Violencia y poder: Una resignificación de los términos a través de un estudio de caso

"El poder y la violencia son opuestos,
donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia
aparece donde el poder está en peligro pero, confiada en
su propio impulso acaba por hacer desaparecer al
poder".

Hannah
Arendt[1]

La ciencia política y en general las ciencias
sociales, tienen como uno de sus soportes epistemológicos
la producción de teorías y la formulación de
conceptos, con la meta de explicar y comprender, con la mayor
objetividad y eficacia las realidades que estudia. En este estado
de cosas, la aportación de Hannah Arendt y Martín
Hopenhayn es de gran utilidad para entender el acontecer de las
diversas coyunturas en el ámbito específico de la
participación política en Colombia, pues su
esfuerzo por separar y llenar de atributos los conceptos de
poder, violencia, hegemonía y contrahegemonía
serán los elementos brújula, que orientaran la
estructura del presente breve ensayo[2]

El escrito se compone de dos estadios pilares de
análisis: el primero (I) pretende generar de manera somera
un vínculo entre las nociones de poder, violencia y
participación desde el aporte conceptual de Arendt y el
conflicto entre comunidades indígenas nasa versus el
gobierno colombiano por el incumplimiento de los acuerdos del
Nilo, en la administración de Álvaro Uribe
Vélez[3]El principal recurso en
términos de material empírico en este caso,
será lo descrito en el documental "robatierra".
El desarrollo de este apartado se realizará sobre dos
coordenadas específicas, por un lado se analizarán
las relaciones entre gobierno y comunidades indígenas y
segundo, se reflexionará a cerca de las dinámicas
internas de las propias comunidades. Como segundo pilar (II), se
traerá a colación los enfoques de hegemonía
y contrahegemonía de Hopenhayn para demostrar lo oportuno
de su aplicación en la realidad que se pretende estudiar.
Por último se cerrará con algunas consideraciones
retomando la importancia de los conceptos para análisis
más concretos en la politología y sobre la realidad
de la participación política en
Colombia.

Las antinomias
entre el poder y la violencia

De las diferencias conceptuales propuestas por
Arendt, a las semejanzas en términos de aplicación
al conflicto entre el gobierno Uribe y comunidades
indígenas:

Arendt es enfática en realizar una diferencia
radical entre los conceptos de poder y violencia, pues describe
las ambigüedades a las que se ha llegado por mirarlos como
iguales. Esta autora define al poder como la capacidad de actuar
a través de la concertación, su principal validez
se soporta sobre el conjunto, sobre las agrupaciones, nunca,
sobre el individuo. En últimas, el poder de una persona,
es su capacidad de actuar a través de las demás,
siempre y cuando, por parte de las agrupaciones haya un
reconocimiento y legitimidad de ese ente que lidera. Por otro
lado la violencia es netamente un insumo propio de la
instrumentalización. Esta es alusiva a la potencia, a la
intensión de imponerse a través de la
instauración de la fuerza en un choque de grupos sociales
o individuos[4]De la mano de estos dos conceptos
centrales, aparecen las definiciones de potencia, fuerza y
autoridad, las cuales equívocamente han sido instaladas
también como sinonimias entre sí. La fuerza es
simplemente la cantidad de energía que se imprime en un
acto, mientras que la autoridad es el suceso de lograr obediencia
a través de la persuasión.

Con esta carga conceptual clara, la tesis central de
Arendt gira en torno a los antagonismos que pueden existir entre
los dos términos en el momento que se conjugan, pues en
sus argumentos, se evidencia cierto escozor a la idea de utilizar
la violencia como mecanismo único y exagerado para el
mantenimiento del poder, de hecho, dentro de su escrito afirma:
"La violencia puede siempre destruir al poder; del
cañón de un arma brotan las órdenes
más eficaces que determinan la más
instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca
podrá brotar de ahí es el
poder[5]En este orden de ideas, la violencia
como instrumento del poder es útil cuando el primero ha
perdido su efecto a gran escala, por lo tanto, es utilizado como
componente emergente para lograr la estabilidad del sistema
político que está en riesgo. El hecho de que la
violencia de los gobiernos equivalga a obediencia forzada por
parte de la sociedad, no significa que sea un régimen
legítimo, pues la persuasión es mucho más
eficaz, que la imposición de normas y valores a
través de métodos coactivos.

