Relato de la situación social de la población infantil desplazada en Colombia

Resumen

En Colombia los enfrentamientos armados entre el estado
y grupos al margen de la ley han dejado miles de desplazados,
entre los que una gran proporción son menores de edad,
cambiando en ellos sus condiciones de vida, por tanto generan en
ellos que su situación social, económica y
educativa sean radicalmente golpeada en su mayoría
negativamente.

Por lo cual es de vital importancia que se desarrollen
políticas gubernamentales, las cuales estén
encaminadas a la protección de los derechos de los
niños y a mejorar la situación de esta
población golpeada por el conflicto armado interno, de
acuerdo a lo anterior planteado nos llevamos a hacernos la
siguiente pregunta ¿Cuál es la situación
social de la población infantil desplazada en
Colombia?

Nuestro objetivo es describir cual es la
situación social de la población infantil
desplazada en Colombia

Para esta actividad se utilizó una
metodología reflexiva del desplazamiento forzado desde la
infancia, como el segmento de población más
afectado por la violación de sus derechos fundamentales.
Para su realización se tomaron como referencia el informe
Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia
[1]desde el año 1985- 2014 de la Unidad
para la atención y reparación integral a las
víctimas.

Así mismo, se adelantó una consulta a
entidades públicas como personería y Comisaria de
familia que centran su actividad en la infancia, un seguimiento a
los medios de comunicación impresos y otras fuentes
secundarias e información

Palabras claves: Conflicto Armado,
Desplazamiento, Situación Social, Población
Infantil, violencia, política pública,
convención, normas jurídicas, amenazas

Introducción

El desplazamiento forzado de población civil en
medio de la guerra irregular en Colombia es un fenómeno
que adquiere mayor gravedad cuando afecta a niños,
niñas y jóvenes que, desde una condición de
alta vulnerabilidad, enfrentan situaciones de violencia y
desarraigo que lesionan sus derechos, complican su presente y
hacen más incierto su futuro. Los derechos humanos
concebidos en su integralidad, el derecho internacional
humanitario (que obliga a todos los contendientes armados), el
derecho internacional de los refugiados, la Convención
sobre los derechos del Niño, las normas constitucionales
legales y sobre todo, el sentido común, exigen pensar y
actuar por los niños y las niñas en
situación de desplazamiento forzado. El concepto de
universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos
humanos es válido y aplicable para los derechos de la
infancia. La Convención sobre los derechos del niño
resume un esfuerzo de la humanidad por dar prioridad a los
menores en cualquier lugar u circunstancia. Otras normas
internas, tanto constitucionales como legales, asumen
específicamente los derechos de la infancia. Pero es el
sentido común el que debería imponerse en el
momento en que una sociedad y el Estado que dice representarla,
asume la protección de su infancia y asegura su propio
futuro. Una mirada a los derechos de los niños,
niñas y jóvenes en situación de
desplazamiento desde la perspectiva de la Convención de
los Derechos del Niño y en el marco de la guerra irregular
ofrece un panorama de crisis humanitaria por la existencia misma
de menores que huyen de la guerra y la precaria situación
socio económica y psicosocial que enfrentan la
mayoría de ellos. En todo el territorio nacional
fácilmente se advierte que la población infantil
desplazada por la violencia no goza de una adecuada
protección; hay discriminaciones frente a su raza y
costumbres culturales, de igual manera son estigmatizados de
acuerdo a las actividades o la filiación política
de sus padres. Las consecuencias de atentar contra la
niñez son impredecibles. El desplazamiento destruye
imaginarios y entornos, tensiona y fragmenta la familia,
además del tejido social, impacta negativamente en la
calidad de vida e incide en el comportamiento psicosocial de las
personas afectadas tempranamente por la violencia. Es un
imperativo ético del Estado y la sociedad priorizar los
derechos de la infancia aún en medio de la guerra en un
momento en el que se buscan soluciones políticas y
negociadas a la prolongada confrontación, cuya continuidad
y degradación involucra en forma creciente a los menores
de edad. En el caso del desplazamiento forzado hay una
responsabilidad del Estado porque es su obligación
proteger en primer lugar los derechos de la infancia en
situaciones de conflictos armados y son justamente los
niños, las niñas y los jóvenes el grupo
poblacional más afectado por esta práctica
contraria al derecho humanitario.

El desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente
en distintos períodos de exacerbación de conflictos
sociales, políticos y económicos internos, sin
embargo, la tensión interna de la década de los
ochenta y noventa en Colombia, derivada principalmente de la
guerra de guerrillas, del paramilitarismo y el desarrollo de la
economía ilegal del narcotráfico, que ha
traído consigo el uso excesivo de la violencia por parte
de grupos armados sobre la población civil, conlleva
graves consecuencias humanitarias evidenciadas en eventos masivos
de desplazamiento forzado interno que se manifiestan en esta
década. Desde una perspectiva normativa, y contando con el
reconocimiento del Estado de esta situación, en Colombia
se entiende que es víctima del desplazamiento forzado
"toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas" por
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión. De acuerdo con el RUV, los
departamentos en donde se ha presentado el mayor número de
personas afectadas por el desplazamiento son Antioquia (924.140
personas), Bolívar (411.610), Magdalena (328.660),
Chocó (273.420) y Nariño (239.107); en estos cinco
departamentos se concentra el 45% del total de las
víctimas de desplazamiento.

En la composición de la población
víctima por edad al momento del desplazamiento, la
proporción de menores de 15 años en la
población desplazada (39%) es mayor que en la
población del país (28%), en particular en los
menores de 5 años (15,5% en los desplazados y 9,2% en el
país).

En comparación con la población total, la
población de desplazados tiene una pirámide
rejuvenecida, resaltando la afectación histórica en
los menores de edad en especial los menores de 15 años, es
decir, el desplazamiento forzado se ha incrementado y expandido
por el territorio nacional y miles de niños y niñas
son arrastrados por esta corriente migratoria sin posibilidad de
decidir, presionados por la violencia que les impusieron y en una
dramática carrera por la sobrevivencia cuyos costos
físicos, psicológicos y sociales son inimaginables.
Estas cifras, reflejo de una realidad que tiende a ampliarse en
el territorio nacional y a acentuarse en el futuro próximo
como consecuencia de la continuidad del conflicto armado y de sus
diversas expresiones de degradación, permiten afirmar que
los menores y jóvenes desplazados representan un problema
humanitario de grandes proporciones en Colombia que exige de
mecanismos efectivos de prevención, protección y
atención integral. Todos los menores vinculados a
algún grupo armado, se ven obligados a dejar de lado su
condición de niño o niña, la posibilidad de
disfrutar su infancia, los juegos, la educación, el
compartir con la familia, el aprender las labores propias del
campo y las tradiciones de la familia campesina. Los menores
vinculados al conflicto deben asumir una postura adulta a una
temprana edad.

En el marco de la protección y bienestar que se
le debe brindar a la niñez en general, es importante
mencionar que antes y durante el hecho traumático y
violento del desplazamiento forzado niños, niñas y
jóvenes han convivido con uno u otro actor armado, pero
también con la injusticia y la impunidad que sigue a las
acciones armadas violentas. En estas circunstancias, se produce
el rompimiento de lazos afectivos con su entorno socio espacial.
Paradójica e infortunadamente la convivencia con la
intolerancia, la injusticia y la violación de sus derechos
no culmina con el desplazamiento. La llegada a los centros
urbanos, a las zonas marginales y de pobreza extrema está
acompañada de nuevos factores de violencia. En ciudades
como Bogotá, Medellín y Cali los menores
desplazados tienen que convivir con diversas expresiones de
violencia como las pandillas juveniles, milicias urbanas y otros
grupos que imponen normas y códigos que limitan sus
derechos y prolongan los escenarios de amenazas, miedo y muerte
que caracterizaron las zonas de expulsión. A ello se suma
la lucha por un espacio físico para su asentamiento,
básicamente tugurios o casas de inquilinato, en donde se
compite con otros sectores de la población por tener
acceso a servicios públicos esenciales (energía,
alcantarillado) y, con mayor dificultad, acceder a los derechos
fundamentales a la alimentación, la educación, la
salud y la recreación.

