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La prevención del delito. Análisis y Propuestas



Partes: 1, 2

  1. Introducción
  2. Marco
    teórico
  3. Marco
    metodológico
  4. Marco
    analítico
  5. Conclusión
  6. Recomendación
  7. Glosario
  8. Bibliografía

Introducción

Maslow uno de los grandes estudiosos de las necesidades
del hombre expresa que la seguridad se encuentra entre una de sus
prioridades básicas y que la búsqueda de este
estado es hasta instintivo en ellos.

La ciudadanía en general se siente desprotegida y
reclama soluciones urgentes a las autoridades, ante el alarmante
aumento de asalto a peatones, hurtos agravados (comercios), robos
domiciliaros, violencia intrafamiliar, homicidios y otros, que en
los últimos tiempos ha afectado gravemente a la seguridad
pública.

La Policía Nacional no encuentra una
solución para superar este estado de incertidumbre y
zozobra que padece la ciudadanía, teniendo en cuenta que
la propia ciudadanía perdió la poca credibilidad
que genera la policía. ¿Cuáles son los
factores intervinientes en la falta de participación de la
ciudadanía en la prevención de los hechos
punibles?

Las principales razones por las que no se denuncia el
delito ante organismos competentes están ligadas a una
percepción crítica de la actuación policial,
y a la falta de esclarecimiento de los hechos punibles cometidos
(Primera Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana,
2009).

El Paraguay ha sido objeto de un gran índice
delictual en los últimos años con un aumento
cercano al 10 % anual del aumento de la criminalidad.

Asimismo, influyen los factores personales y sociales de
apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de mayor
vulnerabilidad. Incluso, se ha dicho que el sentido de
inseguridad "exacerbado por varios factores, entre los que se
incluyen las condiciones puede verse de vida precarias, el
aumento del nivel de desempleo y un futuro poco prometedor, y la
inequidad social, la impunidad son causantes, entre otras, de la
violencia y la inseguridad y para mitigar este flagelo se viene
desarrollando una serie de políticas en cuanto a la
seguridad

El acercamiento de la policía a la comunidad
está dando inicio al desarrollo de estrategias de
prevención integral dentro de la comunidad con un fuerte
contenido social (charlas sobre violencia intrafamiliar,
daños que ocasiona el consumo de drogas, sobre todo de
crack, en estupefacientes sumamente adictivo y destructivo que
está al alcance de niños y jóvenes por el
precio bajo en que se comercializa). En la actualidad el control
del delito ya no es visto como una tarea única y exclusiva
de la policía, es por eso que se requiere de la
participación ciudadana para conocer a fondo los problemas
comunitarios y encontrar una solución satisfactoria. Por
lo tanto ¿cuáles son las estrategias de la
Policía Nacional para lograr la participación
comunitaria en la prevención de los hechos
punibles?

La Estrategia de Policía Comunitaria, ha sido
recientemente implementada en Fernando de la Mora y en San
Lorenzo, que tiene por objetivo la interrelación e
interacción entre agentes policiales y la
ciudadanía , que pueda brindar información
confiable a la Policía Nacional sobre posibles hechos
punibles que pueda acontecer en la comunidad. Aquí surge
la pregunta ¿Cuáles son los resultados obtenidos
conforme a la Estrategia implementada por la Policía
Nacionla para la participación ciudadana?

La prevención del delito y la violencia y la
participación ciudadana bajo la adecuada conducción
política y control democrático son elementos claves
para avanzar en la consolidación de valores y normas
comunitarias, como el respeto y la solidaridad, que han sido
tradicionales en la comunidad. La inequidad social y la impunidad
son causantes, entre otras, de la violencia y la inseguridad.
¿Cuáles son las motivaciones de la falta de
participación comunitaria en la prevención de los
hechos punibles?

Este trabajo se propone como objetivo general
identificar los factores intervinientes en la falta de
participación de la comunidad en la prevención de
hechos punibles. Y como objetivos específicos determinar
las motivaciones para la participación comunitaria en la
prevención de los hechos punibles, definir las estrategias
de la Policía Nacional para lograr la participación
comunitaria en la prevención de los hechos punibles y
conocer los resultados obtenidos conforme a la Estrategia
implementada por la Policía Nacional para la
participación ciudadana.

Este trabajo de investigación tiene una
relevancia social por que identifica los factores intervinientes
en la falta de participación de la comunidad en la
prevención de hechos punibles. Además tendrá
una importancia institucional por que servirá para mediar
la actuación policial para extender en otras
ciudades.

Servirá para definir las estrategias de la
Policía Nacional para lograr la participación
comunitaria en la prevención de los hechos
punibles.

Su trascendencia social estaría dada por las
fortalezas y debilidades encontradas en la práctica
policial, en los trabajos de prevención de los hechos
punibles con la participación ciudadana.

