Concepto
En los países hispanohablantes hay ocasiones en las que se prefiere usar términos como 'orden público' o 'seguridad de los habitantes' en vez de 'seguridad ciudadana' o 'seguridad nacional', por motivos históricos que dependen de cada país. La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces como aumentar las penas, la reducción de garantías procesales o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación.
En líneas generales, por 'seguridad ciudadana' deben entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.
Historia
El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es consecuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad Contemporánea: el orden público.4 Este es un concepto liberal que aparece en el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la Revolución francesa:
Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
Además el artículo cuatro del mismo documento relaciona la libertad individual con este concepto:
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.
En este sentido, si extendemos el concepto de orden público como limitación a la libertad ideológica del artículo noveno, a la definición de libertad individual del artículo cuarto, aparece el concepto de orden público: El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás.4
Con el tiempo este concepto de orden público evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático de Derecho; hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de los mismos.4
Esta pregunta es bien interesante, porque al colocar en el mismo plano los conceptos de democracia y seguridad, percibimos con mayor claridad el riesgo que se corre cuando frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia. Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado.5
En el contexto de España e Hispanoamérica el uso de distintos términos por los diferentes regímenes dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX como eufemismos de 'represión' hacen que no siempre se asocie términos como los expuestos a valores asociados a la libertad. Así en en cono sur se prefiere el término seguridad de los habitantes o orden público ya que el término 'seguridad ciudadana' fue usado por las fuerzas armadas en los años 60 como aplicación de doctrinas represivas como la Doctrina de seguridad nacional (DSN) impartida en la Escuela de las Américas. En contraposición, en España la expresión 'seguridad ciudadana' se prefiere sobre 'orden público', usada como medio represivo en la dictadura de Francisco Franco.4
Solución
Para entender la magnitud de la inseguridad ciudadana, es necesario comprender que no solo afecta la tranquilidad y seguridad de la población, que sería un factor más que suficiente para combatir este fenómeno, además la inseguridad atenta contra los intereses de las Naciones, afecta tanto la inversión local como extranjera, nadie quiere invertir en ciudades violentas, el turismo se ve seriamente afectado también por este fenómeno, Sin duda las respuestas de la mayoría de las Instituciones de seguridad pública, justicia y sistemas carcelarios en la Región no son las adecuadas.
En mi opinión es perentorio el ordenar y repotenciar estas instituciones, además paralelamente a los efectos se deberá trabajar las causas, no hay otro camino, la voluntad política deberá ir de la mano con los recursos económicos adecuados y con un estricto mecanismo de control, por ello es que es muy difícil la lectura de la problemática de inseguridad por parte de los Gobiernos, ya que los problemas en las propias instituciones de seguridad, justicia y prisiones, no tienen cuando acabar. En esas condiciones no veo en el horizonte una solución a corto ni mediano plazo, los factores de riesgo se incrementan apuntando a una mayor tendencia de delitos, en ese panorama que se da en mucho de nuestros Países, lo que le queda a la ciudadanía es asumir una cultura de seguridad preventiva, tomando las acciones necesarias para su autoprotección de acuerdo a sus posibilidades, lo que debe de quedar muy claro es que los ciudadanos deben evitar y no enfrentar el delito, es cierto que no se puede ser genérico en estrategias de seguridad ciudadana, ya que cada País, ciudad ,región, distrito, son realidades completamente distintas sin embargo hay diseños que han dado resultados y pueden adaptarse a cada realidad.
Hoy la inseguridad ciudadana no solo es una problemática policial, los ciudadanos debemos estar involucrados en actitud, comportamiento y control, debemos de cerrar filas ante un enemigo común que está causando serios daños en nuestras vidas, está claro que la inseguridad y violencia son temas de alta complejidad y tienen que ser analizados sistemáticamente, ya que son varios los factores que se tienen que tomar en cuenta, para enfrentar con éxito esta problemática, soy un convencido que debemos focalizar el delito, hacer que los gobiernos locales sean los que lideren la seguridad en sus respectivas juridicciones, se pueden poner en marcha desde estos gobiernos una serie de programas, como por ejemplo "el programa de prevención de conflictos sociales" o "programa de prevención de conductas violentas en la juventud", hay tantos programas que trabajarla violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas, la exclusión social, la recuperación de espacios públicos, acaso no son factores que compartimos en muchos Países. Quisiera compartir algunas propuestas generales como:
1.-La articulación de un sistema integrado de seguridad pública y ciudadanía.