La vida para los menores en situación de
desplazamiento cambia de manera radical. Se pasa de un espacio y
un tiempo relativamente armónico (teniendo en cuenta las
dificultades propias de cada región), a un ambiente que en
principio es hostil, agresivo, carente de oportunidades sociales,
económicas y humanas; situaciones significativas que
marcan el desarrollo social y afectivo de cada menor. Esto es
más evidente aún si se tiene en cuenta que cerca
del 60% del total de menores desplazados provienen del campo y
que el 86% de la población infantil desplazada se ubica en
zonas marginales de las ciudades en condiciones de extrema
pobreza.

En los lugares de llegada, adultos y menores en
situación de desplazamiento pierden su identidad cultural
al ser vistos como "extraños" por parte de las comunidades
receptoras. En ocasiones son asumidos como invasores que pueden
disputar las pocas oportunidades económicas, laborales y
de servicios públicos que se encuentran en los barrios
marginales. De igual manera, son estigmatizados, al ser
señalados por habitantes o por autoridades locales como
pertenecientes a uno u otro actor armado. Sin lugar a dudas estos
señalamientos generan conflictos y enfrentamientos entre
las poblaciones desplazadas y las comunidades receptoras;
particularmente para niños y jóvenes estas
situaciones crean grandes dificultades sociales y afectivas para
su normal desarrollo.

Como consecuencia de estas situaciones los menores, al
igual que los adultos, en los sitios de llegada también
deben visibilizarse, pasar desapercibidos en medio de la pobreza,
el hambre y la falta de oportunidades económicas y
sociales.

Esta crítica situación de la niñez
en situación de desplazamiento y las dificultades
emocionales, sociales y culturales que enfrentan, deben ser
tenidas en cuenta en el momento de definir las agendas del
movimiento social por la paz y para la construcción de un
nuevo país. No es posible una paz sostenible sin resolver
desde la verdad, la reparación y la justicia este panorama
triste de una infancia sometida a la violencia, al desplazamiento
y a la ausencia de sus derechos. Más de un millón
de menores y jóvenes han crecido en medio de la guerra;
saben lo que es huir y mentir para salvar la vida, conocen lo que
es la muerte violenta porque han visto el asesinato de sus
familiares, han experimentado el dolor y la impotencia que
ocasiona el ver destruida o quemada la casa, han sido sometidos
al olvido y a la imposición de nuevos referentes socio
culturales y ahora enfrentan, desde el miedo, la indiferencia
propia de las zonas urbanas. De cualquier forma, niños,
niñas y jóvenes han sido socializados en medio de
la guerra además de las consecuencias psicológicas
inmediatas que causa el conflicto armado en los menores, es
triste constatar que muchos niños y jóvenes
desplazados asumen actitudes y comportamientos fundamentados en
la violencia, la fuerza y la imposición e incentivados por
deseos conscientes o inconscientes de venganza.

La negación de los demás como seres
humanos sujetos de derechos, la utilización de armas como
instrumento de poder para someter o eliminar al otro y algunas
manifestaciones de resentimientos social y familiar, son algunos
de los impactos de mediano y largo plazo que pueden generar la
violencia y el desplazamiento y que requieren de programas de
atención especializada en el marco de soluciones
integrales. No observar los derechos fundamentales de la
infancia, y hacer poco para resarcirlos y recuperar
física, social y psicológicamente a quienes han
sido afectados por el conflicto constituyen otras formas de
prolongar la guerra y sus efectos sobre la
población.

También es importante mencionar que aunque la
situación es difícil social y
económicamente, muchos de los menores desplazados,
plantean que aunque extrañan los animales, los bosques,
los ríos y la naturaleza en general, les llama la
atención la ciudad, porque tienen opciones que antes no
tenían, como es el caso de la televisión, en
algunas oportunidades una escuela y en general el encanto que
produce a primera vista una capital o una gran ciudad. Teniendo
en cuenta las características emocionales y sociales que
deja en los menores la situación de desplazamiento, es
comprensible que se rompe todo vínculo con la comunidad de
origen, desde la participación comunitaria hasta los
sentimientos que apegan a una determinada región. Se
pierden los referentes geográficos, afectivos y
simbólicos que atan al pueblo o al campo.

