La fundación del Banco Central del Ecuador y su significado histórico

Un punto de
partida: la polémica sobre la
inconvertibilidad

De acuerdo con la teoría monetaria de inicios del
siglo XX, el patrón monetario fijaba el tipo de metal
"precioso" que debía ser acuñado como dinero. Bajo
el bimetalismo, las monedas tuvieron por base el oro y la plata.
Pero el monometalismo oro ("patrón oro") pasó a
regir las transacciones internacionales, aunque para el comercio
interno en cada país se admitían monedas
divisionarias acuñadas en plata, níquel o cobre.
Además, la emisión de billetes de banco estuvo
referida al patrón monetario, de manera que tal
emisión debía respaldarse en una determinada
cantidad de oro. Los Estados admitían la
CONVERTIBILIDAD de los billetes, o sea, la posibilidad
de ser canjeados por oro y se consideraba un "mal" al
papel-moneda o billete sin respaldo y, por consiguiente, de curso
forzoso.

El Ecuador adoptó el primer
patrón-oro (1900) y la convertibilidad,
en una época en la cual sólo existían bancos
privados, a los que se impuso la obligación de mantener
primero un 30% y después el 50% de respaldo en oro para la
emisión de billetes. Sin embargo, un Decreto Legislativo
del 30 de agosto de 1914, sancionado por el Presidente de la
República General Leónidas Plaza Gutiérrez
(1912-1916), estableció que los bancos no estaban
obligados a cambiar sus billetes en oro, que tampoco estaban
obligados a pagar en oro las cantidades que recibieron en
depósitos y que tampoco podría exigirse el pago en
oro de las obligaciones comerciales o particulares vencidas o por
vencerse. Por esta llamada "Ley Moratoria" se estableció,
en consecuencia, la INCONVERTIBILIDAD.

La decisión gubernamental provocó aguda
polémica en el país. A los pocos días, en un
extenso artículo ("El Decreto Legislativo de 30 de agosto
de 1914"), N. Clemente Ponce fue de los primeros en cuestionar la
inconvertibilidad. Reconocía en los billetes de banco
simples "pedazos de papel que de suyo nada valen", porque la
moneda legal era el oro. Según Ponce, la primera
consecuencia de la grave decisión gubernamental
sería la inevitable depreciación de los billetes,
que perjudicaría injustamente a los tenedores pero
beneficiaría a los bancos emisores. Realidad ya palpable
era la subida de precios frente a los billetes depreciados. "Los
únicos que no pueden alzar el precio de lo que dan por
ellos -sostuvo Ponce-, son los que, en cambio de esos billetes
depreciados, se ven urgidos, con la urgencia de las necesidades
de la vida, a dar su trabajo personal, los infelices artesanos,
los desgraciados jornaleros, para quienes es de todo punto
imposible subir de un momento a otro el precio de su
trabajo".

Argumentando con aplicación de la "Ley de
Gresham", según la cual la mala moneda ahuyenta a la
buena, N. Clemente Ponce también sostuvo que "el oro
huirá, el oro saldrá de nuestras fronteras,
derrotado por los billetes inconvertibles". Finalmente
sostuvo que el Decreto, que supuestamente quería
precautelar al país contra las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial (1914-18), "no pasa ya ni por las creederas del
más simple" y que "única y exclusivamente se trata
de un Banco (se refería al B. Comercial y Agrícola
de Guayaquil) que, por haber puesto en circulación
cantidades de billetes excesivas, fuera de los límites de
la ley, se halla en mal estado; con la circunstancia de que ese
Banco ha sido en mucho tiempo el proveedor de sus billetes al
Gobierno y sigue siéndolo, de lo cual resulta que el
Gobierno le es deudor de una muy fuerte suma: he ahí
todo".

