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El proceso de descentralización en el Peru

Enviado por STEFANNY SALAZAR



  1. Presentación
  2. Introducción
  3. Marco teórico y contexto (2002-2003)
  4. El proceso de descentralización en el Perú
  5. Principales retos en el proceso de descentralización
  6. Proceso de descentralización (2013-2015)
  7. Conclusiones
  8. Bibliografía
  9. Anexos

EPIGRAFE

El proceso de descentralización es algo que los gobiernos peruanos vienen realizando. La razón por la cual se lleva a cabo es para que se pueda promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la preservación del ambiente y la gestión del territorio.

Presentación

El siguiente trabajo ha sido elaborado para dar a conocer la importancia del proceso de descentralización.

Para lo cual también es necesario conocer que es descentralización, desde cuando se está forjando esto en nuestro país. Así mismo el conocer en que nos beneficia a nosotros tanto como a nivel de sociedad y cómo podemos ayudar a que estas leyes se concreten para el avance de nuestro país.

Por tanto este proceso de descentralización que implica promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la preservación del ambiente y la gestión del territorio, con el motivo de también formar parte de ello.

Finalmente el presente trabajo describe los principales retos de este proceso. No es un estudio voluminoso pero si un resumen sumamente útil para expertos y personas interesadas en familiarizarse con esta temática y en tener una base sólida para la discusión, a su vez brinda información bibliográfica y direcciones web.

Introducción

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Perú pertenece al grupo de países más centralizados del mundo. En la última década, mientras la mayoría de los países en Latinoamérica empezaron en conjunto con la democratización de sus sociedades la reducción del peso de sus gobiernos centrales, el Perú vivía una etapa de hipercentralismo y autocracia. El Gobierno de Transición y, después de las elecciones de junio 2001, el Gobierno de Toledo han re institucionalizado la democracia en el país y, de este modo, la descentralización se empieza a encontrar nuevamente en la agenda.

En el caso del Perú, el proceso de descentralización significa un fortalecimiento de los municipios, la creación de un nivel de gobierno regional autónomo a base de los departamentos (con la eventual construcción de regiones en una segunda fase), la desactivación del Ministerio de la Presidencia y la transferencia de competencias de nivel nacional (por ejemplo educación, salud, infraestructura, etc.) al nivel regional o local.

La descentralización fue una de las principales ofertas del Presidente Toledo durante su campaña electoral. Una vez instalado, el gobierno no ha tenido un concepto definido de descentralización pero de a pocos a partir de su gobierno el tema de la descentralización tomo fuerza la cual hasta el presente año se sigue trabajando en este tema.

Marco teórico y contexto (2002-2003)

El concepto de la descentralización responde a la actual coyuntura. Los procesos de descentralización se distribuyen casi universalmente en todos los países del mundo y en las últimas dos décadas se han difundido en América Latina. La gran mayoría de los países en la región se encuentran ahora en tal o cual etapa de descentralización. La descentralización es parte integral del debate sobre la organización y modernización del Estado y, en particular, en la búsqueda de una mejor asignación de responsabilidades y recursos que promuevan una eficaz prestación de servicios y una administración eficiente de los recursos públicos. Dos teorías de desarrollo estrechamente vinculadas influyen en el debate sobre descentralización en el Perú. El llamado "Consenso de Washington" ha favorecido al menos en los países en desarrollo el modelo del Estado minimalista. Sus fundamentos teóricos simplificando se basan en la estabilidad monetaria, la liberalización de los mercados y precios, la reducción de la intervención del Estado y una fijación al crecimiento económico como indicador principal. El "Consenso de Washington", que ha tenido influencia sustancial durante más de una década y que todavía sigue "oficialmente" vigente ha encontrado, sin embargo, cada vez más críticas.