Su proyección está dada por el
mejoramiento de los vínculos con la sociedad y la
cooperación interinstitucional.

El mismo tiene como metodología de
investigación un enfoque cuali-cuantitativo, un nivel
descriptivo y un diseño no experimental, para ello se
trabajó con personal de la Dirección de
Participación y Seguridad Ciudadana y de la
Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana,
Jefes de Comisarias, Oficial Jefe de Cuadrantes por cada ciudad y
Lideres de las Comisiones vecinales por ser personas
calificadas., a quienes se les realizó entrevistas y/o
encuestas.

El esquema utilizado en este trabajo es el siguiente: en
el apartado de la introducción se encuentra el
planteamiento del problema, las preguntas de
investigación, los objetivos y la justificación, en
el Capítulo I se encuentra el Marco Teórico con el
desarrollo de los principales ejes temáticos relacionados
al tema de investigación. En el Capítulo II se
encuentra el Marco Metodológico que contiene el
diseño de la investigación. En el Capítulo
III se presenta el Marco Analítico a partir de los
resultados obtenidos del trabajo de campo. Y por último,
se presentan las conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I

Marco
teórico

  • La prevención del delito y la
    participación comunitaria en América Latina:
    algunos aportes

  • El desarrollo de la "seguridad ciudadana" en la
    región

El concepto de seguridad ciudadana empezó a ser
utilizado en América Latina a partir de los años
90, especialmente, a través los estudios de diversos
programas internacionales impulsados por agencias de
cooperación internacional, como por ejemplo, el Banco
Interamericano del Desarrollo (BID); el Programa Ciudades Seguras
del UN-Habitat / ONU y del ICPC (Centro Internacional para la
Prevención del Delito); los Programas de prevención
del crimen y de la violencia de la Organización Mundial de
Salud (OMS) y de la Organización Pan Americana de Salud
(PAHO), entre otros.

Este concepto de seguridad ciudadana buscaba generar una
idea de una seguridad pública más
democrática e integral, dando mayor atención a la
prevención, a la participación de nuevos actores y
a la diseminación de la noción de policía
comunitaria o, simplemente, de una policía que
compatibilice eficiencia con respeto a los derechos
humanos.

A pesar de que el desarrollo conceptual se dio desde
mediados de los noventa, fue sólo a partir de la
década de 2000 que se impulsaron políticas y
programas de esta naturaleza en la región.

Este impulso se vio favorecido tanto por el crecimiento
sostenido de las tasas de crimen como por el consecuente aumento
de la tasa ,de percepción de inseguridad.

Frente a ello, los gobiernos han desarrollado diferentes
iniciativas de intervención„ observándose
principios más técnicos en el diseño de las
políticas de seguridad ciudadana.

Por ejemplo, hoy se reconoce la importancia de realizar
buenos diagnósticos sobre la violencia y la criminalidad
en el territorio; el análisis de las
características de los gobiernos y agentes públicos
encargados del tema y de las características de los
vecinos que son afectados por estos problemas.

Durante la última década también se
avanzó en generar diagnósticos comparados en el
nivel regional. Para ello, se han utilizado las tasas de
homicidio sistematizadas por las organizaciones de salud, y
encuestas de opinión que incluyen en su cuestionario
preguntas específicas sobre la victimización en la
región. También organismos específicos como
UNICRI, han realizado encuestas de victimización de
carácter regional.

  • Diagnóstico de la seguridad ciudadana en
    la región y los alcances de la medición de la
    violencia y la criminalidad

Para desarrollar un diagnóstico adecuado de la
violencia y el delito es necesario antes, hacer algunas
precisiones respecto a los alcances y limitaciones que tiene la
medición de estos fenómenos en la
región.

En primer lugar y dadas las variaciones respecto a las
definiciones legales que tiene el delito en los diferentes
países, "los analistas han dependido cada vez más
de la tasa de homicidio como el "patrón oro" para la
investigación comparada (Karstedt y LaFree, 2006:10). Es
decir, el indicador que ha sido más comúnmente
utilizado para comparar el nivel de violencia de un país o
ciudad en la región es el número de homicidios por
100.000 habitantes.

Una de las ventajas de este indicador es que resulta
más fácil de cuantificar que, por ejemplo, los
crímenes contra la propiedad, ello porque resulta
más difícil ocultar las pruebas materiales (Buvinic
y Morrison, 1999).

Sin embrago, y pese a la utilidad de las tasas de
homicidio como indicador comparable, este puede ser
engañoso en términos de violencia absoluta dado que
no incluye heridas intencionales que no causaron la
muerte.

