El agua corriente desde el cooperativismo en Río Tercero (1930-1955) (página 2)

Sin embargo, pasó el tiempo y en un
artículo del diario porteño La
Nación del 31 de enero de 1944, se informó
sobre una posible obra de provisión de agua para
Río Tercero prevista por organismos nacionales, lo que
llevó a que la gestión iniciada por la cooperativa
se suspendiese.[22]

Arribamos así al año 1945 cuando, al no
haber habido intento alguno de realizar la obra por parte de los
organismos oficiales, se comenzó a evaluar la
realización de una asamblea general de socios para tratar
el tema del agua y a su vez indagar sobre los estudios efectuados
por Obras Sanitarias de la Nación.[23] Fue
durante esa asamblea, realizada el 25 de abril de 1945, cuando se
presentó ante las autoridades de la cooperativa un informe
elaborado por la Comisión Pro Aguas Corrientes.

Ese informe, suscripto por Francisco Bonzano, Luis
Lavaselli, Rogelio Quiroga, Antonio Maluf y Leandro P. Aracena,
constaba de ocho apartados, una conclusión y una nota
donde se informaba de la presentación de la carpeta
correspondiente con toda la documentación analizada
durante la preparación del mismo.[24] El
objetivo perseguido por este documento era lograr el consenso
entre los miembros del directorio de la cooperativa y sus
asociados, para que fuese esta entidad la encargada de hacer
realidad el magno proyecto destinado a satisfacer la imperiosa
necesidad de contar con agua corriente, distribuida a domicilio
por cañerías; es decir, el servicio de agua
corriente que seguramente contribuiría a un mayor progreso
de la ciudad.

Hasta aquí, se analizaron todos los aspectos
relacionados con el proyecto en cuestión: la
situación por la que atravesaba la ciudad de Río
Tercero en esos años; la gravitación social de la
cooperativa junto con su importante contribución al
progreso de la localidad; las ventajas que reportaría
encarar el problema con medios propios prescindiendo de la
intervención de Obras Sanitarias de la Nación; la
magnitud del problema y su influencia en el progreso social; el
grado de necesidad del agua corriente con relación al
vertiginoso aumento de la población y desde el punto de
vista sanitario; y, por último, los requisitos legales a
llenar y sus posibilidades
económicas.[25]

Entre los datos que se incluyen en ese informe, destacan
los que dan cuenta del crecimiento poblacional habido en la
localidad, los que se correspondían con el aumento del
número de conexiones eléctricas. En efecto, de las
280 conexiones existentes en 1935 se había pasado a 850 en
1945, lo que equivale a un porcentaje de aumento del 303,5%, en
un periodo de solo 10 años y explica la afirmación
contenida en el informe acerca de que "Río Tercero ocupa
un puesto de vanguardia entre los pueblos más progresistas
de la provincia".[26] Otro dato relevante es el
análisis de la institución, el que se hizo tomando
como parámetro su gravitación social y
económica dentro del contexto local y el concepto
público que la hacía merecedora de la confianza de
los vecinos, que la convertían en amalgama entre las
fuerzas económicas y morales de un pueblo que consideraba
que la cooperativa tenía el deber de intervenir en la
solución de cualquier problema que tendiera al bien
común originado por un interés
colectivo.[27]

Pero la cuestión más relevante giraba en
torno a la dimensión del problema y su influjo en el
progreso de la sociedad puesto que, de no concretarse el proyecto
relativo al agua corriente, se produciría la
interrupción del desarrollo económico y social de
la localidad, conduciéndola al estancamiento. Esta
situación se planteaba como paradójica puesto que
la localidad de Río Tercero se encuentra ubicada a orillas
de un río de caudal estable y regular y, sin embargo,
carecía del servicio de agua corriente.

En ese entonces, en el ejido municipal había 1200
casas de las cuales sólo 300 contaban con agua propia
extraída de pozos en condiciones aceptables, mientras que
el resto de los vecinos debía solucionar su problema de
abastecimiento de agua, por ejemplo, conduciéndola por
cañerías desde tanques vecinos o construyendo
aljibes, en tanto que existían numerosos casos en que se
acarreaba en baldes. Consecuentemente, en la lista de prioridades
por atender, la cuestión sanitaria estaba en primer lugar,
porque la calidad del agua que se consumía en Río
Tercero dejaba mucho que desear. En efecto, existía un
convencimiento general acerca de que la mayoría de la
población consumía agua no transparente, sucia y
contaminada y esto mantenía latente, entre los pobladores,
el miedo a los brotes de epidemias de tifus, que ya habían
cobrado tres víctimas fatales, y de otras posibles
enfermedades.[28]

Quienes elaboraron el informe se preocuparon
también de resaltar las ventajas que traería
aparejadas la realización de la obra por parte de la
cooperativa y no por entes oficiales. Entre esas ventajas
destacan dos; la primera se refería a la más
rápida concreción de las obras y al consecuente
ahorro de tiempo y, sobre todo, de recursos; la segunda,
aludía a la posibilidad de centralizar en manos de la
misma institución la gestión de dos servicios
urbanos básicos: el eléctrico y el de agua
corriente. A continuación, se exponen algunos argumentos
esgrimidos al respecto en el informe:

"En nuestro concepto -se decía- existe una
apreciable diferencia entre la ejecución de una obra por
una repartición oficial y la misma administrada por una
empresa particular, con ventajas a favor de esta última.
La razón de tal apreciación no reside precisamente
en la existencia de diferencias técnicas, pues bajo este
aspecto las reparticiones oficiales merecen el mejor de los
conceptos, sino en uno de los aspectos administrativos esenciales
pues mientras la administración pública se desplaza
con lentitud, trabada por todo un sistema complejo de controles y
formulismos, la privada -cuya dirección y
administración ejercen un limitado número de
personas- se desenvuelve con mayor agilidad, por la brevedad en
los trámites y la prontitud en que son resueltos los
asuntos. Estos factores son los que repercuten en mayor
eficiencia que -al fin de cuentas– se traducen en números,
vale decir, en economía. En nuestro caso, no se debe pasar
por alto uno de los aspectos más interesantes, que
reportaría aun mayores ventajas económicas de
capital importancia. Nos referimos a la fusión
administrativa de ambos suministros: electricidad y aguas
corrientes, la cual puede efectuarse casi con el mismo personal
actualmente en servicio".[29]

• 3.  La cooperativa comienza a
  actuar

Tras la lectura del informe completo, tanto los
asociados como los miembros del directorio coincidieron en la
conveniencia de que la cooperativa se ocupara de la
realización de la obra que habría de proveer de
agua corriente a Río Tercero, por lo que procedieron a la
aprobación del proyecto por unanimidad.[30]
Comenzaron entonces las acciones tendientes a ese fin y fue en el
plano legal, en la reforma de los estatutos, donde se
empezó a trabajar, pues era necesario habilitar a la
entidad para que pudiera brindar un nuevo servicio a sus
asociados. De este modo, la cooperativa de Río Tercero
comenzaba a transitar el camino seguido por muchas otras
cooperativas eléctricas. En efecto, la decisión
tomada por la entidad que estamos estudiando no constituye un
hecho aislado, puesto que, tanto en nuestro país como en
otras partes del mundo, las cooperativas eléctricas al
incorporar nuevos servicios, respondiendo a las demandas de las
comunidades en las cuales tenían su asiento, terminaron
por adoptar, en forma progresiva, un perfil de multiservicios que
las llevó a convertirse en cooperativas de servicios
públicos.

El estatuto de la cooperativa por esos días
contemplaba como único servicio el suministro de
energía eléctrica pero, como al realizar alguna
modificación a la función que una entidad
cooperativa realiza se debe variar sus estatutos, cuando la
entidad decidió hacerse cargo de la obra de
provisión de agua corriente se procedió a realizar
la reforma correspondiente. Esta reforma cobró cuerpo en
la asamblea general extraordinaria celebrada el día 8 de
setiembre de 1946, posibilitando así, desde el marco
legal, el comienzo de la implementación del proyecto. Las
modificaciones relacionadas con el nuevo servicio a prestar
fueron las incluidas en los artículos 3º y 5º.
En el primero de esos artículos se disponía que
cuando las posibilidades económicas lo permitiesen se
procedería a la construcción de las obras
necesarias para la provisión de aguas corrientes a los
asociados, "con sujeción a las normas y reglamentaciones
establecidas y las que en tal carácter impongan las
concesiones y ordenanzas pertinentes", mientras que en el 5º
se autorizaba al consejo de administración para gestionar
préstamos bancarios. En virtud de esos dos
artículos la cooperativa quedó legalmente
habilitada para hacerse cargo del servicio de provisión de
agua corriente a la localidad de Río Tercero y
región.