Perú se sitúa en este contexto global, la política de "shock" de Fujimori fue la implementación del concepto neoliberal, casi siguiendo el manual. Su gobierno inicio, al principio de la década de los noventa, reformas de las instituciones directamente relacionadas al crecimiento económico. En parte, las reformas de estas instituciones (como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas-SUNAD, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI o la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV) han tenido al principio mucho éxito, pero no han iniciado una modernización más generalizada (se las ha denominado "islas de modernidad").Para explicar los proclamados beneficios de la descentralización, se utiliza sobre todo argumentos normativos, en contra de evidencia de algunos casos particulares que muestran que este podría implicar también desventajas.

Según los argumentos normativos, la descentralización mejora la eficiencia y efectividad de la oferta de los servicios estatales al ser: más flexibles (estando más cerca a los problemas, al tener más autonomía para resolver conflictos y al tener canales de participación más directos); · más innovadores (multiplicación de centros de aprendizaje, al tener competencia entre los diferentes gobiernos regionales y locales); mejor orientado a las necesidades concretas (proximidad de las decisiones, una mejor responsabilidad de la administración); · mejor relación costo/beneficio (sobre todo por la mejor identidad entre la población que paga tributos y los servicios recibidos, reducción de los costos de transacción). Además, la descentralización juega un rol en el fortalecimiento de la democracia y permite construir ciudadanía mediante mayores posibilidades de participación y funciones de control.

El proceso de descentralización en el Perú

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El tema regresa a la agenda política de Perú en su historia contemporánea con la Constitución de 1979, la cual tenía un importante capítulo sobre descentralización, el cual se basó en un consenso regionalista que fue refrendado con el Plan Nacional de Regionalización, aprobado en 1984 unánimemente por los 60 senadores y 180 diputados. Sin embargo, se ha tenido que esperar hasta 1989/90 para que finalmente se crearan los gobiernos regionales ya mencionados en la Carta Magna, lamentablemente sin mucho éxito. La regionalización entre 1989/90 y 1992 se caracterizó no solamente por deficiencias de diseño institucional (imponer regiones que carecían de identidad clara, falta de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo regional, etc.), sino también por hallarse en el contexto de una profunda crisis económica, crisis de autoridad del Estado y la guerra interna. El Presidente de la Región fue elegido de manera directa por la Asamblea Regional, la cual se había constituido a partir de una mezcla del voto de la población, de los alcaldes provinciales y de las instituciones representativas de la región (universidades, colegios profesionales, agrupaciones laborales).Al parecer, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) así como la izquierda obtuvieron la mayoría de los gobiernos regionales precisamente a partir de su control de dichas instituciones. El gobierno autócrata de Fujimori destruyó la incipiente descentralización a través de un ahogamiento financiero y en los siguientes años llevó a cabo una política sistemática de debilitamiento de las élites regionales y locales. Los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) entidades dependientes del Ministerio de la Presidencia reemplazaron a los once gobiernos regionales disueltos y fueron previstos, como lo dice su nombre, como órganos transitorios. Según la nueva y vigente Constitución de 1993, el Perú debería haber tenido autoridades regionales electas "a más tardar en 1995", un mandato incumplido por el gobierno de Fujimori. La consolidación de su forma transitoria se hizo con la denominada "Ley Marco de Descentralización" en febrero de 1998. Con esta ley, los once CTARs hasta entonces existentes se elevaron a 23, uno por cada departamento, con excepción de Lima y Callao, a quienes también se les creó su propio organismo: la Corporación de Desarrollo de Lima y Callao (CORDELICA) que dejó de existir con la transferencia de sus funciones, activos y personal a los CTARs Lima y Callao, los cuales han iniciado sus actividades en enero del 2001.

Al final de su gobierno, Fujimori ofreció descentralizar la educación y la salud, lo cual se ha limitado en la realidad solamente a transferir a las municipalidades el pago de los maestros, médicos y enfermeras, que en la actualidad reciben sus sueldos de los CTARs. Se puede describir esto como un simple cambio de ventanilla, que no registró un impacto importante.

