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La ideología urbana y arquitectónica de la dependencia latinoamericana (página 2)




Enviado por Eugenia Sol



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Pero el caso de la vivienda de "interés social" encierra una gigantesca falacia, por lo demás, de todos conocida: sólo un bajo, bajísimo porcentaje de los mexicanos puede comprar una vivienda como la que el estado ofrece. Y esto es un proceso que se agrava con el tiempo, que no ha disminuido ni disminuirá. Esto no solamente no lo niegan los apologetas de la política estatal, sino que incluso lo pregonan: "El problema de la vivienda en México no va a ser resuelto nunca" declaró más o menos con estas palabras, el más alto funcionario del Infonavit, hace unos cuantos días. En lo que se equivocan la casi totalidad de ellos, es en la ubicación de las causas del fenómeno, y no porque no exista la capacidad o los instrumentos para determinarlas, sino porque su manejo es precisamente ideológico. En efecto, postulan como fundamental el desequilibrio del crecimiento demográfico, con la capacidad real del país para la construcción de la vivienda, y por lo tanto, hacen un llamado a "todos los rnexicanos" para que colaboren en la monumental tarea de disminuirlo. Algo así como el suplicio de Tántalo que nunca llega a la cumbre, pese a sus cada vez mayores redoblados esfuerzos…

Suena casi teutológico el plantear la esencia del problema en estos términos: la causa fundamental del creciente déficit de vivienda del pueblo mexicano es precisamente la existencia del sistema capitalista de producción, agravada por la situación de dependencia de nuestro país. El problema demográfico es sólo una expresión de esa situación contextual. Pero echemos una ojeada a los datos que las propias instituciones oficiales publican sobre el caso:

– En 1950 el déficit de vivienda ascendía a 1.200,000 viviendas en el país.

– En 1960 se estimó un déficit de 2.900,000 viviendas (aumento de 114 mil viviendas anuales).

– En 1971, de acuerdo con el INDECO, el déficit ascendió a 3.200,000 viviendas.

– En 1960; 25 millones de personas carecían de servicio de drenaje, 27 millones habitaban en viviendas sin baño, aumentándose en 1970 a 28 y 31 millones, respectivamente.

– En el mismo año de 1960, 26 millones de personas vivían hacinadas en viviendas de uno y dos cuartos, y para 1970 esa cifra se elevó a poco más de 32 millones.[19]

– Además, las zonas urbanas, para 1971, absorbían más de las tres quintas partes del déficit total del país, con una marcada tendencia a acrecentarse.

(El acelerado incremento y concentración del problema en las ciudades, sobre todo en las mayores, es por lo demás una demostración palpable de la depauperización del campo, propia del régimen capitalista, con la circunstancia en los países nuestros de que el inmigrante rural no se integra al sistema productivo urbano, acelerándose con esto el fenómeno de la marginalidad, que para América Latina se calcula en nada menos que un 30% de la población total).[20]

Lógicamente el estado se preocupa por el carácter del proceso de urbanización en el país. Y a tal grado, que recientemente, voceros del INDECO, han planteado que el problema de vivienda es un problema del desarrollo del país:

"Tras el problema de la vivienda, hay un problema de trabajo, de carencia de empleo, de injusta distribución de la riqueza, es decir, de bajo desarrollo, de desequilibrado desarrollo del país."[21]

Sólo que el "desarrollo" es concebido ni más ni menos como el desarrollo del capitalismo en México, con la participación y promoción del estado. De esa manera la demanda estatal de pugnar por disminuir la masiva y acelerada carencia de empleo, posee un doble sentido: uno, el de detener presiones sociales que en determinado momento pueden devenir en altamente peligrosas para la estabilidad del régimen; otro, el de incorporar fuerza de trabajo para el sistema y naturalmente, el convertir al mexicano en un consumidor "solvente" de los productos mismos del capitalismo, contándose entre ellos, ahora de manera especial, la vivienda.

Pero los esfuerzos por lograr tales expectativas han resultado en rigor, frustrados, pese a lo "espectacular" de algunas realizaciones (como los conjuntos habitacionales de Utacalco, el Rosario y los Culhuacanes, todos ellos, claro, en el área metropolitana de la ciudad de México). Para el caso de la vivienda, los propios voceros han declarado que ante el déficit, se haría necesario construir cuando menos 300,000 viviendas anuales y de que, para antes de 1980 la cantidad de viviendas que habría que edificar tendría que ser equivalente a la mitad de las que existen ahora en todo el país.[22] Se reconoce que el estado, aun en las condiciones de "auge viviendístico" como el que ahora está generando, cubre apenas el 10% de lo requerido y se señala que las instituciones avocadas al caso, incluyen sólo a un tercio de la población.

Vistas así las cosas resulta difícil verdaderamente encontrar el 16 viraje" de la política viviendística. Continúa siendo ésta una modalidad más del manejo maestro de las obras y las reformas sociales para el desarrollo capitalista del país a través de la manipulación política de las masas, en ese marco de la política de conciliación de clases que ha sido la ratio del estado mexicano de la revolución institucionalizada.[23] 0 sea, constituye una manifestación más del populismo del régimen.

No significa otra cosa, evidentemente, el que el INFONAVIT esté basado en la fórmula conciliadora de intereses en rigor profundamente contradictorios. El contexto de la reforma al artículo 123 muestra con evidencia resplandeciente ese carácter:

"El Plan que se ha formulado y que exige la reforma de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución recoge, pues una petición coincidente de las organizaciones de trabajadores y empresarios que, de este modo, han mostrado su visión del futuro y su espíritu de solidaridad nacional".[24]

De esta manera, el trabajador puede dormir tranquilo ante la posibilidad de obtener una casa en propiedad (cualquiersacrificio-es-poco-cuando-se-trata-del-patrimonio-de-la-familia) en tanto el empresario sonríe satisfecho al ver cómo su obligación ante la ley se cumple a través de una magistral combinación con el acrecentamiento de los negocios.

Naturalmente que esto es posible en un país en el que el movimiento obrero se halla fuertemente controlado. Si no lo fuera así, las cosas se plantearían seguramente de muy distinta manera, como de hecho se han planteado ya, aunque en una pequeñísima escala, en algunos sindicatos independientes.

La insurgencia sindical independiente tendría que plantear la cuestión de la vivienda en el contexto de la lucha de la clase obrera y el pueblo mexicano por la liberación de la explotación capitalista y de la dependencia con respecto al imperialismo. Tal situación haría aflorar el verdadero carácter del problema para ubicarlo en su justo nivel dentro de la totalidad social y en el de las demandas mediatas e inmediatas. Lo que implica que no sería una acción aislada y única.

De esa manera quedaría así perfectamente claro que junto
a las declaraciones en torno a los beneficios sociales de la política
viviendística se encuentra una desenfrenada especulación con la
tierra urbana, escandalosos negocios de instituciones financieras, de fraccionadoras
y compañías constructoras, y claro, una buena dosis de corrupción
administrativa.

 

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