Uno de los grandes defensores de la INCONVERTIBILIDAD
fue el banquero Víctor Emilio Estrada ("Moneda y Bancos en
el Ecuador"), quien la consideró como una medida
justificada y necesaria en medio de condiciones monetarias
difíciles. Advirtió que si bien las
estadísticas comerciales parecían favorables,
ocultaban una balanza de pagos contraria. Además Ecuador
demostraba retraso en el pago de su deuda externa, que
"valía más que las Reservas de Oro que
poseían los Bancos en 1914". Pero, ante todo, dos factores
políticos habían agravado la situación: el
conato de guerra con Perú en 1910 y luego la
Revolución de Esmeraldas (1913-16), que la dirigió
el caudillo liberal radical Carlos Concha. A ello se sumaba la
deuda del Estado a los bancos y las exigencias gubernamentales
por más dinero. Y, finalmente, el estallido de la guerra
europea, que condujo a las naciones a decretar la
INCONVERTIBILIDAD para proteger sus reservas de oro. De manera
que en el Ecuador la sobreemisión de billetes se
volvió inevitable y una realidad el "curso forzoso" que,
según los más destacados tratadistas, al decir de
Estrada, se impone cuando precisamente se presentan esas
condiciones difíciles, como es la guerra.
Añadía Estrada que en nuestro país se
suponía que el respaldo oro sólo cubre los
billetes, desconociéndose el hecho de que también
cubre a los depósitos bancarios. Razones que explicaban,
por tanto, que para 1914 el respaldo oro haya equivalido
únicamente al 20 % respecto de las obligaciones de los
bancos por billetes y depósitos.

Pero quien tuvo la mayor influencia contra la
inconvertibilidad fue Luis Napoleón Dillon ("La Crisis
Económico Financiera del Ecuador"), comerciante e
industrial progresista. Dillon consideró acertada la ley
monetaria de 1898, que estableció el patrón-oro (se
aplicó desde 1900) y fijó el valor del
Cóndor (10 sucres) equiparándolo a la libra
esterlina y el del Sucre en 24 peniques (hasta entonces
valía 48). Pero reconoció que la aparente
normalidad cambiaria estalló en 1914, al conocerse "la
existencia de crecidas emisiones clandestinas". Dillon
acusó de ellas directamente al poderoso Banco Comercial y
Agrícola de Guayaquil (insinuado por N. Clemente Ponce),
la cabeza visible de la dominación bancaria, de la que
eran cómplices los gobiernos. Se refería a los
gobiernos del liberalismo post-alfarista, reconocidos como
"plutocráticos". Dillon negaba, además,
actuación "patriótica" a los bancos en los
difíciles días de 1910 o bajo la
problemática Revolución de Esmeraldas y tildaba de
especuladores a los bancos de emisión. Exigió,
entonces, la más severa intervención del Estado y
la creación de un Banco Central destinado a liquidar los
abusos bancarios.

La
Revolución Juliana

El golpe de estado que los jóvenes oficiales de
la Liga Militar ejecutaron el 9 de julio de 1925, conocido como
"Revolución Juliana", fue la primera intervención
institucional (no "caudillista") del
Ejército para la conducción del Estado. Dos
políticas decisivas para la vida futura del país
nacieron con dicha Revolución y marcaron, de este modo, la
superación de la conducción estatal
característica del siglo XIX:

• La imposición de los intereses nacionales en
  materia monetario-financiera, contra la hegemonía de
  los intereses privados;

• La institucionalización de la
  "cuestión social" ecuatoriana como política de
  Estado y no únicamente como política de
  gobierno.

La Revolución Juliana expresó una
reacción nacional contra lo que entonces se
consideró como dominio de la "bancocracia", consolidado
por los que fueron calificados como gobiernos liberales
"plutocráticos" (1912-1925). En aquella época, los
grandes bancos privados de emisión dominaron las finanzas
del país, no sólo porque de sus créditos
dependía el desarrollo empresarial, sino porque
también el propio Estado se hallaba sujeto, como deudor, a
la determinante influencia económica y política de
los banqueros. Los historiadores recuerdan constantemente que el
Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil fue el mayor
acreedor del Estado y que su Gerente General, Francisco Urbina
Jado, era un consultor obligado en materia de leyes
económicas, decisiones monetario-financieras
gubernamentales, candidaturas políticas y nombramientos de
altos funcionarios.

