Era el año 2010, Miguel Ángel Cabezas de
Herrera, otrora Síndico de Cuentas de Castilla La Mancha,
manifestaba "lo que se conoce como sociedad civil es quien mejor
puede articular el control y la prevención. Estudiando,
reflexionando, proponiendo, exigiendo y moviendo la voluntad
política. Forcemos entre todos, cada uno en nuestro
ámbito una mayor transparencia, una mayor accesibilidad a
los asuntos públicos, una nueva jerarquía de
valores (…) Hay razones para la
esperanza"[1]. Sin embargo, el 24 de abril del
2014, la esperanza languideció al suprimirse por ley la
Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha, y la revista
Auditoría Pública, órgano de
expresión de los tribunales autonómicos de cuentas
de España, enmudeció.
Dado que la supresión del primer Órgano de
Control Externo (OCEX) no fue reportado en las últimas
noticias de su página web, un suceso relevante, aunque
para la revista no lo fue. Como tampoco resultó importante
para el mundo de la auditoría y fiscalización, la
advertencia de José Antonio Gonzalo, presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, "la
auditoría corre el riesgo de desaparecer si no se
demuestra su interés social"[2]. O, la
conclusión del V Congreso Nacional de Auditoría en
el Sector Público, derivada del grupo de trabajo "El
modelo de Control Externo en España ¿Necesidad de
una transformación profunda?" al señalar, "En
definitiva, se concluyó que estas instituciones o se ponen
al frente de las aspiraciones ciudadanas como instituciones que
garanticen la transparencia, el control financiero y legalidad de
la gestión pública o corren el riesgo de
desaparecer"[3].
Luego, se cumplió el presagio, y ha comenzado el
cierre de su breve historia (Navarra, primer órgano de
control creado en 1980). Y, paradójicamente, en la
Universidad de Castilla La Mancha, se llevó a cabo un
curso sobre "Gestión pública y responsabilidad
pública en tiempos de crisis", donde se ha examinado los
principales retos de los Órganos de Control Externo en
España, y Antonio Arias en su post agrega "Ya hemos
comentado aquí el retórico –por no llamar
engañoso- debate de la duplicidad" (www.fiscalizacion.es,
Reflexionando sobre la rendición de cuentas, 9 de junio
del 2014). Entonces, lo anterior pareciera la opinión o
comentario acertado o verdadero, sobre todo porque distinguidos
profesionales del derecho y fiscalización han expresado
que el Informe de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA) en cuanto base de
suprimir organismos de control es un artilugio o desatino, un
retroceso en las instituciones democráticas o de politizar
el control, entre otros señalamientos. Pero, ¿no
será que en estos tiempos de crisis se está
soslayando la crisis del pensamiento en la auditoría
pública y en los organismos de control?
Al mantenerse firmes sin cambios de rumbo, tal como
examinar los retos cuando su órgano de
fiscalización ha desaparecido de la comunidad. Lo que
indica que no les importa el hecho, dado que finalmente, pase lo
que pase, insisten en repasar el cumplimiento de las obligaciones
en las corporaciones locales. Insistencia que no solamente ha
resultado tardía sino que evidencia la construcción
de sus cimientos o fundamentos a destiempo. Por ejemplo, se
informa el 10 de abril de 2014, en el portal de la revista
Auditoría Pública: Las Instituciones
Públicas Españolas de Control Externo adaptan las
normas internacionales de fiscalización pública.
Agregando, "pueden ya guiar su actuación por un conjunto
homologado de principios, normas, exigencias técnicas y de
calidad en el ejercicio de la función fiscalizadora
(…) Esto conllevará una mejor percepción
respecto al valor y beneficio del trabajo". O sea, ahora
sí, se conocerá su importancia y
utilidad.