2.-Es fundamental establecer un mejor reparto de competencias, delegando responsabilidades directas.
3.-La participación ciudadana es un elemento fundamental, no solo opinando sobre los problemas de seguridad, además deberán opinar sobre la actuación de la seguridad pública.
4.-Se debe realizar un amplio acuerdo institucional, político y social, sobre la misión de los poderes públicos en la lucha contra la delincuencia, la gravedad del problema de inseguridad ciudadana hace imprescindible este acuerdo
5.-Contar con un observatorio del crimen, las estadísticas científicas son una herramienta muy importante.
6.-Estudios periódicos de victimización.
7.-Mejorar y modernizar los servicios de justicia y seguridad pública.
8.-Repotenciar los sistemas carcelarios, los delitos muchas veces se gestan y manejan de las propias prisiones, por la falta de seguridad adecuada y corrupción.
9.-Es importante el uso de equipos de tecnología como cámaras de videos en las calles.
10.-Hoy los Países requieren cada vez más una comunidad de inteligencia y de seguridad ciudadana.
11.-Cada distrito deberá contar con su propio D.I.S.
Finalmente debemos agotar todos los esfuerzos posibles para que la inseguridad ciudadana deje de ser un eterno problema que está afectando a nuestras Naciones.
Según el reporte del Banco Mundial titulado "Crimen, Violencia y Desarrollo: Tendencias, Costos y Opciones de Política en el Caribe" (2007), mediante la aplicación de un modelo de simulación se planteó el siguiente escenario: si la República Dominicana hubiera reducido su tasa de homicidio en el período 1996-2000 (16.5) a los niveles del promedio de la tasa de homicidio de Costa Rica en el mismo período (8.1), el país habría incrementado en 1.8 su crecimiento per cápita (p.84). En consecuencia, no sólo el desarrollo se reciente por las pérdidas materiales y personales provocadas directamente por la violencia delictiva y la inefectividad de los poderes públicos, sino que también se deteriora el clima de confianza para atraer las inversiones y fomentar el empleo decente, así como la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en los espacios públicos.
En ese orden, la inseguridad ciudadana acaba provocando un grado de miedo y desconfianza hacia los demás que minan la cohesión social necesaria para concitar una voluntad colectiva orientada hacia tareas que promuevan el desarrollo humano. ¿Cómo se define entonces la seguridad ciudadana? En principio, la seguridad ciudadana puede entenderse como la situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente de sus libertades y ejercer integralmente derechos.
En otros términos, la seguridad ciudadana no es más que la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho, lo cual implica la preservación de la seguridad jurídica y la seguridad pública y privada. Esto significa que las condiciones institucionales, tanto las jurídicas como las políticas, tienen un peso significativo en la conformación de la seguridad ciudadana.
Habida cuenta de lo observado arriba, y tras revisar documentos de investigación así como de debates en seminarios sobre el tema, podemos lograr una definición amplia como la siguiente:
Definiremos la seguridad ciudadana como una situación política y social en la cual las personas tienen garantizado el pleno disfrute de sus derechos, por lo que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar los peligros, coerciones ilegítimas –ya bien sea por parte de los aparatos públicos o por particulares- o violencia física o psicológica que pudiesen lesionar dichos derechos.
Diversos autores, tanto nacionales como extranjeros, han señalado la relación entre altos niveles de inseguridad ciudadana y altos grados de inequidad y bajo desarrollo. Desafortunadamente, América Latina está fuertemente afectada por esta relación, de ahí que los niveles de inseguridad ciudadana expresados en un indicador como la tasa de homicidios sean significativamente más altos que en países caracterizados por bajos niveles de inequidad y alto grado de desarrollo. Mientras la tasa de homicidios en América Latina ha estado por encima de 20 en la última década, en los países desarrollados ha oscilado entre 0 y 5.
La lectura de un trabajo elaborado por los investigadores dominicanos Mayra Brea y Edylberto Cabral, el primero titulado "Violencia en la República Dominicana: tendencias recientes", del año 2003, responden a la pregunta de cómo afecta la violencia y la criminalidad al estado de la seguridad ciudadana en República Dominicana, proponiendo los siguientes argumentos:
Parece haber relación entre la tasa de homicidio con los siguientes indicadores: nivel de ingreso, distribución del ingreso a nivel urbano (Gini), línea de pobreza, niveles de educación y de empleo, gasto social per cápita y gasto social en relación al Producto Interno Bruto (PIB), al comparar estas variables entre el caso dominicano y otros nueve países del hemisferio.
