Cuaderno de Filosofía de la Educacion (página 4)

PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA
EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA,

(2014-2030),

1 de abril de 2014

PREÁMBULO

REUNIDOS los actores del sistema
educativo dominicano, instituciones del gobierno central,
el Consejo Económico y Social, partidos
políticos y otros actores de la sociedad dominicana,
con la presencia de los expertos e invitados especiales en
calidad de testigos, convocados por el señor
Presidente de la República, Lic. Danilo Medina
Sánchez, mediante el Decreto 228-13.

EN EL ENTENDIDO DE QUE:

RECONOCEMOS que la República
Dominicana, transcurridos 170 años de existencia
como nación independiente, se ha proclamado como un
Estado Social y Democrático de Derecho donde sus
habitantes y organizaciones actúan apegados a un
marco de derechos y obligaciones individuales y colectivas.
 

RECONOCEMOS que la educación es
un derecho humano fundamental consagrado en la
Constitución de la República Dominicana como
corresponsabilidad del Estado, de la familia y de las
personas, al establecer el Artículo
63: 

"Toda persona tiene derecho a una
educación integral, de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,
vocación y aspiraciones. En consecuencia: 1) La
educación tiene por objeto la formación
integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe
orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y
de sus valores éticos. Busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
demás bienes y valores de la
cultura;… ". 

RECONOCEMOS que es obligación
del Estado Dominicano financiar la educación
pública en todos los niveles, grados y
modalidades.

RECONOCEMOS que la educación de
calidad es la herramienta más poderosa para realizar
las transformaciones requeridas en la sociedad dominicana,
en la familia y en las condiciones de vida de todos sus
habitantes.

COMPRENDEMOS que a finales del siglo
XX y principios del siglo XXI el país generó
planes, desarrolló iniciativas y asumió
compromisos para el mejoramiento del sistema
educativo; en particular, los Planes Decenales para la
función educativa, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el Foro Presidencial por la Excelencia
de la Educación Dominicana, las Metas Educativas
2021, el Compromiso Político y Social por una
Educación de Calidad, y la Iniciativa Dominicana por
una Educación de Calidad. Sin embargo, aún
persiste la necesidad de realizar un compromiso o pacto
nacional para alcanzar las transformaciones requeridas para
el desarrollo de la República
Dominicana. 

CONSIDERAMOS que dentro de los logros alcanzados
por el país está la Estrategia Nacional de
Desarrollo, que traza una ruta consensuada hacia los
objetivos de largo plazo de la Nación; así
como la asignación del 4% del Producto Interno Bruto
para la educación preuniversitaria. Ambas han sido
aspiraciones históricas del pueblo
dominicano. 

CONSIDERAMOS que la pertinencia de la
educación, en todos sus niveles, descansa en
aquellos  contenidos curriculares capaces de dotar a
las personas de las competencias necesarias para enfrentar
los desafíos del mundo actual, de construir
ciudadanía plena para convivir en sociedad y de
atender las necesidades del desarrollo social,
económico, científico, tecnológico y
cultural del país,  en consonancia con la
Estrategia Nacional de Desarrollo. 

RECONOCEMOS que, entre otros
factores,  la calidad profesional, la fortaleza moral,
la dignificación y la entrega de los educadores
juegan un rol clave en la calidad de la educación.
Por tanto, la formación
profesional y pedagógica, inicial y
continuada de los docentes es fundamental para transformar
el desempeño y la calidad de la educación
dominicana. 

ASUMIMOS que el respeto a la
Constitución, el cumplimiento de la Ley y la defensa
de los valores éticos de respeto, integridad,
veracidad y responsabilidad son consustanciales al proceso
y suscripción del Pacto Nacional para la Reforma
Educativa. 

REAFIRMAMOS que el proceso de
consulta, discusión y concreción del Pacto
Nacional para la Reforma Educativa, ordenado por el Decreto
228-13, en cumplimiento del mandato de la Ley 01-12 de la
Estrategia Nacional de Desarrollo, se estructuró con
la finalidad de encontrar soluciones consensuadas, producto
del diálogo entre los distintos actores, para
superar los nudos y obstáculos que, a la fecha, han
sido la causa principal de que los instrumentos legales,
planes e iniciativas no hayan logrado plenamente sus
objetivos.

CONSIDERAMOS que la suscripción
del Pacto Nacional para la Reforma Educativa busca
igualmente garantizar la instalación en el sistema
educativo de una cultura de evaluación integral,
sistemática, permanente y transversal para todos los
procesos y actores del sistema, niveles, modalidades,
subsectores e instancias de la función educativa en
la República Dominicana, desde la primera infancia
hasta la educación superior, así como la
formación técnico-profesional.

RECONOCEMOS que la República
Dominicana comparte la realidad política,
económica y social del mundo actual, en el cual las
reformas institucionales y culturales necesarias
sólo son posibles a través de la
participación social activa y como resultado de un
amplio consenso nacional.  En consecuencia, la Ley
01-12 designa al Consejo Económico y Social, en
virtud de su mandato constitucional, como el espacio para
la discusión y concreción del Pacto Nacional
para la Reforma Educativa.

REAFIRMAMOS que si queremos lograr
transformar la educación de los dominicanos y
dominicanas es tiempo que comencemos a hacerlo
ya. 

El presente preámbulo forma parte integral
del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y en tal
sentido,

PACTAMOS LO SIGUIENTE:

1. Bases del Pacto Nacional para la Reforma
Educativa

Los acuerdos y compromisos asumidos en este Pacto
son de distinta naturaleza. Algunos implican
políticas públicas concretas y reformas
legislativas; otros exigen dedicar mayores esfuerzos
públicos y privados; y otros promueven cambios de
paradigmas en nuestro accionar cotidiano personal y
colectivo. No obstante, todos están orientados a
alcanzar una educación que  permita a todas y
todos los dominicanos desarrollar al máximo su
potencial como personas y como integrantes de un colectivo
social que reconocen y al que se integran con libertad para
vivir en igualdad de oportunidades. 

Por lo cual, concertamos este Pacto sobre las
siguientes bases:

1.1 La educación es el medio
más idóneo para la cohesión social de
la Nación dominicana,  por lo cual estamos
dispuestos a poner el interés colectivo supremo por
encima de los intereses individuales y sectoriales, a fin
de garantizar el derecho fundamental de todos los 
niños, niñas,  jóvenes y adultos
a recibir una educación de calidad, conforme a lo
consagrado en la Constitución de la República
Dominicana.

1.2 Las políticas educativas
deben constituirse en políticas de Estado, por lo
que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el
año 2030, sin importar las variaciones o cambios
políticos que pudieran producirse en este lapso de
tiempo. Se entiende que los cambios y ajustes que deban
introducirse a lo pactado deberán ser realizados
mediante un proceso plural, colectivo y de amplia
participación como el que sustenta el presente
Pacto, a fin de garantizar su legitimidad. 