Al mismo tiempo, se estableció que la cooperativa
proveería en forma gratuita y con limitación del
consumo, luz y aguas corrientes a las oficinas púbicas
nacionales y provinciales, como así también a
establecimientos educacionales y hospitales. Por último,
en esta misma ocasión, se aprobó el reglamento
interno que regularía el nuevo servicio a prestar. Cabe
aclarar que la tarea de establecer el contenido del reglamento
interno se ha visto entorpecida por no haber encontrado
ningún dato concreto en las fuentes primarias provistas
por la entidad cooperativa.[31]

A partir de entonces, en las sucesivas reuniones del
consejo de administración, el tema convocante fue la
necesidad de concretar la obra que posibilitaría comenzar
a prestar el servicio de agua corriente. Fueron muchos los
cooperativistas locales que se manifestaron a favor de tal
interés y entre ellos destacan Luis Cañas, Juan
Casagrande y Justo Magnasco, quienes insistieron en
señalar al proyectado servicio como factor de suma
importancia para el progreso de la localidad.[32]
La intención era dinamizar la acción referente al
tema en cuestión, por lo que comenzaron a realizarse
viajes a la ciudad de Córdoba para recabar
información sobre cuestiones legales,[33]
como así también para la búsqueda de
profesionales que desearan asumir la responsabilidad de ejecutar
la obra, encontrándose en algunos casos con individuos
poco motivados como los ingenieros Canale y Fajardo por lo que se
recurrió al ingeniero Otto Jacowsky, profesional experto
en materia de hidráulica.[34]

A poco de comenzar las gestiones, la cooperativa, se
volvió a tropezar con un inconveniente imprevisto. El
nuevo obstáculo fue la publicación del 25 de junio
de 1947 en un artículo en La Voz del Interior
(diario de la ciudad de Córdoba) en el que se manifestaba
que en su plan de obras para la provincia de Córdoba,
Obras Sanitarias de la Nación había incluido en el
proyecto correspondiente la provisión de agua para
Río Tercero. Para no volver a la misma inacción a
la que los había llevado años atrás la ya
aludida noticia publicada en el matutino porteño La
Nación, se indagó sobre la cuestión y
fue la F.A.C.E. (Federación Argentina de Cooperativas
Eléctricas) la que proveyó de información al
respecto.[35]

En efecto, ante una consulta del consejo de
administración de la cooperativa, la F.A.C.E.
respondió que si bien el Congreso Nacional había
votado la partida presupuestaria para la obra respectiva, el
proyecto se hallaba en suspenso y no se sabía
cuándo se podría concretar. Para confirmar esta
información, se cursó nota a los responsables de
Obras Sanitarias de la Nación informándoles del
propósito de la cooperativa de efectuar los trabajos de
provisión de agua corriente, previa solicitud de
autorización, y anticiparles el envío del
anteproyecto y proyecto definitivo.[36] Ahora
bien, como se tenía el convencimiento de que Obras
Sanitarias de la Nación no se opondría a que la
cooperativa realizara por su cuenta la obra de provisión
de agua, se prosiguió con las gestiones ya iniciadas y el
consejo de administración de la cooperativa
autorizó al gerente, Luis Lavaselli y al secretario,
Bartolo Carle[37]a que contratasen al ingeniero
Victorio Urciolo, para que este recabase datos y practicase las
nivelaciones necesarias para la confección del
anteproyecto.

• 4. La aprobación del
  anteproyecto

En ese contrato, firmado el 20 de agosto de 1947, entre
otras cosas, se establecía lo siguiente: 1) que el
contratista se comprometía a efectuar un anteproyecto para
la provisión de agua corriente a la ciudad de Río
Tercero, para lo cual se realizaría un estudio de la
fuente de provisión, tanques de reserva y almacenamiento,
tendido de cañerías de distribución y obras
accesorias, que luego sería elevado a la cooperativa,
junto con una memoria descriptiva y presupuesto estimado dentro
de los 40 días de firmado el compromiso; 2) que la
cooperativa, una vez en posesión del anteproyecto,
podría resolver la ejecución, de la que se
encargaría al contratista al igual que de la
elaboración del proyecto completo en condiciones para una
futura licitación de la obra; 3) que la cooperativa se
comprometía a abonar por la primera parte, o sea el
anteproyecto, la suma de $ 2.500 m/n, suma que pasaría a
formar parte del importe final por el proyecto definitivo y la
dirección técnica de los trabajos, es decir,
sería entregada a cuenta del total de los
honorarios.[38]

Cuando los integrantes del consejo de
administración analizaron la memoria descriptiva y planos
correspondientes al anteproyecto de las obras de provisión
de agua, resolvieron, luego de un largo debate, remplazar el
sistema de captación proyectada mediante la
ejecución de dos perforaciones con una toma superficial,
por la construcción de cámaras filtrantes en la
margen del río y elevar la capacidad del tanque de
almacenamiento a un millón de litros de agua. Asimismo
autorizaron el pago al proyectista y la convocatoria de una
asamblea extraordinaria planificada para el día 30 de
noviembre de 1947. A fin de asegurar un máximo de
concurrencia a esa asamblea, se dispuso asimismo una
difusión intensiva de su
convocatoria.[39]

Cine "Gran Rex".

Fuente: Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero (2003).
"Nuestra Historia (1933-2003). 70 Años de
Vida", Río Tercero, pp. 65.

En esa asamblea de asociados, realizada en el cine "Gran
Rex", el ingeniero Victorio Urciolo procedió a explicar
minuciosamente los aspectos técnicos, económicos y
sociales del anteproyecto por él confeccionado mereciendo
la más significativa muestra de aprobación por
parte de los oyentes, impresionados por su exposición
elocuente, sencilla y clara. Luego de un momento de preguntas y
búsqueda de consenso, por aclamación y sin
ningún voto en contra, se tomó la decisión
de dar amplias facultades al directorio de la cooperativa
"…para que una vez obtenida la concesión
pertinente y llenados todos los requisitos legales, proceda a la
construcción de las obras de provisión de agua
potable a la población, de acuerdo al anteproyecto
ejecutado por el Ingeniero Urciolo y aprobado en este mismo
acto….".[40]

Reforzando el apoyo de la comunidad a la cooperativa, en
esa misma asamblea se pautó lo siguiente: propender al
aumento del capital social mediante la suscripción de
acciones, contratar empréstitos de carácter
bancario o particulares, celebrar convenios, contraer
obligaciones y realizar todos los actos inherentes a la
financiación de las obras cuyo costo se estimaba en $
1.000.000 m/n. No obstante, se aclaró también que
de excederse esa suma, se debería dar cuenta de ello a la
asamblea general de socios y solicitar el refuerzo de la partida
en la proporción necesaria. Esto da cuenta una vez
más del apoyo incondicional de la masa societaria al
proyecto relacionado con la provisión de agua a la
población de Río
Tercero.[41]

Una vez aprobado ese proyecto, al año siguiente
se lo elevó a la Dirección General de
Hidráulica, por intermedio de la municipalidad y
acompañado de diversos documentos que justificaban la
necesidad de la obra en cuestión, de los planos y la
memoria descriptiva correspondiente.

• 5. Otras gestiones

Durante el año 1948, la cooperativa
también se ocupó de gestionar ante la municipalidad
la respectiva concesión, que la habilitó para
hacerse cargo finalmente de la obra.[42] A fin de
acelerar las gestiones, en abril se presentó un petitorio
por el cual se solicitaba la concesión, por el
término de 20 años, para la provisión de
aguas corrientes a la población de Río Tercero.
Esta solicitud fue enviada al comisionado municipal quien la
elevó a la inspección general de municipalidades.
Por eso y para saber a ciencia cierta en que instancia se
encontraba el trámite, con posterioridad se
encomendó al gerente de la cooperativa averiguarlo. Fue
así que, en un viaje efectuado a Córdoba el 3 de
mayo de 1948, el gerente confirmó que la solicitud fue
recibida por la Dirección General de Municipalidades y que
de allí había sido girada a la Dirección
General de Hidráulica, quedando el expediente radicado en
esta repartición. Asimismo ambas reparticiones
consideraron que no surgirían dificultades por parte de
las autoridades de la provincia.[43]

Entre las distintas gestiones que se debían
realizar para hacer efectivo el proyecto, figuraba la necesidad
de obtener las tierras en las que habría de construirse la
infraestructura básica para la posterior prestación
del servicio. Se comisionó entonces a los señores
Lavaselli, Bianchi, Magnasco, Bongioani y Maluf para que se
entrevistasen con la señora Zoila Acuña de
Marín, cuya colaboración era considerada de gran
importancia pues ella estaba en condiciones de aportar tanto los
terrenos donde se ubicaría la fuente de captación y
el tanque de agua, como alguna ayuda
monetaria.[44]

Como resultado de la gestión de esa
comisión, la señora Zoila Acuña de
Marín, por nota del 12 de agosto de 1948 ofreció,
en calidad de donación, dos fracciones de terreno ubicadas
en las inmediaciones de Río Tercero, pedanía El
Salto, departamento Tercero Arriba, para que en ellas se
construyeran las instalaciones necesarias para las futuras obras
de provisión de agua corriente. Esa donación
incluía: a) una fracción de terreno compuesta por
cinco mil ochenta metros cuadrados, ubicada en el barrio Italia y
que, según plano confeccionado por el ingeniero Manuel
Arrambide, formaba parte de la manzana nº 99 y limitaba al
Norte con el resto de la misma manzana nº 99, al Sur con una
calle sin nombre, al Este con la prolongación de la calle
Domingo Faustino Sarmiento y al Oeste con la prolongación
de la calle Esperanza; y b) una fracción de terreno
compuesta de dos mil metros cuadrados, ubicada al Oeste de la
prolongación de la calle San Pedro, formando un
triángulo, con las siguientes dimensiones: cincuenta
metros de norte a sur con frente a la calle de San Pedro, a
contar de la margen de Río Tercero y ochenta metros de
Este a Oeste, terminando en ángulo sobre la misma margen
del río.[45]

