Corrupción en la administración de justicia: ética y moral (página 3)

La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y
veracidad son virtudes que deben adornar cualquier
actuación del Abogado. Ellas son la causa de las
necesarias relaciones de confianza Abogado–Cliente y la
base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado
debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia,
con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando
secreto de cuanto conociere por razón de su
profesión. Y si cualquier Abogado así no lo
hiciere, su actuación individual afecta al honor y
dignidad de toda la profesión.

• d) Deber de Secreto: La obligación de
  procurar el arreglo entre las partes exige que la
  información no sea tendenciosa.

La Constitución reconoce a toda persona el
derecho a no declarar contra sí mismo, y también el
derecho a la intimidad. Ambos persiguen preservar la libertad y
la vida íntima personal y familiar del ciudadano, cada vez
más vulnerable a los poderes estatales y a otros poderes
no siempre bien definidos. El ciudadano precisa del Abogado para
conocer el alcance, la trascendencia de sus actos, y para ello,
debe confesarle sus circunstancias más
íntimas.

El Abogado se convierte así en custodio de la
intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no
declarar contra sí mismo. El secreto profesional y la
confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que
no constituyen sino concreción de los derechos
fundamentales que el ordenamiento jurídico reconoce a sus
propios clientes y a la defensa como mecanismo esencial del
Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su
cliente, con todas sus circunstancias, más todo aquello
que le sea comunicado por otro Abogado con carácter
confidencial, deberá mantenerlo en secreto.

Correspondiendo a los principios fundamentales de la
Abogacía se regulan las bases de las incompatibilidades y
de la publicidad personal. El Abogado no puede poner en riesgo su
libertad e independencia, su lealtad al cliente ni el secreto
profesional y por ello evitará ejercer profesiones o
desarrollar funciones que de modo directo o indirecto le creen
cualquier tipo de presión física o anímica
que pueda poner en riesgo su independencia o la revelación
de cualquier dato secreto que no solo podría perjudicar
intereses particulares de los clientes sino que, además,
afectaría gravemente a la confianza de los ciudadanos en
el derecho de defensa, y por extensión a todo el sistema
de garantías.

Debe dotarse de normas deontológicas a la
publicidad personal, actividad hasta ahora estatutariamente
restringida y que ha originado en los últimos años
una gran actividad reglamentaria aperturista en los Consejos y
Colegios. En el presente Código Deontológico se
establecen las bases de la publicidad personal del Abogado, solo
en cuanto afecta a la deontología profesional. La
publicidad respetará los principios de dignidad, lealtad,
veracidad y discreción, salvaguardando en todo caso el
secreto profesional y la independencia del abogado. La
función de concordia que impone al Abogado la
obligación de procurar el arreglo entre las partes exige
que la información no sea tendenciosa ni invite al
conflicto o litigio.

La independencia del Abogado está
íntimamente ligada con el principio de libertad de
elección. El Abogado es libre de asumir la
dirección de un asunto y el ciudadano lo es también
de encomendar sus intereses a un Abogado de su libérrima
elección y cesar en la relación profesional en el
momento que lo crea conveniente. Esta absoluta libertad,
podría poner en riesgo el propio derecho de defensa si
entre la actuación profesional de un Abogado y la de su
sustituto se produce un vacío de asistencia
jurídica efectiva.

Por ello, de la antigua institución de la
"venia", palabra que tiene varios significados, el que
nos interesa para ese trabajo, decimos que "Permiso o
licencia para hacer una cosa concedido por una autoridad",
conviene conservar la necesaria comunicación del sustituto
al sustituido pero encomendando a éste una responsable
actuación informativa, que ya venía sucediendo en
la práctica. Ello permite garantizar que el ciudadano no
quedará en indefensión entre la actuación
del sustituido y el sustituto, estableciendo un único
momento en el que cesarán las responsabilidades de uno y
comenzaran las del otro, y procurará, además, una
importante información al sustituto en beneficio siempre
de los intereses objeto de defensa.

• e) La Deontología Y La
  Ética.

Ética es la investigación general de lo
que es bueno, valioso, realmente importante, del sentido de la
vida o de lo que hace la vida digna de ser vivida, o del modo
correcto de vivirla, con el deber de querer comportarse mejor,
con juicio de valor relativo reducible a enunciados sobre hechos
y todas las proposiciones científicas verdaderas, todas
las proposiciones que puedan ser formuladas, los hechos descritos
se situarían en el mismo nivel y, de igual
modo.

La Ética al enfocar lo bueno y lo malo, son
atributos de nuestros estados mentales, un hecho que podemos
describir. La Ética es supranacional, y nuestras palabras
sólo expresan hechos, como una taza de agua sólo
contiene una determinada cantidad de agua, aunque se derrame un
galón sobre ella. En lo que concierne a los hechos y las
proposiciones hay sólo valor relativo y bien relativo,
corrección relativa.

La Deontología es el tratado de los deberes y
derechos forenses (ejercicio de la Abogacía,
Jurisprudencia y la Magistratura). "El camino correcto es el
que conduce a un fin arbitrariamente predeterminado y es
plenamente claro para todos nosotros que no tiene sentido hablar
sobre el camino correcto con independencia de tal fin
predeterminado".

El camino correcto que toda persona al verlo,
seguiría con necesidad lógica o se
avergonzaría de no seguirlo. Ningún estado de cosas
tiene en sí mismo lo que llamaría el poder
coercitivo de un juez absoluto.

• f) De la educación en el
  discernimiento del bien y del mal.

La escuela juega un papel primordial, sobre todo en el
reconocimiento y el respeto hacia unos y otros, en la apertura
hacia un mundo que está por construir, en el aprendizaje
del trabajo en equipo y en la difusión de una cultura de
la responsabilidad, de la solidaridad y de valores éticos
compartidos. La escuela está llamada no solo a instruir,
sino también a educar, tanto a través del
currículo explícito (las materias que se
enseñan y la didáctica disciplinaria), como a
través de todo lo implícito (las relaciones, los
espacios de intercambio, las actividades informales, la
didáctica en general). Para devolver la eticidad a la
escuela y la docencia superior es preciso partir de la
revaloración del estatus del maestro.

En el ámbito de los medios de
comunicación. Reconocemos la tremenda influencia que
ejercen los mismos (sobre todo el audiovisual) en todos los
ámbitos de la vida social. Para cumplir con su
misión de información, de opinión y
promoción de cultura, los medios de comunicación
deberán no sólo estimular el sentido crítico
de las personas. Sino también ser críticos consigo
mismos. Y tomar conciencia de su rol como formadores de la
conciencia pública.

En el ámbito de la Función Pública,
reconocemos la dificultad existente para lograr que ésta
sea asumida como una función de servicio. La
Función Pública antes que como una labor de
servicio es vista y aprovechada como un trabajo de supervivencia
personal, cuando no de beneficio propio. La motivación y
conducta de los servidores públicos peruanos
todavía está orientada a satisfacer una serie de
aspiraciones de corte familiar, amical y partidista. Antes que de
la colectividad y el Estado. Predomina así, una sociedad
de privilegios que desestimula el sistema de méritos. Esta
realidad tiende a empaparse de una fuerte inercia resistente a
los cambios. Consideramos que se deberá revalorar la
Función Pública y, en los casos pertinentes,
refundar organizacionalmente las instituciones sociales y
públicas.

1) La Familia.

Reconocer la contribución de la familia como
primer ámbito de formación ética y el primer
lugar de socialización del niño, del aprendizaje de
las regias de la vida en sociedad y del despertar de la
conciencia moral.

2) La Escuela.

Revalorar y dignificar la carrera del maestro,
contemplando niveles de ingresos dignos y facilidades para su
superación profesional. Enfatizamos esta
recomendación bajo el tema de la ética
pública, además del contexto de la reforma
administrativa, por considerar a la escuela un espacio
paradigmático para el ejemplo y guía de la
educación en valores.

Incorporar en la estructura curricular vigente, en el
Área Personal Social, un conjunto de competencias y
capacidades directamente relacionadas con la probidad y la
ética en el respeto y manejo de lo público. De
preferencia aplicando el Sistema de Casos, por ser hoy día
considerado como el más efectivo para el tratamiento de
los temas éticos.

Elaborar de forma compartida (cuerpo docente,
administrativo y educando) Códigos de Ética y de
conducta escolar, que sean aplicados y trabajados desde los
diversos Proyectos Educativos escolares.

Desarrollar programas que promuevan la formación
vivencial cotidiana de probidad e integridad en el manejo de lo
público que involucren a la escuela y la comunidad. Estos
programas serán espacios privilegiados para el aprendizaje
y ejercicio de los valores ciudadanos.

3) La Educación Superior.

Introducir cursos de ética profesional,
elaborados en base a casos, para los alumnos de universidades y
enseñanza superior.

4) Los Medios de Comunicación.

