Contrastes en el interior del régimen petrolero

Primera parte

En otra parte, habíamos afirmado que los enorme
esfuerzos hechos en los años 1974-78, bajo el lema de
La Gran Venezuela, plasmados en el V Plan de la
Nación, y que tenían como respaldo financiero la
enorme cantidad de recursos que generó el choque petrolero
de esos años, fueron precipitados, mal planificados y peor
ejecutados. Esos esfuerzos se concretaron en la voluntad de
construir una economía post-petrolera sobre dos ejes: la
aceleración del desarrollo del polo industrial de Guayana
y la nacionalización de la industria petrolera. Esto
significó una profunda modificación del modo de
desarrollo establecido. En efecto, por una parte, la
conversión y constitución del sector público
en el eje principal del proceso de industrialización
trastornó la relación
Estado-.economía tal como había sido formulada
hasta entonces: una economía mixta, con un Estado
promotor del sector privado mediante varios estímulos
como la política de sustitución de importaciones
(ISI) mediante la protección arancelaria y
para-arancelaria, vía las licencias de importación,
créditos a tasas aceptables, facilidad en la
obtención de divisas, la implantación de parques
industriales, etc. Por otra parte, la absorción de la
industria petrolera por la esfera estatal transformó los
fundamentos del régimen petrolero, es decir, la
entente y el modo de regulación de las relaciones
Estado-compañías extranjeras. De esta manera, las
dos formas institucionales, verdaderos pilares o pivotes de la
regulación macroeconómica venezolana fueron
reconfigurados. Hacemos aquí un juicio de hecho y no de
valor .Sobre todo, porque la nacionalización de la
industria era una vieja aspiración del nacionalismo
venezolano ya desde la época del "trienio"(1945-48), donde
la ideología socialdemócrata, muy cercana la
socialismo, de Acción Democrática, era la que
respiraba el pueblo venezolano…mas no todos los militares
de aquella circunstancial y equívoca alianza.

En economía, estos cambios institucionales
significativos suelen ser como un viento fuerte que levanta en el
mar una larga columna de olas de gran tamaño que
desafían a los surfistas más hábiles. Se
requiere de gran pericia para no ser devorado por el intenso
oleaje. Así tiene que suceder con los dirigentes de las
economías que sufren mutaciones importantes.
¿Tenía esa pericia y visión de mediano y
largo plazo los dirigentes venezolanos de ese u otros
períodos por venir? No lo creemos, a juzgar por los
resultados obtenidos hasta el presente. En efecto, a raíz
de los cambios mencionados se desataron y fueron creciendo con el
tiempo, en el interior mismo del régimen petrolero, una
serie de contradicciones que, desde luego, repercutieron en toda
la sociedad venezolana. Agruparemos esas contradicciones en tres
series: 1) un triunfo de la ideología rentista desde
mediados de los años1970 hasta inicios de los años
1990. 2) Bajo el segundo mandato de Caldera, la política
giró hacia el aumento de la producción, lo que
continuó, por vías radicalmente, durante el largo
período que lleva Chávez. Llamamos a esta serie el
paso de la apertura a la renacionalización. 3) la continua
disminución progresiva de la capacidad de arrastre del
régimen petrolero sobre el resto de la
economía.

El triunfo de la
ideología rentista (1973-1992)

La situación de la industria petrolera se
había deteriorado considerablemente cuando PDVSA
asumió su control total. Desde 1970, la producción
había caído en 37% principalmente por la
desinversión de las compañías extranjeras y
el agotamiento de yacimientos sobre-explotados desde los
años 1950(Riquezas, 1986; Mommer, 1996). Ante la
política de apropiación creciente de la renta de
los gobiernos democráticos (1958-1998), la estrategia de
las transnacionales petroleras – es decir, extraer al
máximo con un mínimo de inversión, a la
espera del fin de las concesiones – había terminado por
tener un alto costo en términos de dinamismo y de
capacidad de producción. Por tal razón, las
costosas inversiones de los años 1976-82 fueron destinadas
no sólo a reponer el sector en sus niveles precedentes
sino, además, a modernizar los equipos productivos, a
aumentar considerablemente la capacidad de refinación y a
renovar la flota comercial (Núñez y Pagliacci,
2007). Respecto a la producción, el nuevo holding
del sector público apenas logró mantener
volúmenes cercanos a los de 1975, hasta 1981.
Después, entre 1981 y 1985, la producción
cayó a niveles excepcionalmente bajos, que
retrocedían al país a los volúmenes
producidos en 1951en términos absolutos y de 1933 en valor
por habitante

