La unión europea. Instituciones y políticas comunitarias (página 4)
– Estatuto de los diputados al Parlamento y estatuto de
los partidos políticos europeos.
– La Comisión (composición y funciones del
Presidente).
– Las demás instituciones (Tribunal de Justicia,
Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social
Europeo, Comité de las Regiones).
-El Banco Europeo de Inversiones;
– Denominación del Diario Oficial.
El artículo 3. Contiene las modificaciones
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (Tratado EURATOM).El artículo 4. Contiene las modificaciones
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (Tratado CECA).El artículo 5. Contiene las modificaciones
del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.El artículo 6. Contiene las modificaciones
del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las
Comunidades Europeas.
La segunda parte contiene las modificaciones
transitorias y finales y los artículos 7 a 13.
Finalmente, hay cuatro protocolos anexados a los
Tratados:
Protocolo sobre la ampliación de la UE
relativo a la composición del Parlamento, a la de la
Comisión y a la ponderación de votos en el
Consejo.Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia
y del Tribunal de Primera Instancia.Protocolo sobre las consecuencias financieras de la
expiración del Tratado CECA (Comunidad Europea del
Carbón y del Acero).Protocolo sobre el artículo 67 del Tratado UE
(cooperación adminis trativa entre las
administraciones de los Estados miembros en materia de
«visados, asilo, inmigración y otras
políticas relacionadas con la libre circulación
de personas»).
LOGROS DEL TRATADO
La reforma institucional llevada a cabo en Niza ha sido
calificada de «técnica» y de
«limitada». En efecto, el Tratado no introduce
cambios importantes en el equilibrio institucional, sino que
más bien supone ajustes que giran en torno a dos ejes
principales: por una parte, la cuestión atinente al
funcionamiento y a la composición de las instituciones y,
por otra, las cooperaciones reforzadas. Fueron raros los asuntos
de naturaleza no institucional abordados al margen de las
discusiones sobre la reforma de las instituciones.
Por razones de claridad, esta guía del Tratado de
Niza se ha dividido en tres grandes secciones, que cubren las
principales reformas introducidas.
CUESTIONES INSTITUCIONALES.
El Consejo de la Unión Europea y la nueva
ponderación de votos en el Consejo: Medidas de
reajuste del peso respectivo de los Estados miembros en favor
de los más poblados y reparto de los votos en una
Unión de 25 y luego de 27 y 28 Estados miembros. Se
sustituye la unanimidad por la mayoría cualificada,
alegando la dificultad de alcanzar un acuerdo unánime
con la ampliación de la UE.La Comisión Europea: Modificación de
la composición de la Comisión, refuerzo de los
poderes del Presidente y modificación del sistema para
su nombramiento. El Presidente de la Comisión
decidirá la distribución de las carteras y
podrá alterar estas responsabilidades durante el
mandato, asimismo fija la orientación política
de la Comisión.Sistema jurisdiccional: Introduce, mediante el
Tratado de Niza, una nueva arquitectura judicial europea con
un nuevo reparto de las competencias entre las dos instancias
(Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera Instancia) y
posibilidad de crear salas jurisdiccionales especializadas.
El Tribunal de Justicia estará compuesto por un
número de jueces igual al de Estados miembros, no
tendrá que reunir todos los jueces en pleno sino
reunir en sala grande de trece jueces, de esta manera se
podrá funcionar y deliberar en plazos
razonables.
Otras instituciones.
El Parlamento Europeo: Ampliación del
procedimiento de codecisión y modificación del
número de diputados que corresponde a cada Estado
miembro y a futuros Estados miembros. De tal forma que se
pasa de 626 miembros a un máximo de 732. Además
se refuerza el papel institucional del Parlamento a
través de la extensión de la adopción de
decisiones por el procedimiento de
codecisión.El Tribunal de Cuentas, el Comité
Económico y Social Europeo y el Comité de las
Regiones: Composición y nombramiento de los
miembros.
Procedimientos de decisión.
Cooperaciones reforzadas: El Tratado de Niza ha
flexibilizado el sistema de cooperaciones reforzadas
(condiciones menos estrictas, supresión del derecho de
veto y ampliación de los ámbitos
concernientes).Votación por mayoría cualificada:
Ampliación de la votación por mayoría
cualificada respecto a una treintena de nuevas disposiciones
que entrarán en el ámbito de este procedimiento
de decisión.
DESPUÉS DE NIZA, LA CONTINUACIÓN DE LA
REFORMA INSTITUCIONAL
Declaración sobre el futuro de la
Unión.
En una declaración sobre el futuro de la
Unión aneja al Tratado de Niza, la Conferencia
Intergubernamental apeló a un debate más amplio y
profundo sobre el futuro de la Unión Europea. Este debate
debía asociar a los Parlamentos nacionales y al conjunto
de la opinión pública, así como a los
países candidatos, y desembocar en una nueva CIG en
2004.
El debate debía abordar, en particular, cuatro
cuestiones principales:
La forma de establecer una delimitación
más precisa de las competencias entre la Unión
y los Estados miembros.El estatuto de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.La simplificación de los Tratados.
La función de los Parlamentos nacionales en
la arquitectura europea.
La Declaración de Laeken (diciembre de
2001).
En la reunión de Laeken, en diciembre de 2001, el
Consejo Europeo presentó el método adoptado para
llevar a cabo la reforma (la convocatoria de una
Convención), el calendario y definió el contenido
del debate.
La Convención.
Conforme a la Declaración de Laeken, se
optó por el modelo de la Convención para preparar
la próxima CIG. Inspirada en la Convención que
elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales, la
Convención estaba compuesta por representantes de los
gobiernos y de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros
y de los países candidatos, por representantes del
Parlamento Europeo y de la Comisión. Su sesión
inaugural tuvo lugar el 28 de febrero de 2002 y sus trabajos
finalizaron tras diecisiete meses de discusiones.
La Convención elaboró un proyecto de
Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa, que fue presentado por su Presidente, el Sr. Giscard
d'Estaing, al Consejo Europeo de Tesalónica. La
Convención terminó sus trabajos en julio de
2003.
La Conferencia Intergubernamental y el proyecto de
Constitución.
El proyecto de Constitución, fruto del trabajo de
la Convención, sirvió como base para las
negociaciones de la CIG convocada en octubre de 2003. El 18 de
junio de 2004 se alcanzó un acuerdo político como
consecuencia del trabajo de dicha CIG, y el proyecto de
Constitución se transmitió a los jefes de Estado.
Todos ellos lo firmaron el 29 de octubre de 2004.
La ratificación de la Constitución era la
última etapa a superar antes de su entrada en vigor. La
Constitución debía, así, ser ratificada por
todos los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas normas
constitucionales, bien mediante ratificación
parlamentaria, bien mediante referéndum.
A raíz de las dificultades que hubo en
determinados Estados miembros en lo concerniente a la
ratificación, en el Consejo Europeo de los días 16
y 17 de junio de 2005 los Jefes de Estado o de Gobierno
decidieron iniciar un «período de
reflexión» sobre el futuro de Europa.
El Tratado de
Lisboa
La ciudad de Lisboa conoció épocas de
esplendor, cuando cientos de curiosos aventureros, entre ellos
Vasco da Gama, se lanzaban al mar deseosos de descubrir y
explorar nuevas tierras que la convirtieron en potencia
marítima, y épocas de desastre y miseria, que la
dejaron al borde de la ruina. Sin embargo, nada pudo evitar que
Lisboa resurgiera como una ciudad pujante y de cara al futuro. He
aquí un resumen de su historia. La leyenda cuenta que fue
Ulises quien fundó Lisboa en su vuelta a casa luego de la
guerra de Troya. Ulises habría llamado a la ciudad Olissi
po, un derivado de su nombre que a su vez derivó en
Olissipona, Lissapona, hasta la voz actual de Lisbon para el
inglés, Lisboa para el castellano y el portugués.
En realidad no se sabe a ciencia cierta si fueron los griegos o
los fenicios quienes la fundaron en el 1200 a.C. y la bautizaron
Olissipo, un derivado de Allis Ubo, que en lengua fenicia
significa "puerto encantado".
Al principio la ciudad era disputada por fenicios,
griegos y cartagi neses, debido a su ubicación
estratégica para el comercio marítimo. Fueron los
romanos quienes la ocuparon allá por el 205 a.C., y la
llamaron Felicitas Julia. Formaba parte de la colonia de
Lusitania y era la ciudad más importante de la
península ibérica cuando Julio César
llegó al poder, en el año 60 a.C.
Cuando cayó el imperio romano, las tribus
bárbaras avanzaron, y alanos y suevos ocuparon la ciudad.
Los visigodos eran quienes habían tomado la ciudad cuando
en el 711 los musulmanes del norte de África la invadieron
y ocuparon durante 450 años. De este período pueden
observarse aún sus huellas en las sinuosas calles de
Alfama y el Castillo de San Jorge.