Abrir un debate nacional sobre la política del
Estado respecto a la regulación de las concesiones y el
uso del espacio radioeléctrico, teniendo presente la
experiencia reciente en el Perú y la legislación de
otros países del continente.

Que los medios de comunicación hagan suyas las
recomendaciones del Plan Nacional Anticorrupción y
desarrollen un plan de comunicaciones de fomento de la
ética, la integridad y los valores de la persona. Precisar
los criterios para la distribución transparente de la
publicidad estatal.

Considerar mecanismos de vigilancia ciudadana para hacer
valer el deber de cooperación de los medios con la
formación ética, cultural y democrática de
la ciudadanía y la contribución que en esta materia
debe brindar la publicidad en general.

g) La Función Pública.

Se aspira a crear y adoptar un Sistema de Integridad
Pública que contemple la elaboración de
códigos de conducta de los servidores públicos.
Para ello recomendamos tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Definir en forma colectiva los valores y
estándares éticos del sector
público.Garantizar que los valores y estándares
éticos sean asumidos por y los funcionarios y conocidos
por los ciudadanos.

Supervisar el cumplimiento de los valores y
estándares éticos en el funcionamiento de las
organizaciones públicas.

Asegurar que los sistemas de organización
vigentes apoyen la Integridad ética, transformando las
conductas inadecuadas en actos difíciles de cometer y
fáciles de detectar.

Determinar qué tipo de sanciones eficaces se dan
ante los actos de corrupción detectados y comprobados, y
qué servicios competentes encargados de la
fiscalización, la investigación y el enjuiciamiento
existen para descubrir faltas de integridad y
Ética.

Establecer y fortalecer mecanismos que faciliten la
vigilancia ciudadana sobre el comportamiento de los funcionarios
públicos.

El Sistema de Integridad Pública debería
ser fortalecido con la formulación de una Ley de Servicio
Civil que implique:

Un sistema de ascensos basado en el rendimiento y la
capacidad profesional. Con el fin de desarrollar condiciones
apropiadas para que el servidor público se profesionalice
y trabaje motivado a partir de incentivos adecuados (salarios
competitivos, capacitación permanente, etc.).

Un sistema de promoción y recompensas en el
sector público. Es necesario, para esto, organizar un
sistema o mecanismo público de reconocimiento y
recompensas por las conductas probas.

Un sistema de asesoría y evaluación
permanente. Se requiere un servicio de orientación o
asesoría permanente al servidor público y un
sistema de evaluación permanente de éste, tanto a
nivel interno como por parte del público, que redunde en
una sistemática oportunidad de superación dentro de
la "carrera pública" (encuestas de imagen de
honestidad en las instituciones públicas: etc.)

Asumir en los ministerios y entidades públicas
una decidida política de transparencia similar a la que se
viene desarrollando en el campo económico y fiscal, un
sistema de fiscalización efectiva interna y externa de los
funcionarios restringiendo la discrecionalidad arbitraria de que
hacen uso y un sistema de sanciones que modifique las normas
actuales de proceso administrativo disciplinario aplicable a los
funcionarios, trabajadores docentes y administrativos. A fin de
garantizar la justicia administrativa, hacer expeditivos
los procedimientos y evitar la prescripción de
las faltas.

Establecer un conjunto de requisitos mínimos, de
público conocimiento, para la designación de los
"Cargos de Confianza" a fin de garantizar idoneidad en
quienes por encargo del Estado tiene la potestad de adoptar las
más altas decisiones del desarrollo nacional.

Se recomienda crear la carrera del Servicio Civil. El
Sistema de Integridad Pública tendrá una base
sólida y mejores perspectivas para el desempeño
público con la existencia de Servidores Públicos
entrenados especialmente para esta labor.

LA
CORRUPCIÓN EN LA SOCIEDAD HUMANA.

1. Componentes de Corrupción.

En las batallas Éticas (Lucha de Ideas
Éticas), tratado en el Punto III, estamos ante una
disyuntiva. Pero no se trata de una disyuntiva subjetiva. Se
trata de una opción de acuerdo a los alcances de la lucha
que nos propongamos. Sin entrar en la consideración de
purismos éticos, la corrupción es una
condición que afecta de modo universal a la sociedad
humana: desde lo individual hasta lo colectivo. En cuanto
individuo, el ser humano es el único que está en
capacidad de reconocer alternativas mediante la razón y
tomar decisiones usando su voluntad, solo él es capaz de
ejercer su libertad y haciéndolo, tiene que actuar
conforme a valores y a la rectitud de las normas, cediendo una
parte de esa libertad para que el derecho precautele la vida de
la sociedad.

De allí surge la condición de las normas
jurídicas, en su misma naturaleza está la
posibilidad de su violación e infracción por los
individuos, acerca de cuyos actos o decisiones rigen. En cuanto a
colectividades, del mismo modo, los grupos humanos se organizan y
subsisten gracias a la aceptación de valores
propios.

La corrupción en su sentido más general y
lato, se constituye como la actitud valorativa o despreciativa de
las normas, y los estándares de valores. Este tipo de
actitudes y comportamientos humanos afectan a la condición
fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad.
Por ello, no solamente ha de asegurarse la supervivencia social
mediante un tejido jurídico–normativo sino por la
solidez de un tejido moral–normativo.

La corrupción no sólo se refiere a la
violación de las normas legales y a la actuación de
los funcionarios públicos. Esta es la corrupción
que corresponde a personas que perteneciendo al servicio
público, reciben un salario o estipendio por su
desempeño y que cuando deciden aceptar o contrariar tales
normas, sea por acción u omisión, recibiendo por
ello beneficios no establecidos, incurren en actos de
corrupción, en cualquiera de sus variantes.

Si bien, esta concepción de corrupción es
la generalmente aceptada, cabe siempre pensar en la justicia del
sistema jurídico normativo. Las leyes proporcionan el
marco de legalidad a los actos, pero no necesariamente el marco
de justicia.

Existe el riesgo de que en determinado momento la
corrupción alcance a juzgadores y controladores y no haya
manera de encontrar la punta del ovillo, lo que puede provocar la
generalización de la convicción de que el hecho de
no ser corrupto es pertenecer a una grave variedad de tontos,
solos en "una burbuja de honradez en una viscosa corriente
corrompida". La corrupción debe ser definida no
sólo como un problema de violación de normas
(ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de
violación de valores (ilegitimidad).

La corrupción puede ser reducida a la
corrupción pública, en donde los actores
fundamentales son los funcionarios públicos y el Estado;
en lugar de verla como un juego comunicativo en donde el hecho
desencadenante es el beneficio de quien corrompe al funcionario
público, es decir, la corrupción está ligada
al poder político y económico.

2. Definiciones de Corrupción en el Sector
Público y Privado.

En general las definiciones clásicas se orientan
más hacia la actuación del sector público y
avanzan hasta el establecimiento de actos ilícitos en
provecho particular.

Samuel Huntington señala: "La
corrupción es una desviación de los funcionarios
públicos, que se apartan de las normas establecidas para
ponerse al servicio de los intereses privados" La
Conferencia Episcopal Latinoamericana amplía en parte esta
visión, al ligar la corrupción también a las
"fortunas privadas": la corrupción "consiste
en la obtención de beneficios mediante la
utilización de la influencia otorgada por cargos
públicos o por la fortuna privada que genera un
enriquecimiento ilícito", Klitgaard
señala la siguiente definición: "Existe
corrupción cuando una persona, ilícitamente, pone
sus intereses personales por sobre los de las personas y los
ideales que está comprometido a servir". Se puede
establecer una ecuación básica de la
corrupción. La conducta ilícita florece cuando los
agentes tienen poder monopólico sobre los clientes,
grandes facultades discrecionales, y débil responsabilidad
ante el mandante.

Vale entonces la siguiente ecuación:
"Corrupción igual Monopolio de la decisión
pública más Discrecionalidad de la decisión
pública menos Responsabilidad (en el sentido de
obligación de rendir cuentas) por la decisión
pública" Corrupción es "inducir (por
ejemplo a un funcionario) por medio de prestaciones impropias
(como soborno) a cometer una violación del
deber".

La corrupción es una "conducta que se aparta
de los deberes formales de un cargo público en busca de
beneficios pecuniarios o de posición (camarilla, personal,
familiar, privada) que conciernen al interés privado; o
que viola las normas que coartan ciertos tipos de conductas
tendientes al interés privado".

Es necesario establecer una aproximación
conceptual que destaque la corrupción como un problema de
poder económico y político y como un problema
ético y de conciencia moral de violación de valores
y normas.

Pues de la concepción por la que optemos depende
el tipo de análisis de este problema y, sobre todo, los
remedios que propongamos. El problema se ha tornado en uno de los
puntos de confluencia del orden sistémico de la sociedad,
por ello, no es conveniente en nombre de simplificar el
análisis y las recomendaciones, como la hace por ejemplo
Klitgaard, al centrarse únicamente en la
versión económico–administrativa de la
corrupción.