Quienes han defendido a los bancos y banqueros de
aquella época, han argumentado que las "sobreemisiones"
monetarias, sin respaldo legal, técnicamente no eran
mayores y, en todo caso, de serlas, se debían a las
exigencias de dinero que se habían hecho desde el Estado,
crónicamente ineficaz para imponer una
administración recta y eficiente, por cuanto sus funciones
son, ante todo, "políticas". Quienes han atacado a esos
mismos bancos y banqueros han sostenido que ellos no se sujetaron
al encaje legal del primer patrón-oro, que presionaron y
obtuvieron en su beneficio la "Ley Moratoria" de 1914, que
también lograron la suspensión definitiva del
patrón oro en 1917, lo cual disparó el descontrol
de las emisiones inorgánicas y que todo ello produjo
jugosas ganancias para la bancocracia, en detrimento del Estado,
convertido en simple eslabón de sus intereses. Como el
grueso de la actividad bancaria se concentró en Guayaquil,
la polémica se ha revestido con tintes regionalistas,
presentándose como defensa de la costa y ataque al
centralismo serrano o como defensa del centralismo contra la
corrupción bancaria costeña.

Aunque luzca paradójico, las dos posiciones
debieran dejar en claro que el problema monetario y financiero
del Ecuador en 1925 pasaba por la
política. Esto quiere decir que lo que estuvo en
disputa fue el interés privado de los bancos y los
banqueros con respecto al interés del Estado, que
debía teóricamente expresar el interés
nacional e institucional general. Se trataba, en esencia, del
primer intento de ruptura con el viejo "estado-corporativo", en
el cual los intereses de grupos, sectores o clases sociales
"privadas" se hacían pasar como interés general de
la nación.

Tomando en cuenta las fuerzas políticas
existentes al comenzar la segunda década del siglo XX,
cabría entender que el cambio hacia la
representación del interés colectivo nacional no
pudo provenir de los liberales, pues ellos son los que
habían consolidado el interés corporativo de los
bancos y banqueros. Tampoco podía provenir de los
conservadores, que desde la Revolución Liberal de 1895
permanecían marginados del acceso directo a la
conducción gubernamental. El movimiento de los
trabajadores ecuatorianos era incipiente, pues campesinos,
indígenas y montubios seguían atados a las formas
del trabajo precario-servil en las haciendas de la costa y de la
sierra; y las clases obrero-artesanales y jornaleros
autónomos carecían de fuerza política para
imponerse, aunque ya hacían presencia con sus demandas
salariales, sindicales y huelguísticas. El socialismo, si
bien se había inaugurado en el mundo con la
Revolución Bolchevique en Rusia (1917), crecía en
influencia también en el Ecuador; pero los primeros
núcleos socialistas del país aparecieron entre
1923-24 y el Partido Socialista se fundó en 1926. En esas
circunstancias, absorbidos liberales y conservadores en una lucha
entre elites sociales y en mucho ideológicamente
enajenante para el país, el Ejército pasó a
ser, inevitablemente, la fuerza determinante para el cambio en la
conducción del estado, inclinando la balanza en contra de
la bancocracia, en un marco inevitablemente regional y con apoyo
fundamental en las capas medias y los trabajadores del
país, esperanzados con cambios históricos
trascendentes, que volvían "reformistas" a los militares
julianos. Ello explica que la Revolución haya debido nacer
clandestinamente en los cuarteles, entre la joven oficialidad no
contagiada con la "alta política" de sus superiores
(comprometidos, a su vez, con la defensa del régimen
plutocrático), y que la intervención del
Ejército se haya realizado bajo la forma de una ruptura
del sistema constitucional.

En este marco cabe explicar la polémica alrededor
de la creación del Banco Central. Y el eje de las acciones
y las reacciones con respecto a este banco deben advertirse mucho
más en los primeros momentos de la Revolución
Juliana, que fueron decisivos en la evolución posterior,
ya que la intervención de la Misión Kemmerer se
produjo después que la primera Junta de Gobierno
Provisional ya había librado las batallas
claves.

La Primera Junta
y el Primer Banco Central

La primera Junta de Gobierno Provisional juliano, que
duró apenas seis meses (fue suplantada por una segunda
Junta el 10 de enero de 1926) estuvo integrada por Luis N.
Dillon, José Rafael Bustamante, J. M. Larrea Jijón,
F. Arízaga Luque, Francisco J. Boloña, Pedro P.
Garaicoa y el General Francisco Gómez de la Torre. Pero en
ella fue Luis N. Dillon, considerado el "ideólogo" de la
Revolución, quien impulsó, con particular dinamismo
y eficacia, los cambios necesarios en aquellos
momentos.