El primer rey de Portugal fue Alfonso I
Enriques, quien expulsó a los musulmanes en 1147, y
más abajo del castillo de San Jorge construyó una
catedral, la Sé, adonde llegaron los restos de San
Vicente, mártir en la lucha contra los musulmanes y luego
patrono de Lisboa. En el 1256, bajo el reinado de Alfonso III, la
ciudad devino capital de Portugal. Con su hijo Dinis Lisboa se
expandió comercial y culturalmente y en 1290 se
fundó la primera universidad. Se amplió la ciudad a
los pies del castillo y en la zona de la Baixa. Cuando en 1373 la
ciudad fue saqueada por Enrique II de Castilla, Fernando I hizo
construir unas murallas como protección para sus 40.000
habitantes. La peste negra sacudió a Lisboa y la
economía se desestabilizó; sólo se
recuperó la prosperidad en la Era de los Descubri mientos.
Después de que Cristóbal Colón emprendiera
sus viajes en busca de las Indias, muchísimos marinos
soñaban con hacerse a la mar para probar suerte
también. Uno de ellos fue Vasco da Gama, que en 1497 se
embarcó en Belém y abrió la ruta hacia las
Indias bordeando Africa. El 26 de enero de 1531 la ciudad
sufrió un terremoto en el cual murieron miles de personas.
No obstante, las riquezas obtenidas con el comercio de especias,
aumentadas también por las provenientes de Brasil,
convirtieron a la ciudad en una potencia, el centro comercial de
Europa. En estos tiempos Manuel I levantó la Torre de
Belém y el Mosteiro Dos Jerónimos, como agradeci
miento a Dios por tanta riqueza. En el siglo XVI se trazó
la Plaza de Comercio (Terreiro do Paço) frente al
río, y surgió el Bairro Alto, con comerciantes que
venían a establecerse en la ciudad. La Inquisición
instaló su régimen de terror y numerosas
ejecuciones tuvieron lugar en la Plaza de Comercio y en la Plaza
del Rossio.
Cuando murió Sebastián I, la ausencia de
herederos animó a los españoles a ocupar Portugal
en 1580. No fueron expulsados sino hasta el año 1640,
cuando el duque de Braganza subió al trono como
João IV. El oro traido de Brasil renovó la
prosperidad de la ciudad y el rey João V emprendió
ambiciosos planes de edificación, entre ellos, el del
Acueducto de Aguas Livres, que llevaba el agua desde el valle de
Alcántara. Todala prosperidad cayó en pocos minutos
cuando un nuevo terremoto sacudió Lisboa el 1º de
noviembre de 1755, dejándola totalmente
destruida.
La reconstrucción de la ciudad
quedó en manos del primer ministro de José I, el
marqués de Pombal. Este había planificado un
diseño de cuadrícula, con el centro de la ciudad en
la zona de la Baixa. La eficacia con que se enfrentó la
crisis y el desarrollo enérgico de su plan lo convirtieron
en la figura política del momento. Cuando Napoleón
invadió Portugal, el rey debió huir a Brasil, la
capital del imperio pasó a Río de Janeiro y los
proyectos no se continuaron, provocando la decadencia de Lisboa.
No obstante, el diseño de Pombal puede observarse
aún hoy en las calles de la Baixa, llamada por eso Baixa
Pombalina. El plan tardó bastante en concretarse y el Arco
de Triunfo que cierra la Rua Augusta se acabó cien
años más tarde, en 1873. Durante la segunda mitad
del siglo XIX llegó la revitalización econó
mica. Se construyeron carreteras, vías férreas,
circularon tranvías, se hizo un muro de contención
en el Tajo.
En 1908 asesinaron al rey Carlos y su hijo
Luis Felipe cuando pasaban por la Plaza de Comercio y dos
años más tarde caía la monarquía.
Antonio Oliveira Salazar, que implantó una dictadura desde
1926 a 1968, continuó modernizando Lisboa en detrimento
del resto del país. En 1966 se levantó el puente
Salazar sobre el Tajo, que pasó a llamarse Ponte 25 de
abril conmemorando la Revolución de los Claveles de 1974,
que acabó con la dictadura. Tras la revolución, el
país vivió años de gran euforia y cambios en
la política. Portugal pasó a formar parte de la
Comunidad Europea en 1986, lo que significó que la
economía evolucionara favorablemente.
En 1988, nuevamente la tragedia tocó
a la ciudad, cuando el fuego arrasó con el barrio del
Chiado. Las pérdidas en cuanto a patrimonio edilicio
fueron cuantiosas y fue convocado uno de los mejores arquitectos
de Portugal para la reconstrucción: Alvaro Siza Vieira.
Lisboa fuecapital cultural europea en 1994 y sede de la
Exposición Universal de 1998, cuyo tema fue el
océano, una forma de rendir homenaje a su inigualable
historia marítima.
En la actualidad, la ciudad de Lisboa,
capital de Portugal, cuenta con unos 600.000 habitantes. La
Agenda de Lisboa fue un acuerdo de la Unión Europea basado
en medidas para la mejora de la economía europea, firmado
en Lisboa en 1999. Sin embargo, es la firma del Tratado de Lisboa
en diciembre de 2007, el evento más trasendental que ha
celebrado la UE en esta ciudad.
Europa ya no es la misma que hace 50
años, como tampoco lo es el resto del mundo. Hoy
más que nunca, en un mundo globalizado que no deja de
cambiar, Europa debe afrontar problemáticas nuevas:
mundialización de la economía, evolución
demográfica, cambio climático, abastecimiento
energético, nuevas amenazas para la seguridad.
Los Estados miembros no están ya en condiciones
de afrontar en solitario todos estos nuevos retos, que no conocen
fronteras. Sólo un esfuerzo colectivo a escala europea
permitirá hacerlo y responder a las preocupaciones de los
ciudadanos. Pero, para ello, Europa tiene que modernizarse.
Necesita instrumentos eficaces y coherentes adaptados no
sólo al funcionamiento de una Unión recientemente
ampliada de 15 a 27 miembros, sino también a las
rápidas transformaciones del mundo actual. Esto implica
renovar las normas de la vida en común establecidas en los
Tratados.
El Tratado de Lisboa se diseñó para
mejorar el funcionamiento de la Unión Europea (UE)
mediante la modificación del Tratado de la Unión
Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea (Roma). Algunas de las reformas más importantes
que introduce el Tratado de Lisboa son la reducción de las
posibilidades de estancamiento en el Consejo de la Unión
Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un
Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión
del procedi miento de decisión conjunta con el Consejo de
la UE, la eliminación de los tres pilares de la
Unión Europea, y la creación de las figuras de
Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las
políticas de la UE. El Tratado de Lisboa también
hace que la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea sea vincu lante
jurídicamente.
Estos son, básicamente, los objetivo del Tratado
firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Al acordar esas
nuevas normas, los Jefes de Estado o de Gobierno tenían
presentes los cambios políticos, económicos y
sociales que se estaban produciendo y la necesidad de responder a
las esperanzas y expectativas de los ciudadanos europeos. El
Tratado de Lisboa establece qué puede y no puede hacer la
UE, y qué medios puede utilizar. Modifica la estructura de
las instituciones europeas y sus métodos de trabajo, para
que puedan dar mejor servicio a la democracia y a los valores
fundamentales de la Unión.
Este Tratado es el fruto de negociaciones entre los
Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental,
en la que participaron también la Comisión y el
Parlamento Europeo. Ha sido ratificado por los 27 Estados
miembros. Cada uno de ellos podía elegir su propio
método de ratificación, de acuerdo con sus normas
constitucionales.
El Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, fue firmado por los representantes de los
veintisiete Estados miembros en la capital portuguesa el 13 de
diciembre de 2007. Entró en vigor el 1 de diciembre
de 2009, una vez ratificado por todos los Estados
miembros.
El Tratado de la Unión Europea incluye una
disposición que permite la revisión de los
Tratados: el artículo 48 prevé que cualquier Estado
miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán
presentar al Consejo proyectos de revisión de los
Tratados. El Consejo remitirá dichos proyectos al Consejo
Europeo y los notificará a los Parlamentos nacionales. Si
el Consejo Europeo adopta una decisión favorable, el
Presidente del Consejo Europeo convocará una
Convención compuesta por representantes de los Parlamentos
nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados
miembros, del Parlamento Europeo y de la Comisión. La
Conven ción examinará los proyectos de
revisión y adoptará por consenso una
recomendación dirigida a una Conferencia
intergubernamental (CIG), que convoca el Presidente del Consejo.
El Consejo Europeo también podrá decidir, por
mayoría simple y previa aprobación del Parlamento
Europeo, no convocar una Convención cuando la importancia
de las modificaciones no lo justifique. En este último
caso, el Consejo Europeo establecerá el mandato para una
CIG que a continuación será convocada por el
Presidente del Consejo. De este modo, en ambas hipótesis
se convocará una CIG compuesta por todos los Estados
miembros (precedida o no por una Convención), y cualquier
modificación de los Tratados requerirá siempre la
ratificación por parte de todos los Estados Miembros con
arreglo a sus respectivas normas constitucionales.