La corrupción "es un sistema de
comportamiento de una red en la que participan un agente
(individual o social) con intereses particulares y con poder de
influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de
lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de
funcionarios públicos o de personas particulares, realicen
actos ilegítimos que violan los valores éticos de
honradez, probidad y justicia y que pueden también ser
actos ilícitos que violan normas legales, para obtener
beneficios económicos o de posición política
o social, en perjuicio del bien común".

No se trata de un acto aislado, sino de un sistema de
comportamiento, de una cadena comunicacional en negativo. El
agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder
económico y político. La actuación de los
que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que
hay la tendencia a arrastrar a un grupo de funcionarios o de
personas particulares; se forman redes de corrupción. La
condición para actuar es contar con garantías de
impunidad: no hay corrupción sin impunidad. La
corrupción es ante todo un problema ético y moral:
violar valores positivos. Puede corresponder a actos
ilícitos, no simplemente ilegales.

La corrupción es un acto voluntario y consciente:
la Ética está conectada con la conciencia y la
decisión moral. Podemos hablar de una cadena de
decisiones, con momentos claves en los que confluyen diversos
actores y procesos. Puede haber actos de corrupción que
sean legales (la elusión tributaria, por ejemplo). El
objetivo es lograr beneficios no sólo económicos,
sino también de poder o de status, tanto a favor de la
persona o grupo interesado como del funcionario que acepta
ejecutar el acto de corrupción. Y hay un tercer personaje:
la sociedad, que es perjudicada. El perjuicio no va sólo
en contra del grupo u organización a la que pertenece el
funcionario; sino que afecta al desarrollo de la sociedad y al
funcionamiento de la democracia.

La corrupción política está ligada
al poder ya sea como resultado de la autoridad conferida por
elección popular o como parte del ejercicio de la
política para conseguir esa autoridad y
representación. Está relacionada con la
práctica política, a través de diversas
formas partidarias, y con el ejercicio de la conducción
del gobierno, el parlamento, la función judicial, los
gobiernos locales. Se expresa en el ejercicio ilegítimo
del poder para fines de provecho personal o de grupo. Tiene
profunda vinculación con los centros de poder
económico. "La corrupción es percibida por los
ciudadanos como el medio a través del cual
políticos y funcionarios públicos se enriquecen
mediante el cobro de comisiones o la aceptación de
sobornos, a cambio de lo cual conceden favores, adquieren bienes
y contratan obras o, simple y burdamente, roban los dineros del
Estado y abusan de su patrimonio".

Hay que distinguir la corrupción política
de la corrupción administrativa pública que se
refiere a prácticas de funcionarios públicos para
desviar el ejercicio de la institucionalidad y las normas
públicas, en favor de intereses particulares, a cambio de
recompensas económicas o de status.

La corrupción social está ligada a los
procesos de empobrecimiento y a la supervivencia social. La
corrupción privada violenta las normas y valores del
sistema, especialmente las reglas del juego económico,
para obtener ventajas frente a otros actores con los cuales
compiten en el mercado. Involucra los intereses de grupos
económicos o de presión, que establecen relaciones
de intercambio corrupto con los agentes públicos y las
élites políticas; aunque puede desarrollarse
también estrictamente entre agentes privados.

3. ¿Mitos?: de los poderosos intereses
privados al Sector Público y los Recursos
Públicos.

Un mito a superar es que la corrupción es un
fenómeno exclusivo del sector público. Para
conseguir sus objetivos ilícitos, los grupos
económicos o de presión necesitan de acceso a los
políticos y a quienes detentan el poder del Estado, para
acceder a las decisiones y a los recursos públicos. Hay
más bien coparticipación, una relación
incestuosa entre corrupción pública y
corrupción privada. Aún más, no
existiría corrupción pública, si no
estuvieran en juego poderosos intereses privados que lo
incitan.

El correlato del "peculado" es el
"soborno". "Los actos de corrupción que se
producen en el sector público sólo son posibles si
en ellos intervienen individuos provenientes del sector privado.
Excepto los casos en que los servidores del Estado se apropian
directamente de los dineros del fisco, en los demás actos
de corrupción intervienen dos voluntades, sin cuya
concurrencia no podría perfeccionarse el delito: la
autoridad que toma una decisión y la persona que recibe un
beneficio, la que realiza una extorsión y la que paga un
soborno". Uno de los mecanismos privilegiados por los grupos
económicos y de presión, para establecer acuerdos
con la clase política, es el financiamiento de las
campañas electorales; lo cual generalmente se constituye
en una forma de inversión que deberá ser retribuida
una vez que se posesionen las autoridades electas.

"La ausencia de normas que limiten el gasto
electoral, promueva su transparencia, garanticen el acceso
equitativo de los candidatos a medios de comunicación y
autoricen el financiamiento público, abren las puertas a
la realización de campañas millonarias que luego
son pagadas desde el poder mediante favores gubernamentales
otorgados a quienes las financiaron". Se van conformando
redes de corrupción, estructuras ocultas en las que
participan sectores políticos y grupos económicos;
lo que les permite asegurar la acumulación de recursos
provenientes de los actos de corrupción y, al mismo
tiempo, mediante el ejercicio del poder político,
garantizar la impunidad de los implicados.

Al utilizar el término red, expresamos la
naturaleza estable y organizada de las transacciones. No se trata
de hechos aislados. Es una política que va constituyendo
una estructura de "mafias" al interior de las
instituciones públicas. Estas redes permanecen más
allá de los cambios de Gobierno o, en todo caso, se
reacomodan internamente. Esta es una de las razones por las que
es muy difícil combatir la corrupción desde dentro
de la institucionalidad del Estado.

Se trata de un "sistema de corrupción",
de "una cultura del aprovechamiento personal". Aunque
hay que destacar que también emerge "una cada vez
mayor conciencia y creciente rechazo ciudadano en contra de tales
criterios y prácticas". El control de cuotas de poder
se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de los
partidos políticos.

Sin embargo, prevalece un ocultamiento de la
política, en particular de las alianzas,
imponiéndose la práctica de cogobiernos
vergonzantes. Las negociaciones son reservadas; se impone la
lógica de camarillas cerradas, contraria a la
búsqueda de una participación democrática e
institucional en la toma de decisiones. Este ocultamiento deviene
en una garantía de impunidad, puesto que la falta de
transparencia obstaculiza las posibilidades de
fiscalización de parte de la ciudadanía y de las
propias instituciones del Estado.

Otro mito es que la corrupción se debe a la
presencia de culturas más propensas a este mal; lo que
estigmatiza a los pueblos en desventaja económica y que
luchan por mantener sus culturas. Más bien, la
corrupción se ha tornado en un fenómeno
transnacional en el que participan gobiernos o entidades de
países tanto desarrollados como en vías de
desarrollo. Aún más, éste es el tiempo de
las corporaciones transnacionales: allí se concentra el
poder económico y político.

4. La corrupción política en el Sector
Público y Privado: violan Normas Legales.

En este aspecto hay que reconocer que las relaciones son
asimétricas: de un lado, se presenta una especie de
indefensión de unos países, frente a otros que
penetran en sus economías, al amparo de cadenas de
corrupción que igualmente son asimétricas y
funcionan casi en las mismas proporciones de la balanza de
intercambios comerciales.

De ninguna manera podría afirmarse que la cadena
que se establece entre la corrupción de las
transnacionales y los corruptos de un determinado país,
provoque igual volumen de corrupción desde ese país
hacia los países industrializados que la que se impulsa y
promueve desde los países industrializados y sus empresas
hacia aquél país. Aunque, de otro lado, esa
relación asimétrica puede también contribuir
a desatar los procesos de esclarecimiento.

Nadie puede suponer que dichas empresas estaban siendo
sometidas a hechos de corrupción inéditos o
desconocidos, más bien cabe pensar que se produjo una
situación de desborde, se superaron los niveles de
"discreción" habituales. Nosotros vamos a centrar
nuestros análisis en la corrupción política
sobre todo del sector público. Aún más, en
los casos que analicemos vamos a referirnos fundamentalmente a
los actos de corrupción que violen normas legales. Esto no
supone que desconozcamos la existencia de las demás
modalidades. Nos interesa destacar que la corrupción es un
fenómeno ético ligado al poder y que, por tanto, el
primer paso para una lucha real contra la corrupción
está en la decisión política tanto en el
ámbito local como internacional para enfrentar este mal y,
sobre todo, para promover una nueva ética.

5. Corruptora Probidad.

Hasta hace poco las autoridades se jactaban de la
excepcional evaluación internacional de Chile en materia
de probidad. Pero la corrupción estaba viva y pujante,
debido a las graves deficiencias de la pomposamente llamada Ley
de Probidad del año 2000.