Así pues, el poder independiente de la estructura
represora que se valga, se debe soportar para ser efectivo en el
trabajo y el actuar mancomunado, en la organización y en
la distribución, además, la legitimidad tiene un
rol protagónico, pues no es necesaria solamente del
conjunto de la sociedad, sino dentro de las mismas fuerzas
militares, que se suponen son las que concentran la violencia y
la operativizan dentro de los Estados. Con estos
parámetros, se puede conjugar el poder en relación
directa con la autoridad, pues la legitimidad es el principal
insumo de ambos, mientras que la violencia se puede mezclar con
la fuerza y la potencia[6]

Ahora bien, llevando estos conceptos a la realidad del
conflicto entre las comunidades Nasa y el gobierno de
Álvaro Uribe, se pueden sacar algunas conjeturas en las
cuales se argumenten las coincidencias entre la teoría y
la práctica. Uno de los principales elementos, es el de la
utilización de la violencia por parte del gobierno como
mecanismo para el mantenimiento de su poder, acontecimientos como
el de "la masacre del Nilo" en donde se arremete en contra de una
comunidad para despojarlos del territorio en el cual estaban
acentuados, es una muestra del carácter despótico
de la utilización del poder, y si se quiere, un
aglutinamiento entre los efectos de ambos.

A partir de este hecho, durante los 8 años de la
administración Uribe, se generaron diversas disputas en
donde el realismo político fue el paradigma imperante de
resolución de conflictos por parte del gobierno. La
utilización reiterada de la violencia, ahogando cualquier
esperanza de negociación dialogada, lo que logró,
fue generar un efecto contraproducente para el gobierno, pues a
medida que se iban tomando medidas cada vez más
arbitrarias, se iban teniendo como respuestas de los grupos
indígenas, acciones que lo deslegitimaban como ente
superior, equiparando así, las fuerzas de las dos
organizaciones a través de un mismo método
violento.

El uso exagerando de la violencia por parte del
gobierno, no sólo de carácter físico sino
también simbólico, valiéndose de medios de
comunicación a su servicio, que vinculaban a las
comunidades indígenas con organizaciones de
carácter "narcoterrorista" fueron diluyendo a sobremanera
el poder visto como autoridad legítima del gobierno por
parte de las comunidades. De esta forma, ante la imposibilidad de
la negociación, las comunidades se ven sometidas a optar
por la resistencia armada obligaría, esta termina siendo
el único mecanismo eficaz a merced de su objetivo que es
la protección de territorios ancestrales. Es necesario
hacer hincapié en que estos piensan ser utilizados por los
grandes empresarios avalados por el gobierno, para
explotación de biocombustibles a través del
monocultivo de la caña de azúcar.

En este orden de ideas, en el momento en que se
parangona las aproximación teórica de Arendt y la
realidad de los pueblos indígenas, se tiene como principal
elemento resultante, la disminución del poder del gobierno
por utilizar a la violencia como mecanismo único para
mantenerse, así, a pesar del miedo que puede generar las
muertes, los heridos, los daños materiales y las
lágrimas de las madres desconsoladas; el accionar de estos
grupos disidentes va a fortalecerse en mayor valía, pues
no se está atacando de raíz el interés que
motiva el accionar, simplemente se quiere eliminar al enemigo a
través del desgaste y del predominio del más
fuerte. Este tipo de conductas de los gobiernos, es una viva
muestra de una concepción de la política
corporativa en donde lo público es visto como un
instrumento para satisfacer intereses
privados[7]

Como valor agregado, dentro de las comunidades se
generaron facciones en torno a la utilidad de la violencia como
insumo de acción colectiva, pues en últimas se
cayó en un dilema de paradigmas de resolución de
conflictos[8]Una de las facciones consideraba a la
violencia como recurso legítimo y eficaz para la defensa
de la tierra, por otro lado, existía otra de corte no
violento, en la cual se buscaban resultados a través del
simbolismo, la protesta y la movilización social. Esa
misma confusión de términos, de la que el gobierno
era promotor, estaba permeando la estructura interna de las
comunidades indígenas, en la cual se miraba a la violencia
como principal elemento para imponer un criterio, una necesidad
y/o una demanda social.