Naturalmente esta valiosa donación ofrecida por
la señora Zoila Acuña de Marín fue aceptada,
aunque debido a lo accidentado del terreno, que no
permitía su aprovechamiento salvo en una pequeña
parte de su superficie total, se le solicitó una
ampliación de la fracción señalada en el
apartado "b" en la siguiente forma: 115 m en el costado Este
sobre la calle San Pedro, a contar de la margen del Río
Tercero, 44 m de Este a Oeste y 60 m en el costado Oeste, a
contar igualmente de la margen del Río Tercero. Este
pedido fue aceptado por la señora de Marín y
entonces se le encomendó al escribano Abel Ramallo
Sarmiento, la confección de la escritura respectiva, la
cual fue firmada en representación de la cooperativa, por
Luis J. Lavaselli y Bartolo Carle respectivamente, el día
26 de agosto de 1948.[46]

Solucionada la parte referida a los terrenos para las
obras, el ingeniero Victorio Urciolo se comprometió a
completar los planos y otros estudios para el 28 de agosto de
1948, al tiempo que también sugirió que un
representante de la cooperativa viajase con él a la
provincia de Buenos Aires para acelerar la obtención de
precios de los materiales necesarios para las obras a realizar y
para efectuar diversas gestiones relativas a las mismas. En ese
viaje, Urciolo fue acompañado por el gerente de la
cooperativa con quien visitó a los tres únicos
fabricantes de cañería de fibrocemento -cuyas
marcas eran Monolit, Fortalit, Eternit- y a las firmas: Siemens
Schuckert Marelli S.A., A.E.G. Evans Torton y Cía. y Agar
Cros y Cía. Ltda, que proveían de equipos de
bombeos. A todas esas firmas se les solicitó
cotización de los materiales y equipos que se
necesitaban.

Los Talleres Metalúrgicos San Martín y
Agar Cross y Cía Ltda. presentaron sus cotizaciones por
500 caños de fibrocemento de 300 mm del tipo espiga y
enchufe, pero como en el ínterin se había recibido
de la firma B. Machiavelli una oferta por esos mismos materiales
que era más ventajosa, pues a la cotización la hizo
por cada metro de caño de tres metros sin incluir las
juntas de goma, de inmediato se comisionó a José
María Carranza y Antonio Maluf para viajar a
Córdoba y tratar de adquirir la citada partida de
caños.[47]

Como cuando se gestionó la intervención de
Obras Sanitarias de la Nación en la revisión y
aprobación de los planos y memoria descriptiva y
materiales a emplear, se informó a la cooperativa que esos
trámites debían ser hechos por intermedio de la
municipalidad local, una vez terminada por el ingeniero Urciolo
la confección de los planos y el estudio descriptivo, esa
documentación firmada por el secretario del consejo de
administración junto con todos los requisitos exigidos por
la Dirección General de Hidráulica de la provincia
fue girada a esta repartición, el 20 de octubre de 1948,
por intermedio de la municipalidad local e incorporada en el
expediente nº 246-R- 1948.[48]

Por cierto que en ese momento lo inmediato fue dinamizar
la aprobación del expediente para luego poder dar a
publicidad la licitación correspondiente al tanque de
hormigón armado y a las obras del pozo y casa de
máquinas, para después contratar la
adquisición de la cañería y accesorios
necesarios así como los dos grupos de electro-bombas
proyectados.

Las gestiones en Córdoba relativas al expediente
siguieron su curso normal, pasando por diferentes organismos
tales como la Dirección General de Hidráulica y la
Inspección General de Municipalidades del Ministerio de
Gobierno, para que los mismos lo evaluaran. Superadas con
éxito esas distintas y obligadas instancias, el
último paso de esta gestión era el dictado del
correspondiente decreto y los encargados de acelerar esta parte
final fueron el ingeniero Victorio Urciolo y Oscar
Truchi.[49] Finalmente, el expediente nº
12942-R-48 fue devuelto por intermedio de la municipalidad local,
con el proyecto de las obras de provisión de aguas
corrientes a la localidad debidamente aprobado por decreto del
poder ejecutivo de la provincia nº 2026 serie c del 30 de
diciembre de 1948.[50]

En cuanto a la concesión solicitada al municipio,
para la provisión de aguas corrientes a la
población, luego de cumplir con los requisitos de orden
técnico relativos a la obra, la misma fue otorgada por el
término de 20 años,[51] a partir de
1948. Se debe aclarar que la tarea de establecer la fecha del
acuerdo, se ha visto dificultada por no haber encontrado
ningún dato concreto en las fuentes primarias provistas
por la entidad cooperativa por lo que se recurrió a una
fuente secundaria. La misma es el libro que en el año 2003
editó la cooperativa local.[52]

De este modo, la cooperativa quedó legalmente
habilitada para iniciar la obra tan ansiada por la
población, cuestión de la que nos ocupamos en el
siguiente capítulo que trata sobre la construcción
de la infraestructura necesaria para poder efectuar la
provisión de agua corriente.

Capítulo nº
2

Contexto
histórico

1. El impacto de la Gran Guerra y de la crisis
económica en el mundo. Una aproximación
breve:

El mundo arribó a la década del `30, luego
de haber protagonizado dos hechos significativos: la Primera
Guerra Mundial y la Caída de la bolsa de Estados Unidos.
Para algunos teóricos, estos sucesos marcaron los
límites o falencias de un sistema político y
económico, el liberalismo. Estos hechos le imprimieron
cambios al mundo conocido, nuevas condiciones internacionales del
mercado global, paradigmas productivos que se asentaban en la
competitividad externa y la avasallante y constante
innovación científico
tecnológica.

El enfrentamiento bélico, acontecimiento que si
bien no tomo desprevenidos a la población mundial, por
todos los conflictos latentes sin resolver, si la
sorprendió por la magnitud del mismo. Nunca, los hombres
que salieron a combatir pensaron siquiera que duraría
tanto el conflicto o que conllevaría las consecuencias que
tuvo. Una de las instancias que marco este suceso, fue la
decadencia de las democracias liberales, generando de esa manera
la aparición de gobiernos con características
totalitarias que hicieron del nacionalismo su eje articulador en
materia de política. Así, durante la primera
posguerra, convivieron gobiernos totalitarios y
democráticos. Esta misma dicotomía no fue privativa
del escenario internacional, sino que también se
trasladó al escenario político
argentino.

A mediados de la década de 1930, la democracia
liberal, tanto en la forma de repúblicas como de
monarquías constitucionales, basadas en el sistema de
sufragio y parlamentos con cargos electivos, sólo
tenía presencia en algunos países capitalistas:
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica,
Holanda y los Estados escandinavos.

La aparición del comunismo en Rusia, a partir de
1917, con su expropiación de tierras y estatizaciones de
industrias privadas, generó una ola de temor en Occidente,
sobre todo entre las clases propietarias, que favoreció el
surgimiento de formulas autoritarias para combatir su
difusión, apoyadas por terratenientes, empresarios, la
Iglesia y el Ejército. A su vez, en Italia los fascistas
lograron alzarse con el poder político y el gobierno a
partir de 1919; en Alemania, los nazis luego de un golpe de
Estado fallido acaecido en 1923, a los diez años
accedieron al poder a través del uso de la fuerza en las
calles y la participación en elecciones; en la
península ibérica, tras una guerra civil que
transcurrió entre 1936 y 1939, se implanto la dictadura
del general Franco y por último a fines de la
década de 1920, Stalin accedió al poder, hecho que
permitió la consolidación del comunismo en
Rusia.

En 1939, a tan sólo 20 años después
de haber finalizado el primer conflicto mundial, se
desencadenó otro de mayor magnitud y poder destructivo.
Los motivos estuvieron vinculados tanto a las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial y a la posterior toma de posición
de las principales potencias vencedoras, como a los profundos
efectos de la crisis del sistema capitalista y al surgimiento de
gobiernos opuestos a los valores democráticos y con
ambiciones expansionistas. La unión de estos factores
fueron los que llevaron a la conflagración mundial, que
arrasó con la vida de más de 50 millones de
personas y que modificó nuevamente el mapa
europeo

En tanto, en el plano económico, a fines de la
década de 1920 se producirá la brusca caída
del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York lo que
originará la crisis más grave de la historia del
capitalismo. Significó un cimbronazo en la economía
mundial, al generarse una retracción de los mercados y
paralizarse el flujo comercial. A la ruina bursátil le
siguió la bancaria, la quiebra invadió tanto los
mercados como los bancos. Evaporado el crédito, la
economía se contrajo, por lo que cayeron los niveles de
consumo, quebraron numerosas empresas y se multiplicaron los
despidos y desempleos.

El gobierno estadounidense apenas atino a proteger su
economía por medio de la reducción de las
importaciones a través de la suba de las tasas aduaneras y
exigiendo el pago de los préstamos a los países
deudores. Europa, carente de dólares, tardo poco tiempo en
colapsar. Las naciones europeas abandonaron el patrón oro,
devaluaron sus monedas e intentaron proteger sus
industrias.