Cuando ocurren hechos tan graves como los casos coimas,
pagos por denuncias, Gate (desambiguación), sobresueldos
clandestinos, falsas licitaciones, concesiones no licitadas
públicamente, honorarios por trabajos no realizados,
sobresueldos por honorarios, pluriempleo, etc. se torna
inevitable aceptar que se trata de la más grave crisis que
ha vivido la Concertación. Se trata, además, de la
segunda situación de corrupción generalizada en la
historia de Chile, por citar, superada sólo durante la
dictadura militar, pero que no tuvo mayor resonancia debido a la
ausencia, por entonces, de prensa libre.

Lo sorprendente de la coyuntura actual es que hasta hace
pocos meses las autoridades se jactaban de la excepcional
evaluación de que gozaba el país en materia de
probidad, a la luz de diversos indicadores
internacionales.

Lo menos que se puede señalar es que
existía una apreciación totalmente equivocada de la
realidad. Menudeaban indicios inquietantes, pero las autoridades
los minimizaron, los escondieron y finalmente se embarcaron en
una espiral de explicaciones inútiles.

La corrupción política y administrativa,
"es como el cáncer", se desarrolla
silenciosamente, casi sin síntomas y de repente surge
claramente con innumerables manifestaciones.

6. Corrupción en Latinoamérica ajustada
a Derecho.

La corrupción es el mal de nuestra época
en América Latina. El Presidente del CELAM (Conferencia
Episcopal de América Latina), obispo Oscar
Rodríguez, ha dicho: "La corrupción es la
amenaza más grande para el desarrollo de los
pueblos".

En el reciente informe de Periodistas Frente a la
Corrupción (PFC) se establece que, "la
corrupción fue uno de los temas más abordados por
los medios de comunicación latinoamericanos". Si
recordamos la historia reciente, las crisis ocurridas en
Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela,
Guatemala, Bolivia, Brasil, Haití, Ecuador, Honduras, El
Salvador, etc. son distintas, pero todas tienen un denominador
común: la corrupción política y
administrativa. Esta corrupción está
íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y
armas, el terrorismo y el lavado de dinero conforme a
PFC.

En el mencionado informe se relatan los casos de
corrupción más destacados del año 2001. Son
tantos y tan escandalosos que la conclusión es que la
corrupción está generalizada en nuestra
región y cuenta con el cinismo de los dos principales
grupos que se aprovechan de ella, la clase política civil
(CPC) y la clase política militar (CPM), al controlar el
poder tienden un manto de opacidad sobre los hechos y
posteriormente un sobre manto de impunidad.

En muchos de estos casos, los que encabezan la
corrupción son los presidentes y los generales (Argentina,
México, Guatemala, Ecuador, Perú. Bolivia,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República
Dominicana). En los restantes países los involucrados en
actos de corrupción son políticos importantes,
especialmente ministros y parlamentarios (Costa Rica, Colombia,
El Salvador, Uruguay y Venezuela).

En los casos denunciados que han sido procesados por la
justicia, los presuntos culpables han quedado en libertad por
inoperancia de los tribunales o por abierta desidia. Los
periodistas y organizaciones civiles que han denunciado los casos
de corrupción, en cambio, han sufrido ataque de turbas y
hasta asesinato de periodistas.

• 7. Lucha contra la corrupción: caiga
  quien caiga.

Innumerables, velados y directos ataques al modelo de
libertad económica de parte de gatos de chalet, me mueve a
escribir estas apreciaciones para la reflexión y el
debate. Sin lugar a dudas nuestra libertad es nuestro más
preciado intangible. Libertad que se vive en nuestro orden
político, económico y social.

Tenemos libertad para elegir nuestra religión,
libertad para seguir nuestra vocación, libertad de
expresión, libertad de asociación, libertad de
pensamiento, libertad de educación, etc. Pero el pilar de
todas es sin duda la libertad económica, que no es otra
cosa que el tener libertad para crear y diseñar, libertad
para trabajar y producir, libertad de precios al vender y al
comprar, en definitiva libertad para comercializar sin más
regulación que la que impone el propio mercado. Y el
mercado somos todos nosotros, con una enorme riqueza dada por
todas nuestras diferencias y similitudes. Si asumimos el mercado
como ente regulador debemos asumir nuestra completo e irrestricto
apego a la ética y la probidad. Esto funciona con
ética o no funciona.

Livianamente se dice que Argentina y Brasil están
como están por hacer lo que el FMI les pedía, sin
duda están como están por su falta de ética
y probidad. Lo mismo nos empieza afectar a nosotros, y nos debe
poner permanentemente en alerta. Son ya conocidos los
escándalos fraudulentos de funcionarios y empresarios
corruptos, los que con su codicia le hacen un grave daño a
nuestra sociedad. Debemos asimilar que la coima es tan nociva
como la peor de las plagas, ya que ataca el motor fundamental de
nuestro desarrollo que es la libre competencia. Destruye fuentes
de empleo, distorsiona mercados, manda al tacho de la basura la
eficacia y eficiencia logradas con innegable esfuerzo y
sacrificio de empresarios y trabajadores.

La "coima" atrofia nuestro crecimiento y
desarrollo truncando la creatividad y la inversión
tecnológica. Desmotiva la calidad y la producción,
ya que "para qué hacerlo bien si es más caro
que coimear bien".

Para conservar nuestra libertad es fundamental de que el
gobierno y los empresarios sigan el buen ejemplo dado hoy por
Carabineros de Chile que públicamente prohibió
regalitos y favores. Sin embargo el aporte más importante
lo debemos hacer nosotros, la ciudadanía, el pueblo de
Chile, en el caso particular, terminar con la corrupción
es tarea de todos.

• 8. La corrupción es
  sistemática, se le enfrenta con decisiones
  políticas de anticorrupción.

Si bien se basa en una concepción demasiado
parcial de la corrupción (la actuación del sector
público) y en la opinión sobre todo del sector
empresarial, podemos constatar que el tema de la
corrupción es preocupante en nuestro Continente.
Únicamente en dos países (Chile y Costa Rica) hay
una percepción por encima de la media, de lo que podemos
colegir que opinan que la corrupción no es aún
sistemática. En todos los demás, el sector
empresarial percibe que la corrupción rebasa la media y se
constituye en un tema preocupante.

Es alarmante que dentro de una lista de 85 países
cinco Países latinoamericanos se encuentren entre los 10
más corruptos: Paraguay, Honduras, Colombia, Venezuela y
Ecuador. Allí se percibe una situación extrema y
podemos colegir que opinan que hay corrupción
sistemática y formas de "hipercorrupción".
Pero no es suficiente un índice de percepción del
problema de la corrupción.

Sería conveniente también establecer un
índice de la lucha contra la corrupción, valorar
los resultados en esta causa; pues a menudo hay un manejo
político de los resultados. En América Latina, hay
nuevos signos de la decisión política para
enfrentar la corrupción. Un paso en esta dirección
se realiza en la aprobación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, que se suscribe en
Caracas en el mes de marzo de 1996. Allí podemos ubicar
las concepciones, alcances y límites que están
operando efectivamente en torno a este problema.

• 9. La lista de la corrupción: el
  daño que ocasiona la corrupción.

El informe Global de Corrupción 2004, elaborado
por Transparencia Internacional, advierte que ningún
país en el mundo (salvo excepciones) es inmune a la
corrupción política. La magnitud del problema es
enorme y en la lista de los 10 gobernantes más
corruptos.

El daño que ocasiona la corrupción a la
sociedad, al país es muy perjudicial a la salud moral y
económica de cualquier nación en el mundo, los
beneficiados son una minoría elitista y la gran
mayoría sigue sin la educación necesaria, sin la
alimentación nutricional adecuada, sin el trabajo que
pueda sustentar sus necesidades vitales.

• 10. Corrupción y
  Desarrollo.

El "soborno" y la "corrupción"
corroen el progreso económico y el desarrollo. Como formas
de evasión de impuestos ilícitas, estancan el
crecimiento económico y debilitan los esfuerzos de
desarrollarse. Irónicamente, aquellos que menos pueden
costear los daños son los que tienen que pagar el precio
más alto. La devastación económica de la
corrupción es clara. De acuerdo con el Banco Mundial, la
corrupción reduce la tasa de crecimiento de un país
de 0.5 a 1 punto cada año.

Según el FMI que la tasa de inversión en
países con corrupción es 5% menor comparada con la
tasa de un país sin corrupción.

La Transparencia es un elemento importante de un buen
gobierno. Sin sistemas transparentes, no podemos demostrar que
los recursos van para lo que fueron destinados. Por ejemplo en
Uganda cuando empezaron a publicar los fondos que se destinaban
para las escuelas locales, la cantidad recibida paso de un 28% a
un 90%.