El Tratado de Lisboa es el último de los
Tratados que, en el pasado, han modificado los Tratados sobre los
que se han fundamentado las Comuni dades y la Unión
Europea, tales como el Acta Única Europea (1986), el
Tratado de la Unión Europea (Maastricht) (1992), el
Tratado de Áms terdam (1997) y el Tratado de Niza
(2001).
El 1 de diciembre de 2009, tras años de
negociación sobre cuestiones institucionales, entró
en vigor el Tratado de Lisboa.
El nuevo texto modifica los actuales Tratados de la UE y
la CE, pero no los sustituye. El nuevo Tratado brinda a la
Unión el marco y los instrumen tos jurídicos
necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las
expectativas de los ciudadanos.
1º. Una Europa más democrática y
transparente.
El Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales
tienen mayor protagonismo, hay más oportunidades para que
los ciudadanos hagan oír su voz y es más
fácil saber cómo se reparten las tareas entre la
Unión y los países miembros.
Mayor protagonismo del Parlamento Europeo: el
Parlamento Europeo, directamente elegido por los ciudadanos
de la Unión, estrena nuevas competencias sobre
legislación, presupuesto y firma de acuerdos
internacionales por la UE. Cabe destacar el mayor recurso al
procedi miento de codecisión, pues coloca al
Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que
representa a los Estados miembros, para la mayor parte de la
legislación de la UE.Mayor participación de los Parlamentos
nacionales: los Parlamentos nacionales pueden participar
más en las labores de la UE gracias, en particular, a
un nuevo mecanismo que garantiza que la Unión
sólo actúe cuando resulte más eficaz
(subsidiariedad). Esta novedad, unida al mayor protagonismo
del Parlamento Europeo, acrecenta la democracia y la
legitimidad de las actuaciones de la Unión.A la escucha de los ciudadanos: gracias a la
"iniciativa ciudadana", un grupo de al menos un millón
de ciudadanos de un número significativo de Estados
miembros puede pedir a la Comisión que haga propuestas
de legislación.Reparto de tareas: la relación entre los
Estados miembros y Unión Europea queda más
perfilada gracias a una clasificación precisa de las
competencias de cada cual.Retirada de la Unión: el Tratado de Lisboa
prevé explícitamente por primera vez la
posibilidad de que un Estado miembro se retire de la
Unión.
2º. Una Europa más eficaz.
Con métodos de trabajo y votación
simplificados, instituciones moder nas y adaptadas a la
Unión de los Veintiocho y más capacidad para actuar
en los ámbitos prioritarios para la UE de hoy.
Eficacia en la toma de decisiones: la
aprobación por mayoría cualificada en el
Consejo se amplía a otras políticas, con el fin
de agilizar las decisiones e incrementar su eficacia. A
partir de 2014 la mayoría cualificada obedecerá
al principio de doble mayoría (mayoría de los
Estados miembros y de la población), que refleja la
doble legitimidad de la Unión. La doble mayoría
se alcanzará cuando los votos favorables representen,
como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65%
de la población.
Un marco institucional más estable y
racionalizado: el Tratado de Lisboa crea el cargo de
Presidente del Consejo Europeo elegido por dos años y
medio, vincula directamente la elección del Presidente
de la Comisión a los resultados de las elecciones
europeas, prevé nuevas dis posiciones relativas a la
futura composición del Parlamento Europeo e introduce
normas más claras sobre las cooperaciones reforzadas y
los aspectos financieros.Mejorar la vida de los europeos: el Tratado de
Lisboa mejora la capacidad de la UE para abordar cuestiones
que hoy día son prioritarias para la Unión y
sus ciudadanos. Es el caso de la actuación en el campo
de la justicia, la libertad y la seguridad, ya sea para
luchar contra el terrorismo o combatir la delincuencia. Lo
mismo ocurre, en cierta medida, con otros campos como
política energética, salud pública,
protección civil, cambio climático, servicios
de interés general, investigación,
política espacial, cohesión territorial,
política comercial, ayuda humanitaria, deporte,
turismo y cooperación administrativa.
3º. Una Europa de derechos y valores, libertad,
solidaridad y seguridad.
Potenciando los valores de la Unión, concediendo
rango de Derecho primario a la Carta de los Derechos
Fundamentales y estableciendo nuevos mecanismos de solidaridad
que garanticen una mejor protección a sus
ciudadanos.
Valores democráticos: el Tratado de Lisboa
especifica y consolida los valores y objetivos sobre los que
se basa la Unión. Dichos valores constituyen un punto
de referencia para los ciudadanos europeos y representan lo
que Europa puede ofrecer a sus socios de todo el
mundo.Derechos de los ciudadanos y Carta de los Derechos
Fundamentales: el Tratado de Lisboa conserva los derechos ya
existentes e introduce otros nuevos. En particular, garantiza
las libertades y los principios enunciados en la Carta de los
Derechos Fundamentales, cuyas disposiciones pasan a ser
jurídicamente vinculantes. La Carta contiene derechos
civiles, políticos, económicos y
sociales.Libertad de los ciudadanos europeos: el Tratado de
Lisboa conserva y consolida las "cuatro libertades" y la
libertad política, económica y social de los
ciudadanos europeos.Solidaridad entre los Estados miembros: el Tratado
de Lisboa establece que la Unión y los Estados
miembros actúan conjunta mente con espíritu de
solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque
terrorista o víctima de una catástrofe natural
o de origen humano. También se hace hincapié en
la solidaridad en el sector de la energía.Mayor seguridad para todos: la Unión tiene
más capacidad de actuación en el campo de la
justicia, la libertad y la seguridad, lo que redunda en
beneficio de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
Las nuevas disposiciones sobre protección civil, ayuda
humanitaria y salud pública también pretenden
impulsar la capacidad de la UE para enfrentarse a las
amenazas contra la seguridad de los ciudadanos
europeos.
4º.Hacer de Europa un actor en la escena
global.
Combinando los instrumentos con que cuenta la
política exterior europea a la hora de elaborar y aprobar
nuevas políticas. Gracias al Tratado de Lisboa, Europa
está en condiciones de expresarse con más claridad
ante sus socios internacionales. Se ponen en juego todas las
capacidades económicas, humanitarias, políticas y
diplomáticas de Europa para fomentar sus intereses y
valores en todo el mundo, respetando los intereses particulares
de los Estados miembros en el marco de las relaciones exte
riores.
La figura del Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
—que también es Vicepresidente de la
Comisión— da mayor peso, coherencia y
visibilidad a la actuación exterior de la
UE.El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior
asiste al Alto Representante en el desempeño de sus
funciones.La personalidad jurídica única de la
Unión fortifica su poder de negociación,
convirtiéndola en un actor más eficaz a escala
interna cional y un socio más visible para otros
países y organizaciones internacionales.El desarrollo de la Política Europea de
Seguridad y Defensa conserva un sistema especial de toma de
decisiones. Sin embargo, también prepara el terreno
para la cooperación reforzada de un grupo más
reducido de Estados miembros.
Las negociaciones para lograr esta reforma de la UE se
han venido desarrollando desde el año 2001 con el fallido
intento de creación de una Constitución Europea. El
Tratado se firmó en Lisboa (dado que Portugal ostentaba la
Presidencia del Consejo de la UE a la sazón), y
habría sido ratificado por todos los Estados miembro para
finales de 2008, a tiempo para las Elecciones al Parlamento
Europeo de 2009. Sin embargo, esto no fue posible debido al
rechazo inicial del Tratado por parte del electorado de Irlanda
en junio de 2008, por lo que el texto no entró en vigor
hasta el 1 de diciembre de 2009.
Algunos detractores del texto aseguran que este
promociona la desre gulación del mercado y no favorece la
intervención del Estado para lograr objetivos sociales
así como por ser, en esencia, el mismo tratado que fue
rechazado por Francia y Holanda en 2004, la Constitución
Europea. Por su parte, algunos partidarios del tratado consideran
que hará a la UE más eficaz y
democrática.
Actividades
económicas comunitarias
A)Política agrícola
comunitaria.
La mayor parte del territorio europeo está
formado por tierras agrícolas y forestales vitales para
nuestra salud y nuestra economía. La política
agrícola común de la Unión Europea garantiza
que agricultura y conservación del medio ambiente vayan de
la mano. Interviene en el desa rrollo del tejido económico
y social de las comunidades rurales y les ayuda a afrontar los
nuevos retos como el cambio climático, la gestión
hidroló gica, la bioenergía y la
biodiversidad.Más información
La política agrícola de la UE está
en evolución constante. Hace 50 años, su fin
principal era abastecer de alimentos a una Europa que intentaba
recuperarse de una década de escasez inducida por la
guerra. Hoy día, subvencionar una producción a gran
escala y comprar los excedentes en interés de la seguridad
alimentaria es en gran parte agua pasada. Ahora, su objetivo es
que los productores de alimentos en todas sus formas -desde
cultivos y ganado a frutas y hortalizas o vino- sean capaces por
sí mismos de sobrevivir en los mercados europeos y
mundiales.