Los países agroexportadores, en tanto, se
resintieron con la baja de los precios agrícolas y la
menor demanda internacional de sus productos. Con la
distorsión del sistema financiero y el comercio mundial,
cada país comenzó a tomar medidas para salvar su
economía de manera independiente. Con la excepción
de la Unión Soviética en 1930, el mundo entero
entro en una fase recesiva.

1.1. Crisis e intervencionismo de Estado: el caso
argentino

La crisis de 1930, coincidió en la Argentina con
la ruptura del orden institucional y con la presencia del
Ejército que pasó a ejercer el poder
político. Poder que se vinculó con la democracia
restringida y el Estado, apostando a una integración
vertical. Comenzó un tiempo de crisis nacional estructural
y orgánica, residiendo el problema tanto en la incapacidad
de la clase dominante, burguesía terrateniente, para
dirigir, como los subalternos para construir un sistema
hegemónico desde la oposición.

El Estado liberal entro en crisis, se activo la
polarización social y se produjo el derrumbe del mercado
internacional de capitales, como consecuencia de la tendencia al
proteccionismo que provocó, entre otras cosas, la
caída de las exportaciones, lo que repercutió en la
capacidad del país para importar manufacturas e insumos
industriales.

El surgimiento del Estado de bienestar fue la respuesta
a la crisis. Puede definirse como un Estado que garantiza
estándares mínimos de ingreso, alimentación,
salud, habitación y educación a todo ciudadano como
derecho político y no como
beneficio.[53]

Fue en el transcurso de los años treinta que se
dio un avance importante hacia la constitución de este
modelo estatal. La crisis de 1929 con las tensiones sociales
creadas por la inflación y la desocupación
determinó, entre otras cosas, la implementación de
un considerable aumento del gasto público para apoyar el
empleo y las condiciones de vida de los trabajadores, es decir,
una intervención más decidida del Estado, que
además comenzó a controlar otras variables que
hacían a la cuestión social, como precios,
salarios, etc. El fundamento de este Estado era el siguiente:
independientemente de sus ingresos todos los ciudadanos -en
cuanto tales- tienen derecho a ser protegidos. Evidentemente este
planteo implicaba el paso de una ciudadanía exclusivamente
política a una "ciudadanía social".

Para Jurgen Habermas y Claus Offe, este modelo se
caracterizó por producir una estatización de la
sociedad. Trabajo, ingreso y nivel de vida, ya no estuvieron
determinados por el mercado, sino por mecanismos políticos
que tenían como objetivo la prevención de los
conflictos, la estabilidad del sistema y el reforzamiento de la
legitimación del Estado. La voluntad política ya no
se formó por el libre juego de agregados en la sociedad
civil, sino que se conformó a través de mecanismos
institucionales que operaron como filtros para la
selección de las demandas funcionales del sistema.
Partidos, sindicatos y parlamento actuaron como empresas que
ofrecían servicios y prestaciones, a cambio de apoyo
político. Los resultados de este proceso fueron diversos
según el grado de la autonomía de la sociedad ante
un "despotismo administrativo" que podía llevar a la total
dependencia de los individuos y de los pequeños grupos
respecto de los aparatos
públicos.[54]

Esta situación generó problemas de
financiamiento, debido al alto endeudamiento previo del Estado y
a la necesidad de afrontar los pagos externos. Como consecuencia
inmediata, se produjo un aumento del desempleo urbano y rural y
hubo caída en los salarios. Como efecto de la crisis de la
producción agropecuaria, numerosos arrendatarios y
pequeños propietarios rurales comenzaron a migrar desde el
interior de las provincias hacia los principales centros urbanos.
Se produce la migración interna hacia las provincias
más industrializadas.

El Estado por su parte, manifestaba rasgos
intervencionistas que se evidenciaron a través de la
economía y las finanzas. Se trató de una
época de cambio y continuidad. El intervencionismo se
concretó en la búsqueda, por parte del Estado, del
soporte a la economía agroexportadora por medio de
subsidios estatales (juntas
reguladoras[55]así como en el fomento del
bilateralismo (Tratado de Roca Runciman) y en la
desactivación del conflicto social. Se promovió,
también, la industrialización por
sustitución de importaciones, en pos de alcanzar la
denominada autarquía económica; a esta medida se
sumaron el intervencionismo en las finanzas (control de
cambios[56]y la creación del Banco
Central.

Surgieron quienes sostenían la defensa de la
industria nacional al propugnar la protección de la
producción como herramienta de crecimiento, por esta
razón es que el Estado avalado por políticos,
empresarios e intelectuales sobre el protagonismo que le cabe en
el desarrollo del área económica se mostraron
favorables al intervencionismo estatal. A la acción del
poder público se incorporo un nuevo sector: las fuerzas
armadas. Esta incorporación respondió a la idea
presente en ese momento, por la conexión entre
poderío militar y grado de desarrollo
industrial.

La industrialización se transformó en una
realidad en el país, a pesar de no contar con ciertos
minerales claves como el carbón y el hierro, la Argentina
se estaba convirtiendo en el país más
industrializado después de Brasil en Sudamérica.
Este desarrollo industrial ya no estaba limitado, como en
épocas anteriores, a frigoríficos, ingenios o
bodegas. Era el momento de la aparición de las industrias
manufactureras para satisfacer el consumo interno, textiles,
vidrio, papel, caucho y aparatos eléctricos fueron
reemplazando poco a poco lo que ya no entraba al país por
medio de importaciones. Las políticas de gobierno,
particularmente las de control de cambios generaron una
restricción de la competencia externa en los productos
manufacturados.

Un hecho importante fue que, debido a los aranceles
diferenciales, los productos de importación
norteamericanos se vieron perjudicados por el desarrollo de la
industria de sustitución de importaciones. Esto
desencadenó la instalación de empresas de los
EE.UU., principalmente relacionadas con el algodón, los
neumáticos de caucho y el petróleo, en el
país, evitando así los costos aduaneros. No menos
destacable es que las incipientes industrias nacionales contaban
con una fuente de mano de obra proveniente de las corrientes
migratorias internas desde las zonas rurales hacia las ciudades.
Para 1936, se comenzaron a desarrollar las industrias no
derivadas de la actividad primaria (textil, caucho, maquinaria,
vidrio, electrodomésticos y petróleo).

Este proceso hizo que, entre 1935 y 1939, el PBI
duplicara el PBI industrial y que luego, se volviera a duplicar
durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la cantidad de
empresas industriales instaladas y la mano de obra empleada
crecían fuertemente.[57]

1.2. El intervencionismo estatal en
la provincia de Córdoba

Dentro del periodo de estudio seleccionado, en el plano
ejecutivo en la provincia de Córdoba, los gobernadores
arribaron a sus cargos, por diferentes vías. Algunos lo
hicieron como interventor federal de facto, otros, en calidad de
gobernador provisional y como tercera categoría estuvieron
los que asumieron el cargo luego de un proceso
electoral.

Se inició la década del "30 en
Córdoba, con un patriciado jubiloso, que celebró,
de la mano de la Iglesia Católica, el golpe militar del 6
de setiembre. Este actor social había controlado los
recursos institucionales del Estado provincial, la
administración pública, el poder judicial y la
Universidad.

La Iglesia, por su parte, consideraba necesaria la
aparición militar en el escenario político como
garantía de patriotismo puesto que este elemento
permanecía ausente tanto en las masas como en los
gobernantes. A este sector se sumo la sociedad rural y el colegio
de abogados. Los que no celebraron este hecho, fueron la
Unión Cívica Radical y el Partido socialista,
manteniéndose dentro de las líneas de los sectores
liberales.

El golpe en Córdoba contó con el apoyo
civil y corporativo, lo que posibilitó en una primera
instancia que por medio de un bando emitido por el gobierno
militar y firmado por el General Basilio Pertiné, se
prohibieron las reuniones de personas con fines políticos,
ya sea en comités o casas particulares, sin haber
solicitado previamente autorización, incluso estaba la
posibilidad de la amenaza de la aplicación de la ley
marcial a quienes poseían armas de caño largo y no
la entregasen en un plazo de 24 horas a la policía. En
esas circunstancias, Amadeo Sabattini, perteneciente a las
líneas de la Unión Cívica Radical,
huyó hacia Paraguay mientras su casa de Villa María
era allanada. Su exilio, se justifico para no correr la misma
suerte de los dirigentes radicales Joaquín Manubers Calvet
y Pablo Bracamonte, quienes fueron detenidos. Misma suerte
corrieron un grupo de militantes comunistas.

El 12 de setiembre fue designado por el General Uriburu,
Carlos Ibarguren como interventor federal. La provincia de
Córdoba había sido elegida como punto de partida
del proyecto político, por su tradición clerical
conservadora. El interventor llegó a la provincia
acompañado por Miguel Ángel Cárcano y
Mariano Ceballos. Ante la llegada de las autoridades, se
conformó una comisión que fue la encargada de
abanderar los edificios de las calles, San Jerónimo y
Vélez Sarsfield. Así se iniciaba en la provincia
mediterránea el periodo de alternancia entre gobiernos
civiles y militares.