El Gobierno de Transición, no pudo empezar una reforma institucional, dado que el Congreso todavía estaba conformado por las mismas personas del anterior gobierno de Fujimori. Las elecciones del 2001 con distrito múltiple significaron al parecer una mejor representación de los departamentos en el Congreso y un paso en la dirección descentralista, pero la manera en que se legisló esto solamente luego de una protesta unísona de los medios de comunicación y la población, los congresistas modificaron el modo de elección a favor de una mejor representación de los departamentos evidenció la resistencia que aún había por parte de los congresistas de la transición. Una nueva fase empieza con la institución del nuevo gobierno (la descentralización fue un eje central en la campaña política del nuevo mandatario), el cual una vez instalado, no ha tenido un concepto definido de la descentralización, sin embargo, con la creación de la Secretaría Técnica de la Descentralización dentro del Ministerio de la Presidencia y el anuncio de la creación del Consejo Nacional de Descentralización, ha mostrado su voluntad política. Un paso fundamental se realizó en diciembre 2001 cuando finalmente el Pleno del Congreso aprobó con 91 votos la Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización.

Según esta ley, la descentralización va a crear en un primer paso los denominados gobiernos regionales sobre la base de los departamentos, con un Presidente electo y un Consejo Regional que va tener de 7 a 25 miembros (mínimo 1 por provincia). La Comisión de Descentralización y Regionalización ha presentado el 16 de enero del 2002 el Proyecto Nº 1800 de Ley de Bases de la Descentralización12, este Proyecto de Ley propone en una primera etapa el fortalecimiento de los gobiernos locales, mediante la restitución de las funciones y recursos de que fueron despojadas, la preparación de los comicios regionales y locales para que puedan asumir su administración a partir de enero del 2003 y pide un gran esfuerzo de parte del Ejecutivo para intensificar las acciones y programas de capacitación técnica y administrativa de los funcionarios relevantes en este proceso.

La segunda etapa del proceso se desarrollará, según este proyecto de ley, una vez que los gobiernos regionales sean instalados. Las transferencias del gobierno central se harían en forma progresiva, ordenada y en coordinación entre los diferentes niveles de administración. En su Artículo 29 está prevista la creación de un Fondo de Compensación Regional, que se constituye mediante el 50% de los recursos provenientes de los tributos cuya recaudación y administración será de cuenta directa de los gobiernos regionales y un monto equivalente asignado por el gobierno nacional. Resulta interesante en este Proyecto de Ley Nº 1800 de la Comisión de Descentralización que se proponga la creación del Ministerio de la Descentralización, que estaría encargado de las acciones de capacitación, promoción y difusión del proceso, así como de la transferencia de funciones, recursos, programas y organismos del gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Este Ministerio puede asumir, según el proyecto, los recursos técnicos y los bienes del Ministerio de la Presidencia que no son objeto de transferencia hacia los gobiernos regionales y locales. La propuesta de crear un Ministerio de Descentralización, como aparece mencionado en el Proyecto de Ley, ya circuló una vez en septiembre entre algunos políticos, pero sin resultado alguno. La importancia del proceso justifica tal propuesta y probablemente encontrará resistencia por parte de otras entidades del Estado que prefieren una entidad reguladora con el supuesto beneficio de despolitizarla, la cual dependería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El asunto no carece de importancia, porque si no se tratara de un Ministerio, de acuerdo con el ordenamiento constitucional no estaría sujeto a censura por parte del Congreso. Este Proyecto de Ley no va a ser la única propuesta.

DESACTIVACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Ministerio de la Presidencia, creado en 1992 después del autogolpe de Estado, fue el instrumento principal de la política populista del gobierno de Fujimori y ha concentrado más o menos 25% del presupuesto de la Republica en los últimos años, con fondos y funciones que deberían corresponder en gran medida a la gestión autónoma de los gobiernos regionales electos y de los gobiernos municipales. El Ministerio de la Presidencia ha sido desactivado progresivamente en los últimos meses, su presupuesto se ha reducido dramáticamente (en parte como contribución para reducir el déficit fiscal). Las funciones/programas se han transferido en un primer paso a los ministerios sectoriales, como el rubro de saneamiento transferido al Ministerio de Transportes y el traslado del INFES (Instituto Nacional de Infraestructura y Salud) al Ministerio de Educación; diversos programas agrícolas están a la espera de ser transferidos al Ministerio de la Agricultura. La mayor parte del presupuesto restante pertenece a los CTARs. Con la reducción del gasto estatal la asignación de los recursos a los CTARs ha disminuido también drásticamente.

