Riquezas en el subsuelo peruano y el crecimiento económico

• Introducción
• Antecedentes de la propiedad en el
  Perú
• Los
  conflictos sociales en el Perú
• Recomendaciones

Introducción

El presente ensayo se refiere al tema del régimen
de división irracional de la propiedad que tiene nuestra
nación, debido a todas las constituciones que hemos tenido,
en las cuales señalaban y señalan que la propiedad de
los recursos naturales son patrimonio de la nación y el
Estado es soberano en su aprovechamiento, conforme señala en
su artículo 66 de nuestra actual constitución, asimismo
el actual Código Civil en el Perú, en su artículo
954º establece que: "La propiedad del subsuelo no comprende
los recursos naturales, los yacimientos y restos
arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes
especiales".

La Defensoría del Pueblo registró en Enero
2006, 75 conflictos sociales y en Enero 2015, 210, ello resulta
alarmante, de sobremanera, pues el nivel de conflictividad
prácticamente se ha triplicado. La causa de la mayoría
de estos conflictos, tiene su origen en temas socio ambientales,
pero en la raíz de estos, a mi parecer, se oculta un
sentimiento de rechazo por el despojo de recursos naturales y
tierra (propiedad del suelo y subsuelo), los cuales son factores
fundamentales de la organización económica rural del
país. Esta es la percepción de los comuneros rurales,
de que el Estado, arbitrariamente los despoja de la propiedad de
sus tierras, sin negociar adecuadamente las condiciones y sin
haberles consultado sobre sus derechos e intereses. Condiciones
referidas a la retribución por la explotación de los
recursos que contienen sus tierras y del manejo sostenible y
ambientalmente tolerable de los mismos, particularmente del agua.
Si las personas poseedoras de la tierra, de manera individual o a
través de sus organizaciones comunales hubieran participado
en la negociación, asegurando beneficios y comprometiendo
obligaciones, muy probablemente nada de esto estaría
sucediendo, sin embargo no negociaron nada, por una sencilla
razón: el Estado administra y dispone soberanamente, a
nombre de la nación, de los recursos naturales y del
subsuelo, con fines no siempre muy santos.

La abundancia de conflictos sociales en el Perú,
muchos tienen su origen en el sistema de propiedad y
remontándonos en la historia podemos señalar que su
origen está en la época de la conquista española,
de estos territorios americanos. Es vital el conocer los
verdaderos y profundos móviles que originan los conflictos
sociales en nuestro país, ya que estos están frenando
el ritmo de crecimiento económico, que habíamos
alcanzado pocos años atrás. Estos conflictos pueden
estar en dos estadios, unos latentes y otros manifiestos,
teniendo cada uno de ellos sus propias
particularidades.

Para realizar este ensayo he volcado mi experiencia de
haber sido oficial del Ejército del Perú, lo cual me
permitió conocer realidades de nuestro ámbito rural,
haber trabajado como Jefe del único Batallón de
Inteligencia del Ejército (antes Servicio de Inteligencia
del Ejército) lugar desde el cual se estudian y analizan los
conflictos sociales a nivel nacional que puedan constituir una
amenaza al régimen democrático, haber realizado una
maestría en Gestión Pública en la Universidad
ESAN, donde también se estudian estos conflictos sociales,
haber realizado el Curso Superior de Inteligencia
Estratégica en la Escuela Nacional de Inteligencia en la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), donde obviamente
se estudian estos conflictos y también con la experiencia
adquirida de desempeñarme como docente de post grado del
Curso Sistema Nacional de Bienes del Estado en la Universidad
nacional Pedro Ruiz Gallo.