En este sentido, la estructura que fundamenta la vida
personal, familiar y social sufre un fuerte impacto de
desestructuración, toda vez que el desplazamiento forzado
rompe con la cotidianidad de cada sujeto social y del contexto en
el cual participa.

El Congreso de la República, por medio de la Ley
12 de 1991[2]ratificó la Convención
sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. De tal
suerte que en Colombia la Convención sobre los Derechos
del Niño es ley que obliga al Estado a respetarla y
cumplirla y al gobierno a asegurar su
aplicación.

Sin embargo, aunque ha sido de gran importancia la
incorporación de los Derechos de las niñas y
niños en la legislación interna, es evidente que
hay una gran distancia entre la norma y su aplicación
real. Así ocurre en el caso específico de los
niños, niñas y jóvenes que enfrentan
situaciones críticas como consecuencia de acciones armadas
en su contra y que ocurren en el marco de la profunda
degradación de la confrontación armada en Colombia:
asesinatos y masacres, torturas, heridas y mutilaciones por uso
de minas antipersonales y otras armas de efectos indiscriminados,
reclutamiento voluntario o forzado, desplazamiento forzado,
secuestro, desapariciones, explotación y abuso sexual. En
el caso del desplazamiento forzado hay una responsabilidad del
Estado porque es su obligación proteger en primer lugar
los derechos de la infancia en situaciones de conflictos armados
y son justamente los niños, las niñas y los
jóvenes el grupo poblacional más afectado por esta
práctica contraria al derecho humanitario.

El gobierno formuló una nueva política de
atención a la población desplazada mediante el
documento CONPES 3057 del 10 de noviembre de 1999
[3]en el que precisa que "el énfasis de la
atención está en la niñez" y anuncia
convenios para "promover el desarrollo de actividades culturales,
y/o recreativas, así como el apoyo psicosocial con el fin
de desactivar las secuelas de la violencia, promover su mejor
integración comunitaria y generar alternativas frente a la
delincuencia o la vinculación al conflicto
armado".

Desde luego que la crítica situación que
plantea la continuidad de la guerra interna hace más
difícil la solución definitiva de este drama humano
y menos visibles algunos esfuerzos que adelantan en este sentido
algunas instituciones públicas.

Sin embargo, la dimensión que alcanza esta crisis
humanitaria exige del gobierno acciones que trasciendan el
tratamiento de emergencia e iniciativas de recuperación
física, social y psicológica de los centenares de
miles de menores de edad sometidos hoy a la condición de
desplazados.

Resultados

Al presentar esta publicación, continuamos con el
compromiso de sensibilizar para integrar voluntades, de
cuestionar para construir soluciones, de señalar
responsabilidades para exigir comportamientos humanitarios
aún en medio de la guerra y de visibilizar el problema
para contribuir a fortalecer la organización social y a
generar capacidades de los grupos de población como
sujetos de derechos y no únicamente como
víctimas.

Se necesita una metodología para acompañar
a los niños, niñas y jóvenes de la
población civil en las zonas de conflicto. En todo caso,
los menores deben asumir su propia identidad como
población sujeta de derechos y pueden ser estimulados para
incentivar una mayor participación en la
construcción de sus propias soluciones. La terapia
está en la cotidianidad, el ambiente comunitario debe ser
fortalecido para que cada niño se desarrolle social y
emocionalmente. No hay que detenerse en el pasado, en los
traumas; aunque en un momento dado son situaciones que se deben
abordar, el trabajo se debe centrar en brindar recursos y
herramientas a los menores en la cotidianidad de los contextos en
los que viven. Fue el espacio cotidiano el que se rompió
con el desplazamiento, fue ahí donde se originaron los
traumas que trabajan en los procesos terapéuticos, luego
es en la misma cotidianidad donde hay que trabajar: en la risa,
en la lúdica, en lo educativo, en lo comunitario, en lo
relacional, en lo contextual. Hay que trabajar las
potencialidades, es decir el futuro.