Para ello, la política agrícola europea ha
sufrido transformaciones considerables en los últimos
años. Los textos legislativos son ahora más cortos
y más fáciles de leer. Se han suprimido casi 80
actos normativos como parte de lo que técnicamente se
conoce como "organización común de
mercados".
Las redes de seguridad financiera siguen estando
ahí, pero se utilizan de manera mucho más
selectiva. Por ejemplo, la Política Agrícola
Común (PAC) interviene ofreciendo ayuda financiera a los
agricultores afectados por catástrofes naturales o brotes
de enfermedades animales como la fiebre aftosa o la fiebre
catarral ovina.
Cuando hace falta, la PAC complementa la renta de los
agricultores para garantizarles un nivel de vida razonable. Pero
esas ayudas están supeditadas al cumplimiento de objetivos
más generales de higiene de las instalaciones, seguridad
alimentaria, sanidad y bienestar animal y conser vación
del paisaje rural tradicional, así como protección
del medio natural y de las aves.
La PAC ha sido, con gran diferencia, la política
común más importante y uno de los elementos
esenciales del sistema institucional de la Unión
Europea. Sus objetivos están establecidos en el
artículo 39 del Tratado de Roma: incrementar la
productividad, garantizar un nivel de vida equitativo a la
población agrícola, estabilizar los mercados,
garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al
consumidor suministros a precios razonables. Ese mismo
artículo reconoce la necesidad de tener en cuenta la
estructura social de la agricultura y las desigualdades
estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias,
así como la conveniencia de efectuar gradualmente las
oportunas adaptaciones.
La política agrícola común se
creó en los años sesenta, en un momento en que
Europa era deficitaria en la mayoría de los productos
alimenticios. Sus mecanismos se configuraron para resolver esa
situación, siendo su función principal la de apoyar
los precios y las rentas interiores mediante operaciones de
intervención y sistemas de protección
fronteriza.
Esta política contribuyó positivamente al
crecimiento económico y logró garantizar el
suministro al consumidor europeo de una amplia gama de productos
alimenticios de calidad a precios razonables. Hasta mediados de
la década de los 90, la PAC fue, a gran distancia, la
política comunitaria más importante, especialmente
desde el punto de vista presupuestario. La Unión Europea
se convirtió en el primer importador y el segundo
exportador de productos agrícolas a nivel
mundial.
Sin embargo, el sistema, que respondía
acertadamente a una situación de déficit, puso de
manifiesto una serie de deficiencias al comenzar la Comunidad a
producir enormes excedentes de la mayoría de sus productos
agrícolas. Montañas de mantequilla, lagos de leche
y vino que debían destruirse por no encontrar demanda
interna o externa. Surgieron tensiones en las relaciones con
terceros países, especialmente EEUU, inquietos por los
efectos que estaban teniendo las exportaciones subvencionadas de
la UE en el precio mundial y en su propia presencia en el mercado
internacional. Los costes de esa política llegaron a ser
inaceptables.
Las reformas que se introdujeron en la PAC en los
años ochenta y noventa han permitido a la UE responder
a las obligaciones que le incumben en virtud de los
acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y las indicaciones de la
OMC. El Acuerdo, de carácter recíproco,
requirió una reducción de un 20% del apoyo interior
prestado a la agricultura, un recorte del 36% del gasto
presupuestario destinado a la subvención de las
exportaciones y otra disminución de un 21% en el volumen
de las expor taciones subvencionadas.
Las reformas han puesto a disposición fondos para
fomentar alimentos de calidad que sean competitivos en los
mercados internacionales, la innovación en el cultivo y
transformación de alimentos, así como el desarrollo
rural y la diversificación de las economías
rurales. Cuando se les consulta sobre la política de
calidad de los productos agrícolas, los agricultores
europeos señalan como problemas principales "competir en
los mercados mundiales" y "satisfacer la demanda de los
consumidores".
Los consumidores son ahora cada vez más exigentes
con la calidad y aprecian las etiquetas voluntarias de la UE que
les permiten conocer lo que compran. Hay etiquetas alimentarias
para indicar claramente el origen geográfico, la
elaboración con ingredientes o métodos
tradicionales, o la producción
ecológica.
Los presupuestos europeos de investigación
subvencionan aquellas innovaciones en agricultura que aumentan la
productividad y al mismo tiempo resultan más compatibles
con el medio ambiente. Por ejemplo, entre los proyectos
financiados figura la investigación del posible aprovecha
miento de los subproductos y residuos de las cosechas para
obtener energía sin abandonar el fin principal de producir
alimentos y piensos.
Las reformas de la política también
apuntan a un comercio mundial más justo. Se ha reducido el
riesgo de distorsión de los mercados mundiales por las
subvenciones de la UE a la exportación del excedente de
producción. En la llamada "Ronda de Doha" de
conversaciones internacionales para liberalizar el comercio
internacional, la UE ha propuesto la supresión total de
las subvenciones a la exportación de aquí a 2013
aunque fracasen las conversaciones.
Dentro de la Ronda de Doha, la UE también ha
ofrecido una reducción significativa de los derechos de
importación de productos agrícolas. Aun sin estas
medidas, la UE es ya el mayor importador mundial de productos
alimenticios y el mayor mercado de alimentos procedentes de
países en desarrollo.
Una de las novedades más recientes en
relación con una serie de cambios decididos por los
dirigentes de la UE en 2008 es la realización de un
"chequeo" de la política agrícola. El objetivo del
repaso era verificar la aptitud de la política
agrícola para hacer frente a problemas y oportuni dades de
nueva aparición tales como el cambio
climático.
El "chequeo" pretende modernizar, simplificar y agilizar
la PAC, suprimir restricciones para los agricultores, ayudarles a
reaccionar mejor al mercado y a hacer frente a los nuevos retos.
Así, por ejemplo, suprime el requisito de dejar en
barbecho un 10% de las tierras cultivables, aumenta gradualmente
las cuotas lecheras hasta su eliminación en 2015 y recurre
a la intervención en los mercados (compra de oferta
excedentaria por parte de la UE) como red de seguridad cuando los
precios de los alimentos bajan a niveles insostenibles.
Además, prevé reducir los pagos directos a los
agricultores y transferir ese dinero a un fondo para el
desarrollo de las regiones rurales.
La agricultura sigue siendo el sostén fundamental
de la actividad econó mica y del tejido social en la mayor
parte de las zonas rurales. Las deficiencias estructurales de
muchas explotaciones suponen por ello un grave condicionante para
el desarrollo rural.
Pese a las reformas, la PAC es la más integrada
de todas las políticas de la UE, por lo que supone una
gran parte de su presupuesto. Aun así, su nivel
máximo de casi el 70% del presupuesto comunitario en los
años 70 ha bajado hasta un 34% durante el periodo
2007-2013. Esto refleja la expansión de la UE hacia otras
responsabilidades, los ahorros de gastos a raíz de las
reformas y el nuevo interés por el desarrollo rural, que
durante ese mismo periodo recibirá el 11% del
presupuesto.
La corrección de estas deficiencias, mediante
acciones dirigidas a modernizar la estructura productiva de las
explotaciones, constituye un factor fundamental para conseguir
que mejore su competitividad y por ende para asegurar su
subsistencia, que es a su vez una condición imprescindible
para frenar el despoblamiento del mundo rural.
Las distintas Administraciones, conscientes de este
hecho, han venido desarrollando activamente políticas
dirigidas a estimular la modernización de las
explotaciones agrarias.
La política agraria de la Unión Europea
está dedicando una atención creciente a este tipo
de acciones, dotándolas de mayor coherencia y nivel de
recursos.
Las medidas de desarrollo rural para
modernización de Explotaciones Agrarias forman parte de
las establecidas en el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de
17 de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA).
Estas medidas, han sido desarrolladas conforme al
Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 por
el que se establecen disposiciones generales de los Fondos
Estructurales, y al Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17
de mayo, mediante los Programas Opera tivos y de Desarrollo
Rural, aprobados por la Comisión de la Unión
Europea, de aplicación en el período
2000-2006.
B) Política ganadera comunitaria.
La industria ganadera de la UE ha visto obligado a
pérdidas significativas en la campaña de
comercialización 2007/2008, con el aumento de los precios
del grano, mientras que precios de la carne y la leche no se han
mantenido. La mala cosecha de 2007 ha sido el problema clave,
pero la imposibilidad de importar alimentos de todo el mundo
debido a las preocupaciones GM-también tuvo un impacto
significativo de costos.