Por otra parte, se debe considerar que la tasa de
homicidio para un país es una media ponderada de las tasas
de homicidio que corresponden a subunidades regionales y locales.
Justamente por esto, no considera necesariamente las disparidades
dentro del país, que a menudo son bastante
importantes.

Por ejemplo, en América Latina, las ciudades son
más violentas que las áreas rurales y dentro de las
ciudades, las disparidades respecto a la violencia son asociadas
a los niveles de ingresos del vecindario. Las áreas
más prósperas sufren de crímenes violentos
relacionados a propiedad, mientras la violencia más severa
está concentrada generalmente en áreas de ingresos
económicos más bajos.

Otro tipo de advertencia concierne a los cambios que se
han experimentado en términos de calidad y naturaleza de
la cobertura de los datos, incluyendo las tasas de homicidio. En
ese sentido, un mejoramiento en la recolección de
información puede incidir en el incremento
estadístico de la violencia, lo que no significa
necesariamente que la violencia haya aumentado.

Desde de los años "90, el uso de sistemas
epidemiológicos de medición han mejorado el
registro de causas de muerte. Ello ha incidido en el aumento de
las tasas de asesinato en la región, aún cuando
existen otros fenómenos que inciden también en esta
alza.

Por otra parte, también es importante tener en
cuenta que las estimaciones de las tasas de homicidio
varían considerablemente dependiendo de si los asesinatos
intencionales son o no separados de otras causas, como por
ejemplo las muertes accidentales violentas y o
suicidios.

Las definiciones difieren de país en país,
a menudo dependiendo de la institución a cargo de reunir y
clasificar los datos. Además, algunas agencias del
gobierno manipulan rutinariamente datos de crímenes no
reportados para mostrar el "progreso" en el combate al crimen,
alentar a inversionistas preocupados, o mantener el flujo de
ayuda de donantes.

La policía también puede sesgar los datos
de homicidio simplemente porque ellos pueden haber participado en
hechos de violencia y abusos en un porcentaje significativo de
casos (Prillaman 2003:5).

En este sentido, aún cuando los crímenes
son informados, la existencia de corrupción y de archivos
con escasa información llevan a que muchos casos se
"pierdan"" durante el procesamiento.

En este contexto, las estimaciones consideradas
más válidas y seguras son las calculadas por la
Organización Pan-Americana de Salud (PAHO), la cual se
basa en informes de causa de mortalidad de los sistemas de salud
de diferentes países (LaFree, 2007).

El sistema de clasificación que estos
países utilizan para informar la causa de muertes sigue
generalmente la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE), elaborada por la PAHO que sufre una
revisión regular con vistas a ser consecuente con las
últimas prácticas diagnósticas y avances
médicos.

En la versión actual de la décima
revisión de la clasificación, los homicidios
(ICD-10 X85–Y09) son las muertes infligidas por otra
persona con intención de herir o matar por cualquier
medio, excluyendo las muertes debido a intervención de la
policía y operaciones legales de la guerra. Así,
para la región las tasas de homicidio sumariadas en la
Tabla 1 revelan variaciones entre países con respeto al
tiempo y la intensidad.

Como se observa en la tabla, algunos países
tienen una tendencia al alza, y, en algunos casos, reversiones
notables. Por ejemplo, en 2002, el homicidio en Colombia
alcanzó el valor más alto de la serie: 77,3
homicidios para cada 100.000 habitantes, un valor dos veces
más alto que el registrado en la mayoría de los
países denominados como peligrosos en América
Latina, como por ejemplo Venezuela (35,8) y El Salvador
(32,3).

Desde entonces la tasa de homicidio en Colombia ha
caído bruscamente a 52,6, al revés de El Salvador
cuyas tasas han aumentado a 48,8 cada 100.000
habitantes.

Otros países caracterizados por una frecuencia
alta de homicidio corresponden a Brasil, El Salvador, Guatemala,
y Venezuela. Mientras que las tasas más bajas de homicidio
son las presentadas por Chile y Costa Rica, donde los valores
fluctuaron, pero dentro de un rango reducido.

También es importante subrayar que los niveles de
violencia observados en muchos países son especialmente
agudos en zonas urbanas, donde la tasa de homicidio por 100.000
habitantes, hacia el año 2000, había alcanzado los
valores de 158 (Recife, Brasil); 104 (Medellín, Colombia)
y 103 (Ciudad de Guatemala).

Junto a los límites que presenta la
medición de la violencia y la criminalidad, existe otro
gran desafío en materia de análisis comparado. Ello
refiere al hecho de que muchas veces "crimen" y "violencia" a
menudo son utilizados indiscriminadamente, tanto en la literatura
académica como en el lenguaje corriente.

Sin embargo cada concepto refiere a fenómenos
distintos. Ni todo crimen es violento, como en el caso de
corrupción, y ni toda violencia es criminal, como en el
caso de matanzas accidentales (Fajnzylber, 2001).