Los Estados Unidos solicito al Banco Mundial que
articule su aprobación al proyecto del oleoducto Chad
Camerún en un plan de administración de ingresos
para asegurar la transparencia y la responsabilidad.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el
Banco Mundial ayudan a los ciudadanos a desarrollar un sistema
abierto y estable para detectar y distribuir los ingresos del
petróleo. Hay otra razón importante para promover
mayor transparencia y responsabilidad en las naciones en
vías de desarrollo.

Los inversionistas no pondrán su capital en
riesgo en regiones peligrosas o inestables. Los esfuerzos serios
de implementar el buen gobierno deberán redundar en un
flujo de capitales privados para esfuerzos del
desarrollo.

• 11. Corrupción y libre
  comercio.

El libre comercio y el capitalismo democrático
global desencadenan la libertad de innovar, intercambiar bienes y
servicios y la interacción sin la interferencia de los
gobiernos. En muchos de nuestras Tratados de Libre Comercio los
Estados Unidos incluye previsiones de altos requerimientos de
transparencia. De hecho, nuestro congreso ha hecho de la
transparencia y las medidas anticorrupción objetivos
negociadores claves en nuestros tratados de comercio.

Los Estados Unidos en una voz potente en los esfuerzos
de negociación de la Organización de Comercio
Mundial en transparencia en el gobierno. Continuaremos apoyando
este acuerdo en la próxima reunión ministerial en
Cancún.

El Presidente Bush apoyó también a otros
líderes de APEC, (Asia-Pacific Economic
Cooperation, en español Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico) es
un foro multilateral creado en1989, con el fin de
consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países
del Pacífico, que trata temas relacionados con
el intercambio comercial, coordinación
económica y cooperación entre sus integrantes, para
comprometerse a la Declaración de los Estándares de
Transparencia de APEC.

La transparencia es vital para asegurar logros y que las
concesiones sean para el bien común y no para la ganancia
personal.

La responsabilidad, transparencia y mercados libres
extenderán sus beneficios de libertad otorgándole
poder a las personas para apoyar las instituciones
democráticas en sus países.

• CORRUPCIÓN POLÍTICA DE LOS PODERES
  EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL EN AMÉRICA
  LATINA.

1. La Corrupción Latinoamericana.

Un grupo de periodistas de los países
latinoamericanos de habla hispana, con el objetivo de contribuir
al conocimiento sobre la corrupción en nuestra
región, monitorear la respuesta gubernamental y medir su
compromiso con la anticorrupción, elaboró un
documento con los casos más relevantes. El capítulo
uruguayo fue redactado por Carlos Peláez,
corresponsal de La República en Maldonado y editor de la
publicación electrónica surmedia.com.

El sumario fue elaborado por Probidad, una
organización anticorrupción que maneja iniciativas
en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente
a la Corrupción (PFC). Los casos incluidos en este informe
regional, según consta en el documento, no fueron los de
mayor impacto económico, sino los que alcanzaron
más repercusión periodística. En cuanto a
los países donde tuvieron mayor difusión en los
medios fueron Paraguay, Nicaragua y Guatemala. La reseña
uruguaya incluye, entre los casos más notorios del
año, el del expresidente del Banco Hipotecario del
Uruguay, Salomón Noachas, quien adjudicó
en forma irregular varias viviendas a sus familiares directos e
incluso una a sí mismo.

También se hace referencia a la
investigación realizada en brecha por la periodista
María Urruzola, quien demostró que el exdirector de
la Dirección General Impositiva (DGI) Joaquín
Díaz tenía bienes y propiedades cuyo origen no
podía justificar con su sueldo, y que tenía
vínculos con estudios jurídicos y personas
sospechadas de lavar dinero.

Precisamente respecto del lavado, el informe menciona
además las denuncias realizadas en Argentina por la
diputada Elisa Carrión y sus derivaciones
locales.

Otro de los casos mencionados en el capítulo
uruguayo es el de casi medio centenar de funcionarios policiales
(oficiales y agentes), empresarios, aduaneros y dirigentes
políticos del departamento de Rivera que fueron procesados
y remitidos a prisión por el juez Alberto Miguel
Basil, en una importante arremetida contra el contrabando,
que además fue el origen de un intento de homicidio contra
el magistrado actuante y de un atentado a balazos contra la sede
de la repartición policial que intervino en los
procedimientos.

En el informe sobre Uruguay se afirma asimismo que, a
consecuencia de estas acciones de represión del
contrabando, se descubrió que algunos de los cabecillas
figuraban como empleados en las secretarías de algunos
legisladores colorados y uno blanco y que, si bien
percibían su salario, nunca concurrían a trabajar.
Los diputados involucrados no ofrecieron explicaciones
satisfactorias sobre sus "protegidos".

También se hace referencia a los incentivos a
jugadores de fútbol y corrupción entre
árbitros deportivos, y al caso del Festival de Cine de
Punta del Este, en el cual una comisión investigadora de
la Junta Departamental de Maldonado corroboró pagos
irregulares a delegados al Festival de Cannes, así como un
faltante de casi cien mil dólares que nunca ingresaron a
las arcas del municipio y que el intendente no pudo explicar al
legislativo comunal.

2. Corrupción Latinoamericana: Los casos más
destacados.

Durante el año 2001, la corrupción fue uno
de los temas más abordados por los medios de
comunicación latinoamericanos. Su presencia en la prensa
fue más fuerte y diversa en Paraguay, Nicaragua y
Guatemala. Tenía una semejante frecuencia e intensidad en
los medios de Panamá, Perú, Argentina, y muchas
veces en El Salvador y México.

De los casos de corrupción más destacados
en el año 2001, es producto de un esfuerzo colaborativo,
en el cual participaron reconocidos periodistas de los
países latinoamericanos de habla hispana. Su objetivo
primordial es contribuir al conocimiento sobre la
corrupción en nuestra región. Por supuesto, puede
servir para otros numerosos fines, por ejemplo, como un punto de
referencia para monitorear la respuesta gubernamental y medir su
compromiso con la anticorrupción.

Hay que aclarar que el hecho de que los casos hayan sido
los más destacados, eso no implica que fueron los
más importantes en términos de impacto
económico o humano, sino que estos obtuvieron la mayor
atención de parte de los medios. Para contrastar esta
situación, por ejemplo en el caso de El Salvador y
Honduras han sido mencionados algunos casos delicados a los que
los medios decidieron no dar seguimiento.

Las conclusiones son varias sobre el tratamiento que dan
al problema de la corrupción los medios de
comunicación, identificando cuáles temas reciben
mayor atención y cuáles no son tratados, así
como el nivel y calidad de la investigación principal y
del seguimiento, entre otras evaluaciones. Cabe mencionar que los
casos seleccionados por cada país, guardan resonancia con
la atención que recibieron en los medios impresos
más importantes.

También es notable señalar que cada vez
más la corrupción latinoamericana se está
manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores
locales que tienen nexos con corruptos de otros países y
con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y por
supuesto, con el lavado de dinero. Por eso no es sorprendente que
los periodistas y medios que investigan el flagelo sean
víctimas de censura, legislación y fallos
judiciales que minan el acceso a la información y la
libertad de expresión, y que sean blancos de ataques
verbales de funcionarios, violencia y asesinatos.

El sumario fue organizado por Probidad, una
organización anticorrupción que maneja iniciativas
en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente
a la Corrupción (PFC). Uno de los servicios de PFC es la
recopilación y difusión, de lunes a viernes, de
reportajes y editoriales provenientes de más de 50 medios
impresos y virtuales latinoamericanos.

A pesar de sus deficiencias y de las críticas que
son blancos, los medios de comunicación latinoamericanos,
más que ningún otro esfuerzo anticorrupción
en la región, han cumplido con mantener el tema de la
corrupción en la agenda pública. Por ello, los
periodistas y medios comprometidos con su papel fiscalizador
frente a la corrupción merecen nuestro respeto y apoyo,
para que continúen siendo importantes catalizadores
capaces de generar indignación ciudadana, y de conducirla
hacia actitudes y acciones que prevengan y controlen la
corrupción en todas las esferas de la sociedad.

3. El Discurso Demagógico
"Anticorrupción".

Aquí se da un elemento que se repetirá en
los demás casos en América Latina: "el discurso
anticorrupción se convierte en uno de los ejes de
campaña: la clase política reconoce la demanda
social y la absorbe como fuente de control
electoral".