Nuevas variedades de maíz
genéticamente modificado ha sido aproba do y crecido en
otras partes del mundo, pero aún no se han aprobado en la
UE. La tolerancia cero sobre nuevas variedades GM no aprobado de
la UE han dejado prácticamente de la importación de
piensos de gluten de maíz y granos secos de
destilería (DDG), como ingredientes de alimentos de valor,
en un año de escasez. Si continúa el proceso de
autorización a tomar más tiempo que en los
países de exportación, Europa aislarse del mercado
mundial. En un esfuerzo conjunto, la Asociación de Comerci
antes de Granos Europea (COCERAL), la Comunidad Europea de Fabri
cantes de piensos (FEFAC) y la ganadería europea y
comercio de derechos de Carne (UECBV) envió un informe del
estudio de caso a la Comisión Europea Barroso y el
Presidente Dr. miembros del grupo GM Sherpa, la estimación
de este coste para la industria ganadera en el 10-15% de la
pérdida total o más de € 2,5 mil
millones.
Con los suministros de soja en Argentina y EE.UU.
están 95-97% de GM en Brasil y la partida del 80%, la
cadena de suministro conducirá rápidamente a la
presencia de residuos técnicamente inevitable con estas
nuevas variedades modificadas genéticamente. Sería
el caso de modifica dos genéticamente, así como
suministros de GM. Se admite una tolerancia cero significa que la
soja importada se vería gravemente restringida como los
expedidores no correr el riesgo en la importación de las
mercancías.
El desarrollo del mercado está creciendo a un
ritmo mucho más rápido que la evolución de
la regulación. Esto se puede ilustrar de la siguiente
manera:
• Las importaciones de piensos en la UE se han
perdido debido al nivel bajo (LL) la presencia de eventos
aún no aprobados de la UE (maíz de EE.UU., los
piensos de gluten de maíz, granos secos de
destilería, harina de colza de Canadá)
• El nuevo Roundup Ready 2 Yield caso de la soja
representa el último evento GM amenaza para la
protección europea de piensos. En la actualidad 70 eventos
transgénicos de maíz, la violación y la soja
están en espera de la aprobación y que esta cifra
se espera que se mueven rápidamente a más de 100 en
los próximos dos años. Sólo el 17 eventos
son autorizados en la Europa de los alimentos y la
alimentación animal.
• La Unión Europea ha adoptado una postura
de tolerancia cero hacia la importación de eventos
biotecnológicos aún no aprobados en la Unión
Europea.
• La primera generación de tecnología
de Monsanto Roundup Ready ya disfruta de una cuota de mercado del
95% de la superficie de soja MG. El nuevo Roundup Ready
Rendimiento (RR2Y) semillas proporcionan un fuerte incremento de
los rendimientos (8-11% por hectárea), así como
tolerancia a los herbicidas. La adopción se espera que
suceda lo más rápido que Monsanto puede multiplicar
las semillas.
• Nuevos mercados de consumo mundial han surgido,
como China. Brasil, Argentina y EE.UU., tradicionalmente los
principales proveedores de la UE, ya no están obligados a
atender a los estrictos requisitos europeos, mientras que son
más grandes y más rápido crecimiento de los
mercados de suministro europea de seguridad de suministro de
alimentación se ve ame nazada por la política de
tolerancia cero de la UE debido a la posible presencia de trazas
RR2Y en las importaciones de piensos. Si continúa el
proceso de autorización a tomar más tiempo que en
los países de exporta ción más importantes
de Europa se aislarse del mercado mundial. Europa depende de los
suministros de materias primas y de los posibles sustitutos que
podrían utilizarse para sustituir el consumo europeo de
harina de soya (SBM) simplemente no están disponibles en
cantidades suficientes para sustituir hasta el 10% del consumo
europeo de soja.
La UE es el mayor importador mundial de harina de soja,
que ha proporcionado un impulso adicional a especificar las
prácticas de producción en el pasado. Ahora que
China ha tomado un papel más signifi cativo es el mayor
importador mundial de ambos granos enteros y aceite de soja,
Europa ha perdido gran parte del mercado de su influencia
histórica. Sin embargo Europa sigue importando grandes
volúmenes de harina de soja, que se centran en la
alimentación más importantes de Europa y la carne
de las naciones productoras. Suplentes pastas de soya se derivan
de la colza, girasol, etc y tienen niveles mucho más bajos
contenido de proteína. Sin embargo, todas estas
alternativas tienen niveles mucho más altos de fibra.
Sustituyendo estas comidas otra proteína de la harina de
soja en las dietas de los cerdos y las aves de corral en los
resultados de un mayor volumen de estiércol y las
emisiones de nitrógeno (amoníaco). Por lo tanto,
los sustitutos potencialmente tener un impacto mucho mayor sobre
el medio ambiente. Los EE.UU., Argentina y Brasil producen
más del 90% de las exportaciones de soja del mundo. Con la
soja GM como el tipo domi nante de la semilla sembrada, se ha
convertido en mucho más caro para separar granos no
modificados genéticamente a partir de semillas GM, incluso
en Brasil, una vez que el principal proveedor de soja no-GM. GM
no SBM se ha convertido en un nicho de mercado y, por tanto mando
primas de gran precio.
El rasgo RR2Y representa la punta del iceberg, mientras
que un gran número de rasgos se encuentran actualmente en
procesos de aprobación para la siembra entre 2009 y 2010.
En 2010, la disponibilidad de los no GM y GM autorizados SBM de
Brasil, Argentina o los EE.UU. será menor del 10% de los
suministros actuales. En 2010 los productores de América
del Sur se espera que utilicen apilados eventos (Bt/RR2Y) que
aún no están en el proceso de autorización
de la UE. Contrariamente a la situación en la UE apilados
variedades GM no necesita la aprobación de nuevos en los
países de exportación.
Los márgenes de vista en la producción
porcina en toda Europa son muy estrechos. Hay poca influencia en
poder del productor para exigir mejores precios para sus
productos a pesar de los crecientes costos de producción.
Los márgenes de las aves de corral son igualmente vulnera
bles al aumento de la base de costes como los gastos de
alimentación representan el 60-75% de los costes de
producción. Sin embargo, durante 2007 los precios fueron
más fuertes debido a la pérdida de suministro por
causa de la gripe aviar en Asia brotes. Mientras tanto, la
estrategia de Brasil para modificar el porcentaje de las
exportaciones brasileñas más en favor de la carne
de mayor valor en lugar de las materias primas se están
desarro llando bien.
La política de restricción de las
importaciones de Europa de las impor taciones de piensos
modificados genéticamente y los efectos paralizantes de su
producción local de carne es una excelente señal
para las exporta ciones de carne brasileña. Además,
la industria de la carne no es capaz de trasladar los mayores
costos.
Los cálculos del coste del impacto de la
alimentación y sector de la carne proporcionan una clara
indicación de que la política de cero tolerancia de
la UE ha tenido un impacto significativo en la rentabilidad del
sector ganadero de la UE: aproximadamente el 17% de los costos de
alimentación extra de € 15 mil millones (año
de comercialización 2006 / 2007) se puede atribuir a la
política de tolerancia cero que se traduce en una cuota de
aproximadamente el 10-15% en la pérdida total por cerdo en
canal registrado por la industria procesadora de carne en la
campaña 2007/08.
En cuanto a las perspectivas para la campaña de
comercialización de este año, la industria ganadera
UE podría enfrentarse a una pérdida masiva de la
competitividad. A medida que la disminución de la
producción de ganado de la UE, a continuación, las
importaciones aumentarán. Irónica mente estas
importaciones han sido alimentados con estos "no autorizada"
productos modificados genéticamente. Por lo tanto, la UE
tiene que tener una visión práctica y aplicar un
umbral viable para eventos.
C) Política Pesquera Común.
La Política Pesquera Común (PPC) es el
instrumento de gestión de la pesca y la acuicultura de la
Unión Europea.
Las primeras medidas comunes en el sector pesquero se
establecieron en 1970, cuando se acordó que los pescadores
de la UE debían tener igualdad de acceso a las aguas de
los Estados miembros. Aun así, se reservó una
franja costera para que los pescadores locales que faenaban
tradicionalmente cerca de sus puertos de origen pudieran seguir
haciéndolo. También se adoptaron medidas para crear
un mercado común de productos de la pesca y se
estableció una política estructural para coordinar
la modernización de los buques y de las instalaciones en
tierra.
Todas estas medidas adquirieron un mayor relieve en
1976, cuando, a raíz de los acontecimientos
internacionales, los Estados miembros ampliaron sus derechos a
los recursos marinos de 12 a 200 millas a partir de sus costas y
decidieron que la Unión Europea era mejor interlocutor que
cada uno de ellos para gestionar los caladeros de las aguas bajo
su jurisdicción y defender sus intereses en los foros
internacionales. Tras años de arduas negociaciones, la PPC
vio la luz en 1983. Veinte años después, se
reformó radicalmente. El objetivo de la reforma de 2002
era garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera
desde los puntos de vista ecológico, económico y
social. También se quería que las decisiones se
basaran en unos dictámenes científicos
sólidos y transparentes y en una mayor
participación de los interesados. Otros elementos
importantes eran la responsabilidad, la eficacia y la coherencia
con las demás políticas de la UE, especialmente las
de medio ambiente y desarrollo.