1.3 La plena vigencia del Estado de
Derecho supone que cada uno de nosotros reconoce los
derechos y obligaciones derivados del marco normativo
existente en la República Dominicana. En tal
sentido, el Estado dominicano y sus instituciones de
gobierno son la autoridad legítima para cumplir y
hacer cumplir la ley en todos sus términos,
incluyendo un régimen de consecuencias para la
inobservancia de la misma, conforme al debido proceso. En
el ámbito educativo, esto implica aceptar la
aplicación de sanciones ante eventuales
incumplimientos de las normas vigentes. 

1.4 La participación de todos
los sectores de la sociedad en el desarrollo de la
educación está definida en el marco de lo
establecido en la Constitución y las leyes de la
República Dominicana.

1.5 El éxito del sistema
educativo depende de la participación y la
integración de la comunidad educativa (estudiantes,
docentes, familias, directivos) y demás actores
sociales en el diseño, ejecución, monitoreo y
evaluación de los planes educativos y en la
veeduría social de los compromisos pactados para
mejorar la calidad de la educación, incluyendo los
relativos a las inversiones y los procesos de mejora que se
desarrollan en los centros educativos. 

1.6 Toda reforma educativa es un
proceso continuo y dinámico. El principal valor
agregado de este Pacto Nacional para la Reforma Educativa
será implementar mecanismos adecuados y
transparentes para el cumplimiento de cada uno de los
compromisos asumidos, así como la definición
de cronogramas, metas cuantificables y estrategias para el
seguimiento, evaluación y retroalimentación
constante, con la participación activa y
sistemática de todos los actores. 

1.7 La transformación del
sistema educativo requiere realizar los máximos
esfuerzos en procura de asegurar el financiamiento y
desarrollo de todos y cada uno de los acuerdos derivados de
este Pacto en un marco de transparencia, rendición
de cuentas y evaluación permanente de la eficacia de
las estrategias y acciones adoptadas. 

2. Sobre la visión compartida de la
educación dominicana

2.1 La educación es un derecho
y un bien público de acceso universal y con equidad;
orientada a construir ciudadanía plena mediante la
formación integral de personas conscientes de sus
derechos y sus deberes, respetuosas de los principios y
valores constitucionales; personas autónomas,
solidarias, éticas y socialmente responsables,
comprometidas con  la igualdad y equidad de
género, la atención a la diversidad, el uso
sostenible de los recursos naturales y la protección
del medio ambiente; personas capaces de vincularse de
manera crítica, creativa y transformadora con el
progreso científico-técnico, social y
cultural, e integrarse activamente al desarrollo nacional y
a la construcción de una sociedad más justa,
inclusiva e intercultural a nivel local y global, para
vivir de manera digna y pacífica.

2.2 Los niños, niñas y
adolescentes imaginan su escuela como un lugar para
aprender con alegría y así comprender el
mundo que los rodea; que cuente con amplios espacios, en
contacto con la naturaleza, con  facilidad de 
acceso para todos sin importar limitaciones físicas
o de cualquier otro tipo. Una escuela que sea bonita,
limpia, ordenada, debidamente equipada, que incorpore
habitualmente el juego, el deporte, el arte y el
acercamiento a la tecnología; donde prime el afecto
y el respeto entre iguales, y que ayude a descubrir y
potenciar los talentos de cada estudiante. En definitiva,
una escuela que sea orgullo y ejemplo para su comunidad y
el país.  

3. Sobre la democratización e igualdad
de oportunidades para acceder a la educación desde
el nivel inicial al nivel superior

El Estado dominicano tiene la obligación de
promover la educación desde los primeros
años, asegurar la universalización de la
educación inicial, primaria y secundaria, promover
la educación técnica y tecnológica,
fomentar la educación superior, así como
desarrollar el subsistema de educación de adultos y
la educación formal, no formal e informal, para
brindar las oportunidades de aprendizajes para la vida, a
lo largo de toda la vida, y para todas las personas. 
 

En consecuencia, los compromisarios
pactamos:

3.1 Para la educación
preuniversitaria

3.1.1 Cumplir con lo establecido en la
Estrategia Nacional de Desarrollo en lo relativo a ofrecer
educación pública gratuita, obligatoria y de
calidad, en el nivel inicial a partir de los 3
años. 

3.1.2 Ampliar la cobertura de la
atención integral y la educación inicial a
menores de 5 años, propiciando el establecimiento de
centros de atención y educación integral,
programas con base familiar y comunitaria, registro de
nacimientos, promoción de la salud, apoyo
nutricional,  así como atención de
niños y niñas con necesidades especiales, a
través de distintos mecanismos tales como programas
gubernamentales, acuerdos de cogestión con
organizaciones de la sociedad civil, entre otros, avanzando
hacia la universalidad de la atención
integral. 

3.1.3 Desarrollar estrategias para
asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y 
    la superación de la exclusión y
el abandono escolar. 

3.1.4 Construir el número de
aulas y contratar el número de maestros con las
cualificaciones requeridas que sean necesarios para
impartir una educación de calidad que permitan dar
cumplimiento al cronograma de universalización de la
educación inicial, primaria y secundaria, en un
plazo no mayor de 10 años, con especial
énfasis en las áreas de concentración
de población más vulnerable.
 

3.1.5 Asegurar que el desarrollo de la
infraestructura educativa responda  a la
proyección de la población, atienda a
criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o
con necesidades especiales, cumpla las normas nacionales de
construcción con seguridad sísmica y de
reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos,
y cuente con adecuados servicios básicos de agua,
electricidad,  saneamiento y condiciones apropiadas de
ventilación e iluminación.  

3.1.6 Fortalecer e implementar los
programas de educación afectivo-sexual, así
como esquemas de apoyo y acompañamiento a madres y
padres adolescentes, para garantizar su permanencia en el
Sistema Educativo. 

3.1.7 Acordar con las autoridades de
la  Junta Central Electoral la ejecución
de  una partida especial para trabajar, en
colaboración con la comunidad educativa y
organizaciones de la sociedad civil, de manera sostenida en
todo el territorio nacional, en el otorgamiento  de
acta de nacimiento a todos los niños, niñas y
sus familias conforme a la ley, especialmente a aquellos
que forman parte de la población del país en
situación de vulnerabilidad. 

3.2 Para la educación
superior 

3.2.1 Desarrollar la oferta de
educación superior sobre la base de las necesidades
de la población, teniendo en cuenta diferentes
categorías y modalidades que garanticen equidad en
cobertura geográfica y  atención a
personas con discapacidad o necesidades especiales. En el
caso de creación de nuevas instituciones de
educación superior o extensiones de las
públicas ya existentes, realizarla sobre la base de
una evaluación diagnóstica previa.
 

3.2.2 Mejorar, mantener y ampliar la
infraestructura existente, atendiendo a las necesidades,
capacidades y potencialidades de las comunidades en el
territorio, a fines de aumentar la cobertura y garantizar
la calidad de la educación.