Un discurso que sintonizaba a la par con el empresariado
y con la opinión pública "moderna",
más de una manera "out side" (exterior). En los
componentes neoliberales de su discurso dirigido a los grandes
empresarios afirmaba sus deseos de restringir el Estado,
fortalecer el campo del sector privado, insertar al país
en el primer mundo, atraer las inversiones extranjeras. En su
estilo violento anti élite, los pobres indigentes del
país parecían encontrar su defensor: "un
líder rico, joven y poderoso contra las élites
perversas". Desde un discurso mesiánico logró
convocar el apoyo de los sectores más pobres
desorganizados. Pero además desarrolló dos
contenidos que le garantizaron la captación del voto:
"el de la moralidad pública, prometiendo
persecución a los "marajás", de fácil
repercusión entre los miembros de los sectores medios
urbanos, y el de la modernidad anunciando la privatización
y la apertura al comercio internacional, de positiva
repercusión para los acreedores internacionales y los
empresarios.".

4. Sin Transparencia no hay Probidad.

La labor de PFC es fundamental para combatir la
corrupción en nuestra región, porque sólo
puede eliminarse lo que se conoce. Este informe es un aporte
sustancial a la transparencia y es lo que constituye la base de
la Probidad. Sin transparencia no hay probidad. La
corrupción siempre se oculta y a veces basta ponerla a la
luz de la opinión pública para que ella sea
efectivamente combatida por las instituciones que deberían
cumplir esa funciones: las contralorías y
fiscalías, que tanto abundan en América Latina, los
Ombudsmen o defensores del pueblo y las instituciones de la
sociedad civil como los capítulos locales de
"Transparency International" (Transparencia
Internacional). Para Chile, su inserción en estos informes
es muy importante para definir la corrupción que en una
sociedad tan victoriana, ya que la corrupción existe, pero
todos contribuyen a esconderla porque avergüenza; y
según su cultura, lo que avergüenza se oculta, con lo
que pasa a ser inexistente. De manera que corresponde solicitar a
PFC la incorporación de Chile en esta
información.

Coimas y corrupción vienen de muy antiguo,
sólo que ahora se denuncian y provocan escándalo.
Pero éste servirá muy poco si no se lo utiliza de
trampolín para un gran salto adelante. Para darse impulso,
Lagos debe partir por pedir perdón a los
chilenos.

5. Ética y denuncia para combatir la
Corrupción.

Las situaciones de quebrantamiento de la ética, a
que dan lugar las actividades de corrupción, son a veces
utilizadas como una oportunidad de protagonismo público.
El foco de la atención pública se desvía,
entonces, del cuidado de los valores que se quieren cautelar
hacia el engrandecimiento de la figura del
denunciante.

Esta práctica ha hecho ineficaz, según
parece, el combate a la corrupción en algunos
países de la región y del Caribe. Dejarse llevar
por la pasión del protagonismo, para pasar por encima de
la serenidad y profundidad, que requiere contar con fundamentos
adecuados que avalan la denuncia, conduce a la ineficacia contra
la corrupción y solo causa escándalo y daño
a personas e instituciones, debilitando específicamente
las concepciones de Estado y Sociedad. La cautela y la firmeza en
esta lucha pueden y deben ir de la mano.

La denuncia no es oportunidad de construcción de
protagonismo personal y de morbosidad, sino un momento de
aprendizaje y educación.

En dicho aprendizaje resulta esencial la existencia de
un efectivo derecho a la libertad de expresión, ya que los
medios de comunicación permiten asegurar niveles de
control social, en el sentido de permitir una vigilancia de la
sociedad sobre los actos gubernamentales.

La responsabilidad en el ejercicio de esta labor va de
la mano con la ética periodística y la calidad y
diversidad de la labor informativa. Debemos aprender que la
actitud serena, profesional e impersonal, es necesaria al momento
de la denuncia.

El escándalo sin fundamentos destruye la
confianza, y ésta requiere décadas para
reconstruirse.

Este magnífico Foro Internacional, desarrollado
por el Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, es un aporte a la educación y nuestro
aprendizaje, y tiene como necesario punto de partida el
reconocimiento de que enfrentamos un problema que debemos
resolver como comunidad. Es una tarea diaria, en la que
permanentemente debemos desempeñarnos.

"Los sucesivos gobiernos de la Concertación
han actuado con un pragmatismo brutal: desde la justicia en la
medida de lo posible hasta el "dejemos que las instituciones
funcionen".

6. Corruptora Probidad: Graves
deficiencias.

Hasta hace poco las autoridades se jactaban de la
excepcional evaluación internacional de Chile en materia
de probidad. Pero la corrupción estaba viva y pujante,
debido a las graves deficiencias de la pomposamente llamada Ley
de Probidad del año 2000.

Cuando ocurren hechos tan graves como los casos coimas,
pagos por denuncias, Gate, sobresueldos clandestinos, falsas
licitaciones, concesiones no licitadas públicamente,
honorarios por trabajos no realizados, sobresueldos por
honorarios, pluriempleo, etc. se torna inevitable aceptar que se
trata de la más grave crisis que ha vivido la
Concertación.

Lo sorprendente de la coyuntura actual es que hasta hace
pocos meses las autoridades se jactaban de la excepcional
evaluación de que gozaba el país en materia de
probidad, a la luz de diversos indicadores
internacionales.

Lo menos que se puede señalar es que
existía una apreciación totalmente equivocada de la
realidad. Menudeaban indicios inquietantes, pero las autoridades
los minimizaron, los escondieron y finalmente se embarcaron en
una espiral de explicaciones inútiles.

La corrupción política y administrativa es
como el cáncer, se desarrolla silenciosamente, casi sin
síntomas y de repente surge claramente con innumerables
manifestaciones.

La Comisión Nacional de Ética
Pública estuvo integrada por personajes como los
presidentes del Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara
de Diputados, además del Contralor, dirigentes de algunos
gremios patronales y algunos Ministros, con exclusión eso
sí de los protagonistas del tema, esto es los funcionarios
públicos, los colegios profesionales y las organizaciones
de trabajadores.

7. Corrupción ajustada a Derecho: Amenaza al
Desarrollo.

La corrupción es el mal de nuestra época
en América Latina. El Presidente del CELAM (Conferencia
Episcopal de América Latina), obispo Oscar
Rodríguez, ha dicho: "La corrupción es la
amenaza más grande para el desarrollo de los
pueblos". En el reciente informe de Periodistas Frente a la
Corrupción (PFC) se establece que "la
corrupción fue uno de los temas más abordados por
los medios de comunicación
latinoamericanos".

Si recordamos la historia reciente, las crisis ocurridas
en Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela,
Guatemala, Bolivia, Brasil, Haití, Ecuador, Honduras, El
Salvador, etc. son distintas, pero todas tienen un denominador
común: la corrupción política y
administrativa. Esta corrupción está
íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y
armas, el terrorismo y el lavado de dinero conforme a
PFC.

En el mencionado informe se relatan los casos de
corrupción más destacados del año 2001. Son
tantos y tan escandalosos que la conclusión es que la
corrupción está generalizada en nuestra
región y cuenta con el cinismo de los dos principales
grupos que se aprovechan de ella, la clase política civil
(CPC) y la clase política militar (CPM), al controlar el
poder tienden un manto de opacidad sobre los hechos y
posteriormente un sobremanto de impunidad.

En muchos de estos casos, los que encabezan la
corrupción son los presidentes y los generales (Argentina,
México, Guatemala, Ecuador, Perú. Bolivia,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República
Dominicana). En los restantes países los involucrados en
actos de corrupción son políticos importantes,
especialmente ministros y parlamentarios (Costa Rica, Colombia,
El Salvador, Uruguay y Venezuela).

En los casos denunciados que han sido procesados por la
justicia, los presuntos culpables han quedado en libertad por
inoperancia de los tribunales o por abierta desidia. Los
periodistas y organizaciones civiles que han denunciado los casos
de corrupción, en cambio, han sufrido ataque de turbas y
hasta asesinato de periodistas.

• 8. Corrupción Política,
  Democracia y Transparencia.

Dos procesos coinciden al fin del milenio: la
ampliación de la democracia y la presencia virulenta de la
corrupción, sobre todo bajo su forma política,
hasta convertirse en "el gran problema social de fin de
siglo". Puede, entonces, surgir una pregunta:
"¿el régimen democrático de derecho
agudiza la corrupción?". La corrupción cobra
una nueva dimensión, cuando en el marco democrático
la acción de la sociedad civil y de una incipiente
opinión pública permiten transparentar la
corrupción en las más altas esferas de los
gobiernos.

Progresivamente se va avanzando a una percepción
más integral de este problema. Al comienzo se destacaba la
corrupción como un problema de los funcionarios
públicos. Posteriormente se empieza a reconocer que la
corrupción se da también en el sector privado,
nacional y transnacional. Ahora se comprueba que la fuente de la
corrupción está en el poder económico y
político, público y privado, cuando no tiene
control. Y se empieza a ver que la lucha contra la
corrupción debe basarse en la promoción de una
nueva ética vencerista.