A pesar de que algunas agencias internacionales de
desarrollo hacen la distinción entre "crimen" y
"violencia", ello no siempre es así y "el manejo de los
conceptos es bastante elástico" Prillaman (2003: 5). Otro
aspecto interesante de destacar como desafío en materia de
medición se relaciona con las fuentes de
información.

En términos muy generales, los datos de crimen
que pueden ser reunidos en tres categorías:

1) los datos "oficiales", que se refieren a la
información recolectada por agentes legales,

2) "auto reportes", provenientes de las encuestas de
victimización;

3) los datos de la salud, que son reunidos por las
agencias hospitaleras a partir de las atenciones de
víctimas de delito. Dada la ausencia de medidas
estandarizadas y exactas sobre criminalidad basadas en informes
de la policía, los analistas dependen típicamente
de estimaciones elaboradas a partir de los sistemas de
información de la salud, lo que presenta sus propias
ventajas y las limitaciones.

Algunas de ellas corresponden a información
policial que tienen generalmente una tasa más baja que las
tasas de salud (dado que una elevada tasa de crímenes no
es reportada a la policía). Otra forma de medir la tasa de
no reporte de crímenes a la policía es a
través de las encuestas de
victimización.

Al comparar la cantidad de crímenes informados a
la policía con el número de hechos reportados por
la población en estas encuestas, se constatan generalmente
grandes diferencias (siempre es menor el delito denunciado que la
victimización reportada por los encuestados).

Una de las explicaciones posibles en este caso refiere
al hecho de que sobre la tasa de denuncia incide el grado de
confianza pública que tiene la ciudadanía en las
agencias de seguridad y justicia.

Es estimado que en Latinoamérica solamente 15% a
30% de todos incidentes de violencia es informado (Rubio, 1998).
Frente a la limitación de las estadísticas de la
policía y al hecho de que las cifras del sistema de salud
se refieren solamente a los casos de homicidio, para la
elaboración de los diagnósticos acerca de la
situación del delito en la América Latina los
analistas con frecuencia utilizan diversas encuestas de
opinión disponibles (Gaviria y Pagés,
1999).

Aunque menos rigurosas que las encuestas de
victimización, algunos sondeos de opinión
proporcionan datos comparables que pueden estar en el
análisis relativo.

Dos de estas fuentes de información tienen una
importancia destacada para este estudio, por congregar datos de
diversos países latinoamericanos. Son ellas: el
Barómetro de las Américas y la encuesta
Latinobarómetro.

Los datos del Barómetro de las Américas
son proporcionados por el Proyecto Latinoamericano de
Opinión pública (LAPOP), administrado por Mitchell
Seligson, politólogo de la Universidad de Vanderbilt. Los
datos generados por LAPOP incluyen informaciones sobre
países latinoamericanos y sobre los Estados Unidos, aunque
el tamaño de la muestra de EE.UU sea más
pequeño que los casos de América Latina.

La disponibilidad de datos sobre diversos países
latinoamericanos y EE.UU a base de un mismo instrumento
proporciona una oportunidad extraordinaria de comparar los dos
contextos. Las mediciones realizadas por el Barómetro de
las Américas se encuentran disponibles para 12
países y se refieren al año 2004, 2006 y
2008.

En cada país fueran interrogadas, en promedio
1.200 personas. La pregunta foco del análisis es:
"¿Ha sido usted víctima de algún acto de
delincuencia en los últimos 12 meses?" Utilizando las
respuestas de los interrogados es posible percibir que, mientras
10 por ciento de la muestra en Estados Unidos indicó haber
sido víctima en el año anterior, en América
Latina fue el 18,5% para el año 2006.

Los datos del Barómetro de las Américas no
parecen presentar un cuadro muy distinto al que muestran las
tasas de homicidio. Algunos países poseen una tasa muy
superior a la media de la región mientras otros poseen una
tasa similar al escenario norte-americano.

La excepción, en este caso es Chile que
poseé una baja tasa de homicidio, pero una alta tasa de
victimización por otros delitos. Esta constatación
es substancial en el sentido de enfatizar la importancia de
considerar fuentes distintas para la elaboración de un
buen diagnóstico de la situación de la criminalidad
y de la violencia en la región.

Si el diagnóstico es basado en solamente un tipo
de dato, se corre el riesgo de presentar un escenario no muy
compatible con la realidad. Otra fuente de información
para la construcción de un diagnóstico de la
situación de violencia y criminalidad en la región
latino-americana es Latinobarómetro.