La Política Pesquera Común se
reformó en 2002 para garantizar la explotación
sostenible de los recursos acuáticos vivos. Se introdujo
entonces un criterio de precaución encaminado a proteger y
conservar esos recursos y reducir al mínimo el efecto de
la actividad pesquera en los ecosistemas marinos. La meta era
contribuir a la eficacia de las actividades en una industria
pesquera y acuícola económicamente viable y
competitiva, ofrecer un nivel de vida equitativo a quienes
dependen de la actividad pesquera y tomar en cuenta los intereses
del consumidor.
La reforma de 2002 introdujo una estrategia de
gestión pesquera más a largo plazo, mediante planes
plurianuales de recuperación de las poblaciones que
estuvieran por debajo de los límites biológicos de
seguridad y planes plurianuales de gestión de las
demás poblaciones. El objetivo era la aplicación
progresiva de una gestión pesquera basada en el concepto
de ecosistema.
En 2008 la Comisión inició una
revisión de la Política Pesquera Común en la
que analizará los aciertos y desaciertos de la
política actual y estudiará las experiencias de
otros sistemas de gestión pesquera al objeto de entresacar
posibles directrices para el futuro.
En el folleto La Política Pesquera Común –
Guía del usuario encontrará una descripción
detallada del funcionamiento práctico de la
PPC.
Para que la presión de la pesca no supere los
límites que pueden soportar las poblaciones de peces, la
PPC cuenta con medidas de conservación, como son los
totales admisibles de capturas, la limitación del esfuerzo
pesquero o las medidas técnicas (normas referidas a los
artes de pesca y tallas mínimas de desembarque), y obliga
a registrar y comunicar las capturas y los
desembarques.
La PPC cuenta con diversas medidas para limitar las
repercusiones medioambientales de la pesca. Entre ellas cabe
mencionar la protección de las especies no objetivo –
mamíferos marinos, aves y tortugas -, los juveniles y las
poblaciones vulnerables (por ejemplo la estrategia para prevenir
las capturas accesorias y eliminar los descartes), o la
protección de los hábitats vulnerables (por ejemplo
las medidas para eliminar las prácticas pesqueras
destructivas).
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) es el elemento
financiero de la PPC. Tiene una vigencia de siete años
(2007-2013) y un presupuesto total aproximado de 3 800
millones de euros. Su objetivo es sostener los objetivos de la
Política Pesquera Común (PPC) mediante lo
siguiente:
Apoyo de la explotación sostenible de los
caladeros.Consolidación de la competitividad y la
viabilidad de los agentes económicos del
sectorFomento de métodos de pesca y
producción respetuosos del medio ambienteApoyo adecuado a los trabajadores del
sectorIncentivo al desarrollo sostenible de los
caladeros.
La política de gestión de la flota de la
PPC va encaminada a limitar su capacidad pesquera, con objeto de
conseguir un mejor equilibrio entre ésta y los recursos
disponibles.
La meta de la organización común de
mercados (OCM) es equilibrar las necesidades del mercado y los
intereses de los pescadores en la Unión Europea y
garantizar el cumplimiento de las normas de competencia
leal.
La UE mantiene bastantes acuerdos con terceros
países que le permiten acceder a sus caladeros. Con la
reforma de 2002, los acuerdos pasaron de ser concesiones de
acceso con una contrapartida financiera a verdaderas asociaciones
para el desarrollo de la pesca sostenible y
responsable.
La UE ha suscrito numerosos acuerdos internacionales en
materia de pesca y derecho del mar y desempeña una
importante labor en diversas organizaciones regionales de pesca
que gestionan los recursos pesqueros en alta mar y luchan
activamente contra la pesca ilegal y las prácticas
pesqueras destructivas.
Corresponde a los Estados miembros de la UE garantizar
que se cumplan las normas de la PPC. El control de la pesca es
esencial para impulsar el cumplimiento, disuadir del fraude y
garantizar la pesca sostenible. Existe también una
inspección de la UE para garantizar que todas las
autoridades nacionales responsables apliquen los mismos criterios
de exigencia e imparcialidad. Para reforzar los controles, en la
reforma de 2002 se decidió crear una Agencia Comunitaria
de Control de la Pesca, que empezó a funcionar en 2007 y
que potenciará la uniformidad y eficacia del cumplimiento
de las normas aunando los medios de inspección y control
nacionales y de la UE y coordinando las actividades. En 2008, la
Comisión propuso una reforma del sistema de control de la
pesca con objeto de fomentar una mentalidad proclive al
cumplimiento de las normas y crear unas condiciones equitativas
para los pescadores europeos
D) Política industrial comunitaria.
El concepto de política industrial hoy es
completamente diferente de lo que era hace veinte o treinta
años. En la década de los años sesenta y
setenta, los gobiernos europeos consideraban que la clave de la
prosperidad estaba en el proteccionismo, esencialmente en la
utilización de normas y barreras comerciales
discriminatorias para proteger a sus empresas de la competencia
exterior. Hoy en día está ampliamente aceptado que
el aislamiento sólo puede llevar al estancamiento, y que
es la liberalización de mercados la que reporta los
mayores beneficios, tanto para los consumidores como para las
empresas, y la que ayuda a éstas a mantenerse rentables en
un mercado cada vez más planetario y cada vez más
competitivo.
Por consiguiente, la cuestión clave que hoy
intenta abordar la política industrial es
¿qué hay que hacer para ayudar a las empresas a
competir en el mercado mundial? Inevitablemente, esta
cuestión afecta a muchas otras políticas y
cualquier respuesta eficaz incidirá en la educación
y la formación, la investigación y el desarrollo,
la competencia y el medio ambiente.
Por eso, muchas políticas de la UE están
contribuyendo a reforzar la competitividad de la industria
europea de manera que genere un crecimiento más
rápido y más empleos. Dada la importancia que se
asigna a las pequeñas y medianas empresas, se han adoptado
medidas específicas para este sector. El núcleo
fundamental de la política industrial comunitaria se
inspira en el Tratado de la Unión Europea, que
entró en vigor en noviembre de 1993. En él se
establece como tarea fundamental asegurar "la existencia de las
condiciones necesarias para la competitividad de la industria
comunitaria".
El Tratado establece cuatro objetivos:
Acelerar la adaptación de la industria a los
cambios estructurales.Fomentar un entorno favorable a la iniciativa
y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la
Comunidad y, en particular, de las pequeñas y medianas
empresas.Fomentar un entorno favorable a la
cooperación entre empresas; yFavorecer un mejor aprovechamiento del potencial
industrial de las políticas de innovación, de
investigación y de desarrollo
tecnológico.
En su Libro blanco sobre el crecimiento, la
competitividad y el empleo, presentado al Consejo Europeo en
diciembre de 1993, la Comisión Europea proponía
soluciones prácticas para conseguir un crecimiento
dinámico que genere empleo, basado, entre otras cosas, en
el desarrollo de las infraes tructuras y mercados de la
información, a fin de poner a punto a las empresas
europeas para la competencia en los mercados
mundiales.
De cara a estos objetivos, la Unión procura
siempre simplificar las condiciones en las que trabajan las
empresas y suprimir trámites buro cráticos.
Asimismo, gestiona y apoya programas y proyectos para el
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, y se
esfuerza por alentar a la industria a adaptarse a los cambios,
una de las claves del éxito en los mercados modernos,
siempre en rápida evolución.
Para crear este entorno favorable, la UE lleva a cabo
dos tipos de actuaciones:
Actuaciones sobre el funcionamiento de los mercados,
incluyendo la reglamentación del acceso al mercado,
las características de los productos, la
política comercial y la política de
competencia.Actuaciones en relación con factores que
afectan a la capacidad de la industria para adaptarse a los
cambios, como la estabilidad del entorno
macroeconómico, la necesidad de tener en cuenta las
expecta tivas del público con respecto a la industria
(entre otras cosas, la consecución de un desarrollo
sostenible y el respeto de ciertos principios éticos),
y la promoción de las inversiones intangibles en
campos como la tecnología y la
formación.
La industria sólo puede sacar pleno fruto de
estas actuaciones si se llevan a cabo en conjunción con
las de los Estados miembros.
De acuerdo con las orientaciones del Libro blanco sobre
el crecimiento, la competitividad y el empleo, y con las
expuestas en diferentes comuni caciones sobre la política
de competitividad industrial, las prioridades de la Unión
en lo que respecta a la creación de un entorno favorable a
la industria son las siguientes:
Fomento de las inversiones intangibles,
Desarrollo de la cooperación
industrial,Fortalecimiento de la competencia,
Modernización de las administraciones
públicas relacionadas con la industria.
Agrupados en estos cuatro grandes apartados, la
Comisión tiene una lista de objetivos destinados a
asegurar la complementariedad entre diferentes acciones,
establecer prioridades y detectar carencias en los planteamientos
actuales.