Esta lentitud tan acentuada correspondió al
triunfo de lo que Mommer (1996), Baptista (1997), Silva Michelena
(2003,2006) y otros denominaron como ideología
rentista del Estado Venezolano. Esta doctrina se fundaba
sobre un temor, el del agotamiento del recurso, y sobre
el deber que llamaba a la nación a no dejar
escapar esta riqueza petrolera pasajera a fin de
desarrollar la economía no petrolera. Resonaba así
el eco del inolvidable (y mal interpretado) artículo que
en 1936 había escrito Uslar Pietri en el diario
Ahora, setenta años atrás. El hueso del
razonamiento consistía en preparar la salida de la
especialización petrolera, financiando aquellos sectores
que podrían tomar el relevo y "sostener la prosperidad
futura" (Mommer, 1996).

Esta "psicología rentista" era
justificada por tres factores. Primero, los dirigentes del
país tenían la convicción de que en el curso
de los decenios precedentes, el precio del barril era fijado
voluntariamente a un nivel muy bajo por las transnacionales
petroleras. Segundo, esos dirigentes consideraban que la
sobre-explotación del petróleo venezolano
había dejado al país sumido en un potencial futuro
reducido y declinante. Tercero, la clase política
había percibido siempre a la industria petrolera como un
sector no sólo extranjero sino también
extraño a los intereses nacionales, como un enclave, cuyas
perspectivas en términos de puesta en acción de una
red de desarrollo industrial era muy limitada.

Juan Pablo Pérez Alfonso fuel "padre" de una
doctrina que puede resumirse como una estrategia agresiva de
precios a una estrategia de volúmenes muy
conservadora. En otras palabras, el objetivo consistía en
maximizar la "renta de la tierra" (Mommer, 1996) para
tratar de prolongar la vida y duración de las reservas y,
recíprocamente, sostener los precios en el mercado mundial
limitando el crecimiento de la producción, e incluso
disminuyéndola. Estos son los fundamentos de toda la
política petrolera de Venezuela desde mediados de los
años 1970 hasta los años 1980. Según datos
recientes, esta política rentista
continúa.

Gráfico I

Evolución de la
producción y de los ingresos fiscales por habitante
(1970-2002)

Fuente: Baptista (2005) y cálculos propios sobre
datos de BP (2008).

Sin embargo, el cálculo de los políticos y
sus asesores, que apostaban al mantenimiento de precios altos en
los años 10970, fu erróneo. Si es cierto que
durante ocho años (1973-81) el ingreso fiscal petrolero
alcanzó niveles record al mismo tiempo que la
producción disminuía rápidamente, esta
dinámica llegó a su fin, de manera abrupta, desde
1982 (Gráfico I). La excesiva política de
sostén de los precios, con el propósito de
maximizar la renta, no fue más que un éxito
pasajero. El curso de los precios petroleros alcanzaron,
ciertamente, niveles excepcionales, mas contrariamente a las
esperanzas de los países de la OPEP, esos precios tan
elevados originaron la reducción de la demanda de los
países importadores. Esta demanda tardó un decenio
en retomar su nivel de fines de los años 1970 (BP,
2008)

El contra-choque de los años 1980 y el
mantenimiento de precios bajos hasta 2003, pusieron al desnudo el
error político de los dirigentes venezolanos y sus
asesores. Por una parte, la disminución de la
producción terminó por repercutir pesadamente sobre
la renta captada por el Estado y, por otra parte, el país
perdió rápidamente su cuota de mercado ante el alza
de la potencia de los nuevos productores. Con relación a
esto, el recorrido venezolano comparado con el saudita habla por
sí mismo.