Entre las medidas propuestas por el interventor, estuvo
la reforma del artículo nº 37 de la
Constitución Nacional. El mismo trataba sobre la
composición de la Cámara de Diputados elegidos por
sufragio universal. Según Ibarguren, el parlamento
debía dar acogida a la representación de intereses
sociales organizados en gremios o corporaciones, se quería
llegar era la combinación de la representación por
sufragio universal con la representación corporativa. Esta
medida tendía a la desaparición o
transformación de los partidos políticos, lo que
llevaría a una situación monopólica en el
escenario político; en otras palabras se pretendía
instalar el fascismo o el corporativismo por medio de una reforma
constitucional, haciendo eco de los aires que sobrevolaban el
escenario europeo, en respuesta al sistema liberal tanto en lo
político como económico. Para la oposición
esta era una medida que atentaba contra el régimen
institucional.

A la renuncia de Ibarguren, le siguieron varios
gobernadores, muchos de los cuales no llegaron a cumplir su
mandato y fueron reemplazados en sus funciones. En ese periodo
también hubo por parte de los partidos políticos la
adopción de medidas contraproducentes, como la
abstención electoral que llevo a cabo la Unión
Cívica Radical. Esta acción, que implicó la
renuncia a presentar candidaturas a cargos electivos y su
ausencia en el escenario parlamentario, había vuelto nula
su capacidad para ofrecer participación en la
distribución de los recursos institucionales del Estado, a
su vez permitió la aparición del Partido Socialista
como segunda fuerza y como colorario, facilitó la
consolidación política de gobiernos
democráticos, que no encontraron obstáculos ni
obstrucciones de tipo legislativo.

Las elecciones de 1932, en la provincia de
Córdoba, llevaron a un demócrata al poder, el Dr.
Pedro J Frias, quien se mostraba distante de las mayorías
populares y dirigía un claro ataque al socialismo, ello no
se convirtió en excusa para que se concretaran medidas
tendientes a ampliar la intervención estatal tales como la
creación de la Junta de Trabajo, para combatir el paro
forzoso, ampliamente extendido como consecuencia de la
crisis.

La provincia de Córdoba participó en forma
activa en el crecimiento fabril que se registró en nuestro
país, al posibilitar el afianzamiento de los sectores
dinámicos. Esta contribución, fue la resultante de
un proceso que al partir de etapas pre-industriales,
posibilitó una positiva evolución y permitió
la conformación de la llamada Córdoba
industrial.

La economía provincial, no fue ajena a los
embates de la crisis internacional de 1929, a raíz de la
dependencia del país con las economías externas, lo
que hacía evidente su vulnerabilidad. Esta crisis llevo a
los gobiernos provinciales a replantearse el papel que
debía jugar el Estado frente a la cuestión
social.

Los radicales y en especial los sabattinistas, le
asignaron un rol central como mediador en el conflicto.
Proponían dejar de lado la tendencia presente en las
décadas anteriores consistentes en la prescindencia y el
asistencialismo. En este nuevo rol, el Estado provincial se dio a
la tarea de planificar por medio de las instituciones y la
legislación, en un contexto de creciente conflictividad
social, el accionar que los diferentes actores sociales
debían tener, para adoptar políticas
autónomas y muchas veces en oposición al ejecutivo
nacional.

En la provincia mediterránea, a las
características nacionales se agrega el accionar de las
empresas de índole militar que tenían por objetivo
promover las producciones dinámicas, que de ellas
dependerían, como ramificaciones, dentro de una tendencia
de fortalecimiento de los criterios industrializantes de los
ámbitos castrenses.

Córdoba abogo por la ISI, al adoptar las
industrias un protagonismo y captar la existencia de un mercado
consumidor demandante de artículos y productos diversos,
que el contexto externo, no podía suministrar. Cabe
aclarar, no obstante, que no es sino hasta la década de
1950 cuando se advirtió una marcada expansión
económica producto del rápido crecimiento y la
diversificación productiva que exhibían las ramas
industriales.

1.2.1. El intervencionismo estatal llega a Rio
Tercero

En la localidad de Río Tercero, la postura
intervencionista llego de la mano de un funcionario llamado D. L.
Humber, quien una vez en el cargo se dispuso a desplazar el
intendente en el cargo Silvio Gigli. Con la autoridad que le
confería su cargo, determinó que tenía que
ser Clodomiro Bo, un vecino del pueblo, la nueva autoridad
municipal. El nuevo dignatario constato que la
desocupación y la recesión eran preocupantes, por
lo que ideo una medida para crear trabajo, a sabiendas que la
misma podría no ser grata para los locales. Así,
por medio de un decreto se emplazó a todos los
propietarios de terrenos baldíos a tapialar, y a los que
tuvieran propiedades sobre las calles principales a construir
veredas de mosaicos. Esta acción generó no solo
protestas, sino gestiones y hasta trámites ante la
provincia, ninguna de estas gestiones, lograron cumplir su
cometido, incluso se agrego que si los propietarios no
cumplían, la obra seria realizada por el municipio pero
serian cobradas con recargo a los frentistas.

Se realizaron comicios el 17 de noviembre de 1935 y el
que obtuvo la victoria fue Victorio Abrile quien se
caracterizó por seguir una estricta política
impositiva y recaudatoria, enmarcándolo todo en suma
austeridad en los gastos municipales. La pobreza y
desocupación eran problemas cotidianos en el pueblo que
por ese entonces tenía 2500 habitantes.

Hubo dos hechos importantes que no solo le dieron un
matiz diferente a la gestión municipal, sino que le
imprimiría un sello distintivo a la ciudad en su devenir.
Estos fueron la creación de la Cooperativa de Luz y Fuerza
de Río Tercero (1933) y la instalación de la
Fábrica Militar.

1.3. El radicalismo llega a la gobernación
de Córdoba

En 1936 con la asunción del Dr. Sabattini al
ejecutivo provincial, se van a manifestar cambios, en su obra
apoyó e impulsó una política industrialista
lo que dio inicio a una profunda transformación del perfil
productivo de la provincia. Esta metamorfosis se realizó a
través de un amplio plan de centrales
hidroeléctricas ubicadas a lo largo del paisaje
cordobés, denominadas dique la Viña, San Roque,
Cruz del Eje y Río Tercero y también las
fábricas militares de armamentos ubicadas en las
localidades de Río Tercero, Villa María y San
Francisco.

Hacia 1938, el diario Córdoba de la ciudad
capital a modo de anuario publicó una descripción
de cada localidad de la provincia junto con un relevamiento de
todos los establecimientos comerciales e industriales. En la
sección dedicada al departamento Tercero Arriba, donde se
encontraba situada la localidad eje de este trabajo, se
estableció que Oliva era la principal por lo que se la
designó como localidad cabecera, con una suma total de
9000 habitantes. Le seguían en orden de importancia
Hernando con 8000, James Craik con 5000 y Río Tercero con
3500. A una década de esta publicación, la
situación se había modificado, pasando a ser
Río Tercero, la principal localidad del departamento, con
alrededor de 14000 habitantes.

De más está decir que este cambio en el
plano demográfico se debió en gran parte al
resultado de la aplicación de las políticas
nacionales, en relación a la proliferación de
instalaciones fabriles de materiales bélicos, siguiendo
con objetivos claros al propugnar la defensa de la propia
producción del país como eficaz y fundamental
herramienta de crecimiento. De tal manera, se fortalece en
ámbitos políticos, empresarios e intelectuales el
debate – de gran permanencia en el tiempo- en torno al
protagonismo que le cabe al Estado en el desenvolvimiento de las
cuestiones económicas.

2. Guerra, industrialización y Estado de
Bienestar: el caso argentino

En este escenario se añade un nuevo sector que en
torno a la acción promotora del poder público,
imprime matices propios. Se trata de las fuerzas armadas y
más específicamente el ejército, y esto es
así porque en razón de los argumentos que
exhibían como necesaria la conexión entre
poderío militar y grado de desarrollo industrial, ciertos
grupos de opinión dentro de sus filas juzgaban
imprescindible propiciar la industrialización del
país.

Cuando estalla la segunda guerra mundial, el Estado
busco tener una propuesta diferente, por lo que las previsiones
del Plan Pinedo del año 1940, procuraban conciliar
industrialización y economía abierta y de esa
manera lograr anticiparse a los efectos de la posguerra. Aglutina
al sector castrense el propósito de obtener una adecuada y
moderna infraestructura logística defensiva-ofensiva
cimentada en la concepción de la "Nación en
Armas".

Durante la presidencia del general Farrell su, por
entonces ministro de guerra, Juan Domingo Perón, pronuncio
unas palabras en las que "ponderó a la industria argentina
como punto crítico de nuestra defensa nacional". Afirmaba,
además, que "el Estado debe incitar, proceder, proteger y
mostrar el camino a seguir en la acción industrial
abocándose a las producciones relativas a la defensa a
través de la denominada industria
pesada".[58]

Los reclamos militares apuntaban de modo central a
completar el sistema industrial existente añadiendo al
vigente modelo de industrialización sustitutiva de
importaciones la fabricación de equipos y pertrechos
destinados a la defensa nacional. De esta forma, el
ejército asumió un rol protagónico en el
proceso fabril argentino al traducir su creciente nacionalismo en
la praxis productiva concreta, por esto es que la tarea esencial
la constituyó la provisión de los materiales e
implementos relativos a la acción militar a través
de la creación de la Dirección General de
Fabricaciones Militares en el año 1941. De igual modo, se
tornó significativo el impulso brindado a la
realización de obras públicas (carreteras, caminos,
tendidos ferroviarios, puentes, cuarteles y hospitales militares)
que reportaban una marcada actividad para los diversos rubros
productivos vinculados a la construcción.