3.2.3 Ampliar la cobertura de la
educación técnica superior mediante la 
creación  de una red de institutos
técnicos superiores comunitarios
regionales.

3.2.4 Promover la oferta de
educación superior a través de la modalidad
virtual y la educación a distancia, siempre que
cumplan con las condiciones requeridas para esta modalidad.
Para tales fines, el gobierno dominicano, en acción
coordinada con el sector privado, propiciará el
aumento y acceso a conectividad y banda ancha a precios
asequibles. Se considerará la posibilidad de que sea
de acceso gratuito. 

3.3   Para la educación y
formación técnico-profesional

3.3.1 Mejorar la oferta de la
educación y formación
técnico-profesional en todo el territorio nacional
desde una perspectiva integral, con base en estudios de
identificación de necesidades y un uso eficiente de
las facilidades físicas y
tecnológicas.

3.3.2 Diseñar e implementar una
estrategia de revalorización de la educación
y formación técnico profesional, que incluya
un componente de comunicación, dirigido a
jóvenes, familias, empleadores y comunidad
educativa, orientada a reivindicar la imagen de este
subsector educativo y a dar a conocer su oferta como una
oportunidad de generación de ingresos y desarrollo
personal y un generador de capital humano competente para
los sectores productivos. 

3.4  Respecto a los instrumentos de
equidad que favorecen la entrada y la permanencia en el
sistema educativo

3.4.1 Desarrollar y garantizar por parte
del Estado, a nivel del gobierno central y los gobiernos
locales, un sistema de transporte escolar que facilite el
acceso a los centros educativos de los estudiantes que
provienen de comunidades rurales, incluidos aquellos con
necesidades especiales. 

3.4.2 Desarrollar un plan dirigido a
establecer un sistema de carnet estudiantil que permita
tener acceso a servicios públicos y privados con
descuentos o bajo un régimen de
gratuidad.

3.4.3 Implementar un programa integral
de salud escolar, vinculado con los servicios de
atención primaria correspondientes, que asegure una
dieta balanceada de acuerdo a la región, así
como servicios de apoyo psicológico para los
niños, niñas y adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad social y emocional. 

3.4.4 Apoyar y coordinar, como parte
de la estrategia de protección social, los programas
de apoyo a las familias de estudiantes en condición
de vulnerabilidad, con el propósito de erradicar el
trabajo infantil y mantener a niñas, niños y
adolescentes integrados en el sistema educativo.
 

3.4.5 Aplicar un sistema transparente
de subsidios y becas para estudiantes de escasos recursos,
bajo los principios de equidad y sobre la base de
méritos académicos, y articulado con
programas educativos prioritarios para la
implementación de la Estrategia Nacional de
Desarrollo.

3.4.6 Habilitar centros de atención
integral a la primera infancia en la cercanía de
universidades y centros de formación profesional,
como mecanismo para promover el desarrollo infantil
temprano, facilitar el acceso a madres y padres a la
educación, y mantener a los jóvenes y adultos
de grupos vulnerables en el sistema educativo,
contribuyendo a evitar  la deserción
escolar. 

4. Sobre la calidad y pertinencia de los
aprendizajes en todos los niveles del saber

La complejidad de las dinámicas sociales en
el mundo actual plantea un reto para el sistema educativo,
pues se requiere enfatizar la formación en valores
humanos y ciudadanos que promuevan la convivencia
pacífica en la sociedad, y que fomenten el aprecio e
identificación con la cultura
dominicana. 

De igual forma, el desarrollo social,
científico y tecnológico de décadas
recientes presenta el reto de desarrollar competencias en
los estudiantes que les permitan insertarse exitosamente en
una sociedad dinámica y global, en la cual la
ciencia, la tecnología, la investigación y
las capacidades para el procesamiento e
interpretación crítica de la
información constituyan las bases
estratégicas del poder, la producción de
riqueza, el progreso y el logro del desarrollo personal y
colectivo.

En consecuencia, los compromisarios
pactamos:

4.1 Para la pertinencia de la educación
como contribución  al desarrollo del
país

4.1.1 Realizar periódicamente
estudios prospectivos sectoriales y regionales para
determinar los requerimientos de recursos humanos de
diferentes niveles que precisa el desarrollo de la
Nación, en particular en aquellos sectores
considerados prioritarios.  Estos estudios
serán conducidos por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, en
coordinación con el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Administración Pública y el Instituto de
Formación Técnico Profesional,  y en
consulta con otras entidades públicas, centros de
educación superior y formación
técnico-profesional, los sectores empresarial y
laboral, así como otros  sectores de la vida
nacional.

4.1.2 Desarrollar, en forma conjunta y
coordinada entre el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de
Educación, el Instituto de Formación
Técnico Profesional y los sectores empresarial y
laboral, los instrumentos necesarios para que el
país disponga de una oferta integrada y articulada
de educación técnica y formación
técnico-profesional en los distintos niveles
educativos a fin de asegurar la calidad, facilitar el
tránsito de los egresados de un nivel a otro y
responder a los requerimientos del mercado laboral, en
consonancia con los objetivos estratégicos del
país y en función de los estudios
prospectivos realizados. 

4.1.3 Establecer la aplicación
de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el
primer ciclo de educación secundaria, conforme a lo
establecido en el marco de la revisión curricular, a
fin de identificar intereses y posibilidades de ingreso de
los y las estudiantes a las distintas modalidades y su
correspondencia con las necesidades de competencias y
capacidades humanas identificadas en los estudios
prospectivos realizados. 

4.1.4 Rediseñar y adecuar, bajo
la coordinación del Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, la oferta
académica de las instituciones de educación
superior, en función de las necesidades de recursos
humanos en las áreas de ciencias, tecnologías
y humanidades, en los niveles técnico superior,
grado y postgrado, sustentada en los estudios prospectivos
de requerimientos de los recursos humanos necesarios para
el desarrollo sostenible del país. Las Instituciones
de Educación Superior se comprometen a
rediseñar y adecuar su oferta académica, en
los términos señalados.

4.1.5 Adecuar la oferta
académica de las instituciones públicas que
ofrecen formación técnico-profesional de
nivel pre-universitario para promover la formación
de recursos humanos requeridos para el desarrollo
sostenible del país  a este nivel, en
particular  en aquellos sectores considerados
prioritarios, y sustentada en los estudios prospectivos
realizados. 

4.1.6 Promover un debate nacional
sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la
religión en la educación, como un compromiso
del Estado.

4.1.7 Desarrollar en  los
estudiantes de los diferentes niveles, modalidades,
subsistemas y subsectores, las competencias para el dominio
de la lengua y otras habilidades comunicativas; el
pensamiento lógico-matemático, crítico
y creativo; la capacidad para resolver problemas y tomar
decisiones; la actitud investigativa, el trabajo
colaborativo, la valoración de los aportes de la
ciencia y el cuidado del medio ambiente; así como
una  consciencia ética ciudadana y una actitud
para aprender durante toda la vida.

