del
crimen organizado trasnacional dificulta su enfrentamiento, dado
el amplio abanico de oportunidades que se abren, ante las
vulnerabilidades en la seguridad y la asistencia social que
presentan los Estados-nacionales.

Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los
problemas socioeconómicos y políticos que padece
Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos
electorales, los proyectos de gobierno y la proyección
exterior de los líderes de la región. Bajo esas
circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una
opción para el enfrentamiento, al menos de forma
más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta
Institución, creada como respuesta de la región,
bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da
Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar
respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra
la paz y a seguridad latinoamericana.

Fortalecer los enfoques desde el sur al enfrentamiento
antidroga es una necesidad existencial, ante las proyecciones del
Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades militares
del hegemón en la región; la cual combinan con un
paquete de cooperación en materia de asesoría
jurídica, policial y "apoyo institucional", que
acentúan sus intereses sobre la región.

En este juego de poderes, vale la pena considerar
qué papel desempeña Brasil como líder
regional. La difícil situación sociopolítica
de México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en
frenar el auge de los cárteles y la sangrienta guerra
contra las drogas que tantos crímenes y víctimas
cobra día a día, le impide una proyección
más influyente hacia la Latinoamérica. Esa
situación, consolida Brasil como actor principal, por lo
que necesita fortalecer los esquemas de integración, para
impulsar iniciativas que impidan la consolidación
hegemónica de Estados Unidos en la
región.

Entretanto, Obama afina su política exterior y de
seguridad para el hemisferio en su segundo mandato, bajo la
impronta de John Forbes Kerry como Secretario de Estado, que
expone como paradigma de las relaciones con Latinoamérica
al gobierno colombiano.

Pero las políticas militaristas de la guerra
contra los carteles continúan cobrando vida, y la
extensión de Plan Colombia hacia todo el Hemisferio se
asemeja a la crónica de una muerte anunciada. No obstante,
debe considerarse de forma especial, la creciente
participación de contratistas y subcontratistas en la
llamada guerra contra las drogas. Esta tendencia, ha devenido en
la receta ideal para alentar desarrollo el Complejo de Seguridad
Industrial[5]tan necesaria para ese
país.

La utilización de contratistas ha tenido una
generalización en la práctica
político-diplomática del gobierno de Obama
(2009-2013 y 2013-2017), ya no sólo con los traslados de
funcionarios políticos y diplomáticos a Nuestra
América, sino también en una mayor
utilización de las Fuerzas de Operaciones Especiales.
Estas acciones reflejan continuidad respecto a la
proyección de la Administración de W. Busch
(2001-2009), pero con los matices necesarios de una
política exterior y de seguridad más hábil,
delineada desde el smart power y las tres D (apreciando a la
Diplomacia y el Desarrollo como complemento de la
Defensa).

Del fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la
fenecida Iniciativa Regional Andina (IRA), la extensión
del Plan Colombia en Plan México, luego retitulado como
Iniciativa Mérida, se puede reconocer una geoestrategia de
dominación que se va perfilando y consolidando, a
través de la justificación
político-diplomática del flagelo de las drogas,
para incrementar su penetración en la región,
decididos a no perder su equilibro hegemónico.

Desde esa perspectiva, el gobierno de EE.UU. ha
recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la
utilización de aviones no tripulados (Drones), para su
utilización en la persecución de narcotraficantes e
inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la fronteras de
EE.UU. con México y aquellas que le interesan allende a
sus tierras y mares.

Las últimas transformaciones de la segunda
Administración Obama permiten reconocer,
independientemente del recorte presupuestario del gasto militar,
una mayor utilización de Fuerzas de Operaciones Especiales
y las tecnologías más modernas en la guerra
antidroga, lo que refuerza el pilar militar sobre aspectos
insoslayables como el control del consumo de drogas ilegales y el
impulso a programas de asistencia social. Esta ineficaz
estrategia, impide una mayor promoción de políticas
que contrarresten la falta de empleos y la crisis en la
economía, de manera que se reduzcan los incentivos del
negocio ilícito de las drogas.