Esta encuesta es financiada por múltiples
fuentes, de los sectores privados y públicos, con
participación significativa de organizaciones
internacionales como el Banco Inte-americano de Desarrollo (BID),
la Unión Europea, y el Programa del Desarrollo de Naciones
Unidas (UNDP).

Casi todos los años desde 1995, Latinobarometro
ha aplicado cuestionarios a más de 1.200 individuos
seleccionados aleatoriamente entre residentes de México y
todas las naciones de Centro y Suramérica, menos Belice,
Surinam y Guyana.

El diseño de muestra de las inspecciones del
Latinobarometro varía ligeramente de un país a
otro. Todos diseños de la muestra utilizan cuotas para
asegurar la representación por género, por nivel
socioeconómico y por edad, aunque áreas urbanas
queden sobre representadas (Gaviria y Pagés
1999).

Las mediciones realizadas por Latinobarómetro son
una de las pocas fuentes de datos comparables para los
países de América Central y del Sur,
constituyéndose como la base de numerosos estudios acerca
de las actitudes políticas.

Por su parte Latinobarómetro pregunta al
individuo si él o alguien de su familia ha sido asaltado,
atacado o víctima de un crimen en los últimos doce
meses, pregunta que es diferente en comparación con el
Barómetro de las Américas.

Es evidente que el cambio en la pregunta tiene reflejos
directos en la cualidad de la respuesta: en el caso del
Latinobarometro, la respuesta afirmativa no ocurre sólo si
la persona ha sido víctima de un crimen, sino que
también si algún pariente lo ha sido. La ausencia
de marcas de seguimiento torna imposible saber si el incidente
criminal registrado ocurrió al demandado, a un miembro de
la casa, o, quizás, a un primo o a un hermano que vive en
otro pueblo.

Si se asume plausiblemente que malas noticias viajan
lejos, es probable que el tamaño del grupo de pariente de
referencia a que la respuesta aplique pueda expandirse para
abarcar a miembros que tienen una historia de
victimización para contar. De acuerdo con esta
línea, un estudio de Río de Janeiro (Soares,
Miranda, y Borges, 2006) han mostrado que para cada homicidio
cometido en la ciudad hay muchas "víctimas ocultas" dentro
de la familia que experimentan intensa y prolongada dolor
emocional, llegando a considerarse a sí mismas
víctimas del crimen.

La situación hace evidente que la medida de
victimización familiar no es la más adecuada cuando
el objetivo es de estimar la tasa verdadera de
victimización. Sin embargo, estimar la tasa de personas
victimizadas por crimen no es el único intento de este
tipo de encuesta.

Otras de las posibilidades que entregan en materia de
información este tipo de encuestas es permitir verificar
la importancia que los ciudadanos latino-americanos dan al
problema del crimen y de la inseguridad (Gaviria e Pagés,
1999).

Para el análisis de este problema, la encuesta
Latinobarómetro también cumple un importante papel
al preguntar a los ciudadanos por el problema más
importante de su país. Como esta pregunta coloca como
opción de respuesta el problema de la delincuencia y de la
inseguridad, es posible calcular la cantidad de personas que
apuntan estos dos fenómenos como los más graves
problemas de su país.

Dado que se incluyen a otros miembros de la familia en
la medición, los datos del Latinobarómetro
también definen la experiencia del crimen dentro de las
redes afectivas de la vida doméstica.

La medida captura así las consecuencias
subjetivas de un acontecimiento amenazante que puede haber
ocurrido al encuestado, o a otro individuo suficientemente
próximo para que tenga un impacto en él.

Sin duda ello es muy significativo puesto que, y
comparado a una medida que restringe la victimización al
individuo, (como el Barómetro de las Américas),
ampliar el alcance del indicador para incluir a miembros de la
familia permite reflejar mejor los efectos emocionales de
victimización.

Por último, es importante subrayar que el
Latinobarómetro agrega información muy interesante
puesto que relaciona la preocupación ciudadana por la
delincuencia con las consecuencias corrosivas del crimen y del
temor por cuanto mide las actitudes„ los valores, y las
preferencias de los ciudadanos en relación a la
democracia, la confianza en el sistema político y la
confianza interpersonal. (Wood, Gibson y Ribeiro,
2009).

Más allá de las limitaciones
metodológicas que existen en la región para
analizar el delito y la violencia de manera comparada, a partir
de la presentación de todas estas fuentes de
información, es posible concluir que la violencia urbana
se ha vuelto uno de los mayores problemas de América
Latina desde el inicio de los años 90..

Con esto, el problema también pasó a
constituir una de las más grandes preocupaciones de los
ciudadanos. Frente a ello, se evolucionó desde una mirada
punitiva de la seguridad pública a un enfoque mas
integral, que se ha materializado en la región a
través de formas innovadoras de prevención del
delito basadas en la participación de los
ciudadanos.