Examinemos lo anterior. En principio, la
adaptación de las normas internacionales fue una
decisión reactiva (no proactiva), puesto que en la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) y en su documento básico, La
Declaración de Lima, el Tribunal de Cuentas de
España ha tenido un papel destacado como miembro fundador
y promotor, y tardarse veinte o treinta años (según
la creación de cada OCEX) a homologarse, solamente se
explica ante la amenaza de su supresión, y más que
actualizarse se ha buscado protegerse bajo la sombra de la
conformidad internacional.
Y la concepción que persiste no obstante las
crisis y cambios, la creencia que la auditoría y
fiscalización tienen un valor per se. Por ello, no resulta
extraño ni tampoco es coincidencia que en las entrevistas
de los últimos dos números de la revista
Auditoría Pública se resalte la utilidad de los
Organismos de Control. Por ejemplo, Andreu Mas-Colell, comenta
"Debemos acercar las instituciones a los ciudadanos y hacer
más transparente la gestión pública. Es
necesario que se sepa perfectamente que tarea llevan a cabo los
organismos públicos"[4]. O, Ralf Seibicke,
Presidente de Eurorai y Presidente del Tribunal de Cuentas del
Land Sajonia-Anhalt, donde refiere haber enviado la
declaración (del 18 de octubre de 2013) a los parlamentos
autonómicos españoles, así como al Congreso
de los Diputados y al Senado, para apoyar el control externo
regional de las finanzas, "este control se debe aplicar
necesariamente in situ, esto es, por parte de entidades
regionales públicas e independientes (…) no hacemos
auditorías en beneficio propio, sino siempre en
interés del contribuyente, y con ello también en
interés de la mayoría de los
votantes"[5].
Así, la cuestión en la
fiscalización pareciera reducirse a, que se sepa, tal como
lo ha señalado el Consejero de Economía y
Conocimiento de la Generalidad de Cataluña. O, "que los
principales actores que participan en una gestión de
gobierno democrático –legisladores, gobiernos,
funcionarios públicos, la sociedad civil y el
público – comprendan, reconozcan, acepten y apoyen
los principios fundamentales a los que deben ajustarse las EFS en
el cumplimiento de sus mandatos"[6]. Dado que
"muchas de las actuaciones en la fiscalización
continúan permaneciendo en un mundo desconocido para la
mayor parte de la sociedad"[7], como afirmó
Manuel Núñez Pérez, Presidente del Tribunal
de Cuentas. Por esto, Luis Muñoz Garde, Presidente de la
Cámara de Cuentas de Navarra, desde el año 2007,
manifestaba "Nuestro planteamiento es que los ciudadanos tienen
derecho a conocer cómo se gestionan los fondos (…)
Nuestro deber es, por lo tanto, facilitar esa
comunicación"[8], en refutación a la
aseveración de que "Las instituciones de control siguen
viviendo de espaldas a la comunicación " (formulada en el
trabajo, La comunicación asignatura pendiente de las
instituciones de control, de Fermín Erbiti Zabalza, en la
revista Auditoría Pública, número 30, junio
2003). Por lo que, Luis Muñoz, refutó "yo creo que,
afortunadamente, ese diagnóstico del año 2003, no
vale para describir la situación actual".
Pero, Antonio Álvarez Martín (Interventor
Administración Local y ganador del primer premio del XV
reconocimiento de los OCEX) apuntó, las muchas entidades
de fiscalización "que existen en España tienen la
ocasión de sacudirse el letargo tradicional que padecen.
Ignoradas por el ciudadano"[9]. Luego entonces, la
información (vía estrategias de
comunicación) acerca de las actividades e importancia de
los organismos de control ha sido de poco o nulo avance, aunque
Antonio Arias, afirme "Ahí está el modelo
(…) de la incuestionable Cámara de Comptos de
Navarra. Pero hay muchas más que han hecho un gran
trabajo, oportuno y riguroso"[10]. Luego si fuera
cierto, por qué el Informe Anti-corrupción 2014 de
la Comisión Europea, que ha hecho especial hincapié
en los escasos controles a los que están sujetos las
Comunidades Autonómicas y las Corporaciones Locales a la
hora de ejecutar el gasto público. O, recientemente el
Barómetro de los Círculos. Iniciativa impulsada por
el círculo de economía y el círculo de
empresarios Vascos, ha indicado "todas las dimensiones del
funcionamiento de las AAPP aparecen con valoraciones negativas,
siendo las peores las de corrupción y eficiencia del gasto
público (blog espublico.es, 16/06/2014).