Puesto que el problema central constituía la
grave crisis económica del país, atribuida, en
buena parte, al predominio de la "bancocracia", se tomaron una
serie de medidas monetarias y financieras. Entre otras, la Junta
obligó a la aceptación forzosa de los billetes en
el mercado, prohibió conceder u obtener créditos
"cuyo objeto sea la realización de operaciones de
especulación sobre los giros internacionales", impuso el
uso de patentes para negociar letras de cambio, fijó
normas sobre depósitos, reembolsos, intereses, emisiones,
prohibió la exportación de oro y plata y
fiscalizó a los bancos, a consecuencia de lo cual el Banco
del Pichincha fue multado en $. 55.276,50 y el Banco Comercial y
Agrícola de Guayaquil en $. 2.237.083,33.

Pero el anuncio que hizo explotar la reacción
bancaria fue el de la creación de un Banco Central. La
costa, en general y la ciudad de Guayaquil, en particular,
estaban afectadas por el derrumbe de las exportaciones del cacao.
La Revolución Juliana cortó el ambiente
proteccionista de los gobiernos de la "plutocracia" con respecto
a los sectores otrora dominantes ligados a la economía
agroexportadora. En Guayaquil se revivieron consignas
federalistas y autonómicas. La sierra lucía
estable. Cuatro de los siete miembros de la primera Junta eran
serranos, con lo que esto podía interpretarse como una
ventaja regional. Luis Napoleón Dillon, el "hombre fuerte"
del nuevo régimen llegó a ser considerado "enemigo"
de Guayaquil, cuando el 3 de septiembre de 1925 propuso a la
Junta la creación de un Banco Central en Quito,
llegándose a decir que los serranos querían
llevarse el "oro de la costa". Pero el propio Dillon se
interesó por discutir el proyecto con los banqueros, para
lo cual se trasladó a Guayaquil, a pesar del ambiente
hostil. Y él mismo se sorprendió y calificó
como "inconvenientes" algunas disposiciones del decreto de
creación del Banco Central que, sin su conocimiento ni
firma, dictó la Junta el 9 de octubre de 1925, Día
de la Independencia de Guayaquil.

La resistencia se agravó y, a pesar del decreto,
ese Banco Central nunca entró a funcionar. Incluso en
febrero y marzo de 1926, con la nueva Junta de Gobierno
Provisional, las conferencias económicas bancarias
fracasaron por el desacuerdo con la idea que persistía en
la creación de un Banco Central. La oposición
continuó durante el gobierno de Isidro Ayora, quien
asumió la Presidencia Provisional el 1º. de abril de
1926. Sin embargo, Víctor Emilio Estrada, uno de los
banqueros más ilustres de Guayaquil, si bien
defendió seriamente a los bancos privados, fue muy claro
en plantear la necesaria centralización de la
emisión de billetes a través de una "Caja Central
de Emisión y Conversión", es decir, de un banco
central, llegando a criticar a la banca nacional opuesta, a la
que consideró "sumida en ideas que francamente ya no
pertenecen a la época".

Una misión
extranjera para crear el Banco

La posibilidad de traer una misión de expertos
extranjeros para que ayuden al arreglo del sistema monetario y
financiero del Ecuador ya fue tratada en 1922, entre funcionarios
norteamericanos, banqueros y gerentes del ferrocarril. En 1923,
el gobierno "plutocrático" de José Luis Tamayo
contrató los servicios de John Hord y solicitó a su
embajador que propusiera una misión a Kemmerer. Pocas
semanas antes del "golpe juliano", el 23 de junio, comerciantes y
banqueros de Guayaquil solicitaron al presidente Gonzalo S.
Córdova la contratación de la misión
Kemmerer. La reacción antijuliana que se produjo
después expresó, en consecuencia, que las
políticas económicas y las intenciones sociales del
gobierno revolucionario no se ajustaban a los requerimientos de
la antigua "bancocracia".