  • Principales tendencias de la prevención
    del delito en América Latina

De acuerdo con la sección anterior, el crimen y
la importancia del problema de la seguridad ciudadana han
crecido, independientemente de la fuente de información y
de la forma de medición del fenómeno utilizada.
Como consecuencia de este cambio, es posible percibir
también que la percepción de inseguridad creciente
por parte de los ciudadanos provocó a lo largo de los
últimos años una presión social sobre todas
las autoridades para que tomasen medidas en el campo de la
seguridad pública, independientemente de sus competencias
oficiales. Así, los países han tenido
también que cambiar sus estrategias tradicionales de
administración de la temática.

Hasta la década del 90, el crimen era concebido
básicamente como un problema de policía y se le
relacionaba con el sistema de justicia criminal. Además,
según Cano (2006), la preocupación por el crimen
era entonces concebida- por académicos y sectores de
izquierda progresista- como una temática "de derecha
política" y de los defensores de la ley y el
orden.

No existía ni reflexión teórica ni
una propuesta más política desde los sectores
progresistas que se contrapusiera a la simple demanda de orden
proveniente de los grupos más conservadores. La
perspectiva dominante en la época apuntaba a que la
restauración de la democracia en la región iba a
llevar al mejoramiento del funcionamiento del sistema de justicia
criminal, entendido éste como la conexión entre las
siguientes organizaciones.

A la policía preventiva le incumbe el papel
controlar todas aquellas acciones que son tipificadas como delito
en los diferentes cuerpos legales y normativos.

Mientras esta policía tiene la competencia de
registrar los delitos, en muchos casos también le
corresponde a ella su investigación criminal (en otros
casos, como Chile o Brasil existe una policía
especializada).

Así, en los países en los cuáles la
policía no tiene la competencia para realizar el ciclo,
una vez registrado el hecho por la policía preventiva
incumbe a la policía investigativa el esclarecer quien es
el sospechoso por su comisión y las circunstancias de su
ocurrencia.

Una vez que un sospechoso es identificado, las
fiscalías pueden acusarlo judicialmente y el juez puede
establecer una pena para el infractor. Desde la tradicional
perspectiva represiva, se espera que el buen funcionamiento de la
justicia criminal sea capaz de controlar la
criminalidad.

Sin embargo, diversos estudios han dado cuenta desde
fines de los años 80, que el modelo de la represión
no funcionaba como se esperaba en los países
latinoamericanos. De hecho, pocos son los casos que una vez
registrados por la policía siguen en el flujo de
procesamiento hasta la sentencia y, en regla. (Restrepo y
Cuéllar, 2004).

En la mitad de la década del 90, cuando la
academia reconoció la importancia del problema, el
diagnóstico era el siguiente: este modelo de
administración de la seguridad pública, de alto
contenido represivo y escaso contenido preventivo, no era
satisfactorio.

En una década, desde el principio de la
redemocratización en la región no se había
logrado disminuir la criminalidad —de hecho, la tasa de
homicidios había crecido —, y había aumentado
la creciente sensación de inseguridad de la
población en las principales ciudades.

Además, los sistemas judiciales, policiales y
penitenciarios enfrentaban serios problemas y deficiencias. Las
principales críticas formuladas al enfoque tradicional
señalaban la importancia de considerar la violencia como
un fenómeno social donde confluyen varios factores y
argumentaban que una política de seguridad pública
sólo podría ser eficiente si actuaba reprimiendo a
individuos violentos e influyendo en su entorno familiar y social
(Arriagada y Godoy, 2000).

Ante esta constatación, la estrategia adoptada
por diversos países fue a partir del enfoque
epidemiológico para el abordaje de la violencia. Esta
estrategia de acción se ha traducido en la
combinación de medidas como:

"i) medidas integrales focalizadas en aquellos factores
de riesgo con más incidencia en hechos de violencia
delictual;

ii) medidas de control policial de corto plazo que
actúan sobre fenómenos concretos e incluso por
tiempo limitado, con reformas de los sistemas judicial, policial
y penitenciario que requieren de consensos políticos y
sociales;

iii) medidas preventivas acompañadas de
seguimiento policial como el control del porte de armas y del
consumo de alcohol y drogas;

iv) medidas preventivas primarias, que intentan cambiar
actitudes, normas y comportamientos sociales de la
población en general; y v) medidas preventivas
secundarias, orientadas a grupos de alto riesgo, como hombres
jóvenes que hayan sido testigos o víctimas de
violencia cuando niños." Arriagada y Godoy (2000:
119).

Fue a partir de la comprensión del delito como
producto de una serie de factores distintos, que se empezó
la difusión de la idea de construcción de
políticas de seguridad pública más
democrática, con una mayor atención en medidas
orientadas a la prevención.