Como también la lucha resultó infructuosa,
tal la cita de Pilar Jiménez Rius, sobre que, el Rey Juan
Carlos I de España, señaló "Las Entidades
Fiscalizadoras Superiores son una referencia imprescindible para
la realización de los valores contenidos en la
Constitución" y la Letrada del Tribunal de Cuentas,
agregó "Luchemos pues porque así
sea"[11]. Puesto que la desaparición del
primer OCEX ha evidenciado su prescindibilidad. Como
también el esfuerzo solicitado por Miguel Ángel
Cabezas de Herrera fue inútil. Dado que su Sindicatura
desapareció y la sociedad civil no movió la
voluntad política para un mayor acceso a los asuntos
públicos. Y tampoco resultó acertada la
opinión de Ángel González-Malaxetxebarria
(especialista internacional en gobernabilidad, gestión
financiera y auditoría), sobre la supresión de los
órganos de control en cuanto a, "Nos encontramos ante una
auténtica emergencia de la función controladora
(…) No, señores gobernantes. El problema de
deficientes –en algunos caso, escandalosas- actuaciones de
organismos de control autonómicos, y las
minusvalías que afectan al Órgano Superior de
Control, ambos responsables de evaluar la utilización
honesta, sabia y eficaz de los recursos del Estado, no se arregla
eliminándolos, sino
fortaleciéndolos"[12]. Puesto que no se
decretó ningún estado de excepción ni
tampoco surgió la indignación popular para
manifestarse en contra de la desaparición de los OCEX, y
mucho menos fue un suceso imprevisto, al referir que se
advirtió. Más, ¿Por qué el llamado de
lucha de Pilar Jiménez y de esfuerzo de Miguel A. Cabezas
no provocó resultados? O finalmente, ¿Para
qué han servido tantos congresos, cursos, foros y
seminarios que han "debatido" los desafíos, retos y las
reformas en los organismos autonómicos de
control?
Por lo anterior, se requiere afirmar que llegó el
tiempo de examinar las creencias y pensamientos que han
determinado el curso de la auditoría y
fiscalización actual. A través de la epojé
griega, procedimiento que consiste en poner en duda las creencias
y pensamientos a efecto de comprender la realidad en la cual se
está inmerso. Nada de prejuicios, nada de esquemas
preventivos, rasguemos el velo de las apariencias y accedamos a
suspender el juicio a efecto de deliberar en libertad.
Un camino, Antonio Arias ha insistido que es
retórico el debate de la duplicidad (en relación a
la supresión de los organismos de control), sin embargo,
el portal de la revista Auditoría Pública, informa
el 2 de mayo del 2014, en últimas noticias informa, "Los
órganos de control autonómicos y el Tribunal de
Cuentas acuerdan mejorar la coordinación y evitar
duplicidades en las fiscalizaciones de ámbito local". Por
lo que, independientemente de las atribuciones y competencias de
cada cual, de facto reconocen que, sí existe duplicidad.
Además el Síndico de la Sindicatura de Asturias,
llama al debate engañoso. En consecuencia, si se entiende
por debatir el análisis o examen minucioso de una materia,
efectivamente el debate resultó un engaño. Como
falaces han sido las respuestas, por ejemplo a la pregunta,
¿Ante la crisis de confianza que sufren las instituciones
públicas, qué medidas considera urgente adoptar?