EL DEBILITAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

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Actualmente la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a las municipalidades diferentes competencias que se encuentran en superposición con funciones de otros niveles del gobierno. Los municipios peruanos se distribuyen el 4% del presupuesto nacional (según estándares internacionales es extremadamente poco); sufren un desfinanciamiento crónico, porque han tenido que enfrentar el enorme crecimiento de la población con recursos limitados, lo cual significa que en parte los servicios públicos han sido derrotados. Solamente desde 1981 se ha mantenido la elección de los alcaldes. En el Perú existe una gran cantidad de municipios: 189 municipalidades provinciales y cerca de 1,800 distritales (y más de 3,000 delegadas, creadas por la municipalidad provincial). Si se hiciese un diagnóstico de los municipios, se descubriría que mayormente su situación es muy crítica en aspectos institucionales, financieros, recursos humanos, etc., y que las diferencias entre ellos mismos son enormes. Existe una cantidad muy grande de distritos que enfrentan grandes dificultades para tener un desarrollo institucional mínimo, considerando que cerca de 1,000 municipalidades tienen menos de 10,000 habitantes y manejan recursos reducidos. Casi la mitad de las municipalidades tienen como único ingreso el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y el Programa del Vaso de Leche; es decir, no recaudan ningún tributo. En este contexto, se podría discutir si una reducción de su número fuese necesaria. Las municipalidades muestran además una alta tasa de morosidad en el pago del impuesto predial y especialmente en los arbitrios, y en un ámbito más general los municipios no emplean la fuerza coactiva. Cada año hay una nueva amnistía tributaria, lo que trae como consecuencia una falta de cultura de pago. Las asociaciones municipales existen de manera fragmentada. La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) fue creada como una agrupación de municipalidades provinciales, y luego incorporó a las municipalidades distritales. La organización fue finalmente "captada" por los alcaldes de "Vamos Vecino" (agrupación oficialista de Fujimori). Después se ha dividido en dos y se ha creado otra organización de las capitales de los departamentos.

Principales retos en el proceso de descentralización

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El gráfico Nº 2 describe el modelo de un cambio de estructura como consecuencia de la redistribución de poder, la legitimación de los poderes locales y regionales, el surgimiento de un nuevo liderazgo y la redistribución de programas y recursos financieros. Existen unos instrumentos o requisitos para que el proceso de descentralización tenga éxito, los cuales se explican a continuación detalladamente. Al igual que en un sistema biológico de regulación, los diferentes componentes de la descentralización interfieren unos con otros, reforzándose, limitándose o generándose mutuamente. Los principales retos en el proceso de descentralización son que éste pueda mostrar una mejora efectiva de los sectores involucrados y que la población finalmente el gran beneficiario de la reforma se dé cuenta de su importancia y de las implicancias que este proceso tiene para la vida del ciudadano común y corriente.

a) Capacitación: Existe la necesidad de crear una institución que acompañe el proceso de descentralización. Evaluando la importancia del proceso, se había pensado (cuando Pedro Planas estaba en vida) hasta en crear un Ministerio de Descentralización, como lo propone nuevamente el Proyecto de Ley Nº 1800 de la Comisión de Descentralización.