4.2. Para la calidad de la educación
preuniversitaria

4.2.1 El cumplimiento del horario y
calendario escolar es un elemento esencial establecido en
nuestra Constitución. Su cumplimiento genera
responsabilidades legales compartidas entre el
Estado,  los maestros y las maestras, los directores y
las directoras, las familias, los estudiantes y otros
miembros de la comunidad educativa, partidos
políticos y otros colectivos de las comunidades
nacional y local. Respetar el horario y calendario escolar
se asume como uno de los compromisos irrenunciables de
todos los firmantes de este pacto.

Para alcanzar este objetivo, pactamos:

a-) Reforzar el conocimiento y cumplimiento
irrestricto de la normativa en la materia, contenida en la
Constitución de la República, la Ley 41-08 de
Función Pública, la Ley 66-97 General de
Educación, el Estatuto del Docente, entre otros, y
su régimen de consecuencias. 

b) Estimular a todos los actores del
sistema educativo a facilitar y velar por el cumplimiento
del calendario y el horario escolar, para garantizar la
formación de nuestros estudiantes. Solicitar a las
comunidades y a las asociaciones de padres y madres,
convertirse en celosos vigilantes del cumplimiento de esta
medida.  

c) La Asociación Dominicana de
Profesores reitera su compromiso del cumplimiento del
horario y calendario escolar, promoviendo entre sus
miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia. Las
reuniones y actividades ordinarias del sindicato
serán programadas e incorporadas en el Calendario
Oficial del Ministerio de Educación aprobado en el
Consejo Nacional de Educación, sin desmedro del
cumplimiento del horario y el calendario escolar
establecido. 

4.2.2 Garantizar la calidad educativa
a través de la apropiación y
aplicación del currículo vigente por parte de
los docentes en los diferentes contextos socioculturales,
el desarrollo de estrategias de aprendizaje innovadoras y
creativas, la ejecución de los planes de estudio,
los programas de las áreas del conocimiento, la
evaluación sistemática y objetiva; todo esto
con el propósito de asegurar el desarrollo de 
competencias fundamentales.  Dicha calidad será
medida, esencialmente, por los resultados de los
aprendizajes.  

4.2.3 Universalizar la jornada
extendida en los niveles primario y secundario del sistema
educativo dominicano, en un marco de ampliación
integral de la oferta curricular.

4.2.4 Incorporar al currículo
educativo, desde la primera infancia y con las estrategias
pedagógicas adecuadas para cada nivel, la
educación sexual –reproductiva,  el
conocimiento y prevención de las  infecciones
de transmisión sexual y el VIH,  así
como la formación en valores de respeto, igualdad y
equidad de género, convivencia familiar, y
maternidad y paternidad responsables. 

4.2.5 Asegurar que toda
infraestructura educativa contribuya a la creación
de un adecuado ambiente pedagógico y a la
integración de la familia y la comunidad a la vida
escolar.   Se dispondrá de espacios  para
estimular el desarrollo físico, mental y social de
todas y todos  los estudiantes,  
incluyendo  aquellos con condiciones de discapacidad y
necesidades especiales.  Dentro de estos espacios se
encuentran  los destinados para educación
física, huertos escolares,  recreación,
expresión artística, contacto con la
naturaleza y los  requeridos para la eficaz
implementación del modelo de jornada
extendida. 

4.2.6 Propiciar que estudiantes y
docentes en todos los niveles educativos integren las
tecnologías de la información y
comunicación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

4.2.7 Asegurar que cada centro
educativo disponga de bibliotecas escolares y de aulas,
así como de espacios y centros de recursos para el
aprendizaje adaptados a los diferentes niveles educativos y
a las condiciones especiales de las y los estudiantes.
Igualmente, propiciar que docentes y estudiantes hagan un
uso efectivo de los recursos disponibles en la escuela y en
la comunidad.

4.2.8 Fortalecer la red nacional de
bibliotecas públicas, dotándolas de recursos
de información pertinentes, en diversos formatos y
soportes que contribuyan a los aprendizajes a lo largo de
toda la vida, la investigación y el fomento de la
lectura.  

4.2.9 Definir, aplicar y regular desde
el Estado una política editorial de textos y
recursos pedagógicos que garantice la calidad, la
pertinencia, la actualización del contenido,
así como el enfoque filosófico y
pedagógico del currículo vigente, que atienda
a las diferentes discapacidades y necesidades especiales
del estudiantado. De igual forma, dicha política
debe velar por el monitoreo y la transparencia de los
procesos de producción, distribución y
comercialización para el acceso universal,
así como establecer la vigencia de los textos y
recursos pedagógicos del sistema educativo
pre-universitario completo.

4.2.10 Cumplir con las disposiciones
legales que regulan la política de libros de texto
en los centros educativos. 

4.2.11 Fortalecer el subsistema de
educación para personas adultas, mediante la
promoción de mayor coordinación
Estado/sociedad, el desarrollo de redes y alianzas que
articulen la educación formal, informal y no formal,
la ampliación de la accesibilidad y la pertinencia
de los aprendizajes para la vida y a lo largo de la
vida. 

4.2.12 Formar directores y directoras
de centro educativos capaces de asumir y promover una
cultura de mejora continua de la gestión
institucional y pedagógica, a partir del trabajo en
equipo, el liderazgo activo y transformador, así
como el desarrollo de las capacidades de
planificación, y de administración del tiempo
y de los recursos disponibles, a fin de garantizar
más y mejores aprendizajes por parte de los
estudiantes.

4.3 Para la calidad de la educación
superior

4.3.1 Desarrollar estrategias y
servicios de orientación y tutorías dirigidas
a hacer más eficientes las instituciones de
educación superior y a aumentar el número de
estudiantes que egresan en el tiempo previsto.

4.3.2 Crear, un sistema de
acreditación de instituciones y programas de
educación superior bajo la rectoría del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, que cumpla con estándares
aceptados por la comunidad académica nacional e
internacional. Dicho sistema estará integrado por
acreditadoras avaladas internacionalmente y su
financiamiento provendrá del Estado, el sector
privado y las Instituciones de Educación
Superior. 

4.3.3 Promover que los estudiantes
realicen pasantías y prácticas
pre-profesionales como requisito de grado para cualquier
carrera, que complementen su formación
académica e incorpore saberes, habilidades y
actitudes vinculados a situaciones reales del mundo laboral
y profesional. Para esto, el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología elaborará, en
consulta con los demás actores, las normas que
regulan la práctica de pasantías.

4.3.4 Establecer, bajo la
regulación del Estado, un sistema de
certificación y licencias profesionales basado en
referentes y estándares internacionales, con la
participación  de agencias certificadoras
reconocidas local e internacionalmente.  Se 
privilegiarán  aquellas profesiones
prioritarias para el desarrollo nacional y críticas
por su responsabilidad e impacto en la calidad de vida de
la población y el mejor funcionamiento de nuestra
sociedad.