Se confió en que la misión Kemmerer
obraría con imparcialidad, sin inclinación
política "revolucionaria" y hasta a favor de los intereses
bancarios particulares de la época. Nunca tuvo la
resistencia que soportó la primera Junta juliana. La
misión de expertos norteamericanos presidida por el
economista Edwin W. Kemmerer e integrada por Oliver C. Lockhart,
Joseph T. Byrne, Howard Jefferson, R.H. Vorfeld, B. B. Milner y
F. Whitson Fetter, llegó a Quito el 20 de octubre de 1926.
Sin duda realizó un trabajo impecable y profesional. Pero
su guía era, al propio tiempo, la organización de
la Reserva Federal, es decir, el banco central de los Estados
Unidos. Y la necesidad de creación de bancos centrales
también era, en esa época, un asunto técnico
y económico en toda América. Por eso Kemmerer
asesoró en otros países de la región. Y
también por ello la creación de un banco central en
el Ecuador era una idea de modernización y de avanzada,
contra los criterios opuestos de la "bancocracia".

El 4 de marzo de 1927 fue expedida la Ley
Orgánica del definitivo Banco Central. Atendiendo el
consejo de Kemmerer, en el mes de abril llegó al Ecuador
otro núcleo de expertos, compuesto por: Harry L. Tompkins,
para desempeñarse como Superintendente de Bancos; James H.
Edwards, como Contralor General; W. F. Roddy, Asesor de Aduanas;
Earl B. Schwulst, Asesor del Banco Central y R. B. Milner,
experto en ferrocarriles. Gracias al concurso de la misión
Kemmerer había sido posible concretar la creación
del Banco Central del Ecuador, institución que
comenzó a funcionar el 10 de agosto de
1927, fecha simbólica en la vida nacional, por
corresponder al movimiento de emancipación que los
criollos de Quito realizaron en 1809, que fue el punto de partida
de la independencia de la Antigua Real Audiencia frente a
España. El primer Directorio del flamante Banco estuvo
integrado así: Neptalí Bonifaz, Presidente;
Federico Malo; Luis Adriano Dillon, vocal por la Cámara de
Comercio y Agricultura de Guayaquil; Luis Napoleón Dillon,
por la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de
Quito; N. Clemente Ponce, por la Sociedad de Agricultura de
Quito; Luis Alberto Carbo y Enrique Cueva, por los bancos
privados; y Agustín Rendón, por los trabajadores,
designado por el Ministro de Previsión Social y
Trabajo.

El significado
histórico del Banco Central

La Primera Junta de Gobierno Provisional juliana
sentó las bases de las reformas monetaria, financiera y
fiscal, que pudo continuar el gobierno de Isidro Ayora
(1926-1931) y que incluso se adelantaron a los trabajos de la
Misión Kemmerer. Esa Junta logró, además,
revertir los peligros de una reacción bancaria,
empresarial y regionalista.

La Misión Kemmerer completó y
concretó un vasto programa económico precariamente
esbozado por la Primera Junta juliana. La creación del
Banco Central y de otras instituciones como la Superintendencia
de Bancos y la Contraloría General de la Nación, no
solo impulsó la modernización del Ecuador, que se
introdujo así en el siglo XX "histórico", sino que
inauguró el "intervencionismo" estatal, limitado en
aquellos momentos a la esfera monetario-financiera. Así se
marcó el inicio de la superación de la
conducción política liberal en materia
económica, afirmada con la Revolución de 1895, pero
que derivó en el estado plutocrático.

Si se observa en una perspectiva de largo plazo, el
"intervencionismo" estatal se amplió en las siguientes
décadas. Durante los años sesentas y los setentas,
fue nuevamente el Estado el que sirvió de instrumento para
la modernización del Ecuador. La Junta Militar entre
1963-66 y las dictaduras petroleras (El Nacionalismo
Revolucionario entre 1972-76 y el Triunvirato Militar entre
1976-79) extendieron el papel del Estado a la esfera de la
producción, situación mantenida por otros
gobiernos. Su rol fue determinante para la realización de
la reforma agraria, la implementación del proceso
industrial de sustitución de importaciones, la
regulación y control del capital extranjero, la
participación del país en los procesos de
integración regional latinoamericana, la
introducción de la planificación económica,
la creación de un sector estatal de economía, la
provisión de servicios públicos, la
extensión de obras de infraestructura y hasta el decisivo
amparo al crecimiento y fortalecimiento de la empresa privada
ecuatoriana. Diversos investigadores no han dudado en observar
que gracias al intervencionismo estatal el Ecuador se
modernizó, que el Estado no fue un "enemigo" de la empresa
privada, sino que ésta creció bajo su amparo y que,
sobre todo, ha sido el Estado el que ha permitido superar las
formas de trabajo más opresivas y tradicionales, para
garantizar a los trabajadores con derechos y seguridad social,
que nunca pudieron atenderse satisfactoriamente en la esfera
exclusivamente privada de las relaciones entre el capital y el
trabajo. El papel del Estado en la economía ecuatoriana
cimentó un "modelo nacional-estatal-desarrollista", eje de
la modernización del país hasta fines del siglo
XX.