Parece ser de la más alta importancia una capacitación o educación de la población sobre el significado de la descentralización en general y sobre la importancia que tiene para ellos en particular. En una encuesta del IEP, llama la atención que una parte importante de la población relaciona descentralización simplemente con las "famosas" obras, confundiendo así la inversión pública que efectúa el gobierno central con descentralización, una percepción que es comprensible ante la marginación que han padecido esas zonas.30 La población tiene solamente una muy limitada confianza con respecto a la capacidad de las instituciones locales para asumir nuevas responsabilidades.

b) Coherencia: El proceso de descentralización necesita adaptaciones en el nivel central: por un lado liberar o transferir personal de los sectores involucrados, por otro lado el contenido de su misión va a cambiar . Con la descentralización deberían suprimirse las funciones de los Prefectos, Subprefectos, Gobernadores y Tenientes Gobernadores que representan al Presidente de la República en un departamento, provincia, distrito o centro poblado menor, respectivamente. Estas personas dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Es muy importante que el refuerzo de estructuras locales y la creación de gobiernos departamentales vayan acompañados de una reducción de estructuras centrales, en parte para contrarrestar los costos adicionales que están vinculados a una administración regional en los departamentos, pero también para evitar superposición de cargos entre los diferentes niveles de gobierno. En el caso de reestructuraciones, parece inevitable cierta resistencia en las burocracias. La asignación ordenada de responsabilidades y recursos (en muchos países de la región no fue el caso) entre los diferentes niveles de gobierno es el reto central en el proceso.

c) Control y transparencia: Un elemento clave para la sustentabilidad de la descentralización consiste en integrar fuertes elementos de control y de transparencia junto con la transferencia de recursos y competencias. En algunos países de la región, se ha descentralizado con las competencias y los recursos del sector público central, lamentablemente también con sus deficiencias. Por el momento, la capacidad de fiscalización es débil, pero tiene que ser mejorada sustancialmente si no se quiere poner en grave riesgo la descentralización. Tampoco el gobierno de Toledo se ha mostrado indemne. La prevención del clientelismo y la corrupción requieren a la larga un cambio de cultura. En Perú existen también varias experiencias al respecto: por ejemplo el Congreso está aplicando una política transparente y fiscalizable con respecto a todos sus miembros. Algo que en realidad funciona sólo parcialmente, pero nos muestra la dirección en la que debe enrumbarse la administración pública en el Perú, si no quiere perder firmeza en el proceso. Los mecanismos de control tienen sus costos extras, requieren apoyo técnico y seguimiento de diferentes niveles de gobierno. Se tiene que establecer sistemas de monitoreo.

d) ¿Descentralización de la economía?: En el Perú predomina un sistema económico basado en la exportación de productos primarios. La industria nacional, que mayormente no es exportadora y depende en gran proporción de insumos importados, hace que su dinamismo se base en la disponibilidad de divisas generadas por las actividades primario-exportadoras (minería, pesca, agricultura) de las regiones. Las regiones exportan capitales hacia el centro financiero, Lima. La economía de Lima tiene una autonomía bastante grande con relación a los otros departamentos del Perú. Finalmente, mucho dinero no recibirán los departamentos como transferencias del Estado. La mayor parte de los recursos estarían destinados para los costos fijos (sobre todo personal de educación y salud). La estrategia de la descentralización productiva argumenta que las relaciones entre las ciudades y el campo se han debilitado debido a importaciones competitivas y que muchas empresas peruanas no han podido enfrentar la importación de productos. El tipo de cambio es parte fundamental del problema en esta concepción del centro-periferia, dado que no incentiva a exportar productos no primarios ni a invertir en espacios descentralizados que podrían competir con las importaciones. La descentralización distributiva intenta aprovechar al máximo las economías de escala de Lima. Es evidente que el gobierno de Toledo ve en su política macroeconómica la estrategia correcta. El proceso de descentralización en el Perú se va a limitar primordialmente a una descentralización político-institucional. El desarrollo económico regional se intenta solucionar a través de las transferencias y de dar a las regiones/municipios posibilidades para recaudar sus propios impuestos.

e) Región, Departamento, Municipio: Existen diferentes percepciones sobre cuál sería el nivel de gobierno más adecuada para el proceso de descentralización. Los regionalistas están convencidos de que los departamentos son espacialmente y económicamente demasiado pequeños para desarrollarse. Los departamentalitas se refieren a una identidad que, luego de más de un siglo y medio de existencia de los departamentos, ya se ha afianzado, lo cual sería el principal obstáculo contra la creación de regiones.