Los resultados de esta política ponen en
evidencia lo que Mommer (1996) describía como "la
perspectiva rentista limitada". Puede considerarse que, a
largo plazo, al frenar voluntariamente a su "gallina de los
huevos de oro", el Estado venezolano amputó la palanca en
la que residía su poder de arrastre de la economía
del país. A fin de cuentas, la trampa de la
ideología rentista atrapó a Venezuela.
Irónicamente, el apogeo de la estrategia conservadora en
materia de volúmenes, tuvo lugar en el mismo momento en
que se descubrían nuevos yacimientos, que duplicaron las
reservas probadas del país. Se activó así un
círculo vicioso, en el cual el Estado no disponía
de los ingresos necesarios para financiar una nueva
expansión petrolera, precisamente porque su
política anterior se había basado en la
maximización de la renta por barril y la
minimización de los volúmenes
producidos.

Segunda parte

Desde fines de los años 1980, el Estado
venezolano, acosado por los déficits fiscales y la
carencia de recursos, venía tratando de aumentar la
producción petrolera del país ya que los precios se
mantenían a niveles relativamente bajos en relación
con las necesidades financieras de la industria y de la
nación.

De la reapertura
a la "renacionalización"

La carencia de recursos de capital, ya mencionada,
conllevó a inicios de los años 1990 a que el
gobierno considerara la posibilidad de reabrir el sector a los
capitales privados. Entre 1992-93 se hicieron varios estudios y
se realizaron largas consultas en el país con los agentes
económicos interesados, nacionales y extranjeros, y con la
comisión pertinente del Congreso Nacional, que entonces
era bicameral. Se definieron, por esta vía, nuevas
modalidades de asociación entre las
compañías extranjeras y PDVSA. En particular, se
definieron dos tipos de alianza. En efecto, surgieron así
las asociaciones estratégicas y los acuerdos
operativos.

Las primeras debían desarrollar la
producción en los yacimientos de la faja
petrolífera del Orinoco. Para su comercialización,
el petróleo extra-pesado que allí se encontraba
exigía el establecimiento de un proceso de
extracción muy costoso, así como la
construcción de empresas de mejoramiento. En consecuencia,
el aporte de capital inicial y los costos de producción
eran muy elevados. En los años 1990 se acordaron cuatro
asociaciones estratégicas, dos en 1993 y dos más en
1997. En estos proyectos, la participación de PDVSA era
variable aunque minoritaria (Mommer, 2004).

Por otro lado, los precios del petróleo oscilaban
entre niveles bastante bajos (14,7 y 22,7 dólares de
2005); esta situación, sumada a los costos de
producción estructuralmente elevados, conducía a un
cuadro de rentabilidad más bien mediocre para la
explotación del petróleo extra-pesado. Esto
explica, en gran parte, la débil tasa de imposición
que se aplicaría a las asociaciones. En efecto, en vez de
pagar el 16,7% de royalties y el 66,7% del impuesto
sobre la renta que pagaba PDVSA, las compañías
asociadas habrían de pagar, respectivamente, el 1% y el
34% (Mommer, 2001).

Los acuerdos operativos fueron negociados en
tres sesiones, que tuvieron lugar en 1992, 1993 y 1997. Su
objetivo inicial era recuperar numerosos yacimientos
tradicionales convertidos en marginales desde que las
multinacionales los habían abandonado desde los
años 1960. En total, se firmaron 31 acuerdos con
compañías privadas, mayormente extranjeras, pero
también se asociaron capitales privados venezolanos que
tradicionalmente operaban en el sector con pequeñas y
medianas empresas; estas compañías asumieron el rol
de "contratistas" de PDVSA. La estatal venezolana se encargaba de
pagar los costos de operación y de depreciación del
capital que le facturaban las compañías, en tanto
que el Estado les ofrecía un estímulo fiscal que
reducía a la mitad el impuesto sobre la renta, es decir, a
una tasa de 34% (PDVSA,2006).

Gracias a estas dos modalidades y, en menor medida, al
esfuerzo propio de PDVSA, la producción de petróleo
comenzó a revitalizarse progresivamente. Entre 1993 y
1998, el número de barriles producidos por día
aumentó de 2.474 a 3.329 millones. La contribución
de las asociaciones estratégicas y de los acuerdos
operativos a este crecimiento fue de 56%. Aun así, el
país estaba lejos de su producción por habitante en
1970, 2,6 veces superior a la de 1998.