DESARROLLO

Antecedentes de la propiedad en
el Perú

Podríamos empezar este ensayo planteándonos la
siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre
una persona que tiene en su subsuelo petróleo en Estados
Unidos y una persona que encuentra petróleo en Perú? La
respuesta es que la persona que encontró petróleo en su
subsuelo en Estados Unidos es realmente muy afortunado y en el
Perú es un desafortunado. En el Perú esto quiere decir
que eres propietario de tu subsuelo cuando no encierra riquezas y
cuando si existen riquezas estas son de propiedad del estado y
este procede a confiscar la propiedad, no teniendo el
propietario, sea persona natural o jurídica (comunidad
campesina) ninguna retribución directa, tan solo una
retribución indirecta a través de las regalías
mineras administradas por el gobierno regional y local, resulta
una tanto mejor que hace pocos años atrás, pero
aún es limitado el acceso a los beneficios, como es el caso
del afortunado propietario de los Estados Unidos.

En épocas del Imperio de los Incas, las
tierras eran distribuidas en tres clases: las tierras del Sol,
las tierras del Inca y las tierras del pueblo o de los ayllus:
Las Tierras del Sol: eran aquellas destinadas al sustento de los
miembros del culto y para la obtención de ofrendas a los
dioses en los días festivos. Las Tierras del Inca: eran
aquellas destinadas al sostenimiento de la nobleza imperial y del
ejército. Los excedentes de la producción de las
tierras del Inca conformaban las reservas nacionales, con las que
se atendía a la población en caso de desastres
naturales o para el abastecimiento del ejército en casos de
guerras. Las Tierras del Pueblo: no hay duda que en el reparto de
la tierra se daba preferencia a la comunidad o al ayllu. Cada
individuo recibía una parcela de tierra o tupu, es decir la
superficie necesaria para el sostén de una familia de modo
que nadie padeciera hambre ni penuria. Esta extensión
podía variar de acuerdo a la mayor o menor fertilidad del
suelo, el clima y la región. A un varón le
correspondía un tupu y a cada mujer medio tupu. La
diferencia radicaba en que el varón, por las tareas pesadas
que cotidianamente realizaba, desplegaba mayor
energía.

La propiedad se fue predominantemente estatal,
considerando las del Inca y del Sol como tales, pero hubo cierto
vestigio de propiedad privada de grandes latifundios, que estaban
en manos de ciertos nobles que pertenecían a las panacas
incas y de algunos reyes de reinos sometidos al incanato. No hubo
propiedad colectiva. El Ayllu no era dueño de la tierra, el
Estado le concedía esta para que lo posea o usufructúe,
pero se la podía quitar. Podemos deducir que las tierras del
Imperio Inca distribuidas entre los ayllus pero sin derecho a
propiedad, pueden ser el más remoto antecedente del problema
de la propiedad en el Perú.

Durante la colonia una de las grandes
preocupaciones de los conquistadores españoles, fue la de
poseer extensas tierras en el territorio conquistado para
así obtener mayores ventajas económicas y un mayor
prestigio social. Extensas propiedades que de no incluir dentro
de ellas a una gran cantidad de mano de obra indígena que la
trabajase carecían de valor. La tenencia de tierras en la
época colonial quedó distribuida de la siguiente
manera: Tierras realengas (pertenecientes al Rey, al
Estado), Gran propiedad territorial como las Haciendas, mediana y
pequeña propiedad pertenecientes a criollos, españoles
y mestizos, propiedad indígena consistentes en pequeñas
parcelas individuales, cuya producción agrícola y
agropecuaria apenas alcanzaba para su auto subsistencia y el de
su familia y propiedad indígena comunal, tierras que eran
trabajadas colectivamente para poder obtener la producción y
rentas necesarias para poder pagar el tributo. Esta
tipología de propiedad aplicada en la colonia agravo la
propiedad en el futuro Perú, debido a que no se asentaron en
el ámbito rural escrituras públicas de propiedad y las
delimitaciones correspondientes, manejándose esta
situación de manera muy informal.