4.4 Para la calidad de la educación y
formación técnico-profesional

4.4.1 Garantizar la
actualización y la modernización de la
educación y formación
técnico-profesional a través de la
investigación, la adaptación
tecnológica,  las prácticas en talleres
y laboratorios, así como la disponibilidad de
infraestructura y equipamientos adecuados.

4.4.2 Diseñar e implementar
mediante labor conjunta del Ministerio de Educación,
el Instituto de Formación Técnico
Profesional, y el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo un sistema de indicadores
de la calidad en el nivel de educación media
modalidad técnico profesional y la formación
técnico-profesional.

4.4.3 Procurar, impulsar y concretar
la homologación de la educación y la
formación técnico-profesional tomando en
cuenta los países que han suscrito acuerdos de libre
comercio con la República Dominicana.

4.4.4 Elaborar un reglamento de
pasantías en el nivel de formación
técnico-profesional que contemple incentivos
especiales que resulten atractivos para todos los sectores
involucrados y que incluya la protección al
pasante.

5. Sobre la dignificación y desarrollo
de la carrera docente

Existe un amplio consenso en torno al papel
fundamental que, entre otros factores, juegan la
formación, la fortaleza moral, el compromiso y la
entrega del docente en el logro de los aprendizajes. Por
tanto, se requiere una formación docente integral,
que impacte el pensamiento y la práctica del
docente, y le habilite para la construcción de
conocimientos y la generación de experiencias
creativas de enseñanza-aprendizaje de forma
individual y con sus pares.

Dada la necesidad de reivindicar la figura del
docente como actor relevante en los procesos de cambio
social y de desarrollo nacional, los compromisarios
específicamente pactamos  lo
siguiente:

5.1 Para la formación
docente

5.1.1 Actualizar, adecuar y hacer
coherentes los programas de formación docente con la
educación que queremos y necesitamos para el Siglo
XXI, en correspondencia con la Estrategia Nacional de
Desarrollo y dentro del marco de la Resolución 08-11
del 1º de julio de 2011 aprobada por el Consejo
Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología para la formación de profesores de
los niveles inicial, primario y secundario. Para tal fin,
se debe garantizar la formación docente con
énfasis en el dominio de los contenidos, en
metodologías de enseñanza adecuadas al
currículo, en herramientas pedagógicas
participativas y en competencias para el uso de las
tecnologías de información y
comunicación,  con el propósito de
facilitar la continua innovación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

5.1.2 Garantizar que el
currículo de los niveles inicial, primario y
secundario se constituya en el referente fundamental para
la formación docente en las Instituciones de
Educación Superior reconocidas por el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología para
el desarrollo de la carrera  de
educación.

5.1.3 Fortalecer, en
coordinación con el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de
Educación, la práctica docente en la
formación inicial de las educadoras  y los
educadores. Para tales fines, las instituciones de
educación superior que ofertan la carrera de
educación se comprometen a promover la
creación y fortalecimiento de centros educativos
experimentales, y al seguimiento, evaluación del
desempeño y retroalimentación de los
estudiantes en dichas prácticas, como forma de
fomentar la excelencia y la innovación
pedagógica. 

5.1.4 Promover alianzas
estratégicas entre instituciones nacionales e
internacionales con programas de formación docente,
a fin de facilitar la incorporación de las mejores
prácticas y promover la excelencia en la
formación de los docentes. 

5.1.5 Priorizar la formación
doctoral para reforzar las escuelas formadoras de docentes,
así como para disponer de una masa crítica de
profesionales de alta calidad para los departamentos clave
del sistema educativo. 

5.1.6 Implementar, con carácter
obligatorio, una prueba de ingreso validada para los
programas de formación de docentes, la cual debe
medir si los estudiantes poseen los conocimientos, la
vocación y las habilidades requeridos para iniciar
estudios a nivel terciario en el área del
magisterio. En caso de que las deficiencias evidenciadas
sean de conocimiento, la institución en la que
aspiran estudiar deberá ofrecerles a los interesados
estrategias académicas que les permitan superar las
deficiencias antes de su ingreso a la carrera. Esta medida
deberá aplicarse a partir de junio de 2014. Los
aspirantes que demuestren tener las competencias necesarias
para estudiar magisterio podrán ser becados por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología a partir de agosto de 2014, siempre que
la universidad elegida cumpla con la normativa para la
formación de profesores establecida por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.

5.1.7 Establecer mecanismos que
permitan atraer a la formación docente a bachilleres
con alto rendimiento académico y vocación
para la docencia, en un marco de igualdad de oportunidades
y de reconocimiento a la excelencia y la motivación,
para lo cual se creará un sistema especial de
incentivos (becas, becas-créditos, ayudas,
estipendios, viajes de estudios y otros).

5.1.8 Promover la excelencia en los
programas de formación docente mediante la
acreditación de todos los programas orientados a la
formación de maestros, exigiendo un nivel
mínimo de maestría para los formadores de
grado y de doctorado para los formadores de
maestría.

5.2 Para el desarrollo de la carrera
docente

5.2.1 Ampliar y fortalecer, a partir
del año 2014, la política de ingreso a la
carrera docente que permita la incorporación al
sistema educativo de profesionales de alta calidad
exclusivamente a través de concursos de
oposición para todas las posiciones docentes, sin
excepción alguna. Todo nombramiento que no sea
producto del concurso será invalidado y
deberá ser revocado. 

5.2.2 Organizar y poner en marcha la
inducción de los y las docentes de nuevo ingreso al
sistema educativo, mediante el establecimiento de programas
de inducción.

5.2.3 Garantizar que la
capacitación continua esté articulada a la
gestión curricular del centro educativo, con
especial énfasis en la integración de las
tecnologías de la información y
comunicación al proceso de
enseñanza-aprendizaje, a través de
estrategias de supervisión, seguimiento y
acompañamiento pedagógico.

5.2.4 Crear un fondo especializado
para implementar un sistema nacional de
investigación educativa mediante la
construcción de laboratorios de la carrera docente,
para cada especialidad y con incentivos económicos,
que estimulen la producción de conocimiento
científico, la innovación y el uso de nuevas
tecnologías. 

5.2.5 Garantizar que el sistema de
evaluación sea objetivo, transparente,
independiente, formativo  e integral; que redimensione
la experiencia profesional y los aprendizajes de los
estudiantes; que fortalezca la motivación y la
reflexión docente; que cuestione los supuestos
implícitos en su práctica y que promueva una
cultura profesional. Dichas evaluaciones servirán
para diseñar programas de acompañamiento y
capacitación para que el docente pueda reforzar sus
fortalezas y superar sus dificultades, así como para
estructurar un sistema de incentivos que premie la
excelencia y la vocación de los  y las
docentes.