Sin embargo, en la República Dominicana la tasa de homicidio crece independientemente del crecimiento del PIB/CÁPITA, contraviniendo la hipótesis económica sobre la delincuencia que sostiene la existencia de una relación inversa entre el comportamiento de la economía y la delincuencia, ceteris paribus. Por ejemplo, se observa un incremento de la tasa de homicidio en períodos de alto crecimiento del PIB, como es el último lustro de la década del 90 (2003, pp.10-11).
Como se puede apreciar, la seguridad ciudadana descansa en una multiplicidad de factores, y resulta de gran interés el argumento de que el incremento de la tasa de homicidios puede persistir en períodos de alto crecimiento económico, implicando que, en términos de políticas públicas, no basta con tener altas tasas de crecimiento para reducir las tasas de homicidios.
Por ello la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla objetivos y líneas de acción determinadas que garanticen el clima de seguridad ciudadana necesario para el desarrollo.
En agosto de 2009, según la Procuraduría General de la República, la tasa de homicidios fue de 20.8; se espera que con la aplicación correcta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ésta se reduzca un 12% anualmente y sea de 1.2 en 2030, y el país se coloque entre el 37% de países con menor tasa de homicidios.
En este orden, es preciso enfrentar el problema en las siguientes dimensiones:
1) La dimensión judicial, para garantizar la aplicación de la ley de forma que no se admita la impunidad, diseñando un sistema judicial ágil, accesible, eficiente, dotado de un alto grado de profesionalidad y de eficiencia, así como el desarrollo de un sistema de resolución de los procesos judiciales eficientes y rápido.
2) La dimensión penitenciaria, profundizando la reforma del sistema penitenciario en curso, para convertirlo en un medio de verdadera rehabilitación y reeducación de las personas que cumplen penas, libre de los inconvenientes institucionales que han caracterizado el sistema penitenciario tradicional.
"Los verdaderos héroes de la historia son las personas comunes", Jules Michelet.
Podemos iniciar señalando que con relación al concepto propiamente dicho de seguridad ciudadana, no existe una definición exacta de la misma, por ello la normatividad y la doctrina no es uniforme en su conceptualización.
Algunos señalan que el concepto de Seguridad Ciudadana está estrechamente ligado a otros afines y contiene de por sí una alta carga ideológica y política.
El concepto de seguridad ciudadana diseñado como bien jurídicamente protegido y que engloba a varios derechos de las personas tomadas en conjunto, se ha ido perfilando en base a que hoy en día la convivencia pacífica en una sociedad se encuentra amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan conductas violentas y que han surgido por diferentes causas.
Entre las que podemos señalar a dos de ellas que son complementarias, una es la crisis económica que afecta a la mayor parte de los países del mundo y la crisis de valores, que han generado pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, pérdida de confianza en el otro, etc.
Pero también podemos señalar que la vida colectiva de los seres humanos, en cualquiera de sus modos de expresión, necesita de un orden.
La finalidad de este orden consiste en hacer posible que cada uno de los integrantes de la comunidad pueda alcanzar la mayor realización posible en su condición de persona, mediante la promoción de un ambiente de vida caracterizado por la armonía, la paz y la vivencia cotidiana de la seguridad, abriéndose paso así a la expresión de toda la potencialidad que contiene la libertad humana, en su creatividad material o espiritual, lo que da origen a la felicidad.
Dichas conductas violentas representan entonces una ruptura entre los individuos y las normas de convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de las personas. El quebrantamiento de dichas normas genera conductas delictivas o, en menor grado faltas o contravenciones, las mismas que afectan directamente las libertades y derechos de otras personas. Pero en si la violencia alcanza hoy dimensiones cada vez más impactantes en las urbes del mundo y prioritariamente en el continente latinoamericano y representa un riesgo para la vida y la salud de las personas afectando el funcionamiento del sistema de atención de la salud. Es precisamente en estos espacios en donde las características del proceso de urbanización desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la población, y es esta sociedad de la exclusión la que genera una verdadera expansión de violencias, un mundo de todos contra todos; una sociedad competitiva y autoritaria que niega la diversidad.