Retomando lo dicho, la diferenciación conceptual
de Hannah Arendt es de gran peso para entender la realidad
descrita, pues es la ejecución de la violencia para el
mantenimiento de un poder ilegitimo, equiparando a relaciones
simétricas elementos completamente diferentes, este error
de los gobiernos, que no solamente se comente en este caso, si no
en la cotidianidad del accionar público, genera desmanes
de gran valía a la gestión pública, las
políticas sociales y la participación
política, pues relegan todos estos campos públicos
a intereses corporativos impuestos por la fuerza.

Las matrices
hegemónicas y contrahegemónicas de
participación: el crecimiento económico neoliberal
versus la supervivencia de las culturas indígenas
contemporáneas

Desde la visión de Hopenhayn, se pueden
clasificar dos escuelas de participación que son
antagónicas entre sí, por una parte, se instala la
noción hegemónica, esta se caracteriza por ser el
modelo dominante en la forma de determinar y definir la
intervención del colectivo en las decisiones
públicas. Su principal soporte está en la base del
postulado que promueve a la participación desde una escala
de arriba hacia abajo, es decir que las instituciones fijan los
mecanismos sobre los cuales el conjunto de la población va
a ejercer su legítimo derecho a participar. Por otra
parte, están las visiones contrahegemónicas, que
como es fácilmente deducible, terminan siendo las nociones
disidentes a las primeras, tratando así, de mitigar todos
los vacíos que se desprenden de los modelos de la escuela
tradicional.

El enfoque hegemónico de participación,
posee tres vertientes en donde se explica la relación
entre instituciones y sociedad civil. El primero de ellos es el
iluminista – modernizador, este está
arraigado a raíces fuertemente institucionalistas, en el
cual, la educación del individuo posee un rol fundamental.
El carácter de esta pedagogía impartida por parte
de las instituciones públicas al conjunto de la
población civil, tiene por objeto la preparación de
cada individuo para la integración a una "gran empresa
societal para el progreso". Una de las principales
críticas de esta pretensión, es la
impartición de un modelo educativo fuertemente
homogeneizador, en donde el individuo carece de toda
crítica, pues se promueven las posturas en pro del
beneficio de las élites en el poder. En esta misma
línea, entra en el escenario la corriente nacionalista
– populista. Su principal semejanza con el iluminismo
es que tiende a manejar un discurso paradójico, pues por
un lado está promoviendo la participación y la
inclusión y por el otro está relegando a las
agrupaciones que no se acogen a la postura nacional
unánime promovida por el líder. De esta manera, se
mutila la individualidad a cambio de un consenso conjunto, que en
la mayoría de los casos es impuesto. Por último,
está el énfasis neoliberal, en el cual el
mercado es el regulador de todos los actos de la vida social de
los individuos. En este orden, la participación
está supeditada a la ética utilitarista en donde el
único objetivo, es el máximo beneficio personal. De
esa manera, la política se relega dejando al mercado como
ente protagónico[9]

Por otro lado, las nociones contrahegemónicas se
sustentan como contrapeso a estas corrientes. Circunstancias como
la relegación y la exclusión de las
minorías, generan la organización de movimientos
disidentes de los sistemas socioeconómicos y
políticos imperantes. Distintas características son
insignias de estas nuevas agrupaciones. El autor en
cuestión, nomina las siguientes: "los discursos
utópicos de los nuevos movimientos sociales abrigan
valores contrahegemónicos: exaltación de la
diversidad de identidades y formas de organización,
valoración de la autonomía, la participación
y la creatividad; énfasis en la cultura de lo cotidiano,
sospecha frente al triunfalismo tecnológico; y
promoción de transformaciones orientadas de abajo hacia
arriba y de lo local a lo global"[10]. En
este estado de cosas, se genera así desde la academia una
disputa entre paradigmas de participación, en los cuales
entran en confrontación distintas nociones de cómo
se deben operativizar estos mecanismos. El enfoque
hegemónico promueve la participación difundida por
las instituciones a la sociedad, mientras que el enfoque
contrahegemónico reivindica a los colectivos por encima de
las agrupaciones jurídico –administrativas del
Estado.