E)El sector servicios de la UE.
En la actualidad, el sector terciario o de servicios
representa la principal fuente de riqueza para numerosos
países, hasta el punto de que naciones como Holanda o
Bélgica, carentes de recursos propios y con un nivel
industrial moderado (dado su pequeño tamaño),
cuentan con un producto interior superior al de otras naciones
más potentes.
El sector servicios en Europa se concentra en tres
actividades fundamentales:
La banca y los servicios financieros: los bancos
europeos, especialmente tras la implantación del euro
como moneda única en la UE, se cuentan entre los
más importantes del mundo.Los transportes.
El turismo: constituye un importante recurso para
países menos industrializados, como el Estado
español, Grecia o Portugal, pero también se
explota en naciones ricas, como Francia e Italia. El turismo
abarca todos los sectores del ocio: bares, restaurantes,
alojamientos, etc.
Todos los servicios de interés general son
esenciales para el día a día de los ciudadanos y
las empresas comunitarias, y reflejan el modelo social europeo.
Juegan un papel muy destacado en la cohesión social,
económica y territorial de la UE, y constituyen un
elemento vital para el desarrollo sostenible de los países
comunitarios en términos de empleo, integración
social, crecimiento económico y calidad medioambiental.
Aunque su alcance varía considerablemente en
función de la historia intervencionista de cada estado,
pueden ser definidos como servicios clasificados de
"interés general" por las autoridades y, por ello,
sometidos a específicas obligaciones de los poderes
públicos. Esto significa, esencialmente, que las
autoridades tienen la responsabilidad de decidir, en gran medida,
cuál es el verdadero alcance del servicio de
interés general y como llevar a cabo su prestación.
La Administración puede decidir si proporcionar un
servicio público por sí misma o a través de
una empresa, pública o privada, que gestione la
prestación con o sin ánimo de lucro. Al mismo
tiempo, los suministradores deben someterse a las leyes recogidas
en el Tratado CE y a las leyes comunitarias que les sean de
aplicación. Además, para otorgarle al asunto una
dimensión comunitaria, muchas de las industrias que
prestan servicios de interés económico general
deben respetar las Directivas específicas que la UE dicta
en cada sector. Conjuntamente con las autoridades nacionales,
comunitarias y locales, la UE juega un papel muy importante en la
regulación de los principios y condiciones que deben regir
la prestación de una amplia gama de servicios. Esta
responsabilidad compartida se halla recogida en el Tratado y
subrayada por el Protocolo de Servicios de Interés General
anexado al Tratado de Lisboa.
La UE es miembro de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) desde el 1 de enero d 1995. Los 27 estados
miembros (en 2007)de la Unión son a la vez miembros de la
OMC por derecho propio. El incremento del comercio impulsa el
crecimiento mundial, lo que favorece a todos. Los consumidores
disponen de una gama más amplia de productos. La
competencia entre los productos locales y los importados hace que
desciendan los precios y aumente la calidad. La
liberalización del comercio permite que los productores
más eficientes desarrollen su actividad en condiciones de
equidad con sus competidores de otros países, cuyos
gobiernos deben reducir los derechos de importación que
protegen a las empresas nacionales. La filosofía esencial
de la UE es abrir sus mercados a las importaciones, a
condición de que sus socios comerciales obren de igual
modo. La UE está también deseosa de liberalizar el
comercio en el sector de los servicios. Sin embargo, está
dispuesta a hacer concesiones a los países en vías
de desarrollo, de modo que puedan liberalizar sus mercados
más lentamente que los países industrializados;
además, ayuda a estos países a integrarse en el
sistema mundial de comercio.
Podemos distinguir dos tipos de servicios de
interés general en función de la forma en que
éstos son regulados por las autoridades
comunitarias:
A) Servicios de interés
económico general: el suministro y la organización
de estos servicios están sujetos a las normas internas del
mercado y de la libre competencia del Tratado CE. En el caso de
grandes compañías industriales de servicios de
interés general, existe un marco específico de
regulación comunitaria. Del mismo modo, ciertos aspectos
de determinados servicios públicos están regulados
por legislación específica de la UE, como por
ejemplo la Directiva de "televisión sin fronteras". Otros
servicios de interés económico general, en cambio,
se hallan fuera de ningún régimen legal
específico a nivel comunitario (es el caso del tratamiento
de residuos y aguas residuales o el suministro de agua). De todas
formas, para determinados aspectos, les son de aplicación
algunas normas comunitarias específicas (medioambientales
o de protección al consumidor, por ejemplo).
Además, algunos servicios de interés
económico general se hallan sujetos al régimen
establecido por la Directiva de Servicios.
B) Servicios sin interés económico:
se trata de algunos servicios básicos vinculados a los
estados, tales como los cuerpos de seguridad, policía,
justicia, inteligencia, etc. que no poseen una regulación
comunitaria específica ni se hallan cubiertos por las
normas internas y de competencia del mercado que recoge el
Tratado. Algunos aspectos de la organización de estos
servicios deben estar sujetos a otras normas del Tratado, como,
por ejemplo, el principio de no discriminación.
Los europeos disfrutan de un grado sin precedentes de
movilidad personal, y las mercancías se envían
rápida y eficazmente desde las fábricas a los
clientes, a menudo en distintos países. La Unión
Europea ha estimulado esta libertad abriendo los mercados
nacionales y eliminando las barreras físicas y
técnicas. Sin embargo, los modelos de transporte y las
tasas de crecimiento actuales son insostenibles.
Europa apuesta por las redes transeuropeas (RTE) para
facilitar la libre circulación de mercancías, de
personas y de servicios en toda la Unión. Las redes
transeuropeas se crearon en los años ochenta con la
instauración de un mercado único. El objetivo era
facilitar la armonización y el desa-rrollo de las
infraestructuras de los Estados miembros reforzando al mismo
tiempo la cohesión económica, social y territorial
de la Unión Europea. La Unión puede reivindicar el
éxito de algunos proyectos como la red de gran velocidad
(TGV) entre Londres, París y Bruselas, aunque
todavía queda mucho por hacer. Europa ha limitado su
objetivo inicial y se ha centrado en el desarrollo de 30
proyectos prioritarios. Estos pasillos transnacionales son en un
80% ferroviarios, como el tren de alta velocidad entre Francia y
Alemania, la vía entre Lyon, Turín y Trieste,
Budapest y las fronteras ucranianas o un nuevo eje de
mercancías en los Pirineos. Las "autopistas del mar"
unirán los países aislados y duplicarán las
infraestructuras terrestres saturadas, como la ruta de los Alpes
y de los Pirineos. Las redes de transporte también se
apoyan en grandes proyectos industriales destinados a desarrollar
sistemas de radionavegación por satélite (GALILEO),
de interoperabilidad ferroviaria (ERTMS) y de
modernización de la gestión del tráfico
aéreo.
Desplazar personas y mercancías de manera
rápida, eficaz y económica es un elemento central
del objetivo de una economía dinámica y una
sociedad con más cohesión en la UE. El sector de
transportes genera el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la
Unión y emplea a más de 10 millones de
personas.
El constante crecimiento de la movilidad somete los
sistemas de transporte a una gran presión. El resultado es
la congestión del tráfico aéreo y por
carretera, que redunda en menor eficacia económica y mayor
contaminación y consumo de combustible.
Aunque muchos aspectos de la política de
transportes son competencia de los gobiernos nacionales, es
lógico que un mercado europeo único cuente con una
infraestructura de transportes única. De ahí que en
los últimos diez años la UE haya abierto a la
competencia los mercados nacionales de transportes en toda la
Unión, sobre todo en los sectores aéreo y por
carretera y, en menor grado, el ferroviario.
Los camiones pueden así operar en países
distintos de los propios y ya no vuelven de vacío en los
viajes internacionales. En 2003 entró en vigor un primer
paquete de medidas de liberalización, que abrió a
la competencia alrededor del 70-80 % del tráfico de
mercancías por ferrocarril a larga distancia.
La liberalización del tráfico aéreo
ha supuesto más competencia, precios más bajos y
mayor número de conexiones entre los Estados miembros. En
2007, tras años de negociaciones, la UE refrendó un
acuerdo denominado "de cielos abiertos" con Estados Unidos
gracias al cual las líneas aéreas de la UE pueden
volar desde cualquier aeropuerto de la UE a cualquiera de los
EEUU. Con ello, las ventajas de la liberalización se
extenderán pronto a los trayectos
transatlánticos.
La UE también promueve proyectos importantes de
infraestructura de transporte: las llamadas redes transeuropeas
(RTE). Entre los proyectos prioritarios figuran los
siguientes:
A) La eliminación de cuellos de botella en la
principal vía navegable interior entre el este y el oeste
que une los ríos Rin, Meno y Danubio.
B) Un programa de regulación del
tráfico en rutas marítimas muy frecuentadas
frente a las costas de la UE.C) La mejora de varias líneas de
ferrocarril norte-sur y este-oeste.