Por lo tanto, constituye una constante a nivel mundial, el significativo aumento de ruptura de la convivencia social pacífica en las grandes ciudades, así como por las conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad (física, sexual, etc.), a la propiedad, etc., ocasionando con ello una situación generalizada de inseguridad.
También es necesario mencionar, que las sociedades modernas viven obsesionadas con la búsqueda de seguridad, y el tema de la inseguridad se ha convertido en uno de los más grandes y graves problemas en la actualidad. Frente a ello, las soluciones que suelen plantearse son diversas: medidas punitivas drásticas para combatir la criminalidad, organización de la sociedad civil para crear mecanismos de protección y prevención frente a actos criminales, participación de los gobiernos locales en tareas de seguridad ciudadana, etc.
Desde esta perspectiva, puede señalarse que existe cierto consenso en delimitar el carácter instrumental de la seguridad ciudadana, concepto que en un primer momento se asocia a la represión de los delitos y la búsqueda de un orden, es decir, se vincula con el control y la reacción frente a la criminalidad, especialmente en las grandes urbes. También se acepta que en la base de dicho concepto está el deber del Estado que es la de brindar protección a sus habitantes frente a toda amenaza a la seguridad personal y la de sus bienes.
Desde esa perspectiva, resulta interesante que en un reciente trabajo el General PNP ® Enrique Yépez Dávalos haya afirmado que la "seguridad ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana"
Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros.
De todo lo anteriormente señalado y haciendo una aproximación al concepto de seguridad ciudadana podríamos definirla como aquella situación de normalidad en la que se desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales y colectivas con ausencia de peligro o perturbaciones; siendo además éste un bien común esencial para el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad.
Pero también podemos entender el concepto de seguridad ciudadana como aquella acción donde se involucran, para fines de la seguridad pública, tanto la acción política de la ciudadanía, como las actividades que por ley el Estado tiene que proporcionar, sin embargo esta actividad no puede ser posible sin la participación mutua, eficaz y eficiente, tomando en cuenta que no se trata de eximir al aparato gubernamental de su obligación social, pero sí estimar que en este fenómeno en particular, dada sus características especiales, no es posible la obtención de resultados positivos sin la interacción de ambas instancias.
Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia: implica una situación ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y, asimismo, implica también el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas.
De otro lado, el concepto de seguridad ciudadana es de data reciente, tanto en su denominación como en su contenido. Esto es lo que probablemente origine la confusión del término como otros denominados "orden público" y "seguridad pública", tomándolos incluso por sinónimos en algunas legislaciones.
También se puede señalar que seguridad ciudadana es un sentido amplio para el libre ejercicio de los derechos y libertades, concepto a partir del cual podríamos señalar que la seguridad ciudadana se convierte en un valor jurídicamente protegido en todos los ordenamientos.
Asimismo, podemos indicar que la base de lo que hoy se entiende por seguridad ciudadana es lograr la interrelación en sociedad y que esté orientada a una convivencia armoniosa, tolerante y pacífica de sus integrantes. En definitiva uno de los objetivos que persigue la seguridad ciudadana es que las personas puedan desarrollarse y alcanzar la calidad de vida que deseen en un marco de libertad, sin temores a contingencias o peligros que afecten sus derechos y libertades.
Por otro lado la paz duradera es imprescindible y un requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. La paz de la libertad -y por tanto de leyes justas-, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad y donde todos los ciudadanos cuenten, convivan y compartan. Por ello, en una versión popular del mensaje por la Paz de 1979 de Juan Pablo II, se puede señalar lo siguiente: Para lograr la paz y educar por la paz, tenemos que seguir una lección importante cada día sobre todo por la gente tentada por el fatalismo. El mensaje de la Iglesia sobre la paz es doble: la paz es posible y además la paz es necesaria. Y la paz de que hablamos, como señaló Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris, tiene que construirse sobre cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
En consecuencia, la paz, desarrollo y democracia forman un triángulo. Los tres se requieren mutuamente. Sin democracia no hay desarrollo duradero: las disparidades se hacen insostenibles y se desemboca en la imposición y el dominio.
Por ello, es preciso identificar las raíces de los problemas globales y esforzarnos, con medidas imaginativas y perseverantes, en atajar los conflictos en sus inicios. Mejor aún es prevenirlos. La prevención es la victoria que está a la altura de las facultades distintivas de la condición humana. Saber para prever. Prever para prevenir. Actuar a tiempo, con decisión y coraje, sabiendo que la prevención sólo se ve cuando fracasa. La paz, la salud, la normalidad, no son noticia. Tendremos que procurar hacer más patentes estos intangibles, estos triunfos que pasan inadvertidos.