La situación de inseguridad y violencia que viven
varios países de la región, validan la continuidad
de análisis críticos y propuestas encaminadas hacia
una reforma integral de la guerra contra las drogas de Estados
Unidos en Nuestra América.

Conclusiones:

El tráfico ilícito de drogas mantiene un
creciente impacto en la sociedad contra la seguridad ciudadana,
los derechos humanos, el Estado de derecho, la gobernabilidad y
la convivencia democrática de los países con una
mayor incidencia del crimen organizado transnacional. La
responsabilidad compartida de los Estados Unidos con
América Latina y el Caribe no se asume con seriedad por
dicha potencia.

Lo que se manifiesta como tendencia en la
proyección exterior y de seguridad de EE.UU. es la
utilización de la lucha antidroga como
justificación para el re-fortalecimiento de su dominio
político y militar. La consolidación de su
poderío militar en Latinoamérica a través de
la guerra antidroga perfecciona su posicionamiento
geoestratégico, desde el orden militar y de inteligencia,
lo que supone una modernización tecnológica y de
métodos a implementar que les asegura una hegemonía
en este aspecto.

Estados Unidos se consolida como líder entre las
potencias centrales en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas, logrando incluir en sus estrategias a
otros gobiernos imperiales tildados como "grupo de amigos",
haciéndose de un mayor control sobre
Latinoamérica.

Los Estados Unidos y la OTAN practican una
política incoherente en el enfrentamiento al TID, con
estrategias desiguales en la erradicación de cultivos
agrícolas que sirven de materia prima para las drogas
ilegales (DI), que responden a sus intereses geoeconómicos
y geopolíticos en cada región.

Las campañas mediáticas validan su imagen
para controlar los recursos naturales, ubicar sus fuerzas
militares y de inteligencia, deslegitimar los procesos de
izquierda y/o reformistas en América Latina, en un intento
de impedir sus alianzas. La estabilidad que cobre la
región de forma autónoma es negada por el imperio
norteño, reconociendo sólo aquellos programas que
se adecuan a sus intereses.

Las medidas extremas y la injerencia en los asuntos
internos de los Estados, bajo el pretexto de la guerra contra el
narcotráfico vulneran la soberanía de los
países y varios principios del Derecho Internacional
Público. Bajo el manto del multilateralismo aplica una
retórica cuando en realidad sostiene una política
bilateral con cada país, sin afectar la lucha contra el
TID y protegiendo sus intereses geopolíticos y
geoeconómicos.

Se estrechan los vínculos entre la
producción y tráfico ilícito de
estupefacientes con empresas legales en delitos conexos como la
trata y el tráfico de personas, el lavado de dinero, el
trasiego de armas de fuego y precursores químicos,
utilizados para el procesamiento de drogas.

La diversificación del mercado de las drogas y
los altos niveles de producción y consumo, siguen
prevaleciendo en los Estados Unidos -con una tendencia al aumento
del consumo de drogas sintéticas y semi-sintéticas
demuestra la unilateralidad, la ineficacia y los fines
esencialmente geopolíticos y geoeconómicos de las
estrategias impulsadas por los gobiernos de ese país
contra el mal llamado narcotráfico, evidenciándose
la ineficacia de sus programas.

La militarización de la lucha contra la
producción y el tráfico de las drogas -en
particular de las de origen natural que se producen en los
países Latinoamérica- inciden en el aumento de la
violencia y de la inseguridad ciudadana, aspectos que son
aprovechados por las clases dominantes para criminalizar las
protesta sociales y reprimirlas.

En los países latinoamericanos y caribeños
con mayores índices de producción y
exportación, se produce un giro en las agendas
políticas, que priorizan la seguridad ciudadana sobre
otras demandas sociopolíticas.

Finalmente pude asegurase que el Estados Unidos impulsa
estrategias "multilaterales" contra el "narcotráfico" y
otros delitos conexos, como pretexto para el re-fortalecimiento
de su dominación político-militar, particularmente
en América latina y el Caribe.

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