Con este breve paneo teórico esbozado, es
menester pasar a la confrontación con la realidad
estudiada. El conflicto entre el gobierno – Uribe y las
comunidades indígenas Nasa, evidencian las discrepancia
entre una noción que apela al carácter neoliberal
por parte del gobierno, versus una resistencia
contrahegemónico de las comunidades a este modelo
socioeconómico.

El principal objeto material de lucha, en últimas
el interés, es la tierra. La detonante del litigio es la
visión que se tiene de esta y la utilización que se
le quiere dar a la misma. El gobierno que está impulsado
bajo las lógicas del mercado, tiene como principal
objetivo el crecimiento económico de las élites que
se van a beneficiar con el monocultivo de caña de
azúcar, y por ende como consecuencia, la
comercialización de biocombustibles. Los indígenas
por su parte, buscan poseer tierras que consideran herencia
ancestral, y la principal utilidad que le piensan dar a esta, es
la de su aprovechamiento a través de la agricultura,
actividad per se ejecutada para subsistir.

De esta manera, la discrepancia se suscita en el choque
que se dan entre dos visiones distintas de participación,
es decir, por un lado el gobierno pretende generar
inclusión de arriba hacia abajo, imponiendo y supeditando
a grupos disidentes a decisiones arbitrarias y corporativas,
mientras que los indígenas los hacen de abajo hacia
arriba, mostrando a través de la protesta sus demandas de
ellos como colectivo pertenecientes a la población civil.
Lo descrito se gráfica de la siguiente manera:

Así pues, a grosso modo se puede concluir en este
apartado, que el litigio desde la noción de Hopenhayn se
puede explicar entre las discrepancias existentes entre las
distintas visiones de participación que tienen ambos
actores.

Consideraciones
finales

De lo escrito, se pueden determinar dos conclusiones
centrales: I) la primera es de carácter
metodológico. Es de gran importancia el correcto uso de
los conceptos en ciencia política. Una carga considerable
de connotación de los términos tal como es
ejecutada por Hannah Arendt, es de gran valía para
entender y explicar las realidades a las que se aproxima el
estudioso de la política, pues nutre de objetividad a una
ciencia social que tiende a darle pluralidad de sentido a los
conceptos que emplea, este breve escrito se preocupó, por
materializar dicho postulado.

II) La segunda es de carácter empírico.
Esta se sostiene sobre la base del argumento de que las
instituciones políticas en un primer momento utilizan la
violencia para forzar la obediencia, en contextos donde
está en jaque su poder. Como valor agregado, el paradigma
que marca su accionar es de carácter hegemónico
neoliberal, por lo tanto, la participación, la
política, la pluralidad y la cultura, son solo brazos de
la institución macro y madre de todo: el mercado. En este
orden de ideas, el hablar de participación
política, es un asunto bastante difuso de ser tratado en
la realidad.

De lo anterior, es oportuno preguntarse,
¿cuál debe ser el accionar que deben ejecutar las
minorías en Colombia para poder lograr una
participación real? Entre las posibles respuestas pueden
girar opciones como la educación para el empoderamiento,
el incremento de los grupos de presión y una sociedad
civil más dinámica. El presente breve escrito,
trato a través de un corto estudio de caso, evaluar la
presencia de participación política en nuestro
país, la tarea ahora es proponer como sacarla de la
teoría a la realidad.

Bibliografía

ARENDT, Hannah, Sobre la
violencia. En: Crisis de la república. España.
1969.

FARRE, SERGI. Gestión de conflictos. Un enfoque
socioafectivo. Ariel. Barcelona. 2004.

HOPENHAYN, Martín. La participación y
sus motivos. Revista voces.

MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe.
Ediciones universales. Bogotá. 2001.

MARTÍNEZ, M., & Salazar, M.
(Dirección). (2009). Robatierra
[Película].

PARSONS, Wayne. "Políticas públicas:
una introducción a la teoría y a la práctica
del análisis de políticas públicas".
Traducción de Atenea Acevedo. México: FLACSO. Sede
Académica de México, 2007.

SARTORI, Giovanni & MORLINO Leonardo.
La comparación en las ciencias sociales. Alianza
editorial. Madrid. 1999.