"Un conjunto de actos de corrupción en la
gestión de los recursos públicos cuya frecuencia se
acrecentó en los últimos años, venía
conmocionando la conciencia cívica de los ecuatorianos. La
percepción cada vez más generalizada de que la
administración del Estado, las formas de captarla y las de
ejercerla, responden a una lógica de aprovechamiento
personal o de grupo ha ido generalizándose y la
percepción de la validez y utilidad de tal lógica,
por otro lado, ha penetrado nuestras instituciones
públicas, ha menoscabado su credibilidad y eficiencia y,
aún más, ha determinado el tipo de relación
entre el ciudadano y el Estado, condicionando las
prácticas políticas, los procesos de gestión
estatal, el desempeño de muchos servidores públicos
y los mecanismos de acceso a los bienes, recursos y servicios
públicos".

Una encuesta realizada por CEDATOS en la segunda semana
de marzo de 1997, a raíz de la caída de Bucaram,
revela que la corrupción se colocó a la cabeza de
los problemas, luego de quince años en que la
inflación y el desempleo eran considerados los problemas
más graves.

Esta información es corroborada por una encuesta
de MARKET, realizada en marzo de 1997: la corrupción se
coloca en el primer puesto de los problemas, con el 31,63%,
desplazando a un segundo lugar al desempleo y la inflación
que habían sido los problemas más destacados
anteriormente.

El tema de la corrupción, según CEDATOS,
empieza a tomar protagonismo a partir de 1995, durante el
Gobierno de Sixto Durán Ballén; en ese año
se coloca en el cuarto puesto. Posteriormente va subiendo, hasta
colocarse en el primer puesto en 1997. La ciudadanía
percibe que hay más corrupción en el sector
público (44%); aunque también el sector privado
tuvo una considerable mención del 30%. El 26% vio la
corrupción como un problema global, como un mal
común tanto en el sector público, como en el
privado.

El papel de los medios de comunicación es
decisivo en la denuncia de la corrupción. De acuerdo a
MARKET, "el 48.13% de los encuestados piensa que la prensa es
la principal denunciante de casos de corrupción".
Entre el 25 de febrero y el 9 de mayo de 1997, los tres diarios
principales del país dedicaron 61 editoriales sobre el
tema (Universo 7, Hoy 26, Comercio 28), lo que significa un
promedio de 0.86 editoriales por día. Además se
registraron 216 artículos periodísticos sobre los
diferentes casos de corrupción, con un promedio de 3
artículos diarios. "La prensa desempeña, por lo
tanto, una función determinante para hacer de la
corrupción un tema prioritario de la agenda
política y ejerce un control crítico muy importante
sobre los órganos de los tres poderes".

Los indicadores señalados corresponden al
período posterior a la caída de Bucaram, en que se
elevó la sensibilidad ciudadana ante el tema. Sin embargo,
pasado este tiempo extraordinario, la lucha contra la
corrupción pierde fuerza: y regresa la impunidad sobre
todo en las redes de una justicia debilitada. De acuerdo al
sondeo de opinión realizada por la Fundación de
Investigación Social "José Peralta", en
marzo de 1999, dos años después de la caída
de Bucaram, la corrupción sigue ocupando el primer lugar
de las preocupaciones ciudadanas, con un 27.2%.

Los problemas sociales ocupan un lugar destacado:
desempleo en segundo puesto con 17.3% y educación en
tercero, con 16%. Luego vienen los temas seguridad ciudadana
(12%). La democracia juega un papel decisivo en la transparencia
del problema de la corrupción. En este sentido hay que
interpretar la respuesta de la ciudadanía sobre el tipo de
régimen en que ha habido más corrupción: el
44% responde en los gobiernos democráticos, el 30% en los
militares y el 26% que es similar en ambos
regímenes.

• 9. La impunidad y los Organismos de
  Control.

La democracia, sin embargo, no ha logrado resultados
satisfactorios en la lucha contra la impunidad. Un indicador es
que de 96 órdenes de prisión emitidas por la
justicia ecuatoriana en casos de delitos políticos, se han
efectivizado menos del 7%. La tendencia es a la fuga de los
implicados, a la espera del cambio de las condiciones
políticas: Dahik en Costa Rica, César
Verduga en México y Bucaram en
Ecuador.

En un "examen especial a la emisión y cobro
de los títulos de crédito a base de las
resoluciones ejecutoriadas por glosas confirmadas y las
responsabilidades administrativas establecidas por la
Contraloría General del Estado entre el 1º de enero
de 1989 y el 31 de diciembre de 1992, en la Jefatura Provincial
de Pichincha" se llega a las siguiente conclusión:
"de las resoluciones expedidas por S/ 1.750 millones y US$
8"089.000 sólo se recaudó el 0.8% y de los
títulos emitidos, cerca del 97% se mantienen archivados
sin posibilidad de cobro".

El trámite, en la Contraloría, sobre cada
caso dura alrededor de dos años, pero al final no se
castiga a los culpables.

Los resultados son sumamente bajos: según el
propio Contralor General del Estado, en 1998 apenas se
logró cobrar del 1% al 2% de los 23.886 millones de sucres
que fueron glosados, es decir sólo 477 millones de sucres.
Según el Ministerio de Finanzas, apenas se cobró el
0.3% de las glosas que pesaban sobre esta
institución.

El eslabón clave está en el papel de los
organismos de control. "La Contraloría General, la
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de
Compañías, La Superintendencia de
Telecomunicaciones son organismos que constitucionalmente deben
vigilar que las entidades y los funcionarios que laboran en
éstas cumplan en forma legal, eficiente y eficaz las
funciones que les competen. Sin embargo, políticos sin
escrúpulos, intervienen en la designación de estas
autoridades y, por tanto, limitan su objetividad e independencia,
a tal punto que estos organismos han servido para combatir a los
enemigos políticos y dar la absolución a sus
benefactores. Salvo excepciones, el Superintendente de
Compañías es nombrado por las empresas, el
Superintendente de Bancos está bajo la influencia de los
bancos y las financieras. En consecuencia, ¿quién
controla a quién y cómo se controla, con
imparcialidad y objetividad?".

Del estudio de los casos presentados en el Ecuador,
podemos ver que hay un proceso que va de más a menos: el
Congreso, al ser más sensible a la presión de la
opinión pública y a la exigencia ciudadana, se ha
visto obligado a investigar casos importantes de
corrupción política durante el período
posterior a la caída de Bucaram. Sin embargo, este papel
queda limitado por los cálculos de estrategia
política, por lo cual, una vez pasada la presión
ciudadana y de la opinión pública, los casos no
tienen seguimiento. Y en general, esta situación se repite
en otros períodos.

Por ejemplo, en el tratamiento del caso de gastos
reservados de Dahik: el bloque mayoritario acelera los hechos
hasta lograr la salida de su adversario, el vicepresidente de la
República, y luego silencia las investigaciones sobre los
destinos de los fondos, pues, de acuerdo a las declaraciones de
Dahik, habrían estado destinados a algunos
bloques parlamentarios, por lo cual el problema podría
afectar a algunos diputados del bloque mayoritario.

Más que un tratamiento institucional del
problema, se observa una fuerte influencia del papel asumido por
los representantes individuales, como sucede, por ejemplo, con la
acción de la Comisión de Fiscalización y
Control Político, que tiene un fuerte protagonismo a
raíz de la caída de Bucaram, entre marzo y agosto
de 1977, para luego diluir el trabajo, a partir del cambio de la
integración de dicha comisión. El ordenamiento
jurídico diferencia las atribuciones de los organismos de
control. Después de la vigilancia política del
Congreso, los procesos pasan a responsabilidad de la
Contraloría y, cuando hay suficientes indicios, a cargo de
la justicia. Los resultados son cada vez más reducidos.
Aún más, en los casos analizados, como por ejemplo,
en el tratamiento de los gastos reservados, podemos observar que
los Contralores, en lugar de actuar como jueces han tendido a
cubrir las actuaciones del Ejecutivo.

Un análisis especial merece la situación
de la justicia en el Ecuador: "La impunidad de quienes han
violado la ley y se han apropiado de recursos públicos se
ha visto favorecida por jueces, calificados por muchos medios de
comunicación y por la propia ciudadanía como
parcializados al momento de emitir sus fallos. La forma de
designación, con evidentes compromisos políticos,
han sido igualmente factores que han determinado su conducta poco
ética para agradecer el favor de la
designación".

El tema de la politización de la justicia es uno
de los puntos clave en la construcción de una justicia
más eficaz. En esta dirección, a raíz de las
movilizaciones cívicas del 5 y 6 de febrero del 97, se
inicia un proceso de reforma de la integración de la
justicia en el país. La atención se centra en la
designación de los miembros de la Corte Suprema de
Justicia, como punto de partida de la
despolitización.

Para buscar una mayor autonomía, el Congreso da
paso a la designación de jueces prácticamente
vitalicios, que pueden ser removidos únicamente por causas
probadas de corrupción; y se establecen nuevas exigencias
de calificación profesional y ética para la
designación. Se apunta a la autonomía a
través de la creación de un Consejo de Judicatura
que dirija el funcionamiento de la administración de la
Función Jurisdiccional.