Durante la vida republicana se continuó con
el sistema colonial hasta el año 1969, en el cual el
gobierno militar presidido por el General Velasco promulgó
la ley de la reforma agraria, la cual expropio de sus tierras a
los terratenientes para transferirlas a las Cooperativas de
producción constituidas por los campesinos, siendo el
resultado negativo de esta reforma ya que contrajo la
producción agrícola del país y generó una
política de irrespeto a la propiedad privada, pero
sirvió como amortiguador a los reclamos sociales,
constituyéndose en uno de los pilares de la derrota de los
movimientos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, ya que
estas organizaciones no tenían nada importante que ofrecer
al campesino, porque este ya era propietario de la
tierra.

Desde la década de 1930 se inicia en el Perú
el reclamo de la propiedad de la tierra para los trabajadores,
basados en ideologías marxistas y socialistas;
acrecentándose con el paso de las décadas este anhelo
de los más pobres y explotados del país, pasando
aproximadamente 4 décadas para que un gobierno militar
tomara semejante decisión de justicia social para unos y de
injusticia para otros

Los conflictos sociales en el
Perú

Estudios recientes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer que Perú,
Bolivia y Argentina  son los países con mayor
incidencia de conflictos en América Latina (superior a los
200) y sin embargo, en el caso de Perú, no son los más
violentos y radicales. Asimismo han puesto en evidencia algunas
características comunes en toda la región: la debilidad
institucional del Estado, también con variantes, la
desigualdad social, la fragmentación de los movimientos y
protestas sociales, sus orígenes diversos que van hasta
casos de protesta ante determinada normatividad como la
denominada ley pulpin o ley de régimen laboral juvenil. En
el caso del Perú, con una endeble institucionalidad estatal
y con una precariedad orgánica de la mayoría de los
partidos políticos, se han tenido protestas sociales en
dispersas y divididas a lo largo del país, varias de corta
duración y objetivos precisos; otras más sostenidas y
de mayor aliento. Estas inicialmente obedecieron a problemas
derivados de la gestión de los gobiernos locales; y
posteriormente, la mayoría de conflictos se desencadenaron
en torno a la mediana y gran minería. Lo cual se relaciona a
la llegada de grandes inversiones (nacionales y extranjeras)
atraídas por las nuevas reglas de juego establecidas en el
país a partir de los años noventa y más tarde por
el boom de los precios de los comodities.

Además la conflictividad social del país
incluye casos de la minería informal e ilegal, hoy uno de
los conflictos más complejos y extendidos por todo el
Perú; así como a la exploración y explotación
de hidrocarburos, principalmente ubicados en la Amazonía,
donde la incursión de las empresas en territorios donde
habitan pueblos indígenas ha desatado una serie de tensiones
sociales. Es también significativo el número de
conflictos por demarcación territorial, entendibles en un
país donde alrededor del 90% de sus distritos y provincias
no tienen límites definidos después de casi 200
años de vida republicana, y en donde muchos de ellos se han
"reactivado" ante la presencia de industrias extractivas y
problemas de larga data como el acceso a los recursos
hídricos y a la distribución de las rentas derivadas de
la minería. Todos ellos plantean demandas de distinto
contenido y suponen desafíos que el Estado peruano debe
afrontar a fin de garantizar la gobernabilidad democrática,
los derechos ciudadanos, la inversión y el desarrollo
inclusivo.

La Defensoría del Pueblo lleva un registro y
control estadístico de los conflictos sociales en el
Perú desde el año 2004, sin embargo he preferido
seleccionar a partir del tercer año, ósea el 2006
debido a que en todo proceso existe una fase inicial de
aprendizaje que puede distorsionar los análisis
correspondientes, seguidamente mostrare un cuadro resumen de los
informes de la Defensoría del Pueblo del 2006 a la
fecha:

Las comunidades campesinas y nativas ante la
legislación peruana que les reconoce ser dueños del
suelo y no de las riquezas del subsuelo les resulta ilógico,
abusivo y contra la propia naturaleza de la propiedad, agravado
con la expropiación de su suelo y un pago indemnizatorio
irrisorio normalmente después de varios años. Es en
este sentido que se organizan y protestan en contra de las
empresas privadas que pretenden invertir a través del estado
en sus territorios, conociéndose además de los
intereses de las autoridades nacionales, regionales y a veces
hasta locales de hacer lobby por estas empresas con fines nada
santos y luego muchos de estos salen a la luz, en casos donde se
negocian corruptamente la futura explotación de estos
recursos naturales.