La recuperación emocional y psicosocial,
además de centrar sus esfuerzos en el pasado,
también debe abordar el presente y el futuro de estos
niños y jóvenes, pensando en oportunidades reales y
concretas con relación a todas las dimensiones humanas. Si
quiere hablar de paz, de oportunidades sociales, de mejores
oportunidades para todos y cada uno de los menores afectados por
la guerra hay que elaborar y reelaborar el pasado, pero
también hay que elaborar y reelaborar el presente para
poder construir futuro. Hay que superar el asistencialismo y
pensar en soluciones de fondo, que respondan a los derechos,
necesidades y expectativas de la niñez
colombiana.

Conclusiones

La situación de los niños, niñas y
jóvenes en situación de desplazamiento como
consecuencia del conflicto armado interno debe hacer parte de las
agendas de paz entre el gobierno y la insurgencia. Las normas
humanitarias, los derechos humanos y la Convención sobre
los derechos del niño son instrumentos válidos para
abordar esta problemática.

Todos los actores armados deben hacer explícita
su posición frente a la vinculación de menores a la
confrontación armada y responder por las acciones en las
cuales los menores civiles son considerados objetivo
militar.

Concertar acciones institucionales gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales es un imperativo
frente a la magnitud y el drama del desplazamiento. La
integralidad de los derechos de los niños debe ser
considerada en el momento de la atención a los
menores.

La situación social y económica actual del
país, la reiterada violación a los Derechos
Fundamentales y el estado en que se encuentran los menores que de
manera directa o indirecta han sido vinculados a la guerra son
insumos suficientes para proponer que la Academia opte por
posturas propositivas, tendientes a construir un país
democrático y tolerante de las diferencias y no se limite
a la elaboración de diagnósticos, locales o
regionales. Es importante que organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales asuman a la infancia como sujetos de derechos y
no sólo como sujetos de intervención. Desde esta
perspectiva se plantea tener en cuenta los criterios y
sugerencias de la infancia, sus expectativas y
necesidades.

Hay que trabajar sobre una pedagogía de la
Convención, establecer conexiones entre lo contenido en el
marco jurídico y la realidad particular de niños,
niñas y jóvenes. Es en la cotidianidad de la
infancia donde se pueden hacer cumplir fielmente sus derechos y
donde también es posible construir democracia y
convivencia pacífica. Una pedagogía sobre la
Convención de los Derechos de la Niñez
podría partir del establecimiento de una cátedra
desde la escuela.

Por eso el principal esfuerzo del gobierno en particular
y del Estado en general, de los grupos armados al margen de la
ley, de la sociedad civil y de la comunidad internacional,
debería estar encaminado no sólo a la
superación pacífica del conflicto, mediante el
diálogo y la negociación política, sino
también a priorizar en las agendas a la infancia y a la
juventud como premisa indispensable para una paz duradera y
sostenible.

Referencias
bibliográficas

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas; disponible
en:http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013;
visitado el 01 de septiembre de 2014.

Desplazamiento forzado; disponible en:
http://www.elespectador.com/tags/desplazamiento-forzado; visitado
el 30 de agosto de 2014.

Nación, Recuperado el 28 de octubre
de 2010 de
http://www.semana.com/noticias–nacion/desacuerdo-entre-gobierno-ong-cifra-desplazados-colombia/133230.aspx.

En 2013 el desplazamiento forzado se redujo
en un 32% en el país; disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/2013-el-desplazamiento-forzado-se-redujo-un-32-el-pais-articulo-497398;
visitado el 02 de septiembre de 2014

Unicef; Retorno a la alegría, vulneración
de los niños y niñas en Colombia; disponible en:
http://www.unicef.org.co/retorno/03-contexto-vuln.htm; visitado
en 01 de septiembre de 2014.

Autor:

Yaneth Contreras
López[1]

Coautor:

Mariela Mesa Delgado[2]

Artículo de
Reflexión

Línea: Responsabilidad
social

[1]
http://www.elespectador.com/tags/desplazamiento-forzado;
visitado el 30 de agosto de 2014.

[2]
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10579

[3]
http://www.disaster-info.net/desplazados/legislacion/conpes3057/index.htm

[1] Contadora Publica Cun, con experiencia en
el sector financiero, perteneciente al semillero de
investigación semillero verde.

[2] Contadora Publica Cun, con experiencia en
el sector publico, perteneciente al semillero de
investigación semillero verde