Los municipalitas se distinguen de los dos primeros grupos argumentando que un nivel intermedio de gobierno tiene que poseer solamente competencias y recursos limitados, y su misión sería estrictamente normativa y de coordinación. Las competencias relacionadas con salud, educación, infraestructura, etc., tienen un mejor desempeño en la administración local.

En las propuestas de leyes se han encontrado elementos regionalistas y elementos propiamente departamentalistas. Se puede considerar bastante exigente el proyecto de unos políticos de establecer regiones, el triple proceso de fortalecimiento de los municipios, creación de gobiernos departamentales y reestructuración del Estado, está ya bastante exigente. Una fuerte cooperación entre departamentos podría parecer suficiente. Supuestamente se van a integrar mecanismos de certificación, lo que significa que los ministerios auditan sus capacidades administrativas antes de una transferencia de competencia a los municipios /regiones.

f) La debilidad institucional: Una característica del país es su debilidad institucional en todos los niveles del gobierno. Con el programa neoliberal iniciado en los "90 se despidió masivamente a empleados públicos de los Ministerios y entidades públicas; por ejemplo el Ministerio de Agricultura pasó de 20,000 a 4,000 empleados públicos. Algunos de los mejores profesionales renunciaron. En el caso de la agricultura, también se cerró instituciones de investigación que años después, dando marcha atrás, se tuvo que reabrir nuevamente, implicando ello una pérdida de conocimientos y un costo extra. Los gobiernos regionales se crearon superpuestos a los CTARs, utilizando sus recursos humanos y capacidades institucionales. Un diagnóstico sobre los CTARs encontraría probablemente importantes deficiencias en su administración. En la práctica, muchos de los dirigentes de los CTARs se encuentran ya en campaña política. Una vez elegidos los puestos de confianza se cambian otra vez, lo cual implica un grave problema de discontinuidad. También constituye un problema central la falta de coordinación entre las entidades gubernamentales. Las relaciones entre las municipalidades distritales y provinciales, y entre éstas y los CTARs, se hallan reducidas a su mínima expresión.

Proceso de descentralización (2013-2015)

El actual proceso de descentralización se inicia con la reforma constitucional del capítulo XIV del título IV de la Constitución de 1993, que modifica 12 artículos y sienta las bases para diseñar e impulsar la reforma descentralista del país, orientada a redistribuir competencias, funciones y recursos económicos, y democratizar el ejercicio del poder político. La descentralización ha definido un escenario en el que se demanda la construcción de una institucionalidad pública regional y municipal adecuada, que asuma funciones a transferirse desde el poder ejecutivo nacional para promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la preservación del ambiente y la gestión del territorio.

La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, caracteriza a esta como un proceso gradual, permanente, dinámico, democrático, integral y subsidiario. Asimismo, establece las dimensiones de las autonomías (autonomía política, autonomía administrativa y autonomía económica) de los gobiernos regionales y locales, las que están estrechamente vinculadas como base para construir un Estado unitario y descentralizado. La ley reconoce la facultad de los gobiernos regionales y locales para crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales del presupuesto. Con la aplicación de estas regulaciones, los gobiernos regionales asumen una autonomía relativamente amplia para el ejercicio de sus funciones, que les serían transferidas desde el poder ejecutivo nacional.

Entre las dificultades que se han presentado en el proceso descentralización, se evidencia el requerimiento urgente por fortalecer las capacidades para recibir y gestionar las funciones transferidas a los gobiernos regionales, además de adecuar su estructura organizativa para tal fin, y mejorar las articulaciones intersectoriales e intergubernamentales.