La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la sociedad. No son temas de gobierno sino de Estado; no de unos mandatarios, sino de la sociedad en su conjunto (civil, militar, eclesiástica, etc.). La movilización que se precisa con urgencia para, en dos o tres años, pasar de una cultura de violencia a una cultura de paz, exige la cooperación de todos. Para cambiar, el mundo se necesita a todo el mundo.
Es necesario un nuevo enfoque de la seguridad a escala mundial, regional y nacional. Las Fuerzas Armadas deben ser garantía de la estabilidad democrática y al orden externo y la Policía al orden interno y la protección ciudadana, porque no puede transitarse de sistemas de seguridad total y libertad nula, a otros de libertad total y seguridad nula.
Las situaciones de emergencia deben tratarse con procedimientos de toma de decisión y de acción diseñados especialmente para asegurar rapidez, coordinación y eficacia. Estamos preparados para guerras improbables, con gran despliegue de aparatos costosísimos, mas no lo estamos para avizorar y mitigar las catástrofes naturales o provocadas, que de forma recurrente nos afectan. Estamos desprotegidos frente a las inclemencias del tiempo, frente a los avatares de la naturaleza. La protección ciudadana aparece hoy como una de las grandes tareas de la sociedad en su conjunto, si queremos consolidar un marco de convivencia genuinamente democrática. Invertir en medios de socorro y asistencia urgente, pero también -y sobre todo- en la prevención y el largo plazo (por ejemplo, en redes de conducción y almacenamiento de agua a escala continental) sería estar preparados para la paz. Para vivir en paz. Ahora estamos preparados para la guerra eventual. Para vivir sobrecogidos e indefensos en nuestra existencia cotidiana ante percances de toda índole.
No basta con la denuncia. Es tiempo de acción. No basta con conocer, escandalizados, el número de niños explotados sexual o laboralmente, de refugiados o de hambrientos. Se trata de reaccionar, cada uno en la medida de sus posibilidades. No hay que contemplar solamente lo que hace el gobierno. Tenemos que desprendernos de una parte de "lo nuestro". Hay que dar. Hay que darse. No imponer más modelos de desarrollo ni de vida. El derecho a la paz, a vivir en paz, implica cesar en la creencia de que unos son los virtuosos y acertados, y otros los errados; unos los generosos en todo y otros los menesterosos en todo.
Es evidente que no puede pagarse simultáneamente el precio de la violencia y el de la paz, por ello DaisakuIkeda señala que "La paz no se concreta esperando pasivamente. Se logra a través de un esfuerzo concentrado y enérgico. El "arma" más poderosa de quienes crean la paz es el diálogo, el rehusarse a abandonar la capacidad del lenguaje, que es lo que nos hace humanos. El diálogo y la comunicación –cualquiera sea el resultado inmediato— constituyen, en sí, un acto de fe en nuestra humanidad, por lo cual debemos trabajar sin descanso para fortalecer y reafirmar. La lucha por comprender y ser comprendidos requiere que cada uno de nosotros regrese a la fuente más profunda de la humanidad, más allá de las diferencias históricas, culturales o de credo".
Además, garantizar a todos los seres humanos la educación a lo largo de toda la vida permitiría: regular el crecimiento demográfico, mejorar la calidad de vida, aumentar la participación ciudadana, disminuir los flujos migratorios, reducir las diferencias distributivas, afirmar las identidades culturales, impedir la erosión del medio ambiente, con cambios muy sustanciales en los hábitos energéticos, en el transporte urbano; favorecer el desarrollo endógeno y la transferencia de conocimientos; impulsar el funcionamiento rápido y eficaz de la justicia, con apropiados mecanismos de concertación. Nada de esto puede realizarse en un contexto de violencia. Habrá necesariamente que trabajar en aumentar las inversiones en la construcción de la paz.
La paz, y los principios de la libertad, las necesidades básicas, la democracia, los derechos humanos y la justicia que están asociados con ella, sólo pueden ser construidos por medios pacíficos. La violencia, y la perpetuación de la violencia, es la antítesis de estos valores y terminarán produciendo más de lo que busca erradicar. Lo que se necesita es la construcción de un programa positivo y constructivo que una a las personas para trabajar juntos y crear activamente la seguridad, el bienestar y la libertad que buscamos. La alternativa es que tomemos parte en la destrucción de todo lo que queremos, dándole a los demás el dolor y la devastación que buscamos evitar.