Sin embargo, la disputa se focaliza en la forma de
designación de esta nueva Corte Suprema. Se enfrentaron
básicamente dos posiciones: una, levantada por la sociedad
civil y los movimientos sociales, con el apoyo de los bloques
parlamentarios de oposición, encabezados por
"Pachakutik" (¿nuevo país?); como sabemos,
vivimos un espacio–tiempo transformacional:
el "Pachakutik" de los andinos.
Indígenas e intelectuales occidentales exigen un cambio
paradigmático para hacer viable la sobrevivencia de la
especie humana. La descolonización se presenta como un
proceso de deconstrucción de la alienación y
subordinación del ser humano, y de simultánea
construcción de un individuo autónomo y activo para
edificar "otro mundo posible". Aquí analizamos el
riesgo recolonizador inserto en las propias visiones
descolonizadoras, pues reproducen las dicotomías
etnocéntricas entre colonizador y colonizado, o entre
indio y occidental, potenciando los códigos que nos
recolonizan diariamente. Afirmamos que la descolonización
debe sustentarse en un nuevo paradigma filosófico
–cuyas bases proponemos en este documento–, que
responda a una cosmovisión alternativa y provea un
lenguaje nuevo, ya que cualquier pensamiento que se formule en
los mismos códigos discursivos que colonizan diariamente a
la humanidad, será funcional al modelo de ser humano y de
vida que ha impuesto la misma colonización. Que
señalaba que la designación debía realizarla
la sociedad civil a través de un conjunto de colegios
electorales representantes de los principales sectores ciudadanos
y sociales, sobre la base de un concurso público de
merecimientos y de la calificación profesional y
ética de los candidatos. Y dos, la tesis de la clase
política, que señalaba que, de acuerdo a la
disposición constitucional, debía ser el Congreso
quien designe a los Ministros jueces, aunque en esta oportunidad
debía realizarse una calificación pública y
recibir las candidaturas propuestas por la sociedad
civil.

El debate fue largo y concluyó en una salida
intermedia: se designaron colegios electorales de los principales
sectores de la sociedad civil (ex–presidentes de la
República, Iglesia, medios de comunicación,
universidades y facultades de Jurisprudencia, movimientos
sociales, organismos de derechos humanos, cámaras de la
producción, Federaciones de Abogados y Funcionarios de la
Función Judicial), encargados inicialmente de presentar
las candidaturas y posteriormente, por la presión de la
opinión pública y el respaldo de algunos bloques
parlamentarios, también de la calificación de una
lista de candidatos, de la cual el Congreso debería
designar 24 de los 31 miembros de la Corte.

La mayoría parlamentaria se reservó
además de la decisión final, la puerta de la
calificación de una lista paralela de candidatos para los
otros 7 integrantes, en modo de ampliar su espacio de maniobra.
La designación quedó en manos del Congreso. Sin
embargo, la presencia de la sociedad civil hasta el momento de la
calificación de gran parte de los candidatos
permitió, en esta ocasión, elevar el nivel de los
integrantes de la Corte.

El poder final del Parlamento marcó
todavía fuertes signos de politización en la
designación de los ministros jueces, por lo cual se
reprodujeron niveles de compromiso político que llevaron a
que se refleje la correlación de fuerzas parlamentaria en
la integración del máximo organismo de la justicia.
Los bloques mayoritarios del Partido Social Cristiano y de la
Democracia Popular obtuvieron un control mayoritario de la Corte;
aunque se abrió espacio también a la
representación de otros sectores de minoría. Ello
condujo también a exclusiones y vetos de acuerdo a
intereses políticos.

Este proceso prueba, una vez más, la necesidad de
una actuación fuerte de la sociedad civil y de la
opinión pública, para reformar el funcionamiento de
la justicia y para controlar la corrupción. La
desafiliación y moralización de la justicia es
todavía una tarea inconclusa. La eficacia en esta lucha
depende de la movilización cívica: los organismos
institucionales responden al nivel de exigencia de la
acción ciudadana y de la opinión pública. La
lucha contra la corrupción puede partir de un poder
diferente, aunque para su resolución necesita de la
voluntad política de la institucionalidad.

• 10. los costos de la
  corrupción.

Es difícil establecer un costo global del
perjuicio económico que causa la corrupción.
Recojamos algunos informes: "Tomando como base un estudio del
CAAP, como primera aproximación cuantitativa al
problema de la corrupción estatal, en el año 93
cerca de US$ 160 millones de dólares, casi el 7% del
Presupuesto General del Estado (1,1%) del PIB, se filtraron de
los gastos originalmente planeados; la evasión tributaria
que es otra forma de corrupción identificada con el sector
privado, había llegado en el mismo año a la cifra
de US$ 900 millones, equivalente al 39% del presupuesto del
Estado y 6,4% del PIB".

Si globalizamos estas cifras, podemos señalar que
la corrupción representaba alrededor del 33% del
Presupuesto General del Estado para 1993. El Informe de la
Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el
caso Peñaranda, en el que estaban involucrados diputados
del Parlamento, señala que el perjuicio llegaría al
60% de las partidas empleadas. Este dato es confirmado por el
informe de la Contraloría sobre este caso.

• 11. La Corrupción viene desde arriba:
  Y el Orden Constitucional?

Estos casos muestran el nuevo carácter que asume
la corrupción política en el país. El
problema se agudiza cuando parte desde la cabeza. En las
administraciones anteriores se presentan casos de
corrupción política; sin embargo, no
existían las suficientes pruebas de la
participación de las altas esferas del poder. A partir de
los casos denunciados en el período de Sixto Durán,
la percepción de la ciudadanía se expresa en una
creciente desconfianza de la institucionalidad
democrática. En este período también cobra
fuerza el tema del salvataje financiero, con el caso del Banco
Continental, que analizaremos más adelante.

El mantenimiento del orden constitucional a estos
respectos constituyó, en sí mismo, una resistencia
valiosa contra el proyecto insurreccional de los grupos
subversivos, que buscan, precisamente, la "destrucción
del viejo Estado". Ello culminó, finalmente, en una
transferencia del poder tras elecciones limpias y según
los canales previstos en la Constitución de 1979. El orden
constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto
esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la
medida que el gobierno del presidente Belaúnde no fue
exitoso en detener el avance de la subversión ni se
interesó en prevenir o castigar las violaciones de
derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las
que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias
facultades.

• 12. Corrupción y
  Derecho.

La corrupción, puede ser definida como toda
conducta que se desvía de los deberes normales inherentes
a la función pública debido a consideraciones
privadas como las familiares, de clan o de amistad, con objeto de
obtener beneficios personales y de grupo en dinero o en
posición social 1. Como la mayoría de los delitos y
las ofensas a la sociedad entera, la corrupción tiene una
madre que se llama injusticia social. Conjuntamente con los
costos económicos y sociales que ella acarrea, las
consecuencias políticas son también graves en tanto
la corrupción del sector público pone en juicio la
credibilidad, legitimidad de los gobiernos, con mayor
razón en estos momentos de ajuste, estabilización,
modernización, cuando se exigen a la población
austeridad y sacrificio.

Nuestro sistema político tiene como base
fundamental su legitimidad. Esta legitimidad se alimenta cuando
el pueblo cree y acepta, que el gobierno se interesa y trata de
solucionar sus problemas y que en esa tarea utiliza adecuadamente
los recursos públicos, actuando con transparencia y
objetividad en el ejercicio de la función pública,
en aras del bien común. Dentro de este proceso de
legitimación, es indispensable la existencia de una
ética de la función pública que oriente las
acciones del gobierno en la búsqueda del bien común
como fin último del Estado.

En un régimen democrático, ese fin
último origina los valores de libertad, justicia y
solidaridad, sobre los que se levanta todo el sistema, cuya
legitimación se centra en la actualización de esos
valores y en la consecución del bien
común.

La ausencia de ética en la función
pública se traduce en corrupción de los
funcionarios y los políticos y con ello se deslegitima el
sistema político. Los valores que orientan la
función pública como la lealtad, eficiencia,
probidad y responsabilidad originan consecuentes deberes y
obligaciones para el servidor público como lo son el deber
de confidencialidad, de imparcialidad y de objetividad en el
desempeño de su cargo. A lo anterior se unen las
prohibiciones de usar indebidamente los recursos públicos;
de utilizar el poder público en sus expresiones corruptas
como el tráfico de influencias, nepotismo o para obtener
prebendas personales. Lo nuevo no es la corrupción, sino
la generalizada y amplia preocupación sobre ella. La
corrupción amenaza seriamente el funcionamiento y la
credibilidad, debilitando peligrosamente la legitimidad del
sistema democrático, presuntamente consolidado.