En la perspectiva anotada, el Banco Central del Ecuador,
que nació inicialmente como una sociedad que
incluyó a los mismos bancos particulares y con
independencia frente al gobierno, superó, sin embargo, el
manejo corporativista privado del régimen
monetario-financiero, existente antes de su creación. De
ningún modo se convirtió en una institución
destinada a afectar el desarrollo de los bancos particulares,
pues cada vez que fue necesario el "intervencionismo" del Banco
Central salvó situaciones de riesgo. Ello no puede ocultar
que también el Banco Central ha estado sujeto a presiones
políticas, inclinadas a favorecer intereses
privados.

En lo de fondo, desde la Revolución Juliana en
adelante, lo que cabe observar, es que la historia del siglo XX
ha transcurrido bajo una dialéctica en la cual el
"interés privado" constantemente ha intentado presentarse
como "interés nacional", mientras el Estado
intervencionista ha pugnado por hacer viable precisamente el
interés general de la nación sobre los intereses
corporativistas. Esa tensión explica los ciclos del Estado
como instrumento modernizador, desarrollista, centralista,
nacionalista o reformista. Y, sin duda, el papel del Banco
Central como instrumento clave en la institucionalización
de la política monetaria como política
"nacional".

Pero las dos últimas décadas del siglo XX
afectaron el proceso de institucionalización del propio
Estado. Las ideas de "privatización", mercado libre,
retiro del Estado, etc., articuladas al pensamiento neoliberal,
en un mundo que pasó a la era de la globalización,
volvieron inviable el antiguo modelo de estado interventor
nacional-desarrollista. Aprovechando de una coyuntura mundial
favorable, nuevamente las fuerzas del "interés privado"
han querido aparecer como interés de la nación. El
cuestionamiento genérico al Estado se extiende a toda su
institucionalidad en un país como el Ecuador, en el que
las propias instituciones y funciones (o poderes) del Estado
aún no han alcanzado, desde 1830, su presencia
determinante en la sociedad, por encima de ciertos intereses
corporativos.

Lo que ha avanzado el Ecuador desde la Revolución
Juliana entra en crisis y se reviven momentos parecidos a los
existentes antes de 1925. Por eso es que durante el último
lustro del siglo XX en el Ecuador otra vez se vuelve a hablar de
dominio bancario y de "bancocracia". Y hasta durante el "golpe y
contragolpe" de estado, del 21 de enero del año 2000, hubo
voces militares que hablaron de una nueva "Revolución
Juliana". Nada raro, en consecuencia, que el Banco Central pase
también a ser un blanco de las reformas o de los ataques
desde la perspectiva del "interés privado", que contradice
la institucionalización del interés nacional que
buscó representar el Banco Central desde su
creación en 1927.

Durante los últimos 75 años, el Banco
Central forma así parte de la dialéctica
histórica que enfrentó al interés
nacional con los intereses privados. El
siglo XX "histórico" del Ecuador no se podría
entender sin la presencia de esta institución. Y no
únicamente en el plano de sus específicas funciones
económicas, sino también por el hecho de que, con
el paso de las décadas, el Banco Central también se
convirtió en una fuente segura de la estadística
nacional, un promotor de la investigación
científica y académica, un divulgador del
conocimiento y los valores intelectuales del país, un
espacio de preservación de la arqueología y la
historia nacionales, un lugar de encuentro cultural, una
institución de defensa de la identidad. Allí
está la clave de su ubicación como entidad creada
en función del interés de la nación
ecuatoriana.

Bibliografía

Resumen de la Ponencia para el Banco
Central del Ecuador. MEMORIA ANUAL 2001 – Cap. V (ps.
137-146): "La fundación del banco central del
ecuador y su significado histórico a los 75 años"
de Juan J. Paz y Miño Cepeda

Autor:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo
S.

"A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD
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Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2014.

"DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH – POR
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