Además en muchos casos tienen cosechas pero no
certificados de propiedad, tienen negocios pero no escrituras de
constitución ni acciones que les permitan financiar sus
empresas, que se mantienen en el mundo de la informalidad. El
laureado economista peruano Hernando de Soto ya señalaba en
su obra "El otro Sendero", publicada en 1986, que al Perú lo
aquejaban tres problemas de informalidad principalmente como el
Comercio Ambulatorio, el Transporte Informal y la Vivienda
Informal, señalando tangencialmente el problema de la
propiedad rural y haciendo hincapié en el problema de la
vivienda urbana.

El problema ambulatorio caótico de Lima fue
solucionado en gran medida por el señor Alcalde de Lima
Alberto Andrade en la década de los 90, reubicando a los
ambulantes en grandes mercados apropiados denominados como polvos
azules, polvos de Higuereta, polvos rosados, etc; y en lo
referente al problema de la vivienda urbana el entonces
presidente de la década de los 90 el Ingeniero Alberto
Fujimori, con el asesoramiento del economista De Soto logra
solucionar en gran medida este problema, quedando pendientes en
la actualidad el problema del transporte caótico informal y
el problema de la propiedad rural. Así como en su momento el
problema latente por décadas de la propiedad agraria,
llevó a que la reforma se realizara en forma poco
técnica y bajo un régimen dictatorial, hoy en día
es menester que se haga frente a la problemática de la
propiedad rural limitativa y amputada, mediante un cambio en la
legislación con el fin de impulsar el crecimiento
económico y los pobladores rurales sientan que la justicia
social los alcanza a ellos.

Recomendaciones

Mi propuesta radica en realizar un cambio del sistema de
propiedad limitativo y mutilado, por un sistema de propiedad
general que nos ayude a superar muchos de los conflictos sociales
actuales, esto obliga a tener una concepción integral de
propiedad, que solucione la dialéctica entre propiedad del
suelo y del subsuelo desde un punto de vista limitativo y desde
un punto de vista general. Para lo cual es necesario se modifique
el artículo 66 de nuestra actual constitución y el
artículo 954 de nuestro Código Civil, en el sentido de
que se pueda solucionar estructuralmente el problema del alto
índice de conflictos sociales y contribuir al aumento del
crecimiento económico, requisito indispensable para mejorar
nuestra situación de mejora social.

Esta propuesta, surge a la luz del estudio de la
problemática de propiedad y por las limitaciones impuestas
por la normatividad constitucional y legal fundadas en el
concepto mutilante de la propiedad del subsuelo, concepto que
cada vez con mayor frecuencia se descubre en la raíz de la
mayoría de los problema sociales existentes, pues estos se
relacionan con el dominio del suelo y del subsuelo, de una u otra
forma y sus consecuentes derechos para el aprovechamiento de los
beneficios económicos que ellos generan.

Asimismo pareciera que nos hubiéramos estancado en
el tiempo y que estuviéramos sintiendo una parálisis,
la cual no está permitiendo que ingresen nuevas y más
inversiones para la explotación de recursos naturales,
debido a la inacción del estado al respecto, pareciera
más por intereses subalternos que por cuestión de
incapacidad. Imaginemos por unos momentos que nuestros comuneros
propietarios de suelos y de las riquezas que subyacen en los
subsuelos pudieran disponer de estas riquezas, ofertándolas
a grandes empresas privadas (lógicamente tendrían que
pagar los impuestos correspondientes que se tendrían que
normar), de seguro que serían los más interesados de
que todos los proyectos mineros y de hidrocarburos pendientes y
obstruidos, se realizarían de inmediato y todas las ONGs
ambientalistas y en muchos casos antisistema no tendrían
cabida en este nuevo escenario.

Autor:

Jaime Martin Murguía
Marañón