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Arte de equilibristas: La sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios (página 2)




Enviado por Eugenia Sol



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La misma legislación que en algunos países favorece el estatuto de las radios comunitarias, reconociéndolas como instituciones que desarrollan actividades de apoyo a la educación, la cultura y el desarrollo, generalmente limita las posibilidades de las radios a autofinanciarse mediante la publicidad. En los países donde esa legislación existe, las radios comunitarias están prohibidas de generar recursos propios a través de la publicidad, además de que la potencia de sus transmisores también está limitada. Esta es una contradicción entre la legislación y las políticas de promoción de la libertad de expresión y de la diversidad cultural.

Si existiera alguna coherencia en las políticas de Estado, las radios y los telecentros comunitarios deberían recibir el mismo apoyo que reciben las escuelas públicas, las bibliotecas o los proyectos culturales nacionales. Esto no significa que el Estado deba intervenir en el proyecto político comunicacional de los medios comunitarios, sino apoyar su desarrollo como entidades autónomas, descentralizadas.

Los procesos de descentralización y participación popular que en los últimos quince años han adoptado varios países de América Latina y África, son un marco ideal para el fortalecimiento de los medios locales comunitarios. En Uganda, los telecentros comunitarios de Nakaseke, Buwama y Nabweru –creados con el apoyo de UNESCO, UIT y el CIID- reciben pequeños subsidios de los gobiernos locales, que gracias al proceso de descentralización han adquirido autonomía y poder de decisión.

¿Debe el Estado apoyar económicamente a los medios comunitarios? ¿La legislación debe permitir que los medios comunitarios se auto-financien con publicidad?

Las dos opciones conllevan riesgos. Si el financiamiento viene del Estado, se corre el riesgo de una ingerencia política y administrativa de los gobiernos de turno, como sucede con las radios del Instituto Nacional Indigenista (INI) en México. Y si el financiamiento llega esencialmente a través de la publicidad, se corre el riesgo de caer en manos de empresas privadas que controlan los medios a través de las cuentas publicitarias, como lo hacen con los medios masivos, imponiendo normas y mecanismos de censura.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, lo ideal sería lograr un equilibrio entre la generación de ingresos por concepto de publicidad y convenios, el apoyo de instituciones nacionales, organismos de cooperación internacional y grupos de solidaridad externos a la comunidad, y las contribuciones de la propia comunidad y de los trabajadores del medio de comunicación.

El apoyo de instituciones nacionales es el modelo más frecuente en el desarrollo de la radio participativa, y en menor grado en el establecimiento de los telecentros comunitarios. Una gran mayoría de las emisoras comunitarias en América Latina, África y Asia se mantienen fundamentalmente por el apoyo que reciben de ONGs, de las universidades y de instituciones de la iglesia católica progresista. Los costos fundamentales de esas emisoras, como son la adquisición de equipos, los salarios a los trabajadores y el pago de servicios básicos, se cubren con los aportes de las instituciones. De alguna manera estos son proyectos institucionales, aunque en su desarrollo hayan demostrado su identificación con un proyecto de comunicación participativa. A esta categoría corresponden algunas de las experiencias más notables por su compromiso con la comunidad.

En muchos casos, el propio Estado sostiene a las radios comunitarias, al menos parcialmente. El Instituto de Comunicación Social (ICS) de Mozambique, estableció durante las dos últimas décadas una docena de "radios comunitarias" en todas las cabeceras de provincia del país. Además de los equipos y la capacitación que recibieron al comenzar sus actividades, el ICS cubre los costos de servicios (electricidad, agua, mantenimiento) y los salarios de cinco o seis trabajadores permanentes. La responsabilidad de estas emisoras es obtener fondos adicionales para elaborar la programación, en acuerdo con otras instituciones locales.

La cooperación internacional ha sido también muy importante en los proyectos de comunicación comunitaria, sobre todo en las donaciones de equipos y en el apoyo a la capacitación. Las agencias de cooperación del norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda) han sido aliadas en muchos proyectos de comunicación comunitaria, sobre todo cuando la libertad de expresión está amenazada. UNESCO proporcionó equipos adicionales y capacitación para la red de radios locales en Indonesia; estableció cuatro radios comunitarias en Haití; ocho en Mozambique, entre otros proyectos.

No es frecuente que las agencias de cooperación internacional financien salarios o el pago de servicios, porque sus propias disposiciones internas les impiden hacerlo, a menos que se trate de proyectos de comunicación participativa enmarcados en programas de desarrollo de alcance nacional, como es el caso de los proyectos de video rural de la FAO en Perú, México y Malí.