5.2.6 Poner en funcionamiento el
Tribunal de la Carrera Docente como instancia para dirimir
las violaciones a las disposiciones establecidas en la
normativa y determinar las consecuencias de dichas
violaciones. Para tales fines, se debe revisar y actualizar
la normativa al respecto.

5.2.7 Promover la cultura del
diálogo y el mutuo entendimiento entre los actores
del sistema educativo mediante  la creación de
comisiones de mediación en los diferentes
ámbitos y jurisdicciones.

5.2.8 Establecer, con el apoyo del
Ministerio de Educación, espacios de tiempo para que
los docentes puedan reflexionar y socializar su experiencia
pedagógica, con miras a fomentar las  mejores
prácticas, sin desmedro del horario y calendario de
clases planificado para los y las estudiantes.

5.2.9 Readecuar el programa de
habilitación docente para facilitar la
formación pedagógica de los profesionales de
otras carreras que laboran en los sectores público y
privado del sistema educativo y/o de aquellos que muestran
una probada actitud y aptitud para la enseñanza, y
desean ingresar a la carrera docente. Para tales fines, se
seguirá la normativa de formación docente
aprobada por el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología.

5.3 Respecto a  las condiciones de vida y
de trabajo de las y los docentes

5.3.1 Definir e implementar
categorías de puestos docentes para que la
promoción interna u horizontal permita a las y los
educadores lograr mayores niveles de remuneración e
incentivos en función de sus conocimientos y logros
profesionales, sin dejar la docencia en el
aula. 

5.3.2 Dignificar el salario de los
pensionados y jubilados docentes, acorde con la
periodicidad prevista en la legislación y normativa
correspondientes. 

5.3.3 Dar fiel y gradual cumplimiento
a los satisfactores de necesidades básicas,
institucionales, laborales y sociales, conforme a lo
establecido en la normativa vigente, a fin de alcanzar la
plena dignificación de la carrera docente como
garantía del derecho fundamental de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a
recibir una educación de calidad. En tal sentido, el
Ministerio de Educación, previa evaluación y
levantamiento de los diagnósticos correspondientes,
propiciará:

a) Una remuneración digna, como
resultado de la revisión gradual y la
aplicación combinada del salario base y los
incentivos de ley.

b) El fortalecimiento de los instrumentos
institucionales de reclutamiento, evaluación, 
promoción y  retiro vía pensiones y
jubilaciones.

c) El apoyo a mecanismos de
inclusión del sector magisterial en los proyectos de
viviendas que se construirán amparados en la Ley
189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y de
Fideicomiso u otras normativas similares.

d) El desarrollo de programas permanentes
que permitan a los docentes el disfrute de sus vacaciones
mediante planes de recreación y ampliación
del acervo cultural.

e) La sostenibilidad de servicios de salud,
auspiciando programas para su utilización racional
con énfasis en la salud preventiva.

5.3.4 Crear un espacio permanente de
diálogo y seguimiento entre el Ministerio de
Educación y el sector docente organizado que
permita, en el marco y el espíritu del Pacto
Educativo, la exaltación del valor de la carrera
docente y el compromiso recíproco del cumplimiento
de estos acuerdos. 

6. Sobre la instalación de una cultura
de evaluación en el sistema educativo
dominicano

En las diferentes fases del proceso de
discusión del Pacto Nacional para la Reforma
Educativa, las referencias a la necesidad de instalar en el
sistema educativo dominicano una cultura de la
evaluación han sido reiteradas. Esto supone aceptar
que todo proceso de mejora del desempeño de los
actores del sistema requiere de evaluaciones, con la
finalidad principal de establecer referentes para decidir
sobre políticas públicas, rediseñar
procesos, reasignar recursos, asignar beneficios y
reorientar los sistemas de incentivos y
consecuencias.

Para instalar esta cultura de evaluación en
todos los niveles y subsectores, los actores firmantes
específicamente pactamos:

6.1 Fortalecer las facultades del Consejo
Nacional de Educación para liderar el proceso de
evaluación  independiente del sistema educativo
preuniversitario. 

6.2 Aplicar y dar cumplimiento a la
evaluación de desempeño del personal docente,
de acuerdo a lo establecido en el Título IX del
Estatuto Docente en lo referente a ascenso,
promoción y asignación de beneficios. Esta
evaluación se realizará con una periodicidad
no mayor de tres años. 

6.3 Promover la evaluación de los
aprendizajes en todos los niveles, modalidades y
subsistemas del sistema educativo dominicano, a partir de
instrumentos nacionales, regionales e internacionales
especializados en educación, con el propósito
de guiar la toma de decisiones en materia de
políticas educativas. El país
mantendrá una  participación
sistemática en los estudios internacionales
Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la
Calidad Educativa (LLECE), Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA), Estudio
Internacional de Educación Cívica y
Ciudadanía (ICCS), entre otros.

6.4 Revisar  la política de
evaluación y promoción en los dos primeros
grados del nivel primario, para identificar y ofrecer los
apoyos necesarios y evitar la acumulación de
deficiencias en los grados superiores.

6.5 Realizar la evaluación
psicopedagógica de los y las estudiantes, analizar
los resultados y ponderar su historial para la toma
oportuna de decisiones, asegurando la pertinencia y la
confidencialidad. 

6.6 Evaluar periódicamente el
desarrollo e impacto de los programas implementados, 
particularmente en aspectos curriculares y de la
formación docente, a fin de  mejorar su
efectividad.

6.7  Promover procesos de
certificación profesional del personal docente de
todos los niveles, ciclos, modalidades y subsistemas,
conforme a estándares de calidad nacionales e
internacionales y respetando los derechos adquiridos de los
docentes establecidos en la ley. 

6.8 Revisar el marco normativo para
que el conjunto de leyes, decretos, ordenanzas y
resoluciones promuevan una cultura de evaluación,
atendiendo a las características particulares de los
sujetos, instancias y procesos, reconociendo el
carácter inclusivo y diversificado de la
educación.

6.9 Fortalecer los procesos de
evaluación de la calidad de todos los centros que
conforman el sistema educativo (preuniversitaria, superior
y técnico-profesional) y reconocer a aquellos que
logren niveles destacados de superación y mejora de
la calidad.

6.10 Fortalecer el programa de
reconocimiento al mérito estudiantil y crear el
reconocimiento a los centros educativos públicos
preuniversitarios con los mayores logros.

6.11 Garantizar la excelencia
académica de la educación universitaria,
fundamentada en  las competencias a desarrollar por
los programas ofrecidos, en la evaluación continua
de la calidad de la enseñanza de los docentes y el
desarrollo del conocimiento mediante labores de
investigación, innovación,
publicación, difusión, extensión,
formación y educación 
continua.

6.12 Asegurar la creación y
ejecución de un sistema de ponderación de la
productividad académica, para elevar su calidad y
enfocarlo hacia un modelo de gestión
académica basado exclusivamente en el
mérito. 