Luego de ello, se viabilizó el surgimiento de
nuevos actores, el desarrollo de modelos de policía
comunitaria o, simplemente, de una policía que
compatibilizase eficiencia con respeto a los derechos
humanos.

Todos son síntomas de este nuevo período
de debate y cambio de paradigma del quehacer público en
esta materia (Cano, 2006). Así, en diferentes
países, se avanzó desde enfoques basado en la
punición a modelos más integrales y
holístico en el abordaje de la delincuencia, que
conjugarían iniciativas de control y prevención
basada en los siguientes elementos:

1) Mejoría del funcionamiento de las
organizaciones que componen el sistema de justicia
criminal.

2) Desarrollo de políticas sociales que
actúan como elemento de disuasión para el ingreso
en la criminalidad por parte de algunas poblaciones,
especialmente los jóvenes.

3) Incorporación de la participación
comunitaria en el diseño e implementación de las
políticas de prevención del delito.

Todos estos conceptos e ideas fueron reunidos en el
término "seguridad ciudadana", que ha servido para
clasificar las políticas que en la región
latinoamericana buscan la redención del delito a partir
del uso de mecanismos de la participación
comunitaria.

O sea, en la actualidad, es consenso entre las
administraciones públicas latinoamericanas la idea de que
el crimen debe ser administrado a partir del desarrollo de
políticas de seguridad ciudadana. De esta idea se
desprende un reconocimiento creciente de la necesidad de llevar a
cabo programas de "doble orientación" que combinen medidas
de control y prevención (Arriagada y Godoy,
2000).

Una de las implicancias de este concepto es que la
provisión de seguridad pública se vuelve una
responsabilidad no solamente de los gobernantes sino que
también de la ciudadanía. Es decir involucra una
perspectiva de la democracia que concierne los derechos y los
deberes de los ciudadanos (Jelin, 1996).

Así, de manera gráfica, este cambio de las
políticas de represión del delito (dentro de una
perspectiva autoritaria) para las políticas de seguridad
ciudadana en América Latina puede ser representado en una
perspectiva temporal por la siguiente figura:

Según Arriagada y Godoy (2000), el principal
elemento de distinción entre las políticas de
seguridad de décadas pasadas y las implementadas
actualmente en la América Latina es la inserción de
la variable participación ciudadana.

Este concepto supone involucrar de manera
protagónica a la población en el problema de
inseguridad, especialmente en lo que se refiere a la
búsqueda de soluciones eficaces, para lo cual hay que
promover la creación de redes de relaciones y la
organización de la propia comunidad (capital social) para
mejorar la prevención y la denuncia de delitos e incluso
lograr algún grado de control sobre estos
últimos.

Por otro lado, es importante subrayar que la
organización de la ciudadanía en ningún caso
reemplaza los esfuerzos que los gobiernos centrales y locales
deben hacer para enfrentar la inseguridad ciudadana, ni suple los
recursos que deben ser destinados a esta tarea.

En este sentido, Dammert y Paulsen (2005) entienden que
la participación comunitaria en la prevención del
delito en la región debe ser entendida como un proceso de
cambio de paradigmas: los países salen de una
política tradicional de intervención, que
tenía como actor casi exclusivo a las instituciones
policiales para incluir la participación de la
ciudadanía con el objetivo de lograr efectivos mecanismos
de consolidación del capital social y de reducción
de los problemas de convivencia a nivel local, además de
la prevención del delito propiamente.

Pero el proceso no fue simple y tampoco implementado en
el corto plazo por todos los países latinoamericanos. En
un primer momento, las iniciativas apuntaban hacia
"prevención del delito con participación ciudadana"
comprendida como el desarrollo de una serie de políticas
sociales (como empleo, educación, trabajo) que serian
capaces de reducir el crimen.

Frente a los escasos resultados obtenidos por ese tipo
de políticas, la participación de la
ciudadanía fue restringida y se comenzó a
involucrar a la policía y a la comunidad de manera
más efectiva en iniciativas procedentes de enfoques de
factores de riesgo (relacionadas a la probabilidad de
victimización), la existencia de condiciones
mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y
otras (Guerrero, Gaviria y Lodoño, 2001).

  • La participación comunitaria en la
    prevención del delito en
    Latinoamérica

De acuerdo con lo señalado anteriormente, a
partir de 1990 diversos países latinoamericanos empezaron
a constatar que para mayor efectividad en el control de la
criminalidad una política de seguridad pública no
debería elegir entre represión, prevención o
participación comunitaria.

Una política eficaz, desde el punto de vista de
reducción de las tasas de delito y disuasión del
ingreso de nuevos miembros en las organizaciones criminales
debería contemplar simultáneamente los tres
factores mencionados.