Sin embargo, hay otras modalidades de apoyo desde las agencias de cooperación y desarrollo. Las emisoras comunitarias pueden generar recursos a través de convenios de programación y coproducción. Esta fórmula tiene una ventaja comparativa sobre los ingresos por concepto de publicidad, y es que la programación se enriquece con contenidos de interés para toda la comunidad. Radio Kwizera (Tanzania), cuando la visité en 1999, recibía el apoyo de Oxfam, de Ayuda Noruega para el Pueblo, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de UNICEF, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de otras organizaciones, para realizar programas sobre agua potable, derechos humanos, resolución de conflictos, salud, entre otros temas. Plan Internacional apoya a Radio Gune Yi, un programa realizado con niños de comunidades rurales de Senegal.

El grupo de Teatro Nalamdana (India), el proyecto multimedios Soul City (África del Sur), Radio Sagarmatha (Nepal), la Carpa Lila (Bolivia), la unidad de video de Action Health (Nigeria), Teatro Aarohan (Nepal) y muchos otros proyectos de comunicación comunitaria, han recibido financiamiento de organizaciones como UNICEF, DANIDA, FNUAP, PANOS, DFID, USAID, Action Aid, Fundación Ford, CECI, UNESCO, y otras, para elaborar programas de educación en salud sexual y reproductiva, y de prevención contra el SIDA y otras enfermedades sexualmente transmisibles. Es uno de los temas que mayor apoyo recibe porque es el primero en la agenda de algunas agencias de cooperación.

A diferencia de las experiencias de teatro, radio, títeres o video mencionadas anteriormente, los proyectos de telecentros son menos sostenibles en la medida en que la mayoría carece de una política de programación de contenidos útiles para la comunidad. Una de las grandes críticas al establecimiento de los telecentros, es que la tecnología parece ser el fin, y no el medio para llegar a otros objetivos de desarrollo. Muchos de estos proyectos han sido instalados sin consulta con las comunidades, y sin un sentido de las necesidades reales de la población a la que pretenden servir. Sin duda, en muchos casos prima una motivación comercial en la venta de tecnología informática, antes que criterios de desarrollo cambio social.

La solidaridad internacional ha sido muy importante para aquellos proyectos de comunicación popular que no han nacido bajo el paraguas de una institución o de una agencia de cooperación y desarrollo. Se trata por lo general de apoyos puntuales, que garantizan la sobrevivencia de los medios comunitarios en situaciones de riesgo y amenaza. Son muy significativos porque suceden al margen de intereses institucionales y nacen de una comunicación solidaria a través de las fronteras.

En varias ocasiones, cuando las radios mineras de Bolivia fueron clausuradas por el ejército y sus equipos destruidos o confiscados, la solidaridad de grupos europeos permitió que salieran al aire nuevamente. Cuando la planta de transmisión de Radio La Primerísima (Nicaragua) fue saboteada en 1990, comités de solidaridad Cataluña, de Valencia y otras regiones de España, y ONGs de Alemania, Austria, Italia y Australia, además de AMARC[16]hicieron llegar su apoyo para comprar un nuevo transmisor.

La publicidad puede ser un complemento para la sostenibilidad económica, pero nunca la principal fuente de ingresos, pues corre el riesgo de desvirtuar los objetivos y el proyecto político comunicacional de un medio alternativo, participativo y comunitario. En áreas rurales, donde las radios comunitarias son el punto de referencia más importante de la población, la publicidad local puede apoyar la sostenibilidad económica.

No es raro que las radios comunitarias anuncien la panadería del pueblo, la farmacia, o algún restaurante, para incrementar sus ingresos. Radio Izcanal (El Salvador), Radio Quilabamba (Perú), y muchas otras transmiten jingles publicitarios de negocios particulares en su área de influencia, o mensajes de instituciones del Estado. El Telecentro Comunitario de Gaseleka es una de las experiencias mejor llevadas de África del Sur; las iniciativas tomadas por su administrador han permitido la generación de recursos, más allá de los necesario para su mantenimiento. Los servicios ofrecidos no se limitan a la oferta de Internet. Al igual que las radios comunitarias, el Telecentro de Gaseleka hace las veces de una oficina postal, y además presta servicios de extensión de documentos de identidad, en coordinación con el Departamento Nacional de Identificación. En lugar de que la gente tenga que viajar hasta la ciudad para tomarse fotografías y obtener sus documentos, dos agentes de ese servicio llegan atienden en el telecentro una vez por semana.

Se subestima con frecuencia el peso de los aportes comunitarios en la sostenibilidad económica. Hemos mencionado antes cómo los mineros bolivianos donaban un día de salario para mantener sus emisoras sindicales. En Burkina Faso constaté que las comunidades rurales donde se habían instalado seis radios locales a mediados de los años ochenta, contribuían con el diesel para los generadores de energía de las emisoras. En otros casos, las emisoras de radio cobran cantidades pequeñas por los servicios que prestan y por los avisos personales que transmiten a lo largo del día, sobre cumpleaños, defunciones, dedicatorias de música, mensajes a la ciudad, entrega de correspondencia, objetos encontrados, etc.