Andreu Mas-Colell, responde "Debemos acercar las instituciones a
los ciudadanos y hacer más transparente la gestión
pública"[13]. Asimismo el Presidente de
Eurorai en su entrevista a la revista Auditoría
Pública, declara "este control se debe aplicar
necesariamente in situ"[14]. Y como no existe
historia (en estricto sentido) de la auditoría
pública y fiscalización, la recuperación de
declaraciones y eventos es tarea primordial para construir la
memoria colectiva que permita estudiar el devenir del
fenómeno de la auditoría y
fiscalización.
A partir de los escándalos de Enron, World Com,
Xerox, entre otros, el Presidente de la Auditoría General
de la Nación de Argentina señalaba la profunda
crisis de los órganos de control, e insistía "Para
recobrar la confianza pública la auditoría debe
situarse en un espacio mucho más cercano a la comunidad.
Es importante que la gente advierta que quien audita defiende sus
intereses y que el resultado de esa tarea lo
beneficia"[15].
Y después de doce años se continúa
insistiendo que la auditoría defiende el interés
del ciudadano (premisa indubitable) pero se ha evadido debatir
públicamente en qué consiste la crisis en los
organismos de control. Por ejemplo, Mario Alonso Ayala,
Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, en su blog afirma "Es evidente el indudable
interés público de la profesión auditora"
(La nueva ley de auditoría de cuentas, comentario, 19 de
julio de 2010). Posteriormente en entrevista se le
preguntó, ¿Cómo está afectando la
crisis a auditores y firmas de auditoría? Y Mario Alonso
respondió, "La crisis nos está afectando desde tres
vertientes. Por una parte ha implicado una importante
reducción de los ingresos, causada por una
disminución de la actividad y por la rebaja de honorarios.
Por otro lado, estamos sufriendo la crisis como empresas: falta
de liquidez, morosidad, aumento de la competencia, incremento de
costes para el aseguramiento de nuestros propios riesgos
profesionales, etc. Y por último se ha incrementado los
gastos, ya que las firmas de auditoría y los auditores
individuales hemos tenido que adaptarnos a los cambios normativos
que se están produciendo en los últimos
años"[16]. Es decir, no obstante el
"incuestionable" interés público de la
auditoría, la crisis "nos" está afectando en
dinero, dinero, y por último en dinero. Éste
pensamiento no es una expresión individual sino refleja
una creencia compartida en el mundo profesional de la
auditoría y fiscalización, responde a las demandas
del mercado, de los grupos de poder, y se ha sostenido porque la
educación se ha guiado en beneficio de una minoría
en detrimento de la mayoría.
Luego, sí la "res publica expresa la idea de
algo que pertenece a todo el mundo"[17]. Y
sí la auditoría privilegia el secreto. Entonces, la
auditoría no responde al interés
público.
Pero reconocer lo anterior enfrenta los
condicionamientos de la época, las creencias compartidas y
los intereses implícitos de quienes detentan el monopolio
de su saber. En consecuencia, los numerosos eventos que han
abordado la reforma en los organismos autonómicos de
control o la discusión sobre la responsabilidad
pública, sus esfuerzos, demandas o luchas no se han
traducido en verdaderos retos porque no han analizado, discutido,
comprendido, ni acordado los ejes mínimos hacia los cuales
se debería reorientar el proceso educativo de la
auditoría y fiscalización. Pero mientras se
justifique o interprete que la formación profesional de
los auditores cumple con las condiciones indispensables para
afrontar los desafíos de la actualidad, como lo ha
expuesto, Andreu Mas- Collel, al preguntarle, ¿Cuál
tiene que ser el papel de la universidad en el camino de salida
de la crisis? Responde, "Cataluña cuenta con una buena
base para convertirse en una economía creadora de
conocimiento y, en parte, es gracias al progreso que han
realizado las universidades catalanas. Ocupan las primeras plazas
en investigación y docencia a nivel estatal y, a nivel
internacional, empiezan a marcar tendencia. El Govern apoya
plenamente esta apuesta por la calidad y por eso ha
reestructurado la oferta universitaria de grados y máster,
para aumentar la eficiencia garantizando un modelo inclusivo.