Según Dammert (2005), las políticas
desarrolladas desde estas constataciones pueden ser definidas de
la siguiente manera:

1) Políticas de control de la criminalidad:
abarcan un abanico de iniciativas que tienen por objetivo
disminuir la criminalidad mediante la detección,
disuasión e incapacitación de los victimarios y
enfatizan la capacidad del Estado para disminuir estos
problemas;

2) Políticas de prevención de la
criminalidad: orientadas a actuar sobre los factores que
potencialmente podrían incitar a los individuos a utilizar
la violencia o a cometer delitos.

Contemplan el entendimiento que las Naciones Unidas
tienen de que prevención es:

"toda acción orientada a evitar que el delito
ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a
través del sistema formal de justicia criminal, sino que
también a través de la promoción e
implementación de estrategias que involucran a los
diferentes sistemas informales de prevención, como los
colegios, instituciones religiosas y la ciudadanía en
general." ONU (2001) apud Dammert (2005).

Esta distinción conceptual es importante porque,
según Araya (1999), no se debe confundir la
prevención del delito con su control. La primera se dirige
fundamentalmente al origen de la criminalidad con un alcance
general; mientras que el segundo, no estudia las raíces
del problema sino que opera sobre los hechos delictivos ya
ocurridos.

En la región, estas iniciativas, tienen una
fuerte perspectiva de prevención del delito a partir de la
participación comunitaria. Esto no significa que en este
escenario no haya políticas de control del delito (con o
sin la participación comunitaria).

Pero lo que es considerado como gran innovación
de las políticas de seguridad ciudadana es la
implementación de acciones de prevención
considerando la participación comunitaria.

Además, los programas y proyectos de
prevención de la criminalidad desarrollados por los
países latinoamericanos tienen en común la idea de
que la criminalidad tiene causas diversas y de que para
prevenirla se debe entonces actuar en múltiples frentes
con estrategias e iniciativas que promuevan el involucramiento de
diversas instituciones del gobierno, organizaciones no
gubernamentales y la ciudadanía en general (Dammert,
2005).

Por definición, las políticas preventivas
tienen como característica principal la
focalización espacial, poblacional y temática para
lograr impactos efectivos.

Dependiendo de cómo estos tres elementos se
conectan y se complementan de acuerdo con un foco
específico, las políticas seguridad ciudadana
pueden ser clasificadas en tres grupos distintos de
intervención: situacional, social y policial. Asimismo, es
común que una política de prevención
contemple más de una de estas tres líneas
acción al mismo tiempo.

Lo más importante en este sentido, para este
documento de trabajo, son las formas que la participación
comunitaria puede asumir en cada uno de estos programas y
proyectos.

Según Dammert (2005), el primer enfoque
participativo se basa en la definición de quién
participa del programa de prevención del delito.
Así se identifican dos tipos, el primero refiere a
iniciativas donde participan los vecinos de forma directa,
mientras que el segundo hace mención a aquellas donde la
participación la realizan los "dirigentes" de la
comunidad.

A modo de ejemplo, las iniciativas que tienen como foco
la prevención social del delito tienden a considerar a los
vecinos directamente, cada uno involucrado en las iniciativas que
más se aproximan, por ejemplo, del oficio que ejerce en la
vida cotidiana.

Por otro lado, las acciones que tienen como foco la
prevención policial tienden a contemplar los distintos
dirigentes de la comunidad, los cuales participarían
dentro de los consejos de seguridad representando los distintos
grupos de interés existentes en un barrio.

La otra variable utilizada para clasificar la
participación está relacionada con la forma
mediante la cual la comunidad participa del programa de
prevención del delito. O sea, cuál es el papel que
los individuos desempeñan en el ámbito de la
formulación, implementación, monitoreo y
evaluación de la política. Considerando esta
dimensión, la participación comunitaria puede ser
clasificada como activa o pasiva.

El rol activo se vincula con la iniciativa de los
individuos en plantear la participación en el
ámbito de las políticas (como es el caso de muchas
de las asociaciones que reivindican el derecho de participar de
la elaboración de un plan de acción en barrio, por
ejemplo).

El rol pasivo, por su vez, es cuando el gobierno llama
los ciudadanos a participar en una de las etapas de la
política, como, por ejemplo, en su evaluación desde
el punto de vista de los efectos indirectos que la
política tiene en la comunidad (para verificar si
además de la disminución del delito, la
población ha logrado también un aumento de la
sensación de seguridad).

En esta dicotomía, el caso en el cual el Estado
llama a los ciudadanos para participar directamente en la
elaboración de la política a partir de la
constitución de consejos comunitarios de seguridad
corresponde a esta segunda categoría.

Una tercera variable es el ámbito de
participación comunitaria en la prevención del
delito.

Partes: 1, 2

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