La concreción de metas tales como la
provisión propia de insumos industriales, la
explotación de recursos mineros y energéticos,
aunaba opiniones provenientes de los círculos militares y
de los ámbitos civiles en razón de la
concepción compartida en torno de un proceso industrial
sustentado en materias primas domésticas.

La acción de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, se visualizó rápidamente
dado que en un breve tiempo se establecieron e iniciaron sus
producciones particulares, once fábricas militares
instaladas en diferentes puntos del país.

Tres de estos establecimientos de gestión oficial
se localizaron en ciudades de la provincia de Córdoba,
entre los años 1936 y 1943. Interesa destacar que la
radicación de estas plantas, ejerce un notorio influjo en
el desenvolvimiento fabril de la ciudad en la que se hallan
inmersas, y conllevó, además, un proceso
demográfico que cambió la tradicional cara de
muchas localidades.

En el año 1943, se produce un nuevo golpe de
Estado en el territorio argentino, que desde una postura de
Estado nacionalista, popular, dirigista y planificador, intenta
recomponer el nexo entre gobernabilidad y democracia. Se
continúa con el impulso a la industria y trasciende la
sustitución de importaciones al enlazarse con una
política socioeconómica que apuntaba atender al
mercado interno, ya fortalecido luego de la crisis
económica mundial. La siguiente cita evidencia el proceso
de industrialización fomentado:

"Yo me enfermé en 1942 -era cajonero- y
estuve quince días enfermo y no cobré ninguno de
los días. Y con la promesa de volver, me consideraban y me
guardaban el trabajo. No había clavos, porque hasta 1944
se hacían en Bélgica. Acá no había
una fábrica que haga clavos en la Argentina [… ] Le
estoy hablando clavos para los cajones. Cuando no había
clavos, estábamos un mes sin trabajar, en casa. Yo
vendía acaroína y todas esas cosas, para
vivir…era soltero, un muchacho era. Mi padre trabajaba en el
Lisandro de la Torre, comida teníamos asegurada, pero yo
tenía que ayudar a mi padre. Después del '45, la
Tamet empezó a hacer clavos y ya no dependíamos de
Bélgica. Teníamos todos los clavos que
queríamos, y trabajábamos." Norberto Capdevila,
obrero del frigorífico Lisandro de la
Torre.

Dentro del modelo económico la prioridad era
profundizar la industrialización, cuya demanda
procedería del mercado interno, por lo que el peronismo,
luego de su triunfo en 1946, alentó el pleno empleo y
favoreció la redistribución del ingreso por medio
de la extensión de las políticas sociales,
implementadas desde 1943.

La inestabilidad política en el plano nacional,
llevo a tener que tolerar constantes intervenciones federales en
los gobiernos provinciales, esto trajo como consecuencia la no
continuidad de las políticas públicas iniciadas. El
Estado provincial sufrió un déficit
económico que redujo los niveles de recaudación, lo
que generó una disminución de la inversión
pública

Esta situación histórica es capitalizada,
en dicho momento, por el General Juan Domingo Perón que
comienza su accionar desde la Secretaria de Trabajo y
Previsión Social hasta llegar a detentar el cargo de
Presidente, ese puesto lo va a ocupar en dos periodos
consecutivos (1946-1952/1952-1955), terminando abruptamente a
consecuencia de un golpe militar. Durante su presidencia,
Perón desarrollará en su línea
política una fuerte presencia del Estado, particularmente
en lo concerniente al proceso de estatización que se va a
implementar sobretodo en los "servicios
públicos".

El populismo en el vocabulario occidental hace
referencia a un fenómeno político del siglo XIX que
había surgido en Rusia y en los Estados Unidos y que se
relacionaba con una problemática rural. Estos se
caracterizaban por la revalorización de la vida en el
campo y por la oposición a la modernidad urbana e
industrial. Hacia mediados del siglo XX, los especialistas en
ciencias sociales latinoamericanas se apropiaron del
término para designar a las experiencias nacionalistas,
urbanas, que promovían el desarrollo industrial y
proclamaban en movilizaciones populares que las ventajas de la
modernidad debían ser para todos.

En sus obras, Gino Germani, nos presenta elementos para
comprender la adaptación del término populismo al
área latinoamericana. Por medio de la "teoría del
plato de lentejas"[59], el autor explica que el
pueblo había vendido su libertad para obtener algunas
ventajas materiales. En el caso de los trabajadores que brindaban
su total apoyo a Perón, lejos de sentirse despojados de su
libertad, estaban totalmente convencidos de haberla conquistado,
pero nunca tuvieron una libertad concreta. Es por medio del
justicialismo que estos trabajadores consiguieron la libertad de
afirmar sus derechos contra los patrones y capataces, la de
elegir sus delegados, la de ganar litigios en los tribunales de
trabajo, la de sentirse un señor en su casa, en
síntesis la de haber obtenido dignidad social.

El adoptar este fenómeno político
significó más que un cambio de palabras cuando se
reemplaza "orden-disciplina-jerarquía" por "justicia
social" o en el caso de "derecho de los trabajadores "por
"régimen de los descamisados". Para obtener el apoyo de la
base popular, Perón, tuvo que tolerar la
participación efectiva de esta justicia social, por
supuesto limitada. La originalidad de los regímenes
nacionales y populares de América Latina, reside en la
naturaleza de la participación política de los
sectores populares.

3. La Guerra Fría y su impacto en la
Argentina

A poco de iniciado el primer gobierno del general, en el
mundo comenzaba la Guerra Fría, una contienda con
características diferentes hasta ese momento. El panorama
era de una Europa devastada y empobrecida, tras haber perdido su
dominio en el escenario mundial y la instauración de dos
superpotencias que promovían sistemas políticos e
ideológicos antagónicos con un único
objetivo: la disputa por la primacía mundial. Desde cada
bloque, se intentaba influir sobre la comunidad internacional y
demostrar que sus sistemas eran los óptimos para
garantizar el bienestar de los ciudadanos.

En ese período histórico se
conformó el mundo bipolar, este era un escenario
condicionado por las políticas de los grandes
núcleos de poder, cada bando constituyo su propia esfera
de influencia y busco ampliarla sobre otros territorios,
especialmente los países periféricos. La rivalidad
política y militar fue acompañada de un fuerte
antagonismo ideológico.

La Unión Soviética, impulsaba el
socialismo, basado en una economía centralizada
planificada por el Estado bajo una dictadura de partido
único con libertades civiles y políticas limitadas.
Por su parte, el occidente capitalista promovía el llamado
"Estado de Bienestar" una economía de mercado con
intervención estatal que trataba de garantizar el pleno
empleo y una serie de importantes beneficios sociales. En lo
político, se instauraron regímenes parlamentarios
con libertad política, aunque en ciertos casos, la amenaza
comunista dio lugar al establecimiento de gobiernos
autoritarios.

El gobierno del General Juan Domingo Perón, con
su política de estatización, en realidad se
encontraba en la búsqueda de una liberación
nacional, esto significó la ruptura de la dependencia que
se venía manteniendo con el imperialismo británico.
Dicho quiebre se logró a través de diversas medidas
que recuperaron para la Argentina los resortes de la
economía que estaban en manos extranjeras, como por
ejemplo, la nacionalización del Banco Central (control de
los cambios, las tasas de interés y la circulación
monetaria a favor del estado), de los ferrocarriles y empresas de
transporte automotor, recupero de la soberanía sobre los
puertos nacionales, el reemplazo de la Compañía
Primitiva de Gas, por Gas del Estado, de la extranjera
Unión Telefónica por ENTEL, y de las usinas
provinciales a favor de la American Foreing-Power por la red de
Agua y Energía. Este accionar abonaba el modo en que
nuevos dominios de la actividad administrativa se reconocieran
como practicas legítimas del Estado.

Esta política de nacionalización,
también llego a la localidad de Río Tercero, cuando
en el año 1948, el municipio ordeno realizar, al igual que
en la mayoría de las localidades del país, una
fiesta para celebrar el traspaso de la empresa ferroviaria. Esta
operación se realizaba de la compañía
inglesa al Estado nacional. En ese acto se hicieron presentes las
palabras del general Perón, por medio de la
retransmisión que hizo llegar el discurso, donde
aludía a la transferencia. Esta acción se concatena
con un elemento que fue clave durante el periodo peronista, de
naturaleza simbólica, manifiesto en la política de
difusión pública. La secretaria de prensa y
difusión genero un sustento de adhesión, por esta
vía a las políticas del Estado.

3.1. Córdoba en la transición: de
la Década Infame al Peronismo.

Desde el golpe de 1943 y, al menos hasta 1946,
acaeció en la provincia un período de
inestabilidad, marcado por permanentes recambios en el ejecutivo,
al tener en el haber nueve interventores. Esta inestabilidad se
desarrollaba en medio de pujas políticas y la presencia
del poder central en la política provincial.