El proceso de reapertura, exitoso en casi todos sus
aspectos, se realizó bajo el segundo gobierno de Rafael
Caldera. Fue uno de sus pocos éxitos en ese período
(hay que agregar la aprobación de la Ley Marco de
Seguridad Social y el diseño de los sub-sistemas: salud
(HCM), vivienda, alimentación, paro forzoso,
educación, recreación, que nunca fueron discutidos
en el período siguiente).

El gobierno de Hugo Chávez Frías, iniciado
en enero de 1999, mantuvo este cuadro virtualmente sin cambios,
hasta 2001 cuando, amparado en una Ley Habilitante,
promulgó el Decreto-ley de Hidrocarburos. En ese
instrumento se dispuso aumentar la exacción fiscal a
través de los royalties pagados por las
asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco, que
pasaron de la tasa ubicada entre 1% y 16,7% a una tasa uniforme
de 30% (Mommer, 2002). Por su parte, los acuerdos operativos
sufrieron un violento aumento del impuesto sobre sus ingresos,
hasta situarlos en 66,7%. Conviene destacar que los precios
reales del petróleo venezolano habían aumentado en
68% a partir de fines de 1998, lo que mejoraba sensiblemente la
rentabilidad del sector y permitía una mayor
imposición. Por otra parte, y esto es muy importante, se
decidió que toda nueva asociación productiva con el
sector privado debía funcionar con una
participación mayoritaria del capital público, con
un mínimo de 60%.

El Decreto-ley de Hidrocarburos de 2006 y el
Plan de Soberanía Petrolera de 2007 se inscriben
en un contexto de choque petrolero muy pronunciado. El gobierno
definió entonces un nuevo marco en el cual todas las
asociaciones productivas fueron reagrupadas en la
única categoría de empresas mixtas. PDVSA
pasó así a ser el socio mayoritario en la totalidad
de las asociaciones según modalidades calcadas de la ley
de 2001, es decir, con un mínimo de 60%. El gobierno
calificó esta reforma como la
renacionalización de la industria. Aparte del
conflicto que suscitó con dos compañías
estadounidenses, Conoco-Phillips y Exxon-Mobil, el resto de los
asociados aceptaron sin hacer ruido migrar al nuevo sistema. En
2009 se contaban 31 empresas mixtas, con una participación
de PDVSA que ascendía al 63,1%. En ese año, tales
empresas contribuían con 24,8% de la producción
nacional.

La lectura de la Tabla I ilustra bien el cambio de
políticas que significó la
renacionalización. En 2005, los acuerdos productivos y las
asociaciones es estratégicas produjeron un 35,6 % del
total; nótese como a partir d esta fecha la
producción propia la estatal se estanca en torno a los 2,3
MMBD.

Tabla I

Perfil de la producción
petrolera venezolana 1999-2009

• (1) Producción en millones de barriles
  por día.

• (2) FPO = Faja Petrolífera del
  Orinoco

Fuentes: PDVSA (2004, 2005, 2009)

Hay varios aspectos que destacar en los dos gobiernos de
Chávez (1999-2010). Para comenzar, se destaca que antes de
la renacionalización, el sector directamente
gerenciado por PDVSA por un lado, y el de las asociaciones
productivas, por otro, han mostrado tendencias inversas. La
pronunciada pérdida de velocidad del primero contrasta
fuertemente con la vitalidad del segundo. En efecto, las
asociaciones han crecido en su producción a un ritmo
particularmente alto, como lo testimonia su tasa de crecimiento
anual media (TCAM) de 14,2% en el curso de los seis primero
años, es decir, entre 1999 y 2005. Cuando Chávez
fue electo por primera vez, este sector se encontraba en los
inicios de su expansión. Estaba colocado enteramente bajo
el control administrativo de las compañías, pero
todavía no pesaba mucho comparado con la producción
directa de PDVSA (ver cuadro anterior…). Sin embargo, en
poco tiempo, vino a ocupar un especio considerable en la
producción petrolera de Venezuela. En efecto, desde 2003,
ese sector contribuía con más de un tercio de la
producción. Desde el punto de vista productivo, este
éxito se explicaba principalmente por la entrada en
funcionamiento de la cuenca del Orinoco, que había sido
lanzada en el curso del decenio precedente. Desde l punto de
vista político, la expansión erosionaba la
ideología socializante y anti-imperio del régimen
que, por eso mismo, percibía que la
compañías extranjeras, al ganar en importancia,
ocasionaban un pérdida de soberanía nacional
(PDVSA,2006).