Autor:

Javier Alexander Molina
Correa

[1] ARENDT, Hannah, Sobre la violencia. En:
Crisis de la república. España. 1969.

[2] Sobre la relevancia de la
utilización de los conceptos en ciencia política,
es menester citar al siempre clásico Giovanni Sartori, y
su aporte a través de lo que él denomina como la
escala de abstracción, en esta, el plantea los elementos
de denotación y connotación de los conceptos. Es
muy importante para evitar el estiramiento conceptual y por
ende, la ambigüedad y la aplicación de
términos en contextos erróneos, llenar cada uno
de estos, de la suficiente cantidad de características y
atributos, que lo especifiquen, para que no se vuelva
así de uso común, perdiendo con este acto, su
razón de si, y su capacidad explicativa. Para
profundizar en lo anterior véase en: SARTORI, Giovanni
& MORLINO Leonardo. La comparación en las ciencias
sociales. Alianza editorial. Madrid. 1999.

[3] Los acuerdos del Nilo, son posteriores a
la masacre del Nilo o de caloto, esta última se
gestó en el año 1991, en donde la fuerza
pública arremete en contra de la comunidad para
despojarlos de un territorio del cual ellos se habían
apoderado. Este accionar de los grupos indígenas,
tenía como principal soporte el incumplimiento de los
acuerdos, en los cuales el gobierno no otorgo el reconocimiento
ni los territorios físicos que las comunidades
reclamaban.

[4] ARENDT, Op cit. Pp. 146 – 148.

[5] Ibíd. Pp.155.

[6] El tema de la legitimidad ha sido blanco
de escrito de diversos autores clásicos y
contemporáneos. Dos de los más importantes son
Maquiavelo y Weber, el primero hacía alusión a
una necesidad del príncipe no solo de ser temido,
objetivo que se lograba a través de la violencia, sino
también de ser amado, por lo tanto, la violencia no es
el único mecanismo, es solo uno de tantos, el
príncipe necesita valerse de diversas estrategias que le
permitan hacer que el pueblo se apegue a él, lo
necesite, conciba en su imaginario, que el trasegar de los
asuntos públicos no es posible sin la presencia de su
príncipe. Por su parte Weber, considera la legitimidad
como el soporte del éxito de cualquier tipo de
dominación, ya sea carismática, racional o
tradicional. Véase en: MAQUIAVELO, Nicolás. El
príncipe. Ediciones universales. Bogotá.
2001.

[7] Sobre esto último el aporte de
Parsons es grosso modo iluminador: “Los procesos de
negociación e implementación que forman parte
nodal de las modalidades corporativistas de formulación
de políticas se caracterizan por la imposición
arbitraria de políticas estatales a través de
organizaciones de intereses, sin ningún tipo de
negociación previa” El neocorporativismo como
enfoque para las políticas públicas es
desarrollado en: PARSONS, Wayne. “Políticas
públicas: una introducción a la teoría y a
la práctica del análisis de políticas
públicas”. Traducción de Atenea Acevedo.
México: FLACSO. Sede Académica de México,
2007.

[8] La teoría de resolución de
conflictos, propone cinco paradigmas para construir paz, estos
son: el realismo político, el derecho, la no violencia,
la resolución de conflictos y la transformación
de conflictos. En el caso específico de las comunidades
Nasa, el dilema giraba en torno a la utilización de dos
paradigmas distintos, por un lado había una
facción inclinada hacia el realismo político
(búsqueda de la solución a través de la
preponderancia del actor más fuerte, a través de
una confrontación física) y una no violenta
(búsqueda de la transformación de ambos actores a
través de la utilización de mecanismos
simbólicos); de esta manera desde las dinámicas
de las acciones colectivas, se evidencia de fondo el debate por
la escogencia de una forma determinada. Para profundizar en
teoría de conflictos ir a: FARRE, SERGI. Gestión
de conflictos. Un enfoque socioafectivo. Ariel. Barcelona.
2004.

[9] Lo anterior se desprende de: HOPENHAYN,
Martín. La participación y sus motivos. Revista
voces. Pp. 48 – 52.

[10] Ibíd. Pp. 54.