En el proceso de transferencias de funciones ambientales, se identifica que, entre 2004 y 2009, se emitieron sucesivos decretos supremos por medio de los cuales se aprobaron los planes anuales de transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales. De esa manera, se establecieron los procedimientos para que estos recibieran la certificación para la acreditación y puesta en práctica de las competencias y funciones que les serían transferidas en forma sucesiva desde los sectores del ejecutivo nacional.

A una década de iniciada la reforma descentralista, se puede afirmar que, sobre el ejercicio de las funciones ambientales, recaen también efectos de los factores limitantes de este proceso tales como su sesgo político en perjuicio de las dimensiones económicas, administrativas, territoriales y fiscales; la persistente organización territorial basada en los departamentos; su desvinculación de una necesaria reforma del Estado; y las dificultades de transformar los procesos y mecanismos participativos en instrumentos de transformación de la gestión pública

En respuesta a estas dificultades y debilidades, desde las organizaciones de la sociedad civil y del Congreso de la República, se están promoviendo, en los últimos años, agendas para relanzar el proceso de descentralización.

Paralelamente, el poder ejecutivo viene impulsando la implementación de la modernización de la gestión pública orientada a construir un Estado que, al mismo tiempo de ser descentralizado y unitario, sea eficiente, transparente, al servicio de los ciudadanos, y que alcance resultados que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos y en los procesos de desarrollo sostenible.

En este contexto, el Ministerio del Ambiente mantiene vigente la comisión sectorial de transferencias, encargada de realizar las coordinaciones para la transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, en el marco de la Ley de Bases de la Descentralización y la Comisión Intergubernamental, el Ministerio del Ambiente se encarga de desarrollar los componentes de la gestión descentralizada de los servicios públicos del ciudadano para que se ejerzan plenamente las funciones transferidas a los gobiernos regionales.

Conclusiones

  • La descentralización es una dinámica social y política de gran complejidad, en la cual confluyen diversos factores económicos, fiscales, políticos, institucionales y culturales.

  • La descentralización por sí sola no es sinónimo de desarrollo, sino, más bien tiene que complementarse con una serie de medidas económicas, sociales, culturales, etc. Que le tienen que anteceder para que en conjunto se logre un desarrollo mancomunado y duradero; es por ello que para descentralizar nuestro país se tendría que seguir pasos concretos que nos sirvan a largo plazo para la eficiente administración del Estado.

  • Como primordial medida o paso, es tener un país totalmente comunicado, cosa que el Perú carece y como segundo paso vendría a ser el desarrollo de las ciudades que puedan convertirse en núcleos verdaderos de cohesión de regiones económicamente aisladas.

  • La descentralización desde el punto de vista político se centra, en el inherente derecho democrático a la autonomía tanto de los gobiernos regionales como de las municipalidades y el costo fiscal del gobierno central para asegurarlo.

  • Con respecto a la descentralización, se señala que tiene una gran trascendencia para el futuro del país, organizar o constituir la forma de cómo de desarrollar adecuadamente demarcaciones territoriales, procurando evitar caer en gobiernos departamentales, con las mismas limitaciones que siempre hemos observado (precariedad en presupuesto, autonomía, estructura de poderes, votación electoral, entre otros), tal como ha tenido el país en las diversas épocas de su existencia, demarcaciones que no siempre han correspondido a las reales exigencias de su geografía y desarrollo social. Es por ello que es indispensable un modelo base para dicho proceso.

Bibliografía

Anexos

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DEDICATORIA

Esta monografía está dedicada para nuestros padres que nos apoyan en todo lo que pueden para brindarnos una educación superior forjando en nosotras unas futuras profesionales, emprendedoras y exitosas.

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que de alguna manera nos ayudaron a realizar esta monografía con su valioso tiempo y brindándonos su punto de vista en lo relacionado al tema. Un agradecimiento también a nuestros compañeros del aula que nos ayudaron a resolver algunas de nuestras dudas respecto al desarrollo de esta monografía.

 

 

 

Autor:

Cruz Vega, Rosa María

Salazar Soto, Stefanny

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