Además, se ha desmarcado tanto como ha podido del marco
normativo uniformista dictado por el Gobierno español que
representa un freno a la competitividad de nuestras universidades
con respecto a las europeas"[18].
Y sí se afirma que ha habido un progreso,
reestructuración, eficiencia y garantía con
respecto a la enseñanza referida a la auditoría y
fiscalización, éstas se encuentran en un
callejón sin salida, Porque han desaparecido firmas de
auditoría, y ahora comienzan a desaparecer órganos
de control, en un horizonte colmado de cuestionamientos acerca de
su independencia y su valor. Por lo que está en juego no
solamente la práctica que debiera otorgar certeza a la
ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos y
de su evaluación sino que persista la esperanza que
coadyuve su actividad a lograr una mejor sociedad.
Para ello debe surgir la necesidad de reconocer la
crisis en la auditoría y en las instituciones de
fiscalización, en su carácter global o general,
dejando de lado la defensa a ultranza de su ámbito o
reducto particular, de empeñarse en reformas que no
cuestionan las creencias, dogmas o supuestos, y se evada la
búsqueda de profundas soluciones.
Pero, cómo se revisará el sistema
educativo de la auditoría y fiscalización, de
buscar nuevos caminos para que la práctica docente
abandone un paradigma que no ha desarrollado la responsabilidad
pública en los auditores y sus estudiantes, que se les
imparta informaciones y conocimientos hechos, sin la menor
posibilidad que sean debatidos y cuestionados, donde no se
incentiva a examinar sus fundamentos ni generar nuevos
planteamientos; sí los actuales profesores, representantes
de asociaciones e instituciones de auditoría y
fiscalización sean los modelos imitables para los
estudiantes, y sus "verdades" se hayan convertido para la
sociedad en incuestionables; y así, quizá, nos
encontremos con el fin de la esperanza en la auditoría y
las instituciones de fiscalización.
Autor:
Mario Alberto Gómez
Maldonado
[1] www.auditoriapublica.com, Sobre
corrupción y transparencia, Número 50, abril
2010, p. 14.
[2] www.20minutos.es, 09.09.2010.
[3] www.auditoriapublica.com, Número
59, abril 2013, p. 18.
[4] www.auditoriapublica.com, número
61, entrevista, diciembre 2013.
[5] www.auditoriapublica.com, número
62, entrevista, mayo 2014.
[6] Cita del artículo
¿Confían los ciudadanos en las entidades
fiscalizadoras superiores? (II) de Pilar Jiménez Rius,
Letrada del Tribunal de Cuentas, expansión.com,
11-04-2008. Del ex Contralor de la EFS de Canadá, D.
Dessautles, Independencia y responsabilidad de las EFS,
INTOSAI, Proyecto sobre independencia de las EFS, 31 de marzo
de 2001.
[7] www.auditoriapublica.com, número
49, Transparencia e instituciones de control, noviembre 2009,
p. 11.
[8] www.auditoriapublica.com, número
42, Control externo: Parlamento y opinión
pública, julio 2007, p. 11.
[9] www.auditoriapublica.com, Control
externo: de la simulación a la excelencia. Propuestas,
número 57, julio 2012, p.85.
[10] www.fiscalizacion.es, El retórico
debate de la duplicidad, 25 de julio de 2013.
[11] www.expansion.com ¿Confían
los ciudadanos en las EFS? (II), 11.04.2008.
[12] www.cincodias.com, Reforma
drástica (no supresión) de los tribunales de
cuentas, Ángel González M., 30-10-2013.
[13] Ídem, entrevista, número
61.
[14] Ídem, entrevista, número
62.
[15] www.agn.gov.ar, Una economía sana
no puede funcionar sin controles, artículo publicado
Diario Clarín, 30/07/2002, p. 19.
[16] Revista Auditores, número 20,
diciembre de 2013, p. 21.
[17] Sartori, G. Teoría de la
Democracia, 1993, p. 357.
[18] www.auditoriapublica.com Número
61, diciembre 2013.