7. Sobre la modernización de la
gestión  del sistema educativo dominicano para
elevar su eficacia,  transparencia y rendición
de cuentas en el logro de los objetivos

Entendemos que  el nivel de  eficacia en
el ejercicio de la función educativa del 
Estado depende de múltiples factores, recursos y
procesos que inciden e impactan en la formación de
los y las estudiantes de todos los niveles
educativos.

Con miras a propiciar mayor eficacia en la
gestión del sistema educativo dominicano, 
específicamente pactamos: 

7.1 Garantizar la coordinación
permanente a nivel de los subsectores e instituciones del
sistema educativo, para apoyar la formación plena e
integral de las personas a lo largo de toda la
vida.

7.2 Respetar e implementar el marco
jurídico del sistema educativo dominicano,
así como impulsar su adecuación permanente
para asegurar el cumplimiento de las metas nacionales en
materia de educación, afianzar el apego a las normas
legales y asumir una conducta ceñida a la
ética.

7.3 Asegurar que todas las decisiones de
política educativa estén sustentadas en
investigaciones y estudios aplicados.

7.4 Proponer la modificación de la
Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología; de la Ley 66-97 General de
Educación  y de la Ley 116-80 que crea el
Instituto de Formación Técnico-Profesional,
para que las mismas respondan a la realidad actual y a las
necesidades cambiantes de la sociedad. 

7.5 Establecer mecanismos que faciliten la
formación para el acceso al empleo, mediante una
eficiente articulación al interior del subsector de
formación técnico-profesional y  la
coordinación de políticas y programas
relacionados a la educación y formación
técnico-profesional entre los diferentes
subsectores.

7.6 Revisar el funcionamiento y
operatividad del  Consejo Nacional de Educación
y su Órgano Técnico,  con el
propósito de fortalecer el  ejercicio de sus
atribuciones como organismo máximo de
decisión en materia de política educativa,
conforme lo establecido en la Ley General de
Educación.

   7.7 Propiciar la
discusión oportuna dentro del Consejo Nacional de
Educación de los lineamientos de política
educativa que deberán  ser incorporados en el
anteproyecto de presupuesto anual del Ministerio de
Educación con el propósito de  asegurar
la debida articulación con los objetivos y metas
de  la planificación plurianual del
capítulo Ministerio de Educación.
 

7.8 Realizar en 2014 una evaluación
a medio término de los Planes Decenales de
Educación 2008-2018, bajo la coordinación
respectiva del Ministerio de Educación, Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e
Instituto de Formación Técnico Profesional, a
fin de verificar las metas cumplidas y por cumplir, e
incorporar  los compromisos emanados  del
presente Pacto. 

7.9 Impulsar la desconcentración y
descentralización operativa, preservando la
función de rectoría central en el Ministerio
de Educación, con miras a mejorar y fortalecer la
gestión institucional del Ministerio de
Educación y todas sus dependencias. A tales fines se
revisará y actualizará el marco normativo de
las regionales, distritos y centros educativos.

7.10 Profesionalizar la gestión
de recursos humanos del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología y del Instituto de Formación
Técnico Profesional para facilitar la
consecución de las metas del sistema educativo y
promover el óptimo aprovechamiento de su talento
humano. 

7.11 Crear un registro de docentes
sustitutos para cubrir aquellas ausencias por permisos o
licencias temporales. Para ello se tomará en cuenta
a los profesores del registro de elegibles en cada Distrito
Educativo, de acuerdo al nivel, modalidad y
área.

7.12 Evaluar profundamente, a partir
de la misión para la cual fueron creados y de un
diagnóstico de las necesidades de asistencia y
auxilio de los docentes, el funcionamiento de  los
programas y organismos establecidos para contribuir a la
dignificación de los docentes (Instituto Nacional de
Bienestar Magisterial, Seguro Médico para Maestros,
Cooperativa Nacional de Maestros y otras cooperativas), con
el objetivo de identificar, recomendar e implementar
acciones y procesos de reestructuración que 
permitan incrementar el impacto de dichos programas y
organismos en la mejora de las condiciones de vida y
el  bienestar de los docentes.  

7.13 Desarrollar una campaña de
educación financiera dirigida al personal docente y
administrativo del sistema educativo, con el
propósito de desarrollar una cultura de
responsabilidad y salud financiera. 

7.14 Fortalecer la
participación de la familia, la comunidad y las
organizaciones de la sociedad civil en la
planificación, ejecución y evaluación
de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento
de las estrategias e instancias de participación
existentes, incluyendo las  Juntas Regionales, de
Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de
Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos
Escolares y otras formas de participación social y
comunitaria que se vinculen a la escuela.  

7.15 Garantizar el respeto y el
reconocimiento de derechos y deberes de los niños,
niñas y adolescentes establecidos en los
instrumentos legales nacionales y acuerdos 
internacionales, y promover en los centros educativos la
construcción de valores y actitudes que fomenten las
relaciones de convivencia pacífica entre todos los
actores, así como un clima de organización,
de respeto mutuo, disciplina y de desarrollo ciudadano. Los
comportamientos que violen preceptos legales de naturaleza
penal deben ser remitidos al órgano público
del dominio correspondiente.

8. Sobre el adecuado financiamiento y
movilización de recursos para la
educación

Para alcanzar y sostener los niveles de cobertura,
calidad y equidad que el país requiere en su sistema
educativo es indispensable un adecuado financiamiento y el
fortalecimiento de políticas de mejoras en la
calidad del gasto. Por consiguiente,  una
educación inclusiva y de calidad en todos los
subsectores educativos (preuniversitario, superior y
técnico-profesional) es una corresponsabilidad de
todos.

En consecuencia, los firmantes
específicamente pactamos:

8.1  Ratificar el compromiso de
mantener como mínimo los niveles actuales de
inversión del Estado dominicano en la función
de educación como porcentaje del PIB, incluido el
nivel de 4% del PIB a la educación
pre-universitaria.

8.2 Ratificar el compromiso de ir
incrementando los recursos públicos asignados a los
tres subsectores de la función educación
conforme al logro de todo lo pautado en la Ley 01-12 de
Estrategia Nacional de Desarrollo, y priorizar en una
primera etapa los subsectores de educación superior
y formación técnico profesional,

8.3 Velar por que las asignaciones
presupuestarias a cada subsector educativo y a las
instituciones públicas educativas se realicen en
coherencia con los objetivos y prioridades establecidos en
los diferentes instrumentos de planificación
nacional, sectorial e institucional y sus
actualizaciones,  atendiendo a criterios de mejora
de  la calidad del gasto.  

8.4 Cumplir con lo establecido en la
Constitución y las leyes en lo referente al
financiamiento de la educación superior a fin de
garantizar la equidad y la calidad de la
oferta. 