Todos deben contribuir a facilitar la gran transición desde la razón de la fuerza a la fuerza de la razón; de la opresión al diálogo; del aislamiento a la interacción y la convivencia pacífica. Pero, primero, vivir y dar sentido a la vida. Erradicar la violencia: he aquí nuestra resolución. Evitar la violencia y la imposición yendo, a las fuentes mismas del rencor, la radicalización, el dogmatismo, el fatalismo, la pobreza, la ignorancia, la discriminación, la exclusión, son formas de violencia que pueden conducir -aunque no la justifiquen nunca- a la agresión, al uso de la fuerza, a la acción fratricida.
Una conciencia de paz -para la convivencia, para la ciencia y sus aplicaciones- no se genera de la noche a la mañana ni se impone por decreto. Se va fraguando en el regreso -después de la decepción del materialismo y del servilismo al mercado– a la libertad de pensar y actuar, sin fingimientos, a la austeridad, a la fuerza indomable del espíritu, clave para la paz y para la violencia.
Terminamos, pues, con fantásticos avances científicos y tecnológicos: conocemos y tratamos muchas enfermedades que son causa de sufrimiento y muerte; nos comunicamos con una nitidez y celeridad extraordinarias; tenemos a nuestra disposición la información instantánea y sin límites. Pero los antibióticos y los medios de telecomunicación no pueden ocultar las sangrientas luchas que han diezmado millones de vidas en flor, que han infligido sufrimientos indescriptibles a tantos inocentes.
Todas las perversidades de la violencia, tan patentes hoy gracias a los aparatos audiovisuales, no parecen capaces de detener la gigantesca maquinaria puesta en pie y alimentada durante siglos y siglos. Corresponde a las generaciones presentes la casi imposible tarea bíblica de "transformar la violencia en paz" y transitar desde un instinto de violencia -forjado desde el origen de los tiempos- a una conciencia de paz. Sería el mejor y más noble acto que la "aldea global" podría realizar. El mejor obsequio a nuestros descendientes. ¡Con qué satisfacción y alivio podríamos mirar a los ojos de nuestros hijos!
Pero también se hace necesario hablar de ¡los derechos humanos! en este milenio, ésta debe ser nuestra utopía: ponerlos en práctica, completarlos, vivirlos, re-vivirlos, re-avivarlos cada amanecer Ninguna nación, institución o persona debe sentirse autorizada a poseer y representar los derechos humanos ni menos aun a otorgar credenciales a los demás. Los derechos humanos no se tienen ni se ofrecen, sino que se conquistan y se merecen cada día. Tampoco deben considerarse una abstracción, sino pautas concretas de acción que deben incorporarse a la vida de todos los hombres y las mujeres, y a las leyes de cada país.
Lo que se necesita, por tanto, es acción. Para que la gente de todas las comunidades del mundo se una, alcancen y trabajen activamente por la construcción de la paz por medios pacíficos y para la transformación de todas las formas de violencia directa, estructural y cultural. Quienes están aterrados por el dolor, la devastación y la destrucción que crean la violencia y la guerra, deben tener el coraje de ponerse de pie y tomar el camino de los principios de la no violencia y la paz.
Por ello debemos de hacer un llamamiento a todas las familias, a los educadores, a los religiosos, a los parlamentarios, políticos, artistas, intelectuales, científicos, artesanos, periodistas; a todas las asociaciones humanitarias, deportivas, culturales; a los medios de comunicación, para que difundan por doquier un mensaje de tolerancia, de no violencia, de paz y de justicia. Para que fomenten actitudes de comprensión, de desprendimiento, de solidaridad; para que, con mayor memoria del futuro que del pasado, sepamos mirar juntos hacia adelante y construyamos así, en condiciones adversas y en terrenos inhóspitos, un porvenir de paz y derecho fundamental.
Para concluir podríamos señalar que es necesario "evitar
el horror de la violencia a nuestros descendientes", "construyendo
los baluartes de la paz en el espíritu de todos nosotros", es decir
menos VIOLENCIA y mayor PAZ.
Enviado por:
Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
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Santiago de los Caballeros,
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2015.
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