Al comprar la participación de los inversores
privados, el Estado se declaró en capacidad de aumentar la
producción asociada al 60%, hasta 2012 (PDVSA, 2005). No
obstante, un movimiento de contracción se activó
con la reforma de 2006. Aun antes de que las cuotas de la OPEP
fuesen disminuidas, en 2008, las nuevas empresas mixtas
habían ya perdido más de un cuarto de su
producción de 2005. La toma del control por PDVSA se
acompañó de un cierto deterioro productivo del
sector. Después de 2008, el Estado venezolano, en adelante
el único capitán a bordo, decidió
voluntariamente que la reducción de la cuota de la OPEP
recayera toda sobre la producción de las empresas mixtas,
para así evitar la disminución, de origen
estructural, de la producción exclusiva o propia de PDVSA.
Hizo esto porque el nivel de exacción por barril era en
PDVSA más elevado que en las asociaciones, y el
interés del gobierno era preservar sus ingresos
fiscales.

Por su parte, la producción exclusiva -o directa-
de PDVSA arrojó resultados claramente negativos. Entre
1999 y 2001, a pesar de que los precios eran un poco más
favorables que en los tres años precedentes, la
producción directa de la compañía estatal
disminuyó en 13%. A partir de la reforma de 2001, se
desató un conflicto entre una parte importante de los
funcionarios de PDVSA y el Ejecutivo nacional, que aspiraba a
administrar directamente la empresa. La confrontación se
hizo cada vez más tensa, lo que provocó grandes
marchas de apoyo a los gerentes de PDVSA; la marcha, cifrada en
más de 500 mil personas, fue pacífica, pero al
final, cundo faltaban unos 500 metros para llegar a su destino,
decidieron ir directamente al Palacio de gobierno, Miraflores, a
solicitar la renuncia de Chávez. Este reaccionó
activando el Plan Ávila y una contra manifestación
de sus partidarios.

El fuego cruzado fue intenso y hubo varias
víctimas, cuya cifra nadie conoce. Un grupo de militares
de alta graduación le solicitó la renuncia a
Chávez, "la cual aceptó", según palabras del
general Lucas Rincón. El desplazamiento de Chávez
fue efímero, y al tercer día retomó el poder
amparado sobre todo en el apoyo del general García
Carneiro, del ejército, y de Raúl Isaías
Baduel, jefe de la aviación. Pero la situación no
se calmó, y hacia fines de año se declaró la
huelga petrolera entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que
paralizó casi por completo la producción de
petróleo. Los grandes errores del grupo que tomó el
poder permitieron el regreso de Chávez y su
fortalecimiento; la huelga fracasó junto con l para
cívico general lanzado conjuntamente por FEDECÄMARAS
y la CTV. El resultado fue que Chávez mismo, desde un
programa radial, destituyó unos 18.000 trabajadores,
principalmente de los cuadros superiores, medios y
técnicos (Palma, 2011).

Estos acontecimientos tan críticos afectaron
seriamente la actividad de PDVSA, que nunca más pudo
regresar a sus niveles de producción directa de 2001. De
modo que a lo largo del período 1999-2009, la
declinación productiva de la empresa fue notable: -2,1% en
promedio anual.

Tal como lo expresó la propia empresa, toda esta
crisis preparó el advenimiento de la auto-denominada
nueva PDVSA que, en 2003-2004, lo cual se realizó
mediante su "subordinación al Estado, particularmente,
al Ministerio de Energía y Petróleo", y se
declaró su vocación de convertirse en el
"vehículo de la transformación social" del
país y la preparación de la reversión de las
privatizaciones (PDVSA, 2005). Por un lado, se hizo
pública y notoria la politización creciente de la
empresa. Si analizamos mejor los hechos, descubrimos que sus
lazos de subordinación se establecieron mas bien con el
partido en el poder, el PSUV, más que con el Estado. La
prueba es terminante: en 2006, el Ministro-presidente de la
compañía petrolera estatal, Rafael Ramírez,
declaró a todos los medios de comunicación que
"la nueva PDVSA [era] roja, rojita, de pies a
cabeza".