8.5 Elaborar el presupuesto anual del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología siguiendo las prioridades de
políticas establecidas en los planes de desarrollo y
los lineamientos y criterios en cuanto a  los
programas de financiamiento establecidos en la ley 139-01 y
la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de
Desarrollo.

8.6 Propiciar y fomentar distintos
mecanismos para el financiamiento de actividades de
inversión y desarrollo de las  Instituciones de
Educación Superior a    tendiendo a
criterios de calidad, impacto social y en correspondencia
con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional
de Desarrollo.

8.7 Promover el uso de las exenciones
fiscales que permite la ley, con el propósito de
atraer más recursos a la educación, en
particular con destino a centros educativos públicos
y organizaciones sin fines de lucro.

9. Sobre la implementación, monitoreo,
evaluación, veeduría y cumplimiento de
los  compromisos pactados

La participación activa de  todos los
actores de la vida nacional, en especial  la comunidad
educativa (estudiantes, docentes, administrativos,
directivos, padres, madres,  tutores, entre otros), es
fundamental para el éxito del Pacto
Educativo. 

La creación de espacios y prácticas
promisorias de aprendizajes en todos los niveles del
sistema educativo solo será posible con el concurso
de todos los sectores de la vida nacional a fin de asegurar
que los recursos están siendo utilizados de la forma
más eficaz posible, en un marco de transparencia y
rendición de cuentas del logro de los objetivos
perseguidos por el Pacto Educativo. 

En tal sentido, acordamos:

9.1 Estructurar la implementación
del Pacto por etapas en un proceso articulado sobre la base
de compromisos concretos de cada uno de los actores,
con  una ejecución  participativa,
priorizando las iniciativas puestas en marcha en cada uno
de los subsectores cónsonas con los compromisos
asumidos en el Pacto. 

9.2 Desarrollar una estrategia de
seguimiento y participación social, con la finalidad
de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en
el Pacto y el logro de los objetivos.  Dicha
estrategia incorporará un mecanismo de monitoreo y
evaluación, un mecanismo de veeduría social y
un mecanismo de coordinación
conjunta. 

9.3 Establecer el mecanismo de monitoreo y
evaluación como el instrumento mediante el cual las
instituciones y organizaciones compromisarias del Pacto
aseguran la ejecución de las acciones derivadas del
cumplimiento de los compromisos asumidos y  la
detección y generación de alertas de posibles
o eventuales desviaciones con respecto a dichos compromisos
y metas. El mecanismo tiene el propósito de
determinar ajustes en la planeación que se
consideren pertinentes para el logro de los objetivos, con
base en el  resultado de las evaluaciones. Las tareas
asociadas al monitoreo y evaluación corresponden a
las instituciones rectoras de los subsectores del sistema
educativo (Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología, Ministerio de Educación e
Instituto de Formación Técnico Profesional) y
a las organizaciones con responsabilidad directa en la
ejecución de los compromisos derivados del
Pacto. 

9.4 Establecer el mecanismo de
veeduría social como el instrumento mediante el cual
las instituciones y organizaciones firmantes que no tienen
responsabilidad directa en la ejecución de las
acciones derivadas del Pacto, verifican el cumplimiento de
los compromisos asumidos por todos los actores y el logro
de los objetivos propuestos. 

 9.5 Establecer el mecanismo de
coordinación conjunta como el instrumento para
la  articulación de acciones entre todos los
compromisarios. Esta instancia estará integrada por
el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, y el Consejo Económico y Social, con el
propósito de promover la continuidad y transparencia
de los procesos, la adopción de metodologías
de trabajo y un permanente flujo de información,
sustentado en sistemas debidamente integrados que faciliten
la oportuna rendición de cuentas. Para tales fines,
contará con un comité técnico de
apoyo, integrado por representantes de ambas instituciones
que coordinarán la elaboración de un sistema
de indicadores para medir el cumplimiento de los
compromisos y el logro de los objetivos  planteados en
el Pacto y establecer las fuentes y medios de
verificación. 

9.6 Realizar un informe semestral de
monitoreo y evaluación de procesos y un informe
anual de veeduría bajo la responsabilidad del
mecanismo de coordinación conjunta, con el
propósito de determinar el grado de avance en el
logro de los objetivos y metas, verificar el progreso en el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores
políticos, económicos y sociales,  y
analizar el impacto de las políticas públicas
adoptadas en el marco del Pacto. Estos informes
considerarán como insumos los reportes de
seguimiento generados por el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto de
Formación Técnico Profesional; los sistemas
de planeación,  de presupuesto y función
pública; así como las iniciativas de
seguimiento de políticas públicas en curso,
como son el SIGOB y la IDEC para la educación
pre-universitaria, entre otros. Estos informes
deberán ser presentados al pleno de los firmantes
del Pacto y comunicados a la opinión
pública.

9.7 Designar al Comité
Técnico de Apoyo como punto focal para facilitar
información a la ciudadanía con
relación al proceso de veeduría social y
fortalecimiento de la corresponsabilidad
social. 

9.8 Establecer canales de
comunicación para las tareas de monitoreo,
evaluación y veeduría social, que permitan la
participación de los actores integrantes de la
comunidad educativa y demás actores sociales
interesados en la mejoría de la educación, a
fin de tomar en cuenta sus opiniones y contribuciones al
proceso de implementación del
Pacto. 

9.9 Asignar recursos provenientes de las
instituciones públicas compromisarias del Pacto
Educativo y gestionar apoyo técnico y financiero de
organizaciones de la sociedad civil y organismos de 
cooperación internacional con el propósito
de  financiar el monitoreo, evaluación y
veeduría  social del proceso de
implementación del Pacto. 

9.10 Elaborar un reglamento que rija
las funciones de monitoreo, evaluación y
veeduría social del proceso de implementación
del Pacto. El Comité Técnico de Apoyo
presentará, en un plazo no mayor de tres meses
contados a partir de la firma del Pacto, una propuesta de
Reglamento Interno a ser aprobado en sesión de
trabajo de los compromisarios del Pacto. 

Consideraciones finales

La construcción de la visión de la
educación a que aspiramos los compromisarios de este
Pacto y la superación de desafíos 
en  materia de cobertura,  calidad y equidad en
todos los niveles educativos, demandan revisar y reformar
el sistema educativo dominicano. 

Todas y todos concordamos que la reforma de la
educación es una tarea compleja que requiere
capacidad de renuncia, esfuerzo sostenido y de largo plazo,
y responsabilidad compartida. Semejante tarea demanda
entusiasmo, compromiso y creatividad de todas las
partes. 

Declaramos que trabajaremos, unidos y de forma
permanente, para hacer realidad la educación que
imaginan los niños, niñas y adolescentes, y
que anhelan las personas jóvenes y adultas de la
República Dominicana. 

Y a todo esto nos comprometemos, los que hoy
firmamos, en el 1er día del mes de abril del
año dos mil catorce (2014) en el Distrito Nacional,
en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de
la República Dominicana.