Sin embargo, los aportes de dinero no son la única forma como la comunidad apoya la sostenibilidad económica. En todos los procesos de comunicación participativa el trabajo voluntario es uno de los factores más importantes de sostenibilidad económica y social, aunque también constituye un factor de riesgo para la sostenibilidad institucional. En muchas emisoras la programación está a cargo de voluntarios de la comunidad o de organizaciones sociales locales. Estos esfuerzos voluntarios ahorran el dinero que sería necesario para pagar a productores y locutores asalariados. Sin embargo, las emisoras comunitarias invierten tiempo y esfuerzo en la capacitación de voluntarios que al cabo de cierto tiempo dejan de colaborar.

En muchos casos, las comunidades contribuyen proporcionando el terreno en el que se ubica el telecentro o la radio comunitaria, o los materiales que se utilizan en la construcción de los locales. Es frecuente –particularmente en la región andina de América Latina- la participación mediante el trabajo colectivo para construir los locales o las plantas de transmisión. De ese modo la comunidad financia con su trabajo el proyecto político comunicacional y apoya la sostenibilidad económica.

Conclusión

No existe una fórmula mágica para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios. Su sobrevivencia y desarrollo depende del equilibrio entre los factores de sostenibilidad social, institucional y económica. Los procesos participativos que comprometen a las comunidades y contribuyen a fortalecer la organización local, tienen mejores perspectivas de sostenibilidad que aquellos proyectos institucionales que dosifican el acceso y la participación.

Lo que siempre se debe tener en cuenta es que los procesos de comunicación deben ser de la dimensión que la comunidad es capaz de asumir. El proceso de apropiación sólo puede darse cuando la comunidad asume un medio comunitario en todos sus aspectos: la política comunicacional, la tecnología y la gestión administrativa. Es mejor comenzar con recursos limitados y crecer junto a la comunidad, que establecer proyectos verticales y sobredimensionados, que por su costo o por su tecnología limitarán los espacios de participación comunitaria.

El proyecto global homogenizador amenaza la supervivencia de la diversidad política e ideológica. Cada vez se cierran más espacios de expresión de la pluralidad cultural y cada vez se concentran más en unas cuantas empresas los flujos de información globales. La expansión del poder económico de un puñado de países hegemónicos y la caprichosa aplicación de las leyes de mercado, arrasa no solamente con las industrias nacionales y con la producción agrícola de los países más pobres, sino que tiene un impacto negativo sobre la educación, la cultura y las formas de organización social comunitaria.

En ese panorama mundial poco alentador, la comunicación alternativa sigue cumpliendo la importante tarea de fortalecer identidades culturales y favorecer el desarrollo de nuevas expresiones en la sociedad civil. Su sostenibilidad es ante todo el resultado del compromiso político de los actores sociales.

Los evaluadores tradicionales, acostumbrados a medir la comunicación con calculadoras, tienen dificultades para entender que la sostenibilidad de los medios comunitarios se rige por otros valores. Necesitamos menos contadores y más sociólogos para evaluar los medios alternativos, participativos y ciudadanos. La dinámica de la comunicación comunitaria no puede medirse solamente en cifras y mercados, sino a través de una comprensión de los fenómenos de sociedad que giran alrededor del derecho que tienen los más pobres a la expresión y al libre acceso a la información.

Los procesos de comunicación participativa no son lineales y homogéneos, por ello requieren de un esfuerzo de comprensión y empatía que tomen en cuenta la especificidad y la diversidad de las experiencias. Como afirma Clemencia Rodríguez:

Creo que es precisamente esta explosión de la comunicación en el ámbito local la que hace de los medios ciudadanos herramientas para el fortalecimiento de la democracia. El trastorno de las relaciones de poder establecidas constituye una empresa "enredada" y nuestros intentos de poner orden y organización no pueden sino resultar en nuestro desarraigo de esos procesos [17]

 

Autor:

Alfonso Gumucio-Dagron

Alfonso Gumucio Dagron, boliviano, es especialista en comunicación para el desarrollo con experiencia en África, Asia, América Latina y El Caribe. Su trabajo como especialista en comunicación lo ha llevado a familiarizarse con temas diversos: derechos del niño, poblaciones indígenas, cultura y desarrollo, derechos humanos, organización comunitaria, salud y desarrollo sostenible. Es autor de varios libros sobre comunicación, entre ellos: Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social, Las Radios Mineras en Bolivia (co-editor con Lupe Cajías), Popular Theatre, además de varios estudios sobre la historia del cine boliviano. Desde 1997 es parte de la iniciativa de "Comunicación para el Cambio Social" que promueve la Fundación Rockefeller.

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