Por otro lado, la asignación de un papel central
a PDVSA n la gestión y financiamiento directo de las
políticas sociales de mayor interés para el
gobierno, remachaba el movimiento de subordinación
política al partido y su máximo líder, cuyas
relaciones con Fidel Castro como mentor de estas políticas
eran vox populi, nadie las ignoraba. Así, en 2004
la creación de Fondespa tenía por objetivo
emplazar una modalidad de transferencia directa de recursos
financieros de la compañía a los Planes de
Inversión Social decididos por el gobierno (Mares y
Altamirano, 2007). Además, hay que señalar que las
Misiones Sociales han sido igualmente financiadas
mayoritariamente por la empresa petrolera estatal. En el cuadro
que sigue (número….) puede observarse la
progresión de los compromisos sociales de PDVSA entre 2004
y 2009.

Tabla II

Evolución de los gastos
sociales y del aporte fiscal de PDVSA

Entre 2003 y 2009

(en millones de dólares
corrientes)

• (1) El Fondo de Desarrollo Nacional es
  gerenciado por el Ministerio de Finanzas con diversos
  objetivos de inversión social. Sirve principalmente
  para cubrir las carencias y sobrecostos ligados a toda suerte
  de proyecto de desarrollo productivo y social. En 2010-2011,
  contribuía con más de 200 programas.

• (2) Aportes fiscal y social.

Fuentes: PDVSA (2010)

Al tratar de maximizar los aportes de PDVSA a los
programas sociales, el Estado y su partido cerraron la vía
hacia el aumento de la capacidad productiva de la empresa.
Efectivamente, la brecha entre las proyecciones de la primera
etapa del Plan de Siembra Petrolera 2006-2030
(2006-2012) y la evolución real de la producción
habla por sí misma. (Gráfico II).

Gráfico II

Venezuela

Proyecciones de producción y
resultados de la industria petrolera (2009-2012)

Fuente: PDVSA (2005, 2010, 2011)

En total, en 2009, el país producía 67% de
lo que se había programado tres años antes, con
3.012 sobre 4.488 millones de barriles por día (MMBD).
Según PDVSA, ese año la capacidad de
producción de la empresa se situó en 3.524 MMBD. En
2010, el gobierno volvió a sus proyecciones iniciales al
anunciar una nueva meta de 4.460 MMBD, en 2015, repartidos en
2.536 de capacidad de producción directa y 1.924 en las
empresas mixtas (PDVSA, 2010).

Según el BCV, el PIB petrolero creció en
un 0,3% en el tercer trimestre de 2011, sin embargo, los ingresos
petroleros subieron un 55% en el trimestre, debido al salto de
los precios del crudo el barril subió 47,8%, mientras que
los volúmenes exportados aumentaron 5%. En nueve meses los
ingresos por las exportaciones petroleras llegaron a 66 millardos
de dólares, 46% más que en 2010, cuando alcanzaron
45,4 millardos de dólares.. El Ministro de
Planificación dijo que "el motor petrolero apenas
está arrancando" y anunció que para el plan de la
Nación 2013 a 2019, "el motor petrolero tendrá
efectos de encadenamientos". Es increíble: después
de trece años en el poder, este ministro no ha comprendido
la dinámica del régimen petrolero de los
últimos tres decenios: la reducción o
pérdida de arrastre del sector, acentuada por la
política de soberanía absoluta y
maximización de la renta por barril. Este rentismo
nacional-socialistoide, ya lo saben todos, es anulado por las
enormes reservas que duermen en el subsuelo
venezolano.