La liberalización por sí sola no puede
solucionar problemas profundamente arraigados: el protagonismo de
la carretera frente a otras formas de transporte, la
contaminación y la fragmentación de los sistemas de
transporte, incluida la escasez de enlaces con las regiones
periféricas o entre las distintas redes regionales o
nacionales.
El 44% de todas las mercancías transportadas en
la UE se desplazan por carretera, frente al 39% por vía
marítima, el 10% por ferrocarril y el 3% por vías
navegables interiores. El predominio de la carretera es
aún más acusado en el transporte de pasajeros
(principalmente en automóvil), que representa el 81%,
frente al 6% del ferrocarril y el 8% del avión. El paso
del transporte de mercancías y pasajeros por carretera a
medios de transporte menos contaminantes será la clave de
toda política de transporte viable. Otra prioridad
será integrar los modos de transporte mediante
combinaciones tren-carretera, tren-barco o
tren-avión.
También se está introduciendo la llamada
«carga de congestión (impuesto destinado a evitar
atascos)» mediante la cual los usuarios pagan por el uso de
infraestructuras escasas. Un ejemplo es el sistema introducido
por primera vez en Londres en 2003 y en el que se cobra a los
automo vilistas por acceder a los centros urbanos.
En una economía de mercado democrática, el
paso de la carretera al ferrocarril (aunque deseable) no puede
venir impuesto ni por los gobiernos nacionales ni por la UE. Debe
hacerse mediante incentivos, como por ejemplo inversiones
dirigidas a otros medios de transporte, de modo que pueda hacerse
frente a la sobrecarga, y sistemas de precios que reflejen el
coste real del uso de la carretera y fomenten una
migración «natural» a formas alternativas de
transporte. El propósito es la transferencia de pasa jeros
y mercancías del transporte por carretera al ferrocarril y
la sustitución de determinados vuelos de pasajeros de
corta distancia por el tren.
El tren es el primer objetivo. Actualmente, los de
mercancías viajan en la UE a una velocidad media de 18
kilómetros por hora. Debe aumentarse la velocidad y
calidad de los servicios si quiere atraerse el tráfico
actual por carretera.
El sector del transporte, principalmente por carretera,
es responsable en la UE del 28 % de las emisiones de CO2,
principal gas de efecto invernadero. Entre las medidas que
empiezan a introducirse cabe mencio nar la mejora de la eficacia
en el consumo de combustible,el uso de combus tibles alternativos
y la limitación de las emisiones de los
automóviles.
Dada la extensión de su costa y el riesgo de
vertidos de petróleo, la UE está endureciendo las
normas de seguridad marítima: inspecciones más
rigurosas de los buques, sanciones por contaminación
debida a negligencia grave y aceleración de la retirada de
los petroleros monocasco.
En 2001 la Comisión introdujo un plan de
acción de 10 años para el sector de transportes. La
revisión intermedia de 2006 señalaba que el plan de
acción debía concentrarse en incrementar la
competitividad del ferroca rril, introducir una política
portuaria, desarrollar sistemas de transporte que empleen
tecnologías avanzadas, cobrar por el uso de
infraestructuras, produ cir más biocombustibles y estudiar
cómo descongestionar las ciudades.
Europa, en materia de turismo, ocupa una posición
privilegiada que la sitúa a la cabeza a escala mundial. En
este contexto europeo, España se ha convertido en uno de
los principales países receptores de turismo,
situán dose en el segundo puesto dentro de la Unión
Europea, por detrás de Fran cia y en el tercer lugar en el
ranking mundial por detrás de Estados Unidos y
Francia.
En las últimas dos décadas,
la actividad turística en el conjunto de países de
la Unión Europea se ha incrementado de manera
significativa. Mientras que el incremento en el número de
plazas hoteleras y el número de estancias ha crecido
progresivamente, el aumento de población lo ha hecho de
forma mucho más moderada. Baste decir que el crecimiento
medio en la capacidad hotelera fue del 28% entre 1980 y 2000, y
que el número de pernoctas fuera del hogar ascendió
en un 64%, excluyendo el Reino Unido. En el periodo comprendido
entre 1995 y 2000, se produjo una sensible aceleración en
este proceso, especialmente en países como Alemania. La
salud general del turismo en la Unión no parece haberse
resentido tras la crisis provocada por los atentados de Nueva
York en septiembre de 2001. Las buenas expectativas creadas en
2000 se mantuvieron en 2001, que fue un año de
estabilización para el sector.
A principios del actual siglo, el número de
plazas hoteleras aumentó significativamente en casi todos
los países de la Unión, a excepción del
brusco descenso de Francia, y de leves bajadas en Reino Unido,
Bélgica y Luxemburgo. España era el tercer
país en importancia por número total de plazas,
solo superada por Alemania e Italia. No obstante, contemplando
otras formas de alojamiento, como campings, apartamentos y
similares, existen diferencias estructurales importantes,
dependiendo de cada país. Así, el número de
plazas de acampada en Francia es, con gran diferencia, mucho
mayor que el de otros países receptores de turismo, como
es el caso de Italia o España, o, más acusadamente,
de Grecia.
Los niveles de ocupación hotelera
describen una curva similar en todos los países de la
Unión, cuyos máximos se sitúan en los meses
de verano, especialmente julio y agosto. Tan sólo Austria,
que posee una importante afluencia de turistas de invierno, tiene
dos picos en su ocupación de plazas hoteleras, siendo el
mayor el de febrero que el de los meses estivales. Los mayores
índices de ocupación (es decir, número de
plazas ocupadas con relación al total) se dan en Grecia,
país que recibe un elevado número de visitas pero
que no cuenta con infraestructura suficiente capaz de hacer
frente a la posible demanda de turismo. Resultan más
signifi cativos los resultados medios, que sitúan a
Francia y España como princi pales países
receptores, con medias anuales cercanas al 60% de
ocupación. Asimismo, son los países que presentan
picos de ocupación más amplios, comenzando en
febrero o marzo y alcanzando hasta noviembre.
Un aspecto muy relevante en cuanto que afecta al
equilibrio ecológico de las regiones, es el nivel de
ocupación de las zonas de mayor demanda turística
de cada país. Las regiones más densas de Europa
son: Islas Baleares (España), con 55,2 plazas por
habitante y 87,1 pernoctaciones por habitante; Noto Argayo
(Grecia), con 56,4 y 64,1 respectivamente; Tirol (Austria), 39,8
y 45,5; Algarbe (Portugal), 33,4 y 43,1.
Al hablar de turismo, el principal factor que influye en
el medio ambi ente viene dado por la densidad. De esta manera, el
primer indicador que habrá que evaluar será el
formado por la cantidad de turistas por kilómetro cuadrado
que afluyen a una región o país, y la oferta de
infraestructuras turísticas de que dispone. Ambos
aspectos, oferta y demanda, resultan indispensables para
comprender posteriores análisis.
Si se plantea el análisis a escala
nacional, no se obtienen resultados de masiados esclarecedores.
Los principales receptores de turismo en la Unión Europea,
Francia y España, no disponen de ratios elevados de plazas
hoteleras por persona y kilómetro cuadrado, donde
países centroeuropeos como Holanda, Bélgica o
Luxemburgo alcanzan cifras muy superiores. Hay que tener en
cuenta, como ya se señaló anteriormente, que el
fenómeno turístico se concentra en determinadas
zonas o regiones, y que es esa alta concentración la que
produce riesgos y peligros para el medio ambiente. Resulta
difícil evaluar el impacto ambiental originado por las
activi dades turísticas. Dos de los indicadores utilizados
como referencia son el consumo de energía eléctrica
y el de agua.
Como muestra el informe de Schmidt (2002), se ha
encontrado cierta relación entre el incremento del
turismo y el mayor consumo de electri cidad, aunque esto no se
puede extrapolar con seguridad ya que ciertas comparativas no
ofrecen resultados significativos. Es el caso de las regio nes
alemanas de Bremen (de escasa afluencia) y Bayern (zona que acoge
muchos más turistas), donde los niveles de consumo por
habitantes son similares. No obstante, la tendencia general
es un ligero aumento del consu mo, con la excepción de
Grecia, donde la diferencia entre regiones puede llegar al
300%.
En cualquier caso la cuantificación de la
relación entre turismo y el consumo eléctrico es
compleja, debido a que sería necesario desglosar el
consumo en el sector servicios para definir qué parte de
esa energía está dedicada a atender las necesidades
turísticas.
El segundo factor de análisis, el consumo de
agua, presenta un problema similar; en el caso del informe ya
reseñado, se tiene en cuenta el volumen de agua tratado en
cada municipio, de manera que el análisis de los datos
queda contaminado por la aportación del consumo de agua en
industrias. Teniendo en cuenta este importante sesgo, los
resultados encontrados son similares a los referentes a la
electricidad; los aumentos en el consumo de agua son
generalizados, pero no siempre se producen.
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