Según estudios realizados por Cesar Tcach, Luis
González Esteves y Marta Philp, sobre la llegada del
peronismo al gobierno de Córdoba, señalan que su
irrupción conllevó cambios significativos, en el
mapa político provincial, en algunos casos se desdibujaron
identidades partidarias con radicales y demócratas que se
sumaron al nuevo partido y en otros casos, al fortalecer esa
identidad en torno a la persona de
Sabattini.[60]

César Tcach señala, que en sus
orígenes, la dirección política del
peronismo fue el resultado de la confluencia de tres sectores: la
élite católica tradicional -Acción
Católica-; otro grupo lo constituyó un sector
nacionalista y antiliberal de la UCR y la tendencia
tradicionalista del Partido Demócrata Nacional de
Córdoba. Cabe aclarar que el sabattinismo cordobés
tenía una posición nacionalista en materia
económica y de política exterior, similares a la
política económica en el plano nacional, de
allí que hubiese condiciones de recepción
favorables al peronismo.[61]

El peronismo, considerado por Torcuato Di Tella, como
una ideología con fuerte contenido emocional que
favorecía la comunicación entre masa y
líder[62]continuó con la
política económica de la década de 1930,
orientada al fomento de la industrialización por
sustitución de importación, por temor a que
estallara una tercera guerra mundial que pudiera provocar una
nueva depresión económica, Perón consideraba
necesario lograr la independencia económica del
país.

Esto implicaba reducir al máximo la dependencia
del exterior en cuanto a la obtención de productos
industrializados, que debían ser suministrados por la
industria local. Para cumplir ese objetivo el gobierno
recurrió a una herramienta muy extendida en el mundo: la
intervención del Estado en la economía.

Así se procedió a elaborar planes de
desarrollo a mediano plazo, basados en los objetivos que se
pretendían alcanzar. Dos planes quinquenales, el 1º
se extendió desde 1947 a 1951 y el segundo basado en un
diagnostico radicalmente distinto de los problemas
económicos, comenzó a aplicarse a partir de 1953.
Con la aplicación del primer plan se evidencia la
culminación del ciclo que llevo a la construcción
del Estado de desarrollo en la Argentina, por lo que la
incorporación de nuevas funciones estatales debía
asentarse sobre formas organizacionales que satisficieran los
requisitos de producción de las prestaciones a que daban
lugar.

Dentro del modelo económico la prioridad era
profundizar la industrialización, cuya demanda
procedería del mercado interno, por lo que el peronismo
alentó el pleno empleo y favoreció la
redistribución del ingreso por medio de la
extensión de las políticas sociales, implementadas
desde 1943.

Perón consolidó las potencialidades de la
clase obrera organizada, al mismo tiempo canalizaba y
neutralizaba su aspiración popular de enfrentar al sistema
de valores capitalistas. Inició un movimiento de masas,
que conto con el apoyo mayoritario de los trabajadores, sin
combatir la forma de producción capitalista y favoreciendo
el desarrollo de una clase capitalista nacional en el área
industrial.

A comienzos de la década del "50, la crisis
económica que padecía el país, por la
pérdida de cosechas y el agotamiento de reservas, sumados
a la acentuación de la guerra fría, provocó
un viraje en la política exterior de Perón. Los
intereses norteamericanos ya no resultaron incompatibles con los
objetivos del peronismo. En el marco del II Plan Quinquenal, se
entablaron una serie de negociaciones con los capitales
estadounidenses, auspiciadas por la nueva administración
de Eisenhower. Los contratos petroleros con la Standard Oil
fueron una síntesis de esta nueva política. La vida
interna del país afrontó este nuevo contexto
económico, acelerando el resquebrajamiento de la
coalición social que daba sustento al poder de
Perón. Los primeros enfrentamientos con el movimiento
obrero se originaron a partir de la reducción de los
salarios y de beneficios sociales que se perdieron en ese
período. La decisión por parte del Vaticano de
impulsar la formación de partidos políticos
encuadrados en la doctrina eclesiástica, sumada a la
crisis de la relación con el movimiento obrero,
provocó los primeros enfrentamientos con la Iglesia. La
discordia se agravó ante la propuesta de una Ley de
divorcio impulsada por Perón. Los simpatizantes peronistas
propiciaron incendios en algunas iglesias estableciendo un
divorcio con la entidad que había dado su apoyo al
comienzo de su gestión.

Es en plano nacional, donde las Fuerzas Armadas
recrudecieron las críticas contra el presidente.
Benjamín Menéndez encabezó el levantamiento
militar de 1951. Este primer enfrentamiento interno de las FFAA
perfiló una oposición que tuvo como objetivo
convertir la mayoría electoral de Perón en
minoría militar. A partir de estos cambios, se profundiza
el cariz autoritario del gobierno peronista. Fueron cerrados y
clausurados los periódicos opositores, se persiguió
y encarceló a dirigentes políticos.

La caída del gobierno peronista, en septiembre de
1955, fue producto de la convergencia de un amplio frente
integrado por los partidos políticos opositores, los
representantes de la industria y el agro, los sectores medios y
la Iglesia, si bien el brazo ejecutor fueron las Fuerzas Armadas.
Los golpistas sólo estaban unidos por la oposición
al peronismo, ya que sus objetivos eran dispares.

3.1.1. El peronismo
cordobés

Argentino Auchter – ex funcionario sabattinista –
fue el primer gobernador peronista de la provincia de
Córdoba, profundamente conservador y antiliberal.
Pertenecía al sector de la UCR, Junta Renovadora, aun
antes de iniciar su gestión, debió hacer frente a
disidencias dentro de la misma fórmula gobernante, esto es
el partido laborista al que pertenecía el vice gobernador
Ramón Asís, además de la oposición en
las cámaras de radicales y demócratas. El conflicto
concluyó con la provincia intervenida entre 1947 y 1949.
Durante la intervención de Aristóbulo Vargas
Belmonte, y aun después, durante los gobiernos peronistas
del brigadier Juan Ignacio San Martín y Atilio Antinucci,
entre 1949 y 1952, se agudizó el avance del Estado
nacional sobre las instituciones provinciales y la intolerancia
hacia la oposición.[63]

Esta situación se reflejó claramente en
los debates que se sucedieron en el seno del poder legislativo,
en especial en el senado donde los radicales, liderados por
Arturo Zanichelli, ejercieron una fuerte oposición a lo
que consideraban un avasallamiento de federalismo y la
autonomía provincial. A través del seguimiento de
los debates entre el peronismo y la oposición, es posible
percibir cómo se visualizaban y posicionaban los viejos y
los nuevos actores políticos.

Como consecuencia del movimiento militar de 1943, todas
las provincias fueron intervenidas por el gobierno nacional, no
obstante esta situación, luego del triunfo del peronismo
en 1946, la provincia de Córdoba fue intervenida en sus
tres poderes, entre los años 1947 y principios de 1949.
Este nuevo gobierno nacional, en su condición de fuerza
oficialista apeló a distintos medios para consolidarse en
la provincia mediterránea.

Uno de ellos fue el reforzar el poder ejecutivo
provincial en deterioro del legislativo, sede de la
oposición radical, demócrata y laborista. En este
sentido el proyecto de la creación por decreto de una
Secretaria Técnica de la Gobernación, rechazada por
la mayoría radical en el senado, es demostrativo de esta
tendencia, que desde el oficialismo justificaban, por la
creciente complejidad de la administración
pública.

La oposición, argumentaba que se estaba atentando
contra la autonomía provincial y otros a su vez,
atribuían a estas creaciones como sombras del falangismo.
Rasgo marcado a lo largo del periodo de tiempo escogido para la
investigación, con un tinte totalitario. En
síntesis, el ambiente político, se caracterizo por
posturas dicotómicas.

La concepción de este Estado, estaba a tono de
los cambios necesarios frente a una gran crisis como consecuencia
de la segunda guerra mundial, que puso en el tapete la crisis del
individualismo liberal, volviéndose urgente una
redefinición de las funciones, órganos y deberes
del Estado. Así fue como se antepuso a esa vieja realidad,
una nueva agrupación política que tenía como
objetivo lograr el bienestar colectivo.

A continuación, en los párrafos
siguientes, se plasmara la evolución del movimiento
cooperativo en el plano nacional, provincial y local. El
incorporar este desarrollo apunta a que consideramos
imprescindible entender el protagonismo de este tipo de
institución dentro del momento histórico trabajado,
para entender cómo la Cooperativa de Luz y Fuerza de
Río Tercero, fue la encargada de lograr la
provisión de agua corriente a la localidad.

4. El movimiento cooperativo:
evolución

El investigador y teórico, Ezequiel Ander-Egg
sostiene que las cooperativas constituyen programas de desarrollo
comunitario, puesto que son instrumentos de promoción
colectiva y solidaria, y que los métodos cooperativos
pueden aplicarse provechosamente para satisfacer diversas
necesidades sociales y económicas concretas en las
comunidades locales. En general podemos definir a la cooperativa
como una asociación en la que un determinado número
de personas se agrupa voluntariamente, basadas en el principio de
ayuda mutua y reciprocidad, con el propósito de constituir
una empresa caracterizada fundamentalmente por no perseguir fines
de lucro, en la que todos tienen igualdad de derechos y en la que
el beneficio obtenido se reparte entre sus
asociados.[64]

Si se concibe el desarrollo de una comunidad como un
instrumento que mediante organización y educación
de las colectividades promueve, la participación
consciente de la población en el planteamiento y
ejecución de programas de beneficio colectivo, que juega
un papel importante en el campo de la motivación para
producir cambios de actitud favorables al progreso, que permite
acelerar la integración de fuerzas que intervienen en el
desarrollo general[65]entonces el quehacer
cooperativo seria la vía de acción
optima

Cuando se habla de desarrollo de la comunidad se
señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen
su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos.
Esto logró la comunidad de Río Tercero ante la
necesidad de proveerse de un elemento vital para el desarrollo de
cualquier ser vivo y la ciudad, el agua.