Es necesario decir algo hacer del profundo cambio que
sufrió el Estado venezolano en su relación con el
resto de la economía. Desde 1920 hasta los inicios de los
años 1970, el Estado asumió expresamente el papel
de promotor de las actividades del resto de la
economía, que descansaban sobre la libre iniciativa y la
propiedad privada. El gasto público se incrementó
considerablemente a lo largo de ese período y, a
través de él, se distribuía la renta
creciente a lo largo de tres circuitos, a saber: 1) la
modernización de u país cuyo atraso era proverbial;
eso significó la construcción de todo tipo de obras
de infraestructura física, como carretera y autopistas que
integraron el país, obras de saneamiento urbano, rural y
ambiental, hospitales y muchos dispensarios de atención
primaria en salud, multitud de escuelas y ampliación de la
red de liceos de educación secundaria, edificación
de viviendas populares, mejora de los servicios públicos
en correos y telecomunicaciones,etc. 2) el estímulo
sostenido al desarrollo industrial y al comercio, con base en
subsidios, protección arancelaria y seguridad
jurídica; 3) la inclusión social por medio de una
alfabetización acelerada, y el aumento de la movilidad
social que ella conlleva, esto, a su vez, mejoró
sensiblemente los niveles de ingresos en un país que se
urbanizaba a gran velocidad, dando origen a una muy amplia clase
media. Desde luego, permanecías inequidades de ingreso y
sociales.

Hacia mediado de los años 1970, con el
advenimiento del gran boom petrolero, lanzamiento de la
Gran Venezuela, con su alud incontenible grandes inversiones en
Guayana y en petroquímica, rematados con la
nacionalización del petróleo, loe comandos de la
acumulación quedaron en manos del Estado que, desde
entonces, se convirtió en Estado productor. Las
grandes represas de hidroelectricidad, el mineral de hierro y la
siderurgia, la bauxita y el aluminio y, en menor medida, los
minerales no metálicos (cenento, cal…) fueron
agrupadas en un gran conglomerado, la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG), fundada en los años 1960 para
crear un polo de desarrollo poderoso, pues ya se conocía
bastante bien las propiedades de Guayana para servir a estos
fines. El Estado suministró así insumos baratos a
la industria nacional y extranjera establecida en el país,
de modo que la red interindustrial era maneja por un Gran
Maestro: el nuevo Estado productor que, sin embargo, no
eliminó del todo su aspecto promocional pues numerosas
industrias locales se beneficiaron de insumos relativamente
baratos que incentivaban la entrada al mercado.

También se desarrolló, aunque en menor
grado. Esas empresas, establecidas con en la ISI, en su etapa
fácil – mediano capital, tecnología disponible,
mano de obra poco calificada, corto período de
maduración – no tenían ni el conocimiento ni la
experiencia para competir en mercados internacionales ya
existentes, y carecían de la capacidad de crear nichos de
mercado. El objetivo de la economía post-petrolera estaba
en el horizonte de los políticos y aun de la clase
empresarial emprendedora, formada al calor de la curva de
aprendizaje generada por la ISI.

En 1979-80, el incremento de servicio de la deuda y,
desde 1981, el enfriamiento del mercado petrolero, se conjugaron
para hacer caer la fuerza de arrastre del Estado vía gasto
fiscal. Esto, sumado al crecimiento exponencial de los gastos
corrientes impidieron que el Estado regresara a sus actividades
tradicionales de promoción de la
economía.

A largo plazo, la lentitud petrolera no dio lugar al
surgimiento de nuevas fuerzas motrices de la economía,
justamente cuando se deterioraba su aptitud para suministrar un
financiamiento para el gasto público y la promoción
de la economía poe el Estado llegaba a su fin.

De hecho, se nota un efecto de primera línea,
ligado al empobrecimiento fiscal. Después de más de
treinta años, la recomposición del presupuesto a
favor del gasto corriente, condujo a una situación en la
cual las finanzas públicas parecían estar
consagradas, casi exclusivamente, al improductivo gasto
corriente. Y precisamente, numerosas investigaciones (que
mencionaremos más tarde) han demostrado el impacto
negativo que comporta el repliegue de la inversión
pública en el crecimiento de la economía. En este
sentido, se confirma lo que Carlos Quenan anunciaba en el
año 2000, a saber, que "la degradación de las
infraestructuras públicas constituye un verdadero cuello
de botella para el desarrollo del país"