4.1. La llegada del movimiento cooperativo al
país.

El inicio del cooperativismo en la Argentina en el
último cuarto de siglo pasado, fue iniciado por los
inmigrantes europeos que arribaron a nuestras playas, en nutridos
contingentes, después de la Organización
Nacional.

Desde el punto de vista jurídico, en el
movimiento cooperativo argentino pueden considerarse dos etapas:
una que va desde la aparición de los primeros ensayos de
cooperación económica hasta el año 1926, y
otra desde ese año hasta el momento actual.

La primera cooperativa que se constituye fue la
denominada "El Progreso Agrícola" de Pigüé,
fundada en 1898 por un grupo de agricultores franceses del sur de
la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito urbano, la primera cooperativa que
se creó en el país fue "El Hogar Obrero". Esta
cooperativa de consumo, crédito y vivienda surgió
en Buenos Aires en 1905 por iniciativa de un grupo de obreros y
bajo la inspiración ideológica del
socialismo.

Escribe Raimundo Real en su tesis[66]del
año 1900: "El movimiento cooperativo entre nosotros es de
muy escasa importancia. La facilidad de vida, en primer
término, y, en segundo, la falta de educación
económica, de unión gremial, de organización
y disciplina, son probablemente las causas de que la
cooperación no haya progresado. La mayor parte de las que
han sido autorizadas e inscriptas no han llegado a constituirse o
han fracasado, y de las pocas que funcionan con el nombre de
cooperativas, quizás no hay tres que lo sean en
realidad".

Poco a poco comenzó a desarrollarse, en nuestro
país el movimiento cooperativo, cuyo espacio más
propicio durante los primeros tiempos fue el medio rural, donde
surgieron numerosas cooperativas que se dedicaron principalmente
a la comercialización de los productos agropecuarios de
sus asociados.

En el medio urbano, en cambio, el desarrollo fue
más lento. En un comienzo, aparecieron cooperativas de
consumo y luego se organizaron otras para la provisión de
servicios tales como el crédito, el seguro, la vivienda y
fundamentalmente la electricidad. El auge se produjo en la
década de 1920, en donde el desarrollo de las cooperativas
se vio estimulado por la sanción, en
1926[67]de la ley que regulaba a estas
asociaciones[68]ya que hasta ese momento, este
tipo de entidades se hallaban organizadas por las escasas
disposiciones[69]existentes en el Código de
Comercio.[70]

La ley Nº 11.388 "Régimen legal de las
Asociaciones Cooperativas", era una ley general, ya que,
establecía normas de organización,
administración y control para todos los tipos de
cooperativas; y tenía un alcance nacional, por cuanto se
aplicaba a las cooperativas de todo el país.

Con la promulgación de la ley 11.388 que,
inspirada en los principios de los pioneros de Rochdale,
destacó con exactitud y precisión, la peculiaridad
de las sociedades cooperativas y fijó las condiciones para
su existencia legal. A los dos años de su existencia, una
estadística del Ministerio de Agricultura revela 79
cooperativas urbanas y 143 rurales, las primeras ubicadas con
preferencia en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires y
las segundas en el Litoral, Córdoba y Territorios
Nacionales.

Pero en materia legislativa no se puso el punto final
allí, sino que en el año 1973 se presenta un
Proyecto de Ley de Cooperativas, destinado a reemplazar a la
vigente Ley 11.388 y que incorpora a su texto las disposiciones
de la Ley 19.219. Ante la necesidad de actualizar el sistema
legal de las cooperativas, el Instituto Nacional de Acción
Cooperativa, designó una Comisión especial
constituida por directores y representantes del movimiento
cooperativo, para abocarse al estudio y elaboración del
Anteproyecto respectivo.

El surgimiento de las cooperativas eléctricas se
produjo a fines de la década de 1920, momento en que la
distribución de la energía estaba a cargo de
empresas de capital extranjero, como Cade, Italo, Ansec, Sudam y
el grupo Suizo, con un escaso control por parte del Estado. El
desarrollo del cooperativismo eléctrico tuvo un origen
reivindicativo por parte de los usuarios urbanos del servicio,
preocupados por las altas tarifas vigentes, en esa época
en Argentina.[71]

El nacimiento de las cooperativas dedicadas al servicio
eléctrico en Argentina, en 1926 en Punta Alta surge la
primera en la provincia de Buenos Aires y tuvo como objetivo
inicial y notable el suministrar a sus asociados la electricidad
que requerían, aunque luego a esa oferta inicial fueron
incorporando otro tipo de
servicios.[72]

Con el correr de los tiempos, numerosas de esas
cooperativas adoptaron un perfil de varios servicios paralelos,
que las convirtió en cooperativas de servicios
públicos aunque aquí, en nuestro país,
siempre tuvieron por fin principal suministrar electricidad a sus
asociados. En un primer momento atendieron únicamente las
demandas de centros urbanos pequeños y medianos y
sólo con posterioridad, a su desarrollo y
evolución, emprendieron del mismo modo, la
electrificación rural.

4.2. El cooperativismo también se hace
presente en Córdoba

No escapa a esta generalidad, nuestra provincia de
Córdoba donde fueron las cooperativas las que llevaron la
electricidad al campo y al mismo tiempo, anexaron a su
función inicial: producción y/o distribución
de energía eléctrica. Otros servicios vitales
implementados para la comunidad se pueden enumerar: la
distribución de materiales y artefactos eléctricos;
el alumbrado pública de las calles de la ciudad, los
servicios sanitarios de agua corriente, la red cloacas, el gas
natural, el servicio de teléfono y televisión por
cable; diversos servicios sociales, entre ellos fúnebres,
seguros y medicina prepaga, entre otros. En pocas décadas
se transformaron en cooperativas de servicios públicos,
constituyendo en la actualidad un sector relevante dentro de la
estructura de la economía
cordobesa.[73]

El sector servicios, es el sector económico que
engloba todas aquellas actividades económicas que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que
se ofrecen para satisfacer las necesidades de la
población.

La historia de los servicios públicos está
ligada a dos hechos: al desarrollo de las fuerzas productivas y,
a la concentración de los seres humanos en poblaciones.
Antes de los inventos producto del capitalismo, la energía
eléctrica, el tratamiento y conducción de las
aguas, el teléfono, etc., no existían como
servicios públicos domiciliarios, surgen a partir del
desarrollo y evolución de las demandas de los pobladores y
de un largo proceso dentro del sistema capitalista.

Las cooperativas argentinas han sido forjadoras del
desarrollo urbano y rural en el territorio nacional, dando
respuestas inmediatas y satisfactorias a distintas
carestías en diversos sectores sociales. Todo ello, sin
intermediarios ni fines de lucro, abaratando costos que pudieran
impedir la prestación masiva del servicio y mejorando la
calidad de vida, de un considerable número de
habitantes.

El cooperativismo de servicios públicos a nivel
nacional, se origina ante la presencia de empresas
monopólicas extranjeras y especulativas, que
cometían todo tipo de abusos al detentar sus posiciones en
el mercado nacional e internacional.

El modo de gestión privada de los servicios
públicos, ha encontrado en las cooperativas, altos grados
de eficiencia y eficacia, a la vez que privilegia el
interés general de la mayoría de la
población, por sobre el provecho individual o
corporativo.

Ese singular desarrollo ha preocupado a los
científicos sociales, que lo han estudiado desde distintas
perspectivas.[74] Es, sin embargo, una
cuestión hasta ahora escasamente abordada por la
historiografía económica y social
argentina[75]centrando la atención en la
experiencia cordobesa y sin perder de vista que ambas
transformaciones, de exclusivamente urbanas a motores de la
electrificación del campo y de exclusivamente
eléctricas a proveedoras de diversos servicios
públicos, son consecuencia de la influencia de dos
factores principales: las características propias de la
industria eléctrica argentina y la función asumida
por los poderes públicos en relación con ella a
través del tiempo.[76]

En sintonía con la realidad que se venía
planteando es Amadeo Sabattini, quien en su primer mensaje a la
legislatura cordobesa, en mayo de 1936, propuso la
creación de entidades mixtas de particulares y el Estado
para la dirección y administración de las fuentes
primarias de energía y la constitución de
cooperativas para la distribución y el servicio
público. En realidad, lo que estaban proponiendo tanto la
comisión de los legisladores encargados de la
elaboración de ley 11.388 como Sabattini era aplicar en la
provincia las nuevas formas de prestación de los servicios
públicos que caracterizaba la experiencia internacional
del momento y según la cual incumbía al Estado el
proveer y promover tales servicios mediante tres posibles formas
: 1) por el propio Estado (servicios estatales) o por
concesionarios de acuerdo con leyes o convenios con el Estado, 2)
por los propios usuarios, mediante cooperativas y 3) por
regímenes mixtos, ya sea entre el Estado y las empresas
particulares o entre el Estado y los usuarios. Por entonces, el
servicio eléctrico cordobés era prestado por
empresas privadas, mediante concesiones del
Estado.[77]